“Me da mucha tristeza, porque yo no solo pido dinero, pido los restos”: Derly Mercado lleva más de tres décadas buscando a su esposo.
Derly Mercado es una mujer santandereana, guerrera y muy devota que todavía guarda la esperanza de algún día conocer lo que le ocurrió a Bernardo, su esposo. “Yo le pido a Dios que me dé fuerza, fortaleza y sabiduría para para afrontar la verdad sea cual sea”, sostiene Derly.
Con la llegada del covid-19 y las medidas de cuarentena obligatoria, Derly no pudo seguir con la venta de jugos en las calles de Barrancabermeja. Vive bajo la angustia y la necesidad económica de encontrar un trabajo estable para sobrevivir.
Después de 33 años ni a Derly ni a sus hijos le han dado respuesta sobre qué le ocurrió a Bernardo Suárez el 22 de septiembre de 1988. Su caso ha pasado por cinco abogados de oficio y cada vez que Derly llama al abogado que tiene asignado ante el proceso de Justicia y Paz, le contesta que está ocupado y que más tarde la llama. La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) tampoco ha avanzado en su caso.
“No tengo respuesta donde lo encontraron, donde lo tiraron, nada. Me da mucha tristeza, porque yo no solo pido dinero, pido los restos”, sostiene Derly. Aunque en el 2007 recibió un dinero del Estado, el monto resultó muy por debajo del que han recibido otras víctimas de desaparición forzada después de que se aprobara la Ley de Víctimas en 2011. Derly busca desesperadamente que el Estado le reconozca los daños económicos, producto de la desaparición de su esposo, más aún, cuando vive una precaria situación económica, en medio de la pandemia.
Bernardo Suárez fue una de las cerca de 80 mil víctimas de desaparición forzada del país entre 1970 y 2015, según el Centro Nacional de Memoria Histórica. Él era un hombre de 31 años que como muchos colombianos no tenía un trabajo estable, se dedicaba a lo que le saliera. Fue soldador, ayudante de tuberías y en lo que lo pusieran a hacer en diferentes empresas contratistas de Ecopetrol. En 1988, Bernardo se encontraba trabajando en Puerto Boyacá para la empresa “Talleres de Mecánica Klein ” y el 22 de septiembre de ese año lo desaparecieron.
Puerto Boyacá es un municipio sobre el río Magdalena conocido por sus reservas petroleras y por su ganadería. Hay un camino de 6 horas desde Bogotá hasta el municipio. Al llegar al pueblo, hasta hace algo más de una década, se leía en una valla a la entrada: “Bienvenidos a Puerto Boyacá, tierra de paz y progreso, capital antisubversiva de Colombia”. A principios de los ochenta, ganaderos, militares, políticos y narcotraficantes en esa región fundaron el paramilitarismo como se conoció en Colombia para la época.
Bernardo era el sustento del hogar conformado por su esposa, Derly Mercado y sus dos hijos, también respondía por su madre. Debido a su trabajo, Bernardo viajaba mucho pero siempre estaba pendiente de su familia; llamaba a su esposa cada ocho días o entre semana. Precisamente, el día que lo desaparecieron, recuerda Derly, tenía que llegar a la casa pero no lo hizo y tampoco llamó.
Derly supo de la desaparición de su esposo porque el ingeniero de la empresa, que había puesto la denuncia al otro día de los hechos (ver denuncia), la llamó ocho días después. La empresa “Klein” no dio razón de nada de lo ocurrido y tampoco pagó por el tiempo de trabajo de Bernardo. Derly señala que nunca recibió un peso de la compañía, aún cuando su desaparición se dio en medio del trabajo de su esposo en Puerto Boyacá.
A pesar de saber el peligro de la situación, la esperanza de encontrar a su esposo le ganó a Derly, así que viajó 4 horas desde Barrancabermeja hasta Puerto Boyacá. Pero, se encontró con la ley del silencio: “Nadie sabe, nadie ve, nadie nada”, comenta Derly.
A las 2 de la tarde del mismo día, Derly ya estaba en casa con sus dos hijos de siete y nueve años sin saber nada de su esposo. La vida de la familia Suárez Mercado cambió totalmente. A Derly le tocó trabajar por primera vez fuera de su casa; tocaba a la puerta de sus vecinos para lavarles y plancharles la ropa. Sus hijos, al ver el sacrificio de su madre, comenzaron a trabajar en la plaza de mercado dejando de un lado sus estudios de bachillerato. Mientras la esposa y los hijos de Bernardo luchaban por sobrevivir, la madre de la víctima no pudo con la pérdida de su hijo y falleció tres años después.
La empresa en la que trabajaba Bernardo nunca se contactó con ella. Según un documento de la Superintendencia de Sociedades (ver documento), Talleres de Mecánica Klein, que fuera un negocio de un inmigrante judio, llamado Ignacio Klein, cerró en 2012, sin que siquiera la llamaran en 24 años, luego de la desaparición.
El mismo día de la desaparición de Bernardo, fue asesinado su compañero de trabajo y de habitación en Puerto Boyacá, Manuel Camacho. José Peña, otro compañero de trabajo de Bernardo y Manuel, fue testigo de los hechos y estaba dispuesto a hablar lo que sabía, pero nunca lo llamaron. José murió de muerte natural hace meses sin poder declarar ni contar dónde podría estar el cuerpo de Bernardo.
“Un hombre muy responsable en todo el sentido de la palabra, buen hermano, buen hijo, buen esposo, buen padre, buen ciudadano, buen vecino”, así describe Derly a Bernardo, mientras se le corta y se le estremece la voz. Recuerda que su sueño era que sus hijos fueran profesionales y que no “les tocara tirar pico y pala como le tocó a él”, añade Derly.
En 2005 se firmó el acuerdo entre el gobierno Uribe y las Autodefensas Unidas de Colombia, en el que se desmovilizaron la mayor parte de los grupos paramilitares.En una de esas audiencias, el extinto exjefe del Bloque Central Bolívar, Ivan Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, admitió la desaparición de Bernardo Suárez en Puerto Boyacá. Pero como en muchos casos, el paramilitar sólo confesó el hecho sin dar a conocer detalles sobre la desaparición ni los motivos de esta. En 2019 murió ‘Ernesto Báez’ y se llevó con él la verdad de sus crímenes.
Bajo la Ley 975 de 2005, la ley de Justicia y Paz, reconocieron a Derly y a sus hijos como víctimas del conflicto armado. Sin embargo, Derly recibió algunos mercados y una indemnización de sólo 8 millones de pesos, sin todavía saber lo que le ocurrió a Bernardo.
Durante el gobierno de Juan Manuel Santos se aprobó la Ley de Víctimas 1448 de 2011, la cual implica que “el proceso de atención y reparación integral a las víctimas debe velar por esas diferencias, producto de la edad, pertenencia étnica, género, orientación sexual, situación de discapacidad, entre otros”, indica Mireya Camacho, abogada que trabajó para la Unidad de Víctimas, creada por esta ley.
A pesar de que Derly nunca recibió los restos de su pareja, la Unidad de Víctimas caracterizó el caso de Bernardo como un homicidio y no como una desaparición forzada.
El 6 de abril de 2021 Rutas del Conflicto envió un derecho de petición a la Unidad de Víctimas para conocer porqué Derly no había sido indemnizada por el delito de desaparición forzada de su esposo. Luego de ‘entutelar’ a la entidad, esta respondió que la indemnización se realizó en 2007 por el delito de homicidio y que por ende no se indemnizará por el de desaparición forzada.
Derly envió un derecho de petición a la misma entidad y le respondieron lo mismo. A los días la llamaron de la Unidad de Víctimas, le pidieron que tuviera listos algunos documentos autenticados porque tendría una entrevista el 27 de mayo para saber un poco más de su caso. La llamaron unos días antes para decirle que no se haría esa entrevista porque ya se le había indemnizado.
La abogada Mireya Camacho explica que a Derly le reconocieron un dinero producto de indemnización administrativa por un hecho victimizante, en este caso, homicidio, en el marco de la Ley de Justicia y Paz y por lo tanto el Estado dice que ya no puede volver a pagar otra indemnización por el mismo hecho. “No podría reconocerse en el marco de la Ley 1448, porque ya se indemnizó y sería doble reparación, si se pide por los mismos hechos”.
La situación resulta inaceptable para Derly, ya que los familiares de las víctimas de desaparición que fueron reconocidas luego de que entrara en vigor la Ley 1448, recibieron entre 25 y 30 millones de pesos. Como está planteada la legislación colombiana, ella debe recibir una indemnización, producto del proceso ante la Ley de Justicia y Paz, pero el Estado solo la hace efectiva cuando los paramilitares que desaparecieron a su esposo entreguen bienes para reparar a sus víctimas, situación que todavía no ha ocurrido.
Aún la Unidad de Víctimas tiene el registro a Bernardo como si hubiera sido asesinado, cuando la realidad es que se encuentra desaparecido y la atención que debe el Estado a las víctimas de estos hechos debe tener varias particularidades.
Como Rutas del Conflicto contó en el especial multimedia Cicatrices sin sanar, publicado en 2020, los familiares de víctimas de desaparición forzada necesitan una atención diferencial, ya que la ausencia de información sobre lo que pasó con sus familiares afecta de manera particular sus vidas.
Este año se cumplen 10 años de la Ley 1448 de 2011, más conocida como la ley de Víctimas y Reparación de Tierras. La historia de Derly y sus hijos muestra el gran vacío que existe en el esclarecimiento de los hechos de la desaparición de Bernardo, después de 33 años y que afecta en la reparación administrativa que debe recibir la familia Suárez Mercado.
Actualizado el: Mié, 06/23/2021 - 14:40