Darly Mercado pasa sus días en medio de la angustia y la soledad. Tiene 65 años y la pandemia del Covid-19 ha agravado sus angustias económicas y sobre todo los episodios de tristeza y ansiedad. Hasta hace unos meses vivía de vender jugos en una calle de Barrancabermeja, en el departamento de Santander, pero las cuarentenas acabaron su negocio y ha tenido que encerrarse en un pequeño apartamento, intentando no pasar hambre y lidiar con el sufrimiento que la carcome y le produce ataques de nervios. Aunque han pasado 32 años, el dolor y la incertidumbre por la ausencia de su esposo Bernardo Suárez, desaparecido por paramilitares en la vecina ciudad de Puerto Boyacá en 1988, no han dejado de convivir con ella.

Darly apenas ha asistido al par de citas con el psicólogo que le ofreció el Estado. A pesar de que desde el primer día de la desaparición de su esposo ha sentido una enorme angustia, también tuvo que concentrarse en conseguir un trabajo que le permitiera sostener a sus dos hijos, que tenían siete y nueve años la última vez que vieron a su padre. “Una ni piensa en psicólogos, hay que ver cómo se gana la vida, pero lo que pasa es que con el tiempo esas heridas se vuelven más grandes. Ojalá le dieran a uno más citas, como un proceso, para poder desahogarse”, cuenta.

La desaparición forzada es un crimen con unos efectos particulares, que afecta todos los derechos de la víctima, ya que busca borrar su existencia, su cuerpo, los recuerdos de sus vidas, según explica Saúl Franco, comisionado de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. “Es tal la magnitud del daño que la herida que se abre en la mente de los familiares no se cierra y en la mayoría de los casos se va infectando con el tiempo”, cuenta Franco, médico y doctor en Salud Pública.

Los expertos consultados y los testimonios recogidos para esta investigación ponen en evidencia que la desaparición trae consigo otros hechos victimizantes colaterales, como el desplazamiento forzado o las amenazas para que cese la búsqueda, agravando los problemas de salud mental de las familias.

Según la Comisión de la Verdad, todos los grupos armados en el conflicto: guerrilleros, paramilitares y agentes del Estado, han sido los responsables de estas desapariciones. Sin embargo, Franco señala que los paramilitares fueron quienes más usaron esta terrible práctica de guerra. En muchos casos, los grupos ilegales asesinaron a las víctimas e hicieron lo inimaginable para que los cuerpos jamás fueran hallados por los familiares.

En la frontera con Venezuela, en el departamento de Norte de Santander, construyeron hornos crematorios para convertirlos en cenizas; a orillas de más de 200 ríos en Colombia, desmembraron cuerpos para arrojarlos a las aguas con piedras en sus entrañas; en los Llanos Orientales esperaban el verano para enterrarlos bajo los cauces de los ríos que luego crecían y borraban toda evidencia; inclusive, en el Piedemonte Llanero, asesinaron a los mismos actores materiales de la desaparición, para eliminar cualquier fuente de información que pudiera dar con la ubicación de los restos.

Los efectos sobre la salud mental de los familiares son diversos y en muchos casos han afectado su salud física. Algunos han muerto sufriendo enfermedades crónicas, en medio de la depresión y la ansiedad, sin saber qué les pasó a sus seres queridos y sin recibir atención psicológica. Las consecuencias de la desaparición no sólo impactan el entorno familiar sino que crean diferentes problemas sociales, como adicciones y el reciclaje de las violencias, en las comunidades que han sufrido estos crímenes.

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Rutas del Conflicto y el proyecto Ríos de Vida y Muerte produjeron una serie de reportajes que muestran el impacto en la salud mental de los familiares de los desaparecidos en Colombia en medio del conflicto armado, la insuficiente atención que han recibido por parte del Estado y las consecuencias sociales que este ha dejado en varios municipios del país.

Con el apoyo financiero y editorial de la Beca Carter del Centro Carter de los Estados Unidos, la Fundación Gabo y la Universidad de la Sabana, un equipo de periodistas entrevistó a varios investigadores, médicos y psicólogos que han trabajado en el tema, al igual que con funcionarios de las entidades públicas encargadas de la atención a las víctimas. Pero el corazón de esta serie de reportajes es el trabajo con más de 40 familiares de desaparecidos en diferentes regiones del país, quienes compartieron sus historias con los reporteros de Rutas del Conflicto.

Este proyecto entiende la enorme posibilidad de revictimizar a los familiares al pedir de manera inadecuada que compartan la intimidad de sus historias, del dolor que han vivido durante tanto tiempo. Es así, que en febrero de 2020, este proyecto organizó un taller con cerca de 20 familiares de desaparecidos en la ciudad de Barrancabermeja, en el departamento de Santander. Con el respaldo de psicólogos que han trabajado en esta área y con el apoyo de los tutores de la Beca Carter, se construyó una metodología para que los asistentes contaran sus testimonios en un espacio en el que no se sintieran revictimizados. Varios de ellos continuaron en contacto telefónico los meses siguientes, compartiendo las afectaciones en su salud emocional.

Rutas del Conflicto es un medio que lleva seis años documentando testimonios de víctimas de diferentes crímenes en el país y con un trabajo específico con familiares de desaparecidos. Varias de las personas que entregaron su testimonio para esta serie de reportajes han recorrido un largo camino con este medio periodístico: han sido fuentes para reportajes y crónicas, han asistido a talleres en los que se les guía para que puedan contar sus propias historias e inclusive han producido información junto a los periodistas. Este producto es también construído por ellos.