PNUD encontró que su oficina en Colombia gestionó proyectos financiados por petrolera señalada de afectar comunidades indígenas

Rutas del Conflicto tuvo acceso a un informe realizado por la oficina central a nivel mundial del PNUD en el que  reconoce que funcionarios de la entidad internacional firmaron un convenio para la ejecución de cerca de dos millones de dólares de la petrolera Geopark en el Putumayo. El documento señala que dicho proyecto afectó la confianza que las comunidades que viven en el entorno de la explotación petrolera tenían en el PNUD y que llevan más de una década denunciando en varias instancias las afectaciones por la explotación de crudo en sus territorios.

Uno de los hallazgos más graves de la investigación muestra que funcionarios de PNUD Colombia propusieron darle prioridad en la ejecución de los dineros del proyecto firmado con Geopark, a las comunidades que no habían tenido ningún conflicto con la empresa petrolera.

La historia comenzó en abril de 2021, cuando el resguardo Siona Buenavista y la Asociación para el Desarrollo Integral y Sostenible de la Perla Amazónica (Adispa), representante legal de la Zona de Reserva Campesina con el mismo nombre, publicaron una carta en la que señalaban una alianza entre el PNUD y la  petrolera Geopark, empresa con la que han tenido un conflicto socioambiental en el Putumayo. Meses antes, la oficina en Colombia de la entidad internacional y la petrolera habían firmado un acuerdo de financiación bajo la sombrilla de los llamados proyectos con el ‘Sector Privado’, una estrategia orientada a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Ilustrado por: María Lucía Mage

Geopark había llegado al municipio de Puerto Asís, Putumayo, en 2020, tras adquirir la totalidad de las operaciones de la petrolera británica Amerisur. Desde 2006, cuando esta compañía comenzó sus actividades en la zona, las comunidades campesinas e indígenas iniciaron múltiples denuncias en defensa del ecosistema amazónico de su territorio, ya que parte del proyecto petrolero Platanillo se ubicaba dentro de la Zona de Reserva Campesina y del resguardo indígena.

Desde entonces, los conflictos sociales y ambientales con las comunidades se intensificaron. Una muestra de ello fue el proceso de consulta previa con los pueblos indígenas asentados en la ribera del río Putumayo, el cual no se realizó adecuadamente según denunció el resguardo Buenavista y se publicó en la investigación de Mongabay Latam. En la documentación presentada por Amerisur se afirmaba que en la zona no había presencia de comunidades indígenas, una afirmación que, en su momento, fue avalada por el Ministerio del Interior al certificar que no existían registros de comunidades étnicas en el área del proyecto.

En 1974 el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) creó la Reserva Indígena Buenavista, pero en 1983, la misma entidad modificó su categoría a la de resguardo, mientras que Amerisur había sacado su licencia ambiental para operar en la zona 26 años después en 2009. 

A la lista de las denuncias de las comunidades se sumaba el impacto ambiental que estaba generando en los ríos y lagunas del territorio siona el proyecto petrolero. Un pueblo indígena que vive del agua para su supervivencia y su cultura como lo contó Rutas del Conflicto en un reportaje publicado a comienzos de 2025. 

Indígenas del pueblo Siona atravesando desde Ecuador hasta Colombia. Resguardo Buenavista. Foto tomada por Juan Carlos Contreras

 

En 2019 las comunidades llevaron a juicio en Inglaterra a Amerisur, por las afectaciones tras un derrame en junio de 2015. Sujetos armados del Frente 48 de las Farc, antes de la firma del Acuerdo de Paz, obligaron a los conductores de cinco carrotanques de crudo a abrir las válvulas y verter su contenido por la carretera rumbo al casco urbano de Puerto Asís. El derrame fue, aproximadamente, de 30 mil galones, que contaminaron los recursos hídricos de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica. Según los documentos presentados por las comunidades, la petrolera no realizó las labores necesarias para evitar el incidente y contener los daños tanto en los cuerpos de agua como en la salud de quienes habitan en el territorio. 

Como lo reportó el medio Cuestión Pública, la justicia en Reino Unido congeló 4.2 millones de dólares de Amerisur tras atender la demanda presentada. El proceso ante la Alta Corte fue resuelto tras un acuerdo de conciliación confidencial en 2023, según una comunicación de la misma empresa. 

Mientras el proyecto petrolero avanzaba bajo la operación de Amerisur, las comunidades también llevaron una solicitud de restitución de tierras sustentada en la violencia que sufrieron por diferentes grupos armados y que buscaba proteger su territorio de la explotación de crudo. Puerto Asís fue el escenario de una guerra librada por los frentes 32 y 48 de la extinta guerrilla de las Farc, el Bloque Sur Putumayo de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y el Ejército Nacional en pleno corazón del territorio siona. Estas disputas pusieron en peligro su supervivencia

En 2017, el pueblo siona, junto a la Unidad de Restitución de Tierras (URT) radicó ante el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Mocoa una solicitud de restitución de su territorio ancestral. Al año siguiente, el juzgado determinó que las actividades de Amerisur representaban una amenaza para el resguardo Buenavista y afectaban los derechos fundamentales. Ordenó a la empresa suspender las actividades de exploración en el bloque PUT-12.

Ese mismo año, en julio de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante una solicitud hecha por esta comunidad indígena, con los mismos argumentos de la demanda de restitución, otorgó medidas cautelares para salvaguardar el territorio de los resguardos Buenavista y Piñuña Blanco, pertenecientes al pueblo siona. En otro proceso, en diciembre de ese año, la CIDH ordenó, también, medidas cautelares a favor de los líderes campesinos de Adispa, en respuesta a denuncias de amenazas a la seguridad. 

Señalización de caño Tigre, cerca a un campo petrolero de Platanillo. Foto tomada por: Juan Carlos Contreras

Además, la Unidad para las Víctimas incluyó el resguardo Buenavista como sujeto colectivo de reparación integral. De hecho, la Corte Constitucional, emitió el Auto 004 de 2009, Sobre el Estado Cosas Inconstitucionales en materia de desplazamiento forzado de pueblos indígenas, mediante el cual reconoció a los siona como una de las 34 etnias en peligro de extinción física y cultural.

La alianza de PNUD y la petrolera

En medio de las decisiones para proteger el resguardo y la zona  de reserva campesina, la empresa chilena Geopark entró a Putumayo tras adquirir a la británica Amerisur y pasó a crear lo que se conoce como la Nueva Amerisur. Esta empresa ‘heredó’ los conflictos socioambientales que había generado la explotación de crudo de su antecesora en la región.

Las comunidades continuaron documentando y presentando ante la justicia colombiana e internacional los impactos de la actividad petrolera de la Nueva Amerisur. En ese sentido, los indígenas y los campesinos de Adispa lograron una subvención con el PNUD, para continuar la defensa de su territorio. Esta alianza entre la oficina de la organización internacional en Colombia y las comunidades se formalizó en agosto de 2020, en el marco del proyecto ‘Amazonía Sostenible para la Paz’, el cual busca conservar la biodiversidad mediante el fortalecimiento de las instituciones y organizaciones locales en la región amazónica.

Durante esos meses, los funcionarios de PNUD acompañaron a los campesinos de Adispa a denunciar la situación de seguridad a las instancias judiciales nacionales e internacionales, tras la amenazas de muerte a manos de grupos armados con el presunto objetivo de facilitar las pruebas sísmicas de Geopark. Cuando llevaba tres meses de ejecución el proyecto de Amazonía Sostenible para la Paz, en noviembre de 2020, PNUD Colombia finalizó la evaluación de debida diligencia en el proyecto con Geopark, aprobándolo sin condiciones. 

Un mes después, firmaron el acuerdo de financiación con la petrolera diseñado para fomentar la recuperación económica durante la pandemia del COVID-19. Bajo la alianza, como se anunció con entusiasmo y por todos los canales de la oficina de cooperación de la petrolera, Geopark, con su empresa Nueva Amerisur, debía aportar casi dos millones de dólares (US$1.962.967) dólares en financiación durante el primer año. 

Las actividades del proyecto buscaban ayudar a pequeños negocios urbanos con el desarrollo de capacidades y a las asociaciones de productores rurales mediante una red de tiendas comunitarias. Geopark debía participar en la evaluación y selección de los socios y beneficiarios del proyecto. 

Los líderes del resguardo Buenavista y los campesinos de Adispa se enteraron de la alianza entre PNUD y la petrolera luego de su lanzamiento. Conforme a las fuentes en terreno, informaron a los funcionarios de la organización internacional que trabajaban en el proyecto Amazonía Sostenible para la Paz sobre su molestia, debido a los conflictos que habían tenido con la empresa y con su antecesora desde su llegada al territorio. 

Lina María Espinosa, abogada de la organización Amazon Frontlines y quien brinda apoyo jurídico al pueblo siona, señaló en una entrevista a Rutas del Conflicto: “El PNUD violó múltiples políticas de salvaguarda de la misma institución y no cumplió con la debida diligencia para revisar y evaluar las actividades de Geopark”. 

Por ello, el 26 de abril de 2021 Espinosa y los líderes enviaron  una carta a la entidad:  “Con preocupación, vemos cómo, sin tener en consideración los procesos de defensa y resistencia contra el extractivismo en la región, particularmente frente a los Bloques Put-12, Put-8 y Platanillo, cuya titularidad la tiene la empresa Amerisur Colombia (hoy Geopark), los cuales han generado afectaciones ambientales, territoriales, sociales, culturales y espirituales a las comunidades indígenas y campesinas ampliamente denunciados; el pasado 21 de abril de 2021 a través de las redes sociales del PNUD Colombia fue lanzada la estrategia de Alianza Unidos por la Reactivación Territorial con la empresa Petrolera Geopark”.

La carta encendió las alarmas en la oficina central de PNUD. La oficina en Colombia suspendió el proyecto con Geopark una semana después, y el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU expresó su preocupación por la alianza. El 11 de mayo, la organización Amazon Watch presentó una denuncia formal y el 7 de septiembre de 2021 la Oficina de Cumplimiento de los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD (SECU, por sus siglas en inglés) aceptó la denuncia de las comunidades y abrió una investigación interna.

Las denuncias que no tuvo en cuenta la alianza entre la petrolera y PNUD

Las más de 100 páginas del informe final de investigación de la SECU revelan que el “PNUD Colombia no consideró adecuadamente las actividades de la empresa Geopark y su subsidiaria Nueva Amerisur, tal como lo exige la política de debida diligencia”, determina el informe.

Para poner en marcha el proyecto con la petrolera era necesario un examen de cumplimiento. Los líderes que prefieren mantenerse en el anonimato por la violencia en la región afirmaron que, “la implementación del proceso fue inadecuada, dada la gran cantidad de acusaciones en materia de derechos humanos y ambientales contra Geopark en el departamento colombiano de Putumayo”. El PNUD habría omitido identificar y gestionar internamente las múltiples controversias que rodean a Geopark, incluidas demandas de comunidades indígenas y sanciones administrativas por violaciones ambientales en Colombia, Perú y Chile. 

Como lo documenta el mismo informe, en Perú el pueblo indígena Achuar y la nación Wampís presentaron demandas contra el gobierno peruano alegando la falta de consulta previa en la concesión del Bloque 64 de la petrolera. “En junio de 2020, la Nación Wampís interpuso una demanda penal contra Geopark por presuntamente poner en peligro a la comunidad durante la emergencia sanitaria de COVID-19. Poco después, Geopark retiró su licencia para el Bloque 64”, recopila el informe.

La SECU del PNUD determinó que la Oficina en Colombia tenía a la mano informes públicos disponibles sobre Geopark y Amerisur, incluyendo las denuncias de derechos humanos, conflictos ambientales y sociales. Además, documentos que mostraban las disputas territoriales entre los grupos armados Comandos de Frontera y el frente Carolina Ramírez, disidencia de las antiguas guerrillas de las FARC, en las que las comunidades queban en medio del fuego cruzado y sus líderes amenazados.  

La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, organización defensora de derechos humanos,  señaló, entre octubre de 2020 y febrero de 2021, supuestos vínculos entre grupos armados y la operación de Nueva Amerisur. Uno de estos hechos fue en diciembre de 2020, cuando campesinos denunciaron que habían sido llamados por miembros de Comandos de Frontera, que les expresaron que nadie puede oponerse al proceso sísmico que adelantaba la empresa Nueva Amerisur dentro de las operaciones. “Nosotros ya negociamos directamente con la empresa, y vamos a asegurar la operación en la zona”, narraron los habitantes a la Comisión, refiriéndose a lo que les habían dicho los hombres armados.

Estas alertas también estaban al alcance de la Oficina del PNUD en Colombia, ya que no solo fueron publicadas por diversas organizaciones, sino que además fueron recogidas en una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo. Además, según la investigación del SECU, fue el mismo PNUD Colombia el que acompañó a Adispa a presentar las denuncias sobre las amenazas de Comandos de la Frontera ante diferentes entidades del Estado. 

Por ello, la SECU concluyó que “la oficina de País debería haber excluido la alianza de consideración adicional, o como mínimo debería haber escalado la decisión sobre debida diligencia a la sede, en lugar de aprobar”. SECU cuestionó que en la matriz de riesgos no se incluyeran las denuncias existentes no solo contra Geopark, sino también contra la empresa a la que esta le compró el proyecto petrolero pocos meses antes.

Ante estos señalamientos, Geopark afirmó en un comunicado público que nunca ha tenido vínculos con grupos armados ilegales y que exige lo mismo a sus empleados y a toda su cadena de suministro, tras las publicaciones de medios que recogen estas denuncias . La empresa asegura que ha incorporado cláusulas de derechos humanos en los contratos con contratistas y proveedores, en las que se prohíbe expresamente cualquier relación o financiamiento de actores armados ilegales.

Para Fabián León, director del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), una organización dedicada a investigar y promover el respeto a los derechos humanos en las empresas, era indispensable tener en cuenta en la evaluación del proyecto las denuncias respecto a violaciones de derechos humanos que han sufrido las comunidades en el contexto de la exploración petrolera, y las presuntas  malas prácticas de Amerisur y también de Geopark. “Cuando Geopark compró los proyectos en Putumayo, nace la Nueva Amerisur, se compra también todos los problemas. No se hizo una debida diligencia y además no tuvo en cuenta el factor del conflicto armado para realizar su evaluación”, explica León. 

Avisos informativos de la plataforma 5, Campo Platanillo, Putumayo. Por: Juan Carlos Contreras

Según el director del CIEDH, no solo las denuncias y el contexto de seguridad debían ser evaluados. El hecho de que uno de los actores involucrados fueran comunidades indígenas obligaba al PNUD Colombia a aplicar un enfoque diferencial, acorde con los estándares internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas. Esto implicaba adoptar medidas específicas para garantizar la participación efectiva del pueblo siona y analizar si el proyecto podía tener impactos negativos sobre la existencia, el valor, el uso y el disfrute de sus territorios.

Para la comunidad indígena del resguardo Buenavista y la comunidad campesina, la alianza entre el PNUD y Geopark resultaba contradictoria con los principios del proyecto Amazonía Sostenible, liderado por la misma oficina del organismo multilateral. “Era incoherente con la posibilidad efectiva de protección ambiental y territorial que se está pactando justamente con la empresa que más amenaza la fragilidad de la Amazonía”, afirmó uno de los líderes que por razones de seguridad prefiere no mencionar su nombre.

La oficina de PNUD Colombia, como se encuentra en el informe, argumentó que debido a que la alianza con Geopark se dio en medio del confinamiento por la pandemia y una situación de capacidades reducidas no se había completado el diagnóstico social y ambiental. Este procedimiento era esencial para determinar la viabilidad de la alianza. Por lo tanto, la oficina decidió clasificar el proyecto como de “riesgo bajo”.

Para la abogada Espinosa el proyecto debió calificarse como “alto riesgo” y después cancelarse, “por el alto impacto que causaría legitimar una exploración petrolera que ha tenido un conflicto con las comunidades, resquebrajando el tejido social. Permitiendo que se consolide, afectando la integridad territorial, derechos ambientales y la dignidad de las comunidades”, afirmó.

Los olvidaron 

Durante la investigación, la oficina del PNUD en Colombia informó a la SECU que el resguardo Siona Buenavista y Adispa no eran considerados actores clave del proyecto, bajo el argumento de que no se encontraban dentro del área directa de implementación. Según el informe, “los proyectos no estaban siendo implementados dentro del Resguardo (…) y Adispa no era un actor clave porque no era un beneficiario del proyecto”.

Los líderes de Adispa informaron a SECU que en enero de 2021, poco tiempo después de la aprobación de la alianza, empleados de Geopark visitaron la Zona de Reserva Campesina y mencionaron expresamente  la alianza entre PNUD y la petrolera. Uno de los líderes, que por razones de seguridad prefiere no ser mencionado, afirmó que los funcionarios de la empresa le informaron que las actividades desarrolladas por PNUD estaban siendo financiadas con recursos provenientes de Geopark. Para los líderes fue una situación en la que se sintieron intimidados.

Los funcionarios de PNUD del proyecto ‘Amazonía Sostenible’ decidieron hablar con sus compañeros que llevaban el proyecto con la petrolera, con el objetivo de conocer el alcance de la alianza con Geopark y manifestarles la situación de conflicto social en la zona, y la reciente visita de los empleados de la multinacional a las instalaciones de Adispa.  El personal local del Amazonía Sostenible identificó que varias de las veredas en las que el proyecto con Geopark esperaba trabajar estaban ubicadas en la Zona de Reserva Campesina La Perla Amazónica. Como está descrito en el informe, se comunicó a los encargados de la alianza con la petrolera las condiciones de seguridad de los líderes de Adispa y los reportes que conectaban a Geopark. 

En respuesta a estas preocupaciones, el personal que llevaba la alianza con Geopark le pidió a la petrolera  dividir el proyecto en dos fases. Así retrasarían la implementación en la Zona de Reserva Campesina y aceleraría el proyecto para las comunidades que no habían expresado su rechazo a la presencia de la multinacional con el fin de generar interés y participación entre las comunidades que se resistían a la petrolera.

Como recolectó la investigación, un funcionario del programa de Sector Privado envió el siguiente mensaje por correo electrónico a Geopark: “En la primera fase...Identificaríamos las veredas consideradas más solidarias con la presencia de la empresa, la idea es implementar los proyectos de manera mucho más ágil y convertirlos en victorias tempranas en el territorio, provocando el interés, la confianza y la participación de las restantes. De esta manera, “con hechos”, se sentiría la llegada de la “nueva Amerisur” con metodologías participativas: “aprender haciendo”, sostenibles, incluyentes y todo lo que contienen las metodologías de PNUD".

Ante estos hechos, la SECU concluyó que la Oficina del PNUD en Colombia no garantizó que los actores clave tuvieran acceso a la información relevante sobre el proyecto, incluidos sus objetivos, actividades y posibles riesgos. Por el contrario, excluyó deliberadamente a “grupos que se oponen al desarrollo petrolero y que apoyaban a la Zona de Reserva Campesina”, lo cual —según el informe— fue inconsistente con las normas del PNUD sobre la no discriminación, incluso por razones de opinión política.

Además, la Oficina no garantizó una participación efectiva e informada de estos actores en la formulación ni en la implementación del proyecto. Esta omisión no solo vulnera estándares de consulta, sino que, según advirtió la SECU, abrió la puerta a futuros conflictos, especialmente porque la selección de los beneficiarios del proyecto debía contar con la aprobación tanto del PNUD como de la propia petrolera.

Tanto para el resguardo Buenavista como para la abogada Espinosa era inconcebible esta alianza, cuando las Naciones Unidas tienen como una de sus misiones la protección ambiental, territorial y de pueblos indígenas. Y aun así pacte acuerdos con empresas que se han visto inmiscuidas en conflictos sociales y ambientales. “PNUD hizo una alianza con la empresa petrolera que más ha amenazado la fragilidad ecosistémica e incluso oponiéndose jurídicamente en el proceso de restitución de derechos territoriales”, enfatizó Lina María Espinosa

Mejorar la imagen 

“Nosotros perdimos la confianza. Nos cuesta volver a creer en las organizaciones como PNUD o Naciones Unidas después de lo que pasó con la Nueva Amerisur”, afirmó uno de los líderes tradicionales del pueblo siona. 

La alianza entre la petrolera y PNUD no solo mostró los problemas internos de evaluación de proyectos sino también generó un quiebre de confianza tan grave que la comunidad siona llegó a devolver fondos que les habían dado para el proyecto de conservación. Consideraron que la entidad “había ignorado una lucha de defensa de la vida, el territorio y la dignidad” .

Como lo resalta la SECU en el informe, “se puede considerar que las acciones del PNUD equivalen a un aval implícito de Geopark que socavó la percepción de legitimidad e independencia del PNUD con actores clave fundamentales, y transmitió beneficios a la empresa, que presentaron riesgos sociales y ambientales significativos para las comunidades locales, así como un riesgo significativo para la reputación del PNUD”. 

Como lo explica Fabián León, cuando el PNUD o la cooperación extranjera apoya iniciativas, las comunidades dan por sentado que hay un debido proceso de investigación, de revisión de cumplimiento de derechos humanos y ambientales y cuando pasan estas situaciones, las comunidades pierden la credibilidad ante las organizaciones. 

“Los proyectos deben garantizar la prosperidad compartida, pero este tipo de prácticas de ocultamiento de información, de manipulaciones de organizaciones locales y de desviar el sentido de lo que quería hacer la cooperación no genera esa prosperidad compartida. Todo lo contrario, termina favoreciendo la imagen de la empresa”, enfatizó León.

Y es que la empresa quería que todo mundo conociera su alianza con PNUD. Pese a los protocolos que desaconsejan el uso del logo del Programa de Naciones Unidas por parte de los socios del sector privado, Geopark lo mostró en cada comunicación que hizo en el marco del proyecto. Hasta después de la cancelación, la página web de la petrolera incluía el logo de PNUD. Además de usar los logos de manera conjunta generaba una percepción de respaldo, las comunicaciones públicas de la entidad no se limitaron a describir el proyecto, sino, como lo muestra la investigación interna, tuvieron el “ efecto de proyectar una imagen más general de Amerisur/Geopark como una buena oportunidad para el desarrollo sostenible y el bienestar de las comunidades locales en las que opera”.

Se construye infraestructura para facilitar los desplazamientos desde y hacia campos petroleros de Platanillo. Foto por: Juan Carlos Contreras

Por ejemplo, durante el evento, el representante del PNUD afirmó "esta alianza estratégica nos permitirá integrar la experiencia de Geopark en el territorio con nuestras soluciones integrales de desarrollo para acompañar a las comunidades vecinas en su reactivación socioeconómica". 

La SECU determinó tras su investigación que la percepción de la alianza sí socavó las percepciones de los actores claves en relación con la independencia e integridad de PNUD. Por ello, concluyó que la Oficina de Colombia no evaluó ni gestionó los riesgos y compromisos reputacionales. 

El resguardo Buenavista determinó que no volvería a trabajar con la oficina de PNUD en Colombia y regresó el dinero que había sido entregado por el organismo multilateral. “Uno queda como desnudo, por decirlo así, fue la muerte para la relación entre nosotros y el PNUD”, señala uno de los líderes tradicionales del resguardo. 

En la misma vía la abogada Lina María Espinosa manifestó que, la alianza “evidenció una actuación opaca e incoherente con la posibilidad efectiva de protección ambiental y territorial”. 

Al preguntarle a la petrolera por los hallazgos del informe, respondieron que “La investigación de la SECU se enfocó exclusivamente en evaluar el cumplimiento de los procedimientos internos del PNUD Colombia para la celebración de alianzas estratégicas, y no en las actuaciones de terceros como Geopark o Amerisur”.

Por su parte, PNUD Colombia respondió que, “El acuerdo fue concebido originalmente para desarrollar estrategias integrales de recuperación económica orientadas a mejorar las condiciones de vida de las personas más afectadas por la crisis del COVID-19. Sin embargo, fue cancelado antes de su implementación, en respuesta a preocupaciones planteadas por representantes de la sociedad civil, autoridades indígenas y organizaciones locales”. Además respondieron en un correo electrónico que, desde el 2021 se fortalecieron las capacidades de la oficina del PNUD mediante capacitación y una supervisión más sólida. (leer respuesta completa)

La investigación de la SECU paró totalmente el proyecto con la petrolera. Sin embargo, para el resguardo Buenavista no es suficiente. Piden que se realice un acto público de disculpa, por parte del Pnud, al ignorar una lucha ancestral por la supervivencia de un pueblo en vías de desaparición.

 

 

 

*Esta investigacion se hizo con el apoyo de la Fundacion Heinrich Boll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualizado el: Jue, 07/31/2025 - 08:51