El Castillo es un municipio del Meta que pertenece a la región del Ariari. Durante años los y las habitantes del municipio fueron señalados de ser guerrilleros, dada la influencia que tenía el Partido Comunista Colombiano en la zona y la presencia de las Farc en el territorio. El Castillo fue afectado por enfrentamientos entre grupos paramilitares, especialmente el Bloque Centauros, y las Farc. El Observatorio de Memoria y Conflicto documentó cuatro enfrentamientos entre estos grupos armados.
En 1985 nació la Unión Patriótica y empezó a ganar terreno electoral. Posteriormente vino la creación del Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta. Sin embargo, a medida que el partido ganaba aceptación local, aumentaba la violencia contra los militantes y la población castillense. Esto trajo como consecuencia una oleada de desplazamientos masivos.
Según el informe de ""Pueblos Arrasados: Memorias del desplazamiento forzado en El Castillo"", del Centro Nacional de Memoria Histórica ocurrieron cuatro atentados que desplazaron a la comunidad. Entre 2002 y 2005, de las 42 veredas de El Castillo, 19 quedaron vacías. De igual manera, el informe de Pnud ""Meta: análisis de la conflictividad"" hace alusión al esfuerzo de la comunidad por retornar al territorio y el fortalecimiento de la movilización y la protesta social. El Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, entre 2005 y 2008 documentó 77 ejecuciones extrajudiciales en el departamento; el 9% corresponden a El Castillo.
Por otro lado, en un reportaje que realizó Semana Rural evidencia que los municipios que pertenecen al Área de Manejo Especial de La Macarena, como es el caso de El Castillo, tienen graves problemas de deforestación y están en cercanías a las áreas de explotación de hidrocarburos. El 24 de octubre de 2017 se dio vía libre para realizar una consulta popular luego que el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta aceptara preguntarle a la comunidad sobre los proyectos de las empresas Perfotec, Hocol y Ecopetrol con el bloque CPO-09 que también opera en los municipios de Castilla La Nueva y Guamal. Sin embargo, en noviembre del mismo año, la Registraduría notificó que no tenia recursos para la consulta. Desde esa fecha, la comunidad denuncía la falta de cumplimiento al Tribunal
