Cali es la ciudad capital del departamento del Valle del Cauca, al suroccidente del país. Es conocida como la capital de la salsa, pero también como la ciudad capital más golpeada durante el conflicto armado colombiano. Así lo reporta Blu Radio.

Esta ciudad fue escenario de múltiples secuestros masivos adelantados por las guerrillas del Eln y de las Farc entre 1999 y el 2000. Cali también fue una ciudad receptora de desplazados provenientes de otras ciudades del Valle así como de departamentos aledaños como el Cauca. En la actualidad, esta ciudad también es escenario de reparación para víctimas del conflicto, restitución y acompañamiento, entre otros.
Sin embargo, la violencia no ha terminado en la zona. Luego de la desmovilización paramilitar, en Cali se vivió una sofisticación de la violencia debido a la conformación de bandas criminales, algunas con nexos con el narcotráfico. Así lo reseña la investigación “Siguen Bajando Cuerpos” del proyecto Ríos de Vida y Muerte.

Rutas del Conflicto tiene el registro de dos masacres perpetradas en 2013 y 2014. En la primera, dos hombres entraron en el bar Barra de la 44, ubicado en el barrio Nueva Floresta del noroccidente de Cali, y asesinaron a nueve personas. Según las autoridades la masacre fue el resultado de enfrentamientos entre las bandas delincuenciales conocidas como 'La 40' y 'Bellos Horizontes', y tenía como principal objetivo el asesinato de José Enrique Martínez, alias ´TK’, jefe de ´La 40´.

La segunda masacre ocurrió durante una reunión de 15 narcotraficantes, en el corregimiento de Pance, al sur de Cali. Una parte del grupo le tendió una trampa a la otra y asesinó a ocho personas.
Entre las víctimas estaba Julio César Paz Varela alias ‘J1’, considerado el capo de las drogas sintéticas del país. De acuerdo con la Policía, cuatro víctimas tenían antecedentes judiciales.

En Cali hubo un convenio vigente, entre noviembre del 2011 a diciembre del 2014, entre Ecopetrol y la Fiscalía junto con la Policía Nacional. El acuerdo consistió en que ambas instituciones públicas adoptaron “criterios de priorización de situaciones y casos, procurando una especial atención para reforzar su capacidad investigativa y de judicialización en la represión de las conductas delictuales que afectan a Ecopetrol”.