“Fue un momento muy duro. No hubo claridad, no hubo consultas. Solo llegaron a recoger firmas a las familias y ofreciéndoles dinero a los capitanes”, cuenta el líder de una asociación indígena del Gran Resguardo del Vaupés. Esos momentos fueron confusos, explica, porque no sabían qué habían firmado y cuáles serían las condiciones de esa obligación contractual. Para ellos solo había algo claro: se sintieron traicionados por los representantes de su resguardo y por la empresa que no socializó en qué consistía la venta de bonos de carbono.
Waldrattung señala que firmó el contrato con el Gran Resguardo en medio de una socialización que no ha sido fácil por la forma en que están organizados los pueblos que viven allí y por el tamaño del resguardo.
Las comunidades indígenas están protegidas por la Constitución del 91, que les permite tener su propia forma de gobierno. En el Vaupés, las comunidades indígenas crearon jurídicamente un consejo indígena al que nombraron Gobierno Propio de Autoridades Tradicionales de los Resguardos y Territorios Indígenas del Vaupés (CRIVA) y que en la región simplemente es conocido como Gobierno Propio.
Gaia Amazonas, una de las ONG ambientales con mayor trayectoria en la Amazonia colombiana, y que viene asesorando jurídicamente a los indígenas, explica en su página web que los consejos deben proteger la forma en que se gobiernan estos pueblos en Colombia y la forma como se relacionan con el Estado.
Gallego llegó al Gran Resguardo y sus empleados recorrieron algunas comunidades recogiendo firmas para respaldar el contrato que iban a firmar con el Gobierno Propio. Lo que no tuvo en cuenta es que los representantes de los resguardos que aparecen en esta figura jurídica, según los estatutos de la organización indígena, no están facultados para firmar este contrato y tampoco cuentan con la representatividad de todas las comunidades que habitan el Gran Resguardo del Vaupés, según denunciaron varios líderes.
Un representante de una de las AATIs del resguardo señala que cuando se creó el Gobierno Propio, en los estatutos quedó registrado que las autoridades debían elegirse por todas las comunidades cada cuatro años, pero desde que obtuvieron la personería jurídica en 2015 nunca se ha convocado una nueva elección. El representante legal de Gobierno Propio y quien firmó el contrato con Waldrattung es el líder indígena cubeo Simón Valencia, quien es respetado en la región por haber sido uno de los primeros etnoeducadores. También es el padre de la actual representante a la Cámara del Partido de la U, Mónica Valencia.
Esta alianza investigativa contactó vía telefónica a Simón Valencia y le propuso una entrevista para que expusiera su versión de la historia. El líder aceptó, pero no volvió a contestar las llamadas en días posteriores. Algo similar ocurrió con su hija, la congresista Mónica Valencia, quien primero respondió vía Whatsapp que la firma del contrato le “pareció algo terrible” y que ella “estuvo en desacuerdo con el tema”. Sin embargo, no volvió a contestar nuestras llamadas.
A esto se suma que, para los expertos que acompañan las comunidades en el fortalecimiento de su procesos organizativos, la capacidad de decisión recae sobre las autoridades locales de las comunidades, sea una oficina de gobierno o los consejos indígenas. Estos organismos cuentan con un representante legal, que sería el encargado de firmar cualquier contrato cuando la comunidad completa lo autorice.
En últimas, este caso subraya cómo hay interpretaciones jurídicas cruzadas sobre qué autoridad dentro de un resguardo amazónico está en capacidad legal de firmar uno de estos contratos con una empresa desarrolladora de proyectos Redd+ y cómo, en ausencia de una respuesta clara a esta pregunta, además de descontento al interior de las comunidades, puede haber un caldo de cultivo para pleitos ante la justicia.
El documento que firmaron los indígenas de Vaupés es un contrato de mandato; es decir, un tipo de vinculación contractual donde la empresa tiene la carga de ejecución. Sin embargo, según un abogado experto en tierras y comunidades indígenas que prefiere no publicar su nombre, al analizar lo que firmó el representante de los nukak, existen unas cláusulas en las cuales los indígenas tendrían responsabilidades como conseguir recursos económicos y técnicos para la venta de bonos de carbono. “Este tipo de contrato genera un desbalance porque el riesgo no lo está asumiendo una de las partes, sino que lo está trasladando al resguardo. Lo que da la impresión que el contrato fue construido por la empresa y no con participación activa y de asesoramiento del resguardo”, afirma el abogado.
De igual manera, el tiempo por el que se firmó el contrato, “no menor a cien años”, ha prendido las alarmas en el sector ambiental. “Es un contrato de por lo menos 10 generaciones, las cuales tendrían beneficios. Para una empresa es muy rentable y para una comunidad étnica, pero en términos contractuales es exagerado”, manifestó el abogado experto en temas indígenas.
Llama la atención que el contrato no dice cuándo empezarían a regir esos 100 años, y además se genera una cláusula condicional estipulada por la empresa. “Este término está supeditado a que se pueda desarrollar después de todas las negociaciones que se hagan de la venta de carbono. Entonces, los 100 años podrían prorrogarse hasta que hagan todas las conversaciones”, dice el abogado. En otras palabras, el contrato podría terminar superando los 100 años pactados.
Conflictos en las comunidades
Los indígenas también denuncian que la forma en que llegó la empresa Waldrattung generó conflictos en las comunidades, pues varios líderes señalaron a quienes firmaron los contratos de favorecerse en las negociaciones. “Es muy complicado porque la negociación es tan hermética con algunos líderes que comienzan los rumores de que les están dando dinero. Ha pasado con esta empresa y otras más que han llegado por aquí”, señala una funcionaria de una organización ambiental que trabaja en Guaviare y que prefiere no publicar su nombre.