Un Estado que mira para otro lado
El saliente gobierno de Iván Duque argumentaba que no era su competencia supervisar las relaciones entre empresas y comunidades. En una investigación de 2021 sobre otras irregularidades en el proyecto Redd+ en el resguardo indígena de Matavén en Vichada, realizada por varios de los socios de esta colaboración, el Ministerio de Ambiente señaló que “no realiza ninguna supervisión (...) dado que esta es una iniciativa de carácter privada y, por lo tanto, se rige por la jurisprudencia que le asiste como ente que ejerce una actividad comercial de derecho privado”.
Según un experto con dos décadas de experiencia en el sector público ambiental, la ley colombiana no plantea que el Estado intervenga en estos contratos entre particulares, pero sí existen varias normativas nacionales y tratados internacionales firmados por Colombia, de carácter vinculante, que justamente protegen a las comunidades étnicas y sus territorios ancestrales de actividades económicas lesivas de sus derechos colectivos. Esto cobra mayor importancia dado que la mayoría de los 83 proyectos Redd+ que están en la plataforma del Registro Nacional de Reducción de la Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (Renare) del gobierno están planteados en grandes extensiones de bosque en manos de comunidades indígenas o afrodescendientes en sus respectivos resguardos y consejos comunitarios, ambas figuras de ordenamiento territorial que gozan de una especial protección en la Constitución.
Esa idea está en directa contradicción con las salvaguardas sociales y ambientales para proyectos Redd+, que nacieron en la cumbre de cambio climático de la ONU en Cancún en 2010. Como contamos en el anterior reportaje, Colombia desarrolló una interpretación nacional detallada de estas salvaguardas, con reglas claras sobre acceso a la información de los proyectos, el deber de rendir cuentas y la distribución de sus beneficios. Una en particular, sobre el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades, estableció que “cualquier iniciativa que afecte directamente a uno o varios grupos étnicos y comunidades locales, debe previamente ser consultada con la comunidad” y que ese proceso debe contar con el acompañamiento del Ministerio del Interior y los organismos de control.
Colombia, además, es parte del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas y tribales, en el que se comprometió desde 1991 en varias vías a preservar los derechos culturales y territoriales de estos pueblos. Y es que al igual que los nukak, otras comunidades de diferentes etnias a las cuales la empresa Waldrattung les ha ofrecido contratos en los departamentos de Vaupés, Guainía, Vichada, Guaviare y Amazonas, insistieron en que no han tenido ningún acompañamiento de entidades públicas en las negociaciones de estos contratos.
A eso se suma que la norma más importante del Ministerio de Ambiente para regular el mercado de carbono, la Resolución 1447 de 2018, señala específicamente que esta entidad puede solicitar información complementaria, visitar proyectos e, incluso, pedir que se investiguen irregularidades.
El caso nukak es muy sensible por su condición de pueblo indígena que hasta 1988 estaba en situación de aislamiento y que aún se considera como en contacto inicial. Ese contacto tan reciente, sumado a la presencia de grupos armados ilegales en su territorio, los ha llevado a ser objeto de varias medidas de protección a nivel nacional. De hecho, la exposición ‘Huellas de la desaparición’ de la Comisión de la Verdad reconstruye la manera cómo esos actores han convertido el resguardo nukak en un escenario de guerra.
En 2009, la Corte Constitucional incluyó a los nukak en una sentencia histórica sobre 34 pueblos indígenas en riesgo de extinción física y cultural, en la que ordenó al Estado prevenir el desplazamiento de esas minorías étnicas, atender a las comunidades desplazadas con un enfoque diferencial que tuviese en cuenta su contexto y crear planes de salvaguarda étnica para cada uno de estos. “Los Nukak Makú están en peligro de extinción”, advirtió el histórico fallo proyectado por el magistrado Manuel José Cepeda. El argumento de la Corte para incluirlos era que la población nukak había descendido hasta las 500 personas, muchas de ellas con riesgos graves de salud y hambre, como consecuencia de varios desplazamientos masivos, epidemias, conflictos con colonos y amenazas de paramilitares y guerrilleros de las FARC. Un año después, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) los incluyó en su informe ‘Palabra dulce, aire de vida’ sobre los 32 pueblos indígenas en mayor nivel de riesgo de desaparecer en el país.
Varios expertos en temas indígenas argumentan que un contrato para un proyecto Redd+ de carbono que no tenga en cuenta estas condiciones de vulnerabilidad evidencia una política deficiente del Estado colombiano a la hora de proteger a los nukak.
“El gobierno creó el resguardo y asume que les está transfiriendo a los indígenas la responsabilidad del cuidado de los territorios y esto no debería pasar. El Estado sigue siendo responsable, más aún cuando son un pueblo con estas condiciones”, dijo a esta alianza periodística el brasileño Antenor Vaz, consultor en políticas públicas para pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial —conocidos como ‘Piaci’ en algunos países de la región—.
El investigador brasileño agrega que los nukak tienen unas características de vulnerabilidad alta, con muchas necesidades básicas insatisfechas relacionadas a su salud, vivienda y seguridad alimentaria. “El Estado colombiano no ha demostrado eficiencia en la relación con los nukak. Bajo estas condiciones es fácil que una empresa llegue e imponga las condiciones. Es clave que el gobierno los acompañe, al igual que organizaciones indígenas regionales y nacionales”, señala Vaz, que coordinó el informe ‘Pueblos indígenas en aislamiento en la Amazonía y el Gran Chaco’, que publicó la organización Land is Life en 2019.
En este informe se señala que Colombia no tiene una política ni protocolos claros para trabajar con comunidades en Contacto Inicial. “Los antecedentes del país con el caso Nükak, Kakua y Mapayerri son referentes de la descoordinación interinstitucional y la carencia de un verdadero enfoque diferencial para entender las vulnerabilidades inmunológicas, demográficas, culturales, políticas y territoriales de estos pueblos”, dice la investigación.
Vaz también argumenta que hay una obligación legal del Estado colombiano con los pueblos en contacto reciente y que el gobierno debe hacerse responsable por la protección de las comunidades nukak en la posible negociación de contratos de bonos de carbono. Por ejemplo, el Decreto Ley 4633 de 2011 señala que "el Estado garantizará el derecho de los pueblos indígenas no contactados o en aislamiento voluntario a permanecer en dicha condición y vivir libremente, de acuerdo a sus culturas en sus territorios ancestrales” y que “ en ningún caso (...) serán objeto de políticas, programas o acciones, privadas o públicas, que promuevan el contacto o realicen intervenciones en sus territorios para cualquier fin". Un proyecto del mercado de carbono, señala, cabría dentro de esa descripción.
Los expertos aseguran que ese acompañamiento de entidades del Gobierno nacional se justifica por la diferencia en el conocimiento que tienen ambas partes sobre la manera cómo funcionan los acuerdos y el negocio.
“Ven al pueblo nukak y a todos los pueblos indígenas como actores del mercado de carbono. Hay una desigualdad entre un actor global empresarial y un actor indígena que apenas está entrando en conocimiento de estas dinámicas”, dice la socióloga Aura María Puyana, quien fue coordinadora nacional del Programa Proindígena de GIZ, la agencia de cooperación del gobierno alemán en Colombia. Para Puyana, que ha coordinado varias investigaciones sobre la autonomía de los pueblos indígenas en el país, las condiciones de estos contratos y la manera en la que se han socializado, sin el acompañamiento del Estado, rompe con convenios como el 169 de la OIT donde se reconoce que son pueblos que deben ser protegidos.
Un negocio sin consulta previa
Una de las principales quejas de las comunidades indígenas de los departamentos de Amazonas, Vichada, Guaviare, Vaupés y Guainía, es la falta de información sobre cómo funcionan los proyectos y en general el negocio de los bonos de carbono. “Nos dicen que nos van a traer recursos para que vivamos mejor, pero yo no sé cómo es eso de que ellos venden el oxígeno, a cuánto lo venden o quiénes les van a dar plata”, dijo un líder de la comunidad nukak.