El río Tunjuelo es uno de los más largos de Bogotá con sus 73 kilómetros de extensión. En 1930, a la administración local se le ocurrió intervenirlo para aprovechar sus aguas limpias para el acueducto de la ciudad. Es así como en los años 90 se comenzó también a construir el interceptor medio de Tunjuelo para evacuar las aguas negras. El problema ambiental empezaba a ser evidente.
Con el paso del tiempo la cuenca se pobló, al punto en que hoy sobre las riberas del río Tunjuelito conviven centenares de familias, buena parte de ellas están compuestas por grupos de personas víctimas del conflicto, excombatientes y exmilitares. Pero la escena no necesariamente representa una sana convivencia. Conflictos ambientales, participación política, la relación de la fuerza pública con los jóvenes y de salubridad son algunos de los compromisos compartidos entre las localidades que hacen parte.
Esta zona alberga más del 60% de las víctimas que recibe Bogotá, en su mayoría víctimas de desplazamiento forzado. Y al mismo tiempo reúne los conflictos con los que se identifica gran parte del país: problemas de centralización, conflictos por la explotación aurífera, falta de regulación en la ocupación de la tierra. El conflicto que regularmente se vive fuera de la capital, ahora se encuentra en las zonas urbanas.
Los conflictos que la Comisión y los habitantes lograron diagnosticar son numerosos y diferentes entre sí. Sin embargo, su convivencia y el cuidado del río los une en una misma vía. Los problemas estructurales se evidencian en las regiones donde se encuentran las casas de inversión social, donde víctimas y victimarios conviven, muchas veces en medio de tropiezos y fractura social. La legitimidad que perdieron las instituciones, también sucede con la social.
La cuenca urbana del río Tunjuelito cubre las localidades de Sumapaz, Usme, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Bosa, Kennedy y cuatro comunas de Soacha. Un territorio que permite una transición entre lo rural y lo urbano. Un escenario de tensiones y conflictos sociales. En los que hace más de dos décadas ha recibido a las comunidades desplazadas a causa del conflicto armado interno.
Se estima que estas localidades concentran el mayor porcentaje de víctimas de Bogotá y donde se presentan mayores conflictividades socioeconómicas y ambientales del territorio, varias relacionadas con disputas por el control territorial. La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 023-2019, en la que advertía que las dinámicas de violencia actual en la cuenca del río está relacionada con la presencia de pandillas y grupos armados como Los Rastrojos, las Autodefensas Gaitanistas y estructuras armados como los Paisas y los Costeños, más los grupos residuales de las FARC-EP.
Las comunidades étnicas, líderes y lideresa y los jóvenes activistas han estado en riesgo por la constante estigmatización por parte del resto de Bogotá y municipios aledaños. Como lo narraron los y las lideresas en el diagnóstico de conflictividades de las comunidades que habitan la cuenca del río Tunjuelito, están las relacionadas con el trato con la fuerza pública. “Las organizaciones juveniles manifiestan desconfianza de la Policía a quienes se les relaciona con abuso de poder, la perciben como una amenaza, los casos de hostigamiento, golpes y violaciones ocurridas al interior de algunos CAI” se reseña en el documento entregado por la Federación de Juntas Comunales.
También está presente la división entre ciudad y periferia, donde el hacinamiento de estas localidades se debe en parte al imaginario del bajo costo de la canasta familiar generando migración interna tanto en la ciudad como de otras partes del país, muchas de ellas víctimas del conflicto armado. Además, que esta zona de la capital congrega una gran oferta institucional en algunos sectores y olvidado otros.
Sumando a la diferencia en la oferta institucional está la corrupción a nivel local. Entre 2008 y 2019 las entidades de control han inhabilitado a por lo menos seis alcaldes de la cuenca por detrimento patrimonial. Los y las habitantes creen que es común la compra de votos por parte de aspirantes a las Juntas Administradoras Locales, además de la asignación sospechosa de contratos bajo fachada de múltiples objetos sociales, desarrollando proyectos que no impactan a las comunidades, afirman los participantes del Acuerdo.
En 2020, la Comisión de la Verdad le apostó al Acuerdo para la Convivencia y el Buen Vivir en la Cuenca del río Tunjuelito. Un reto para los habitantes de estas localidades y para la institución, teniendo en cuenta la densidad poblacional y los múltiples conflictos presentes en el territorio.
Para ello fue necesario priorizar temáticas transversales en todas las localidades y que tienen su raíz en el conflicto armado. El trabajo para la creación del Acuerdo se dividió el trabajo en cuatro nodos: el primero,Usme; el segundo, Rafael Uribe; el tercero, Ciudad Bolívar, Soacha y Tunjuelito; y el cuarto Bosa y Kennedy, con el objetivo de tratar los conflictos territoriales y de manera transversal.
Las primeras etapas se desarrollaron de forma virtual por la pandemia por el covid-19, la fase de alistamiento se dio paralelamente a la exploración de voluntades y viabilidad de continuar con el proceso. La territorial de la Macro Bogotá y Sumapaz de la Comisión de la Verdad creó una red de alianzas para consolidar la construcción del Acuerdo. Entre ellos, la Universidad del Externado con el fin de ayudar no solo a comprender el conflicto en la ciudad sino también ir propiciando el escenario de los acuerdos en las distintas localidades.
Fue así que los aliados, la Comisión y líderes y lideresas del sector durante dos meses prepararon el espacio del 27 al 29 de octubre de 2020, que consistió en Lla instalación de la mesa de líderes y lideresas con la participación de aproximadamente 40 personas entre líderes y representantes de entidades aliadas. Del encuentro se conformó el grupo motor del Acuerdo Guardianes y Guardianas de la Cuenca, Ahí no va aún la Federación.
A partir de la identificación de los impactos del conflicto en las diversas trayectorias que han construido los habitantes de la cuenca, se establecen consensos sobre temas fundamentales de convivencia, rutas de trabajo y cómo transformar los conflictos con el fin de ser, estar y habitar la ciudad.
No fue una tarea sencilla llegar a la identificación de actores ni de conflictos. Para ello, fue fundamental contar con aliados como la Federación Comunal de Bogotá, que durante dos meses realizaron un diagnóstico del territorio, en una primera fase. Ahora, se encuentran apoyando la construcción del Acuerdo desde lo logístico y lo metodológico en el territorio.
“Sabíamos desde el comienzo que mucha gente se iba a quedar por fuera. No hay procesos completos y que cobijen a todos. Nuestro equipo y la Comisión de la Verdad pudimos trabajar para crear toda la ruta de la construcción del acuerdo. Nosotros conocemos a los habitantes por años de trabajo. Conocemos a los jóvenes líderes y a través de entrevistas y recorridos pudimos crear esa ruta” afirmó uno de los representantes de la Federación Comunal de Bogotá.
Durante el 2021 se han realizado más de 12 encuentros territoriales para hablar de las conflictividades entre los líderes de cada nodo territorial, buscar posibles rutas de solución y llegar finalmente a consensos. Los habitantes de la cuenca del río siguen identificando conflictos, que van alrededor de 20, sin embargo, los agruparon en grandes temáticas. El componente ambiental estuvo presente y juega un papel fundamental en la recuperación del cuerpo de agua, la participación política tanto local como municipal está implícita en varios de temas como la presencia diferenciada del Estado, el trato de la fuerza pública con jóvenes y adolescentes. Sin perder de vista uno de los ejes transversales que es la estigmatización a los habitantes de la cuenca.
Para la construcción del Acuerdo fue importante contar con la experiencia y el conocimiento de los y las lideresas de las localidades que se encuentran en la cuenca del río Tunjuelito. Los procesos organizativos previos al trabajo de la Comisión permitieron que estos encuentros fueran también una plataforma para fortalecer iniciativas que van en dirección a la construcción de un territorio que permita vivir la ciudad.
Al cierre de este especial, el grupo motor, aliado estratégico, los líderes de los cuatro nodos territoriales, la Comisión de la Verdad y algunas entidades aliadas trabajan en la construcción del Acuerdo para ser firmado el 23 de octubre del 2021. Después de terminado el mandato de la Comisión, la comunidad espera continuar con el proceso fortalecido con los aliados estratégicos y construir paz desde lo local.