No hay tierra para tanta gente

Al norte del municipio de Caloto, en la vereda de Santa Rita, a medida que la población crece la tierra escasea. Desde mediados del siglo XX, la comunidad negra de esta vereda ha sido testigo de cómo las tierras en la que antes habitaban sus abuelos, se han ido reduciendo a mínimas parcelas con la expansión de los ingenios azucareros y la llegada del resguardo indígena que se ha asentado en esta zona.

En Santa Rita viven aproximadamente 800 personas afrodescendientes en al menos 150 casas. A tan solo 20 minutos de la cabecera municipal, por la vía que comunica con Corinto, se encuentra la trocha que conduce a esta vereda y que recorre los predios distribuidos entre los indígenas del resguardo Tóez, las haciendas ‘Las Margaritas’ y ‘Guayabal’ y las pequeñas parcelas de los negros.

Contrario a lo que se pueda pensar de un municipio golpeado por el conflicto y la violencia, la vida en Santa Rita es tranquila. Los habitantes de esta vereda no han sido víctimas directas de los grupos armados que han hecho presencia en Caloto y, como ellos mismos afirman, allí todos son familiares o tienen algún grado de parentesco, lo que hace que las relaciones entre vecinos sean próximas y de confianza.

No obstante, la zozobra por ser reducidos en sus territorios, o peor, expulsados, ha generado desencuentros entre quienes claman ser los dueños originarios de las tierras, tanto la comunidad negra como los indígenas recientemente instalados, y los ingenios que abarcan grandes extensiones de tierra en esta zona.

La expansión de los ingenios y la pelea por las tierras que quedan

La llegada y posterior expansión de los ingenios azucareros en Santa Rita, a lo largo de la década de los 70, marcó el primer cambio de las relaciones entre los habitantes y su territorio. Las grandes haciendas de esta región del país, que no siempre fueron usadas para la siembra de caña, empezaron a expandir este cultivo, y varios de los pobladores reemplazaron su trabajo agrícola por emplearse en el corte de caña, que resultó ser más rentable.

Como la economía de los ingenios no solo depende de la elaboración de azúcar o panela, sino de etanol, estos requieren grandes extensiones de tierra para su producción. Según el informe realizado por la abogada e investigadora Yamile Salinas para la FAO Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, los ingenios acuden al arrendamiento o usufructo a largo plazo, y otras formas de acceso a la tierra, que no necesariamente implican la compra de predios.

La tierra donde se cultiva caña puede ser, en muchas ocasiones, de medianos y grandes propietarios que arriendan el suelo y su uso para que conglomerados azucareros exploten la caña. Así se flexibiliza el acceso a la tierra y se asegura la producción.

En este contexto de tierras ya ocupadas por el monocultivo de la caña, llegaron en 1994 los indígenas que hoy conforman el resguardo de Tóez. La avalancha del río Páez El 6 de junio de 1994 un terremoto sacudió a las poblaciones vecinas de la frontera entre Cauca y Huila, produciendo deslizamientos y represamientos en el río Páez y ocasionando el desplazamiento de la comunidad indígena de Páez. Cerca de 1200 personas fallecieron y miles de parcelas quedaron sepultadas bajo el lodo. desplazó a aproximadamente 250 familias de la comunidad indígena de Páez, de las cuales 118 llegaron a Santa Rita. Un año después de la catástrofe y a través de la Corporación Nasa Kiwe, el gobierno compró 580 hectáreas en la vereda como medida de reparación para las víctimas, que se formalizaron como resguardo en 2003.

Desde su llegada a la vereda, las relaciones entre ellos y la comunidad negra han sido tensas. Por un lado, los afro critican el hecho que a los indígenas se les entreguen tierras “más fácil” que a cualquier otra comunidad. Por el otro, los indígenas del resguardo consideran que la falta de organización de los negros es un problema para coordinar actividades y por eso no les interesa establecer contacto.

Si bien los enfrentamientos no han escalado a hechos violentos, la poca relación que existe entre las dos comunidades es tensa y ha impedido que realicen actividades conjuntas, como por ejemplo, pedir tierras colectivamente. A pesar de colindar en sus territorios y de querer expandirlos o ampliarlos hacia los mismos predios aledaños, cada comunidad trabaja separada e individualmente para consolidar sus territorios. Lo que refleja una situación más compleja.

Según el estudio de la doctora en antropología, Diana Bocarejo, las políticas multiculturales desarticulan y desconocen demandas a nivel local, que en este caso tienen que ver con los reclamos por la tierra. Es decir, “se siguen utilizando gradaciones entre quienes tienen más o menos relación con el lugar, quienes tienen más o menos cultura, quienes están más o menos arraigados (...) mientras se desconocen las diferentes asociaciones culturales y sociales que tienen tanto indígenas como campesinos con su lugar de habitación.”

Los reclamos sobre ancestralidad y apego a la tierra, que son en buena medida requisitos fundamentales para consolidar resguardos o consejos comunitarios, se realizan desde posiciones aparentemente opuestas, pero con fines comunes. Es decir, estas comunidades en el Cauca, como a las que se refiere Bocarejo en su texto sobre campesinos e indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta, emprenden movilizaciones y estrategias organizativas distintas para adquirir tierras que bien podrían hacerse conjuntamente.

La hacienda de “Las Margaritas”, por ejemplo, es un predio ocupado casi en su totalidad por caña de azúcar que las dos comunidades quieren para expandirse. Los indígenas del resguardo Tóez cuentan con los medios para hacerlo. Su organización y el apoyo que reciben de los demás resguardos y entidades como la ACIN Asociación de Cabildos Indígenas del Norte hace más fácil el proceso de adquisición, pues conocen y manejan los protocolos administrativos y ejercen presión para que los trámites se realicen y se cumplan. No obstante, han desistido de la iniciativa de compra por cuestiones económicas.

La comunidad negra, por su parte, necesita constituirse primero como consejo comunitario para comprar estos predios, pues no tienen los medios para hacerlo individualmente. Como afirma el abogado y politólogo Luis Enrique Ruiz, “si se constituyen como consejo comunitario pueden acceder más fácil a la tierra porque les da un reconocimiento de una serie de derechos que tienen los consejos comunitarios y las comunidades negras formalizadas como organización política”.

No obstante, según comentan algunos de los habitantes, a pesar de los numerosos intentos por constituir dicho consejo, la visión “individualista” de quienes pertenecen a esta comunidad y la falta de voluntad de algunos líderes y miembros han hecho que el proceso no avance.

Formalización, la otra tarea pendiente

En la vereda, como en otras regiones del país, la formalización de la tierra sigue siendo un tema aún sin resolver. José Vidal y Daisy Polo son dos habitantes de Santa Rita que no tienen sus tierras debidamente reguladas por la ley. Ambos viven en predios que fueron distribuidos aleatoriamente por sus abuelos, a su llegada a Santa Rita, de los que no tienen títulos, ni tampoco pagan impuestos.

La historia se remonta a la segunda mitad del siglo XIX, cuando fue abolida la esclavitud y los negros de la hacienda JapioEs la hacienda colonial por excelencia del Cauca, de propiedad de la familia Arboleda, que tuvo gran poder económico y político en la región y en Colombia. Sus miembros tuvieron altos cargos en el gobierno colonial, transmitidos de generación en generación, hasta llegar a dirigir algunos de los bandos políticos que más adelante constituirían la base de los partidos liberal y conservador. Ver más información escaparon para buscar tierras. Según comenta Faraón Angola, representante de Afrocauca Organización no gubernamental que aboga por los derechos de las comunidades afro caucanas, especialmente su derecho al territorio, varios de estos esclavos llegaron a Santa Rita, donde trabajaron como jornaleros en las haciendas que ya existían y se fueron estableciendo en pequeñas parcelas.

Los predios en los que trabajaron los antiguos esclavos pasaron de generación en generación, entre los mismos familiares, hasta llegar a Vidal y a Polo, que aseguran ser dueños de su pedazo de tierra por el hecho de haberla heredado, vivir en ella y trabajarla. Pero la jurisdicción colombiana dice lo contrario.

En Colombia, la formalidad en la tierra se establece por la inscripción de un justo título en el registro. Este título consiste en una escritura pública, una sentencia judicial o un documento administrativo emitido por la ANT Agencia Nacional de Tierras, que deben ser registrados en la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos. El justo título indica las condiciones y características de la propiedad, mientras que el registro le permite a cualquier otra persona saber de quién es el predio y cómo llegó al actual propietario, es decir, cumple una función informativa para la sociedad en general.

Registrar los títulos no solo implica que las personas se acerquen a la entidad encargada para notificar actualizaciones en la propiedad, sino que además deben pagar por ello. Por eso, en el sector rural, el trámite no siempre es sencillo para comunidades que no tienen la forma de acceder a las oficinas ni el dinero que implica.

De acuerdo con la Misión para la Transformación del Campo, más de la mitad de los municipios que existen en el país, exactamente 687, se encuentran por debajo del 50% del grado de formalidad. Escenario al que se suman 79 municipios que no tienen formación catastral, es decir, no están inventariados, y más de 190 de los cuales no se tiene información.

La situación de Vidal y Polo representa esta realidad. A pesar de vivir en la tierra que heredaron, saber cómo está distribuida y haberla modificado entre sus familiares no tienen cómo probarlo, pues el Estado no tiene esa información y, por ende, no lo reconoce. Los casos de problemas de títulos o falta de registro son comunes en la comunidad afro de Santa Rita, lo que dificulta su permanencia en el territorio.

No obstante, el problema no es exclusivo de las comunidades que no tienen cómo acceder a las instituciones públicas. La manera en que están articulados los derechos de propiedad, también tiene su parte de culpa. Así lo hacen saber los abogados e investigadores Rocío Peña, Mónica Parada y Santiago Zuleta en su investigación sobre las normas jurídicas de la propiedad agraria.

En primer lugar, los derechos de propiedad se definen primordialmente por el Código Civil, pero también tienen elementos del derecho público, como el que rige el Catastro, y las Notarías, que no son propiamente del Estado pero ejercen actividades de orden público. Un escenario que facilita el abuso del derecho por parte de quienes conocen el sistema o tienen los recursos para ponerlo a marchar, pues estos regímenes que regulan un mismo derecho se pueden traslapar o pueden quedar vacíos entre ellos.

De igual manera, en un contexto de conflicto armado, a medida que las leyes se desplazan a las regiones, el poder unificador de los derechos de propiedad se va distorsionando. En ellas existen poderes locales, como actores armados o grupos dedicados a la economía ilegal, que controlan, presionan y extorsionan a la población civil para hacerse con la tierra.

En Colombia, el desorden e inseguridad en los derechos de propiedad, así como la falta de información y la poca capacidad institucional para hacer frente a las realidades de la tierra en cada región del país, han generado una alta informalidad en la tierra y potenciado los conflictos alrededor de la misma.