En el norte del departamento del Cauca, las condiciones de conflicto están lejos de resolverse. Particularmente en esta región del país, la guerra ha estado estrechamente relacionada con las disputas por la propiedad de la tierra entre terratenientes, grandes industrias y las distintas comunidades que habitan el territorio, entre ellas negros, indígenas y campesinos. A lo que se suma la histórica ineficiencia del Gobierno a la hora de generar e implementar políticas agrarias y un narcotráfico que se reinventa con nuevos grupos al margen de la ley que continúan amenazando la construcción de paz en este departamento.
El Acuerdo para la terminación del conflicto firmado entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno constituye un paso necesario para avanzar en esta materia. Los puntos del Acuerdo, en especial los de la Reforma Rural Integral, ponen en evidencia y visibilizan esas condiciones históricas que permitieron 53 años de guerra y que hoy, con la salida de las FARC del panorama militar, es posible volver a ellas.
Este especial muestra la compleja situación que enfrenta el punto de tierras del Acuerdo en una región donde los conflictos por el acceso a la misma han sido de largo aliento. Por medio de la documentación de casos particulares y a través de las voces de algunos actores principales, se construye una mirada hacia la problemática de tierras que dio origen a la guerra en Colombia, exponiendo las cuestiones que están pendientes por resolver: la concentración de la propiedad de la tierra, los problemas de titulación y ordenamiento territorial, los conflictos interétnicos, entre otras.
A lo largo del especial podrá encontrar una breve explicación de cada una de las fuentes que componen el Fondo de Tierras para la paz, es decir, de los medios por los cuales se obtendrá la tierra para ser distribuida. De igual manera, encontrará una resumida historia de lo que ha sido la entrega de tierras por parte el Estado a quienes carecen de ella, así como las principales iniciativas de reforma agraria constituidas en el país durante el siglo XX.
Por último, podrá encontrar algunas cifras relevantes de la composición de la tierra en el Cauca a las que se enfrenta el punto de tierras del Acuerdo y que permiten contextualizar los casos particulares de las comunidades y sus conflictos para acceder a la tierra. En el menú de la derecha puede ir directamente a las historias de las comunidades negras, indígenas y campesinos que muestran, cada una, los problemas estructurales del campo ahora más visibles por la dejación de armas de las FARC.
El Fondo de Tierras para la Paz, creado por la RRI Reforma Rural Integral del Acuerdo de La Habana y reglamentado por la decreto 902 de 2017 Este es un Decreto que tiene fuerza de ley, pues fue expedido por el Presidente en medio de sus facultades especiales otorgadas para implementar el Acuerdo de paz, pretende distribuir tierra a familias campesinas sin tierra o con tierra insuficiente. Su objetivo es contribuir con la transformación estructural del campo y disminuir la desigualdad en la tenencia de la tierra.
Desde que se acordó en La Habana en 2013, la RRI ha sido uno de los puntos que más discordias ha generado en la opinión pública. Uno de sus opositores más vehementes ha sido el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, José Félix Lafaurie, quien en reiteradas ocasiones ha sostenido que “el punto 1 recogió toda la estrategia de las FARC para la toma del poder a través del control territorial”.
Los argumentos que sustentan estas opiniones han sido rebatidos por varios académicos y medios de comunicación , y demuestran lo difícil que es abordar el problema de tierras cuando se habla de conflicto o de paz. Lo cierto es que, como lo han hecho saber académicos como Francisco Gutiérrez y Darío Fajardo, entre otros expertos miembros de la Comisión Histórica del Conflicto y las Víctimas La Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas fue una iniciativa de las FARC y el gobierno durante las negociaciones de la Habana, con la misión de producir un informe sobre los orígenes y las múltiples causas del conflicto, los principales factores y condiciones que lo han facilitado o contribuido a su persistencia, y los efectos e impactos más notorios del mismo sobre la población. Esta Comisión fue conformada por doce expertos, de las más diferentes posiciones políticas, y dos relatores, que condensaron los aportes de los expertos., “los conflictos agrarios habrían sido el origen causal de las violencias tanto actuales como las del pasado”. El acceso a la tierra ha sido un factor que explica las causas del conflicto armado y ha permitido en parte su desarrollo.
Por eso, dirigir esfuerzos para solucionar este problema no ha sido una tarea menor. No solo para resarcir los estragos que el conflicto armado ha dejado en el país, sino para compensar la deuda que Colombia tiene con el campo. Como lo afirma Rocío Peña, doctora en derecho y coordinadora jurídica del Observatorio de Tierras, “el problema de la tierra estuvo antes de las FARC y continúa después de ellas”.
En esta sección del especial, podrá encontrar una breve explicación de cada una de las fuentes que componen el Fondo de Tierras para la paz, es decir, de los medios por los cuales se obtendrá la tierra para ser distribuida. De igual manera, encontrará una resumida historia de lo que ha sido la entrega de tierras por parte el Estado a quienes carecen de ella, así como las principales iniciativas de reforma agraria constituidas en el país durante el siglo XX. Por último, podrá encontrar algunas cifras relevantes de la distribución de la tierra en el Cauca, departamento donde se concentran múltiples conflictos alrededor de la misma.
En mayo de 2017 fue reglamentado a la decreto 902 de 2017: “Por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la RRI contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras". La Ley pretende darle vida a uno de los puntos centrales del acuerdo: el acceso a tierras.
Para esto, el decreto establece en cinco apartados la forma en que se regulará la repartición y la formalización de las propiedades La formalización de la propiedad consiste en registrar un “justo título” en la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos. Este título de propiedad rural puede proceder de una sucesión, herencia, etc.,una resolución de adjudicación expedida por la Agencia de Tierras, o el fallo de un juez.. El primero de dichos apartados identifica a los posibles beneficiarios de tierra y el segundo establece el Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO), para priorizar a dichos beneficiarios y hacer un mapeo de la situación de la tierra. El tercer punto crea el Fondo de Tierras para la RRI y el cuarto establece la articulación de funciones con la ADR Agencia de Desarrollo Rural. Finalmente, el quinto se refiere al efectivo cumplimiento de la formalización.
Escuche qué trae el nuevo decreto de tierras
Este decreto, no obstante, llega para enfrentarse a una Colombia contradictoria en materia de tierras y con grandes detractores en cuanto a la pertinencia del Fondo. Por un lado, paralelo a la implementación del Acuerdo, se han expedido otras leyes que van en contravía de su espíritu y que, según expertos, pueden llegar a entorpecer la implementación. Por el otro, importantes representantes del sector agrario han mostrado su inconformismo y el riesgo que representa este fondo para la estabilidad del sector.
Al tiempo que se consolidaba el Acuerdo de La Habana, el gobierno presentó otra ley al Congreso que implica cambiar el rumbo de los baldíos, o al menos flexibilizar su acceso. La Ley ZidresLey 1776 de 2016 fue aprobada por el Congreso y luego ratificada en la Corte Constitucional con algunos cambios. La UPRA es la encargada de definir en dónde se pueden establecer las Zidres, teniendo en cuenta sus limitantes. Es decir, sectores que no podrán incluir las Zidres: Zonas de Reserva Campesina, resguardos indígenas, territorios colectivos, predios afectados por medidas de protección contra el desplazamiento forzado y áreas naturales protegidas. busca la explotación económica de zonas rurales pobres y de difícil acceso, donde empresarios y campesinos se pueden asociar para desarrollar un proyecto productivo. Si en estas zonas existen baldíosLos baldíos son bienes inmuebles de propiedad del Estado, que nunca han sido explotados económicamente y están a la espera de ser colonizados. Desde principios del siglo XX, las administraciones del país han intentado regular la entrega de baldíos a sujetos rurales, no obstante, la legislación actual establece que para adjudicar el baldío, la persona no puede contar con un patrimonio neto superior a mil salarios mínimos mensuales legales., los empresarios podrán solicitar su entrega en concesión o arrendamiento al Estado para desarrollar el proyecto. Esto implicaría que a los baldíos se les dé un destino distinto a promover el acceso a la tierra, como uno de los deberes del Estado según la Constitución.
De igual manera, la mayoría de las críticas que ha recibido la RRI recae en los medios por los que se obtendrá la tierra para su distribución. Los cuales, según sus detractores, dejan a la propiedad privada en “absoluta inseguridad jurídica”y atentan contra la inversión en el campo. La resistencia a este tema ha sido tan fuerte, que ya hay un "proyecto de ley para derogar este decreto, que por demás es objeto de revisión en la Corte Constitucional. Sin embargo, según expertos como Rocío Peña, la propiedad individual fue lo que más se garantizó en La Habana, ya que, en sentido estricto, “no se modificó la estructura de la tenencia de la tierra”.
En síntesis, las fuentes de las que se valdrá el Fondo para distribuir tierra han sido motivo de discusión e incertidumbre. Por ello, en esta sección se explican esos 10 procedimientos que contempla la Ley.
El reparto de tierras a quienes han carecido de ella no es algo nuevo en el país. La legislación en esta materia ha sido amplia y, según explica el economista Fabio Sánchez, la motivación del Estado siempre ha sido la misma: entregar tierra para contribuir con el desarrollo económico, mejorar la calidad de vida de la población rural vulnerable, reducir la desigualdad y evitar conflictos agrarios.
En Colombia, la adjudicación de baldíos ha sido el principal medio para acceder a la tierra. No obstante, el resultado de esta política ha sido limitado. De acuerdo con el estudio del CEDE El Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico publicó el 2017 el estudio titulado "Fondo de Tierras del Acuerdo Agrario de La Habana: Estimaciones y propuestas Alternativas, de la Universidad del lo Andes, “entre 1962 y 2012 el Estado Colombiano tituló aproximadamente 1.761.240 hectáreas, repartidas entre 107.889 beneficiarios”. Títulos que en muchos casos no fueron debidamente registrados y, por tanto, sus beneficiarios no han sido completamente reconocidos como propietarios.
A la entrega de baldíos en las políticas agrarias también se sumaron los intentos por redistribuir la tierra. Estos intentos fueron establecidos a lo largo del siglo XX en lo que se conoce como “leyes de reforma agraria”, las cuales, en síntesis, pretendían transformar la estructura desigual del campo, es decir, redistribuir la tierra y sus recursos.
La conclusión es que Colombia “ha desaprovechado distintas coyunturas históricas para resolver de manera estructural la cuestión agraria”, sostiene Machado. La historia demuestra que los patrones se repiten y que la férrea oposición a los intentos por redistribuir la tierra siguen vigentes. Una realidad ya documentada por expertos de distintas disciplinas que no deja de ser importante señalar porque aún no se ha resuelto el problema agrario.
Sin embargo, dichos intentos de reforma agraria tampoco han sido fructíferos. La redistribución en la propiedad de la tierra no logró concretarse, por lo que tampoco se afectó su concentración. De hecho, según expone la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el 82% de la tierra productiva del país se encuentra a manos del 10% del total de propietarios, mientras que el 68% de los campesinos tienen menos de 5 hectáreas.
Según el economista de la Universidad Nacional, Absalón Machado, “si no se actúa sobre los factores que conducen a esa concentración, a la vuelta de la esquina la propiedad estará nuevamente concentrándose, como lo demuestra la experiencia colombiana y de otros países.”
Para académicos como Machado, no es suficiente con que hayan procesos administrativos o judiciales que permitan el acceso a tierra, si persisten las condiciones que propician esta estructura desigual. Como por ejemplo, la baja tributación en la propiedad rural, que impide que los municipios tengan recursos propios, o la dificultad de pequeños y medianos propietarios para acceder a la tierra, y la poca generación de empleo de la ganadería extensiva.
La conclusión es que el problema de tierras persiste, pues “el país ha desaprovechado distintas coyunturas históricas para resolver de manera estructural la cuestión agraria”, sostiene Machado.
Esta historia de conflicto, además, es paralela y en ocasiones converge con las disputas por la tierra. En este departamento, dichas disputas son de largo aliento y combinan elementos de la esclavitud y luchas indígenas, haciendas coloniales, latifundios y riqueza en el suelo. La herencia de esta historia hace que el Cauca se encuentre hoy entre latifundios y minifundios, territorios colectivos, resguardos indígenas, proyectos agroindustriales y hasta una zona franca y parque industrial.
Los mapas que puede ver a continuación constituyen un breve panorama de cómo está conformado el Cauca en materia de tierras, con respecto a la concentración de la misma medida por el GiniEl coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad al interior de un país, que en este caso es la concentración de la tierra. Se determina en un rango de 0 a 1, donde 0 es el nivel más bajo desigualdad y 1 el más alto, áreas protegidas y territorios de comunidades étnicas. En particular, sobre 10 municipios de este departamento donde la historia de conflicto ha sido marcada.
Asimismo, en el menú que le sigue al mapa puede encontrar tres historias de las comunidades que habitan el municipio de Caloto, que además de tener una larga historia de conflicto, es catalogado como prioritario para la implementación del Acuerdo. En este mismo municipio, campesinos, indígenas y comunidades afro presentan problemáticas distintas entorno a la tierra, pero tienen un mismo reclamo: poder tener acceso a ella. Por eso, a través de estas historias puede evidenciasre el complejo panorama que enfrenta la propuesta del Acuerdo de otorgar tierra a quienes carecen de ella, en uno de los municipios donde se piensa implementar dicha propuesta.