La liberación de la tierra

En el Cauca son muchas y muy antiguas las luchas indígenas por la tierra. Según lo dicta su mandato espiritual conocido entre ellos como las “mingas de liberación de la Madre Tierra”, es un deber encomendado por sus ancestros reclamar los territorios que les pertenecen por sus orígenes prehispánicos. Este proceso de reclamación consiste en identificar y ocupar los terrenos, quemando los cultivos que allí se hayan sembrado para “dejar descansar la tierra” de los grandes procesos agroindustriales a los que son sometidos.

El caso más emblemático de estas mingas, al menos en el norte del departamento, y el más ampliamente documentado en los medios de comunicación ha sido el de la hacienda “La Emperatriz”, en el municipio de Caloto. El gobierno Samper, en 1998, prometió parte de esta finca como una forma de reparación a la comunidad del resguardo indígena de Huellas por la masacre de la hacienda “El Nilo”, con la que colinda y en la cual se planeó el asesinato de 20 indígenas en 1991. Según Nelson Pacué, gobernador del resguardo, “en esa tierra hay sangre indígena”.

Para obtener una reparación completa de esos crímenes cometidos hace más de 20 años, los indígenas han tomado por las vías de hecho la posesión de una parte de la propiedad. Una decisión que les ha costado muchos enfrentamientos con la fuerza pública, enlos que han muerto varios de sus miembros, así como indígenas, sin que hasta el momento se haya resuelto nada.

Actualmente, unos 20 indígenas del Resguardo de Huellas viven en una extensión no mayor a una hectárea de la hacienda ´La Emperatriz´ que tiene 300 en total, según el estudio de la corporación holandesa IKV Pax Christi. En “La Emperatriz” los indígenas construyeron dos pequeños ranchos sin paredes, donde tienen un fogón de leña, un tendedero y espacio de juego para los más pequeños, en el que pasan los días construyendo un espacio para vivir y evitar a toda costa su expulsión.

La masacre

El 6 de diciembre de 1991, la Sociedad Agropecuaria Piedra Blanca Ltda. adquirió la hacienda “El Nilo”, ubicada en el corregimiento El Palo, conociendo que allí se encontraban familias indígenas nasa que ejercían la posesión de una parte de este predio desde hacía 4 años. Para lograr que se retiraran, y evitando pleitos judiciales, Luis Alberto Seijas Bernal, socio de la compañía, les ofreció una compensación monetaria por el valor de sus ranchos y las mejoras realizadas.

Los indígenas rechazaron esta oferta y, debido a la imposibilidad del nuevo dueño para ejercer a plenitud su derecho de dominio, comenzaron las presiones y amenazas. Según elfallo de la Corte Suprema de Justicia “desde el día siguiente de la compra comenzaron los hostigamientos por parte de trabajadores de otras fincas, dependientes laborales de Bernal Seijas, destruyendo las viviendas de los indígenas y compeliéndolos a que desalojaran”.

Diez días después, el 16 de diciembre de 1991, aproximadamente 80 habitantes del Resguardo de Huellas llegaron a una cita con quienes eran los nuevos dueños de la finca ‘El Nilo’ para discutir el tema de la posesión. Alrededor de las siete de la noche, hombres fuertemente armados interrumpieron la reunión y una vez identificados los supuestos 20 líderes de la comunidad, los fusilaron. Los demás asistentes huyeron por el corregimiento hacia otras fincas del resguardo.

Según documentó el portal periodístico Verdad Abierta, Alias 'Rubén', desmovilizado del Bloque Vencedores de Arauca y segundo al mando de Alias ´El Mellizo´, aseguró que la masacre se realizó con el objetivo de desalojar a un grupo de indígenas que se habían tomado unas tierras de propiedad de ganaderos.

Por estos hechos, se presentaron cargos contra los oficiales de la Policía Nacional, el mayor Jorge Enrique Durán Argüelles y el capitán Fabio Alejandro Castañeda Mateus. El primero se desempeñaba como comandante del distrito de policía de Santander de Quilichao, quien según las denuncias recibidas por la CIDH En 1992 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una petición contra el Estado colombiano por la masacre de Caloto. Ver informe , dirigió a los hombres armados que amedrentaron a los indígenas. Mientras que Castañeda Mateus, quiera el jefe de antinarcóticos de Santander de Quilichao, participó activamente en este grupo.

En 1998, el Presidente de la República efectuó un reconocimiento público en el que aceptó que el Estado había permitido la masacre. Ese año, el gobierno Samper se comprometió a adquirir y entregar 15.663 hectáreas a la comunidad e impulsar 16 proyectos de desarrollo alternativo, como una forma de reparación que contribuiría a reconstruir su economía tradicional. No obstante, para el 2000, el gobierno solo había entregado 5.296 hectáreas y gestionado recursos para dos proyectos.

Ese mismo año, la CIDH ratificó la responsabilidad del Estado por la violación de derechos humanos Según la Comisión, el Estado violó los artículos 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana Derechos Humanos, referentes al derecho a la vida, la integridad, libertad y protección personal, a garantías judiciales y protección judicial, respectivamente. Ver en la masacre e instó al Estado a reparar a sus víctimas y realizar acciones para mejorar las condiciones de vida de la comunidad afectada, incluyendo el cumplimiento del compromiso que adquirió. Luego en 2014, el Consejo de Estado dejó en firme la condena a la nación, representada en el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, por la participación de agentes de la fuerza pública en la mencionada masacre.

No obstante, veintiséis años después, la comunidad indígena de Huellas continúa esperando a que sus derechos sean reparados. Para el gobernador de este resguardo, “la comunidad reclama a gritos estas tierras, porque sabemos que el gobierno es culpable, porque fue la misma policía quien causó esa masacre, y más cuando el gobierno se compromete a hacer esta entrega. Esto nos pertenece”.

La lucha por esta hacienda y otras más continúa para los Nasa. No solo por su calidad de víctimas de grupos paramilitares, razón por la que exigen su derecho a la reparación, sino también por el hecho que las tierras ya eran habitadas por ellos antes de la masacre. La violencia ejercida por los paramilitares contra esta comunidad no es más que una manifestación de los conflictos territoriales previos a la incursión del grupo armado, en el que comunidades indígenas se enfrentan a terratenientes y continúan haciéndolo después de la desmovilización paramilitar.

Acaparamiento engañoso

En el país existen casi 700 procesos de constitución o ampliación de resguardos indígenas que se encuentran en estudio en la Dirección de Asuntos Étnicos de la ANT Agencia Nacional de TierrasVer . De estos 700, aproximadamente 69 se encuentran en el Cauca y uno en el municipio de Caloto, perteneciente a la comunidad “Huellas de Caloto”, que busca la expansión de su territorio también por la vía legal.

El resguardo de Huellas tiene 14 mil hectáreas, que se extienden a lo largo de 39 veredas y en las que habitan por lo menos 7020 familias y 9420 personas. Sin embargo, esta tierra ya no es suficiente. De acuerdo con el gobernador del resguardo, Nelson Pacué, “la población ha venido creciendo y ya no hay donde trabajar, porque donde estamos son montañas, bosques, nacimientos de agua, lagunas, páramos, que son sitios sagrados y no los podemos tocar”.

No obstante, dicho intento de los indígenas por obtener más tierras ha tenido algunos enemigos. Particularmente, el Centro Democrático, en cabeza de Álvaro Uribe, ha cuestionado la cantidad de tierras asignadas a los indígenas. Y con respecto a su política en el Cauca, afirmó que en caso de llegar a la Presidencia en 2018 prohibiría las invasiones y no aprobaría más ampliaciones de resguardo.

El argumento es que los indígenas “han concentrado” muchas tierras. Y es que, según el informe del CNMHACentro Nacional de Memoria Histórica, para 2013 “se habían adjudicado 31.651.072 de hectáreas a los resguardos y comunidades indígenas y 5.396.609 hectáreas a los consejos comunitarios de población afro. Mientras que para particulares se habían adjudicado un poco más de 23 millones de hectáreas”.

Afirmar que ellos están concentrado la propiedad es engañoso. La razón social de las tierras a manos de indígenas, primordialmente, y de comunidades afro, así como su uso, distribución y significado es completamente distinta a la que podría tener un particular. Así como “son diferentes las implicaciones de que una sola persona sea dueña de 14 mil hectáreas, y por ende las concentre, a que una comunidad de 9 mil personas resida en estas mismas hectáreas y las usufructe”, afirma María Mónica Parada, abogada y socióloga, investigadora del Observatorio de Tierras.

La Constitución de 1991 reconoció la diversidad étnica y cultural colombiana de pueblos afro e indígenas, estableciendo derechos diferenciados y acciones afirmativas para quienes son considerados minorías étnicas. Estos derechos y acciones incluyen circunscripciones especiales para el Senado, reconocimiento de un lenguaje oficial y conservación de la identidad y el patrimonio cultural, entre otros aspectos.

Una de las medidas más importantes es el derecho al territorio. A través de la Ley 21 de 1991, el Estado colombiano le dio vida a los resguardos indígenas, reconociendo que los territorios constituyen una medida esencial para preservar su cultura.

La propiedad colectiva de comunidades étnicas constituye pues un régimen jurídico distinto a la propiedad individual consagrada en el Código Civil. Esta figura reconoce la estrecha relación entre el desarrollo de la cultura de dichos pueblos, el lugar donde se encuentran asentados y los recursos que cobijan. Por lo cual, la presencia en el territorio constituye en sí mismo un derecho fundamental para estas comunidades.

En el resguardo de Huellas, por ejemplo, se encuentran importantes recursos hídricos como el río Palo que abastece a toda la comunidad y del cual dependen muchas de sus actividades productivas. Las familias están organizadas por empresas y grupos asociativos, así como colegios agropecuarios de pequeña escala. De esta manera, los proyectos y recursos que se manejan en el resguardo son producto del trabajo colectivo del cual se benefician todos los miembros.

“La gente dice que tenemos mucha tierra sin trabajar, pero no se han puesto a pensar que esa tierra que tenemos arriba no la podemos tocar porque entonces si empezamos a talar las montañas, bosques y nacimientos de agua no se van a ver afectados solamente los indígenas, se va a ver afectado todo el mundo”, dicen algunos de los miembros de la comunidad.

El territorio no es solo el lugar donde se desarrollan sus procesos culturales, sino también parte de la vida en comunidad. Y es que, de acuerdo la “Propuesta metodológica para la investigación participativa de la percepción territorial en el Pacífico” de la investigadora Patricia Vargas, “el territorio es el espacio apropiado por un grupo humano para su reproducción física, social y cultural (...) [donde] los paisajes y recursos son reconocidos según sus usos culturales”.

Hablar de concentración de tierras por parte de comunidades indígenas significa, entonces, desconocer la organización y función social que cumplen en sus territorios. Y es que, según economistas como Albert Berry, la concentración se presenta cuando pocas manos se apropian de grandes extensiones de tierra, lo que implica desigualdades y conflictos que pueden tornarse violentos.

Pero lo que no sucede en el resguardo de Huellas, como en otros resguardos del país, es el reconocimiento del territorio y su importancia para el desarrollo de la comunidad. Así, en Huellas son 9420 personas que comparten colectivamente un mismo espacio, su vida, su cultura, su trabajo y los recursos naturales que allí se encuentran, para el beneficio de todos y no de unos pocos.