La acumulación: la prohibición que a pocos les importa

Por: Pilar Puentes Espinosa 

En medio de un constante debate por la desigualdad en la propiedad y el uso de la tierra en Colombia, la Altillanura se ha convertido en el centro de las políticas de los gobiernos de las últimas dos décadas y de los intereses de grandes capitales económicos que ven en ella una gran capacidad de convertirse en la despensa agrícola del país. Rutas del Conflicto pudo rastrear que cerca de 30 empresas tienen en su poder al menos medio millón de hectáreas, la mayoría con cuestionamientos relacionados a la legalidad de la propiedad, sumadas a los reclamos de colonos y comunidades indígenas para acceder a títulos de territorios ancestrales. 

Para el gobierno de Gustavo Petro, la reforma agraria es urgente e indispensable para cumplir las promesas de campaña y esta zona es clave para esos propósitos.  La ministra de Agricultura, Cecilia López, ha dicho a varios medios de comunicación que, “Colombia tiene que ser una potencia mundial en la producción de alimentos. Para esto se necesita que se cumpla el punto uno (del acuerdo) de La Habana, que claramente habla de la reforma rural”. 

Mientras se resuelve las estrategias de gobierno para cumplir con la reforma y su rol en la Altillanura, indígenas que han habitado la zona desde hace siglos y campesinos colonos que llegaron hace más de 40 años siguen esperando la formalización de su tierra. A la par, empresas agroindustriales, agroforestales y petroleras continúan ampliando los terrenos en los que tienen varios problemas. Rutas del Conflicto construyó una base de datos a partir de los casos de estudio periodísticos y de varias ONG, que muestran el mapa de las empresas que han venido concentrando tierras en esa región.

Expertos señalan tres factores que complejizan la propiedad de la tierra en esa zona: adjudicaciones irregulares, ocupación indebida de baldíos de la nación y acumulación de Unidades Agrícolas Familiares. 

Mientras que el Estado, con la Agencia Nacional de Tierras, avanza a pasos de tortuga en la clarificación y formalización de baldíos, los conflictos sociales se agudizan a toda marcha, con organizaciones indígenas cada vez más robustas que reclaman las tierras donde están enterrados sus ancestros y de las que fueron desplazados. Estas comunidades y los colonos que llegaron durante gran parte del siglo XX tuvieron que soportar la violencia del conflicto armado que favoreció la apropiación de predios por parte narcotraficantes y esmeralderos.

En 2006 el Bloque Centauros de los paramilitares, que hacía presencia en más del 80% de la Altillanura, se desmovilizó. En ese momento los empresarios, con el respaldo del gobierno, pusieron sus ojos en una tierra, considerada la futura despensa agrícola del país. Según la ONG Indepaz, en 2014 se adoptó en Colombia la Política para el desarrollo integral de la Orinoquia: Altillanura, en la que se “definieron las estrategias para aprovechar su potencial y superar las limitaciones, entre ellas las relacionadas con la escasez de mano de obra calificada y el acceso a tierras para el desarrollo de iniciativas a gran escala, como la siembra de palma de aceite, maíz, soya, caña de azúcar y forestales, la producción de carne y la exploración y explotación de hidrocarburos y minerales”.

Todas estas actividades económicas necesitan grandes extensiones de tierra. Sin embargo, la Altillanura por su proceso de colonización cuenta con grandes niveles en la informalidad en la tenencia y existen muchos terrenos es baldíos. Además como lo explica la abogada dedicada al derecho agrario y quien dirigió el empalme de gobierno Petro en temas agrarios, Jhenifer Mojica,  se creó una especulación financiera porque en el mercado de valores, la tierra iba ser una garantía en medio de proyectos de gran impacto agroindustrial

 

Los problemas empezaron desde la adjudicación

Una de las empresas que llegó a la región a ocupar grandes extensiones de tierras fue el grupo Aliar, conformado por empresarios paisas y santandereanos con su marca comercial La Fazenda, en la vereda La Cristalina, en Puerto Gaitán, Meta. Antes de que las 16 mil hectáreas de la hacienda El Brasil llegarán a manos de esta empresa pasaron por el ‘zar de las esmeraldas’ Víctor Carranza. Rutas del Conflicto ha investigado este caso en varias oportunidades (ver ¿Cómo nos quitan la tierra?) y encontró que en 1995 el extinto Incora le adjudicó 12 predios, alrededor de 900 hectáreas cada uno, a presuntos cercanos a Carranza. 

El proceso de adjudicación se hizo en medio de la violencia que ejercían las llamadas Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada y el predio, según la sentencia de Justicia y Paz del Bloque Centauros, funcionaba como base paramilitar. Además,  la comunidad que vivía en la vereda La Cristalina, cerca del predio, no conocía a los adjudicatarios, los señalaba de ser trabajadores del ‘Zar’ y reconocía a Carranza como único dueño de El Brasil. Un requisito para ser beneficiario de la reforma agraria era haber ocupado el predio con mínimo 5 años y haber explotado dos terceras partes, condiciones que parecen no cumplirse.

En 2018, se abrió un proceso de revocatoria de las 13 adjudicaciones por considerarlas presuntamente irregulares. Tras grandes trabas y obstaculizaciones en junio de 2021, la ANT, decidió no continuar con el proceso de El Brasil aduciendo que no se encontraron dichas irregularidades en la titulación y que no existen pruebas sobre la presunta vinculación de los adjudicatarios con el conflicto. 

El nombre de Víctor Carranza y sus allegados aparecen frecuentemente en la historia de varios predios que luego fueron adquiridos por estas empresas. Así ocurre en al menos seis mil hectáreas que luego fueron adquiridas por la multinacional Cargill en el Vichada, así como en 27 mil más en Puerto Gaitán en El Porvenir.  Estas últimas representan un caso particular, ya que el Incoder tumbó las adjudicaciones en el año 2014, pero no ha decidido qué hacer con la tierra, que es reclamada por campesinos e indígenas. 

La Procuraduría delegada para asuntos agrarios, acompañó el proceso de revocatoria de las 27 adjudicaciones. Según el ente de control, la ANT no emprendió a tiempo las acciones para la recuperación de predios que estaban en contextos de víctimas de desplazamiento y despojo donde ahora empresas están explotando la tierra. 

Para Ana Jimena Bautista, abogada e investigadora en temas de tierras y de los derechos del campesinado en la ONG Dejusticia, la Agencia Nacional de Tierras no ha solucionado los problemas históricos y sistemáticos que cometieron las anteriores entidades de tierras, Incora e Incoder. “No es solo que la ANT no haga sino lo que hace es terriblemente cuestionable como el caso de El Brasil con la expedición de las resoluciones para cerrar el caso”, afirmó. 

La ONG Indepaz, en su informe  ¿Amnistía a la “concentración productiva” del siglo XXI en la Orinoquía? advierte que hay una falla estructural en la política agraria de identificación, asignación y recuperación de bienes del Estado, agravada por la inexistencia de un inventario de tierras rurales. Además de adjudicaciones irregulares en los que no se califica adecuadamente a los beneficiarios de la reforma agraria ni los límites de extensión de la adjudicación. 

Este caso no es único. Muchos predios que han adquirido las empresas tienen indicios de haber sido adjudicados irregularmente, a personas que no eran sujetos de reforma agraria. Parte de las tierras en Puerto Gaitán, que hacían parte del proyecto petrolero Pacific Rubiales y hoy le pertenecen a Ecopetrol, fueron entregadas por el Incoder a una familia de un empresario hotelero y del chance, al igual que a la familia de una funcionaria del Banco Agrario. El objetivo de la reforma agraria era entregar la tierra a campesinos y  no a empresarios. 

En el municipio de La Primavera, en Vichada, el excongresista Alfonso Mattos ha acumulado junto a su familia cerca de 14 mil hectáreas que hoy son reclamadas por una comunidad indígena sikuani. Según los folios de matrícula, varios predios fueron adjudicados a Cayetano Melo Perilla y algunos de sus allegados. Perilla ha sido señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de ser un narcotraficante. Edwar Mattos, hermano de Alfonso también acumuló 5 mil hectáreas en Mapiripán que fueron señaladas por el paramilitar Diego Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’ de ser parte de un proyecto de palma de la organización ilegal.

En la Altillanura, la informalidad y en muchos casos la cooptación de funcionarios públicos permitió que personas que no eran beneficiarias  de adquirir tierra baldía la obtuvieran. Además esas adjudicaciones se dieron en territorios ancestrales, ignorando que vivían comunidades indígenas en la región. 

El abogado de comunidades sikuani, que trabajó para la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, Brayan Cárdenas, afirmó que, “el Estado solo está archivando investigaciones o no las está haciendo en contextos donde hay comunidades indígenas que tiene hasta dos procesos abiertos: uno por restitución y otro por adjudicación, en lugares dónde empresas adquirieron la tierra”.  (ver retorno de la comunidad sikuani a La Cristalina)

A lo que se refiere el abogado, es que las comunidades han reclamado estas tierras por dos vías. La primera a través de la Unidad de Restitución, al ser víctimas del conflicto, haber sido desplazados  y por ello perder la tierra que habían ocupado. La segunda por la Agencia Nacional de Tierras, en las que las comunidades indígenas están pidiendo la titularidad de varias hectáreas para conformar sus resguardos y habitar la región que pisaron sus ancestros. 

Para Fabián León, investigador del Centro de Información de Derechos Humanos y Empresas, no es un debate nuevo que los sectores económicos debían cumplir con la debida diligencia a la hora de ver un proyecto productivo, en zonas donde hay un número significativo de víctimas del conflicto y de comunidades que llevan décadas intentando acceder a la propiedad. León afirmó que, “la debida diligencia no apareció con la Ley 1448 de 2011, la ley de víctimas y restitución de tierras, aparece en los años 90, en donde se mira también los factores de riesgo de una inversión a un proyecto”.

Ocupar patrimonio del Estado

En la inmensidad de la Orinoquía aun quedan muchos predios sin adjudicar que están siendo explotados por grandes empresas. En Puerto Gaitán se encuentra uno de los complejos petroleros más grandes del país, en la vereda Rubiales. 

Hace algunos años estos pozos eran propiedad de la multinacional Pacific Rubiales (durante los primeros años por Meta Petróleo del empresario Germán Efromovich) y se consideraba como la ‘joya de la corona’ del mercado de hidrocarburos. En su punto más alto, Pacific y su socia Ecopetrol, extrajeron 300.000 barriles de crudo al día. En 2015, cayó en declive rápidamente y como lo contaron miembros de la junta directiva, “las deudas acumuladas por equivocados negocios y malos manejos”, acabaron con la empresa (ver especial)

Pacific pasó a vender sus acciones a Frontera Energy. Los años que duró el emporio fueron suficientes para acumular, alrededor, de 55 mil hectáreas, entre las que están dos baldíos de la nación: La Morelia y Los Arrayanes.

En 2013, varios congresistas denunciaron a la opinión pública la ocupación indebida de baldíos por parte de Pacific y de Ecopetrol, además de cómo las empresas buscaban apropiarse de la tierra por medio de un proceso de prescripción adquisitiva del dominio. Es decir, es un modo de adquirir predios en la que la persona lo ocupa por más de 10 años y se reconoce como dueño del mismo. La Corte Constitucional se pronunció al respecto y el país  espera que en diciembre se publiqué  la sentencia definitiva en la que se prohíbe que un juez otorgue la propiedad de un baldío, cuando la ANT es la única entidad competente para adjudicar. 

En 2015 la entidad priorizó la recuperación de baldíos en los que estaban La Morelia y Los Arrayanes. Sin embargo, como lo registra el certificado de tradición y libertad de la Morelia, la ANT bajo el Acuerdo 168 de 2021 constituyó una reserva a favor de Ecopetrol. Estos predios, desde que Pacific llegó a la zona, fueron tapizados de palma aceitera en medio de quejas de campesinos que habitaban esas tierras. (ver historia)

Para Brayan Cárdenas, el Estado está evadiendo la responsabilidad de cumplir con la reforma agraria y de proteger al campesinado y a las comunidades indígenas, donde la tierra es parte central de la vida. “Hay una oficiosidad cuando hablamos de campesinos e indigenas. El Estado ha cedido terreno a los intereses políticos y privados. Hay una prioridad del Estado al empresariado y no a la gente que quiere acceder a la tierra por medio de la Ley 160 de 1994”, dice Cárdenas. Precisamente el fondo de tierras, que es la bolsa de dónde se adjudican predios, tiene su centro en los baldíos de la nación, que muchos de ellos están en manos de empresas. 

A una hora de Puerto Gaitán se llega a las colonias Menonitas  cuyos miembros arribaron desde Norteamérica en 2015 y  han acumulado cerca de 40 mil hectáreas de origen baldío. La falsa tradición reina en la Altillanura y los predios comprados por estas personas no son ajenos. Por lo menos han ocupado dos predios que superan las 9 mil hectáreas y que siguen perteneciendo a la Nación.

Para Ana Jimena Bautista de DeJusticia, la recuperación de baldíos es un tema pendiente al qur  la ANT le ha dado largas. “La argumentación que ha venido creando la ANT es manifestar su incapacidad ante la cantidad de procesos agrarios existentes,  se dice que tiene más de 30 mil procesos agrarios, sobre todo por el seguimiento de la sentencia T-488 2014 (clarificación de la propiedad).  Ese ha sido como su caballito de batalla para justificar su inoperancia”, afirmó Bautista.

10 años tras las denuncias de acumulación

El debate de la concentración de la tierra tampoco es nuevo. Organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación y expertos han denunciado desde hace varias décadas la acumulación y sobre todo en detrimento del acceso a la propiedad de comunidades campesinas y étnicas.

Rutas del Conflicto encontró que la mayoría de las empresas de la base de datos han acumulado tierra en la Altillanura, en contra del artículo 79 de la Ley 160 de 1994. Esta ley prohíbe tener más de una Unidad Agrícola Familiar (UAF) que está entre las mil y 1.300 hectáreas por familia, en esta región del país, y le garantiza tener un modo de subsistencia y construir un patrimonio. La mayoría de empresas de la lista tienen predios de origen baldío que superan los valores establecidos en la UAF.

En 2013 varios congresistas entre ellos Wilson Arias, Ivan Cepeda y Jorge Enrique Robledo, realizaron un debate de control político sobre lo que llamaron la extranjerización de la tierra, en el que denunciaron a varias empresas por la acumulación de UAF en Meta y Vichada. Además de mostrar las maromas jurídicas que hicieron para ocultar dicha acumulación, y que pusieron en evidencia las políticas de Estado que favorecieron a las empresas en detrimento de las comunidades que siguen reclamando la tierra. 

En el debate, los congresistas señalaron los casos de la multinacional Cargill y el ingenio Río Paila, cada uno con más de 40 mil hectáreas acumuladas con el apoyo del buffet de abogados Brigard Urrutia. En el primer caso, un grupo de funcionarios de la multinacional creó una empresa llamada Proterra que ahora es la propietaria de esos predios, a través de su filial Colombia Agro. Varios directivos y contratistas de esta empresa tienen procesos judiciales por daños ambientales en la zona (Ver reportaje).

Tras las denuncias los entes de control pusieron sus ojos en 16 casos, que también se encuentran en la base de Rutas del Conflicto. La Contraloría abrió investigaciones sobre cómo las empresas habían adquirido la tierra. En 2012 y 2013 las contralorías delegadas para el sector agropecuario y gestión pública adelantaron varias actuación especial encaminada a estudiar los casos de presunta acumulación irregular de predios baldíos en la altillanura y sacó un informe que permitió comprender cuáles eran y cómo se habían hecho a la tierra (ver informe)

Sin embargo, en 2018 la Contraloría cerró las investigaciones porque los baldíos al salir al mercado no determinaban un detrimento en el patrimonio estatal. Es decir, que los predios, una vez entregados a través de la reforma agraria dejaban de ser parte del Estado, por ello las transacciones entre privados que se hicieran después de la adjudicación  no generaba una afectación a los recursos públicos. A la fecha no hay investigaciones abiertas por este ente de control. 

El 31 de agosto de 2018 la delegada para asuntos agrarios de la Procuraduría le solicitó a la ANT el estado de las investigaciones que había adelantado en su momento el Incoder para ver el avance en relación con la infracción del artículo 72 de la Ley 160 de 1994. 

La Agencia Nacional de Tierras le contestó a la Procuraduría que los procesos siguen abiertos y resaltó qué “la nulidad de la que trata el inciso 9º del artículo 72 de la Ley 160 de 1994 se refiere a un negocio entre particulares cuyos efectos deben ser resueltos por los jueces de la República y que la nulidad legal que recae sobre el negocio jurídico no revierte el dominio de estos bienes a la Nación”, como se observa en la solicitud de información pedida a la entidad. 

La ANT se refiere a la misma justificación que hizo la Contraloría, al afirmar que los predios al salir del  patrimonio del Estado y realizar transacciones entre particulares no comprometen los recursos de la Nación. Es decir, que las empresas que acumularon tierra se les podría anular la venta y los predios serían devueltos a un intermediario o al adjudicatario , pero no regresa a propiedad del Estado. 

Uno de los efectos que  resaltan, tanto Mojica como Bautista, es que denunciar la  acumulación de UAF sí tuvo un impacto en la opinión pública. Como lo afirmó Jhenifer Mojica, “la compra acelerada de tierras en los Llanos paró, las empresas dejaron de adquirir tierra tras los debates de control político”. Además, se hizo evidente cómo estas compañías crearon estrategias legales para que no fuera tan sencillo rastrear de quiénes eran las propiedades y así a vista rapida no se hablara de acumulación. 

Sin embargo, con la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las Farc, los empresarios volvieron a impulsar la compra de tierras en la Altillanura, ya con la meta de convertir esta tierra en la despensa agrícola del país. “El debate ya cambia, no es solo tener la tierra como prenda de garantía sino ya entrar a querer desarrollar la producción agropecuaria. Lo central es preguntarse cómo se va a hacer sin atropellar a las comunidades y a los ecosistemas”, explicó Mojica.  

Las empresas que intervinieron en la altillanura, muchas de ellas invitadas por los gobiernos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, insisten en que el Estado les brinde la seguridad jurídica para mantener la propiedad de esas tierras. Indepaz advirtió en su informe que la inseguridad jurídica ha sido un obstáculo para las inversiones en la Altillanura, sin embargo como también lo explica la ONG y Mojica, no solo para las empresas existe esa inseguridad sino también para el pequeño propietario. 

Mientras que la ANT no clarifique y legalice  la propiedad de la tierra en la Altillanura los conflictos sobre la titularidad seguirán sobre la mesa. Las comunidades, tanto campesinas como indígenas, quedaron en medio de un mercado especulativo sobre la tierra y que cada vez ven más lejana la posibilidad de sobrevivir al crecimiento de los monocultivos de maíz, soya, arroz y palma que cubren gran parte del Meta y del Vichada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualizado el: Jue, 09/15/2022 - 16:30