Hoy en día, Robert Daza es senador por el partido Polo Democrático y ha dedicado más de 40 años a la lucha campesina en el departamento de Nariño. Fue desplazado por el bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia y en 2013 fue uno de los voceros de la Cumbre Agraria, un proceso de unidad popular y unión de varios procesos organizativos tras el paro agrario de 2013. Sin embargo, su vida ha estado constantemente en riesgo, no solo por las amenazas ocasionales, sino también porque en 2020 fue capturado junto al líder de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, Teófilo Acuña.

En la Operación Santa Marta, que se llevó acabado durante el 16 y 17 de diciembre de 2020,  dirigida por la Policía y la Fiscalía en los departamentos de Nariño, Meta y  Bolívar capturaron a Daza bajo el alias ‘Nacor’, quien supuestamente era un apoyo del Comando Central y conducción de Masas del ELN. Decían las autoridades que el líder social recibía órdenes directas del comandante de la guerrilla Pablo Beltrán.  A Teofilo Acuña lo capturaron bajo la premisa de “instrumentalizar a integrantes de organizaciones sociales” e infiltrar a los armados en las manifestaciones. 

Los dos líderes fueron puestos en libertad a los pocos días. La jueza de control de garantías de Pasto determinó que no representaban un riesgo y pidió que investigaran a los funcionarios por presuntas irregularidades en el caso. Para Robert Daza esa situación fue un caso de  “falsos positivos judiciales porque los líderes se han convertido en una molestia para el estado”. 

La situación de estos defensores no es muy distinta a la historia de Nini Cardoza, lideresa y coordinadora de la Mesa de Víctimas de Arauca o la de Héctor Sanchez en la vereda Rubiales de Puerto Gaitán, Meta. Rutas del Conflicto construyó una base de datos de 140 líderes y lideresas que han enfrentado procesos judiciales y da cuenta de varias patrones que siguen estos casos como lo son: la estigmatización, la judicialización,  la criminalización de defensa de los derechos humanos y el asesinato. 

Después del proceso judicial que enfrentaron en diciembre de 2020, a principios de 2022 fue asesinado Teofilo Acuña junto a su compañero de liderazgo Jorge Tafur y  menos de  seis meses después asesinaron al otro líder social, José Luis Quiñonez.

Los tres pertenecían a la Comisión de Interlocución, luchaban por la tierra para el campesino y la protección del complejo cenagoso de la Zapatosa.  Como se explica en el informe  Criminalización de la defensa de los derechos humanos, hecho por La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), “el homicidio de Acuña es un claro ejemplo del patrón que siguen varios casos, para crear las condiciones propicias que justifican un ataque paramilitar que finaliza con sus vidas”

Como también lo manifestó el congresista Daza, “el asesinato de Acuña fue producto de la estigmatización. Los ‘paras’ decidieron declararlo un objetivo militar para acabar con su vida y continuar con las amenazas a los demás líderes”. 

Por ejemplo, Ruth Alicia López Guisa era una lideresa de derechos humanos, proveniente de Dabeiba, Antioquia, quien hacía parte de las organizaciones sociales Coordinadora Nacional Agraria y Cumbre Agraria en el departamento del Chocó. Desarrollaba proyectos de soberanía alimentaria con las comunidades. Junto a su familia, sobrevivientes de la Unión Patriótica (UP), habían sido desplazados por años debido a sus labores de liderazgo. Antes de llegar al Chocó estuvo coordinando varios procesos en la comuna 7 de Medellín, sin embargo, fue capturada y puesta en prisión durante un año al ser acusada de pertenecer a las milicias urbanas tras la Operación Orión. 

Fue dejada en libertad al no poder comprobarse ningún vínculo, pero su nombre quedó tachado y al regresar a Medellín tuvo que desplazarse nuevamente. En 2017, fue asesinada y mientras se llevaba a cabo el velorio, la directora seccional de Fiscalías Medellín declaró que “se pudo determinar que en el pasado Alicia era de las milicias y comandos armados”. Después de su muerte seguía siendo acusada de un delito sobre el que la justicia ya había determinado su inocencia. 

Robert Daza señala que la huella que deja sobre los líderes y las lideresas enfrentar un proceso judicial no se borra con declararlos inocentes o dejarlos en libertad. El congresista señala que  esto implica acabar con sus procesos organizativos, sus proyectos de vida y destruir el tejido social que han construido y además terminar con la credibilidad que tienen frente a su comunidad. “No hay medidas de protección para los líderes, toca crear medidas de autoprotección porque el Estado no nos protege”, explica Daza. Además, afirmó que enfrentar procesos judiciales interrumpe con los procesos organizativos y de formación que tienen con las comunidades. 

El desprestigio a la defensa de los derechos humanos

La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) determinó que entre junio de 2019 y noviembre de 2021 86 defensores fueron detenidos. En cuanto al tipo de liderazgos se encontró que  un 74% de las personas criminalizadas eran defensores ambientales, seguido por quienes promueven el ejercicio de la protesta social, especialmente en los llamados paros agrarios y en las mingas indígenas. 

La base de datos de Rutas del Conflicto muestra que la mayoría de los líderes empezó su trabajo en la lucha campesina. Y como lo afirmaron varios de los líderes entrevistados para este reportaje,  se sigue construyendo la narrativa del enemigo interno. Es decir, que los líderes son vistos desde las instituciones como el ‘otro’ que hay que acabar o neutralizar.  Así también lo muestra el Informe Final de la Comisión de la Verdad en su tomo Colombia adentro que describe como un patrón histórico, el hecho de que al campesinado se le haya asociado con actores criminales, y que se difunda más esta idea cuando hay manifestaciones o protestas sociales. 

“Desde el inicio de las movilizaciones, empezó un proceso de criminalización. La fuerza pública señalaba a líderes y lideresas de la organización de ser miembros o colaboradores del Frente Bolcheviques del Líbano del ELN”, dice el informe de la Comisión, haciendo referencia al paro cafetero de 1995. Para la Comisión de la Verdad el campesinado fue  la principal víctima del conflicto armado interno. Durante la guerra, a los habitantes de las zonas rurales los despojaron de sus tierras, los torturaron, asesinaron, secuestraron, extorsionaron, reclutaron forzosamente, invisibilizaron, violentaron sexualmente, marginaron y criminalizaron. 

Según el informe del CSPP, la estigmatización ha sido el primer paso para la criminalización de los defensores de derechos humanos. “Se recurrió a la construcción del enemigo interno para justificar mecanismos de represión cada vez más violentos, se le otorgó un mayor protagonismo a la clasificación del “vándalo”, como ese enemigo al que hay que combatir, y los “actos vandálicos” como un tipo penal al que se da vida en los pronunciamientosde altos funcionarios y medios de comunicación”, señala el documento. 

Daza no solo ha enfrentado la detención del 2020 sino también en 2008 y 2012. En ninguna la Fiscalía ha podido mostrar al juez alguna prueba en su contra. Para el defensor, las judicializaciones se dan después de coyunturas de movilizaciones. “Vemos líderes judicializados en las jornadas de indignación, de paros, de cumbres o de las movilizaciones. Nosotros no somos guerrilleros o terroristas como quieren hacerle creer a la opinión pública”, afirmó el senador. 

La estigmatización hacia los líderes también se da cuando ejercen oposición a proyectos  minero energéticos o agroindustriales. Se les ve como el ‘enemigo’ que obstaculiza el desarrollo de la región.   No es gratuito que en las regiones donde hay más líderes judicializados haya más convenios de cooperación entre el Ministerio de Defensa con empresas del sector extractivo.  

La plataforma Centro Oriente, que reúne a varias organizaciones sociales, en voz de la abogada Marcela Cruz, afirmó que las capturas a los líderes sociales se dan no solo en marco de las movilizaciones a las empresas extractivas sino también cuando las comunidades exigen el mantenimiento de la infraestructura vial que utilizan las empresas. 

El CSPP determinó que entre 2019 y 2021 estaban en ejecución 365 convenios entre empresas del sector minero energético, la fuerza pública y la Fiscalía en 27 de los 32 departamentos. Antioquia es el departamento con más convenios, que a su vez tiene más líderes judicializados,  seguido de Meta , Tolima y Casanare. En su investigación la organización determinó que “    Estos convenios han contribuido a la militarización de los territorios y a la judicialización de defensores de derechos humanos que se oponen a las consecuencias de las economías extractivas”.

Es el caso de Hector Sanchez, un líder comunal y sindical en la vereda Rubiales, que cuenta con el complejo petrolero más grande de los Llanos Orientales. Sanchéz ha tenido que enfrentar por más de una década procesos penales. Rutas del Conflicto y La liga Contra el Silencio contó la historia de este líder en 2018, en que narró cómo había impactado la vida de este líder. Sin embargo en 2020 fue nuevamente capturado. 

Tanto el caso de Sanchez como Daza han sido casos mediáticos y como lo muestra CSPP, los medios de comunicación han sido una pieza fundamental para fortalecer la estigmatización a las labores de liderazgo. En muchas ocasiones, como lo afirma la defensoría jurídica de Centro Oriente, la prensa ha divulgado las capturas y proceso judiciales de líderes sin tener en cuenta los contextos y los antecedentes de los casos. 

“Según el registro de liderazgos y personas defensoras de derechos humanos judicializadas desde agosto de 2019 a octubre de 2021, de los 86 casos documentados, en el 61,6% hubo cubrimiento del proceso jurídico por parte de algún medio de comunicación, y en el 56,9% el medio de comunicación violó el derecho a la honra y del buen nombre de las personas acusadas, dando por hecho su culpabilidad frente a los cargos imputados”, dice el informe. Lo que trae consigo obstáculos en la defensa de los defensores, dejando su nombre y su trabajo en entredicho y desincentivando la labor social. 

Los procesos judiciales toman años para tener una sentencia y en algunos casos el proceso se vence y el líder social no puede demostrar su inocencia. En otros casos, los líderes deciden enfrentarse nuevamente a la justicia para lograr la reparación.  Más de 29 personas en Arauca que fueron capturadas masivamente el 12 de noviembre de 2002 y que permanecieron en la carcel hasta el 12 de febrero de 2004 piden que se declare administrativamente y patrimonialmente responsable al Estado y a la Fiscalía por la violación al derecho a la honra. 

Como lo muestra el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, en el gobierno de Álvaro Uribe se presentaron varios episodios de detenciones masivas.or ejemplo, en Congreso Anual Cafetero del 10 diciembre de 2003, en su instalación el entonces presidente dijo que, “la semana pasada le dije al General Castro Castro que en esa zona (Arauca)  no podíamos seguir con capturas masivas de 40 o de 50 todos los domingos, sino de 200, para acelerar el encarcelamiento de los terroristas y golpear estas organizaciones. Esas capturas han sido masivas, pero no arbitrarias. Se han ajustado plenamente al ordenamiento jurídico. Se han hecho sobre el examen cuidadoso de un acervo probatorio”.

En 2007, el Juzgado 41 Penal de Bogotá absolvió a los detenidos por el delito de rebelión. Desde ese momento empezó la lucha jurídica por mostrar la inocencia y buscar la reparación por parte del Estado. Después de más de 10 años siguen a la expectativa de entender por qué fueron declarados como enemigos.  

Los líderes y lideresas sociales no solo deben enfrentarse a las constantes amenazas en razón de su labor sino deben enfrenfretar al Estado que los estigmatiza y los judicializa, y aún más cuando deciden exigir reparación.

 

Actualizado el: Mié, 07/26/2023 - 20:28