La JEP confirma que militares y un funcionario de Ecopetrol llevaron a los paramilitares a Barrancabermeja para tomar el control a punta de masacres

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó que la incursión paramilitar en Barrancabermeja no fue una operación ejecutada únicamente por las Autodefensas Campesinas de Santander y el Sur del Cesar (Ausac). Según la investigación, altos oficiales del Ejército, algunos miembros de la Policía y José Eduardo González Sánchez, capitán retirado y entonces segundo al mando del área de seguridad de la refinería de Ecopetrol, le pidieron al paramilitar Guillermo Cristancho, alias ‘Camilo Morantes’ que se tomara la ciudad, con una incursión en medio masacres, asesinatos y desapariciones forzadas que comenzó en mayo de 1998. (Ver Auto de imputación)

La imputación cobija a 13 personas: nueve militares, tres policías y González Sánchez. Este último confesó que mientras era funcionario de Ecopetrol estaba en la nómina de los paramilitares y recibía pagos periódicos por aportar información y servir como enlace con los militares. La JEP también encontró en los archivos de la petrolera contratos sucesivos con al menos tres personas relacionadas con los paramilitares, quienes fueron vinculadas para infiltrar la Unión Sindical Obrera (USO), como ya lo había publicado en 2024  Rutas del Conflicto,. Parte de la información obtenida terminó utilizada en asesinatos, desapariciones y amenazas contra sindicalistas.

Rutas del Conflicto conoció en exclusiva una carta del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) dirigida al coronel Óscar Diego Sánchez Vélez, entonces comandante del Batallón de Artillería Nueva Granada, en la que funcionarios de esa entidad advertían, en abril de 1998, que tenían información de inteligencia sobre una posible masacre. La magistrada Catalina Díaz explicó que la alerta incluía una ventana de tiempo, los nombres de los barrios amenazados y la identificación de Camilo Morantes. El documento llegó incluso a la comandancia de la Quinta Brigada. Pese a esa información, la Fuerza Pública no impidió la masacre del 16 de mayo de 1998: los retenes fueron levantados, no hubo una reacción oportuna y la respuesta policial solo se activó a las cuatro de la mañana, cuando la caravana paramilitar ya había salido de la ciudad y 25 personas habían sido secuestradas para desaparecerlas.

Durante más de tres años, la JEP contrastó confesiones rendidas por paramilitares en Justicia y Paz, versiones de militares y policías, el testimonio de un tercero civil y cientos de documentos oficiales. En esta entrevista la magistrada Díaz explica cómo se configuró la alianza, qué papel tuvieron la Fuerza Pública y funcionarios de Ecopetrol, cómo fue infiltrada la USO y qué representa la decisión para las víctimas de Barrancabermeja.

Magistrada Catalina Días de la Jurisdicción Especial para la Paz

Rutas del Conflicto: ¿Qué investigó la JEP en Barrancabermeja?

Catalina Díaz: La decisión que estamos publicando en Barrancabermeja es parte de la investigación en el marco del macrocaso 08, que se ocupa de los crímenes cometidos por integrantes de la Fuerza Pública, otros agentes del Estado, terceros civiles o en asociación con grupos paramilitares.

En ese caso priorizamos lo ocurrido en varios territorios críticos, entre ellos Antioquia, los Montes de María, el territorio del Ariari - Guayabero, Caguán, Florencia, el Gran Magdalena y el Magdalena Medio. Yo soy la magistrada relatora de la investigación en el Magdalena Medio.

Llevamos más de tres años investigando. Hemos escuchado a los paramilitares que confesaron los hechos ya hace muchos años en Justicia y Paz; hemos contrastado lo que ellos dijeron con la versión de los militares, miembros de distintos batallones, de la Policía, un tercero civil y también con cientos de documentos oficiales que encontramos en los archivos del Batallón de Inteligencia Táctica No 2, del Batallón de Inteligencia Nueva Granada, del Batallón de Contraguerrillas No 45 y del Comando Especial de la Policía también de la región.

RC: ¿Cuál es el hallazgo central?

CD: es la alianza estratégica entre altos oficiales del Ejército, (del Batallón de Inteligencia No 2, el Batallón Nueva Granada, el Batallón de Contraguerrillas), y algunos miembros de la Policía con los paramilitares de Camilo Morantes, jefe de las Autodefensas de Santander y del Cesar, y luego con el Bloque Central Bolívar.

De hecho, comandantes del Batallón de Inteligencia No 2, fueron los que buscaron al propio Camilo Morantes para convencerlo de que viniera a Barrancabermeja porque, según los oficiales del Batallón de Inteligencia, la guerrilla los tenía acantonados en las instalaciones militares, no tenían real operatividad militar en el territorio y necesitaban a los paramilitares para expulsar a las guerrillas de la ciudad.

Esta alianza surge tanto del Batallón de Inteligencia No 2, adscrito a la Brigada 20 del Ejército, como del propio capitán retirado José Eduardo González Sánchez, que luego fue funcionario del área de seguridad de la refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja y después mando paramilitar.

En esos dos lugares y alrededor de esos dos grupos de personas claves se articuló esta alianza estratégica que desató luego el patrón de masacres, asesinatos, desapariciones forzadas y actos de persecución contra la USO y contra la ONG Credhos.

RC: ¿Cuántas personas fueron imputadas y quiénes son?

CD: son nueve militares, tres policías y este antiguo funcionario de Ecopetrol, que fue al tiempo capitán del Ejército y luego se vinculó como capitán retirado a Ecopetrol. Después asumió como mando paramilitar. (Ver nombres aquí)

 

RC: ¿Qué dimensión tuvo el patrón de masacres documentado por la JEP?

CD: hay masacres que son muy emblemáticas, sobre las cuales ha habido muchos esfuerzos de justicia por parte de las víctimas y permanecen en la memoria y en el panorama de la población y de las instituciones. Una de ellas es la masacre del 16 de mayo del 98, que además marca la llegada de los paramilitares a la ciudad.

Las masacres tuvieron ese propósito, fueron un acto de terror para advertir: llegamos a la ciudad y esta es la manera en que nosotros operamos, esto es a sangre y fuego.

La masacre de febrero del 99 es también muy conocida. Las víctimas se han organizado y han hecho unos ejercicios de memoria y de justicia. Nosotros hemos documentado 14 masacres entre el 98, 99 y 2000, varias de ellas que son menos conocidas.

RC: Precisamente, ¿Qué encontró la JEP sobre la preparación de la incursión del 16 mayo de 1998?

CD: por un lado, los oficiales del Batallón de Inteligencia habrían llamado a Camilo Morantes, se habían reunido directamente con él, especialmente un coronel que no había sido ni siquiera identificado por la justicia ordinaria. Él compareció ante la JEP como el señor “Felipe”; Juvenal Ovidio Brugés Palmera era su nombre real. Fue clave para traer a la gente de Camilo Morantes, de las AUSAC a Barrancabermeja. 

Por otro lado, González Sánchez, el capitán retirado del Ejército que trabajaba en Ecopetrol. Había sido compañero de curso militar de Carlos García Fernández, alias  ‘Doble Cero’, que era oficial del Ejército y luego se volvió un alto mando paramilitar.

Y a través de García contactó a “Julián Bolívar” y Gustavo Alarcón, otro jefe paramilitar para relacionarlos con los comandantes del Batallón Héroes de Majagual (que estaba dentro de la refinería de Ecopetrol), y otros altos mandos militares. Varios de ellos ya están muertos, pero los coroneles Herrera y Prada, que fueron también centrales en esa alianza, están vivos y fueron imputados como máximos responsables. 

Se concertó la fecha de la incursión, se concertó la ruta de la incursión y la vía de salida. Constan pruebas detalladas sobre cómo se levantaron los retenes y cómo los grupos de reacción de la Policía, cuando las víctimas llamaron con toda la angustia de que sus familiares habían sido raptados, les dijeron que el competente para dar razón de sus seres queridos era el Ejército.

Al final, nadie acudió al reclamo de auxilio de las víctimas y solo se activó la respuesta de la Policía a las 4 de la mañana, cuando ya la masacre había ocurrido. Se habían llevado a las 25 personas al campamento de Morantes en San Rafael de Lebrija.

RC: ¿Qué encontró la JEP sobre esa advertencia y el papel del DAS?

CD: el rol del DAS nos llama la atención porque, por un lado, encontramos en los archivos un documento donde el DAS le comunica formalmente a las unidades militares, (ese documento incluso llega a la propia comandancia de la Quinta Brigada, al general Fernando Millán) que vendría una incursión paramilitar. El DAS se atreve a dar fechas, o sea, una ventana de tiempo; se atreve a dar nombres de los barrios; identifica a Camilo Morantes. El documento es muy impresionante.

Por otro lado, hay algunos comparecientes que dicen que se buscó también la coordinación con el DAS para que no hubiera reacción la noche de la masacre. Algunos dicen que el DAS accedió a eso, pero luego los habría traicionado,  se habría protegido y por eso habría enviado el documento de advertencia.

No imputamos a nadie del DAS; en realidad no encontramos pruebas para señalar a alguien de esa institución.

Carta enviada por el DAS al comandante del Batallón Nueva Granada, advirtiendo la inminencia de la masacre.

RC: ¿Quiénes fueron las víctimas de las masacres y las desapariciones?

CD:Documentamos que se usó el prejuicio sobre los barrios en donde había milicias del ELN o las FARC para justificar esos crímenes. Sabemos que ninguna de las víctimas en las masacres estaba armada, que nunca se dio un combate y que eran personas comunes y corrientes eh trabajadores, taxistas, transportadores, coteros, incluso una persona pues un un subgerente de una entidad bancaria.

RC: ¿Qué confesó José Eduardo González Sánchez sobre su relación con los paramilitares mientras trabajaba en Ecopetrol?

CD: confiesa que mientras era funcionario de Ecopetrol estaba en la nómina, primero de las AUSAC y luego del Bloque Central Bolívar. Y estar en la nómina significaba que recibía sumas económicas periódicas por los servicios que prestaba, que era aportar información y, especialmente, un servicio que era muy valorado por los paramilitares, que era ser el enlace con los militares.

Por eso decimos que González Sánchez, en realidad, actuó como una bisagra porque articulaba el mundo paramilitar con el mundo militar. Y eso lo hacía desde un punto de mucha cobertura institucional que era la empresa Ecopetrol.

No actuó por su cuenta o a título personal. Él actuó como funcionario de la empresa, se sirvió de la capacidad de contratación de la empresa, del nombre de la empresa, del acceso institucional que le garantizaba ser el segundo al mando del área de seguridad de la refinería. 

Refinería de Ecopetrol. Foto: Juan Carlos Contreras Medina.

RC: ¿En qué calidad fue imputado González Sánchez?

CD: En su persona concurre la calidad de antiguo miembro de la Fuerza Pública: es capitán retirado del Ejército. Y él fue también civil en Ecopetrol, y luego fue paramilitar.

Es una de estas personas que ya se conocían en el proceso de Justicia y Paz, que tenían, por decirlo de esta manera coloquial, varias camisetas. En todo caso, la JEP tiene competencia forzosa respecto de González Sánchez por ser capitán retirado del Ejército, pero además él se acogió voluntariamente a la JEP.

RC: ¿Cuál era el rol de González Sánchez como paramilitar dentro de Ecopetrol?

CD: Él usó su facultad como subjefe de seguridad para contratar a tres personas que luego infiltraron la USO. Uno de ellos lo escuchamos en testimonio, es John Alexander Vásquez, conocido como ‘Pepo’.

Hemos invitado a Ecopetrol a un diálogo restaurativo para presentarle los hallazgos de la investigación y poder conocer su visión de los hechos, de lo que ocurrió y participar en este diálogo restaurativo con las víctimas.

RC: ¿Hasta dónde pudo avanzar la investigación sobre otras personas de la estructura empresarial?

CD: González Sánchez dice que su tío, el oficial retirado Antonio Sánchez Vargas, quien había sido jefe de seguridad de Ecopetrol a nivel nacional, fue quien lo llevó a Barrancabermeja con la idea de contactar a los paramilitares para que hicieran la incursión en la ciudad.

Nosotros indagamos por la suerte del tío y por otros superiores de la empresa mencionadas en el proceso, pero todos están muertos. Y por eso la investigación no pudo ir más allá en cuanto al conocimiento que podrían tener otras personas de la estructura empresarial. 

RC: ¿Cómo se infiltró la Unión Sindical Obrera y para qué se utilizó la información obtenida?

CD: Especialmente “Pepo” contó en detalle cómo se les dieron grabadoras de periodista para ir a las asambleas de la USO, a las reuniones de la USO para  grabar lo que allí se decía; cómo se instruía para que se hicieran pasar como trabajadores comunes y corrientes, se afiliaran, pagaran las cuotas, tuvieran cercanía con las personas en el sindicato, ganarse su confianza para obtener información y pasarle la información a la empresa y a los militares.

Está documentado en el caso cómo varias personas que fueron asesinadas, miembros de la USO, aparecían en una lista que surgió de esa infiltración. El acopio de esa información sobre la USO, sobre las asambleas, sobre la visión que tenía el sindicato de las decisiones empresariales fue usada luego para asesinatos, desapariciones, amenazas que están en el marco de todo este patrón macrocriminal.

RC: ¿La investigación obtuvo nueva información sobre el paradero de las personas desaparecidas en la masacre del 16 de mayo de 1998?

CD: No. Desafortunadamente no tenemos más información de la que ya se conocía sobre que estas personas fueron llevadas al campamento de Camilo Morantes en San Rafael de Lebrija; que allí habrían durado unos cuatro días, habrían sido torturadas y se habría dado la orden de ejecutarlas. Después, habrían sido inhumadas en esos mismos predios. Pero no hay más información de la que ya se contaba en investigaciones. 

Víctimas de la masacre del 16 de mayo de 1998. Foto: Juan Carlos Contreras Medina.

RC: ¿Qué representa esta decisión para las víctimas de Barrancabermeja?

CD: Esto también es el resultado de décadas de búsqueda de verdad y justicia por parte de las víctimas.

Las víctimas han tocado todas las puertas, han recogido toda la información, han buscado incesantemente a las personas desaparecidas, han llevado el caso a todas las instancias posibles, nacionales e internacionales, han luchado siempre por la memoria de sus familiares, por el reconocimiento de sus familiares. Y yo creo que el resultado que mostramos hoy es un resultado que les corresponde a las víctimas, que es de ellas.

Esta investigación ha tenido muy en cuenta sus informes, sus observaciones, sus testimonios, sus preguntas, los vacíos que habían advertido. Y también creo que la investigación finalmente arroja verdad y confirma algunas de las cosas que las víctimas intuían o que se decían secretos a voces, pero que nunca habían sido determinadas judicialmente.

Hoy contamos con una determinación judicial sobre la responsabilidad que les cabe a los agentes del Estado, del máximo nivel en el territorio, por esta alianza criminal con los paramilitares, que desató un patrón de asesinatos, desapariciones y actos de persecución que cobró la vida de 473 personas en solo tres años.

Actualizado el: Mié, 09/02/2026 - 11:22