Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 14:43

En la madrugada del 10 de enero de 2021, en el municipio de Betania, ubicado en el Suroeste del departamento de Antioquia, tuvo lugar una masacre en la que fueron asesinadas tres personas, miembros de una misma familia. Fue la segunda masacre de este año en el país y ocurrió a eso de las 4 de la mañana en un sector conocido como La Cuarenta, en el casco urbano del municipio, donde tres hombres armados asesinaron a Jonathan de Jesús Acevedo Londoño, de 23 años; a su mamá, María Guillermina Londoño, de 42 años, y a su padrastro, Juan Gabriel Zapata Cano. En un video publicado en Infobae, el director de seguridad de la Policía de Betania le atribuyó la responsabilidad de esta masacre al Clan del Golfo y ofreció una recompensa por información de los responsables.

Según algunas personas del municipio con las que pudimos conversar, Jonathan vivía con su mamá, su padrastro y dos o tres hermanos más. Además, coinciden en que, al parecer, Johathan estaba involucrado en temas de microtráfico, iban a asesinarlo a él, y la mamá y el padrastro terminaron siendo víctimas cuando intentaron intervenir para evitar dicho asesinato. Marta*, una mujer que vive en Betania desde hace 19 años, y que conocía a la familia que fue víctima de esta masacre, asegura que como Jonathan, en Betania los jóvenes han sido las principales víctimas de homicidios y usualmente se rumora que los casos están relacionados con temas de microtráfico.

En esta versión coincide Brian Montoya, personero del municipio, quien agrega que en Betania hay utilización de niños, niñas y adolescentes en actividades asociadas a microtráfico. Los actores armados “incentivan el consumo de drogas en niños y jóvenes, regalándoles pequeñas dosis que van generando adicción, por lo que después estos jóvenes empiezan haciendo mandados y terminan formando parte de estas bandas”.

La principal actividad económica de este municipio es el cultivo y recolección de café, y respecto a la presencia de actores armados, lo que sucede en Betania obedece a un aspecto general del Suroeste antiqueño. Carlos Zapata, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación (IPC), asegura que esta subregión del departamento de Antioquia está en medio de una disputa por el control del microtráfico al interior de las haciendas cafeteras. Y lo que sucede es la “proyección de una violencia urbana que se había caracterizado por estar presente en el Valle de Aburrá y que desde hace unos cinco años, tiene una proyección constante hacia la región del Suroeste antioqueño”, explica Zapata, quien además asegura que “desde hace más de una década se viene volviendo a la población recolectora de café adicta al consumo de sustancias psicoactivas. Entonces lo que está sucediendo es que las organizaciones del Valle de Aburrá empezaron a trasladar plazas de vicio incluso directamente a fincas y haciendas cafeteras”.

Zapata explica que, al Suroeste antioqueño, en primer lugar llegaron las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, con combos del corregimiento San Antonio de Prado, de La Miel, del municipio de Caldas; combos de la Comuna Trece de Medellín, entre otros; pero hubo una ruptura y la gente de La Miel empezó a denominarse Clan del Golfo y a enfrentarse por el control del territorio contras las AGC. Además, hay presencia de la Oficina de Envigado, sobre todo con combos del oriente de Medellín. “Clan del Golfo” es un nombre que el Estado ha usado para referirse a las AGC, pero en este territorio específico ocurre la particularidad de que, debido a la ruptura entre los combos que inicialmente llegaron, unos continúan dándose a conocer como AGC y otros, los mencionados anteriormente, como Clan del Golfo.

Según Brian Montoya, en este municipio específicamente, hay presencia del “Clan del Golfo, la Oficina de Envigado y según la Alerta Temprana 044 de 2020, la Defensoría del Pueblo alerta de que estos actores están teniendo alianzas con el ELN, con el objetivo de generar un espacio más transnacional de narcotráfico para hacer una ruta de salida del centro del país hacia el Chocó y del Chocó poder generar el tránsito hacia México”.

Marta* asegura que durante la época de recolección de café, el ambiente se pone más tenso; “yo trabajaba en finca y cuando es época de recolección se pone muy complicado porque todos los días llega gente y uno no sabe quién es, ni a qué viene realmente. Si vienen a coger café, a trabajar o a cogerse información”. Ella misma cuando trabajaba en la finca, fue testigo de la llegada de personas que, según ella, tenían actitudes sospechosas, “llegaban dizque a trabajar, pero se iban para los cafetales, trabajaban dos o tres horas y el resto dormían, eso es muy raro porque los que recolectan café, trabajan de 6 a 6, porque saben que tiene que pagar la comida, que es cara”.

Adicional a esto, Brian Montoya asegura que en Betania se recrudece el conflicto en la época de recolección de café y coincide en que se debe a la oportunidad que esta época representa para los actores armados dedicados al microtráfico. “Betania es un municipio con aproximadamente 10 mil habitantes y en tiempos de cosecha podemos tener 15 o 20 mil, entonces las fincas cafeteras se volvieron un punto estratégico para bandas criminales, ya que allí se ubica un potencial para la venta y consumo de sustancias, sobre todo en fincas grandes que pueden albergar a cerca de 200 o 300 trabajadores.

Cuando indagamos por otras victimizaciones en el municipio, nos encontramos con que en Betania hay un alto número de asesinatos. En 2020, por ejemplo, fueron asesinadas 40 personas, lo mismo que en Andes, con la diferencia de que ese municipio tiene alrededor de 40 mil habitantes más. Diez de estas víctimas corresponden a cafeteros asesinados en una masacre en noviembre. Además, según Brian Montonya, hay desplazamientos forzados, utilización de niños, niñas y adolescentes, y amenazas, de las que la misma Marta* contó haber sido víctima en varias ocasiones.

*Nombre cambiado por razones de seguridad.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 14:17

El 25 de abril de 2021 en Andes, Antioquia, fue perpetrada la que sería la masacre 32 en Colombia, la segunda en ese municipio en lo corrido del año. Ocurrió en una finca del corregimiento La Chaparrala, en la vereda Quebrada Arriba, a unos 30 minutos del casco urbano. Al igual que en la masacre anterior en este municipio, las víctimas fueron cinco recolectores de café, que fueron sacados a orillas de la carretera por hombres armados y posteriormente asesinados. Hasta el momento han sido identificados tres de ellos: Arley Darío Morales, Alexander Sucerquia y Gilberto Arnoldo Higuita Sucerquia, ninguno era oriundo del municipio; de hecho dos de ellos habían llegado la noche anterior a la masacre. De las otras dos víctimas, solo se sabe que también eran hombres. Respecto a los posibles responsables, las autoridades del municipio no se han pronunciado.

Andes es un municipio ubicado en el Suroeste de Antioquia, una de las nueve subregiones en las que está dividido el departamento. Su principal actividad económica es el cultivo de café y para Carlos Zapata, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación (IPC), esta masacre y otras en el Suroeste antioqueño, se dan en medio de la disputa por el control del microtráfico al interior de las haciendas cafeteras. Y es producto de la “proyección de una violencia urbana que se había caracterizado por estar presente en el Valle de Aburrá y que desde hace unos cinco años, tiene una proyección constante hacia la región del Suroeste antioqueño”, explica Zapata, quien además asegura que “desde hace más de una década se viene volviendo a la población recolectora de café adicta al consumo de sustancias psicoactivas. Entonces lo que está sucediendo es que las organizaciones del Valle de Aburrá empezaron a trasladar plazas de vicio incluso directamente a fincas y haciendas cafeteras”.

Zapata explica que, al Suroeste antioqueño, en primer lugar llegaron las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, con combos del corregimiento San Antonio de Prado, de La Miel, del municipio de Caldas; combos de la Comuna Trece de Medellín, entre otros; pero hubo una ruptura y la gente de La Miel empezó a denominarse Clan del Golfo y a enfrentarse por el control del territorio contras las AGC. Además, hay presencia de la Oficina de Envigado, sobre todo con combos del oriente de Medellín. “Clan del Golfo” es un nombre que el Estado ha usado para referirse a las AGC, pero en este territorio específico ocurre la particularidad de que, debido a la ruptura entre los combos que inicialmente llegaron, unos continúan dándose a conocer como AGC y otros, los mencionados anteriormente, como Clan del Golfo.

Duvan Graciano, personero del municipio y Frank Vanegas, editor de orden público, paz y derechos humanos del medio de comunicación local Conexión Sur de Andes, coinciden en que en el municipio de Andes, el control del tráfico de estupefacientes lo ha tenido la Oficina de Envigado y la disputa, desde hace unos cinco años, se da porque el Clan del Golfo “está queriendo ingresar, con acciones muy crueles, a controlar las plazas en la zona rural y el casco urbano”, afirma Vanegas, además, Graciano explica que lo que está sucediendo en Andes, se relaciona con la problemática de Betania y Ciudad Bolívar, “yo lo denomino conflicto en diagonal, porque los municipios de Ciudad Bolívar, Betania y Andes, incluso Jardín, están ubicados en zona en diagonal hacia el departamento del Chocó, donde tiene un gran posicionamiento el Clan del Golfo. Andes, además, tiene fronteras con el departamento de Risaralda, por lo que es un municipio estratégico para corredores de narcotráfico. Entonces, lo que se viene presentando es una avanzada de grupos armados en el territorio, para tener el control del mismo y poder negociar con las rentas internas y las internacionales”.

Adicional a esto, Graciano explica que La Chaparrala, donde ocurrió la masacre, es un corregimiento estratégico porque existe baja presencia de la fuerza pública y de allí se mueven hacia el corregimiento de Tapartó y al de Santa Inés. También se van hacia el municipio de Betania y de Betania hacia el de Ciudad Bolívar.

Las épocas de recolección de café en el Suroeste antioqueño van de septiembre a diciembre de cada año, después hay un período de recolección de menor importancia, conocido como la traviesa. En Andes es aproximadamente entre abril y mayo de cada año y, según Frank Vanegas, son estos periodos en los que se presentan las masacres, aumentan los homicidios, el consumo de drogas, lícor y la prostitución, debido a que al municipio, de 50 mil habitantes, llegan aproximandante 5 mil personas oriundas de otros municipios y departamentos y “así es muy dificíl poder ejercer algún control”, además también aumenta la circulación de dinero en efectivo.

Cuando indagamos por otras victimizaciones en Andes, encontramos que hay extorsiones, desplazamiento de familias que no pagan las vacunas exigidas por los grupos armados ilegales, o que se van por miedo y amenazas. De hecho, el mismo día de esta masacre, una familia denunció que les pidieron 10 millones de pesos. Tuvieron que irse, escoltados por la Policía, porque no tenían con qué pagarlos. Además, recientemente se habla de desapariciones forzadas, por el hallazgo de un cuerpo enterrado en el patio de una casa, en una vereda del corregimiento. En 2020 hubo 40 homicidios y para el 7 de mayo de 2021, ya iban 31.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 14:13

El 17 de febrero de 2021 en Andes, Antioquia, fue perpetrada la que sería la masacre número 12 en Colombia, en lo corrido del año. El hecho ocurrió en la finca La Ilusión de la vereda La Vela. Allí, según una publicación de El Tiempo, llegaron cinco hombres armados, ingresaron al lugar donde dormían los trabajadores, recolectores de café, sacaron a seis de ellos y asesinaron a Carlos Arturo Marulanda, de 51 años, oriundo del Valle del Cauca; a Jesús Antonio García Marulanda, de 50 años, del municipio de Pereira; a Alexander Benítez, de 31 años, del municipio de Andes, y a dos hombres de los que, a la fecha de escribir este texto, no se conocían sus nombres ni lugares de origen. El sexto hombre, identificado como Filemón Rodríguez, de 37 años, quedó herido.

Andes es un municipio ubicado en el Suroeste de Antioquia, una de las nueve subregiones en las que está dividido el departamento. Su principal actividad económica es el cultivo de café y para Carlos Zapata, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación (IPC), esta masacre y otras en el Suroeste antioqueño, se dan en medio de la disputa por el control del microtráfico al interior de las haciendas cafeteras. Y es producto de la “proyección de una violencia urbana que se había caracterizado por estar presente en el Valle de Aburrá y que desde hace unos cinco años, tiene una proyección constante hacia la región del Suroeste antioqueño”, explica Zapata, quien además asegura que “desde hace más de una década se viene volviendo a la población recolectora de café adicta al consumo de sustancias psicoactivas. Entonces lo que está sucediendo es que las organizaciones del Valle de Aburrá empezaron a trasladar plazas de vicio incluso directamente a fincas y haciendas cafeteras”.

Zapata explica que, al Suroeste antioqueño, en primer lugar llegaron las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, con combos del corregimiento San Antonio de Prado, de La Miel, del municipio de Caldas; combos de la Comuna Trece de Medellín, entre otros; pero hubo una ruptura y la gente de La Miel empezó a denominarse Clan del Golfo y a enfrentarse por el control del territorio contras las AGC. Además, hay presencia de la Oficina de Envigado, sobre todo con combos del oriente de Medellín. Esta masacre, según la publicación de El Tiempo, la Policía se la atribuyó al Clan del Golfo y hasta el momento de escribir este texto, no se conocían avances en la investigación. “Clan del Golfo” es un nombre que el Estado ha usado para referirse a las AGC, pero en este territorio específico ocurre la particularidad de que, debido a la ruptura entre los combos que inicialmente llegaron, unos continúan dándose a conocer como AGC y otros, los mencionados anteriormente, como Clan del Golfo.

Duvan Graciano, personero del municipio y Frank Vanegas, editor de orden público, paz y derechos humanos del medio de comunicación local Conexión Sur de Andes, coinciden en que en el municipio de Andes, el control del tráfico de estupefacientes lo ha tenido la Oficina de Envigado y la disputa, desde hace unos cinco años, se da porque el Clan del Golfo “está queriendo ingresar, con acciones muy crueles, a controlar las plazas en la zona rural y el casco urbano”, afirma Vanegas, además, Graciano explica que lo que está sucediendo en Andes, se relaciona con la problemática de Betania y Ciudad Bolívar, “yo lo denomino conflicto en diagonal, porque los municipios de Ciudad Bolívar, Betania y Andes, incluso Jardín, están ubicados en zona en diagonal hacia el departamento del Chocó, donde tiene un gran posicionamiento el Clan del Golfo. Andes, además, tiene fronteras con el departamento de Risaralda, por lo que es un municipio estratégico para corredores de narcotráfico. Entonces, lo que se viene presentando es una avanzada de grupos armados en el territorio, para tener el control del mismo y poder negociar con las rentas internas y las internacionales”.

Las épocas de recolección de café en el Suroeste antioqueño van de septiembre a diciembre de cada año, después hay un período de recolección de menor importancia, conocido como la traviesa. En Andes es aproximadamente entre abril y mayo de cada año y, según Frank Vanegas, son estos periodos en los que se presentan las masacres, aumentan los homicidios, el consumo de drogas, lícor y la prostitución, debido a que al municipio, de 50 mil habitantes, llegan aproximandante 5 mil personas oriundas de otros municipios y departamentos y “así es muy dificíl poder ejercer algún control”, además también aumenta la circulación de dinero en efectivo.

Cuando indagamos por otras victimizaciones en Andes, encontramos que hay extorsiones, desplazamiento de familias que no pagan las vacunas exigidas por los grupos armados ilegales, o que se van por miedo y amenazas, y recientemente se habla de desapariciones forzadas, por el hallazgo de un cuerpo enterrado en el patio de una casa, en una vereda del corregimiento. En 2020 hubo 40 homicidios y para el 7 de mayo de 2021, ya iban 31.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 14:12

Winston Prada Puentes, Heimer Ortiz Ballesteros, José Luis Vega Plata, Jesús Alberto Vega y Robinson Garay Barbos son las cinco víctimas de la que, según datos de Indepaz, sería la masacre número 17 perpetrada en Colombia en lo corrido de este 2021. Estos hombres, de entre 20 y 24 años, se encontraban la noche del sábado 6 de marzo en el billar Los Bienvenidos, ubicado en la vereda Oropoma del municipio de Ábrego, en Norte de Santander, cuando, en tres motocicletas, llegaron seis hombres encapuchados y armados. Uno de ellos, según el relato de algunos testigos, ingresó al lugar mientras los demás esperaban afuera y perpetró la masacre.

Según Marcos*, un hombre que por su trabajo frecuenta y conoce lo que sucede en Ábrego y sus corregimientos, los cinco hombres asesinados eran agricultores, pero uno de ellos “no estaba departiendo como los otros cuatro. Hablo de José Luis Vega Plata, quien estaba ahí porque la mujer atendía en el billar y él iba a recogerla”. Según le contó un sobreviviente de la masacre, al billar “entró un tipo, encañonó a uno de los que estaban ahí, miro alrededor y dijo: todos los que están aquí se van a morir, y empezó a disparar”. Marcos* también contó que algunos intentaron huir por las ventanas y que, además de los muertos, quedaron otros hombres heridos. Según una publicación de Infobae, los heridos fueron identificados como Diego Andrés Ortiz Guerrero de 20 años, José Julián Jiménez Coronel de 21 años, Deiby Sarabia Guevara de 21 años y Cristian Camilo Torrado Prada de 22 años, y fueron trasladados al hospital Noroccidental de Ábrego y al hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña.

Ábrego es un municipio que pertenece a la subregión del Catatumbo, ubicado en el noreste del departamento de Norte de Santander. Allí, según algunos medios de comunicación y el mismo Marcos*, hay presencia del Ejército de Liberación Nacional -ELN-, grupos residuales del Frente 33 de las Farc y el Ejército Popular de Liberación -EPL-, a quiénes se les conoce popularmente en la zona como Los Pelusos. Sin embargo, a la fecha de realizar esta entrevista, el 13 de mayo de 2021, las autoridades no habían señalado a ningún responsable y ninguno de estos actores armados ilegales se había adjudicado la masacre.

En esta zona, según explica Marcos*, hay un conflicto interno relacionado con el control de los cultivos ilícitos, el contrabando de combustible y, en un tercer nivel, el control de la minería ilegal. “Las guerrillas (ELN y EPL), que en años anteriores tenían acuerdos que incluían la división de las zonas donde podían estar y operar, el precio de compra y venta de la pasta de coca y las obligaciones que les correspondían a cada una, empezaron a tener problemas [...] porque los unos empezaron a querer comprar más barato y vender más caro de lo acordado, o empezaron a amenazar a las familias que les vendían al grupo contrario”, contó Marcos*, quien agregó que otro factor de discordia fue que al EPL lo empezaron a catalogar ya no como un grupo guerrillero sino paramilitar.

Tras la masacre, Diego Molano, ministro de Defensa de Colombia, fue al territorio para liderar un consejo de seguridad y en una rueda de prensa, dijo que “existían personas que aparentemente pertenecían a la organización criminal de Los Pelusos que estaban en el sitio”. Por estas declaraciones, Juan Carlos Vega, Deiner Ortiz y nueve familiares más de las víctimas de esta masacre, hicieron un video en el que le exigieron al ministro de Defensa retractarse. “Exigimos que limpien el nombre del hermano mío, que se retracten. Los compañeros que murieron ahí no son ninguno delincuente. Todos son trabajadores de la vereda. Son inocentes”, dijo Juan Carlos Vega, quien cuando ocurrieron los hechos, se encontraba en el billar con su hermano Jesús Alberto Vega, víctima de esta masacre. “Winston Prada era un muchacho trabajador, labrador del campo, un inocente que no se metía con ninguno. No es justo lo que están diciendo, señor ministro. Le exijo que se retracte de lo que dijo a nivel nacional. Ellos no eran ningunos guerrilleros como usted los está haciendo pasar. ¿Por qué dice eso sin ninguna justificación, sin haber investigado?”, añadió en el video el hermano de esta víctima, mientras los demás familiares entonaban: “le exigimos, le exigimos”.

El 25 de agosto de 2020, había ocurrido una masacre en la vereda de Capitanlargo, zona rural de Ábrego, que dejó a tres víctimas. Y en general, en la zona del Catatumbo, según Marcos*, hay secuestros, desapariciones forzadas, homicidios y estigmatización a personas que ejercen liderazgos o investigan más de la cuenta. “Aquí es difícil ser líder social porque si te metes con alguien que tiene poder, te amenazan o te matan. Tienes que atenerte a las consecuencias”, aseguró Marcos*, quien agregó que allí los grupos armados ilegales imponen castigos a quienes tienen conductas “indebidas”, castigos que pueden terminar en desplazamientos forzados. Además, “aquí los grupos armados ilegales hacen ‘limpiezas sociales’. Cuando hay robos o algo así la misma gente se los pide”, porque, explica Marcos*, el Estado no hace suficiente presencia en el territorio y terminan siendo los grupos armados ilegales los que intervienen.

*Nombre cambiado por seguridad de la persona entrevistada.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 14:11

El 2 de marzo de 2021 en Sumapaz fueron asesinados tres campesinos, dos de ellos en la vereda Chorreras y otro en el corregimiento de Alto del Duda. La primera muerte ocurrió en horas de la mañana, cuando dos hombres en motocicleta entraron a la casa de Pedro Damián Gonzáles de 45 años, y le dispararon con arma de fuego dos veces en su pecho.

La segunda a solo quince minutos del primer homicidio. Jimmy Rincón Blanco de 37 años, fue asesinado también con arma de fuego por los mismos dos hombres que irrumpieron en la casa de Pedro Damián. Ambos se dedicaban a las labores del campo desde hace varios años en la vereda Chorreras. Y el tercer asesinato fue el de Alexis Torres, un días después, en el corregimiento de Alto Duna, -zona limitrofe con el deparamento del Meta, cerca al río Duda- en límites con el páramo de Sumapaz y el municipio Uribe.

Las autoridades encontraron una moto abandonada a 40 minutos del lugar donde se registraron los dos primeros asesinatos, pero hasta el momento no se ha establecido quiénes fueron los autores, y las razones que motivaron estos hechos. Según la ONG Indepaz, la localidad de Sumapaz cuenta con la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo y bandas criminales locales.

Algunas organizaciones sociales, campesinas, ambientales, y diferentes procesos organizativos de Sumapaz, se pronunciaron a traves de radiomacondo.com, en rechazó el asesinato de campesinos que “historicamente han estado asentados en el Paramo de Sumpaz (...) rechazamos todo acto violento y toda acción en contra la dignidad y la vida,exigimos la más rigurosa investigación para establecer los hechos criminales que hoy enluta a la familia y la comunidad”.

La alcaldesa Claudia López dijo a El Espectador, que la hipótesis sobre quiénes fueron los responsables y las razones de su asesinato, “se debe es que hay enfrentamiento entre disidencias de las Farc. Por un lado estaría el grupo liderado por Gentil Duarte y, por el otro La Segunda Marquetalia, dirigidas por Santrich e Iván Márquez. (...) Tenemos zozobra e intimidaciones promovidas por grupos armados en la zona fronteriza con Bogotá, en la región del Duda. No tenemos evidencia de que estén en Sumapaz, pero sí están entrando a intimidar a nuestros ciudadanos, y a quienes se negaron a asistir a las citaciones, al parecer, fueron los que asesinaron”.

La alcaldesa también dijo para este medio, que otra de las razones que pudo signficar el asesinato de estos tres campesinos, se debe a que en la zona han sido entregados algunos predios por parte de la extinta guerrilla, para la reparación de víctimas, y uno de ellos está entre Chorreras y Lagunitas.

Históricamente Sumapaz a raíz de su posición geográfica, sobre la cordillera Oriental, ha sido una zona estratégica para los grupos armados en Colombia. Llegó a albergar a algunos grupos insurgentes, como La Caucha o Casa Verde de las Farc, quienes buscaron senderos que conectaran con el cañón del río Duda, en La Uribe, Meta. El Espectador documentó que por allí transitaron durante “mucho tiempo el Estado Mayor Central de la guerrilla pues además de ser un corredor ideal para el traslado de tropas y víveres, también lo era para llevar secuestrados hasta el sur del país”. Además, su historia ha estado marcada por la lucha agraria, y la organización campesina, liderada por Erasmo Valencia y Juan de la Cruz Varela, entre los años 40 y 50, de la que surgió el Partido Nacional Agrario.

Pero además, ha existido poca presencia del Estado y de eso da cuenta la comunidad, al explicar que existe poco desarrollo vial, por ende aún la forma de transitar el territorio en buena medida, aún se realiza por trocha. Hasta hace dos años recogen sus basuras, y durante los últimos seis meses la Alcaldía de Bogotá tiene sede en la localidad. También explican, que a pesar de que Sumapaz ha sido fuertemente golpeada por el conflicto armado, desde el 2019, no se presentaba ningún hecho de violencia contra sus habitantes, hasta el 2 de marzo de 2021. Ese día, tres personas fueron asesinadas en la vereda Chorreros y en el alto del Duda, donde aún se desconoce quienes fueron los responsables, y qué grupos armados se encuentran en la región.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 14:09

El jueves 22 de abril de 2021, en horas de la tarde, fueron asesinadas tres personas en la vereda El Águila, a treinta minutos de Cartagena del Chairá, Caquetá. Las víctimas fueron Wílmer Enrique Álvarez Medina, firmante del acuerdo de paz, que se encontraba en proceso de reincorporación y compareciente ante la JEP, y las otras dos, Arlinton Bravo y Julián Oviedo Tique.

Sus cuerpos fueron hallados con varios impactos de arma de fuego a la altura de la cabeza y boca abajo. Sobre uno de ellos pendía un letrero que decía: “Por extorsionistas e intimidadores a la población civil, a nombre de las Farc-Ep”. Según la ONG Indepaz, esta sería la masacre número 29 en Colombia durante el 2021.

Algunos medios locales como Chairá Estéreo y Canal Chairense, señalan que sus muertes podrían adjudicarse al grupo armado residual Bloque Suroriental, comandado por Gentil Duarte e Iván Mordisco, quien se disputa el territorio con la Segunda Marquetalia. Tras la muerte de Álvarez Medina, Colombia sumó un total de 276 asesinatos a nivel nacional, de exguerrilleros firmantes del acuerdo de paz, y 26 en lo que va del 2021.

Quince días más tarde, el 6 de mayo, también se registró en Cartagena del Chairá, vereda El Guamo, el asesinato de dos hombres. Uno de ellos, explican desde la MAPP OEA, era primo de Wílmer Medina, y su nombre era Javier Cediel Ramirez. Aún no se ha podido establecer la identidad del otro hombre.

El municipio de Cartagena del Chairá, por ser un territorio selvático, y San José del Fragua, al hacer parte de la bota caucana, y encontrarse cerca a la frontera con el Putumayo, junto al río Caquetá —principal afluente para transportar marihuana desde el Cauca hasta Brasil—, ambos se han convertido en lugares estratégicos para desarrollar la compra y venta de pasta de coca.

En el Caquetá actualmente operan el grupo armado residual Gentil Duarte e Iván Mordisco, en los municipios de Rionegro, San Vicente del Caguán, Remolino, y Cartagena del Chairá, algunos bajo el mando de su Frente Carolina Ramirez. Además de Comandos de la Frontera, la Segunda Marquetalia y del grupo armado delincuencial Los Caqueteños.

El río Caquetá es disputado por el frente Gentil Duarte e Iván Mordisco, y el grupo armado residual, Comandos de la Frontera, —conformado por algunas disidencias de las Farc-Ep, y miembros del grupo paramilitar Bloque Putumayo, junto a la Segunda Marquetalia—quien el pasado 15 de marzo de 2021, Comandos de la Frontera o Comandos Defensores de Frontera, Ejercito Bolivariano, anunció su unión a la Segunda Marquetalia, en un video conocido a través de la antigua pagina web de la guerrilla Farc-Ep, donde Comandos explicaba los motivos de su alianza.

Esta reconfiguración y expansión por el territorio, ha hecho que aumenten los casos de reclutamiento a menores en el país, y el departamento, especialmente en Solano, Cartagena del Chairá y Florencia, por lo que cada vez son más jóvenes quienes comandan estos grupos. Prueba de ello, ha sido la captura de María Edith Hurtado Ramón, alias ‘Marcela’, el pasado 6 de abril de 2021, quien reclutaba menores de edad para sumarlos a las filas del grupo armado organizado Carlos Patiño, en el Cauca.

Algunos grupos defensores de derechos humanos han denunciado que uno de los grupos que se disputa el Caquetá, trabaja con bandas delincuenciales en Florencia, como “La Constru”, “Los Escorpiones”, “Los Cobra” y “los Azules”. Convirtiéndose en su brazo sicarial y de control urbano en los centros poblados.También los desplazamientos y asesinatos selectivos que han ocurrido en la región.

El pueblo misak en febrero de 2020, fue desplazado de su resguardo El Águila, en el municipio de Solano, un mes antes de la pandemia, y desde entonces se encuentra asentado en el coliseo del municipio. Además, ese mismo año fueron asesinados el esposo e hijo de la presidenta de una junta de acción comunal en San José del Fragua, y Comandos de la Frontera, asesinó frente a toda la comunidad, algunos de sus miembros para sembrar miedo.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 14:07

El 10 de enero de 2021 en horas de la madrugada, fueron asesinados tres jóvenes campesinos, en la gallera El Picotazo de la vereda El Mochilero, corregimiento de Santo Domingo en Florencia, Caquetá, sobre la vía que comunica a este municipio con el de Morelia. Solo se conoce hasta el momento la identidad de dos de las tres víctimas: Yulián Sánchez y Kevin Mavesoy, reconocidos por su trabajo como caballistas.

La comunidad explica que un grupo de cuatro hombres armados sin mediar palabra, irrumpió en el lugar en una motocicleta y empezó a disparar contra quienes se encontraban allí, causando graves heridas a siete personas, que tuvieron que ser trasladadas al Hospital María Inmaculada, en Florencia. Se desconoce su estado de salud actual.

En la gallera se encontraban cerca de cincuenta personas departiendo, y dentro de las víctimas estarían hermanos, primos y conocidos de una misma familia. Aún se desconoce a los responsables, y la presencia de los grupos armados no es clara y constante en la zona.

En el Caquetá actualmente operan el grupo armado residual Gentil Duarte e Iván Mordisco, en los municipios de Rionegro, San Vicente del Caguán, Remolino, y Cartagena del Chairá, algunos bajo el mando de su Frente Carolina Ramirez. Además de Comandos de la Frontera, la Segunda Marquetalia y del grupo armado delincuencial Los Caqueteños.

El río Caquetá es disputado por el frente Gentil Duarte e Iván Mordisco, y el grupo armado residual, Comandos de la Frontera, —conformado por algunas disidencias de las Farc-Ep, y miembros del grupo paramilitar Bloque Putumayo, junto a la Segunda Marquetalia—quien el pasado 15 de marzo de 2021, Comandos de la Frontera o Comandos Defensores de Frontera, Ejercito Bolivariano, anunció su unión a la Segunda Marquetalia, en un video conocido a través de la antigua pagina web de la guerrilla Farc-Ep, donde Comandos explicaba los motivos de su alianza.

Esta reconfiguración del conflicto y la expansión de grupos armados por el territorio, ha hecho que aumenten los casos de reclutamiento a menores en el país, y el departamento, especialmente en Solano, Cartagena del Chairá y Florencia, por lo que cada vez son más jóvenes quienes comandan estos grupos. Prueba de ello, ha sido la captura de María Edith Hurtado Ramón, alias ‘Marcela’, el pasado 6 de abril de 2021, quien reclutaba menores de edad para sumarlos a las filas del grupo armado organizado Carlos Patiño, en el Cauca.

Algunos grupos defensores de derechos humanos han denunciado que uno de los grupos que se disputa el Caquetá, trabaja con bandas delincuenciales en Florencia, como “La Constru”, “Los Escorpiones”, “Los Cobra” y “los Azules”. Convirtiéndose en su brazo sicarial y de control urbano en los centros poblados.

También los desplazamientos y asesinatos selectivos que han ocurrido en la región. El pueblo misak en febrero de 2020, fue desplazado de su resguardo El Águila, en el municipio de Solano, un mes antes de la pandemia, y desde entonces se encuentra asentado en el coliseo del municipio. Además, ese mismo año fueron asesinados el esposo e hijo de la presidenta de una junta de acción comunal en San José del Fragua, y Comandos de la Frontera, asesinó frente a toda la comunidad, algunos de sus miembros para sembrar miedo.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 14:06

Tres personas fueron asesinadas el 17 de junio de 2021, en el municipio de San José del Fragua, mientras viajaban en lancha rumbo a el municipio de Piamonte, en el departamento del Cauca. Fueron interceptados por hombres armados, mientras navegaban sobre las aguas del río Zabaleta, donde al parecer, unos meses atrás, uno de los tripulantes había sido amenazado por Comandos de la Frontera, por estar transportando pasta de coca proveniente del Frente Carolina Ramirez.

Las víctimas fueron Armando Núñez, comerciante, su esposa Lorena Andrea Escobar y el lanchero, Duver Escarpeta. Dos de los cuerpos fueron recuperados del río. La comunidad señala que, un mes antes a la masacre, circulaba un panfleto con los nombres de algunas personas que vivían del comercio de la pasta de la coca, y eran señalados de colaborar con el grupo armado Carolina Ramirez, que hace parte de las disidencias de Gentil Duarte.

Una semana más tarde, el 24 de marzo, cinco personas fueron asesinadas en las zona rural de San José del Fragua, en las veredas Fragüita y Zabaleta. Según el diario El Tiempo, las autoridades adelantan investigaciones respecto a lo ocurrido, y consideran que estos estos hechos podrían estar relacionados con el control territorial y la reconfiguraciòn de los grupos armados ilegales que se disputan el control del municipio y departamento.

En 2020 también se presentaron otros hechos victimizantes contra sus habitantes. Fueron asesinados el esposo e hijo de la presidenta de una junta de acción comunal allí, y Comandos de la Frontera, frente a toda la comunidad, le quitó la vida a algunos de sus miembros para sembrar miedo.

San José del Fragua, al hacer parte de la bota caucana, y encontrarse cerca a la frontera con el Putumayo, junto al río Caquetá —principal afluente para transportar marihuana desde el Cauca hasta Brasil—, junto a Cartagena del Chairá, un territorio selvático, ambos se han convertido en lugares estratégicos para desarrollar la compra y venta de pasta de coca.

En el Caquetá actualmente operan el grupo armado residual Gentil Duarte e Iván Mordisco, en los municipios de Rionegro, San Vicente del Caguán, Remolino, y Cartagena del Chairá, algunos bajo el mando de su Frente Carolina Ramirez. Además de Comandos de la Frontera, la Segunda Marquetalia y del grupo armado delincuencial Los Caqueteños.

El río Caquetá es disputado por el frente Gentil Duarte e Iván Mordisco, y el grupo armado residual, Comandos de la Frontera, —conformado por algunas disidencias de las Farc-Ep, y miembros del grupo paramilitar Bloque Putumayo, junto a la Segunda Marquetalia—quien el pasado 15 de marzo de 2021, Comandos de la Frontera o Comandos Defensores de Frontera, Ejercito Bolivariano, anunció su unión a la Segunda Marquetalia, en un video conocido a través de la antigua pagina web de la guerrilla Farc-Ep, donde Comandos explicaba los motivos de su alianza.

Esta reconfiguración y expansión por el territorio, ha hecho que aumenten los casos de reclutamiento a menores en el país, y el departamento, especialmente en Solano, Cartagena del Chairá y Florencia, por lo que cada vez son más jóvenes quienes comandan estos grupos. Prueba de ello, ha sido la captura de María Edith Hurtado Ramón, alias ‘Marcela’, el pasado 6 de abril de 2021, quien reclutaba menores de edad para sumarlos a las filas del grupo armado organizado Carlos Patiño, en el Cauca.

Algunos grupos defensores de derechos humanos han denunciado que uno de los grupos que se disputa el Caquetá, trabaja con bandas delincuenciales en Florencia, como “La Constru”, “Los Escorpiones”, “Los Cobra” y “los Azules”. Convirtiéndose en su brazo sicarial y de control urbano en los centros poblados.

Además del desplazamiento del pueblo misak en febrero de 2020, que hubo de salir de su resguardo El Águila, en el municipio de Solano, un mes antes de la pandemia, y desde entonces se encuentra asentado en el coliseo del municipio.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 14:03

Cuatro jóvenes oriundos de El Bordo y Pan de Azúcar, del municipio de Patía, Cauca, entre 23 y 25 años de edad, desde el viernes 29 de enero de 2021, se encontraban desaparecidos. Sus cuerpos fueron hallados el 1 de febrero en la vereda El Naranjal, corregimiento El Ejido, Policarpa, Nariño.

Viajaron a la región en busca de oportunidades laborales, pero según advertencias de la comunidad, los grupos armados presentes en la zona, cada ocho o quince días censan a la comunidad, por lo que esa pudo ser la razón por la que el carro en que se transportaban fue abordado por uno de ellos, y los jóvenes asesinados.

Tres de sus cuerpos fueron hallados por la comunidad al interior de la camioneta y uno amarrado junto a ella, sobre un abismo. Las víctimas son Yulieth Mellizo, Julián David Ortiz Hoyo, Daniel Felipe Paz y Fabio Alejandro Navia.

Una de las madres de los jóvenes dijo para RCN Radio que su hijo se encontraba trabajando en esa zona con uno de sus primos y otros amigos y que empezaron a buscarlos. “Nos dimos cuenta porque la mamá del primo de mi hijo me informó que no habían llegado a la casa, entonces nos pusimos a ver qué había pasado. Yo empecé a escribirle y él se había conectado como a las 3 de la mañana y nunca más me habló, no respondió los mensajes”. El coronel Nelson Parrado de Nariño, dijo que Medicina Legal determinó que varios impactos de bala ocasionaron la muerte de de los jóvenes.

El 10 de enero también en Policarpa, murieron dos menores de 14 años, en la vereda Peñas Blancas, después de pisar un campo minado. Sus nombres eran Cristián Camilo García Meneses y Josepth Esteban Chaves Martínez.

La explicación a esta masacre y el regreso de las minas antipersonal, también radica en que dado a las particularidades geográficas del departamento, la presencia de actores armados ha aumentado, y así su control sobre la población.

El Nariño cuenta con un corredor estratégico, que va desde la Cordillera Occidental, hacia el cordón fronterizo colombo-ecuatoriano, y desde la Cordillera Central, hasta el Triángulo de Telembí, en la costa pacífica nariñense, donde los grupos ilegales han conseguido poco a poco ocupar y disputarse el territorio.

Según la Fundación Desarrollo y Paz, Fundepaz, organización defensora de derechos humanos y promotora del desarrollo sostenible en Colombia, quienes delinquen en Nariño son grupos armados organizados como el Eln y el Clan del Golfo (aliado del Frente Oliver Sinisterra), grupos armados organizados residuales, conocidos como el Frente Oliver Sinisterra, Bloque Alfonso Cano y Los Contadores, y los grupos armados delincuenciales, llamados Los Negritos y Cordillera Sur.

La Segunda Marquetalia se encuentra en las zonas de cordillera, desde donde pretende ingresar al Cauca, a través del municipio de Santa Bárbara de Iscuandé y Magüi Payán —frontera con el Ecuador y el Océano Pacífico—, hacia el río Patía. También están presentes sobre la costa pacífica, especialmente sobre el río Mejicano, y el Mira, cerca a Tumaco, donde hay presencia de Los Contadores y el frente Gentil Duarte, con quien además de disputarse el control territorial, pelean el reconocimiento historico y politico de la extinta guerrilla Farc-Ep.

En el Triángulo de Telembí hay presencia del Ejército de Liberación Nacional, Eln, y en los municipios del Charco, Santa Bárbara y Magüi Payán, del Clan del Golfo, a cargo de Erlein Valencia Villa, alias ‘El Morocho’, aunque ahora está bajo el mando de alias ‘Matamba’, quien sembró terror en Policarpa, El Rosario y Leiva un par de años atrás.

La disputa entre el Frente Oliver Sinisterra y el Bloque Alfonso Cano, han afectado fuertemente los municipios de Roberto Payán, Magüi Payán, Olaya Herrera y El Charco. Por lo que su presencia no solo ha reconfigurado el conflicto en la región, y la disputa de las rutas del narcotráfico en Nariño, sino también que han aumentado los hechos victimizantes contra la población.

La Defensoría del Pueblo reportó una masacre el 15 de agosto de 2020, que cobró la vida de ocho personas en la vereda Santa Catalina, del municipio de Samaniego. El 9 de diciembre del mismo año, alertó que más de 4.000 personas estaban confinadas por el conflicto armado y reportó 43 desplazamientos que afectaron a 14 mil personas en todo el departamento, y ha emitido desde 2017, cerca de 161 alertas tempranas ante el aumento del reclutamiento y la violencia sexual contra menores —donde algunas de las jovenes reclutadas son convertidas en esclavas sexuales— ,especialmente en la costa pacifica.

Así mismo, registró que el 13 de enero de 2021 fueron desaparecidas 11 personas provenientes de Tumaco, cuando iban rumbo al municipio de Mosquera. Días más tarde, el 20 de enero, 99 familias afrodescendientes llegaron al municipio de Roberto Payán tras ser desplazadas de su comunidad en Cocal, Barbacoas. Además, hasta la fecha se han reportado 3.141 personas desaparecidas, y 57 desplazamientos masivos.

La ONG Indepaz, durante el primer semestre de 2021, ha registrado seis masacres en Nariño, dos de ellas en Tumaco, y las demás en Policarpa, Roberto Payán, Sotomayor y Samaniego.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 14:01

El domingo 31 de enero de 2021 fueron halladas tres fosas comunes, con cinco cuerpos, en el corregimiento de Sanchéz, vereda Fátima, en límites entre los municipios de Olaya Herrera, Satinga y Roberto Payán, Nariño. Según medios regionales, las víctimas habrían sido asesinadas el 30 de enero, tras emprender un viaje desde el corregimiento de Zaragoza de López de Micay, Cauca, para trabajar.

La lancha en la que se movilizaban fue abordada por un grupo armado, en medio de lo que parecía un retén. Solo una persona sobrevivió al ataque, e informó a la base militar que se encontraba en la zona lo ocurrido —sobre las seis de la tarde— y los condujo hasta el lugar de los hechos. Esto facilitó el hallazgo de los cuerpos.

Las víctimas fueron Jimmy Jairo Triviño, Jairo Renteria Riascos, Javier Castro, Luis Eduardo Valencia y James Rosendo, quienes tras ser asesinados con arma de fuego, sus cuerpos fueron enterrados entre Roberto Payán y el Charco, Nariño, ruta de salida al Pacifico nariñense donde delinquen grupos armados como el frente Oliver Sinisterra, el Eln y Los Contadores, estructura heredera del narcotráfico en la zona.

La Fuerza de Tarea Conjunta de Estabilización y Consolidación Hércules, junto a la Brigada de Infantería de Marina y en coordinación con la Policía Judicial, a través de un comunicado emitido el 1 de febrero de 2021, dijeron encontrarse adelantando el proceso de investigación para esclarecer si los cuerpos encontrados corresponden con las personas reportadas como desaparecidas el día 13 de enero, además de establecer quiénes fueron los responsables.

La disputa entre el Frente Oliver Sinisterra y el Bloque Alfonso Cano, ha afectado durante el último año al municipio de Roberto Payán, y se ha sumado con la séptima masacre en Colombia durante su primer mes del año 2021.

El Nariño, a causa de sus particularidades geográficas, ha significado para el negocio del narcotráfico una zona estratégica. Cuenta con un corredor estratégico, que va desde la Cordillera Occidental, hacia el cordón fronterizo colombo-ecuatoriano, y desde la Cordillera Central, hasta el Triángulo de Telembí, en la costa pacífica nariñense, donde los grupos ilegales han conseguido poco a poco ocupar y disputarse el territorio.

Según la Fundación Desarrollo y Paz, Fundepaz, organización defensora de derechos humanos y promotora del desarrollo sostenible en Colombia, quienes delinquen en Nariño son grupos armados organizados como el Eln y el Clan del Golfo (aliado del Frente Oliver Sinisterra), grupos armados organizados residuales, conocidos como el Frente Oliver Sinisterra, Bloque Alfonso Cano y Los Contadores, y los grupos armados delincuenciales, llamados Los Negritos y Cordillera Sur.

La Segunda Marquetalia se encuentra en las zonas de cordillera, desde donde pretende ingresar al Cauca, a través del municipio de Santa Bárbara de Iscuandé y Magüi Payán —frontera con el Ecuador y el Océano Pacífico—, hacia el río Patía. También están presentes sobre la costa pacífica, especialmente sobre el río Mejicano, y el Mira, cerca a Tumaco, donde hay presencia de Los Contadores y el frente Gentil Duarte, con quien además de disputarse el control territorial, pelean el reconocimiento historico y politico de la extinta guerrilla Farc-Ep.

En el Triángulo de Telembí hay presencia del Ejército de Liberación Nacional, Eln, y en los municipios del Charco, Santa Bárbara y Magüi Payán, del Clan del Golfo, a cargo de Erlein Valencia Villa, alias ‘El Morocho’, aunque ahora está bajo el mando de alias ‘Matamba’, quien sembró terror en Policarpa, El Rosario y Leiva un par de años atrás.

Además, los enfrentamientos entre el Frente Oliver Sinisterra y el Bloque Alfonso Cano, además de afectar a Roberto Payán, también han afectado a Magüi Payán, Olaya Herrera y El Charco. Por lo que su presencia no solo ha reconfigurado el conflicto en la región, y la disputa de las rutas del narcotráfico en Nariño, también ha aumentado los hechos victimizantes contra la población.

La Defensoría del Pueblo reportó una masacre el 15 de agosto de 2020, que cobró la vida de ocho personas en la vereda Santa Catalina, del municipio de Samaniego. El 9 de diciembre del mismo año, alertó que más de 4.000 personas estaban confinadas por el conflicto armado y reportó 43 desplazamientos que afectaron a 14 mil personas en todo el departamento, y ha emitido desde 2017, cerca de 161 alertas tempranas ante el aumento del reclutamiento y la violencia sexual contra menores —donde algunas de las jovenes reclutadas son convertidas en esclavas sexuales— ,especialmente en la costa pacifica.

Así mismo, registró que el 13 de enero de 2021 fueron desaparecidas 11 personas provenientes de Tumaco, cuando iban rumbo al municipio de Mosquera. Días más tarde, el 20 de enero, 99 familias afrodescendientes llegaron al municipio de Roberto Payán tras ser desplazadas de su comunidad en Cocal, Barbacoas. Además, hasta la fecha se han reportado 3.141 personas desaparecidas, y 57 desplazamientos masivos.

La ONG Indepaz, durante el primer semestre de 2021, ha registrado seis masacres en Nariño, dos de ellas en Tumaco, y las demás en Policarpa, Roberto Payán, Sotomayor y Samaniego.