Arauca: un nuevo ciclo de violencia con más actores en medio de los problemas de frontera
El 21 de marzo de 2021, en el estado venezolano de Apure, los militares del vecino país emprendieron una serie de ataques contra, según se dijo en ese momento, guerrilleros colombianos de grupos residuales de las FARC que operan en la frontera. La campaña militar y la posterior reacción de la facción disidente fue tan violenta que alrededor de 5.000 civiles venezolanos salieron huyendo de sus hogares, cruzaron el río Arauca y llegaron a Colombia, al municipio de Arauquita, buscando refugio.
En adelante, la crisis humanitaria en el departamento fronterizo se ha complejizado de manera más aguda, no solo por la violencia continua que se vive a lado y lado de la frontera y las difíciles condiciones bajo las cuales deben migrar los ciudadanos venezolanos, sino por la propia situación de orden público que históricamente ha padecido Arauca. Los ataques del ELN, las disidencias y las bandas criminales que ejercen control en el territorio siguen dejando, cada semana, víctimas civiles y de la fuerza pública. Todo esto en medio de un fuerte estigma contra la población y el liderazgo social, que se refleja en una violencia, también histórica, por parte de los agentes del Estado.
Sumado a lo anterior, en julio del 2021, los araucanos vivieron semanas de zozobra por cuenta del crudo invierno que vivió el departamento y que lo dejó sin el servicio de luz durante 14 días y prácticamente incomunicado, pues las fuertes lluvias provocaron afectaciones en vías primarias, secundarias y terciarias de los municipios de Fortul, Arauquita y Saravena.
La alerta sobre el departamento es máxima y aún así la respuesta del Estado es insuficiente, pues como lo dijo un representante de una organización social del territorio, “la institucionalidad solo hace presencia con la bota militar”. Así lo confirma Miguel Zúñiga, investigador de la Comisión de la Verdad en la territorial de Arauca, quien explica que en Arauca “el Estado ha comprendido su presencia a través de la fuerza militar, proyectos sociales escasos no diferenciados de acuerdo al territorio y con intereses del cuidado del petróleo. Además de un gobierno local muchas veces permeado por el fenómeno de la corrupción”.
De acuerdo con datos de la encuesta de (NBI), en el municipio de Arauca el 31,56% de la población vive con NBI; en Cravo Norte el 29,83%, en Fortul el 34,45%; en Puerto Rondón el 23,09%; en Saravena el 27,95%; en Tame el 30,12%, y en Arauquita, hogar del campo petrolero Caño Limón que produce a diario entre 180.000 y 200.000 barriles, el 41,56% de su población vive con sus necesidades básicas insatisfechas. “Siempre la pregunta es ¿y qué pasó con el dinero de las regalías? Pues la mayoría se la robaron. Con esos recursos deberíamos estar en otras condiciones de vida”, así lo expresó el representante de una organización social presente en Arauca.
“En los últimos cuatro años hemos vivido muchas cosas. Uno ve las ganas del pueblo araucano de salir adelante en medio de las dificultades, pero aparece la pandemia y la institucionalidad pierde el humanismo. Llegan con asistencias superficiales, pero no solucionan los problemas de raíz que es apoyar el campesino, mejorar las vías, mejorar el nivel educativo sistema educativo, el sistema de salud de la región. Todo esto ha generado un desacuerdo de la comunidad con la institucionalidad”.
- Yesid Robles, líder social y miembro del Consejo Municipal de Paz de Arauquita.
Ante la falta de una institucionalidad que haga presencia efectiva, los trámites en el territorio parecen estar mediados por el control social que ejercen los grupos armados, especialmente el ELN que sigue teniendo una fuerte presencia histórica en el departamento. “Ellos lo que hacen es un control de la población ofertándoles la seguridad, así como el tema de justicia, pues muchos conflictos sí los regula la guerrilla. Además, son ‘la DIAN’ del territorio, porque los pobladores tienen que pagarles extorsiones”, contó el investigador Luis Eduardo Celis.
Esta guerrilla, a su vez, se disputa el control del territorio con otros grupos armados organizados que tienen interés en el Arauca, especialmente, por las rutas del narcotráfico y se lucran de otras economías ilegales como la del contrabando. “En Arauca la actividad de los grupos armados y residuales , para su financiación, tienen el interés de controlar los corredores estratégicos del narcotráfico . La coca viene del Guaviare pasa por el Meta, por Casanare, seguidamente las sabanas de Cravo Norte (Arauca), para sacarla por los estados venezolanos de Apure y Amazonas (caso la que pasa por el Vichada)... De Venezuela se saca hacia las Antillas y de las Antillas va para Estados Unidos y para Europa según el caso”, explica el investigador de la Comisión de la Verdad, Miguel Zúñiga.
Informes como el Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito hablan de cómo los departamentos del Guaviare, Meta y Casanare son corredores para sacar los productos del narcotráfico hacia Venezuela y Brasil, países de recepción o transición. Por su parte, la Defensoría del Pueblo en su Alerta Temprana 023-21 en Puerto Rondón y Cravo Norte, Arauca, pone de manifiesto que las estructuras guerrilleras del ELN y las facciones disidentes de las antiguas FARC-EP imponen lealtades a sus respectivas organizaciones subversivas y controlan el territorio para garantizar corredores de movilidad para actividades ilícitas, como el narcotráfico y el contrabando.
Las fuentes consultadas para este especial multimedia coinciden en que ese énfasis de los grupos por el control del narcotráfico, más que por legitimar sus acciones en los ideales políticos, reconfiguró contundentemente el conflicto que en la actualidad se vive en Arauca e hizo que mutara. “Con el retorno de las disidencias de las FARC, desde 2018, además de la presencia del ELN, y de las bandas en la frontera para controlar el contrabando, se está viendo que ahora hay una guerra, pero de intereses económicos para controlar el territorio”, asegura Jonathan Ballesteros, investigador del Observatorio Frontera, Territorio y Paz de la Universidad Nacional en Arauca.
Estas nuevas dinámicas han generado más intranquilidad y zozobra entre los pobladores de una región que le tocó cohabitar con la guerra, pero que ahora con las recientes formas que tomó el conflicto, como no es claro quién está al frente de cada grupo, los líderes no saben a quién dirigirse para solicitar acercamientos para dialogar y buscar treguas con el fin de evitar que la población siga en medio del fuego cruzado.
Para las entidades estatales que intentan actuar en el departamento, el desconocimiento de los actores que controlan el territorio es todo un reto, que afecta profundamente su labor. “Con la configuración de unas disidencias que no tienen una estructura conformada, que realmente no sabemos quién las lidera, que están en territorio sin unas normas definidas. Eso constituye un riesgo para las acciones humanitarias en territorio, se constituye en un riesgo para la institucionalidad que hace presencia en espacios donde el conflicto se mantiene activo y donde es necesaria la interlocución para poder actuar”, dijo una persona que trabajaba para una organización en Arauca.
“Me da tristeza porque nosotros tuvimos un acercamiento al proceso de paz cuando se firmó, y todo mundo tenía una expectativa maravillosa de que la calidad de vida en nuestro departamento iba a mejorar. Si mejoró un poco y tuvimos un poco de tranquilidad cuando se firmó el acuerdo, pero nuevamente cómo se ha reactivado el conflicto armado. Nosotros tenemos que trabajar, luchar porque este acuerdo no se caiga, este acuerdo, tiene que seguirle hacia adelante".
- María Castillo, lideresa social del Arauca.
Como explica la lideresa Castillo, durante los diálogos con la exguerrilla de las FARC-EP, y la posterior firma del acuerdo, se vivió un periodo de calma en el departamento. Desde el acuerdo al que llegaron el ELN y las FARC-EP en 2011, las cifras de violencia descendieron en el departamento, especialmente durante los años de diálogo entre esta última guerrilla y el gobierno Santos. Por ejemplo, Arauca pasó de 35 masacres durante la primera década del siglo XX a no tener ninguna entre 2011 y 2019.
Sin embargo, con los tropiezos en la implementación del Acuerdo de Paz y la recomposición de algunas facciones de lo que eran las FARC_EP, la violencia en el departamento inició un nuevo ciclo al que se han ido sumando nuevos actores. “En la actualidad opera el frente décimo Martín Villa de las extintas FARC y hay relación con el frente 28, que coinciden con el de Gentil Duarte, del frente primero que no se desmovilizó. Opera la Nueva Marquetalia y el ELN, todos tienen su acción de lado y lado en la frontera con Venezuela , explica Zúñiga. Entre 2020 y 2021 se han perpetrado cuatro masacres en el departamento, según la ONG
Ese carácter binacional con el que cuentan los grupos guerrilleros, más las organizaciones criminales de delincuencia común que operan en los dos países, ha recrudecido la guerra afectando tanto a los ciudadanos colombianos como a los venezolanos que viven en la frontera.
El resultado son los desplazamientos masivos de lado y lado, ofensivas de parte de las fuerzas militares de ambos países, extorsiones, secuestros, masacres, asesinatos selectivos, liderazgos amenazados, reclutamiento de menores y unas relaciones bilaterales cada vez más conflictivas.
“El tema de las relaciones con Venezuela en algún momento se tendrán que recomponer. Eso le convendría mucho al Estado colombiano por el tema de control fronterizo, porque con una frontera abierta le iría mucho mejor a cada país. Si hubiera cooperación con las autoridades venezolanas, el tema de la criminalidad de la frontera no sería tan cruel como hasta ahora. Pero está lejos mientras sigan los orgullos de los gobernantes".
- representante de una organización social con presencia en Arauca.
La población cada vez está en una situación más compleja que se atiza por la fuerte estigmatización que persiste sobre el territorio y pone en riesgo la vida de los líderes y lideresas del Arauca. De acuerdo con datos de Indepaz, en 2021 han asesinado cuatro líderes sociales en el departamento: en Fortul a Adolfo Rodríguez (20/04/2021); en Arauquita a Alberto Iguanito, indígena (04/05/2021); en Fortul a Danilo Galindo, civil (09/06/2021); en Arauca a Félix Tomás Batta, civil (07/08/2021).
Otra amenaza para los líderes, cuentan, es la persecución desde hace varios años producto de la estigmatización que les impide ejercer un liderazgo autónomo y libre. Cabe recordar la retención masiva en 2002, por parte del Ejército, de aproximadamente 2000 personas en el Coliseo de Saravena, acusandolos de ser “colaboradores de la guerrilla”. Cerca de 80 personas fueron trasladadas a centros penitenciarios acusadas de rebelión y concierto para delinquir.
La persecución no cesa. El 27 de mayo de 2021, agentes del CTI de la Fiscalía capturaron a 11 líderes sociales entre quienes se encontraban los dirigentes de la Asociación Campesina de Arauca (ACA), así como la coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas e integrante del Consejo de Paz Nini Cardozo, algunos concejales y líderes sindicales, entre otros, señalados de apoyar a las disidencias.
El patrón de la judicialización a los liderazgos sociales en Arauca se repite y sigue dejando cicatrices sin sanar, pues como explica Zúñiga, después de las detenciones “ya quedan estigmatizados en las comunidades y estigmatizados dentro de su vida”.
Ante la insostenibilidad para las y los araucanos que viven en medio del conflicto que persiste, una de las principales recomendaciones es que el gobierno retome las conversaciones con el ELN, y cumpla con lo acordado con los firmantes del acuerdo con las FARC.
María, Jonathan y Yesid son tres líderes araucanos que cuentan el temor con el que viven por el aumento de la violencia del conflicto armado, en medio de la difícil situación económica que deja la pandemia.
“La población civil no estamos en capacidad de negociar con las disidencias. La comunidad está cansada de tanta hostilidad, persecución, señalamiento, represión por parte de los actores armados. Nosotros tenemos claro que hasta que los actores directos del conflicto armado que vive nuestra región no entiendan que la población civil no les debe nada a ellos, que son ellos los que le deben a la población civil, no hay nada que hacer y no va a haber paz”.
- Yesid Robles, líder social y miembro del Consejo Municipal de Paz de Arauquita.
Además, retomar las relaciones con Venezuela y trabajar en conjunto es vital para la estabilidad económica y social de una frontera que tiene que atender el éxodo venezolano, mientras intenta sobrevivir en medio de su propia escasez. “No podemos concebir Arauca en paz sin tener en cuenta la frontera y por tanto Venezuela. Por eso, en estos escenarios es importante que los gobiernos de ambos países lleguen a acuerdos mediante políticas exteriores y políticas de gobierno que prioricen a los habitantes”, dijo Bladimir Rojas, coordinador funcional del Observatorio de Frontera, Territorio y Paz de la Universidad Nacional en Arauca.
Los líderes señalan que es importante que la ciudadanía retome la confianza en las instituciones, tan desprestigiadas por los varios casos de corrupción, que continúan, como por el que investigan al actual gobernador del departamento José Facundo Castillo, capturado el 21 de octubre de 2021, por peculado, entre otros delitos. Otro caso célebre es el de William Alfonso Reyes, exalcalde de Arauca, condenado a 13 años de prisión por usar 16.000 millones de pesos -recursos del municipio-, para la celebración indebida de contratos. También habría que nombrar a Ricardo Alvarado Bestene, exgobernador del departamento, quien también fue capturado a mediados de octubre de 2021, por presuntos nexos con el ELN.
Nada de esto se podría conseguir si el Estado no hace una presencia efectiva, con unas instituciones fortalecidas que retomen los espacios que los grupos violentos le han usurpado, la reconstrucción de una ética ciudadana y también la confianza de las y los araucanos que quieren disfrutar de las bondades y riquezas de su territorio. “Para que la guerra tenga fin se tiene que reglamentar la extracción petrolera en territorio para que sea más amables con el medio ambiente; que haya inversión social; que reconozcan el tejido social las comunidades y valoren el trabajo de los que defendemos la vida, de los líderes sociales; y que de una vez por todas el gobierno se siente a hablar con todos los actores del conflicto armado y lleguen a una solución”, concluyó el líder Yesid Robles.
