La resistencia social y la organización comunitaria en el departamento de Arauca ha sido uno de los más fuertes en todo el país. Para muchos líderes y lideresas de la región, el movimiento campesino y social, que ha existido, mucho antes de que se gestaran las guerrillas insurgentes, es considerado como el patrimonio inmaterial del nororiente colombiano. A partir de la escasa presencia estatal, desde antes de la colonización dirigida, las comunidades tuvieron que organizarse, no solo para exigir sus derechos fundamentales, sino también para funcionar como un Estado y cubrir sus necesidades básicas como vivienda, vías, educación, entre otras.
Desde los años 60 se comenzó a construir un movimiento social muy fuerte en el territorio. Con las primeras apariciones de las guerrillas en el territorio ejercer un liderazgo libre y autónomo se convirtió en un gran riesgo. Las guerrillas comenzaron a tomar el control social e imponer sus leyes. “Desde esta época tenemos una alta cifra de asesinatos a líderes comunales, políticos y comunitarios. La estigmatización también empezó a verse muy marcada, lo que puso en riesgo la vida de los líderes y el ejercicio libre de liderazgo. Siempre ha existido la amenaza y la coerción”, aseguró Jaeannette Villegas, coordinadora territorial de Arauca en la Comisión de la Verdad.
A partir de la falta de servicios públicos, las constantes peticiones de los campesinos para la construcción de puentes y vías que comunicaran a Arauca con el interior del país y los primeros casos de corrupción en el departamento, entre febrero y marzo de 1972 se organizó el primer gran paro cívico para exigir estas peticiones. Según información de la investigación Análisis de conflictividades y construcción de paz de Pnud, las propuestas que se exigieron en el paro cívico salieron de las Juntas de Acción Comunal y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, de igual forma contaba con el apoyo de algunas cooperativas. Sobre todo la población de colonos tenía temor de volver a vivir en condición de pobreza y violencia, “no había donde más huir, eran campesinos decididos a resistir y luchar por la tierra” .
Desde la época de esas primeras movilizaciones, comenzaron a aparecer diferentes organizaciones políticas de izquierda, varios de ellos aún se mantienen en la actualidad. y se han ido transformando a lo largo del tiempo y hoy en día funcionan como comités de derechos humanos. La estigmatización a líderes y lideresas ha sido tan fuerte que les ha costado hasta su propia vida. “Es un tema muy complejo y triste a la vez, porque hemos tenido muy buenos líderes en el territorio, líderes que organizaron la población civil y que no han tenido miedo a luchar”, opinó el investigador de la Universidad Nacional, Bladimir Rojas.
Dentro de el Observatorio Frontera, Territorio y Paz de la Universidad Nacional, se ha investigado el deterioro constante del tejido social, a través de la persecución a líderes y lideresas sociales por parte del Estado colombiano y los grupos armados, quienes han mantenido una estigmatización muy fuerte hacia las organizaciones sociales.
En el caso del Estado, una manera de señalar e intentar debilitar estas fuerzas comunitarias, ha sido a través de la judicialización y la cárcel por supuestos nexos con grupos guerrilleros. “Hemos investigado detenciones masivas por parte de la fuerza pública. Hay gente que han tenido que pasar años separados de sus familias en las cárceles y cuando un líder lo desprenden de su comunidad todo el proceso comunitario se fracciona, en muchas ocasiones han quedado libres por vencimiento de términos, pero el señalamiento nunca se va”, manifestó Jonathan Ballesteros investigador del Observatorio Frontera, Territorio y Paz de la Universidad Nacional. Este tipo de estigmatizaciones desestructura social y comunitariamente a los municipios.
Según el investigador Miguel Zuñiga, se ha identificado un mismo patrón de estigmatización y posteriormente judicialización. “ Primero es la identificación del liderazgo social, luego la estigmatización, seguimiento a través de chuzadas a los teléfonos o inteligencia militar y por último la captura, muchas veces se los llevan sin ni siquiera existir una orden judicial”.
En cuanto a las afectaciones por parte de grupos armados, la incursión paramilitar y la zona de consolidación en Arauca, entre 2001 y 2006, también fracturó la organización social. Sumado a estos hechos victimizantes, los enfrentamientos entre de las dos guerrillas, ELN y FARC-EP, entre el 2005 y 2009, motivados por el control territorial y la erradicación total de los cultivos de coca, dejaron varios líderes asesinados.
La forma de actuar era a través del asesinato de referentes de la comunidad, con el fin de debilitar moral y socialmente a cualquier bando. “Si asesinaban a un presidente de una Junta del territorio donde estaba el ELN, los otros iban y asesinaban a dos de otra población. Nadie pudo pisar territorio del otro, la carretera los dividía. Fue el momento de mayor desplazamiento, por ejemplo en el 2007 más de 90 mil personas tuvieron que dejar sus hogares”, recordó Zuñiga.
Para Jonathan Ballesteros, toda la persecución hacia los líderes y movimientos sociales en Arauca, tanto por parte del Estado como por grupos armados, es el reflejo de la falta de democracia que hay en el territorio y en el país. “ Cómo es posible que porque usted piense diferente o luche por unas causas, lo estigmaticen o lo maten. Desgraciadamente el solo hecho de ser de Arauca ya significa para muchos sectores de la sociedad que usted es guerrillero, esto repercute en todo lo que a diario como araucanos vivimos y más si las consecuencias son la pérdida de un líder o lideresa”.
La lideresa Francisca Castillo, concuerda con Jonatan en afirmar que el estigma como líderes sociales, defensores de derechos humanos y habitantes de este territorio de Arauca les ha costado. “Nosotros estamos estigmatizados al interior del país, simple y llanamente por el hecho de vivir en el departamento de Arauca. Alguien dijo que aquí no había campamentos guerrilleros, sino pueblos guerrilleros, con eso nos están estigmatizando a todos los habitantes de Arauca, acá solo seguimos luchando para construir paz y recibir un trato digno”, ratificó Francisca.
Además del liderazgo comunitario, el arte urbano, como el muralismo, teatro y fotografía, también ha sido una forma de expresión y resistencia, especialmente para los jóvenes. Jonathan Torres, director de la fundación Grupo Pro Acto, afirma que el arte también puede ser una forma de resistir y transformar el territorio. “Creamos un mundo alrededor del arte que nos permite entrar con facilidad a todos los terrenos donde vayamos, pero lastimosamente el conflicto se está recrudeciendo y no nos ha permitido ingresar a todas las zonas donde queremos estar”. Para Jonathan el libre desarrollo de la organización y el trabajo con niños, niñas, adolescentes y jóvenes se ha convertido en un riesgo latente para la integridad del grupo.
A pesar de las amenazas y la constante persecución, el arte ha funcionado como una estrategia de resistencia. “El arte puede tener múltiples interpretaciones, le deja un mensaje a cada persona que lo ve. Entonces para nosotros llegar a las comunidades y montar una obra de teatro o hacer un mural significa generar un cambio”, aseguró Jonathan.
María Castillo, lideresa y coordinadora de la Mesa de Víctimas en Arauca, considera que es muy importante que los jóvenes sean incluidos dentro de las Juntas de Acción Comunal para que sean ellos las nuevas generaciones que lideren las iniciativas comunitarias en el departamento. “Hay que empoderar a la juventud y así lo estamos haciendo, yo llevo un año con un grupo de jóvenes que están trabajando en temas de paz, a través de herramientas como el cine, aunque estamos cortos en las herramientas, porque nos toca a nosotros mismos conseguirlas, seguimos adelante”, señaló María.
A pesar de que el conflicto armado en Arauca se ha recrudecido y reconfigurado desde el 2018, el anhelo de paz para los líderes y lideresas sigue intacto. “Aunque la estigmatización es muy fuerte para nosotros los líderes y defensores de derechos humanos, seguimos trabajando y resistiendo porque anhelamos la paz”, resaltó la lideresa Francisca Castillo.
El investigador Miguel Zuñiga está convencido de que la construcción de paz en Arauca y, en general, en la frontera nororiental debe pasar por las organizaciones de campesinos y liderazgos sociales, de lo contrario sería una paz incompleta, son aquellas las que en el proceso de construcción de paz tienen un papel protagónico. “Si ellas no están, no va haber paz en Arauca, ellas mismas son capaces de gestar esa paz”, afirmó Zuñiga.
Además de ese involucramiento total de las organizaciones sociales en la construcción de paz, Jeannette Villegas, coordinadora territorial de la Comisión de la Verdad, resalta la importancia de entender la movilización social como una protesta libre y autónoma, en donde no se siga estigmatizando, también considera importante que se potencialice la economía en el territorio y que el Estado cumpla lo que las organizaciones han exigido desde la primera movilización en 1972. “ La comunidad exige que se cumplan esas exigencias y se sienta una conexión entre el gobierno central y el departamento, así podría construirse la paz y potencializar la economía agroindustrial en la región”, opinó Villegas.
A pesar de que el tejido social en el Cauca se ha visto muy afectado por el conflicto armado y la vida de líderes, lideresas y defensores humanos está en un constante riesgo, ellos siguen trabajando por el territorio. La organización social y el trabajo comunitario es la fuerza y el valor único del departamento de Arauca.