Factores de persistencia
Para leer los factores que explican la persistencia del conflicto armado en Arauca puede hacer clic aquí:
Arauca es uno de los departamentos con menor extensión en Colombia, pertenece a la región de la Orinoquía y limita al norte y este con Venezuela. Este territorio cuenta con siete municipios y se divide en dos regiones, el Sarare y la Sábana, en donde las condiciones del territorio hacen que las lógicas de la misma población varíen de diferentes formas. El Sarare es la parte más montañosa de la región y se encuentran los municipios de Saravena, Fortul y parte de Tame y Arauquita, allí empieza el oleoducto Caño Limón- Coveñas y ha sido el lugar donde más se ha arraigado el conflicto armado por su misma condición montañosa. En la zona conocida como la Sabana se encuentra la capital del departamento, Arauca, Cravo Norte y Puerto Rondón.
Antes de la década de los 60, la región del Sarare era en su mayoría tierra selvática, quienes ocupaban el territorio fueron los indígenas hitnü, quienes también han sido desplazados por las compañías petroleras. A principios de esta década empezó un proceso de colonización importante en este territorio, el cual marcó la creación y consolidación de municipios que hacen parte de esta región.
Como consecuencia de La Violencia, a finales de los cuarenta y principios de los cincuenta, surgieron desplazamientos masivos en varias regiones del país como Boyacá, Santander, Meta y el Piedemonte llanero. Para mitigar la situación en 1956 el gobierno del presidente Gustavo Rojas Pinilla inició un proceso de colonización dirigida, a través de la entidad Caja de Crédito Agrario, pero a partir de 1962, bajo el mandato de Alberto Lleras Camargo, se realizó a través del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA. Según datos de la investigación “Análisis de conflictividades y construcción de paz” de PNUD, para ese año en el Sarare se entregaron 293 parcelas de 50 hectáreas. En 1965, bajo el proyecto Arauca No.1, la extensión de la tierra colonizada aumentó a 1.700.00 hectáreas, según el gobierno de la época este proceso de colonización menguaba los conflictos y presiones que se estaban generando en el país por la tierra.
En la investigación “Análisis de conflictividades y construcción de paz” se menciona que durante este proceso de colonización, el cual finalizó hasta mediados de los 70, el desarrollo económico y social en el Sarare era muy mínimo, principalmente por la falta de una red vial que pudiera conectar a los nacientes municipios con el resto del país. Aunque la agricultura y la ganadería fueron las actividades económicas principales, la falta de vías no posibilitó que los campesinos pudieran sacar sus productos para venderlos.
El poco trabajo articulado por parte del Estado y la falta de recursos, hicieron que los campesinos en los municipios del Sarare tuvieran pocas garantías en el territorio. Lo que los llevó a organizar la primera gran movilización en 1972 con el fin de exigirle al Estado una calidad de vida digna.
Estas carencias a nivel social y económico generaron conflictos por el apropiamiento de la tierra entre los campesinos, indígenas y hacendados. Muchos de ellos estaban repitiendo la misma situación que habían tenido que padecer en sus lugares de origen. A su vez, los grandes terratenientes desplazaron a los pequeños colonos e indígenas.
Otra problemática que se generó en ese proceso de colonización fue la reducción alarmante del pueblo indígena hitnü. Al aumentar la población en la zona y sobrepasar el número de habitantes, que el Incora tenía planeado, las reservas indígenas poco a poco se fueron reduciendo drásticamente. En algunas ocasiones, los colonos buscaban subsistir de diferentes formas, algunas fueron a través de la tala de árboles para obtener madera y la caza.
José Montaño, indígena hitnü, recuerda que antiguamente tenían un territorio grande donde podían desarrollar sus tradiciones ancestrales. “Los invasores campesinos representaron una amenaza para nosotros, antes éramos más de mil en mi comunidad ahora solo quedamos menos de 700 miembros, el indígena fue perseguido a punta de plomo, también nos mataban con cuchillos. No durábamos ni dos meses en el mismo lugar”, recordó José.
Hasta mediados de la década de los 80 el departamento del Arauca era una región que no había logrado conectarse con la economía nacional, de hecho muchos habitantes cuentan que había una mayor relación y parentesco con Venezuela que con Colombia. Esta situación cambió radicalmente con el descubrimiento del petróleo en el territorio. Aunque en esencia no cambiaron las dinámicas económicas, la construcción del oleoducto Caño Limón-Coveñas permitió una conexión importante con el resto del país, a través de la construcción de vías, mayor migración de personas que buscaban mejores oportunidades y regalías para el departamento.
Antes de la construcción del oleoducto, Colombia importaba gasolina y derivados del petróleo, con la aparición de esta materia prima, se dejó de importar y se empezó un nuevo negocio de exportación de hidrocarburos. “Uno podría decir que el petróleo de Arauca fue muy importante en las finanzas y solvencia energética del país, fue como ganarse la lotería. El Estado decidió defender a toda costa este nuevo recurso y se volvió un tema de seguridad nacional. Entre 1985 y 1995 Arauca le colocó recursos muy importantes a las finanzas nacionales”, aseguró el investigador Luis Eduardo Celis.
Aunque sí hubo cambios importantes en las dinámicas sociales del departamento, especialmente en el Sarare, se esperaba que con las regalías y beneficios económicos que por ley debía recibir el departamento, la inversión social fuera a gran escala. Sin embargo, esta inversión y presencia integral del Estado no llegó de la forma esperada, los recursos se desviaron a través de la corrupción, captación ilegal y clientelismo.
Los conflictos sociales y grupos armados empezaron hacer una presencia fuerte en el territorio, en parte por la persistente ausencia institucional. “El hecho de que llegue Caño Limón al departamento también trae consigo la presencia de grupos armados, quienes buscaron financiarse a través de las vacunas que le cobraban a las petroleras, extorsiones y secuestros a contratistas”, aseguró Bladimir Rojas, investigador de Universidad Nacional, sede Arauca.
No solo la condición de frontera, también el oleoducto y la falta de una presencia estatal integral fueron algunas de las principales razones por las cuales el conflicto armado inició, a mediados de los 80, en Arauca. El investigador Celis cuenta que hubo presencia de militares estadounidenses entrenando al Ejército colombiano para la defensa del oleoducto, se necesitaba toda una estrategia militar debido que las guerrillas que hacían presencia en esta región, especialmente las FARC-EP y el ELN, encontraron en el petróleo una forma contundente de atacar al Estado. Entre inicios de los 80 hasta la década de los 2000 el departamento de Arauca fue central en las finanzas de Colombia. Posteriormente, su esencialidad como productor de petróleo menguó con el descubrimiento de reservas petrolíferas en departamentos como Meta y Casanare.
La frontera con Venezuela puede considerarse como la esencia del departamento de Arauca y en general la región de nororiente. Aunque hay una legitimidad de gobernanza y autonomía territorial, en las lógicas cotidianas las poblaciones fronterizas, tanto del lado colombiano como venezolano, comparten muchos rasgos en común. Uno de ellos es el río Arauca que une a Arauca con el municipio El Amparo de Apure en Venezuela y les conecta por medio de un intercambio cultural, social y por supuesto comercial.
Dependiendo del momento hay dinámicas que pueden variar, pero la esencia de intercambio se mantiene, ya sea desde el ámbito legal o ilegal. A principios del siglo XIX colonos venezolanos llegaron a tierras colombianas, y en otros momentos de la historia habitantes colombianos han decidido migrar para Venezuela. “Sin duda alguna la frontera mueve la economía para bien o para mal, hoy en día si uno le pregunta a un comerciante de Arauca diría que si no fuera por esa migración venezolana, que se está presentando ahora, tal vez la economía en el departamento estaría estancada”, afirmó el investigador Luis Eduardo Celis.
Para las poblaciones que viven en la frontera la línea imaginaria que divide a los dos países no existe, ellos en muchas ocasiones se identifican en las mismas dinámicas culturales, sociales y económicas. Ante la falta de una presencia integral del Estado, las guerrillas, especialmente las FARC-EP y ELN, han aprovechado esta situación para tomar el control del territorio y utilizar a su favor la condición estratégica de frontera.
Por falta de buenas relaciones diplomáticas entre los dos países, el cierre de la frontera ha sido intermitente, lo cual ha afectado a las comunidades de ambos países, la consecuencia más notoria es el control de las trochas y pasos por el río por parte de grupos ilegales, lo cual incrementa los enfrentamientos entre estos y fuerza pública, en los que las comunidades quedan abiertamente expuestas. También se ven afectadas por los impuestos o vacunas que los grupos exigen para pasar la frontera y las restricciones de movilidad para los habitantes.
“En las investigaciones que hemos realizado hemos identificado que existe una ciudadanía transfronteriza en esta región, es como un solo pueblo. Y esto es lo que los gobiernos de Colombia ni Venezuela han comprendido. La estigmatización a la población es muy fuerte por eso se aborda el tema de la frontera de forma errónea. El cierre diplomático de la frontera ha sido uno de los más grandes errores que los dos gobiernos han cometido”, aseguró Miguel Zuñiga, investigador de la Comisión de la Verdad.
Aunque la frontera a fecha de hoy, octubre de 2021, sigue cerrada, las dinámicas de intercambio cultural, económico, movilidad humana y expresiones culturales se mantienen de lado y lado. “Al darse esa migración venezolana con mayor contundencia, se siente más esa mezcla intercultural que hay entre las dos regiones. Nosotros ya hablamos de un solo pueblo en dos países. Esa es la forma en que también nos hemos dedicado a conectar la frontera”, aseguró Miguel Grijalba, analista territorial nororiente de la Comisión de la Verdad.
Dentro de las recomendaciones que se han hecho en los diálogos, organizados por la territorial nororiente de la Comisión de la Verdad, se ha hecho un especial énfasis a la construcción de paz a través de la articulación de los dos gobiernos para trabajar en armonía por la terminación del conflicto armado en los municipios transfronterizos. “Esto solo se puede lograr si hay una articulación y buena relación entre los dos países hermanos, porque nada sirve que aquí en Colombia se implementen todos los programas si en Venezuela el conflicto sigue”, opinó la lideresa Francisca Castillo. A diferencia de otros lugares en Colombia, el conflicto y otras problemáticas sociales en Arauca es visto como transfronterizo, lo que ocurre en Colombia repercute en Venezuela.
"Se está financiando buenos alojamientos para las fuerzas militares y para los policías, pero no se está invirtiendo en la realidad social de los habitantes en Arauca. Es una gran paradoja que todo ese dinero que se da para la guerra no se ve ni siquiera reflejado en la tranquilidad ciudadana”, este es el sentir de un habitante de Arauca, el mismo que muchos más perciben en su territorio. La inversión en fuerza pública e infraestructura militar y policial es inversamente proporcional a la inversión social y económica por parte del Estado en la región.
La noción de seguridad estatal está enmarcada en una lógica contrainsurgente y de protección a las compañías petroleras que hacen presencia en Arauca, más que en custodiar a la población civil, quienes paradójicamente son los que quedan a merced de los grupos armados y la violencia común. Un líder de la región afirma que, aunque este es uno de los departamentos más militarizados de Colombia, los habitantes no se sienten seguros. “La fuerza pública solo viene a custodiar la infraestructura petrolera, aquí no se protege la vida y honra de los araucanos, pero sí la de la infraestructura”, afirmó el líder.
El investigador de la Comisión de la Verdad, Miguel Zuñiga explica que la presencia de la institucionalidad en Arauca, y en general en la frontera nororiental, se centra en lo militar y no en solucionar los problemas estructurales que el departamento ha tenido por décadas y que aún no se han resuelto. Aunque en la década de los 60 la colonización y repartición de tierras, especialmente en la región Sarare, fue dirigida por el Estado, este mismo no tuvo la capacidad de tratar los conflictos internos en la región y garantizar una vida digna para los habitantes. Por el contrario, los emergentes grupos insurgentes, como el ELN y las antiguas FARC-EP cumplieron de cierta forma esa función de Estado en la región, especialmente en lo que concierne a seguridad y justicia. “Muchos conflictos sí los han regulado las guerrillas, eran como las instituciones oficiales de los territorios, a la gente le tocaba pagarles a ellos”, afirmó Zuñiga.
Según datos oficiales del Departamento Nacional de Estadística (DANE), en el departamento de Arauca habitan aproximadamente 85.585 personas y el porcentaje de Necesidades Básicas Insatisfechas es de 32,45%. Lo que significa que casi una cuarta parte de la población no cuenta con los servicios básicos para vivir dignamente. “En zonas rurales cuando llueve, los puentes y alcantarillas no funcionan y las fincas se inundan, el ganado se pierde”, manifestó un líder de la región.
Otros problemas recurrentes son la falta de electricidad en zonas rurales, y el escaso acceso a un óptimo servicio de salud. “El tema de la salud es un fracaso, aquí se tiran la pelota entre las , realmente la gente aquí convirtió la tutela en el medio más ordinario para acceder al servicio de salud. En las mismas EPS se le advierte a las personas que algunos medicamentos solo se entregan si vienen con la orden de un juez”, aseguró un líder. La infraestructura de muchos centros de salud no cuentan con lo básico para cubrir emergencias vitales y en varios casos, los pacientes son trasladados en ambulancia o inclusive avión ambulancia hacia ciudades como Bucaramanga y Bogotá. “Para nosotros, que estamos en el régimen subsidiado o en EPS, es como ganar la lotería cuando nos prestan un buen servicio. Aquí en Arauca la gente se tiene que amarrar a las puertas, hacer protestas y demás para que la salud funcione”, opinó Francisca Castillo, lideresa en la región.
Una de las economías que ha intentado surgir en Arauca es la agricultura, la tierra araucana es muy fértil para la producción de cacao, plátano, maíz, arroz, fríjol, entre otros. Sin embargo, ha sido muy difícil que se potencialice, para los campesinos uno de los grandes desafíos ha sido la falta de vías en buen estado, que les posibilite sacar sus productos y venderlos a diferentes zonas del país. Los campesinos tienen que invertir grandes cantidades de dinero para cultivar, pero a la hora de vender , las ganancias no se ven reflejadas, principalmente por la poca comunicación y conexión vial de Arauca con el resto del país. Por ejemplo, un viaje en carro desde Saravena a Bogotá dura más de 11 horas, cuando es invierno puede tardar incluso más, y la única vía que está en un estado óptimo es la que conecta Tame con Bogotá.
Otro desafío muy notable es la educación. Al ser una región de frontera, es un reto la inclusión de niños, niñas y adolescentes migrantes al modelo educativo de Colombia y la oferta de una educación de calidad . Durante la pandemia muchos estudiantes, sobre todo de zonas rurales, no pudieron seguir con sus clases por la falta de conectividad a internet que les garantizara el derecho a la educación.
En el tema de la educación superior, universidades públicas como la Escuela Superior de Administración Pública y la Universidad Nacional tienen sedes en Arauca. Sin embargo, los cupos son muy limitados y no todos los jóvenes tienen la posibilidad de entrar. “La institución pública como lo es la Universidad Nacional no ha llegado como debería llegar al territorio, por semestre solo están ingresando 200 estudiantes de miles que hay en el departamento, es algo que deja mucho que pensar. Los gobiernos departamentales no están en sintonía para apoyar la educación, por eso considero que son cosas de base que se deben empezar a cambiar”, ratificó el investigador Bladimir Rojas.
“Mientras crecen las petroleras, el pueblo araucano se empobrece”, resalta una lideresa. Desde mediados de los 80, cuando empresas petroleras llegaron a la región, este recurso se convirtió en uno de los más importantes para la economía araucana. Los habitantes esperaban que el desarrollo económico y social fuera progresivo gracias a las regalías que el departamento por ley debía recibir, pero la realidad ha sido diferente. “Las petroleras han tenido a lo largo de los años un crecimiento económico y una rentabilidad muy alta, pero en Arauca ese crecimiento no se ha visto. El asunto de las regalías es quién las administra y la corrupción de ese dinero es muy alta”, aseguró el investigador Miguel Zuñiga.
Zuñiga también cuenta que dentro de las investigaciones que se han realizado en la Comisión de la Verdad, han encontrado ejemplos claros del nivel de corrupción que ha existido en el tema de las regalías. Para 1994 con el dinero que por esa vía supuestamente había recibido el departamento alcanzaba para que cada araucano viviera dignamente, pero ni la mitad de ese dinero se vio reflejado en la cotidianidad de los habitantes.
Actualmente, año 2021, sigue existiendo mucha corrupción en el territorio, especialmente en el manejo del dinero que proviene del petróleo y que instituciones gubernamentales administran. Según datos de la organización Transparencia por Colombia, Arauca tiene un alto riesgo de corrupción en cuanto al manejo del dinero que se recibe por explotación de hidrocarburos, ocupando el puesto 16 de 20 departamentos en el índice de transparencia.
Esta situación afecta principalmente a los habitantes de la región, quienes aún no tienen una calidad de vida digna que cualquier ciudadano merece tener. “A pesar de haber sido un departamento con mucho dinero por el tema de las regalías ha habido demasiada corrupción. Tenemos muchos políticos investigados y varios de ellos presos por este tema, aunque el departamento recibe mucho dinero la corrupción no lo ha dejado avanzar”, aseguró el investigador Bladimir Rojas. Claro ejemplo de lo anterior, son las capturas legalizadas el pasado 21 y 22 de octubre de 2021, del actual gobernador Facundo Castillo y el exgobernador Ricardo Alvarado, por concierto para delinquir, peculado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y financiamiento al grupo guerrillero ELN.
Además de la corrupción que se ve traducida en la poca inversión social, contrario a lo que se podría creer las oportunidades laborales para los araucanos es mínima. Aunque en la región hay más de 35 bloques petroleros, los araucanos no han tenido muchas oportunidades para trabajar en este sector. “Considero que nuestra economía no depende del petróleo, la mayoría de araucanos no tenemos acceso a trabajar en estas compañías, en mi sentir porque nos estigmatizan y no nos dan cabida”, aseguró la lideresa Francisca Castillo. Según datos del DANE la informalidad en el departamento es del 67%, una cifra alarmante para un territorio que tiene tanto potencial económico.
Otra paradoja del petróleo en Arauca, y que también ha impactado de forma directa a los habitantes, es el precio de la gasolina. “Los 10 primeros días tenemos el precio subsidiado de la gasolina que es como a 2.000 pesos, pero una vez se agota, porque al parecer se la están llevando una parte para Venezuela por contrabando, los precios quedan muy altos”, manifestó un líder de la región.
Durante el proceso de la firma del Acuerdo de Paz, en el 2016, el primer desafío que tuvo que enfrentar la región fue la derrota del plebiscito para aprobar o denegar el naciente Acuerdo. Sorpresivamente en Arauca ganó el “no” y los argumentos de algunos habitantes de la región frente a esta decisión era que ante la ausencia estatal, y teniendo en cuenta que la guerrilla tenía una fuerte influencia en la cotidianidad de la población, tenían temor de quedar desprotegidos y a merced de los otros grupos armados que por décadas han hecho presencia en el territorio con un especial interés en dominar las rutas del narcotráfico transfronterizo.
El miedo que tenían aquellos que votaron por el “no” se hizo realidad. Después de la firma del Acuerdo de Paz hubo una relativa calma en el territorio. Hasta que la situación cambió radicalmente y a partir del 2018 el conflicto se volvió a reconfigurar. “Desde la firma hasta ahora (2021) van 12 excombatientes asesinados, más de 50 líderes sociales y campesinos muertos e innumerables masacres”, afirmó la lideresa María Castillo.
Además de la falta de cumplimiento de los Acuerdos de Paz, Los de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que hacen parte del mismo Acuerdo, no tomaron en cuenta territorios, como Puerto Rondón y Cravo Norte, que desde los años 80 han padecido el conflicto y han sido víctimas de tomas guerrilleras, masacres, asesinatos selectivos y desplazamientos masivos. “Cuando viene la presencia del Estado para mirar qué pasó y tratar de construir paz, tampoco incluyen a estos municipios porque supuestamente no cumplen con cuestiones administrativas, entonces quedan olvidados. Solo nos queda un fuerte estigma por haber nacido en Arauca, el incumplimiento de los Acuerdos y la falta de integración de aquellos municipios,que también lo necesitan, solo demuestra que la presencia del Estado no está direccionada en lo que debería estar, que es el cumplimiento de los derechos fundamentales y la justicia social”, resaltó el investigador del Observatorio Frontera, Territorio y Paz de la Universidad Nacional, Jonathan Ballesteros.
Para los líderes y lideresas de la región, el cumplimiento del Acuerdo representa una de las salidas más viables para parar el conflicto y ofrecer a las comunidades un desarrollo integral. “Actualmente vemos como el conflicto armado se ha reconfigurado en nuestro departamento y el esfuerzo que está haciendo el Estado para dar una pronta solución es muy mínimo, creo que el punto de partida podría ser el desarrollo del Acuerdo de Paz”, dijo María Castillo.
La situación del control y legitimidad del territorio no solo afecta a los habitantes, también al sector privado que podría tener algún interés en invertir en el territorio. “Ese contratista tiene que pagarle a los políticos, porque la corrupción se ha naturalizado, también le debe pagar a los grupos ilegales y además los impuestos que el Estado exige. Entonces también esa falta de legitimidad ha hecho que las empresas no sientan seguridad en invertir aquí, lo que implica que el departamento no tenga la posibilidad de crecer económicamente”, sostuvo Jonathan Ballesteros, investigador de la Universidad Nacional.
Uno de los puntos centrales, que líderes y lideresas han resaltado, es la presencia integral del Estado, en donde la inversión social sea más importante que la militar. “Ha faltado que la población sienta que el Estado está con ellos, a través de la priorización de los servicios básicos y derechos fundamentales como la educación”, aseguró el investigador Bladimir Rojas.
Para la líderes y lideresas de Arauca es fundamental empezar a trabajar en esos puntos elementales como la educación, salud y reparación de las víctimas, entre las que se debe también tener en cuenta a las mujeres. Otro elemento importante es la legitimidad en la frontera, que el Estado colombiano entienda que lo que ocurre en el lado venezolano impacta en Arauca y viceversa, la buena relación diplomática entre los dos países podría arreglar algunas problemáticas sociales que se presentan como la migración, contrabando y control por parte de grupos armados.
Durante los diálogos organizados por la Comisión de la Verdad en Arauca, se hizo un especial énfasis al inicio de una mesa de negociación con el ELN, grupo que tiene una presencia e influencia muy fuerte en el territorio. “Allí hay un conflicto por resolver y un acuerdo por construir con el ELN, un actor central en la persistencia del conflicto en Arauca, este paso sería muy importante, no solo para la región, en general para Colombia”, resaltó un líder.
Para comprender la configuración de Arauca como un territorio históricamente en conflicto, hay que remontarse al final de la década de los años 40 y principios de los 50, en pleno inicio de la época conocida como La Violencia. En ese marco, el movimiento social en la entonces Comisaría de Arauca se estaba consolidando, y las guerrillas liberales del oriundo de Tame, Guadalupe Salcedo, propinaban certeros ataques a la fuerza pública, como respuesta a la persecución de los grupos paramilitares conservadores conocidos como ‘chulavitas’.
Con la colonización de esta región, provocada entre otras razones por los desplazamientos que dejó la violencia política de los 50, los nuevos pobladores del Arauca empezaron a organizarse en cooperativas que crearon como una forma de llevar a su territorio eso que el Estado no les garantizaba. “Las cooperativas al comenzar a reclamarle al Estado colombiano, crearon algo que se llamó el Paro del Cívico del Sarare en 1972, que fue el primer paro conformado para reclamar por vías de comunicación, puentes, escuelas, centros médicos, entre otros”, explica Miguel Zúñiga, investigador de la Comisión de la Verdad en la territorial de Arauca.
La respuesta a ese primer acto organizado para reclamar una mayor presencia del Estado y contra el movimiento social del campesinado araucano fue la estigmatización, la persecución a los líderes y la militarización del territorio, situación que desde entonces, no ha cesado en el territorio.
A mediados de los años 70 empezó a notarse un creciente descontento entre la población, la cual, frente a cada reclamo o solicitud de corte social que hacía, recibía una respuesta militar, aun cuando no había ninguna acción armada de parte de ellos que la provocara. A pesar del hostigamiento, el movimiento social fortaleció sus bases.
En un contexto de una organización social fuerte e identificada con los ideales marxistas-leninistas, las FARC-EP vieron un buen escenario para entrar en el territorio, y así lo hicieron en 1979. “A mediados de 1980 las FARC-EP hacen su primer acto público en Arauca con la toma a Fortul, y se declaran como el Frente 10 o Guadalupe Salcedo”, cuenta Zúñiga.
Por su parte, la aparición del ELN como una estructura armada se dio también en 1980, pero en septiembre, cuando el Frente Domingo Laín de esa guerrilla se tomó el corregimiento de Betoyes en el municipio de Tame, y la estación de Policía. De hecho, esta guerrilla nace en esta región del Arauca. “Entre 1980 y 1983, el ELN y las FARC-EP siguen extendiéndose, trabajan con las comunidades, no hay terror ni deseo de imposición de orden. Todavía está en la fase de la camaradería”, dice Zúñiga.
En 1983 un hallazgo cambiaría la historia de la región, pero también las perspectivas económicas de todo el país. Se trató del campo petrolífero Caño Limón, descubierto en el municipio de Arauquita y que empieza a ser explotado por la Occidental Petrolium Corporation (OXY). “El petróleo va a jugar un elemento importante porque va a ser el combustible de la violencia, pues sus rentas, el control de ellas, así como la defensa de la infraestructura petrolera de parte del Estado va a dinamizar el conflicto”, explica Luis Eduardo Celis, investigador en temas de conflicto y paz en Colombia.
Con el descubrimiento petrolero los ojos del país voltearon hacia el oriente, pero en clave de defender la infraestructura del oleoducto que tiene capacidad de transportar hasta 210.000 barriles diarios de crudo. Lo anterior porque los grupos armados, particularmente el ELN, empezó a organizar sus finanzas alrededor de las extorsiones, secuestros y ataques contra Caño Limón-Coveñas. De ese modo, el ELN se fortaleció con las lucrativas rentas del accionar contra el oleoducto e incluso empieza a financiar el nacimiento de frentes en regiones como Norte de Santander, Sur de Bolívar y Chocó.
Entre tanto, un acuerdo tácito entre las dos guerrillas de dividirse el territorio hizo que las FARC-EP se expandieran sobre todo hacia la sabana del Arauca, que comprende los municipios de Arauca, Cravo Norte y Puerto Rondón, y el ELN en el Sarare, hacia los municipios de Saravena, Fortul, Tame y Arauquita. “La presencia del Estado es casi nula entonces no hay cómo combatirlos -a las grupos guerrilleros- y ellos tienen el dominio absoluto del territorio, la soberanía y ponen alcaldes, concejales, hacen justicia, cobran impuestos, etcétera”, apunta el investigador Celis.
“Son muchos los gobernantes en la política araucana que han estado involucrados en temas de corrupción, malversación de recursos, clientelismo armado y que han constituido una especie de matrimonio con los grupos armados para mantener el control del territorio, manejar los recursos de las regalías del petróleo y cooptar las rentas públicas”, aseguró Zúñiga.
El ELN se supo imponer como un actor con poder político. Uno de los hechos con los que demostró ese dominio sobre la institucionalidad fue el asesinato del obispo Jesús Emilio Jaramillo en 1989. “El obispo estaba rechazando la expansión de esa doctrina marxista leninista y lo acusaron de ser amigo de las fuerzas militares; lo secuestraron, lo torturaron, lo asesinaron y lo dejaron tirado en el campo”, cuenta Zúñiga. En el año 2017, ‘Pablo Beltrán’, uno de los jefes del ELN reconoció que con el asesinato del beato Jaramillo, la guerrilla “cometió un error”.
De esa manera, durante varios años la clase política regional se alió con esta guerrilla creando una red de alcaldes, concejales y contratistas con quienes se repartían el erario. De acuerdo con el artículo “Arauca: el saqueo de las regalías entre el ELN, los paramilitares y los políticos” de la ONG Indepaz, desde 1992 y hasta 2016 “Arauca tuvo nueve gobernadores elegidos por voto popular y seis más en condición de encargados, de los cuales solo los dos últimos no han tenido sanciones ni han sido destituidos o condenados por la justicia”, dice el informe que puede consultar aquí.
En el año 1998 las condiciones de los grupos guerrilleros en el territorio cambiaron debido a la financiación que llegó desde Estados Unidos para proveer seguridad, pero al oleoducto de Caño Limón, no a las comunidades. La ofensiva de la fuerza pública colombiana, financiada por dineros norteamericanos, fue tan fuerte que desencadenó hechos como el ataque al caserío de Santo Domingo en Tame.
Rutas del Conflicto documentó este hecho así:
“El 13 de diciembre de 1998, un helicóptero militar asesinó a 17 personas en la vereda Santo Domingo en el municipio de Tame, Arauca, en medio de un enfrentamiento con el Frente Décimo de las FARC-EP. A las 10 de la mañana, la tripulación de uno de los siete helicópteros que sobrevolaba la vereda lanzó sobre la calle principal un dispositivo clúster, compuesto por seis granadas, provocando así la muerte de los pobladores. Entre las víctimas había seis menores de edad, otras 27 personas, entre ellas diez menores, quedaron heridas. Según investigaciones judiciales, luego de la masacre, miembros de la Fuerza Aérea dispararon contra las personas que huían del pueblo, intentaron impedir que los sobrevivientes alcanzaran asistencia médica, saquearon el lugar y culparon a la guerrilla como única responsable de los hechos. De acuerdo con testimonios de testigos, a raíz de estos hechos toda la población de la vereda se desplazó hacia el corregimiento de Betoyes y los municipios de Tame y Saravena. En el enfrentamiento también participaron la Brigada 18 del Ejército y el Batallón Contraguerrilla No. 36. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado como responsable de la masacre, argumentando que violó los derechos a la vida, la integridad personal y la propiedad privada”.
Los ataques contra la guerrilla no diezmaron el poder de las guerrillas que siguieron dominando en una región en la que el Estado hacía presencia, pero para proteger la infraestructura petrolera. Por lo demás, la justicia, el control social, político y económico estaba en manos de los grupos armados ilegales.
Si bien el ELN se mantuvo como el actor armado dominante en la región, a finales de los años 90 las FARC-EP empezaron a disputarles el territorio con el objetivo de hacerse del control de las rentas del petróleo, las rutas del narcotráfico, tener el dominio político y posicionarse en la frontera. Para principios de los 2000, las FARC-EP tenían el control de los cultivos de la coca y ya se había gestado una cultura alrededor de esta economía ilegal que empezó a generar rupturas sociales porque, por ejemplo, los jóvenes empezaron a abandonar las escuelas por las rentas del cultivo.
En este contexto y para el año 2001, los paramilitares de la casa de los Castaño, en cabeza de los narcotraficantes Miguel Ángel y Víctor Manuel Mejía Múnera, ‘los mellizos’, llegaron a Arauca con el Bloque Vencedores de Arauca. “Con la presidencia paramilitar, en complicidad con el Estado, las guerrillas empiezan a caer un poco, empiezan a perder su dominio”, apunta Jonathan Ballesteros, investigador del Observatorio de Frontera, Territorio y Paz de la Universidad Nacional en Arauca.
El objetivo, como argumentaron los paramilitares con su llegada a los territorios, era sacar a la insurgencia de la región. Entonces, la ya consolidada estigmatización del Arauca se acrecentó y ahora, en complicidad con políticos y ganaderos, muchos eran señalados de pertenecer a las guerrillas y terminaron ajusticiados por los grupos de autodefensa.
“Los crímenes más atroces de Arauca sucedieron en esa época: tenemos masacres, asesinatos selectivos, desplazamiento forzado, capturas masivas, falsos positivos judiciales, ejecuciones extrajudiciales en general, el exterminio prácticamente del sindicalismo sobre todo los docentes, el liderazgo social. O sea, fue el espacio propicio sin cuestionamiento alguno para acabar con cualquier vestigio de protesta social, inquietud social, liderazgo social y campesino”, Miguel Zúñiga, investigador de la Comisión de la Verdad en Arauca.
Estas acciones lograron diezmar también el dominio del ELN, cuyo fuerte no era la confrontación armada a diferencia de las FARC-EP. Durante esos años de la seguridad democrática, la propuesta de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, los tres grupos, FARC-EP, ELN y paramilitares recurrieron a la violencia política: el ELN asesinó a miembros del Partido Liberal y de la UP, mientras que las FARC-EP hicieron lo mismo con partidarios del Conservador, y los paramilitares también a se fueron en contra de la Unión Patriótica (UP) y de los liberales.
Con la desmovilización de los paramilitares en 2006 inició otro ciclo de violencia en Arauca, que tiene como protagonistas de nuevo a las FARC-EP y al ELN. Las tensiones entre los milicianos llevaron a confrontaciones sin precedentes en el territorio. Entre los desencuentros estaban los cultivos de coca que el ELN no aceptaba y arrancaba; las FARC-EP respondían. También, choques por el contrabando en la frontera, los impuestos y el asesinato de fichas clave de lado y lado.
En esta guerra de guerrillas los más afectados resultaron siendo los pobladores del departamento, que no podían atravesar las fronteras que los grupos delimitaban o corrían el riesgo de ser asesinados. Los líderes sociales fueron el blanco de los ataques, precisamente por la idea de que arremeter contra las bases sociales era desmoralizar a los grupos armados. Como explica el investigador de la Comisión de la Verdad, “en el 2007 más de 90.000 personas fueron desplazadas. 70.000 personas concretamente en un solo lugar fueron desplazadas en el departamento de Arauca, sobre todo, en la zona de Tame, La Arabia y La Holanda”.
“Después del 2002, sobre todo como hasta el 2006, el departamento quedó solo, casi nadie quería vivir aquí. A las 4 de la tarde no veía usted un alma, esto era totalmente peligroso. La gente se fue para Venezuela o para el centro del país”, Jonathan Ballesteros, investigador del Observatorio de Frontera, Territorio y Paz de la Universidad Nacional en Arauca.
Los enfrentamientos desde todos los frentes, del Estado contra la insurgencia para proteger la infraestructura petrolera; de los paramilitares y sus actos de sevicia; de la guerra entre guerrillas tuvieron un denominador común: la población civil que fue víctima de todos los actores, los cuales señalaron, estigmatizaron y truncaron los proyectos de vida de las 88.806 víctimas registradas en el RUV (Registro Único de Víctimas), que equivale al 34% del total de la población del departamento, así como de las que no se acreditaron, pero siguen intentando tramitar el dolor de la guerra.
