Los habitantes indígenas, las comunidades negras y los mestizos han sufrido la guerra desde la década de los noventa, que llegó con el despojo de tierras y la implementación de proyectos agroindustriales. El territorio ha sido escenario de procesos de desmovilización de distintos grupos armados y la reconfiguración de los mismos. Las comunidades sienten la ausencia del Estado.
El Bajo Atrato- Darién y el Urabá acoge parte de los departamentos de Antioquia y Chocó, este último es el único departamento de Colombia que tiene frontera con Panamá y salida al océano Pacífico y el mar Caribe. El Atrato es el río más largo e importante del Chocó, y lo recorre de sur a norte. Su ribera, así como la de los afluentes que lo alimentan, son el hogar de comunidades indígenas y negras.
El río se encuentra dividido en las cuencas alta, media y baja. La última conformada por los municipios de Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí en el Chocó. Y Turbo, Apartadó y Mutatá en Antioquia.
Entre abril y julio de 2021 se realizaron Diálogos para la No Continuidad y la No Repetición del conflicto en Bajo Atrato-Darién y Urabá, en los cuales se escucharon a las comunidades indígenas, negras, mestizas, mujeres y población LGBTI, a la Mesa de Víctimas de Antioquia y Chocó, a experiencias de convivencia, a educadores, a excombatientes, al sector empresarial, fuerza pública, entidades de Estado, y cooperación internacional. Estas conversaciones fueron el camino para que los habitantes de Bajo Atrato- Darién y el Urabá le contaran a la Comisión su historia, los procesos de victimización, de resistencia y las recomendaciones para la no repetición.
Estas dos regiones, unidas en la esquina noroccidental de Colombia, han sido repetidamente victimizadas en medio de circunstancias comunes, pero con varios factores particulares en cada una de ellas. “El Urabá es Urabá, el Chocó es Chocó y el concepto es diferente. La focalización tiene que ser diferente y diferenciada”, aseguró un asistente a los diálogos, planteados por la Comisión, por lo que en este especial se encontrarán tanto las similitudes como las diferencias que expresaron las comunidades.
También es una zona donde el Gobierno Nacional le ha dado prioridad a la agroindustria de la palma, especialmente en el Chocó, y al banano y el plátano en el Urabá, aunque en toda la zona existan ambos cultivos. Se han promovido megaproyectos que permitan la conexión del Caribe y el Pacífico, que no han tenido éxito, dada la oposición de comunidades étnicas y ambientalistas por la biodiversidad única en el mundo que existe en estas selvas chocoanas.
En 1991 la presión de la ciudadanía y la voluntad política permitió el nacimiento de una nueva constitución política. Derogó un documento que tenía más de 100 años, actualizando las normas a las necesidades del país. Entre los principales logros obtenidos estuvo el reconocimiento de un Estado multicultural que reconoce la diversidad étnica y cultural. Una decisión clave en una zona donde habitan las comunidades embera chamí, embera katío, embera dobida, tule kuna y al pueblo Wounnan, además de varias comunidades negras.
Para 1993 se expidió la Ley 70 que creó los Consejos Comunitarios, permitiendo la agrupación de las comunidades negras y afrocolombianas del pacífico colombiano bajo esta figura. Una de las principales promesas era la titulación de la tierra. En esta región, la oportunidad de formalizar su territorio, los expuso a la violencia por parte de los grupos armados.
La zona que, desde finales de los setenta, había tenido una fuerte presencia de grupos guerrilleros del Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), pasó a ser tomada, a mediados de los noventa, por el entramado paramilitar a cargo de Carlos y Vicente Castaño, quienes llegaron desde el departamento de Córdoba.
Para las comunidades en el territorio, que prefieren guardar el anonimato de su identidad por seguridad, la persistencia del conflicto está ligada al narcotráfico. Reconocen como punto quiebre y recrudecimiento del conflicto armado, el ingreso de los grupos paramilitares a la región de la mano del Ejército Nacional con la operación Génesis en 1997, coordinada al mismo tiempo con la incursión de las autodefensas a Cacarica. De acuerdo con cifras de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, desde 1996 los municipios del Bajo Atrato chocoano tuvieron un aumento considerable de las personas registradas.
Luego del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se concretó en el 2005; la aprobación de la Ley de Víctimas de 2011, que contempla la restitución de tierras; y la firma del proceso de paz con las FARC-EP en 2016, las comunidades sintieron una disminución del conflicto en el territorio.
Con la salida de las FARC-EP del territorio, las comunidades creían en una oportunidad de paz. Pero como lo manifestaron diversas personas en la región durante los diálogos con la Comisión de la Verdad, la disputa por el control territorial se ha mantenido y sigue dejando víctimas en la región. Aunque en algunas zonas manifestaron que había mayores oportunidades y presencia del Estado, sobre todo en el Urabá, el control por parte de las Autodefensas Gaitanistas (AGC), herederas de las AUC, sigue sembrando el terror.
La Comisión de la Verdad y Rutas del Conflicto construyeron cuatro reportajes que cuentan, desde los testimonios de quienes habitan y trabajan en el Bajo Atrato Darién y Urabá, cuáles son sus perspectivas y propuestas para la no repetición de la violencia en la región.
El ‘Diálogo para la No Continuidad y la No Repetición’ es una propuesta de la Comisión de la Verdad para que las y los colombianos comprendan qué está pasando en los territorios, cuáles son las circunstancias que hacen que el conflicto persista en los territorios y qué tiene que pasar para que la guerra no se repita. En 2020, estos espacios de conversación estuvieron focalizados en el Catatumbo y el Bajo Cauca antioqueño.
La Comisión de la Verdad decidió realizar un proceso de diálogo en el Bajo Atrato - Darién, e incluir al Urabá, por las lógicas regionales en las que se mueven las comunidades, que fueron atravesadas por las mismas violencias. Además, los aportes al esclarecimiento y la persistencia del conflicto no se comprendería sin el contexto de lo que sucede en el Urabá. Las dinámicas del conflicto y los corredores de movilidad unen a los departamentos de Chocó y Antioquia.
En medio de la crisis sanitaria por el COVID-19, la seguridad de las comunidades por la presencia de grupos armado y los problemas de conectividad, la Comisión y el equipo de diálogo social le apostó por conversaciones presenciales que permitieran generar espacios seguros y de confianza para que las comunidades hablarán sobre la situación actual, como la crisis humanitaria de 2019, y las recomendaciones para que el conflicto cese en esta subregión.
Sin embargo, realizar los diálogos presenciales no fue tarea fácil. Por un lado, el orden público impedía llegar a algunos municipios y a otros, las condiciones climáticas dificultaron el acceso tanto de entrada al territorio por parte de la Comisión como de desplazamiento de las comunidades a otros municipios. Gracias a las alianzas con organizaciones como el Cinep, las autoridades negras e indígenas y el Sistema Integral para la Paz se pudieron realizar en su mayoría, los eventos presenciales.
Por el otro, las comunidades no se sentían seguras de hablar por la presencia de los grupos armados y otros como los consejos comunitarios no querían los procesos de esclarecimiento. “Ellos nos decían que frente a la acción jurídica tras la operación Génesis y Cacarica ya habían entregado sus testimonios. En cambio si querían aportar en recomendaciones”, afirmó Adith Bonilla, Coordinadora de la Casa de la Verdad de Quibdó.
Las comunidades étnicas y mestizas, a pesar de la situación del conflicto en el territorio y el control territorial de los grupos armados, compartieron sus experiencias, sus procesos de resistencias y generaron espacios de diálogo seguros. Para los habitantes y las entidades que asistieron a los Diálogos de No Repetición es ideal que estos procesos continúen en clave de las recomendaciones.
Las vivencias, las experiencias y las conclusiones fueron llevadas al ‘Diálogo para la No continuidad y la No repetición en el Bajo Atrato- Darién y Urabá’, que se realizó el 7 de julio de 2021. Puede ver el evento aquí
Este proyecto fue realizado en el marco de la alianza entre la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Convivencia y la No Repetición (Comisión de la Verdad), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), La Friedrich Ebert Stiftung Colombia (FESCOL) y Rutas del Conflicto. Con esta serie de reportajes multimedia, la alianza cuenta los factores de persistencia de la violencia y las propuestas para que estos territorios puedan vivir en paz, desde las voces de los distintos sectores de las comunidades que participaron en los Diálogos para la No Repetición y la No Continuidad promovidos por la Comisión de la Verdad.