Después de décadas de victimización, las mujeres en el Bajo Atrato - Darién y el Urabá han logrado organizarse para contar sus historias, hacer que se reconozcan sus luchas, pero también para alzar la voz y reclamar al Estado por las violencias que siguen viviendo.
Las participantes de los diálogos, expresaron en varias ocasiones su urgente preocupación por el aumento en el reclutamiento de mujeres por parte de los grupos armados. Denunciaron que en la actualidad, las AGC se las llevan a la fuerza para que les cocinen o para explotarlas sexualmente. “El armado llega y les da plata a las familias para que críen a la niña hasta cumplir los 10 años, y en ese momento toca entregarla”, afirmó una de las mujeres indígenas que asistió al diálogo con la Comisión de la Verdad.
También hay miembros de los grupos armados que se involucran sentimentalmente con las niñas y adolescentes. Por lo general ellas quedan en embarazo y esto complica aún más la situación. Un informe de la Oficina de Naciones Unidas (ONU) para la Coordinación de Asuntos Humanitarios describe estos hechos como una manera de permear a las comunidades.
Al estar las mujeres, las niñas y las adolescentes ligadas a la estructura armada o con un miembro del grupo, para las comunidades se hace difícil denunciar, por lo que impera el silencio ante el temor de que algo le pueda pasar a su familiar. Indígenas embera también narraron que cada vez hay mayor reclutamiento de mujeres, algo que no pasaba años atrás cuando el reclutamiento forzado estaba enfocado a los niños y adolescentes hombres.
En algunos cabildos indígenas han logrado evitar que se lleven a sus niñas con la Guardia Indígena. “Cuando llega un actor armado a llevarse una niña todos nos ‘enchalecamos’ y salimos a defenderla”, afirmó una mujer. Estos hechos han afectado mayoritariamente a las comunidades étnicas.
Desde la firma de paz con las FARC-EP, la Defensoría del Pueblo emitió en el último año cinco alertas tempranas sobre el reclutamiento forzado, colocando los ojos en los departamentos de Chocó y Antioquía, especialmente en las zonas donde el narcotráfico tiene presencia. Junto a la Procuraduría, en julio del 2020, señalaron su preocupación por el aumento de niños, niñas y adolescentes reclutadas durante el confinamiento por la pandemia.
La compra de niñas y adolescentes no es el único problema que aqueja a las mujeres del Bajo Atrato-Darién y Urabá. Las historias de vida de las mujeres indígenas, negras y mestizas están marcadas, en su mayoría, por la violencia sexual.Según cifras del Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH, en la región se han podido documentar 586 de estos casos en el marco del conflicto armado desde 1964 hasta 2017. Cerca de uno de cada tres casos de violencia sexual ocurrieron en Apartadó (208), seguido de Turbo (174) y Riosucio(76).
El recuerdo y la situación de orden público ha condenado a las mujeres a no salir de su territorio. Algunas le contaron a la Comisión que prefieren no asistir a talleres de formación para no quedar en medio de enfrentamientos de grupos armados, que algún actor las ataque sexualmente o dejar solas a sus hijas y que puedan ser violentadas. Cifras de la Policía Nacional muestran que durante el 2020 recibieron 190 denuncias de violencia sexual en los cinco municipios de la región. En tres de cada cuatro casos las víctimas son menores de edad y adolescentes.
En la mesa de diálogo de mujeres mestizas se enfatizó en la necesidad de denunciar los crímenes contra ellas y generar espacios seguros de denuncia. Señalaron que muchas tienen miedo de contar las violencias que sufren y que por eso, las que logran asistir a este tipo de encuentros hablan por “las que no pueden hacerlo”. Por ello, recomiendan implementar de manera eficaz una atención con enfoque de género en los funcionarios y servidores del Estado.
“Hay que denunciar, nos toca denunciar, si no es por nosotras que nos tocó irnos, correr, que al menos dejemos ese legado, que tenemos que morir muchas para dejar eso. Visibilizar todos esos gestos.”
Las mujeres también recomendaron tener atención psicosocial de manera diferenciada, en especial las víctimas de violencia sexual. En la actualidad, está el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del Ministerio de Salud (Papsivi),sin embargo Rutas del Conflicto investigó en el especial Cicatrices Sin Sanar, que hay grandes obstáculos para acceder a un profesional de la salud. Lo que impide tener una atención que permita sanar las huellas de la guerra.
Una de las maneras con las que los grupos armados han intentado mitigar la resistencia de las mujeres, ha sido por medio del abuso sexual, la tortura física y el asesinato de familiares de su entorno. Según documentó el proyecto La Paz en el Terreno, en el departamento de Chocó la participación política de las mujeres disminuyó porque sintieron que las dinámicas de violencia estaban aumentando y prefirieron apoyar candidatos hombres que tenían una exposición diferente.
Sin embargo, las mujeres siguen resistiendo y organizándose para exigir la paz en sus territorios. En 1998, después del gran desplazamiento y las múltiples violaciones de derechos humanos que produjo la operación Génesis y la incursión paramilitar Cacarica, 89 familias crearon la Asociación de Víctimas Clamores. Una iniciativa liderada por mujeres, que trabajan por la memoria, la resignificación de la comunidad de Riosucio y por los derechos de las víctimas del conflicto armado.
“Vivimos en medio de la guerra pero vivimos resistiendo. A la guerra no se le puede sumar el olvido” afirmó una de las lideresas de la Asociación. En este momento con 207 familias que trabajan en pro de la comunidad y las mujeres, están construyendo la memoria a través de un monumento sobre lo que pasó entre 1995 y 1997 en el municipio.
“Hay que trabajar un solo lenguaje para que las comunidades puedan llegar a la paz”, afirmó otra de las lideresas
La población LGBTI le narró a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, los hechos de los que han sido víctimas, sus procesos de reconocimiento entre sus comunidades y las recomendaciones para poder lograr ejercer sus derechos de forma plena.
A comienzos de los noventa, como lo narraron los y las participantes, expresar su orientación sexual o identidad de género los ponía en riesgo. Los actores armados realizaban las llamadas ‘limpiezas sociales’ con el fin de amenazar, torturar, asesinar y desaparecer a quienes eran considerados ‘anormales’ para los grupos armados, ya sea por no tener un comportamiento ‘idóneo’ para ser mujer o ser hombre.
“Hacia finales de esta década se recuerda la circulación de panfletos que aludían a “maricas y sidosos”, se lee en el informe de la FIP, Territorio, seguridad y violencias basadas en género en Apartadó. Estas amenazas iban acompañadas de desplazamientos a cuenta gotas de la población diversa que huía de sus territorios. Como lo afirmó tanto el CNMH y la FIP, las dinámicas de regulación social basadas en estereotipos de género no tuvieron su origen en el conflicto armado pero sí fueron utilizadas por los grupos ilegales con fines de controlarlos y asociar a la población diversa con delincuencia y vicio.
“El accionar armado no se fundó en juicios a priori sobre estas personas sino que hizo parte de una estrategia calculada para ‘limpiar’ los territorios de una presencia que les resultaba incómoda o para ‘corregir’ esas opciones de vida que consideraban contrarias al deber ser” (Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH-, 2015, pág. 26).
Para entender la dimensión de las violencias contra la población LGBTI, las cifras estatales son pobres. Por ejemplo, la Policía solo tiene datos por sexo y no por género. La Unidad de Víctimas (con corte del 31 de julio del 2021) dice que en la subregión hay 249.536 personas registradas en el RUV, de ese número 191 son de la población LGBTI, 36 se declararon como intersexual y 15 no lo informaron. Según la comunidad, estas cifras tienen un fuerte subregistro por el miedo a denunciar por represalias, porque eliminan la identidad de género en la identificación del hecho victimizante y porque no encuentran confianza en las instituciones que muchas veces las y los revictimiza y deshumaniza.
De ahí, nace la recomendación de las personas con identidad de género y orientación sexual diversa que existan acciones concretas de gobierno que los y las acoja de manera diferenciada y real. “Aquí en Urabá no hay política pública en este tema o al menos no es la misma que en Bogotá. Nos toca pelearnos nuestros derechos todo el tiempo”, afirmó una de las asistentes al diálogo.
Aunque reconocen que la aceptación y el reconocimiento por parte de las comunidades han avanzado. Una muestra de ello es la historia de Nilson Bailarín Sapia, la primera gobernadora indígena trans del municipio de Mutatá y del departamento de Antioquia. Todos y Todas llegaron a un acuerdo al afirmar que, existen y han venido en aumento los espacios para la población LGBTI pero que sienten que todavía hay camino por recorrer. Especialmente, con las entidades gubernamentales, en la que sus funcionarios, muchas veces, las y los revictimizan y ponen en duda sus relatos y experiencias de vida.
Muchos, que fueron desplazados por el temor de ser asesinados, todavía no regresan a sus comunidades. “A mi me da mucho miedo ir a San Pedro, eso es meterse a la boca del león. Yo no pude expresar mis libertades” afirmó uno de los participantes. Otros por el contrario han encontrado en colectivos, organizaciones civiles y manifestaciones culturales y artísticas la oportunidad de resignificar espacios y expresiones que utilizaron los actores armados para ‘marcarlos’ como alguien indeseable en las comunidades.
En la actualidad, todavía están presentes las mal llamadas ‘limpiezas sociales’, en contra de la población LGBTI. Existen unas violencias menos notorias y con menor grado de sevicia, de hace unas décadas pero todavía existen. “Aquí hay ‘limpieza social’ y no tendríamos que irnos de nuestros municipios por miedo a que nos maten”, afirmó una mujer trans. Además, de la idea por parte de actores ilegales y sus alianzas locales, que la población diversa puede “corromper” o “dañar” a la juventud y la imagen del territorio.