Al tiempo que se expandían los cultivos de uso ilícito desde el sur del país hasta el norte del Cauca, las costumbres de la población campesina, afro e indígena fueron mutando. Los animales de carga fueron reemplazados por motocicletas; las festividades culturales por cerveza y música en las tiendas; los sembrados de chontaduro, plátano y café, por los sembrados de uso ilícito de la marihuana, coca y amapola. El mal llamado ‘dinero fácil’ se hizo abundante en la región. “No hay oportunidades”, reclaman todos.
Diferentes grupos armados que han copado el territorio, luchan desde hace décadas por controlar las rentas ilícitas en la región. La población no tiene muchas opciones: hacer parte del negocio ilegal desde el eslabón más bajo de la cadena de producción o resistir en condiciones precarias por una presencia diferencial estatal que se centra básicamente en lo militar. De cualquier manera, el riesgo es inminente.
Se calcula que en el departamento del Cauca hay cerca de 17.000 hectáreas de hoja de coca dedicadas al uso ilícito —los cultivos de marihuana son incalculables—, su siembra es mucho más antigua que la historia del narcotráfico. Durante 50 años las políticas estatales de lucha contra las drogas han estado enfocadas en el control de la oferta y el prohibicionismo, las cuales, según afirman algunos expertos, no han traído resultados satisfactorios.
La siguiente serie documental contextualiza, en voces de líderes y lideresas del territorio, los distintos usos que tienen estos cultivos, y cómo hoy día los grupos armados se lucran de ello. Mientras tanto, las comunidades plantean acciones que permitan reducir el número de sus cultivos, y con ellos, la reducción del conflicto armado.
Al norte del Cauca aún se conserva uno de los auténticos apellidos afro: Mina. Cerca de los años 1600, durante la conquista española, miles de africanos fueron esclavizados, obligados a trabajar en las Minas de Adentro —actualmente conocidos como Cerro Teta, Asnazú y La Toma—: un conjunto de filones de oro ubicados entre los municipios de Suárez y Buenos Aires, Cauca.
Hoy, el territorio es explotado por empresas nacionales, multinacionales, grupos armados y el regreso de particulares con retroexcavadoras. “El riesgo está latente porque según ellos no explotaron todo lo que querían explotar. No sabemos qué va a pasar”, dice preocupado el líder Víctor Hugo Moreno Mina.
Las comunidades afro del Cauca, quienes tradicionalmente hacen uso de la agricultura y la minería ancestral a pequeña escala para generar ingresos económicos —conocidos como barequeros—, llevan años resistiendo a la visión de desarrollo que se pretende imponer a costa de los ríos y biodiversidad de la región. Son más de 70 los Consejos Comunitarios Afro que han denunciado las malas prácticas en sus territorios, protegidos por la Ley 70 de 1993.
Víctor Hugo Moreno Mina nació en Guachené. Durante siete años fue consejero mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC). Ahora hace parte del Consejo Comunitario Pandao, que representa a ocho comunidades en los municipios de Guachené, Caloto y Santander de Quilichao. Por años, el líder le ha hecho frente a los retreros, como usualmente llaman a los mineros ilegales, para expulsarlos del territorio.
Era 2008, la minería mecanizada estaba en auge sobre las regiones ribereñas de Antioquia y Nariño. Y el precio del oro comenzaba a empinarse. La práctica tradicional con bateas y almocafres, que no causa mayor contaminación, la reemplazaron los foráneos con retroexcavadoras, motobombas y explosivos en busca del metal dorado, sin ningún tipo de licencia ambiental. Primero entraron por la cuenca del río Quinamayó, seguidamente por el río Ovejas y después se expandieron por las riberas del departamento.
Entonces fueron los grupos armados quienes se beneficiaron del mercado ilegal. “Teníamos que enfrentarnos a los de las máquinas amarillas, que eran personas armadas —recuerda Moreno cuando, acompañado de su comunidad, los expulsaban de las montañas—. Y después ellos diciéndonos que no, que les colaboráramos, que tenían que sacarlas de noche porque de día tenían que pasar por cuatro retenes de la Policía y en cada uno les cobran 80 millones de pesos”.
No es posible cuantificar la presencia de retreros en la zona. Sin embargo, un reporte de la Defensoría del Pueblo advirtió que en el Cauca se producían 30 kilos de oro mensual, que en ganancias representa alrededor de 2.000 millones de pesos. “O sea que es un negocio muy atractivo para ellos, y por eso nos invadieron tan rápido con esa maquinaria”, explica Moreno Mina.
"No se sabe cuál es más mala, es como una relación entre el cáncer y el sida", comenzó diciendo, Alex Mina, otro líder afro en una de las intervenciones en los Diálogos para la No Repetición. La coca y la minería tienen raíces ancestrales en el territorio, pero, "Ahora no hay respeto por la naturaleza, con la actividad minera y cocalera se han apropiado del agua. Pasivos ambientales que no va a ser posible subsanar", concluyó.
Este tipo de minería a cielo abierto ocasiona graves impactos ambientales: las fuentes hídricas se contaminan con mercurio, cianuro y son desviadas de sus caudales; los suelos pierden su estructura original y la calidad del aire se deteriora. Las personas que optan por denunciar jurídicamente deben también enfrentarse a múltiples amenazas y hostigamientos por parte de desconocidos. Víctor Moreno dice haber recibido más de 15.
El barequeo hoy día poco se practica en los cerros que componen las Minas de Adentro. Los Consejos Comunitarios de los cerros de La Teta y La Toma lograron sacar del territorio, por cuenta de su incidencia, a gran parte los retreros que invadían. Mientras que, por otro lado, el último informe de la Agencia Nacional de Minería de 2017 reportó 227 títulos mineros vigentes en el Cauca —otras 425 solicitudes están en fase de revisión—, la mayoría de ellas están ubicadas al norte del departamento.
Durante el Diálogo para la No Repetición desarrollado con comunidades afrodescendientes, las y los participantes hablaron de los impactos culturales que trae la minería ilegal para la vida de sus comunidades. Señalaron que se crean imaginarios sociales alrededor del poder y el dinero fácil que modifican las expectativas y planes de vida de la gente jóven.
Es ahí donde las comunidades afro desafían la violencia con una valentía digna de sus ancestros: “Hay una resistencia allí heredada de los cimarrones, pero alimentada por la indignación humana”, enfatiza el líder Moreno Mina.
En los Diálogos para la No Repetición, varios participantes coincidieron en que la relación entre el narcotráfico, minería ilegal y actores armados está directamente relacionada: “Donde hay narcotráfico y hay minería, hay actores armados también”, afirmó un líder durante uno de los encuentros.
Asimismo, una lideresa destacó el riesgo latente en el ejercicio de liderazgo y la oposición a cualquiera de los megaproyectos, especialmente los de minería, “Eso es ponerse una misma la cruz o el desplazamiento”, recalcó.
Sumado a lo anterior, en estos encuentros se llegaron a conclusiones contundentes respecto a las repercusiones sociales que el narcotráfico y la minería legal e ilegal ha generado en otro tipo de violencias estructurales como la prostitución, la hipersexualización de los cuerpos feminos, la violencia doméstica y la conflictividad social.
La abolición de la esclavitud llegó a Colombia en 1851. Las familias mineras que barequeaban en las Minas de Adentro, con el tiempo contaron con los derechos para subsistir y continuar con su práctica, como la realizan algunos hoy día. Pero luego llegaron los megaproyectos, y junto a ellos, los infortunios.
Los primeros en llegar entre 1920 y 1930 fueron las multinacionales Gold Dredging Limited y la Anglo Gold Ashanti, ambas con el principal propósito de hacer explotación aurífera a gran escala entre los municipios de Suárez y Buenos Aires. El norte del Cauca es estratégico por su conexión al mar y otros departamentos, además dice la lideresa Clemencia Carabalí, “por su inmensa biodiversidad y riqueza que alberga. Y por supuesto, los enormes intereses que hay alrededor de esas riquezas”.
Para 1970, cuando las entonces FARC-EP empezaron a incursionar en el territorio, se planificó un ambicioso proyecto que fue influenciado por ingeniería estadounidense: una represa de 35 kilómetros capaz de generar 270.000 kW (kilovatios). El embalse se aprovecharía de las fuentes hídricas, principalmente del Cauca. Y para ello, debía inundar algunas zonas y desviar varios ríos.
La construcción arrancó en 1980. Desde entonces, el descontento por el uso de las riberas del río Cauca motivó de nuevo a organizar a las comunidades afro. Las zonas se empezaron a militarizar y los anillos de seguridad, a veces, cercaban las casas de la comunidad. Su propósito no era ciertamente combatir la guerrilla, sino proteger la existencia del oro.
Tras cinco años de edificación, a costa de inundaciones en las zonas cercanas al río Cauca, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), inauguró la hidroeléctrica La Salvajina. Adelmo Carabalí, habitante de La Alsacia, lo narraba así para un informe del Movimiento Regional por la Tierra y Territorio: “La gente tenía en su finca (marcado) dónde va la zona que el río siempre inunda, y más o menos (son) 100 metros para arriba. Como el agua subió 160 metros, todas esas fincas quedaron inundadas”. Casi 10.000 personas, en su mayoría afro, tuvieron que desplazarse a ciudades como Cali, Bogotá y Popayán.
Al tiempo en que marchaban los afro, indígenas y campesinos hasta Popayán en 1986 para exigir sus derechos como comunidades ancestrales y de propiedad privada, sin consulta ni moderación, al occidente de la Salvajina se planeaba una hidroeléctrica más grande: Arrieros López de Micay —un proyecto similar al que vivió años más tarde Ituango, Antioquia—, que también implica al río Cauca. Pero hasta hoy se han resistido a su construcción.
La represa tiene una inversión de 1.300 millones de dólares. Además del dique, se pretende también construir una vía al mar, todo esto en las zonas que comprenden Balboa, López de Micay, Argelia y El Tambo. Actualmente estos municipios son los que mayor número de hectáreas de coca cuentan a nivel nacional y departamental. Incluso, aproximadamente el 90% de la economía de Argelia se debe a la hoja de coca. “La pregunta es: ¿por qué se incrementan tanto los cultivos de coca en Argelia y Balboa? ¿Cuál es el interés que hay allá atrás?”, se cuestiona Dora Troyano, ecóloga e investigadora del Sena.
Más allá de la desconfianza, lo que se encuentra en esta región es lo que algunos habitantes llaman ‘coincidencia de intereses’. Por un lado, los grupos armados se lucran con el narcotráfico. El aumento de cultivos de uso ilícito justifica la presencia de la fuerza pública. Nuevamente el desplazamiento, como ocurre en este momento en Argelia, se vuelve frecuente en el territorio. La tierra —especialmente la que está al lado de los ríos y que tienen un atraso en su formalización— queda a merced de los megaproyectos.
En el diálogo ‘El Cauca habla de otros futuros posibles’, organizado por la Comisión de la Verdad, el alcalde del municipio de Argelia, Jonathan Patiño, también recalcó que la persistencia del conflicto armado está ligada a aquellos intereses que se tienen en el territorio a corto y mediano plazo. “Eso también hace que haya esa persistencia y ese recrudecimiento del conflicto en nuestro territorio, aquí somos víctimas de unas decisiones que no tomamos nosotros, que se toman en unas esferas de poder a lo que nosotros ni nos imaginamos y que se dan desde Bogotá”, aseguró Patiño.
“Claro, es una lógica de colonización que tiene que ver con proyectos que no son directamente vinculados con narcotráfico —interpreta Dora Troyano y enfatiza en la represa que por el momento está suspendida— No podemos permitir otra Salvajina en el Cauca”. Leonor Yonda, integrante del Consejo Comunitario Afrorenacer del Micay, se pregunta: “¿Será que esto está direccionado hacia allá? ¿Es un plan estratégico? En El Tambo hay 114 solicitudes de extracción minera”.
En 2021 Colombia volvió a ser, por segundo año consecutivo, el país más peligroso para ejercer el liderazgo ambiental en el mundo, según la ONG Global Witness. Su peor registro es del 2020 en el que fueron asesinados 65 líderes y lideresas, al menos 20 tenían incidencia en el Cauca.
Una lideresa indígena, afirmó en los Diálogos con enfoque de género que la contaminación ambiental y la fumigación han acabado por muchos años con los animales, plantas, alimentos y hasta se han presentado casos de cáncer de estómago por la misma contaminación. “Por eso es la resistencia del movimiento indígena a la fumigación, por la contaminación de nuestros ríos, montañas y páramos. Hay un batallón en el páramo y lo han dañado, talaron frailejones, hemos tratado de acercarnos a ellos de muchas formas para que se vayan pero no ha sido posible”, enfatizó la lideresa.
Entre las muchas resoluciones incumplidas a la comunidad del norte del departamento, se espera que se ratifique el Acuerdo de Escazú, que entre sus objetivos se contempla garantizar la justicia en asuntos ambientales. Quizás las futuras generaciones encuentren un medioambiente sano con desarrollo sostenible después de cuatro siglos de explotación del territorio.
El 10 de junio de 2016 el país conoció el comunicado del frente Armando Ríos de las FARC-EP, con injerencia en los departamentos de Meta, Vichada y Vaupés, en el que anunciaron que continuarían con la lucha armada y que darían un paso al costado del proceso de paz. Así se materializó el surgimiento de las disidencias de las FARC-EP.
Según el informe “Los grupos PosFarc-Ep: Un escenario complejo”, publicado en abril del 2020 por Indepaz, los años inmediatamente posteriores a los procesos de desarme, desmovilización o entrega de armas en Colombia “han significado la disminución de los escenarios de violencia desde una mirada de país y a su vez la agudización de unos cuantos, por cuenta de las reconfiguraciones armadas, especialmente en zonas dominadas anteriormente por la guerrilla”.
Según Carlos Duarte, profesor del instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, paradójicamente los momentos de transición política, en los que se han firmado acuerdos con actores armados, vienen acompañados por un recrudecimiento de la guerra y de persecución a los liderazgos sociales y a las comunidades que le apuestan al cumplimiento de esos acuerdos.
Con el reacomodo del teatro de la guerra del Cauca, los grupos narcoparamilitares se reprodujeron en las zonas de antigua influencia de las FARC-EP. Si bien en el Cauca no se ha comprobado la presencia física de actores armados como las Águilas Negras, si se han reportado en las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo panfletos firmados por esa estructuras amenazando a la población y a los líderes sociales.
Ermes Pete, consejero mayor del CRIC, recuerda que uno de los primeros grupos que se escucharon nombrar después de la firma de los Acuerdos de Paz fueron las Águilas Negras. “Nunca los llegué a ver personalmente que recorro siempre el territorio, pero los panfletos sí, en donde nos piden que nos vayamos, que no sigamos implementando nuestro proceso de lucha y resistencia, porque para ellos somos socialistas, comunistas. Y las Águilas Negras empiezan a regar panfletos en el departamento del Cauca”, recordó el líder indígena.
Según la Fundación Paz y Reconciliación, las Águilas Negras son una "marca o eslogan utilizado por sicarios o mercenarios que ofrecen unos servicios de seguridad y que son contratados por terceros o particulares".
Otra estructura paramilitar que al parecer hace presencia en la zona son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Las comunidades han denunciado la presencia de este grupo en los municipios de Balboa, Argelia, El Tambo y Patía. Según el informe 'Los Herederos del Paramilitarismo se Toman el Sur del Cauca' publicado por la Fundación Paz y Reconciliación, estos hombres identificados como integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia llegan al sur del Cauca desde el municipio de Leiva, en el norte de Nariño.
Los líderes del departamento han denunciado la aparición de panfletos firmados por carteles de la droga mexicanos, como el Cártel de Sinaloa, pero su presencia tampoco ha sido corroborada.
Un caso particular es el de el EPL, cuya historia se remonta a 1967 cuando surgieron como grupo insurgente en los departamentos de Antioquia, Sucre y Córdoba. El grupo se desmovilizó en 1991 pero una facción de 160 integrantes decidió continuar en armas y quedó un reducto de disidentes en la región del Catatumbo, Norte de Santander. En 2016 el gobierno nacional dejó de reconocerlos como un grupo guerrillero y los apodó como Los Pelusos, bajo la categoría de Grupo Armado Organizado (GAO).
Tras la dejación de las armas de las FARC-EP y su salida del territorio, Los Pelusos lograron entrar en el Cauca a disputar el control de los cultivos para uso ilegal y el control del corredor de El Naya, el noroccidente del departamento. El 7 de diciembre de 2017 sostuvieron combates con otros grupos armados en el Cerro Tijeras, en Suarez, Cauca, donde perecieron integrantes de ese grupo ilegal y se confirmó su llegada al territorio.
Ermes Pete afirma que para las autoridades territoriales ha sido muy confuso identificar a los grupos detrás de los atentados y las afectaciones a la comunidad, debido a la cantidad de estructuras que aparentemente hacen presencia en la zona. Sin embargo, con el tiempo el reacomodo se ha vuelto más claro y las autoridades del norte del Cauca han comenzado a reconocer grupos de autodenominadas disidencias, en los que hay integrantes de la otrora guerrilla de las FARC-EP.
En febrero de 2017, alias 'Mordisco' salió de la Zona Transitoria de Monte Redondo, entre los municipios de Corinto y Miranda, y conformó la disidencia del frente sexto, conocida como la columna Jaime Martínez. 'Mordisco' fue capturado al año siguiente y las riendas del grupo las tomó alias 'Mayimbú'. Actualmente controlan cultivos de coca y marihuana sobre su territorio de influencia, que va desde el Alto Patía hasta el norte del departamento.
En uno de los Diálogos para la No Repetición se denunció que en El Tambo, Cauca, una empresa dedicada a la industria forestal se vio obligada detener sus operaciones luego de que no accediera a pagar las extorsiones que la Columna Jaime Martínez ha venido realizando a esa y otras compañías en el territorio. Lo anterior, ocasionó que al menos 300 personas perdieran sus empleos.
A mediados del 2018, el CRIC denunció el arribo de un panfleto firmado por el frente Dagoberto Ramos, anunciando así la llegada de un nuevo actor. Según la Fundación Conflict Responses (CORE), el grupo actualmente lo dirige Javier, y su presencia se concentra en la región del norte del Cauca y el occidente del Huila.
Desde el 2018 la Columna Móvil Dagoberto Ramos ha perpetrado masacres y homicidios en contra de las autoridades indígenas que han tratado de reivindicar su derecho al control territorial y rechazar los cultivos para uso ilícito. Según CORE, “contra los colonos de la zona, este grupo ha sido notablemente menos violento”.
El 28 de mayo del 2020 se hizo público un video en el que el frente Fuerza Unida del Pacífico, con influencia en El Naya, anunciaba su continuidad activa como frente de las FARC-EP. Está compuesto por exintegrantes del frente 30. Al parecer actúan en concordancia con el frente Miller Perdomo del ELN para enfrentarse a Los Pelusos, con quienes disputan las rentas ilegales y el control del corredor de El Naya.
En noviembre de 2018 comenzaron a aparecer indicios del surgimiento de un nuevo grupo residual en Argelia, Cauca. Se trata del Frente Carlos Patiño, que según CORE, su cabecilla, Andres Patiño, alias El Mocho, “sería un miembro de la Columna Móvil Jacobo Arenas no reconocido por las FARC-EP y por eso siguió en el conflicto.” Actualmente se disputan la región del Patía con el frente José María Becerra del ELN.
Leonor Yonda, lideresa social de El Tambo, Cauca, explica que el surgimiento del Frente Carlos Patiño se debió a que las instituciones gubernamentales nunca llegaron a llenar el vacío estatal: “La situación es bastante difícil. Lo que habíamos trabajado, todo el proceso organizativo. A todo el liderazgo le tocó salir estigmatizado, señalado, expropiado de sus propiedades. O sea, rompieron con todo”.
En los municpios de Argelia y El Tambo, se documentó el asesinato de varios miembros de la Cumbre Nacional Agraria y también varias amenazas a la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia, a quienes acusan de trabajar para narcotraficantes. Al parecer, detrás de estos hechos está el Frente Carlos Patiño.
En agosto del 2019 se hizo pública la creación de la Segunda Marquetalia, que comenzó “su proceso de crear nuevas estructuras o unirse con otras ya existentes en diferentes zonas del país”, explica Conflic Responses. Pero Gentil Duarte adoptó la misma estrategia, y con la creación del Comando Coordinador de Occidente (CCO) en febrero de 2020, con injerencia en el suroccidente del país, comenzó a agrupar estructuras en esas regiones.
CORE afirma que esas alianzas con el CCO no se traducen en la creación de una estructura única comandada por Duarte, “la evidencia muestra que hay mucha autonomía e independencia; Duarte parece tener un mando claro solamente en su relación con alias Jhonier, comandante del CCO, sin tener control completo y directo sobre las unidades”, concluye el informe. En el Cauca, tanto las columnas móviles Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, como el Frente Carlos Patiño, están alineados con el CCO de Gentil Duarte.
El panorama del departamento es desalentador. El conflicto armado parece estar lejos de terminar y los actores armados están cada vez más arraigados al territorio. La presencia de economías ilícitas y la incapacidad del estado para garantizar los derechos de las comunidades genera el ecosistema ideal para que los grupos al margen de la ley permanezcan en el Cauca.
A través de los testimonios de líderes, lideresas y representantes institucionales recogidos durante los Diálogos Para la No Repetición, se denunciaron los vacíos estatales que existen en la región. Se hizo énfasis en que la presencia estatal se centra en la militarización y no en la inversión social (salud, educación, vivienda) que es tan necesaria en el departamento.
Según el Departamento Nacional de Estadística (DANE), el índice de pobreza multidimensional (IPM), en el Cauca alcanza un total del 40%, donde la ruralidad es la más afectada. Según el coeficiente Gini, el Cauca presenta el tercer índice más alto a nivel nacional con un coeficiente de 0,537 muy a la par con los dos departamentos más desiguales del país, que son Chocó y la Guajira.
Si bien la pandemia, el incumplimiento de los acuerdos y el recrudecimiento del conflicto fueron elementos para que estas cifras aumentarán, la falta de inversión social y presencia integral del Estado han sido la constante histórica en este departamento, en donde más de la mitad de la población se ve obligada a subsistir mensualmente con doscientos o trescientos mil pesos colombianos.
Aunque se han hecho algunos esfuerzos por parte del gobierno, una de las principales preocupaciones para los habitantes del Cauca ha sido la falta de compromiso por parte del gobierno, que se ha visto reflejada en el incumplimiento de más de 1.000 acuerdos firmados entre la institucionalidad y los habitantes.
El incumplimiento de esos acuerdos, que por más de un siglo se han pactado entre los gobiernos de turno y las comunidades del Cauca, fue uno de los elementos que más se tuvo en cuenta en los espacios de escucha organizados por la Comisión de la Verdad. En estos espacios, los líderes y lideresas destacaron que la mayoría de los acuerdos surgieron a partir de diversas movilizaciones masivas que las comunidades organizaron con el fin de exigir la reivindicación de sus derechos, a su vez que los habitantes que habitan en este territorio sean escuchados y reconocidos.
El Cauca ha sido el corazón de múltiples acuerdos de paz. Hace 31 años, el 9 de marzo de 1990 se firmó el acuerdo con la guerrilla del M-19 en Caloto. Fue el primer acuerdo pactado entre una guerrilla y el Estado colombiano. Posteriormente, el 31 de mayo de 1991 se firmó el segundo acuerdo con el movimiento armado Quintín Lame, esta vez en Caldono. Algunos desmovilizados de estos grupos también reclaman que de todo lo pactado aún hay muchos puntos sin cumplir.
La falta de la presencia integral del Estado le ha cerrado las puertas a la reactivación económica, que le permitiría a los habitantes del Cauca mejorar su calidad de vida y salir de la pobreza multidimensional. Hay muchas zonas en el departamento que, paradójicamente, están rodeadas por agua, pero allí ni el agua potable ni la luz han llegado aún. Los colegios y puestos de salud son precarios, las vías están en mal estado y algunos jóvenes al no poder acceder a un sistema educativo de calidad y/o laboral, prefieren la criminalidad.
Para Leonor Yonda, lideresa campesina, los habitantes del Cauca sí están dispuestos a trabajar de la mano con el gobierno para que la situación mejore, no solo en los temas sociales, también en el tema de sustitución y economías legales. Sin embargo, es imprescindible empezar por cumplir los acuerdos pactados.
Helena Storm, embajadora de Suecia, comparte la misma opinión de Leonor. “Hay muchos retos, falta de oportunidades para los jóvenes, reclutamiento forzado, necesidad de inversión. El pueblo caucano tiene una fuerza impresionante por convicción, tengo la esperanza de que acá vamos a alcanzar una paz duradera y sostenible”, aseguró Storm.
Aunque las instituciones estatales están presentes en la mayoría de municipios del Cauca, la fuerza pública ha significado la representación más evidente del Estado. Desde la década de los 80 ha tenido una fuerte presencia, a partir de una lógica contrainsurgente, su función ha estado enmarcada en combatir los grupos armados que aparecieron desde esa época y se fortalecieron a través del tiempo. También han estado allí para proteger los intereses económicos del departamento, especialmente lo que concierne a la protección de empresas privadas.
En la actualidad la situación no se diferencia mucho del pasado. Después de la firma del Acuerdo de Paz con la antigua guerrilla de las FARC-EP, los habitantes del Cauca recuerdan que hubo un corto tiempo de calma en el territorio, pero que no duró mucho pues la presencia de grupos armados, como las disidencias de las FARC-EP, el ELN y el Clan de Golfo, volvió a ser noticia en la región, incrementando de nuevo el asesinato de líderes y lidereras sociales.
Desde finales del 2020, la respuesta del gobierno de turno ante esta situación ha sido reforzar la militarización, que se evidenció con la llegada de más de 2.500 soldados en el norte del Cauca, especialmente en el municipio de Toribío.
Durante el Diálogo para la No Repetición los empresarios afirmaron que la poca presencia estatal en el territorio es una de las causas de que el conflicto continúe. "Cuando hablamos de Estado no es simplemente el ejército haciendo rondas. Hablamos del Estado llegando con bienes y servicios que le ayuden a la comunidad a generar su propio desarrollo", puntualizó uno de los asistentes. A su vez, la cooperación internacional ha insistido en la obligación del Estado de garantizar los derechos humanos en todo el territorio del Cauca.
A pesar de que el departamento es considerado uno de los más militarizados de Colombia, los índices de asesinatos, cultivos de uso ilícito y narcotráfico siguen en aumento. Ermes Pete, consejero mayor del CRIC, afirma que la confianza en la fuerza pública está muy deteriorada, especialmente porque su actuar va en contravía al respeto de los derechos constitucionales de la comunidad caucana.
“El presidente de la república hace su consejo de seguridad, promete más batallones, lo hace pero no vemos efectividad, siguen los asesinatos, las masacres. Vemos que esto no lleva a ninguna salida y hoy miramos con gran preocupación que el proceso de paz, esa tranquilidad que obtuvimos ese año y medio, pues se está desbaratando y está peor que la guerra que se vivió por más de 50 años con la guerrilla de las FARC-EP”, aseguró.
José Navia, cronista reconocido por contar historias sobre la realidad caucana, concuerda con Pete en que la presencia de la fuerza pública no ha traído resultados positivos. No se ha evidenciado la disminución de todos los eslabones de las economías ilícitas y la seguridad de la población civil.
“En Toribío he visto que a plena luz del día, a eso de las 2 o 3 de la tarde, y en frente de la policía y militares, estaban sacando cargamento de marihuana tipo cripy en motos y camionetas. Es difícil de creer, en la noche se iluminan los invernaderos y parecen ciudadelas, la pregunta del millón es ¿Cómo salen todas esas toneladas si hay militarización por todo lado? se mueven esos cargamentos 350 días y ¿nadie se da cuenta?, por allá capturan un camioncito de vez en cuando y ya pare de contar”, apuntó Navia.
Según los testimonios de habitantes, los esfuerzos se han centrado únicamente en la dimensión militar y no en la inversión social, un aspecto que ayudaría a la comunidad caucana a superar el conflicto armado. “La presencia del Estado, en lo que concierne a la fuerza pública, definitivamente no ha sido efectiva. Es una estrategia militar y de seguridad que sigue siendo de alguna manera como contrainsurgente y no digamos de golpes y de agresión a unas estructuras criminales que realmente son las que se están disputando hoy todas estas rentas ilegales”, aseguró Mabel Andrade, Coordinadora de la territorial de la Comisión de la Verdad en el Cauca.
Aunque la institucionalidad se encuentra presente en el departamento, los líderes y lideresas han resaltado que la inversión social en el territorio es muy poca, el acceso a la salud es precaria, no existe educación de calidad y las Necesidades Básica Insatisfechas están por encima del 70%. Durante la pandemia la situación empeoró y una de las poblaciones más afectadas han sido los niños, niñas y adolescentes que al no encontrar muchas alternativas prefieren entrar a un grupo armado o entrar en el microtráfico como forma de subsistir.
Uno de los retos más grandes para el gobierno es descentralizar los poderes y aumentar la participación política y electoral de nuevos funcionarios que hagan parte de los grupos étnicos caucanos. De esta forma las decisiones y acciones políticas serán pensadas desde el territorio y no desde las grandes ciudades.
“Lo primero es atacar la corrupción, porque además de ser centralizado también se roban muchos recursos, lo segundo es que los Planes de Vida que las comunidades creamos, y están amparados por la constitución, se respeten para que la inversión social llegue a todos los territorios”, propuso Víctor Moreno, líder afro del norte del Cauca.
Varios testimonios apuntan a que existe una élite política que por décadas ha liderado los altos cargos en el departamento, durante los Diálogos de No Repetición de la Comisión de la Verdad se denunciaron casos de corrupción y violación a los derechos de los ciudadanos. Según contaron algunos habitantes estos grupos políticos buscan ser hegemónicos y en ocasiones, a través de favores políticos, captan la mayoría de curules.
Según un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) el departamento del Cauca, con un IPM por encima del 80%, fue uno de los departamentos en donde más del 50% de los habitantes votó por el Sí en el plebiscito, que se gestionó con el gobierno de Juan Manuel Santos para apoyar o no el Acuerdo de Paz, firmado con la antigua guerrilla de las FARC-EP.
Los habitantes del departamento le apostaron a la paz, no solo como la salida más viable para acabar con el conflicto armado, que ha golpeado a la región por más de 50 años, sino también como una oportunidad para generar desarrollo económico y social en época de posconflicto.
“Después del Acuerdo llegó una tranquilidad enorme para los territorios. Desde el 2017 pudimos llegar a los rincones sin muchos inconvenientes, no encontramos retenes, todo era tranquilo, los turistas volvieron a la zona. Lastimosamente, desde mediados del 2018, con el cambio de gobierno, volvió la guerra a nuestros territorios, empezó la persecución judicial a los firmantes de paz”, recordó Ermes Pete.
A su vez, el líder indígena señaló que para esa época el movimiento indígena se reunió con el gobierno de Iván Duque para advertir que si no se seguía implementado el Acuerdo de paz el posconflicto sería más difícil que el mismo conflicto.
A partir del 2018 las agresiones a líderes, lideresas y defensores de derechos humanos se recrudecieron, quienes le apostaron a los Acuerdos de Paz fueron vistos por los grupos armados como objetivo militar. Tras los asesinatos masivos a representantes comunitarios, la esperanza de la gente se fue apagando y la violencia se agudizó, incluso con más matices que en la época anterior a la firma del acuerdo.
Los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y El Plan Nacional Integral de Sustitución, Pnis, hacen parte de los programas creados a partir del Acuerdo de Paz que buscan generar desarrollo económico en las regiones de Colombia en donde el conflicto armado ha dejado graves afectaciones.
En el caso del Cauca, se han presentado más de 4.000 propuestas para gestionar proyectos relacionados con tierras, salud, educación rural, género, alimentación, vivienda, acueductos y sustitución de cultivos. Para inicios de 2021, de todas las propuestas planteadas tan solo 84 iniciativas han sido aprobadas.
“Los PDET son un tema delicado, he visto que a veces la institucionalidad llega solamente como a tomar la foto para decir que están avanzado, pero los resultados no se ven, en los PDET tampoco han querido reconocer nuestro Plan de Buen Vivir”, manifestó un líder de Caloto en el espacio de profundización de Experiencias de Convivencia.
Para las autoridades indígenas, afrodescendientes y campesinas, la clave para que estos programas tengan buenos resultados en la región es la articulación y empalme con los planes de vida de las comunidades y la institucionalidad, en donde se respete y se reconozca lo que ya existe en el territorio. “La institución no puede llegar cada uno por su lado rompiendo los procesos organizativos y la identidad cultural de la región, se debe partir por el mismo respeto a nuestras cosmovisiones”, aseguró Pedro* un asistente de los diálogos organizados por la Comisión de la Verdad.
La sustitución de cultivos de uso ilícito tampoco ha traído los resultados esperados, por el contrario, se ha seguido insistiendo en la fumigación con aspersión aérea y no en los proyectos que se han concertado con las comunidades caucanas.
Cesar William Díaz, integrante del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA), considera que la política antidrogas ha estado equivocada porque se ha centrado en perseguir los eslabones “débiles” como los cultivadores y consumidores, y no han centrado la lucha en la intervención de capitales, químicos y elites que promueven el narcotráfico, “Hay un proceso creciente de desinstitucionalización y al narcotráfico y las estructuras de poder les conviene que no haya institucionalidad porque se benefician de él”.
Para los líderes y lideresas el llamado al gobierno ha sido el diálogo por la paz, no solo con las antiguas FARC-EP, también con los otros grupos armados que hacen presencia en el territorio. La implementación del Acuerdo no solo significa para ellos la asignación de recursos económicos, también es estar en armonía con las diferentes cosmovisiones que ocupan el territorio.