La falta de inversión del Estado en esta región ha impedido que se desarrollen ampliamente otras economías diferentes a la minería y la coca. Los recursos naturales del Sur de Bolívar son abundantes, pero los beneficios no se ven reflejados en la calidad de vida de los habitantes.
*Los nombres fueron cambiados para guardar la identidad de las personas que participaron en este especial.
José* mantiene muchas de las costumbres de sus antepasados. Así como su abuelo, un boyacense que llegó en los años 50 a Simití, Sur de Bolívar, buscando oportunidades en los yacimientos de oro poco explorados en la época; y su papá, que pronto aprendió y también empezó en la actividad minera, José se levanta muy temprano para llegar a la mina donde trabaja. Allí pasa el día entero intentando sacar al menos un gramo del mineral, que después podría vender entre 50 y 70 mil pesos, y así asegurar, por unos días, el sustento de su hogar.
Estas extensas jornadas las pasa en compañía de cientos de barequeros y barequeras, como se les dice a quienes principalmente viven de extraer el mineral en las orillas de los ríos, y que como José llevan toda su vida inmersos en las minas. De acuerdo con cifras de la Agencia Nacional de Minería , la minería en Bolívar representa el 2.3% del PIB del departamento y genera alrededor de 5.800 empleos directos. En otros renglones de la economía, en el Sur de Bolívar se desarrolla la ganadería, el sector maderero y la agricultura.
La región del Sur de Bolívar debe su riqueza natural, y sus reservas de oro, a la serranía de San Lucas, una imponente formación montañosa de 6.750 kilómetros cuadrados, ubicada entre los departamentos de Antioquia y Bolívar, cubierta por bosques tropicales y andinos, y hogar de diversidad de fauna y flora. Este macizo, rodeado por los dos ríos más importantes de Colombia: el Magdalena por el oriente y el Cauca por el occidente, ha proveído a quienes han llegado a habitarla incluso desde la época de La Colonia, cuando ya estaban asentadas allí comunidades indígenas como los Malibués, Tahamies y Guamoco.
Municipios como Simití y Arenal fueron tierra palenque: a principios del siglo XVII varias zonas del Sur de Bolívar se constituyeron como zonas pobladas al ser refugio de negros esclavizados que huyeron de Cartagena o Santa Marta buscando libertad. Una vez establecidos en la zona se dedicaron a cultivar el y a la minería artesanal, una actividad que mantienen en la actualidad muchos descendientes de estos pueblos afro y campesinos colonos como el abuelo de José, que llegaron al Sur de Bolívar alrededor de los años 50 principalmente desde Boyacá, Antioquia y Santander, huyendo de la violencia de la época o contagiados por la fiebre del oro.
Similar a la colonización que se vivió con el oro, entre la década de los años 40 y 50, la región recibió una ola de campesinos que llegaron desde otras zonas del país buscando oportunidades de subsistencia. Incentivados por el Estado, que en la época promovió planes para que los campesinos llegaran a ocupar, habitar y trabajar en de la nación, miles de ellos se asentaron en la serranía de San Lucas y empezaron a poblar el Sur de Bolívar.
Sin embargo, con la expedición de la en 1959, algunas de esas zonas que estaban siendo pobladas, entraron en los límites de lo que la norma establecía como zona de . Esto imposibilitó que los campesinos pudieran acceder a títulos sobre esos predios donde se arraigaron y empezaron a construir sus proyectos de vida. Desde ese momento, en el Sur de Bolívar se empezaron a presentar estas tensiones por la tierra que a hoy no se han resuelto.
Como explica Águeda Plata, coordinadora de la macro territorial del Magdalena Medio de la en el Magdalena Medio, otro factor que complejiza el tema de la tierra en el Sur de Bolívar tiene que ver, precisamente, con la figura de protección que se requiere para la serranía de San Lucas. “Van más de 10 años de conversaciones y concertaciones, en las cuales la región está de acuerdo en que exista una figura de protección, pero en lo que no hay consenso es sobre cuál es la figura que puede generar garantías para sostener la biodiversidad y proteger la serranía, al tiempo que dé garantías para que la gente pueda vivir en el territorio”, dice Plata.
Mientras tanto, la serranía sigue viéndose afectada. Varios municipios del Sur de Bolívar tienen una fuerte actividad maderera que genera talas; otros, con su vocación minera, afectan fuentes hídricas y algunos más han deforestado amplias zonas para establecer monocultivos como la palma o para cultivos de uso ilícito como la coca.
A pesar de que muchos de estos pueblos han ejercido la minería de manera tradicional, el control de esta actividad lo tienen pocos. En el Sur de Bolívar “la minería es una lotería: solamente hay uno que compra el billete y ese es el que se la gana”, explica Andrés*, minero de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar,
A quienes se refiere como los ganadores de este premio es a las grandes mineras internacionales que han llegado a explorar el territorio, según la versión de Andrés, con el aval de los diferentes gobiernos que impulsan la actividad de las megamineras, pero ponen barreras al minero tradicional que lleva generaciones intentando formalizar su oficio. “El pequeño minero sobrevive tratando de demostrarle al gobierno que tiene interés de formalizar su labor en el territorio, pero los requisitos establecidos para él son los mismos que le piden a la , que tiene los recursos suficientes para pagar y formalizar su actividad”, dice Andrés*.
Según datos de la Agencia Nacional de Minería (ANM), extraídos del catastro minero colombiano en 2017, en el departamento de Bolívar hay 380 títulos mineros vigentes, de los cuales 159 son de oro y metales preciosos. Según el mismo documento, el 87,92% corresponde a esta explotación, cuya producción proviene principalmente de los municipios de Simití, Santa Rosa del Sur, Morales, Tiquisio, Norosí y Montecristo.
En contraste, la vida en el Sur de Bolívar dista de la abundancia de sus recursos. El Estado tiene deudas históricas con este territorio con zonas en donde aún no llega la energía eléctrica, el agua potable, las opciones de educación son escasas y el 46,2% de la población de los 11 municipios del Sur de Bolívar vive con sus Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), y el 17,73% vive en miseria.
En la siguiente visualización se puede observar el porcentaje de personas con sus necesidades básicas insatisfechas (NBI) en los municipios del Sur de Bolívar, según datos del Censo Nacional Poblacional de 2018 del DANE.
Para Águeda Plata, el uso de los recursos configura los territorios. “Ha habido poblaciones que se han creado con la explotación del oro. En las minas hay asentamientos que van generando nuevas sociedades, nuevas maneras de estar en el territorio y empiezan a transformar identidades. A veces no se reconocen esas transformaciones y eso va generando conflictos”, dice Plata. El Estado no ha sabido cómo responder a las necesidades de esas nuevas identidades configuradas alrededor de oficios tradicionales y de sobrevivencia, como lo es la minería.
Así se nota en los intentos de formalización de la explotación aurífera. Los requisitos que se han impuesto para la legalización de los pequeños mineros no se ajustan a la realidad que viven muchos de ellos, porque no los diferencia de las multinacionales. Esta situación ha provocado que pequeños mineros ejerzan su oficio por fuera de la legalidad y vivan en una constante persecución por parte de los organismos del Estado, particularmente, el Ejército.
Un representante del Observatorio de Paz Integral del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio explica que, en por lo menos 50 años de explotación aurífera en el Sur de Bolívar, se pueden identificar más de cinco formas en las que se hace esta actividad: “Cada uno tiene su mercado y cada uno tiene productos distintos. Cuando uno ve que dicen que están atacando la minería criminal yo me pregunto, ¿de cuál están hablando? No se debería generalizar, pero así se hacen las políticas”, dice el funcionario.
La economía del oro es una fuente importante de recursos para la región. Actores ilegales han estado detrás de estos recursos durante décadas.
Las tensiones en torno a la formalización de la actividad aurífera en el Sur de Bolívar han provocado violencia y una fuerte estigmatización contra los mineros artesanales, como los de Fedeagromisbol, que llevan años reclamando por la criminalización de su actividad tradicional. “El gobierno colombiano persigue al sector del pequeño minero y lo declara como personaje de alta peligrosidad para el país. Nos están catalogando como minería criminal, que somos criminales contra el medio ambiente. En la región, grandes maquinarias trabajan ilegalmente y ni las autoridades municipales ni departamentales ni nacionales las ven; después de que ellos hacen el daño en la región, nos lo achacan a nosotros, los pequeños mineros”, cuenta Andrés.
Particularmente, los líderes y miembros de esta asociación, que ha tomado la vocería en los reclamos por la presencia de las multinacionales en la región, han sido blanco de persecución. Pedro*, minero y miembro de Fedeagromisbol, cuenta que “las autoridades han ido generando desde hace muchísimos años, prácticamente desde el nacimiento de la federación o desde antes, el imaginario de que en el Sur de Bolívar todos somos guerrilleros”. El líder minero agrega que varios miembros de la federación están judicializados, algunos privados de la libertad. “Lo que uno percibe, es que el interés por parte de la Fiscalía es que estas personas sean condenadas por su supuesta vinculación con grupos armados, el Eln en concreto”, explica el líder.
Grupos armados ilegales como el Eln y bandas criminales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y los Caparros han estado, durante décadas, detrás de las rentas del oro. La ambición por el metal dorado ha llevado la violencia a esta región, que persiste a pesar de la fuerte militarización de la zona y los diferentes acuerdos de paz firmados con grupos guerrilleros y paramilitares.
El 28 de abril de 2021, el diario El Tiempo informó sobre el hallazgo de 19 migrantes chinos en una mina ilegal en el Sur de Bolívar. De acuerdo con el testimonio dado por el coronel Tahir Rivera Suescun al periódico, en el operativo identificaron y destruyeron una cantidad importante de maquinaria. “... Era utilizada para extracción de oro por parte del Eln y el Clan del Golfo, impactando con esto las finanzas de estas organizaciones criminales que en promedio mensual producían hasta 5 mil millones de pesos por la extracción de oro, acción que a su vez estaba representando un gran daño ambiental para las comunidades de Norosi, Río Viejo, Regidor, Arenal, Altos del Rosario y Barranco de Loba en Bolívar", agregó el coronel.
Para los grupos armados ilegales este es un negocio redondo y rentable. Dadas las cantidades que explotan y comercializan de manera ilegal, requieren del trabajo de muchos barequeros y campesinos, para quienes esta se ha convertido en la fuente de ingresos más viable.
En la siguiente visualización se puede observar el porcentaje de personas en condición de miseria en los municipios del Sur de Bolívar, según datos del Censo Nacional Poblacional de 2018 del DANE.
“Nosotros vivimos, se supone, en una de las regiones más ricas en recursos naturales no renovables y renovables. Esto debería ser una gran ventaja para los pobladores del Sur de Bolívar, sin embargo, se convierte en una desgracia para todos los que vivimos y aspiramos a tener una vida digna aquí, porque nuestra tierra está en la mira de los intereses económicos legales e ilegales sobre nuestros recursos”, cuenta Carlos*, líder social del Sur de Bolívar.
Durante décadas, los distintos grupos armados se han aprovechado de las necesidades de los pobladores de la región y de la informalidad, o ilegalidad como los tacha el gobierno, de los pequeños mineros de la región, para consolidarse como la única opción que muchos tienen de generar un ingreso para sobrevivir. “Quién ofrece futuro son los sistemas extractivos de la minería o la coca, o incluso empresas palmeras en la parte baja del Sur de Bolívar. La economía campesina familiar no ofrece mucho, porque no hay vías que faciliten la comercialización de los productos agrícolas”, explica el funcionario del OPI.
Quienes intentan tener otras opciones de vida lejos de la minería o la coca, como lo explica el experto del Observatorio, tienen en la falta de vías un gran impedimento para comercializar estos alimentos. “Muchas veces nos toca sacar la comida a lomo de mula, porque se nos puede ir toda la ganancia en transporte. Yo invito al Estado colombiano a que ponga más esfuerzos en esta linda región. Es difícil de creer, pero acá aún existen familias que no cuentan con los servicios básicos como luz y agua”, cuenta Ricardo*, un agricultor del Sur de Bolívar. Durante el invierno la situación se pone más difícil porque varios pueblos quedan totalmente incomunicados y al no ser posible sacar sus productos a la venta, toneladas de comida se pierden.
Volviendo al tema de la economía alrededor de la coca, la persistencia de estos cultivos sigue siendo uno de los factores que ha hecho que la guerra nunca se haya ido del Sur de Bolívar. “La zona tiene una gran particularidad y tiene que ver con su ubicación geográfica privilegiada. Esta le sirve como corredor estratégico, porque conecta con el nordeste antioqueño; con toda la troncal del Magdalena Medio; tiene toda la conexión por Aguachica con Norte de Santander; en Tamalameque por el río Magdalena, y de ahí en adelante a la Costa Caribe”, explica Águeda Plata de la Comisión de la Verdad.
Detrás del control de estos corredores y de las rentas de esta actividad están los grupos armados ilegales, los cuales en la actualidad están librando una violenta disputa por las zonas que abandonaron las Farc después de su desmovilización. Según el Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2019, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito, UNODC, “un clúster de amenaza incipiente está surgiendo hacia la zona del Sur de Bolívar, en los que se ha presentado una importante expansión territorial del cultivo y ha vuelto a reactivar zonas productivas en los municipios de Santa Rosa del Sur y San Pablo (Bolívar)".
Según datos del monitoreo, a 2019 el Sur de Bolívar presentaba un rendimiento anual de hoja de coca fresca de 4.300 hectáreas.
Los habitantes del corregimiento de El Garzal, en el municipio de Simití, han padecido una fuerte arremetida violenta, especialmente, desde que los paramilitares llegaron a su región. A pesar de la presión que los grupos ilegales han ejercido contra la población para involucrarlas, como mano de obra, en los cultivos de coca para uso ilícito y la minería ilegal, en este municipio la comunidad encontró en el cacao una forma de resistir.
En el 2005 comenzaron a buscar nuevas alternativas para cultivar. Necesitaban encontrar un alimento que los favoreciera económicamente y además no generara un impacto ambiental significativo. Ricardo*, el líder de esta comunidad, pensó en el cacao como la opción más viable. “Empecé a hacerle seguimiento a un campesino que tenía 60 matas para ver cuántas producían y cuántas plantas se podían vender, un buen negocio, así que arrancamos con la siembra”, dice el líder.
Para poder financiarse intentaron acogerse al de cultivos de uso ilícito, aunque nunca sembraron la mata de coca sí vivían en una zona muy afectada por el conflicto armado. A pesar de que el corregimiento no era apto para entrar al programa les ofrecieron 10.000 plantas para 10 familias. Posteriormente 55 familias más se beneficiaron.
En el 2013, catadores de cacao realizaron un evento en Bogotá, para escoger el cacao de mayor calidad en Colombia. El de El Garzal resultó ser uno de los mejores a nivel nacional, además de no estar expuesto por ningún químico, su sabor y aroma podrían considerarse incomparables. “Actualmente una de nuestras mayores fuentes de ingresos es el cacao. De manera directa se están beneficiando 110 familias y los campesinos ya han podido hacer sus parcelas integrales no solo con cacao, también otros en cultivos y animales”, afirma Ricardo.
Al año se están produciendo más de 30.000 toneladas. Parte de la cosecha la venden a organizaciones como Procasur de Santa Rosa del Sur, que a su vez vende a empresas como Compañía Nacional de Chocolates o en ocasiones se exporta a Europa. Para Ricardo, es necesario contar con más apoyo del gobierno con el fin de mejorar la producción, comprar una máquina procesadora y hacerle un mantenimiento riguroso al cultivo.
Otros han encontrado en la palma, producida a pequeña escala, una opción digna para vivir. María* es una campesina y lideresa del municipio de San Pablo. Ella lleva años cultivando palma, una alternativa económica que le ha permitido subsistir y mantener financieramente a su organización de víctimas.
Aunque la palma en la región es un negocio que está dominado por grandes empresas como Sector Alma Fresca y Palmares del Sur, la opción económicamente viable para los campesinos es vender sus pequeñas producciones de palma a estas compañías. En municipios como Cantagallo, Montecristo, San Pablo, Santa Rosa del Sur y Simití. Muchos se apegan a estas alternativas.
En el siguiente capítulo puede conocer un poco más de la historia de Ricardo y de María, y cómo la violencia no ha dejado de perturbar la vida de los habitantes del Sur de Bolívar.