Los grupos armados han dejado un rastro de violencia en contra de las comunidades del Sur de Bolívar, que intentan sobrevivir en medio de la confrontación por el control del territorio.
*Los nombres fueron cambiados para guardar la identidad de las personas que participaron en este especial.
Ricardo* y María* son líderes que han resistido al precario apoyo estatal y a las secuelas de una disputa armada por su territorio. Aunque viven en diferentes corregimientos, los une la misma lucha: lograr que la paz y el desarrollo realmente lleguen al Sur del Bolívar.
En 1995 Ricardo* llegó desde Magangué, Bolívar, a para ejercer su vocación como pastor evangélico. Para llegar a la zona es necesario tomar una chalupa hasta el corregimiento de Cerro Burgos y luego tomar un carro o moto. El camino dura aproximadamente una hora.
María* vive en el corregimiento de El Rosario a 40 minutos de la cabecera municipal de San Pablo. A diferencia de Ricardo, que es el primero de su generación que llegó a vivir al Sur de Bolívar, hace más de sesenta años los padres de María llegaron desde Bucaramanga a colonizar estas tierras inhóspitas, hasta entonces. Otras familias, que también llegaron a ocupar estos terrenos baldíos de la nación, lo hicieron desde Córdoba, Sucre, Antioquia, Boyacá y Bolívar.
La mayoría de los colonos querían escapar de la guerra en la época de . Esta región del Sur del Bolívar significó un buen asentamiento por el oro y una tierra fértil que podía producir cualquier alimento de pancoger. Sus primeros cultivos fueron plátano, maíz, yuca y fríjol.
Al ser una subregión rica y biodiversa, especialmente por el oro, desde hace más de cuatro décadas los habitantes del Sur del Bolívar han tenido que padecer la llegada de distintos actores armados. Estos se han disputado el territorio, principalmente, para ejercer el control económico de la explotación y comercialización ilegal del metal dorado.
A finales de los 70, la guerrilla del Eln fue la primera en llegar al territorio. Allí se creó el frente José Solano Sepúlveda y posteriormente los frentes Héroes, Mártires y Alfredo Gómez Quiñones. Su incursión dominó todas las esferas sociales: regulaban la vida cotidiana de varias de las comunidades y el negocio de la minería ilegal. A finales de los 80, esta organización comenzó a lucrarse de la producción y comercialización de cocaína que había en la región. El poder de este grupo se consolidó a tal punto que a finales del siglo XX el Comando Central, Coce, de esta guerrilla estaba ubicado en la serranía de San Lucas.
Las Farc, aunque en la región no tenía el mismo poder que el Eln, hicieron presencia en el Sur del Bolívar a través del Frente 24 del Bloque Magdalena Medio, el cual se instaló a principios de los ochenta. Su capacidad militar fue más fuerte en los noventa, cuando empezaron a beneficiarse de la minería ilegal y el narcotráfico.
El gran dominio que tenía el Eln empezó a debilitarse con la llegada del Bloque Central Bolívar de las Auc en 1998, cuando se diputaron con esta guerrilla el control territorial de municipios como San Pablo, Santa Rosa, Cantagallo, Río Viejo, Simití, Montecristo, Morales y Altos del Rosario. Ese año líderes de la región se movilizaron masivamente en contra de toda la violencia que se había desatado por la incursión paramilitar y el incumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos firmados en pasadas movilizaciones.
El siguiente video presenta más detalles sobre esta gran marcha que se le conoció como el Éxodo Campesino:
El Éxodo Campesino fue una movilización multitudinaria de los campesinos del Sur de Bolívar que reclamaban una mayor presencia del Estado en la región.
En el 2000, el Eln propuso crear una especie de zona de distensión, similar a la que el gobierno de Andrés Pastrana le había otorgado a las Farc, llamada , para empezar posibles diálogos de paz con el gobierno. Carlos Castaño, jefe paramilitar de las Auc, abiertamente se opuso a este proceso y presionó a la población para que también lo hiciera. Este intento de proceso de paz con la guerrilla del Eln fracasó y la guerra continuó.
Con la llegada de estos grupos armados, las rentas de la minería ilegal no fueron suficientes y también sumaron la producción y comercialización de cocaína para distribuirla por todo el país. Como algunos habitantes lo dicen, el Sur del Bolívar es el “corazón” de Colombia, lo que significa que se conecta con varias regiones del país que han sido estratégicas para el narcotráfico, por ejemplo, la serranía de San Lucas que forma un corredor con el departamento de Antioquia y la Costa Atlántica y además, los múltiples accesos al río Magdalena son un puente con el sur del Cesar y el Catatumbo.
Según cuenta Ricardo* la paz en su corregimiento nunca ha llegado, pero hasta principios de los ochenta, vivían con algo de tranquilidad. En 1983 la situación se volvió un calvario para los habitantes de El Garzal, cuando el narcotraficante Pablo Escobar llegó a la región y se adueñó de 90 hectáreas baldías en un terreno conocido como Sucumbeta, que posteriormente llamó Bonanza. Allí instaló un centro para el empaque y envío de cocaína al exterior.
Tiempo después, Escobar salió del territorio huyendo de la Policía. La Bonanza la dejó en manos de un hombre llamado Enrique Barreto Díaz, quien según cuenta Ricardo, tenía la intención de ampliar la finca y seguir con el negocio de la coca. Para ello, intentó convencer a los campesinos de vender sus propiedades, pero ninguno aceptó la oferta. Ante la negativa, los habitantes de El Garzal comenzaron a ser víctimas de asesinatos selectivos y amenazas. Muchas familias campesinas tuvieron que salir desplazadas por miedo a que Barreto tomara represalias en contra ellos.
El 20 de agosto de 1989 las autoridades allanaron la antigua finca de Escobar, en donde descubrieron bultos de cocaína empacados y listos para transportar. Barreto fue a prisión y tiempo después quedó en libertad. Algunos campesinos retornaron a sus territorios con la esperanza de que el señalado testaferro de Escobar no volvería. Según cuenta Ricardo, pasaron casi 10 años en los que la situación no era "mejor ni peor", la disputa entre guerrillas continuaba.
En el mismo año en el que Ricardo enfrentaba la llegada de Pablo Escobar a su tierra, y la presencia y poder de las guerrillas aumentaba progresivamente, María fue secuestrada por miembros de las Farc cuando era concejal en Simití. Tenía 34 años y un bebé de 9 meses. “Pasamos 30 días secuestrados, 11 concejales. Dormíamos en el piso, estuvimos en unas condiciones nefastas que ni a mi peor enemigo se las deseo, yo lloraba mucho”, recuerda María.
Por esa época la situación de seguridad en el Sur de Bolívar era compleja para todos, pero empeoró el 11 de junio de 1998, cuando más de 100 paramilitares del atravesaron el río Magdalena en chalupa y entraron a Cerro Burgos, muy cerca de Simití. Luego empezaron a delinquir, principalmente, en los municipios de Monterrey, San Pablo, Cantagallo y San Blas. “Cuando llegaron los paramilitares a El Garzal eso fue un terror para nosotros. Tanto así que solo con escuchar un perro ladrar en la noche nos daba mucho pánico. Yo estoy convencido que uno de los planes del Bloque Central Bolívar era sacarnos a sangre y fuego de nuestro corregimiento”, afirma Ricardo.
Carlos Mario Jiménez, alias ´Macaco´, comandante de este bloque, escogió a Rodrigo Pérez Alzate alias ´Julián Bolívar´, como jefe paramilitar en esta región. Según versiones de este último, entregadas dentro del proceso de Justicia y Paz, Barreto se reunió con Vicente Castaño, en Córdoba, para sugerirle su pronta incursión al territorio, supuestamente porque a varios hacendados les había tocado abandonar sus tierras y bienes por la persecución del Eln. Esta guerrilla, al parecer, no solo les cobraba vacunas, sino también les robaba el ganado.
Para Ricardo, Barreto mintió porque sus intenciones eran diferentes. “Eso que dijo ese señor es mentira, porque incluso se escuchaban rumores que hasta el Eln le prestaba seguridad a ese testaferro, él lo único que quería hacer era sacarnos de nuestras tierras para quedarse con todo y su mejor estrategia fue acudir a los paramilitares”, cuenta el líder.
Mientras tanto, el 8 de enero de 1999 los paramilitares entraron al municipio de San Pablo, asesinaron a uno de los familiares de María y a 13 personas más. Para la lideresa, la muerte de su ser querido, representó uno de los dolores más grandes para su familia, pero también se convirtió en fortaleza para no permitir que una situación semejante volviera a ocurrir en el municipio. “Él era profesional, todos en mi familia teníamos la esperanza en él. A raíz de esa masacre seguí luchando, cada año conmemoraba la muerte de esas personas inocentes”, cuenta María, quien se ha convertido en lideresa de su comunidad.
Después de la incursión paramilitar, como era de esperarse, Barreto retornó a El Garzal. Ricardo cuenta que el 26 de octubre de 2003 se armó de fuerzas y fue a buscarlo a Simití para preguntarle si era verdad que venía por las tierras que supuestamente le pertenecían o solo era un rumor. Violento y sin ningún pudor le respondió que sí y además le advirtió que los campesinos debían dejar sus fincas o si no iban a terminar en el río Magdalena. Ricardo intentó convencerlo para que llegaran a un acuerdo pero él se negó.
“Yo me arriesgué porque sabía que a los campesinos les corresponden esas tierras y que no le estaban haciendo daño a nadie, solo querían cultivar y brindarles un mejor futuro a sus familias. Yo le conté a la comunidad sobre el encuentro que tuve con ese señor, les dije que era necesario que todos los líderes se pusieran al frente de la situación para comenzar a visibilizar lo que ocurría”, explica Ricardo.
Las ganas por vivir en un territorio en paz eran más fuertes que el miedo que invadía a los líderes de El Garzal. Por unanimidad la comunidad escogió a Ricardo como líder de su lucha para recuperar el territorio. Él aceptó sin antes advertirles que no iba a ser fácil y que prácticamente se estaba poniendo la lápida encima. Su palabras en ese momento fueron: “Si vamos a morir, morimos con dignidad, no debajo de un puente o pidiendo limosna”. Aunque la lucha la han gestado autónomamente, también han recibido el apoyo de algunas organizaciones como el y Paz del Magdalena Medio, y .
Uno de los momentos más difíciles para este líder fue un día de enero de 2004, cuando convocó a una asamblea general para hablar sobre la situación de riesgo en el corregimiento. Lo que no supo fue que, en ese momento, varios paramilitares asistieron como infiltrados y al día siguiente de esa reunión se dio la orden de asesinarlo o desaparecerlo. Ricardo se enteró porque uno de esos paramilitares, que al parecer le tenía cierto respeto, le advirtió del plan macabro. “Él no quiso asesinarme pero me dijo que debía irme porque la orden debía cumplirse y cualquier otro hombre lo podía hacer. Esa situación fue horrible y no se la deseo a nadie. En todo lado sentía que me estaban esperando, que me seguían, tuve muchas noches en vela”, cuenta el líder.
La única salida, que en ese momento de desesperación sintió, fue orar y pedir mucha fuerza para seguir en su lucha. “Varias organizaciones campesinas me sugirieron que lo mejor que podía hacer era irme y seguir liderando desde afuera, pero yo me arriesgué a quedarme porque sabía que mi lucha debía gestarse desde el territorio”, recuerda. Después de ese episodio, las amenazas fueron cada vez más fuertes, tuvo que salir tres veces desplazado de El Garzal. Aún así se armó de valentía y volvió a su corregimiento.
Incluso después de la desmovilización de los paramilitares, en el 2006, las amenazas para Ricardo aún seguían latentes. Desde el año 2019, los habitantes del Sur del Bolívar sienten que la violencia se ha recrudecido y, a diferencia de antes, no se sabe cuáles son realmente los grupos armados que hacen presencia en la región.
De acuerdo con Ramón Abril, de la , el Eln, los grupos residuales de las Farc, Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y los Caparros son los que actualmente hacen presencia en la región, reclutando jóvenes forzosamente, extorsionando, perpetrando homicidios, amenazas y desplazando a la población. “El Eln es el que ha adquirido un mayor control territorial, militar y económico de la zona, eso es indiscutible. También encontramos el ingreso de lo que nosotros llamamos grupos postFarc liderados por Gentil Duarte”, afirma Abril.
En el caso de María, la lucha por reivindicar los derechos de las víctimas se materializó en el 2005, con la creación de una organización que apoya a mujeres cabezas de familia y desplazadas. Desde allí, año a año, ha guiado a víctimas de la violencia en los procesos judiciales para que reciban las reparaciones que merecen por ley.
También ha hecho parte de la Mesa de Víctimas de la Alcaldía de San Pablo. Paradójicamente, el querer ayudar a su comunidad ha representado para ella amenazas de muerte por parte de bandas criminales que tienen presencia en el territorio. Por esto, María ha tenido que salir varias veces de su corregimiento. A pesar del constante hostigamiento, lo que más ha impulsado a esta mujer es el anhelo de que en su región se acabe la pobreza y el abandono estatal.
En el 2010, María dejó atrás un capítulo de dolor. En un evento estuvo frente a frente con el paramilitar ´Julian Bolívar´, quien fue el que dio la orden de que mataran a su familiar. “Aunque fue mucho dolor escuchar las razones por las que lo mataron, yo lo perdoné”, dijo María.
Haga clic aquí para ver el video de la organización Semblanzas, que muestra el momento en el que Rodrigo Pérez Alzate, alias ´Julian Bolivar´ pide perdón por los actos de violencia cometidos en el Sur del Bolívar.
La falta de voluntad del Estado para legalizar las propiedades en El Garzal ha hecho que la comunidad entera se movilice. Desde 1997 comenzaron a hacer la solicitud de adjudicación ante el antiguo Instituto Colombiano de Reforma Agraria, En el 2005, cuando esta entidad ya había desaparecido y en su reemplazo actuaba el, según cuentan habitantes del corregimiento, el testaferro Manuel Barreto y algunos de sus familiares intentaron sobornar a funcionarios de esta última entidad estatal para bloquear el avance de los procesos.
Ricardo interpuso una demanda ante el Incoder, en la que no solo presentó su inconformidad con lo arbitrario que había sido el proceso, también denunció que organismos públicos y privados se estaban adueñando de cerca de 25.000 hectáreas de los humedales de El Garzal, Cerro Burgos y San Luis.
La demanda la respondieron hasta el año 2012, el Incoder volvió a la región, hizo todas las verificaciones y logró demostrar que las tierras por las cuales luchaban los campesinos sí eran baldíos. Los supuestos títulos de propiedad, que personas como Barreto decían tener, eran falsos, solo querían apoderarse ilegalmente del territorio. Gracias a este fallo, varias familias que se fueron por amenazas retornaron voluntariamente.
Casi un año después, el 4 abril de 2013, la entonces subdirectora del Incoder, Jenifer Mojica, fue a El Garzal y entregó 66 títulos de propiedad y a mayo de 2021 todavía faltan 240 familias. “Aunque aún faltan varias por recibir las escrituras, nuestra lucha ha valido la pena porque a muchos nos devolvió la dignidad”, afirma Ricardo.
La lucha por legalizar sus propiedades es algo que aún no termina. En general, la mayoría de campesinos que habitan en el sur del Bolívar no tienen un título que los acredite como propietarios. Lo cual resulta fundamental hasta para poder acceder a un crédito en un banco, que les permitiría mejorar la calidad de sus producciones de pancoger o legalizar sus actividades de minería artesanal.
Actualmente, el proceso de titulación de propiedades está en tres etapas: la revocatoria de algunos títulos que presentan inconsistencia en las mediciones de las hectáreas, la medición por parte de la de la cantidad de hectáreas que debe ser protegida como humedal y la que es apta para cultivo y puede ser titulada. Y la tercera parte está relacionada con la extinción de dominio de algunos lotes que figuran como privados desde los años 50, pero los supuestos dueños nunca han aparecido.
Según la a mayo de 2021 (ver sentencia) la entidad ha recibido en total 1.159 solicitudes de restitución de tierras de del Sur del Bolívar. De esas, tan solo una solicitud en Simití ha pasado a fase judicial.
Los constantes enfrentamientos entre bandas criminales, que han aumentado en los últimos tres años, no han sido un impedimento para que los habitantes del Sur del Bolívar continúen la lucha y la resistencia por vivir dignamente y exigir una presencia integral del Estado. Las historias de Ricardo y María tan solo representan una parte de los miles de testimonios en esta región que reflejan la oposición de un conflicto ajeno a sus ideales y expectativas de vida.
En el capítulo tres conocerá a mayor detalle la situación actual del Sur del Bolívar, específicamente después de la firma del acuerdo de paz en el 2016.