Rutas del Conflicto recorrió varias zonas del país para contar cómo se construye la memoria de los desaparecidos en el conflicto armado. Sus familiares mantienen el recuerdo de quiénes eran las víctimas para insistir en que no tenían nada que ver con la violencia, para exigir verdad, justicia y reparación.

Por: Óscar Javier Parra Castellanos y Ginna Marcela Santisteban Calderón

Gloria Morales Arias vive junto a su familia en Medellín. Guarda con recelo varios álbumes con fotos de su hermana Luz Stelly, asesinada por el Ejército colombiano en septiembre de 2003 en el municipio de Granada, Antioquia, cuando apenas tenía 16 años. La mañana de ese día, los militares se la llevaron de la finca de la familia, la retuvieron varias horas y luego fingieron un combate para dispararle a sangre fría y hacerla pasar como una guerrillera del ELN.

Los miembros del Ejército ocultaron su cuerpo en una bóveda sin nombre en el cementerio del vecino municipio de San Carlos para borrar el rastro de su crimen, por el que obtuvieron días de permiso y condecoraciones por aumentar las cifras de guerrilleros muertos en combate. Luz Stelly fue víctima de desaparición forzada y su familia no volvió a saber de ella por más de dos décadas, hasta que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas encontró su cuerpo en agosto de 2025.

Gloria pasó 22 años buscando a su hermana, recordándola. Sin que se lo propusiera, se convirtió en una lideresa que junto a otras mujeres de Medellín nunca pararon de exigir verdad, justicia y reparación por los crímenes cometidos contra sus familiares, conocidos en Colombia como ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’. “Este es un dolor que no se nos va a ir, solo cuando estemos muertos se acabará, pero mientras estemos vivos, yo sé que no se me va a quitar. Hasta ese día yo tendré a mi hermanita en mi mente siempre”, dice la lideresa.

Rutas del Conflicto habló con varias familias de desaparecidos en Antioquia, Santander, Bogotá y Norte de Santander, que contaron cómo mantienen la memoria de sus familiares y cómo trabajan desde organizaciones sociales para mantener el recuerdo de sus seres queridos.

Todas ellas mantienen en su día a día, elementos relacionados a sus familiares, fotografías expuestas en sus casas, ropa, cartas, e inclusive, mantienen elementos de las habitaciones de las víctimas intactos, a pesar del paso de décadas desde la desaparición. Son frecuentes los altares, el cuidado de las fotografías, tanto de las víctimas como las que dan cuenta del trabajo de búsqueda por parte de sus seres queridos”.

“Digamos, tienen mucha es muy complejo lo que genera una desaparición, es muy duro. Ante la carencia de un cuerpo, vivo o muerto, es muy común que la personas guarden objetos para resistir esa ausencia, es como si dijeran, alguien desapareció a mi familiar, yo no puedo permitir que se desaparezca este recuerdo”, explica Ana Guglielmucci, profesora principal del programa de Antropología, en Escuela de Ciencias Humanas, Universidad del Rosario.

Al igual que Gloria, que guarda en su casa decenas de fotografías de su hermana Luz Stelly, Marlene Rodríguez tiene en los muros de sus casa en Barrancabermeja llenos de fotografías y pinturas de su hijo Jaime Yesid Peña, desaparecido por los paramilitares, con ayuda de miembros de la fuerza pública en Barrancabermeja en 1998.

Jaime Yesid tenía apenas 16 años cuando fue secuestrado y desaparecido por un comando paramilitar durante la masacre del 16 de mayo de 1998. Su padre, Jaime Peña, lo buscó durante 23 años, hasta que murió de covid en junio de 2021. Los recuerdos de Jaime Yesid se encuentran por toda la casa, mezclados con las fotografías de don Jaime, que recuerdan su trabajo como líder de víctimas.

La familia Peña también tiene camisetas con la fotografía del hijo desaparecido y de su padre, que usan frecuentemente, especialmente cuando se realizan conmemoraciones de la masacre.

Esta situación se repite en todos los casos documentados por Rutas del Conflicto. A pesar de que han pasado más de dos décadas en todas las historias, las familias no dejan el recuerdo de sus seres queridos. “El cuidar esos objetos que marcaron la vida de las víctimas se convierte en cuidar también la memoria de los desaparecidos. Implica que son símbolos que muestran que, de alguna manera, para sus familiares, ellos están aquí, con ellos, en cada momento”, explica la profesora.

Carmen Torres es una madre que busca a su hijo Sergio Abril desde hace 16 años. Desapareció en 2010 cuando trabajaba como mototaxista en la frontera colombo-venezolana desde el departamento de Norte de Santander. Carmen tiene un altar que no solo recuerda a su hijo en el centro de la sala de su casa, sino que es también un testigo de sus luchas para encontrarlo, para ayudar a otras mujeres buscadoras.

Durante los primeros años después de los hechos, Carmen siguió el rastro de su hijo en los dos lados de la frontera, incluso hizo de detective para investigar quiénes serían los responsables. Con el tiempo conoció a otras personas que buscan a sus familiares y comenzó a trabajar en el mantenimiento del archivo de los desaparecidos de la Fundación Progresar, una organización que brinda apoyo jurídico a víctimas de violaciones de derechos humanos.

Su trabajo en la Fundación la llevó a Guatemala en 2025 junto a otras 21 mujeres buscadoras de varias regiones de Colombia, a conocer el trabajo de la Fundación de Antropología Forense. Allí, Carmen conoció el trabajo de esta organización en la investigación de la desaparición forzada. “Fuimos de Arauca, de la Comuna 13, de Mapiripán, Meta, de Norte de Santander fuimos como cinco, cuatro de Tibú y de Cúcuta solamente fui yo, porque me escogieron de Progresar”, cuenta con orgullo.

La búsqueda y el trabajo por recordar a su hijo convirtieron a esta madre en una lideresa que se sumó a una red de mujeres que trabajan por encontrar a sus familiares en todo el país. “Hay que seguir luchando, le digo a todas las víctimas que no nos cansemos de buscar a nuestros familiares desaparecidos”, dice Carmen.

Recordar para limpiar la memoria

Cuando Gloria y los familiares de Luz Stelly hablan de ella, la recuerdan como una jóven trabajadora y alegre, que había dejado el estudio para apoyar a la familia en el trabajo de recolección de café. El dolor de la ausencia de tantos años es evidente en sus voces, en sus relatos que siempre terminan insistiendo en que la adolescente no era una guerrillera y en que fue arrebatada de lo suyos por el mismo Estado.

Militares del Batallón José Eduardo González Sánchez (Bajes), que opera en el Oriente Antioqueño, aceptaron en la JEP que se llevaron a Luz Stelly porque era una adolescente que podían inculpar fácilmente de ser una subversiva, aprovechándose del estigma que sufrían los campesinos de esa zona, que tenía una fuerte presencia de las FARC y el ELN. Los miembros del Bajes señalaron que Luz Stelly no era guerrillera y confesaron el lugar en el que la enterraron, lo que permitió la recuperación de su cuerpo. “Ella tenía la misma ropita que tenía cuando se la llevaron. Ella no tenía botas, no tenía ropa camuflada. Eso muestra que ella no era de la guerrilla”, dice Gloria en medio del llanto.

A cerca de 200 kilómetros de la casa de la familia Morales, en el municipio de Barrancabermeja, Manuela Sidray, una mujer de cerca de 65 años, sigue buscando y recordando a su hijo, Édgar Sierra Sidray, desaparecido hace 27 años, el 28 de febrero de 1999. Ese día, un grupo de paramilitares de las Autodefensa Unidas de Santander y el Sur del Cesar hizo un recorrido por la ciudad en el que asesinó a ocho personas y se llevó a dos para desaparecerlos. Édgar tenía 17 años y cursaba noveno grado.

Manuela y Gloria, siempre que recuerdan a sus familiares, centran su relato en insistir que no eran guerrilleros, que no pertenecían a ningún grupo armado, esa ha sido su lucha desde el mismo momento de la desaparición.

Mario Jaimes, alias ‘El Panadero’, un jefe paramilitar que estuvo involucrado en la desaparición de Édgar Sierra, señaló durante un tiempo ante la justicia, que las víctimas de la masacre del 28 de febrero de 1999 eran guerrilleros. Su testimonio cambió cuando Manuela lo confrontó en una diligencia judicial en la que confesó que habían escogido al azar a su hijo para llevárselo y desaparecerlo. “Yo sentí que me iba a morir cuando me dijo eso, pero ante la justicia quedó claro que mi muchacho no era ningún guerrillero”, cuenta la madre de la víctima.

Cada 28 de febrero la familia de Édgar se reúne para recordarlo y en diferentes eventos públicos insisten en limpiar la memoria de este joven que continúa desaparecido, 27 años después. “Lo decimos cada vez que podemos, mi hermano era un niño de su casa, que compartía apenas con los amigos del colegio, del barrio, él no era guerrillero”, dice su hermana durante una de las ceremonias para rememorar a las víctimas de esa masacre a principios de 2026.

Christian Peñuela es profesional psicosocial de la Comisión Colombiana de Juristas, una organización de la sociedad civil que apoya judicialmente a víctimas del conflicto en Colombia. Peñuela señala que esa memoria es una reacción a la estigmatización que han usado los victimarios para justificar los crímenes socialmente. “La gente buscar ‘limpiar’ la memoria de sus familiares, porque además del dolor de la ausencia, tienen que lidiar con una mentira que se usó para que se admitiera socialmente”, explica el profesional psicosocial.

Estas situaciones son comunes cuando la desaparición se dio a manos de victimarios como los paramilitares o agentes del Estado, que recurrentemente acudieron a estas prácticas para construir una idea general de que las víctimas merecían de alguna manera lo que les pasó, según cuenta Peñuela.

“Es muy importante para las familias recordar para ellos mismos, pero también para la comunidad con el propósito de mostrar la realidad, que sus hijos, esposos o hermanos, eran personas indefensas que de ninguna manera tenían que sufrir lo que sufrieron”, señala el experto, que ha trabajado varios años escuchando y acompañando a quienes han sufrido la violencia de la guerra y tienen una representación legal de la CCJ.

Recordar para no perder la memoria y seguir la búsqueda

Rudt Cotamo es una lideresa que lucha por la búsqueda de los desaparecidos y por preservar su memoria en Norte de Santander. Busca a su hermano desaparecido hace 20 años, cuando trabajaba como vendedor ambulante en la frontera con Venezuela. Como sus padres han envejecido, ella asumió la responsabilidad de ser la cabeza visible en la familia para exigir verdad, justicia y reparación para su hermano, especialmente desde hace 13 años.

La lideresa cuenta que muchos familiares de la región han fallecido con el tiempo, sin saber nada de sus seres queridos y que es clave el mantener la memoria para que el recuerdo de los desaparecidos trascienda generacionalmente. “Hay que contarle a la gente más joven, a los familiares que inclusive no conocieron a las víctimas, para mantener en las familias a quienes fueron desaparecidos, y también para que la posibilidad de encontrarlos se mantenga viva”, explica Cotamo.

Este elemento que explica la lideresa ha sido clave en varios casos que ha llevado la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), una entidad que nació con el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC. La UBPD trabaja en procesos llamados ‘búsqueda inversa’ en la que funcionarios profesionales en el tema, tratan de rastrear a familiares de personas cuyos restos han sido identificados en cementerios u otros lugares como fosas comunes.

La entidad le contó a Rutas del Conflicto que, por ejemplo, lograron encontrar a los familiares de una persona, cuyos restos se encontraban en el cementerio de Cúcuta y aparecía como identificada, pero no reclamada. Los funcionarios de la UBPD que trabajaban en el caso encontraron en redes sociales a un niño que pertenecía al núcleo familiar y a través de él, pudieron contactar a la familia para entregar el cuerpo de la víctima de desaparición forzada.

Cotamo explica que estos procesos son muy importantes, para garantizar que la búsqueda continúe y siempre exista la posibilidad de encontrar a la familia de una persona identificada que se tenga como desaparecida. “Los niños se integran siempre a recordar a los familiares, todos saben qué le pasó al tío, al papá, a la mamá. Ellos terminan retomando la memoria”, explica la lideresa.

Lejos del lugar de trabajo de Rudt, en Medellín, Ana de Dios Zapata es otra muestra del intenso trabajo de búsqueda de mujeres que buscan a sus familiares. Ana ha hecho parte de las Madres de La Candelaria desde 2003, año en el que desapareció su hermano Humberto Zapata. Esta organización nació ese mismo año, luego de la violencia desatada por la Operación Orión, un operativo de la fuerza pública en compañía de grupos paramilitares que dejó centenares de desaparecidos en varias comunas de Medellín.

La casa de Ana de Dios, en las afueras de la ciudad, gira en torno a un altar con decenas de fotografías de su hermano, como testigo de la lucha para recordarlo y encontrarlo. Durante 21 años Ana hizo parte activa de las Madres de la Candelaria, lo que la llevó a recorrer el país junto a otras mujeres, reclamando justicia y buscando, ellas mismas, con sus propias manos, a sus familiares. “Un día viajamos a Montería y un exjefe paramilitar nos entregó cientos de fosas con desaparecidos. Me parecía mentira, pero era realidad. Así lo hicimos por todas partes en Colombia, ayudando a buscar a tanta gente”, cuenta Ana.

Aunque se ha retirado a descansar en una zona rural, esta lideresa sigue teniendo la esperanza de volver a ver a su hermano. Después de tantos años de trabajo social, se ha tomado un tiempo para descansar, aun con la esperanza de volver a ver a su hermano con vida.

Buscar y recordar en medio de la violencia

Miriam Sánchez es una mujer buscadora en el municipio de El Tarra, en Norte de Santander. A diario recuerda a su hermano, desaparecido en 2002, cuando iba a visitar a sus abuelos y desde entonces no han vuelto a saber de su paradero. Miriam es defensora de derechos humanos y hace parte de Madres del Catatumbo.

La lideresa cuenta que la organización fue creada en 2019, en medio de una de las interminables crisis humanitarias que ha vivido la región, en ese tiempo por combates entre el ELN y el EPL. “El lema de madres del Catatumbo es no parir hijos e hijas para la guerra. Nos hemos enfocado en defender los derechos de las mujeres, de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. En contra de la retención, del reclutamiento, en buscar los desaparecidos”, cuenta Miriam.

La defensora de derechos humanos cuenta que desde diciembre de 2024 han tenido que vivir una grave crisis por el aumento de la violencia, producto de los enfrentamientos entre el Frente 33 de las disidencias de las FARC y el ELN. “Ha sido muy duro. Nos cambió la vida en cuestión de segundos. Nos tocó salir del territorio, muchas mujeres volvieron a perder sus hijos, no saben donde están. El ‘pelado’ que no está muerto, está desaparecido o reclutado, no sabemos dónde están”, explica Miriam.

La ola de violencia que vive en la actualidad el Catatumbo es una más que ha dejado miles de desaparecidos desde la década de los noventa, en medio de los enfrentamientos de grupos armados que se han reciclado, a pesar de los esfuerzos por conseguir la paz.

Jaqueline del Carmen Mejía tiene 63 años y es coordinadora de la mesa de víctimas del municipio de El Tarra, es también la representante legal de la Asociación de Mujeres Cabeza de Familia Asomaeta una organización creada en 2006, luego de la crisis humanitaria después de la desmovilización de los paramilitares. La lideresa cuenta que dentro de la organización hay 39 mujeres buscadoras que hacen memoria para recordar y encontrar a sus familiares desaparecidos durante todos estos años.

Mejía asumió el liderazgo de la organización en 2010 y no ha parado de sufrir por la violencia desde entonces. “Este año la hemos tenido difícil por el conflicto que hay ahora en el Catatumbo, me ha tocado desplazarme varias veces, he recibido amenazas, pero aquí estoy, haciéndole frente a la situación y tratando de salir adelante con el proceso que llevamos", cuenta Jaqueline.

La lideresa cuenta que su lucha por apoyar a las 39 mujeres buscadoras continúa en medio de la violencia actual. “Ellas buscan a sus hijos desde la época de los paramilitares. De todas, solo una ha recibido esa tranquilidad de saber que su ser está descansando en una tumba digna, pero las otras están ahí esperando a ver qué sucede. Ellas no han recibido ayuda psicoemocionales, que es lo principal, ellas todo lo han superado solas”, dice Jaqueline. Tanto Jaqueline como Miriam insisten en que necesitan apoyo para poder continuar con la búsqueda y mantener la memoria en medio de este nuevo ciclo de violencia. Ellas se suman a miles de mujeres que siguen en el mismo proceso, al mismo tiempo que vuelven a recibir amenazas por el aumento de los combates entre grupos armados nuevamente.

La lucha de estas mujeres es una muestra de coraje y voluntad por recordar y encontrar a sus familiares, aún en las condiciones más duras de la guerra. A pesar del abandono y la revictimización que ha sufrido por décadas, siguen en la búsqueda, en el recuerdo permanente de sus seres queridos.