Rutas del Conflicto consultó varios expertos y entrevistó a quien fue uno de los máximos jefes paramilitares de Norte de Santander para conocer la relación de la violencia que vivió el departamento y los centenares de cuerpos de desaparecidos en el Cementerio de Cúcuta. Las fuentes consultadas también explicaron cómo se han usado otros espacios de la región para borrar el rastro de las víctimas desde los noventa hasta la actualidad.

Por: Pilar Puentes Espinosa

Carmen Torres lleva 15 años buscando a su único hijo, Sergio Ómar Abril Torres. Fue desaparecido en la tarde del 9 de abril de 2010 mientras trabajaba como mototaxista en la zona comercial de la frontera. Tenía 26 años cuando no volvió a su casa después de haber trabajado todo el día. Como el caso de Omar en Norte de Santander, hay por lo menos, 5.193 víctimas según la Comisión de la Verdad y reportadas por desaparición forzada más de cuatro mil, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Como lo advierte Wilfredo Cañizares, defensor de derechos humanos y presidente de la Fundación Progresar que ha liderado procesos con víctimas de desaparición en Norte de Santander, calcular el total de desapariciones en el departamento es una tarea imposible. Los perpetradores se encargaron de borrar cualquier huella de sus víctimas. Algunos fueron arrojados a los ríos, enterrados en territorio venezolano en fosas comunes, incinerados en lo que se conoció como los hornos de Juan Frío y otros enterrados en el cementerio Central de Cúcuta.

La desaparición forzada en la región siempre ha estado latente. Sin embargo, como lo explican Cañizares y Miguel Grijalba, quien fue investigador de la Comisión de la Verdad en Norte de Santander, nada se compara con la crisis humanitaria tras la incursión paramilitar en 1999. “Antes de la llegada de los paramilitares ocurrieron desapariciones, muchas de ellas a manos de la policía departamental y el F2 (como se llamaba una unidad de inteligencia de la Policía) en Cúcuta. Pero, lo que vino con los ‘paras’ fue masivo e indiscriminado”, afirma Cañizares.

El informe Hasta encontrarlos: el drama de la desaparición forzada en Colombia del Centro Nacional de Memoria Histórica, muestra que en el periodo comprendido entre 1991 al 1995, el perfil de las víctimas de desaparición forzada eran políticos, sindicalistas y docentes. “Quienes eran señalados de ser de movimientos de izquierda o pertenecer a grupos guerrilleros”

Como fue el caso de Christian Roa, quien desapareció el 27 de junio de 1988 en Bucaramanga, Santander. Roa era un sindicalista y representante del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Industrial de Santander (UIS), quien lideró el primer encuentro sindical del Nororiente del país. El último rastro que tienen de Roa es que fue subido a la fuerza a un vehículo del entonces llamado F2 de la Policía Nacional. Los sindicalistas de la UIS fueron perseguidos, amenazados y desaparecidos. Según un informe hecho por la organización social Credhos, 57 personas de este sindicato fueron victimizadas.

A finales de los años 90, los paramilitares llegaron a la región cometiendo una serie de masacres como la del 6 de agosto de 1999 en Cúcuta y el 21 de agosto del mismo año en el corregimiento de La Gabarra en Tibú. Aproximadamente, 150 paramilitares llegaron desde el Urabá con una misión clara de la casa Castaño: imponer su autoridad en el Catatumbo y arrebatarle el negocio de la coca a la guerrilla del ELN y las FARC. Las Autodefensas Unidas de Colombia cometieron al menos 60 masacres en la región desde 1999 hasta 2005.

Carlos y Vicente Castaño decidieron crear el Bloque Catatumbo, comandado por Mancuso y por Jorge Ivan Laverde, conocido bajo el alias de ‘Iguano’. Rutas del Conflicto contactó a este antiguo jefe paramilitar, que se desmovilizó dentro el proceso de Justicia y Paz. “Las guerrillas se beneficiaban de ahí, de ahí ellos fortalecen otros bloques, entonces era imposible usted combatir un bloque que tenga dinero. Entonces la idea era cortarles ese corredor estratégico geográfico y cortarle sus finanzas. Nosotros llegamos en mayo de 1999 y empezó la guerra más atroz que pueda haber escuchado. Cúcuta fue tres años consecutivos la ciudad con más alto índice de homicidios”, afirma Laverde.

Las víctimas dejaron de ser, mayoritariamente, líderes de izquierda y de movimientos sociales para pasar a ser una guerra contra la población civil en general. Según Fundación Progresar de 2.000 a 2.009 en Norte de Santander fueron denunciados 947 casos de desaparición forzada. Es decir, cada año en promedio desaparecían unas 100 personas.

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, dos años antes de la llegada de los ‘paras’ se registraron 116 desapariciones. En 1.999, ya con los paramilitares la cifra aumentó a 309 víctimas ese año.

Desaparecer a cualquier costo

Antes de la llegada de los paramilitares, el Cementerio Central de Cúcuta ya era utilizado como lugar de disposición de cuerpos. Las víctimas de la guerrilla eran recogidas en caminos y vías veredales para luego ser trasladadas al cementerio. Sin embargo, como explican los expertos consultados para este reportaje y el propio Jorge Iván Laverde, el cementerio se convirtió en un punto clave durante la expansión y consolidación del paramilitarismo en la región.

El cementerio de Cúcuta, como ya lo ha contado Rutas del Conflicto, fue el receptor de víctimas de otras partes de Norte de Santander. Según explica Wilfredo Cañizales, los cementerios de los otros municipios eran pequeños y veredales y controlados por el sacerdote cercano a la comunidad, lo que dificultaba ocultar cuerpos sin que los habitantes lo notaran.

“Había una facilidad de esconder el cuerpo en el Cementerio Central. Lo dejaban en la carretera, pero generalmente lo recogían los servicios funerarios y los traían aquí y ahí se los sepultaban en fosas comunes”, afirma el presidente de Progresar.

En la misma línea, Laverde relata que, durante el control paramilitar en la región, solo una funeraria tenía permitido recoger los cuerpos de las víctimas y trasladarlos al cementerio de Cúcuta. “No teníamos control sobre el cementerio. Sí lo teníamos sobre la funeraria. Eso siempre lo he dicho. Nosotros prácticamente hicimos contacto con una y fue la única a la que le permitimos recoger los muertos”, cuenta el exparamilitar.

Según el excomandante paramilitar, algunos de los cuerpos de sus víctimas se encuentran en el cementerio de Cúcuta porque fueron trasladados allí por la funeraria. Varios permanecen sin identificar: sus familias no acudieron a reclamarlos por miedo o por otras formas de violencia, como el desplazamiento, que les impidieron recuperar los restos de sus seres queridos. Otros, en cambio, fueron enterrados en el camposanto sin que nadie supiera de su destino.

Para el abogado Cañizares, la importancia del cementerio radicaba en que allí “sepultaron o mandaban a sepultar a sus víctimas y nadie más sabía". Las enterraban en las peores condiciones, porque lo que buscaban era desaparecerlas”.

Miguel Grijalba explica que el Cementerio Central fue un escenario central de la desaparición forzada desde los años de violencia política en Cúcuta. No obstante, con la llegada de los paramilitares —y posteriormente con los grupos armados que se reconfiguraron en la región— el lugar adquirió aún mayor relevancia debido al silencio institucional frente al ingreso de cadáveres.

“La medida cautelar emitida por la JEP en 2021 estaba dirigida realmente a los administradores del cementerio, que nunca hicieron nada. Fueron cómplices, porque guardaron silencio y fueron indiferentes ante asuntos básicos, incluso de salud pública. El cementerio está ubicado en pleno centro de la ciudad”, sentencia Grijalba.

Aunque este lugar continuó siendo el destino de muchos de los cuerpos, el perfil de las víctimas cambió con el paso del tiempo. Para Grijalba, durante el auge paramilitar las personas desaparecidas eran señaladas como colaboradoras de la guerrilla o acusadas de no acatar el orden social impuesto por estos grupos. También hubo jóvenes reclutados por las Auc y otros presentados como bajas en combate, cuyos cuerpos terminaron en el cementerio.

Laverde afirma que los crímenes cometidos en la región se basaron en información suministrada por antiguos guerrilleros, miembros de la comunidad con intereses particulares e incluso datos provenientes de agencias del Estado. En sus palabras: “Nosotros éramos un Estado dentro de otro Estado”.

“El comandante que diga que nunca desapareció está diciendo mentiras. Esto que pasó no era una guerra, únicamente de fusil, sino era un tema de combatir a quien les daba la información a la guerrilla y estaban infiltrados en la ciudad”, puntualiza el entonces comandante del Frente Frontera. Sin embargo, la justicia colombiana ha manifestado en varias ocasiones que una gran mayoría de las víctimas no tenían ninguna relación con el conflicto armado.

La orden de desaparecer personas, según explica Jorge Iván Laverde, no existió de forma unificada, sino que surgió como respuesta al volumen de asesinatos. “Si en una noche o en una semana reteníamos 20 o 30 personas, les hacíamos un juicio y de esas había que ejecutar a 10 o 15. Si dejábamos los cuerpos en una cabecera municipal, ¿para quién era el problema? Para quienes eran nuestros amigos: la fuerza pública”, explica Laverde.

El Bloque Catatumbo empleó cuatro métodos principales para hacer desaparecer a sus víctimas. El primero consistía en que la funeraria se encargara de trasladar los cuerpos al cementerio sin ningún tipo de identificación. En ocasiones las familias lograban enterarse y, tras superar el miedo, acudían a recuperar a su ser querido. En otros casos, las amenazas o el desplazamiento forzado impedían reclamar los restos.

La segunda modalidad fue documentada en la obra Tantas vidas arrebatadas, publicada por la Gobernación de Norte de Santander y la Fundación Progresar. Allí se clasifican estas prácticas bajo la categoría de “víctimas desaparecidas definitivamente”, término utilizado para referirse a personas cuyos cuerpos fueron incinerados o arrojados a ríos con el propósito de eliminar cualquier evidencia, como ocurrió en los ríos Catatumbo y Zulia.

Entre las prácticas registradas se encontraba el lanzamiento de cadáveres a ríos y quebradas, acompañado de la prohibición expresa de recuperarlos o denunciar posteriormente lo sucedido. Esta estrategia buscaba garantizar la impunidad. Tras la desmovilización del Bloque Catatumbo y del Frente Frontera, varias organizaciones denunciaron que los paramilitares estaban desenterrando cuerpos para arrojarlos a los ríos. “Tuvimos conocimiento de que hombres de las Auc desenterraban cadáveres y los lanzaban al agua. Otros incluso fueron incinerados en un intento por borrar cualquier rastro. Sabemos que esto ocurrió por órdenes de Mancuso, en parte porque entendieron que la desaparición es un delito de lesa humanidad”, señala Cañizares.

La tercera forma identificada por el excomandante de las Auc fue la incineración de cuerpos en los hornos del corregimiento de Juan Frío, en Villa del Rosario. Según su relato, las personas retenidas por los paramilitares eran llevadas hasta ese lugar, asesinadas y enterradas en fosas comunes. Con el tiempo, ante denuncias de violaciones de derechos humanos y la posibilidad de una inspección policial desde Bogotá, decidieron eliminar los restos. “No podían encontrar que teníamos más de cien cuerpos y no podíamos desenterrarlos ni pasarlos a Venezuela. Algunos llevaban más de dos años enterrados. Decidimos usar los hornos de las ladrilleras. Yo no construí ninguno, utilicé lo que ya estaba allí”, afirma Laverde.

A partir de ese momento, el Frente Frontera comenzó a utilizar este método de manera sistemática tras los asesinatos. “Es uno de los peores actos y barbaries que el ser humano puede imaginar, pero en la guerra nos agarramos de todo para poder ganarla”, reconoce Laverde.

La cuarta modalidad, confirmada tanto por investigadores como por el propio excomandante, consistía en abandonar los cuerpos en el lado venezolano de la frontera. En algunos casos eran enterrados en fosas comunes; en otros, los paramilitares avisaban a las autoridades venezolanas, que posteriormente los trasladaban a sus instituciones.

“Como allá no encontraban dolientes y pasaban uno o dos meses, los lugares se llenaban por la cantidad de muertos en la frontera. Entonces levantaban un acta y los enterraban. Yo lo he dicho muchas veces: toca buscar en Venezuela”, concluye Laverde.

La desaparición binacional

La desaparición forzada no fue un fenómeno exclusivo de la era paramilitar de las Auc. Tras la desmovilización del Bloque Catatumbo, el territorio fronterizo experimentó una profunda transformación. Como explica Miguel Grijalba, durante años la frontera había estado bajo control de algunas guerrillas, pero la llegada de las Auc la convirtió en un escenario de disputa. “Con la desmovilización de los paramilitares, estos territorios comienzan a ser heredados por grupos como las Águilas Negras, bandas delincuenciales binacionales y estructuras del posparamilitarismo”, señala el investigador. Según Grijalba, el modus operandi de la desaparición no cambió tras la salida de los paramilitares; lo que se transformó fue quién ejecutaba estos crímenes. Carmen Torres sufrió la desaparición de su hijo cuando el Frente Frontera ya se había desmovilizado. Durante años emprendió una búsqueda que incluso puso en riesgo su vida. Recorrió el Cementerio Central de Cúcuta y visitó lugares donde sabía que los paramilitares solían abandonar a sus víctimas. También viajó a Venezuela con la esperanza de encontrar algún rastro. Sin embargo, tras recibir amenazas que hacían temer por su propia seguridad, decidió suspender temporalmente la búsqueda.

Tiempo después, un joven que había sido retenido junto a Sergio apareció en su casa y le contó lo ocurrido aquella tarde. Según su relato, la orden provenía de Walter Raúl Silva, conocido como ‘Carevieja’, comandante de la banda criminal Los Rastrojos, grupo integrado en gran parte por antiguos miembros de las Auc. Silva murió en 2016 durante un operativo militar en Venezuela. Tras conocer la noticia, Carmen Torres retomó la búsqueda de su hijo. “Yo lo tengo desaparecido y nunca lo he visto muerto. Así me cuenten lo que me cuenten. Mi hijo está desaparecido, y tampoco puedo decir que en paz descanse”, afirma.

‘Carevieja’ fue abatido en el estado Táchira, cuando la frontera entre Colombia y Venezuela permanecía cerrada. Para Cañizares y Grijalba, las desapariciones en la región pueden entenderse a partir de distintos momentos históricos: la llegada de los paramilitares en 1999, su posterior desmovilización y la aparición de grupos herederos hasta 2015, cuando el gobierno venezolano ordenó el cierre de la frontera.

Durante los años siguientes, entre 2015 y 2022, la zona continuó siendo un escenario de disputas, aunque bajo una lógica distinta. Ya no se trataba únicamente de confrontaciones entre grandes estructuras armadas. Como explica Cañizares, “eran 220 kilómetros de frontera donde podían existir alrededor de 30 estructuras de todo tipo. Cada banda u organización manejaba un pequeño tramo del territorio”.

El perfil de las víctimas de desaparición también cambió. Entre ellas se encuentran migrantes venezolanos que intentaban cruzar hacia el lado colombiano, personas elegidas al azar como prueba de lealtad para nuevos reclutas de bandas delincuenciales, así como hombres y mujeres vinculados a economías ilegales, víctimas de extorsión o secuestro en zonas de cultivos de coca.

El fenómeno de la desaparición se ha vuelto cada vez más complejo, en parte porque ya no existe un perpetrador claramente identificable en Norte de Santander. Grijalba explica que actualmente es difícil determinar quién domina la frontera. En algunas zonas operan grupos como Los AK-47, el Tren de Aragua o el ELN, cada uno con presencia en determinados territorios.

“Antes la disputa era armada; ahora es una disputa negociada. Los grupos se reparten quién cobra y quién controla determinadas actividades. Sin una estructura dominante visible, es mucho más difícil determinar la magnitud de las víctimas”, señala el investigador.

El fenómeno de la desaparición se hace cada vez más complejo porque no hay un perpetrador claro en Norte de Santander. Grijalba explica que no sabe a ciencia cierta quién está dominando la frontera hoy en día. Hay lugares en que está bandas como "Los AK-47” o el “Tren de Aragua” o Eln son los “dueños” del territorio. “Antes la disputa era armada, ahora es una disputa negociada. Los grupos se dividen quién cobra y quién hace qué. Y sin una cabeza visible es aún más complejo determinar las víctimas”, puntualiza el investigador. Durante la época paramilitar, muchas víctimas eran arrojadas o enterradas en territorio venezolano, lo que dificultaba que sus familiares siguieran la pista de la desaparición. En la actualidad, el patrón en varios casos se ha invertido: algunas víctimas venezolanas son asesinadas en Colombia y sus cuerpos quedan bajo custodia de autoridades locales sin que nadie los reclame, o son enterrados en fosas comunes del lado colombiano. Grijalba advierte que, tras la desmovilización de las Auc, las cifras de desaparición disminuyeron, pero esto no significa que la práctica haya desaparecido. Más bien, las víctimas dejaron de registrarse de la misma manera. “Ya no existe un componente político o social tan claro; ahora está atravesado por la crisis migratoria. Eso dificulta encontrar a los desaparecidos y comprender la verdadera magnitud de este fenómeno en la frontera”, concluye.