SIERRA DE LA MACARENA
AMENAZAS, DEFORESTACIÓN Y CULTIVOS DE COCA.

POR: MARÍA JIMENA NEIRA NIÑO

• Los guardaparques de Sierra de La Macarena recibieron un panfleto en el que son declarados objetivo militar por las disidencias de las Farc. La situación es tan crítica que actualmente no tienen permitida la entrada a ciertos lugares del parque.

• Sierra de La Macarena es el Parque Nacional Natural con más cultivos de coca en Colombia. Las cifras muestran una reducción, pero las comunidades de la zona creen que aumentarán nuevamente.

• Dentro de esta área protegida se han deforestado un total de 55.893 hectáreas de bosque entre 2002 y 2019.

La forma más rápida de llegar por tierra al Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena desde Vista Hermosa, Meta, es por una carretera destapada que atraviesa el parque llamada “trocha ganadera”, hecha por las Farc en 2003. Durante el recorrido, la deforestación es evidente. Son nueve horas acompañadas de árboles talados y quemados; bloques de madera alineados, como dispuestos a ser recogidos por un camión. Se ven algunos parches de bosque, uno que otro hombre con una motosierra cargada al hombro y, por supuesto, vacas.

También pasan algunos carros con vidrios polarizados, sin placas y escoltados por motos. En ningún momento hay señalización que indique cuándo se entra al parque o cuándo se sale. Algunos habitantes aseguran que en un punto conocido como Caño Indio, las disidencias de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a veces hacen retenes. Según Helena Rojas*, funcionaria de Parques Nacionales Naturales (PNN), esta vía es uno de los principales frentes de deforestación de toda el área protegida.

La Sierra de La Macarena está ubicada en el suroccidente del departamento del Meta y es el levantamiento geológico más extenso hacia el occidente del Escudo Guayanés, con altos niveles de endemismos. Actualmente enfrenta amenazas como la deforestación y los cultivos de coca. Pero la naturaleza no es la única en peligro, las amenazas se extienden a los guardaparques, que fueron declarados objetivo militar por las disidencias de las Farc y tienen restringida la entrada en algunas zonas del área protegida.

El último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) señaló que, en 2018, el PNN con mayor cantidad de cultivos de coca en el país era Sierra de La Macarena, con un estimado de 1840 hectáreas. La deforestación es otra amenaza, según cifras de Parques Nacionales, para marzo de 2019, esta área protegida acumulaba (desde 2002) un total de 55.893 hectáreas de bosque transformadas. La cifra sigue en aumento.

Sus guardaparques trabajan bajo amenaza constante. Les han robado implementos de trabajo —como su lancha— y les han quemado cabañas —sus centros de operación dentro del parque—, que actualmente no están funcionando por seguridad. Los líderes ambientales que sean vistos en reuniones con funcionarios de Parques Nacionales también son objeto de intimidación. Los acuerdos entre la institución y la comunidad para conservar el parque y detener la deforestación están cada vez más lejanos.

Cultivos de coca: amenaza latente

En las épocas más intensas del conflicto armado, la situación de orden público impedía a los guardaparques la entrada al área protegida, debían trabajar desde los cascos urbanos de municipios cercanos como Vista Hermosa o La Macarena. Es conocido el caso de José Martín Duarte Acero, un guardaparque asesinado en 2008 en una cabaña de la institución. “Él estaba en nuestra sede de la vereda El Cerrillo cuando fue baleado. Los resultados y el detalle de la investigación no lo tenemos. El crimen sigue sin esclarecerse”, asegura Carolina Jarro, subdirectora de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas de PNN.

En el contexto del proceso de paz, la entidad regresó al parque pero la situación se agravó nuevamente. En 2017 comenzaron un proceso para identificar cultivos de coca pero no han podido terminarlo debido a la presencia de disidencias de las Farc. “Se querían caracterizar viviendas pero sobre todo queríamos ver cómo iban los cultivos. Hubo restricciones y no nos dejaron entrar. Se alcanzaron a dar algunas capacitaciones pero después de eso llegaron las amenazas al sector. No pudimos volver a entrar”, cuenta Helena Rojas*, funcionaria de la institución.

Según cifras de UNODC, los cultivos en el parque pasaron de 2832 hectáreas en 2017 a 1840 en 2018. A pesar de la reducción, esta área protegida es la que alberga la mayor cantidad de coca en el país. Le siguen el PNN Paramillo (departamento de Córdoba) y Nukak (departamento de Guaviare) con 1786 y 1375 hectáreas respectivamente.

Entre los PNN del Meta que se encuentran dentro del Área de Manejo Especial de La Macarena (AMEM) —que incluye a los Parques Sumapaz, Cordillera de Los Picachos, Tinigua y Sierra de La Macarena—, este último los supera, por mucho, en cultivos de coca. En 2018, Picachos ni siquiera apareció en el registro de UNODC y en Tinigua solo se registraron 155 hectáreas.

Luis Quiroga, líder social y funcionario del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), fue por muchos años raspador y procesador de coca en Puerto Rico y Vista Hermosa, Meta.

En 2005, su comunidad entró a un programa del gobierno llamado “Familias Guardabosques”, que promovía la erradicación de cultivos de uso ilícito y el cuidado del medio ambiente a cambio de incentivos económicos. Actualmente, Quiroga es promotor rural del PNIS en las veredas La Reforma, Palmeras y Alto Caño Piedra de Vista Hermosa, las cuales integran algunas partes de parque. Asegura que la coca ha disminuido pero hay incertidumbre en las comunidades y el cultivo podría volver.

“Hay personas preocupadas y poco motivadas en seguir con lo lícito ya que la fuente de ingreso les quedó en ceros. Puede que nuevas familias que entraron al parque o inclusive las que entraron al programa vuelvan a sembrar. La gente dice que no han sembrado es porque no tienen semilla”, afirma Quiroga.

Para Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), si bien la coca ha disminuido, hay zonas en donde todavía presenta altos niveles de concentración, especialmente en lugares donde antes no estaba sembrada. “En la zona suroriental del río Guayabero, la mitad tenía ganadería y la otra mitad coca. Ahora parece que todo va a ser de coca, lo que indica que está creciendo el cultivo sobre antiguas zonas ganaderas. La movilidad de la coca también nos debería estar indicando cosas”, asegura.

Hectáreas de cultivos de coca en Parques Nacionales Naturales (2016-2018). Fuente: UNDOC.

Catalina Oviedo, bióloga que trabaja en la región, comenta que el riesgo ambiental que genera este cultivo radica en los químicos que se le agregan a la tierra. “El suelo de esta región es ácido, para cultivar coca se debe fertilizar químicamente con el fin de equilibrar el PH. Se tala, quema y cultiva en un lugar por unos meses y luego se hace lo mismo en otro lugar”, indica. De todas formas, la bióloga considera que la coca no es el motor principal de deforestación ni la mayor amenaza ambiental.

El líder Luis Quiroga también lo cree así y en cambio considera que el mayor riesgo es la ganadería extensiva. “Una familia pequeña sembrará una o dos hectáreas de coca, o incluso media, porque es menos visible y da menos problema. El que llega con ganado necesita grandes extensiones, no le sirve media hectárea”, afirma.

En eso también coincide Julia Miranda, directora de PNN. “En este momento estamos haciendo un llamado porque el mayor problema que tienen los parques no es la coca, no es nada distinto que la ganadería ilegal”.

Deforestación acelerada y sin rostro

La “trocha ganadera” es una vía que atraviesa el parque desde el municipio de Vista Hermosa hasta el municipio de La Macarena. En un lugar en el que deberían escucharse los animales, solo se escucha silencio. Los árboles ya no están porque han sido talados o quemados y, ahora, solo hay vacas. Helena Rojas*, funcionaria de la institución, asegura que la “trocha ganadera” es uno de los puntos de deforestación más críticos dentro del parque junto con el río Guayabero.

La funcionaria cuenta que durante el proceso de paz, PNN inició un proyecto que pretendía llamar a esta vía Sendero Ecológico por la Paz, con el propósito de frenar la deforestación y convertirlo en un lugar de conservación. Hoy no se sabe cómo va a ser nombrada la vía, tampoco se sabe si se logrará revertir la deforestación en esa zona, por ahora le siguen llamando trocha ganadera.

Para Jenny Santander, del Observatorio de Conflictos Ambientales (OCA), de la Universidad Nacional, la infraestructura vial es clave para entender la deforestación. “Una vía dinamiza la economía y cambia el valor de los precios. Si tienes un predio que tiene acceso vial y que además tiene agua, ya estás hecho. Por ahí entra y sale todo y por ahí se puede empezar a tumbar árboles”, afirma.

En la Sierra de La Macarena, mientras las cifras de cultivos de coca disminuyen, las de deforestación aumentan a ritmos acelerados. Según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), en 2018, en el noroccidente de la Amazonía colombiana, donde queda La Macarena, hubo una pérdida de bosque de casi 200 000 hectáreas. Este es el punto más crítico de deforestación de toda la Amazonía occidental sudamericana.

PNN tiene un registro satelital de cambios de cobertura vegetal dentro de Sierra de La Macarena desde 1988, época en que ya existían frentes de colonización ingresando al área. En 1991, los cambios de cobertura se muestran cercanos a los ríos Caño Yarumales, Caño Cabra y Guayabero. En 2001, se identificó el comienzo de la construcción de la “trocha ganadera” y un año después se registró un total de 22 918 hectáreas transformadas. La trocha culminó en 2003, junto a otra vía ilegal que atraviesa el parque por el municipio de Puerto Rico.

Según cifras de la entidad, para 2007, dentro de La Macarena había una pérdida acumulada de bosque de 38 615 hectáreas. Para el 2014, la cifra había aumentado a 49 260 hectáreas y para marzo de 2019, el registro indicaba 55 893 hectáreas.

Según registros de Parques Nacionales, en 2002 había un total de 22.918 hectáreas de bosque transformadas (izquierda). Para el 2017, la cifra estaban en 55.893 hectáreas (derecha). Fuente: Parques Nacionales Naturales.

Actualmente, el Meta es el departamento más deforestado del país con 44 712 hectáreas de bosque perdidas entre 2017 y 2018, según el último reporte oficial del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Los principales motores de deforestación en esta región son la producción agropecuaria, la praderización —deforestar para sembrar pasto— y los cultivos ilícitos. La expansión de infraestructuras ilegales, la extracción de madera y la extracción ilegal de minerales, son otros de los factores que intervienen.

Para Julia Miranda, directora de PNN, el proceso de paz trajo mejoría a nivel ambiental pero fue algo momentáneo. “La situación había mejorado, habíamos bajado los índices de deforestación en parques. Una vez se firma el Acuerdo de Paz y con su implementación, se empiezan a evidenciar las disidencias y la llegada de nuevas personas que ocupan los territorios. Los problemas de deforestación están regresando”, indica. Y no solo la deforestación, las amenazas contra los funcionarios se intensifican.

Proteger en medio de amenazas

Parques Nacionales Naturales (PNN) ha tomado medidas para frenar la deforestación en sus áreas protegidas. En los lugares más críticos se han propiciado “acuerdos de conservación”, con apoyo de cooperación internacional, que pretenden establecer compromisos con las comunidades que habitan dentro para que dejen de talar en ciertas áreas, a cambio de incentivos económicos.

Para Helena Rojas*, funcionaria de la entidad, muchos acuerdos se han detenido por la situación de orden público que les impide entrar al parque. “En 2017 se había programado una visita dentro del parque y justo allá estaban las disidencias. Dijeron que no querían ver a la institución por allá y que si no se iban, quemaban la camioneta. Les tocó salir, luego le pusieron una foto del Mono Jojoy [alias de Víctor Julio Suárez Rojas, uno de los máximos líderes de las FARC, asesinado en 2010] a una de las vallas de Parques y después la quemaron”, cuenta.

Esta es solo una de un sinnúmero de agresiones que han recibido los guardaparques del área. Además de esto, son comunes los panfletos, robos de implementos y quema de cabañas de la institución. “En una reunión dentro del parque nos entregaron un comunicado que decía que ni los líderes comunitarios ni nosotros podíamos seguir yendo allá. En otro lugar, un señor que nos hospedaba nos dijo que no nos podía recibir más porque éramos objetivo militar. Hace dos meses nos robaron la voladora [lancha], nuestro medio de transporte para movernos por el territorio”, indica Rojas.

Aunque la funcionaria cree que los acuerdos que se han logrado con la comunidad son positivos, la relación de Parques con la gente se complica cada día. El líder ambiental Gustavo Flores* asegura que la comunidad no se puede reunir con la institución. “Hay mucho miedo porque han dicho que aquel que vean en reuniones con Parques es enemigo por parte de la disidencia. En los panfletos dicen que líderes que estén defendiendo la causa ambiental es porque están del lado del gobierno y pues no es así, lo que queremos es que las cosas se conserven”, cuenta.

Flores también coincide en que la relación de la institución con la gente muchas veces es complicada por las sanciones que aplican a las personas que habitan el área protegida. Esta tensión tiene una raíz de fondo: los PNN por ley son tierras de la Nación y son inembargables, inalienables e imprescriptibles, es decir, que no pueden ser objeto de un embargo, ni venderse, ni pierden validez legal con el tiempo. Esto también significa que nadie puede ser dueño de estas tierras y que quien lo haga comete una infracción.

El problema de esa figura legal es que la realidad es distinta. Como parte de diferentes procesos históricos de colonización y bonanzas, hay gente que habita el parque Sierra de La Macarena desde antes de que fuera declarado área protegida (1989). Muchos también han llegado como víctimas del desplazamiento forzado propio del conflicto armado y recientemente por la coyuntura del Acuerdo de Paz.

Según Flores*, una alternativa que ofrece Parques a esta situación es que la gente salga de sus tierras. “Habían estado en reuniones con las comunidades pero entonces la gente empezó a mirar que Parques quería era sacarlos de allá por tener unas vaquitas y supuestamente dañar el medio ambiente. Desde ahí empezaron a desconfiar”, asegura.

Helena Rojas* cree que existe mucha desinformación en las comunidades sobre el papel de Parques en el territorio. “Dicen que nosotros estamos aliados con el Ejército, que somos muy represivos, que no estamos dando alternativas. Queremos hacerles entender que somos sus aliados y que queremos trabajar de la mano”.

Sin embargo, intervenciones militares como la del PNN Picachos (ver reportaje del Parque Picachos) dejan dudas en la comunidad frente a las formas de proceder de Parques que, según los habitantes de la zona, afectan a pequeños campesinos y a grandes ganaderos por igual.

Para José Martínez*, de la organización social AsproMacarena, la gente está inconforme con la institución porque siente que ataca al campesino pero no a los grandes focos de deforestación. “A pesar de que está prohibida la tala y la explotación de madera, es concurrente que salgan camionados de madera de diferentes partes. Se habla incluso de una mafia maderera pero aquí no se mide con el mismo rasero. Hay compradores de tierra de hasta 1000 hectáreas pero para ellos no hay judicialización, para los campesinos sí”, cuenta el líder.

Sobre quiénes son los que inyectan capital para deforestar hay más dudas que certezas. Según Rodrigo Botero de la FCDS, hay tantos actores en disputa dentro el parque que sería muy difícil saberlo. “Aquí hay paramilitares, disidencias, ganaderos, narcotraficantes, organizaciones sociales. ¿Quién está metiendo realmente más vacas? ¿Serán alianzas? ¿Serán disputas? No sabemos. Es un territorio en reconfiguración. Lo que sí es cierto es que ha entrado un número importante de gente que no era la misma de antes, sin rostro y con mucha capacidad de inversión”, afirma.

¿Qué se está perdiendo en la Sierra de La Macarena?

La condición de serranía aislada hace que la Sierra de La Macarena sea un lugar con particularidades a niveles ecológico, geográfico y geológico, que alberga especies de flora y fauna que solo existen en ese lugar. Es el caso de la Macarenia Clavijera, una planta acuática de colores rojizos, rosados y verdosos que le dan el color a Caño Cristales, destino turístico por excelencia de la región.

Para Rodrigo Botero, la importancia de este parque también radica en que hace parte de un tejido ecosistémico que se conecta no solo con los PNN Tinigua y Picachos, sino que es un punto de unión de regiones fundamentales para Colombia y Sudamérica. “El Escudo Guayanés, la planicie amazónica, las sabanas de la Orinoquía y los Andes son cuatro supermega provincias geográficas que se conectan en La Macarena. Esto le da un carácter de hiper mega biodiversidad, es un verdadero patrimonio biológico lo que tenemos allí”, afirma.

Para Botero, existen dos aspectos que se ven amenazados cuando se deforesta una región como La Macarena: el ciclo del agua y la conectividad. Según dice, el punto de mayor precipitación de toda la Amazonía es el piedemonte de la cordillera Oriental, en donde están las regiones de Orinoquía y Amazonía. Cuando se pierde cobertura vegetal, el suelo pierde la capacidad de retener la humedad y los árboles pierden su capacidad de transpirar.

La conectividad es el otro punto de amenaza crítico pues cuando se afecta una parte del área protegida, también se afectan los ecosistemas y corredores de movilidad de animales y especies vegetales. “Hay un mico que se llama Churuco (Lagothrix lagotricha), es un mono gigantesco que puede guardar hasta 220 tipos de semillas diferentes dentro de la pancita, por eso es una especie crítica dispersora. Que ese animal se vaya moviendo posibilita que lleve también semillas”, asegura Botero.

La cifras de deforestación van en aumento. Los “acuerdos de conservación” entre Parques y la comunidad, aunque con tropiezos y en medio de amenazas, se han logrado. Helena Rojas*, funcionaria de la institución, afirma que en lo corrido del año se han firmado cinco acuerdos y que si bien hay zonas de acceso limitado, hay otras en las que se han abierto puertas. Comparado con otros parques como Tinigua y Picachos, este es el más adelantado al respecto.

La situación de seguridad para los guardaparques todavía es incierta. Por ahora, la institución ha hecho denuncias públicas a la Policía, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo para que tomen medidas en el asunto. Parques también maneja unos protocolos internos de seguridad y autoprotección que en región muchas veces no pueden cumplirse al pie de la letra porque, como dice Helena, “a final todo el mundo se va y quienes quedamos acá somos nosotros, poniéndole el pecho a la brisa”.

En octubre, la abogada ambientalista Eugenia Ponce de León, la FCDS y la UICN, publicaron el libro “Áreas Protegidas Amazónicas y sus funcionarios como víctimas del conflicto armado”. Este es uno de los primeros pasos para la construcción de una ruta de reconocimiento de los Parques Nacionales Naturales de la Amazonía, junto a sus funcionarios y funcionarias, como víctimas del conflicto armado ante la Justicia Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad —entidades creadas luego de la firma del Acuerdo de Paz—. La ilusión de los guardaparques es que esto les dé la visibilidad que llevan décadas reclamando.

*Nombres modificados por petición de las personas entrevistadas.