De las extensas llanuras del Meta se extiende un predio de 16.000 hectáreas que ha sido objeto de disputa entre distintos grupos económicos y de poder de la región. Su tierra es posiblemente un mapeo de todas las luchas agrarias de la tierra baldía en el Llano, como también de las actividades de grupos ilegales armados de narcotráfico y paramilitares. En la actualidad es un predio explotado por la Agropecuaria Aliar, grupo económico dedicado a la producción y venta de carne de cerdo, a través de su empresa La Fazenda.

La tierra de El Brasil registró sus primeras ocupaciones con casas y cultivos, desde la década de los 60. Pero solo en la década de los 90 el predio salió formalmente de las manos del Estado a través de 13 adjudicaciones del entonces Incora a supuestos testaferros de Víctor Carranza. Todas sus anteriores ocupaciones y posesiones no fueron reconocidas para estas adjudicaciones .

A partir del Certificado de tradición y libertad de El Brasil, se reconstruye la historia de la formación de sus 16.000 hectáreas. El predio cuyo derecho de uso es reclamado por Aliar, inició con tres adjudicaciones del Incora entre el 83 y el 87, de parcelas de mil hectáreas cada una, a supuestas familias campesinas. Otras trece titulaciones en 1995, cada una de mil hectáreas, a personas cercanas a Víctor Carranza radicadas en Bogotá que no cumplían con los requisitos de adjudicación; conformaron las 16.000 hectáreas que forman hoy El Brasil.

En el 2007 la familia Carranza compró las tres primeras adjudicaciones y englobó las 16 parcelas bajo el nombre "El Brasil". Las 16.000 hectáreas fueron transferidas como capital de la empresa Agualinda SA, cuyo representante legal era Blanca Carranza, esposa de Víctor Carranza. Ese mismo año, Agualinda vendió El Brasil al Banco Helm, entidad financiera estadounidense, que bajo dos contratos transfirió los derechos de uso y explotación del terreno a once agropecuarias, entre las que se encontraba La Fazenda.

Sin embargo, esta investigación encontró una parte de la historia de estas tierras hasta ahora desconocida. Las escrituras encontradas, registradas en la Oficina de Registro Públicos desde la década del 60, revelan un historial de personas dueñas de las mejoras sobre un terreno que coincide con los límites geográficos de El Brasil. Estos nuevos actores relacionados con el caso de El Brasil revelan una parte de la historia de la disputa sobre un territorio que además de adjudicaciones fraudulentas, presentó despojo y una doble inscripción ante Oficina de Registro.

Para los años sesenta, la mayor parte de la tierra de la Altillanura era tierra baldía, es decir, sin títulos y de propiedad de la Nación. De acuerdo a las distintas leyes de reforma agraria, con estos terrenos el Estado garantizaría a las poblaciones rurales el acceso progresivo de la tierra. Solamente a través de un acto de adjudicación por parte de la entidad de tierras, los entonces Incora e Incoder y actualmente la Agencia Nacional de Tierras, estas tierras podrían salir de la propiedad del Estado, y ser entregadas a quienes cumplieran los requisitos y hubiesen explotado el predio por al menos cinco años.

Muchas tierras baldías fueron ocupadas y trabajadas por personas, que apesar de no ser reconocidas legalmente como propietarios, hicieron transferencias de compraventa sobre las mejoras, como casas y cultivos en los terrenos. En muchos casos se abrieron distintos folios de matrícula, para registrar las posesiones y ocupaciones, sobre un mismo predio. Este el caso de El Brasil, cuyas posesiones y mejoras desde los años sesenta en la tierra no fueron reconocidas al momento en que el extinto Incora hizo las adjudicaciones.

Los primeros colonos registrados llegaron al terreno que lueo sería "El Brasil" hacia los años 60, cuando aún a esta zona llegaba mucha gente desplazada por la violencia bipartidista. Los hermanos Carlos Julio y Oscar Jaramillo se establecieron en una tierra de 8000 hectáreas que trabajaron y ocuparon por al menos cinco años. Según habitantes antiguos de la zona, ellos fueron los primeros dueños de la tierra y quienes la nombraron ‘El Brasil’. No hay más información de quiénes eran o de dónde llegaron.

En 1969 los hermanos Jaramillo vendieron las mejoras trabajadas en la tierra de El Brasil a Alfonso Paz Otero, Álvaro Sánchez y Ricardo Reyes Beltrán, ingenieros radicados en Bogotá. Ocho años después, la Sociedad Paz Y Otero vendió a Víctor Caicedo Ayerve, médico cirujano de la clínica Shaio en Bogotá, y otros de sus socios entre los que se encuentra Jorge Ariel Infante, exgobernador del Meta, distintos porcentajes del terreno. “Yo llegué a esa tierra porque Alfonso Paz Otero, tío de mi esposa era uno de los dueños. Él se quedó con un porcentaje y yo conseguí otros tres inversionistas para la compra. Estuvimos ahí cinco años”, señala Caicedo.

Tras cinco años ocupados en la tierra de El Brasil para la siembra de pastos y ganado, en 1982 la sociedad de Victor Caicedo, Alfonso Paz y socios, vendió El Brasil a dos hombres llegados de Puerto Boyacá. (ver documento) Luis Abraham Avellaneda Acosta y Miguel Ángel Mikán Avellaneda, tío y sobrino, llegaron del Magdalena Medio a comprar tierra en el Meta para continuar su proyecto ganadero.

En 1985, los Avellaneda decidieron dividir El Brasil, predio de 8000 hectáreas, en dos: “Hacienda El Brasil” de 4.123 hectáreas de Luis Avellaneda, y “Rancho San Luis” de 4600, de Mikán. A partir de esta división cada predio contó con una apertura de folio de matrícula separada en la Oficina de Registro.

Luis Abraham y Mikán Avellaneda en El Brasil

“La finca Rancho San Luis y El Brasil yo las conozco hace más o menos 50 años. Los primeros dueños de eso se llamaban Iván y Oscar Jaramillo que eran vecinos de la finca de mi abuelo. Los hermanos Jaramillo les vendieron a Paz Otero, yo fui trabajador en esa finca cuando tenía 12 años. Luego le vendieron al señor Luis Avellaneda que compró honestamente, y con ellos trabajé dos años”

recuerda Alpidio García Rodríguez, trabajador rural oriundo de Puerto Gaitán, confirmando la historia que registran los documentos.

Al mismo tiempo que los hermanos Avellaneda compraron las mejoras de El Brasil, entre el 83 y el 87 el Incora tituló a tres campesinos parcelas vecinas a este predio. Alpidio y otros habitantes de la región, reconocen a uno de ellos, Héctor Manuel Ríos Gutiérrez, quien vivió y trabajó en el predio ‘La Realidad” y recibió adjudicación en el 83 tras comprar las mejoras a Cesar Cruz. Sin embargo, sobre las adjudicaciones a Guadalupe Cárdenas y William Oswaldo Cárdenas, los habitantes no identifican sus nombres ni las fincas que fueron supuestamente adjudicadas.

Trabajadores de la familia Avellaneda

Ganado de la finca El Brasil en 1979

Entrada al Rancho San Luis

En 1987 llegó al sector Carlos Julio Baquero, quien de acuerdo a los habitantes de la zona fue un testaferro del Frente 39 de las Farc. Tras supuestas negociaciones con los Avellaneda, Baquero compró los predios “Rancho San Luis” y “Hacienda El Brasil”. (ver documento) Sobre los señalamientos a este como supuesto colaborador de la guerrilla, no se encontró información que pudiera corroborarlo.

Fernando Avellaneda, el hijo de Luis Avellaneda señaló que las ventas de la Hacienda el Brasil y Rancho San Luis a Carlos Baquero fueron forzadas y hechas bajo amenazas . “El señor Carlos Baquero le dijo a mi papá que por orden de la guerrilla de las Farc teníamos que salir de inmediato de la finca Rancho San Luis, o que si no al otro día amaneceríamos muertos” , contó.

“Don Luis Avellaneda salió de un momento a otro. De la noche a la mañana Carlos Baquero es el dueño. Nadie preguntaba nada. Todo el mundo se quedaba callado” , señala Alpidio García Rodríguez.

Luis Abraham Avellaneda en la Hacienda El Brasil

Fernando Avellaneda comprobó que la firma de su padre había sido falsificada en la supuesta compraventa de mejoras a Carlos Baquero, de la tierra que su familia trabajó por cinco años. (ver documento) Avellaneda inició un proceso de reclamación de las 4123 hectáreas de tierra despojada ante la Unidad de Restitución de Tierras. Tras iniciar el proceso de reclamación por la Hacienda el Brasil, Fernando Avellaneda recibió un mensaje a través de un tercero para avisarle que personas cercanas a él habían recibido órdenes de seguirle.

Cinco años después de haber llegado a la tierra de El Brasil, Carlos Baquero fue desaparecido junto a su escolta y dos trabajadores . La gente del sector señala que Víctor Carranza fue el responsable; días atrás había mostrado interés en las tierras de El Brasil. Incluso, según la Silla Vacía , la Fiscalía Décima de Villavicencio abrió una investigación contra Carranza el 27 de abril del 2001 por el secuestro y desaparición de Baquero. Sin embargo, Carranza falleció en el 2013 y no pudo ser probado nada en su contra.

De los trabajadores de Carlos Baquero, que desaparecieron con él, solo quedó uno. Por motivos de su seguridad no revelaremos su verdadera identidad, y le llamaremos Eliseo. 'Eliseo Romero' es un trabajador campesino de 49 años que trabajó para Carlos Baquero hasta su desaparición en 1992. “De los tres muchachos que trabajaban con Carlos Baquero, yo fui el único que quedó”, señala. Según él, días atrás de la desaparición, Víctor Carranza llegó a El Brasil con el interés de comprar la tierra , pero Baquero no quiso vender. “Carlos me dijo: ‘usted se queda pendiente del ganado, yo voy a hablar con Víctor Carranza, él se fue y nunca volvió. Nunca le vendió a nadie. Se hizo matar por eso”, cuenta el entonces empleado de Baquero.

Eliseo señala que como forma de pago por los 10 años de trabajo, Carlos Baquero le dio una parcela de 870 hectáreas, ubicada dentro del gran predio El Brasil, a la que nombró “Los Lagos”. Según Romero, tras la desaparición de Baquero, Carranza llegó a la tierra de El Brasil y se asumió como dueño . “Cuando desaparecieron a Baquero tuve que dejar la finca abandonada. Carranza cogió ese predio, y en El Brasil y Rancho San Luis resultaron un poco de paramilitares y nos tocó salir”, recuerda.

Aquí parecen unirse las dos historias. Tras la desaparición de Carlos Baquero, en 1995 el Incora adjudicó las 13 parcelas a los posibles testaferros de Carranza. Algunas de las titulaciones se hicieron sobre tierra baldía vecina de El Brasil, pero las otras coincidían con el predio que tenía una historia de ocupaciones 50 años atrás . A estos 16 predios, incluidos las tres fincas colindantes que habían adjudicado el Incora en los ochenta, llegaron los paramilitares en el 94 y crearon un campo de entrenamiento paramilitar que duraría allí hasta su desmovilización.

Según el informe del Centro de Memoria Histórica Violencia Paramilitar en la Altillanura José Baldomero Linares, alias ‘Guillermo Torres’, creó las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada en 1994, grupo paramilitar conocido en la zona como 'Los Carranceros’. Este mismo grupo adecuó el terreno de El Brasil como campo de entrenamiento paramilitar, que de acuerdo al Tribunal Superior de Bogotá y a las confesiones de exparamilitares en Justicia y Paz, fue también un “lugar de torturas y encierro de personas consideradas sospechosas de la población”. (ver capítulo El Desalojo)

La existencia de dos inscripciones sobre esta misma tierra en la Oficina de Registro corresponde, de acuerdo con Jennifer Mujica, exsubdirectora de Tierras del extinto Incoder, a los casos en que la entidad de tierras adjudicó fraudulentamente a personas que no eran de la región predios de otras extensiones que ya eran ocupados y trabajados. Los casos de 'escrituras paralelas' fueron algo frecuente en la región, debido a la corrupción de los funcionarios locales de las entidades agrarias, las amenazas de los grupos armados para las transacciones forzadas de tierras, y el catastro desactualizado de predios rurales.

De acuerdo con el Observatorio de Tierras de la Universidad del Rosario, el registro de las mejoras en la Oficina de Registros Públicos no prueba que una tierra dejara de ser baldía. Es decir, a pesar de que existía la historia de ocupaciones y mejoras, el terreno baldío no había dejado de ser formalmente propiedad del Estado a través de un acto de adjudicación. Así, las adjudicaciones del Incora, a pesar de haber sido hechas a personas que no merecían la tierra, y a pesar de no haber reconocido las ocupaciones y mejoras registradas en el predio, fueron la única transacción a través de la que el baldío pasó formalmente a manos de un privado.

De acuerdo con el Observatorio, el Estado no puede adjudicar la tierra baldía sin antes reconocer e indemnizar a los ocupantes y sus debidas mejoras . Así, debido a que al momento de las adjudicaciones su último ocupante fue desaparecido, el anterior ocupante podría entrar a reclamar estos derechos como ocupante de El Brasil, al señalar que vendió forzadamente bajo amenazas. Si el juez de Restitución de Tierras determina que el último ocupante no compró de buena fe, podría regresar el predio en calidad de ocupante a la familia despojada y además ordenar a la Agencia Nacional de Tierras que titule esa tierra , si cumplen con los requisitos de adjudicación.

Sin embargo, debido a que la Ley de Restitución de Tierras entró a regir casos a partir de 1991, esta no abarcaría el reclamo sobre el presunto despojo de la tierra de la familia Avellaneda en 1987.

En el 2005, tras la desmovilización de los paramilitares de las Autodefensas Campesinas del Meta y el Vichada, quienes operaron la escuela paramilitar en El Brasil, Eliseo Romero, el empleado de Carlos Baquero, pudo regresar a su finca Los Lagos.

En el 2012 Eliseo presentó ante el Incoder la solicitud de adjudicación del predio del que fue desplazado en el 92 y del que retomó la ocupación en el 2005. Junto a la solicitud adjuntó un plano topográfico certificado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi , entidad encargada de producir el mapa oficial y la cartografía básica de Colombia, que señala que su finca, 'Los Lagos’, colindaba a 1495 metros de El Brasil al norte. También adjuntó el documento en el que la oficina de Registros Públicos de Puerto López señalaba que se trataba de un área baldía que no contaba con ningún folio de matrícula inmobiliaria activo.

La solicitud en un comienzo fue negada por estar ubicado a menos de 5 kilómetros de un pozo petrolero. Sin embargo cuando esta normativa cambió en el 2016, Eliseo volvió a presentar la solicitud ante la Agencia Nacional de Tierras, y de acuerdo con su abogada Patricia Inés Pardo -quien ha acompañado su proceso desde el 2012-, el registro de la solicitud ante el Incoder desapareció en el cambio de entidades. Un año después de la solicitud, es decir, dos meses antes del desalojo, la Agencia Nacional de Tierras, reconoció la solicitud, pidiendo nuevamente todos los requisitos de adjudicación.

El Procurador Agrario de Villavicencio advirtió antes de la diligencia del desalojo solicitada por Aliar, que existían incoherencias en las escrituras presentadas por la empresa y los predios que ocupaba por la comunidad campesina. La inspección ocular realizada por la Inspección de Policía, también arrojaba linderos y escrituras diferentes a las presentadas por la empresa.

A pesar de los 13 años de ocupación en el predio ‘Los Lagos’, las 272 hectáreas sembradas en arroz, una hectárea de pancoger sembrada y ganado, Alirio fue desalojado por Aliar la noche del 8 de mayo junto a las familias que llevaban uno y dos años en El Brasil . El día siguiente, la Inspectora Rural, el abogado y el jefe de seguridad de Aliar lo obligaron a firmar un contrato amenazando con fumigar su cultivo de arroz.

El contrato firmado por Eliseo se trataba de un supuesto contrato de comodato en el que este se reconocía como invasor ilegal sin ningún derecho sobre el terreno, se comprometía a dar por terminadas las demandas contra Aliar, renunciaba al pago de indemnizaciones por las mejoras que tuviera allí y se comprometía a entrar al predio solo cuando la vigilancia de Aliar lo permitiera. (ver documento)

‘Yo nunca les huí, no sé si será verraquera de uno, o ya resignado a que pase cualquier cosa, nunca bajé la guardia, ni les quise entregar por las buenas. Porque imagínese, yo prácticamente toda mi vida viví allá. Cuando uno no sabe hacer más nada sino trabajar la tierra.’

Actualmente El Brasil figura en la Agencia Nacional de Tierras como un predio en proceso de revocatoria desde octubre del 2018, es decir, está en proceso de recuperación a los baldíos de la Nación. De acuerdo a la Ley 160 de 1994 de reforma agraria, “la máxima autoridad de tierras podrá revocar directamente, en cualquier tiempo, las resoluciones de adjudicación de tierras baldías proferidas con violación a lo establecido en las normas legales y vigentes sobre baldíos”. Así, si la ANT prueba la ilegalidad de las 13 adjudicaciones de 1995, podría ordenar la revocatoria del predio, y en consecuencia, se anularían todas las ventas posteriores realizadas sobre este y La Fazenda tendría que entregar el predio a la nación .

La apertura del proceso de revocatoria ordenada por la Agencia de Tierras señaló que las resoluciones de 1995 no fueron emitidas con fundamento en las disposiciones legales, al desconocerse los protocolos establecidos para verificar la verdadera ocupación del predio, explotación, uso y tiempo de ocupación. “Existen fuertes indicios para considerar que los presentes peticionarios jamás fueron los verdaderos ocupantes” (ver documento).

Tras el ingreso de la comunidad ocupante al predio El Brasil, la Procuraduría Ambiental y Agraria solicitó en mayo del 2017 a la Agencia Nacional de Tierras visitar el predio para esclarecer si donde estaban los ocupantes coincidían con el terreno de el predio. Días después de la solicitud, la comunidad fue desalojada (ver El Desalojo) y la visita programada, por falta de autorización de la Agropecuaria Aliar, no pudo ser llevada a cabo.

La visita fue realizada el 8 y 9 de junio, por dos abogados y dos topógrafos de la Agencia de Tierras y el equipo jurídico y técnico de Aliar; no estuvieron presentes funcionarios de la Procuraduría General de la Nación ni la Defensoría del Pueblo. De esta visita resultó un informe que afirma que los rastros de los ocupantes desalojados coincidían con los puntos que conformaban el predio el Brasil. (ver documento) En la visita no se tomó como referente más que el mapa que la empresa presentó en la solicitud ante la Policía, que no coincide con los linderos de las fincas que la gente de la zona identifica como El Brasil, y mucho menos con los predios “Rancho San Luis” y “Hacienda El Brasil”.

A pesar de que se la ANT ha iniciado procesos de recuperación de predios de origen baldío ilegalmente acumulados, de acuerdo a las expertas en temas agrarios, la actual institución agraria es una entidad que todavía no logra funcionar correctamente y son muy pocos los procesos en los que ha logrado odenar su recuperación. A pesar de haber iniciado hace dos años el trámite para revocar las adjudicaciones de El Brasil, el proceso no ha avanzado de la fase preliminar.

“Los casos que están en curso no se están resolviendo, y si las entidades administrativas y judiciales no se pronuncian las cosas siguen como están. Si la Agencia de Tierras no actúa, que es la entidad encargada de hacerlo, nadie más lo hace” , señala Jennifer Mujica.

Mientras estos procesos están a la espera de la decisión de la entidad de tierras, se han flexibilizado disposiciones de la ley de reforma agraria que antes prohibía la acumulación de tierra originalmente baldía por parte de empresas privadas. De acuerdo con Mujica, “desde el 2013 el gobierno empezó a hacer un esfuerzo por modificar las leyes, para dar lugar a la posibilidad de acumulación de tierra, y dar seguridad jurídica a quienes estaban haciendo inversión o querían hacer gran inversión y consolidar grandes proyectos allí”.

La primera reforma aprobada fue la ley Zidres, que a partir del 2017 permitió la acumulación de tierra a proyectos con gran inversión económica sin importar la Unidad Agrícola Familiar. Es decir, en el caso de que una empresa nacional o extranjera quiera explotar un predio con origen baldío, ya no hay límite en la extensión de tierra para su compra . Los baldíos ahora son entregados bajo concesión o arrendamiento y tienen la condición de ‘integrar al pequeño productor’.

Además de la Ley Zidres, actualmente está siendo revisado en el Congreso el Proyecto de Ley 003 del 2018 ‘Ley de tierras’ que terminaría por sanear todos los casos irregulares de la acumulación de predios. Esta ley autoriza por una vez una amnistía a un caso de acumulación ‘imperfecta o indebida’, que pueden ser casos de violación de Derechos Humanos, desplazamiento y despojo.

De acuerdo con Yamile Salinas Abdala "esta iniciativa legislativa propuesta por el gobierno de Juan Manuel Santos no tendría en cuenta la Corte Constitucional, la ley de reforma agraria, los estándares internacionales de Derechos Humanos y derechos de Víctimas, porque solo tiene el objetivo de priorizar el emprendimiento agroindustrial a gran escala" . Para ello, se habla de ‘concentración productiva’ como la transición de un pasado dominado por mafiosos y señores de guerra hacia una economía competitiva globalmente.

“Hoy si buscan el folio de matrícula inmobiliaria del Brasil está perfecto, en apariencia, en la forma, está perfecto. Se han inventado un montón de estrategias jurídicas para que en lo formal tenga una apariencia de legalidad”, señala Mujica.

“El modelo de la Fazenda, que es una finca donde se armaron los hombres que cometieron la masacre de Mapiripán, donde hay fosas comunes, y tiene un pasado bastante sangriento, con la creación de las Zidres en Puerto Gaitán sanearía parte de la situación antes de 1994, la nueva ley simplemente los amnistiaría por completo”, explica Salinas.

Disponer la tierra baldía a las grandes empresas de la agroindustria, a través de mecanismos jurídicos que perdonen y olviden el pasado violento de la forma de adquisición “afecta a las víctimas de restitución que solicitan tierra para vivir, porque además si logran retornar, van a llegar a unos territorios donde ya no pueden vivir porque están inundado de palma o de soya”, señala Yamile Salinas Abdala. Además, va en contra del acuerdo de paz, porque no habrían tierras para hacer la reforma rural.

Humberto Valverde es un hombre de 56 años oriundo del Valle del Cauca que llegó hace 10 años a la Cristalina tras ser desplazado del Guaviare por la guerrilla. Tiene una casa en obra gris en el caserío donde se dedica a reparar motores, neveras y televisores, pero además es el representante de la veeduría rural de La Cristalina que inició el proceso de reclamación de derechos de la comunidad desalojada de El Brasil ante las entidades.

Acompañado y asesorado por la veeduría Rural, Humberto Valverde en representación de la comunidad desalojada de El Brasil, ha realizado las distintas entidades sobre el caso de El Brasil desde el desalojo en 2017. Denunció ante la Fiscalía sobre las presuntas fosas comunes que aún quedan en el predio, realizó varios derechos de petición a la Agencia nacional de tierras para conocer el estado del proceso de revocatoria. Se ha desplazado varias veces a Puerto Gaitán, Villavicencio para denunciar las irregularidades del desalojo ante Procuraduría, Defensoría y organizaciones de derechos humanos.