Juan Ferney Castro, 48 años, se sienta cruzado de manos bajo el único bombillo que alumbra su rancho en La Cristalina. Es un hombre delgado de manos callosas y piel rajada por el sol. Desde la casa en madera que construyó para él y su familia tras el desalojo, dice haber estado en lugares donde la vida no valía nada y que prefirió llegar acá, un lugar donde a pesar de no tener nada, está tranquilo.

La suya es una familia con maletas sin desempacar. Una familia que ha dejado su casa, con esta tres veces; una familia que dice no tener sino el día y la noche. Su señora, una mujer delgada de cabello largo, cocina en un fogón de leña el maíz recogido de los lotes cercanos. Su hija, una niña que alimenta diez loros con el mismo maíz. Un alambre, con prendas colgadas a lo largo, divide la suya de otras parcelas. En una mesa de madera, una vela de gasolina en una botella alumbra la noche, y su cena. Es una familia que de haberlo perdido todo varias veces, dice ya no esperar nada.

Entrada a la vereda La Cristalina. Fotografía tomada por: Ana María Guzmán.

La Cristalina es un caserío ubicado a tres kilómetros de El Brasil, el predio en el que el 2017 fue desalojada una comunidad campesina por la Agropecuaria Aliar (ver El Desalojo). A la vereda se llega luego de recorrer kilómetros de llanura árida, extensos cultivos de maíz, soya, palma africana y pozos petroleros. Por esa misma vía entran y salen mulas y camiones cargados de cultivos, animales y crudo hacia Puerto Gaitán, Rubiales y Vichada. Al ser un punto estratégico, se formó un caserío gracias a las actividades económicas que se dieron en la región.

La llegada de familias desplazadas de otras regiones del Meta y del país a la región durante los últimos 20 años extendió la formación del caserío hasta convertirlo en un poblado rural. De acuerdo a varios de sus más antiguos colonos, La Cristalina es una vereda reconocida como parte de la división administrativa de Puerto Gaitán. “Cuando yo llegué a esta vereda, hace 12 años, eran como tres casitas no más. Estas vías eran trochas. Ahorita han cambiado cien porciento y ha crecido la población”, recuerda Duverney Téllez, uno de los desalojados de El Brasil.

Rosa María Ibarra, una de las primeras colonas en La Cristalina. Fotografía tomada por: Ana María Guzmán.

“Cuando yo llegué no era nada, no había sino unos escombros. Decían que la guerrilla había quemado las casas de los que estaban antes ahí. Yo le puse una teja y ahí me metí, hice mi casa”,

recuerda Rosa María Ibarra, una señora de delgada de 83 años quien dice ser una de las primeras colonas de La Cristalina, y haber hecho parte de su fundación y formación.

Jennifer Mujica, la exsubdirectora de Tierras del extinto Incoder, señala que la formación de comunidades en la Altillanura fue el resultado del incentivo a familias campesinas sin tierra a ocupar y trabajar terrenos de la nación, a través de la titulación que ofrecían las leyes de reforma agraria en la década de los 60. “A la región de la Altillanura se le consideró territorio nacional por mucho tiempo, hasta que se destinaron políticas públicas desde el gobierno central para lograr hacer posesión y ocupación de la zona. Aquí la composición de la propiedad es nueva, por lo mismo nueva que es la colonización” explicó Mujica.

Debido a que desde finales de la década de los 90 e inicios del 2000 este fue un territorio controlado por grupos paramilitares y del narcotráfico, la coca reguló la economía del lugar. “Cuando yo llegué acá, seamos sinceros, uno llega a raspar coca porque eso era lo que había en la región”, comenta un habitante del lugar.

-“Sumercé, si acá le dicen La Cristalina porque en su momento solo se cristalizaba coca, de las pistas que había en El Brasil salían las avionetas cargadas”, agrega Alberto Contreras, veedor de la red de control social, organización comunitaria que vigila derechos humanos, territorio y medio ambiente en la vereda.

Campo de la petrolera huilense Hocol en La Cristalina. Fotografía tomada por: Ana María Guzmán.

Finalizado este periodo, la bonanza petrolera reactivó la economía en el municipio. Durante esos años, cientos de personas fueron atraídas por los trabajos que ofrecían las petroleras y empresas de agroindustria que llegaron a la región; otros establecieron hoteles, restaurantes y talleres de mecánica. Sin embargo todo cambió en el 2014 cuando la crisis internacional del petróleo acabó la época de auge económico de la región.

El caserío termina en una estación de gasolina al lado del camino que se dirige hacia el oriente. Allí grupos de personas levantan casas y ranchos. La mayoría de la comunidad desalojada en el 2017 de El Brasil, hace parte de estos reasentamientos. Tras perder el trabajo invertido en esa tierra, cultivos y animales, algunas de las familias desalojadas regresaron al caserío y se reubicaron a la salida de la vereda. Construyeron ranchos en predios que también están en procesos de reclamación, es decir, su situación actual es de continua amenaza de desalojo.

Desde la carretera principal, a lado y lado se observa la constante actividad de construcciones de casas en material y madera, elaboraciones de pozos para la extracción de agua y talleres mecánicos donde las grúas y camiones se detienen. La formación de barrios nuevos se da entre calles estrechas, alambres que dividen las extensiones de las casas y ropa meciéndose en ellos, lona verde y plástico negro que hace de pared de las casas en muchos de los casos, otras en madera y gallinas de un lado a otro.

No existe servicio de agua ni de luz en la mayoría de reasentamientos. El acceso a la luz es limitado a las casas afiliadas al comité de la energía, y la Electrificadora del Meta EMSA ofrece el servicio que mensualmente cuesta aproximadamente 20.000 pesos. De forma tradicional, las familias cocinan en hornillas armadas en canecas metálicas, estufas de leña o de gas y en la noche alumbran con velas y gasolina en botellas. El agua es extraída a través de ‘aljibes’ que consisten en hoyos que excavan en los patios de las casas durante cuatro o tres días. Luego se instala una polea atada a un balde que saca el agua.

Algunos de los lotes y casas, a pesar de no contar con una formalización de propiedad ante registro, ofrecen servicios de construcción, instalación de aljibes, venta de tejas, madera y comida. La mayoría de transacciones de venta y compra de lotes en el territorio rural, se dan a través de contratos de compraventa sobre los años ocupados y mejoras trabajadas en las parcelas. A pesar de que estas transacciones se dan en la región, al no estar escarecida la situación de los predios, no tienen reconocimiento legal ante la Oficina de Registro.

Griselda Guerrero desde su rancho en La Cristalina. Fotografía tomada por: Ana María Guzmán.

“Nosotros entre 266 personas compramos 6 hectáreas. Nos costó de a 400 mil pesos a cada usuario, a cada familia para comprar todo ese terreno para hacer nuestras casitas”,

explica Griselda Guerrero, una mujer de 64 años, sobre la compra informal de las parcelas donde como ella, varios desalojados del Brasil ocuparon en la vereda de La Cristalina.

En abril del 2010 Maria Viela Perdomo, quien decía ser dueña del predio sobre el que se había establecido gran parte del caserío, logró desalojar a familias que llevaban más de quince años ocupando el terreno . A pesar de que reclamaba ser la heredera del predio, ninguna persona de la comunidad allí asentada la reconocía. A pesar de las ocupaciones, Viela con unas supuestas escrituras de la finca de La Cristalina firmó un contrato con la petrolera Hocol permisos de explotación sobre el predio, empresa que tiene tres pozos de extracción en la vereda.

Según Jennifer Mujica, el proceso de colonización en la vereda se dio tras la llegada de buena fe de muchas familias víctimas de la violencia que se asentaron allí, por lo que ese desalojo fue una acción ilegal. “A través de ciertas estrategias, María Viela logró un desalojo en el que había vencimiento de términos, violaba los derechos fundamentales de las personas que estaban allí que también eran víctimas, y terminó lesionando nuevamente a una comunidad vulnerable”. A pesar de este desalojo, las familias permanecieron allí.

Construcciones informales en La Cristalina. Fotografía tomada por Ana María Guzmán.

Debido a que la Ley 160 de Reforma Agraria no señalaba un rol distinto al de ‘víctima u opositor’, no era claro qué debía pasar con los colonos que ocuparan un terreno que estuviera en algún proceso relacionado al conflicto. Ante la frecuencia de casos de ese tipo en varias regiones rurales, la Corte Constitucional decidió a través de la sentencia C-795 del 2014, que los colonos que llegasen a un predio en reclamación debían reconocerse como ‘ocupantes secundarios’ , considerando que también son víctimas y tienen un derecho sobre la tierra que debe ser vulnerado.

Según Mujica, este reconocimiento como ocupantes y como población que está en situación de vulnerabilidad muy alta, debería evitar que este tipo de comunidades sean desalojadas a la fuerza sin una respuesta de tierras alternativas o una reubicación; sin embargo, esto no es lo que ocurre en la región.

Construcciones en la vereda La Cristalina. Fotografía tomada por: Ana María Guzmán.

Debido a que la propiedad de la tierra en las regiones rurales se da a través de la titulación otorgada por el Estado, la mayoría de comunidades campesinas tiene una relación informal con la tierra en la que vive y trabaja. De acuerdo con el Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada, cerca del 54% de los predios no tienen documentos que sustenten la propiedad .

La informalidad en la propiedad rural y la presencia de grupos armados en el territorio ha generado una ola de desplazamientos en varios municipios del Meta, lo que no permite que así las comunidades logren derechos sobre la tierra, puedan permanecer en esta. “La verdad aquí en Colombia no somos dueños de nada porque en La Macarena, por ejemplo, compré 50 hectáreas en cuatro millones de pesos y salí desplazado. Allá el orden público es pesado, allá manda la guerrilla. Entonces uno tiene y no tiene a la vez”, señala Juan Ferney.

Para el 2016 El Meta era el departamento con mayor cantidad de tierra reclamada en restitución (668.000 hectáreas), y específicamente Puerto Gaitán, el segundo municipio con más reclamantes (309 solicitudes). Sin embargo, su territorio fue definido para uso agroindustrial, algo que poco incluye la economía campesina familiar. De acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario 2014 del DANE, el 79% del área agrícola sembrada en el Meta corresponde a cultivos agroindustriales (café, caña de azúcar y palma de aceite), tubérculos y cereales (maíz y soya tecnificada) .

Los planes de convertir a los Llanos Orientales en un enorme terreno para la explotación agrícola a gran escala vienen desde la década del 70. Sin embargo, la llegada de grandes empresas agroindustriales y petroleras se consolidó solo durante el gobierno de Álvaro Uribe, con su plan “Renacimiento de la Orinoquía alta de Colombia” y el "Plan Nacional de Desarrollo de Juan Manuel Santos , que definieron la región de la Altillanura como la ‘última gran frontera agrícola de colombia”. Estas políticas de gobierno atrajeron a grandes compañías nacionales y extranjeras a comprar masivamente predios en toda la región.

Debido a que la acumulación de tierra de origen baldío por parte de empresas estaba prohibida por la Ley 160, existieron una serie de mecanismos jurídicos y estrategias usadas por las empresas para hacerle el quite a la normatividad agraria. En el 2013 se conocieron a través de las denuncias de la Contraloría y de organizaciones internacionales como Oxfam que empresas nacionales y extranjeras habían acumulado irregularmente alrededor de 500.000 hectáreas de tierra originalmente baldía en la Altillanura.

Entre los casos denunciados por la Contraloría de empresas que acumularon irregularmente tierra de origen baldío, figuraban la multinacional Cargill, la organización Luis Carlos Sarmiento, Riopaila Castilla y el Grupo Aliar con la tierra del Brasil. “Encontramos que estos casos no tenían solamente acumulación”, explica Jennifer Mujica, sino ‘violación de los registros de adjudicación, testaferrato, fragmentación de los predios para poder hacerse grandes extensiones de tierra, casos de violaciones de derechos humanos, desplazamientos forzado, despojo, daños ambientales y apropiación de tierras públicas que no son adjudicables’.

A pesar de que a principios del gobierno de Juan Manuel Santos hubo una alianza entre la Superintendencia de sociedades, el extinto Incoder y el Ministerio de Agricultura para recuperar esos predios, el proceso se atascó tras la salida del ministro Juan Camilo Restrepo y de la directora del Incoder, Myriam Villegas, quien dirigía las investigaciones. Con el tiempo, el superintendente Jorge Enrique Vélez cambió totalmente su posición, rompió una escritura en el Congreso de la República diciendo que 'la seguridad jurídica de grandes empresas no podía estar supeditada a un certificado', y después se volvió promotor de las leyes que buscaban legalizar esas acumulaciones.

En el caserío se destaca una construcción moderna de un colegio con pista de patinaje, cancha de fútbol sala, y unos cubículos que hacen de hospital. Son instalaciones que parecen abandonadas, ya que no hay nadie en ellas. En la entrada hay una virgen sin cabeza. En todas las intalaciones destaca la firma de la petrolera huilense Hocol, que al ser la principal extractora de petróleo en el caserío, invierte en este tipo de construcciones para la comunidad. Con tres pozos de extracción en la zona y servidumbres instaladas en la mayoría de fincas aledañas, Hocol es la principal fuente de empleo de la región.

'La Virgen ha perdido la cabeza'. Fotografía de Juan Pablo Larrota.

Cada tres o cuatro meses Hocol rota cupos para emplear a personas que residan en La Cristalina. "Recién llegó la petrolera por la sísmica ocupaban a todo el mundo", recuerda Rosa María Ibarra, "ahorita no están dejando sino los calificados, y no todos". Su hija, Fanny Ricardo trabajó durante tres años como vigilante de Hocol: "antes trabajaba como ayudante de obra civil, me medía a lo que hacían los hombres, ahora los trabajos para las mujeres son de paleteras (siga/pare) en el aeródromo".

A los indígenas de las comunidades sikuanis les tienen cupos asegurados en cada rotación, por lo que a veces son vendidos a otras personas de la comunidad. “Nosotros hace cinco años compramos uno por 600.000 para trabajar”, cuenta una de las mujeres desalojadas del Brasil. “La vida en ciertas regiones no es la que uno quiere sino la que le toca o la que eligen por uno. Por más de que uno corra y corra siempre llega al mismo punto”, agrega.

Para los cargos de ingenieros y revisores llegan personas de otras regiones, lo que deriva una segunda fuente de empleo para la región: las residencias. Los hoteles de lujo abandonados fueron reemplazados por residencias con habitaciones sencillas para los que llegan y van.

Las palmeras y maiceras son las siguientes empresas que ocupan grandes extensiones de tierra en la región. Contratan jornaleros, pero en su mayoría se trata de trabajos volátiles, sin prestaciones y por un corto periodo.

Ramón Alirio desde el rancho construido a las afueras de La Cristalina. Fotografía tomada por Ana María Guzmán.

“Aquí es difícil. Ahorita no tengo trabajo, por ahí cuando salen limpias de lotes y de cercas”, señala Ramón Alirio desalojado de El Brasil.

Tal es el caso de una comunidad menonita, secta religiosa proveniente de Alemania, que llegó a la zona en el 2016 y compró 17.000 hectáreas de tierra en las fincas Libiney, Australia y Florida para el monocultivo extensivo de maíz . La primera finca de la comunidad está ubicada a 3 kilómetros de la vereda la Cristalina, se llega por la misma vía por la que se llega a El Brasil. En época de cosecha la comunidad permite que en época de cosecha los campesinos entren a recoger el maíz que dejan las máquinas.

Comunidad menonita en el predio Libiney

Al ejercicio de recoger maíz después de la cosecha se le conoce como “espigar”. En un día a pleno sol grupos familiares o de trabajo madrugan a estas fincas a recoger el maíz que sobra, antes de la quema para la próxima siembra. Es un maíz modificado genéticamente que tarda tres meses en crecer, por lo que es un trabajo que surge tres veces al año, ya que en invierno se deja la tierra tres meses sin cultivar. Según los espigadores, cuando hay bastante maíz los menonitas pagan el jornal a 50 mil pesos (sin comida), y cuando no, pagan únicamente por bulto espigado 15 mil pesos y se tiene que dejar la mitad. Es decir, si espigaron cuatro bultos, solo pueden llevarse dos.

El "espigeo" en los terrenos de los menonitas

A pesar de que las comunidades campesinas representan más del 80% de los productores agropecuarios en Colombia y producen entre el 34% y 68% de los alimentos básicos , la agricultura industrial es el sector que concentra los incentivos y subsidios estatales, como la mayor parte del territorio. De acuerdo con un informe de la Contraloría en el 2002, el 79% de la población rural no recibe ingresos suficientes para una canasta familiar mínima , por lo tanto se sitúa bajo la línea de pobreza.

“Nosotros acá nos rebuscamos y vamos a espigar maicito por allá donde los gringos, que son los que en este momento tienen la posesión del terreno y han comprado. Tenemos el maicito, lo desgranamos a palo, le damos a las gallinas a los marranitos”, señala Juan Ferney. El maíz espigado es usado para el consumo de sus animales, pero también es consumido por ellos para sopas, arepas, envueltos y coladas, ‘es un maíz que si se siembra no da cosecha, solo la mata’, señala Luz Dary desalojada de El Brasil.

Debido a la relación informal de la comunidad con la tierra, esta no recibe subsidios estatales ni préstamos para poder trabajarla, por lo que sus condiciones de producción son limitadas y sus formas de trabajo se reducen a prácticas como “el espigeo”. De acuerdo con Yamile Salinas, asesora de Indepaz y abogada especializada en temas agrarios, estas formas de trabajo se asemejan a la esclavitud, ya que la agroindustria aprovecha las condiciones de estas comunidades y les dicen ‘para sacar lo que me sobra le doy el 50%’, y así evitan pagarles en condiciones legales.

La Agropecuaria Aliar es una empresa de agroindustria dedicada a la producción y venta de carne de cerdo. Según el ranking anual de la revista Semana, la agroindustria ocupó el primer puesto de las empresas porcícolas que más facturaron en el 2019. Registró 387.654 millones de pesos vendidos. Recientemente la Agropecuaria Aliar se integró al Grupo Bios, organización empresarial que ocupa el primer puesto entre las empresas nacionales de agricultura con 3.073.870 facturados el año pasado.

Verdad Abierta entrevistó en el 2013 a Jaime Liévano, presidente del Grupo Aliar, recién fue revelado el caso de El Brasil. Liévano señaló que el predio no había sido comprado por la Fazenda sino adquirido a través de contrato de comodato para “mejorarla y producir alimentos. Señaló además que a través de este tipo de contratos, Aliar tiene la meta de llegar al 2027 a 100.000 hectáreas de terreno para cultivo y crianza de cerdos.

Para este reportaje, se insistió a Aliar su versión sobre los hechos del desalojo, recibiendo como única respuesta el video promocional de venta de carne La Fazenda. (ver respuesta).

Adaptar el suelo de la Altillanura para el monocultivo extensivo de maíz y soya transgénica ha implicado cambios profundos en el uso territorio y en el modo de vida de las comunidades cercanas. De acuerdo con Jennifer Mujica, “las llanuras tienen una función ecológica importante para la estabilidad del clima relacionada al agua y sus ciclos, y al ser alteradas en términos de productividad tenemos transformaciones radicales como daños en procesos de la naturaleza y del agua”.

Para las comunidades significa un cambio en el paisaje, en el proyecto de vida y muchas veces representa una daño directo de los usos dados al suelo, y demás prácticas y actividades que dependen de este. Así lo cuenta Mario Barrera habitante de Puerto Gaitán, sobre las repercusiones del uso de agroquímicos por parte de las agroindustrias “se me salieron dos vacas y tomaron agua de al lado de la carretera de La Fazenda. Como ellos todo lo abonan con un químico que se llama ‘buria’ que es veneno, se me murieron las dos vacas".

De acuerdo a varios habitantes de Puerto Gaitán, La Fazenda está posicionada como una de las empresas que más está moviendo la caja de empleo del municipio, lo que genera temor en denunciar los daños que puedan ocasionar en el territorio. “Ellos tienen músculo de capital y pueden invertir las grandes sumas que se requieren en la Altillanura, y como el discurso es que ‘necesitamos proveer alimentos y energía renovable a todo el mundo’, su llegada se ve con buenos ojos." señala Yamile Salinas, 'todo esto sin pensar en quienes realmente viven en los territorios'.

Además de las facilidades para concentrar el territorio en su proyecto agroindustrial, La Fazenda está acaparando la producción de carne de cerdo en la región. Las políticas sanitarias del ICA para la producción de ganado porcícola reglamentan requisitos que difícilmente un campesino puede lograr. En la resolución 2640 de 2007 se prohibió mantener los cerdos libres, alimentarlos con residuos humanos”, y se reglamentó asistencia obligatoria de veterinarios certificados, pisos antideslizantes, transporte e instalaciones. Así, la producción porcícola del país quedó también en manos de los grandes productores, que son quienes pueden cumplir tales requisitos.