La guerra nunca se ha ido del Bajo Cauca
La falta de oportunidades y la precariedad económica ha empujado a muchos a trabajar en las economías ilegales que financian a los grupos armados. Los Caparros, el Clan del Golfo o AGC, el ELN y disidencias de las FARC tienen una fuerte influencia en el Bajo Cauca antioqueño. Con acciones violentas ejercen control sobre una población sometida a amenazas, extorsiones, asesinatos y desplazamientos. Ante esta situación, el Estado ha respondido con una presencia militar, que criminaliza y castiga estas actividades que se vuelven unas de las pocas posibilidades de subsistencia de la población en zonas rurales.
Los testimonios que alimentan este especial se muestran de manera anónima con el fin de guardar la seguridad y la confidencialidad de las voces que participaron durante el proceso de los Diálogos para No Continuidad y No Repetición de la Comisión de la Verdad.
2 de octubre de 2020: en fachadas de casas y negocios de los municipios de Cáceres, Caucasia, El Bagre y Nechí aparecen las siglas AGC, marca de la banda criminal Autodefensas Gaitanistas de Colombia, para amedrentar a las comunidades. 3 de octubre de 2020: masacre en Cáceres, con tres personas asesinadas. 17 de octubre de 2020: matan a un líder social en Tarazá. 3 de noviembre de 2020: masacre en Nechí, con saldo de cinco personas asesinadas. 16 de noviembre de 2020: Los Caparros anuncian toque de queda en el Bajo Cauca. 11 de diciembre de 2020: masacre en El Bagre, con cuatro personas asesinadas. 15 de diciembre de 2020: otra masacre en Caucasia con tres víctimas.
En un año particularmente complejo por las circunstancias de la pandemia, los habitantes de los seis municipios del Bajo Cauca antioqueño tuvieron que enfrentar, además, la agudización del conflicto armado que persiste en su territorio. Según reportes de , en 2020 Antioquia fue el departamento que registró el mayor número de masacres, 21 en total, 11 de las cuales ocurrieron en el Bajo Cauca. El 18 de enero de 2021 se registró una nueva masacre en Tarazá, en la que fueron asesinadas tres personas. Los principales determinadores de la violencia en esta región son Los Caparros y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) —también conocidas como El Clan del Golfo—, bandas criminales de origen paramilitar que se disputan el control del territorio, de las rutas del narcotráfico y de las rentas derivadas de las economías de la cocaína y del oro.
Esta guerra se ha manifestado en las formas más crueles de la violencia: homicidios, desapariciones, masacres, reclutamiento y violaciones en contra de una población que siente que el Estado la ha abandonado. “Lo que ha pasado con la pandemia es que la institucionalidad no está haciendo mucha presencia en el territorio, y eso les ha permitido a los grupos su fortalecimiento, al menos en ciertos lugares, donde se han convertido en paraestados, dado que son quienes tramitan y resuelven cualquier tipo de situación de las mismas comunidades”, explicó una de las entidades humanitarias internacionales que participó durante el diálogo con organizaciones sociales.
“En muchos lugares dijeron que con el covid la violencia aminoraría, pero en El Bagre no; aquí la violencia ha crecido mucho. La pandemia empezó en marzo y hasta octubre llevábamos más de 50 muertos, y los medios de comunicación no lo saben porque no se hacen las alertas, no se comunica, están enfocados en esconder. En El Bagre los grupos crecieron: están ahogándonos con vacunas, con amenazas, nos han matado a más de seis menores de edad solo en este mes de octubre”.
- Habitante de El Bagre
Mapa de riesgo de La Paz en el Terreno
Por el alto grado de sevicia de las acciones violentas de Los Caparros, las AGC y otros grupos armados ilegales que hacen presencia en la región, como el ELN, varias personas han tenido que desplazarse hacia Medellín y otros municipios de Antioquia. Según contó una de las organizaciones internacionales durante los diálogos, en 2020 se denunciaron al menos siete desplazamientos forzados en el Bajo Cauca, centrados en Cáceres y Tarazá. “Casi 50.000 personas se han desplazado desde 2017. Hay una crisis humanitaria provocada por procesos de movilidad forzada en la región”, dijo un investigador del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación (IPC), ONG que ha estudiado la violencia en la zona.
La Fundación Paz & Reconciliación (Pares) tiene registrado que entre 2017 y 2018 el homicidio aumentó más de un 200%, ya que pasó de 118 homicidios registrados en 2017 a 390 durante 2018. Este recrudecimiento de la violencia se da por las confrontaciones cada vez más intensas entre las AGC y Los Caparros, principalmente por el dominio de los territorios en los que hacían presencia las FARC: nudo del Paramillo y límites entre el sur de Córdoba y el norte de Antioquia. En este corredor, que involucra a los municipios de Tarazá y Cáceres, está afianzado El Clan del Golfo o AGC, si bien Los Caparros —aliados con el ELN y algunas disidencias de las FARC— siguen haciendo presión en busca del dominio de esta zona, clave por ser vía hacia el Urabá.
“Desde que se firmó el acuerdo con las FARC, en el Bajo Cauca sus miembros se desmovilizaron y dejaron solos todos aquellos lugares en la zona rural. Esos espacios fueron copados por el grupo de Los Caparros, por El Clan del Golfo, por disidentes de las FARC, por el ELN… es decir, que en vez de mejorar, en el Bajo Cauca las cosas empeoraron. Cosa diferente ocurrió en el sur del país".
Otro determinante de la arremetida violenta que está soportando el Bajo Cauca tiene que ver con el control de las economías derivadas de la extracción ilegal del oro y el narcotráfico, pues sus rentas mantienen a los grupos armados ilegales. Miembros de la fuerza pública que hace presencia en el Bajo Cauca explicaron, durante su diálogo con la Comisión de la Verdad, que efectivamente “en la región no se ha desarrollado otra economía además de estas dos; solamente la ganadería ha tenido cierto desarrollo desde hace unos 30 o 40 años. Pero la ganadería es una economía exclusiva, no inclusiva, dado que los beneficiarios de la ganadería son los dueños de las tierras y corresponden a un porcentaje muy bajo de la población”, y añadieron que en la región “hay un altísimo porcentaje de desempleo en la población civil, bajo nivel de educación y además el 80% de la población está vinculada a la extracción aurífera, que no está siendo eficazmente regulada por el Estado”.
Esa dependencia económica del Bajo Cauca a la extracción de oro ha hecho que los grupos ilegales también ejerzan un fuerte control sobre la población, para que se dedique a tales actividades. Muchos acceden, por la falta de oportunidades en empleo y educación, pues no tienen otra opción de subsistencia. “Los muchachos que tienen 14 y 15 años empiezan a ver que enrolarse en los grupos armados es una actividad rentable. Lastimosamente, los principales empleadores en el Bajo Cauca son El Clan del Golfo, Los Caparros y las otras organizaciones ilegales, porque son quienes reclutan más fácilmente a la juventud para sus actividades económicas, pero criminales”, apuntó un representante de la fuerza pública.
“El monopolio que tienen en la región los grupos al margen de la ley se han apoderado de nuestras actividades ancestrales. Son ellos quienes ejercen la minería. Y aunque el gobierno lo sabe, únicamente ataca al barequero, a quien se le lleva el motor, mientras que contra la megaminería que se ejerce en el Bajo Cauca, en poder de las fuerzas ilegales, no se hace absolutamente nada”.
- Líder de un grupo étnico
El débil papel del Estado en la regulación de estas actividades económicas, especialmente con respecto al pequeño minero que desarrolla su oficio de manera informal, sigue siendo un determinante transversal en la persistencia del conflicto en la región. “Es muy importante que la sociedad, las instituciones y, sobre todo, las comunidades revisen el asunto de la transición económica y cuáles son las condiciones para transitar. Ya que hay una dependencia a las economías ilegales, ¿qué parte puede lograr una legalización o la regularización, para que el Estado pueda generar los beneficios compartidos por esa renta hacia el desarrollo de esta región?”, reflexionó la comisionada de la verdad Patricia Tobón.
Antioquia produce cerca del 40% del oro en Colombia, y el departamento extrae del Bajo Cauca el 60% de la producción del metal. Sin embargo, este modelo predominante de no genera suficiente empleo en esta subregión, que paradójicamente presenta los niveles más altos de necesidades básicas insatisfechas. De acuerdo con datos del DANE, los municipios con peores indicadores de pobreza son Cáceres (66,4%) y Nechí (61,5%).
“Si miramos las inversiones que el gobierno nacional ha hecho en el Bajo Cauca, ni con una mano las contamos. El Bagre estuvo aislado más de 50 años; teníamos que pasar de un lado al otro en canoa, hasta que hace poco nos hicieron un puente, que está en proceso y es la única obra en 50 años que el gobierno ha hecho en El Bagre. Aquí nadie invierte; parte de lo que se hace lo hacemos los ciudadanos. Ya es hora de que el gobierno nos mire desde todos los puntos de vista —educación, salud, empleo— y de que invierta más; en esa medida los grupos se irán”.
- Lideresa afrocolombiana de la región
La concentración de la actividad minera formal en el Bajo Cauca la tiene la empresa Mineros S.A., que tiene sus operaciones en El Bagre. Esa coexistencia de la gran minería con la más pequeña, legal e ilegal, ha generado complejas e históricas tensiones en el territorio. “Desde el siglo XVII hasta nuestros días, estos territorios mineros se han dejado al libre albedrío de los inversores privados, y esos particulares que ordenan el territorio han recurrido al uso de la violencia, al uso ilegítimo de las armas para ese ordenamiento. Ahí es donde los intereses básicamente han estado representados en grandes economías, como la minería aurífera”, explicó un investigador del del IPC, quien agregó que “hay unos títulos mineros coloniales sobre la minería, que en este momento los tiene englobados en un título de propiedad privada de 37.000 hectáreas, aproximadamente”.
La situación de la titularidad de las tierras ha complejizado aún más las tensiones entre la empresa y los pequeños mineros que reclaman propiedad sobre los territorios que han habitado desde hace siglos. Según un informe publicado por la Fundación Sumapaz, la Corporación Colombia – Europa – Estados Unidos y la Corporación Jurídica Libertad, hay 47 grandes títulos mineros que han llevado a la concentración de tierras para la explotación en la región. "Aunque el gobierno sostiene que en Antioquia se hace minería responsable, y que perseguir a los informales es una manera de asegurar que no se contaminen las fuentes hídricas, en mayo de 2018 la empresa Mineros S.A. fue denunciada por las comunidades de Nechí y El Bagre por causar una mortandad de peces en el río Nechí, que afectó la actividad de pesca y soberanía alimentaria de los habitantes", dice el documento.
En la imagen se puede ver el impacto ambiental de la minería en el territorio. Mientras en 1984 la margen oriental del río Nechí mantenía una capa vegetal, en 2020 se ven menos espacios verdes.
“La mayoría de las familias hemos vivido de la mal llamada minería ilegal, en mi concepto y en el de nuestros padres, nuestros ancestros, porque esta es una minería informal que el gobierno nunca ha querido formalizar, para que las multinacionales finalmente sean quienes se adueñen de nuestros territorios y nuestras riquezas. Por eso, cuando mencionan que en nuestro territorio hay minería ilegal, están criminalizando a aquellas personas que de una u otra manera vivimos o sobrevivimos directa o indirectamente de la minería. Esa expresión de minería ilegal nos criminaliza y de una u otra manera vulnera nuestros derechos”.
- Minero de El Bagre
El informe “Minería del oro, territorio y conflicto en Colombia: retos y recomendaciones para la protección de los derechos humanos y del medio ambiente”, escrito por Soledad Betancur y publicado por la Heinrich-Böll-Stiftung, Germanwatch, Broederlijk Delen y el IPC señala que “los mineros han intentado legalizarse, pero el sistema los excluye. Según un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo en el año 2010, el 86% de las solicitudes para formalizar la actividad a través de la solicitud de un título fueron rechazadas”, señala la investigación.
Contraste de resguardos reconocidos en el Bajo Cauca con títulos mineros en la subregión.
Fuente: Comisión de la Verdad.
En el Bajo Cauca hay tensiones entre la población que en buena parte trabaja de manera informal —sobre todo en minería— y el sector empresarial presente en la subregión, del que los habitantes dicen que pareciera que la fuerza del Estado trabaja exclusivamente a su favor. Para el sector privado, el conflicto que azota a la región también es un asunto urgente que debe solucionarse, porque lo afecta. “El Bajo Cauca es una zona rica en recursos. Es triste saber que compañeros que tienen sus cultivos de arroz, de maíz, tienen que pagar necesariamente a estos grupos ilegales, porque si no, los desalojan, los matan o no los dejan trabajar. Donde tuviéramos seguridad, habría inversión privada y pública. En estos momentos carecemos de todo tipo de inversión y esto lleva al desempleo y la pobreza”, contó un ganadero.
Pese a la difícil situación en términos de seguridad relatada por el ganadero, el Bajo Cauca genera una riqueza considerable a través de las economías de la minería, la ganadería y la coca. El asunto es que estos recursos no se retribuyen a la comunidad: aunque la región aporta cerca del 25% del oro nacional, en oferta de empleo formal la región no llega ni al 1%, como explica un investigador del Observatorio de los Derechos Humanos y Paz, de la ONG Instituto Popular de Capacitación: “La consolidación de grandes empresas solo llega al 8%. La única empresa grande que podemos identificar en el Bajo Cauca en términos de producción de empleo formal sería Mineros S. A., que es dueña del monopolio de extracción de oro en la región. Entonces, ¿dónde termina ese dinero, en qué manos se concentra el dinero que se produce allí?”
“Para superar el conflicto, Colombia necesita abrir un proceso de paz con el desarrollo, en este caso con las empresas mineras. El problema no es quién dispara, el problema es cómo se aprovecha y se usa la tierra, porque las personas que están interesadas en el territorio hacen cualquier artimaña o artilugio y utilizan a los distintos grupos armados para que generen la violencia en esos territorios. Acá no necesitamos hablar únicamente con los grupos armados, sino que necesitamos hablar con los que están detrás, promoviendo ese tipo de situaciones”.
Las alternativas de subsistencia para las y los bajocaucanos son escasas. Por eso, el cultivo de la coca para uso ilícito representa para muchos una oportunidad de tener ingresos. Los municipios en donde se concentran las mayores hectáreas de coca cultivada en el Bajo Cauca son Tarazá, con 2.061,72 hectáreas, y Cáceres, con 1.101,54 hectáreas, según datos del Observatorio de Drogas de Colombia para 2019. Estos municipios son los que, a su vez, presentan mayores índices de violencia y hechos victimizantes.
Como resultado del Acuerdo de Paz con las FARC, todos los municipios del Bajo Cauca fueron priorizados en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial por ser territorios afectados por el conflicto, con altos índices de pobreza y presencia de economías ilícitas. Con los PDET y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos , en el Bajo Cauca empezaría la erradicación voluntaria de coca, así como la implementación de proyectos productivos de las comunidades, con los se generaría una alternativa de ingreso digno, de desarrollo en la región y superación de dificultades en diferentes temas de reincorporación y reintegración.
Sin embargo, la implementación de estos programas ha tenido retrasos, fallas y falta de apoyo de las autoridades políticas locales. “Los programas, planes y proyectos que se diseñan van encaminados a ejecutarse de forma articulada con las administraciones locales. Encontramos que allí hay muchas dificultades en el recurso humano sobre el conocimiento de los programas, sobre el conocimiento de su implementación, de su marco jurídico”, explicó el representante de una de las organizaciones internacionales que dialogó con la Comisión de la Verdad.
“Yo creo que a las mismas instituciones del Estado les da miedo entrar al territorio si no va el Ejército. Hay un maltrato a la población y a los recursos naturales. El incremento de los cultivos nos ha generado demasiada violencia y una disputa del territorio; ha corrido sangre de mucha gente inocente. Con el tema de extorsiones, de la inseguridad, hemos visto morir conocidos, gente generadora de empleo en la zona. Entonces, duele bastante todo eso, pero hay una luz y por eso estamos aquí dialogando”.
- Ganadero del Bajo Cauca
De acuerdo con la Personería de uno de los municipios del Bajo Cauca, en la realidad no se han cumplido ni implementado estos planes: “Falta una posición más activa por parte del Estado. El campesino se queja mucho porque le prometen algunos proyectos productivos, y a la hora de entregarlos salen con otras cosas que no son aterrizadas al contexto, a la vereda, a la subregión. Eso promueve el conflicto”, contó uno de los participantes en el encuentro con autoridades locales.
El llamado general que hicieron los actores que participaron durante los encuentros con la Comisión de la Verdad gira en torno a la necesidad de generar alternativas para que la sustitución sea una realidad, situación que solo puede lograrse con la presencia integral del Estado. La propia fuerza pública, representación más visible de la institucionalidad en la región, lo reconoce así: “Nosotros hemos erradicado acá cerca de 2.500 hectáreas de coca. Son resultados que tienen un impacto limitado en el futuro mientras no se cambien las condiciones de la región en cuanto a la implementación de vías para conectar las veredas más apartadas, las comunidades más alejadas. Es la inversión más importante que se tiene que realizar para transformar el territorio; eso va a restarles retaguardia a los grupos criminales y va a permitir el avance del Estado, con todas sus instituciones, para beneficio de la población”.
“Para subsistir, hemos tenido que bajar un poco el perfil y no hacernos visibles en tantos espacios. Sabemos que cuando estamos, por ejemplo, en los talleres que hacemos en los barrios, hay gente que está ahí pendiente de lo que decimos y de si estamos acusando a X o Y. Nosotros simplemente estamos para contar que hemos sido afectados por un conflicto, del lado que venga, que tenemos unos derechos y adónde se debe acudir, pero no hablamos de nadie”.
- Líder de víctimas del Bajo Cauca
El efecto de la agudización de la violencia que presenta la subregión es el silencio al que se han tenido que someter los bajocaucanos. “El temor está haciendo que la gente hoy en día no participe al 100% de la protección de sus derechos. Los liderazgos están entre callar y no callar, “hacerse los locos” cuando están amenazándolos, no decir mucho a la institucionalidad y convivir con el conflicto, porque es la única manera de garantizar el territorio y el cuidado de la familia”, contó la Defensoría del Pueblo durante el diálogo que la Comisión de la Verdad sostuvo con actores de la institucionalidad.
De acuerdo con una reciente investigación realizada por periodistas de sobre la situación de los liderazgos sociales en Antioquia, el Bajo Cauca es la región con más agresiones a líderes sociales: entre enero y octubre de 2020 se registraron 54 asesinatos, 27 amenazas y un atentado. “Si la Defensoría del Pueblo emite una alerta es con el fin de que las autoridades hagan algo y se prevengan, porque ya hay información de que va a suceder algo, es para que estén preparados; pero no, esperan a que se materialicen las cosas, para ahí sí llegar”, contó una lideresa que participó en el diálogo con la Comisión.
Entre 2018 y 2020, la Defensoría del Pueblo emitió seis alertas tempranas para el Bajo Cauca. Con este mecanismo, la institución advierte al gobierno nacional sobre la urgencia de intervenir en la región debido a las amenazas contra la población. Puede consultar aquí la última alerta emitida en 2020.
“El Bajo Cauca es una de las zonas donde ha existido durante muchos años un fuerte movimiento social que viene siendo silenciado por parte de los diferentes actores, no únicamente los paramilitares; también las estructuras estatales, que aún continúan con señalamientos y estigmatizaciones contra la población”.
- Representante de una de las fundaciones que
participó en el encuentro con organizaciones sociales y academia
La respuesta inoportuna del Estado a las situaciones que mantienen al Bajo Cauca en una crisis social y de seguridad ha hecho que entre la población crezca la desconfianza en la institucionalidad, cuya presencia en el territorio ha sido históricamente débil. “El Estado ha dado una respuesta netamente militar: hay una fuerza de tarea conjunta en la subregión y, pese a ello, las situaciones continúan. Se requiere una presencia integral del Estado que permita garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de las personas”, comentó la representación de una de las entidades humanitarias durante el diálogo con organizaciones internacionales.
Esa desconfianza de las y los bajocaucanos hacia las instituciones es alimentada por la corrupción al interior de los gobiernos locales, la representación estatal en el territorio y la fuerza pública. En junio de 2019, el comandante de la estación de Policía de Caucasia fue destituido, así como todo el cuerpo policial de El Bagre, pues según explicó Luis Pérez, entonces gobernador de Antioquia, los uniformados estaban involucrados en temas de corrupción y extorsiones a la población. “El campesino ha sufrido mucho con la fuerza pública, que se extralimita. A la hora de buscar a los integrantes de los grupos armados, intentan estigmatizar a la población con el simple hecho de decirle: ‘Tú perteneces a tal grupo’, ‘tú haces mandados’... Yo creo que eso tiene mucha relación con el conflicto armado, porque a la gente no le gusta la fuerza pública, porque es corrupta, dicen”, contaron durante el diálogo con autoridades locales.
“En el Bajo Cauca hay personas honestas a las que nos gusta trabajar para sacar a nuestros hijos adelante. Pero si vendemos empanadas, llegan tres o cuatro grupos a pedir una extorsión. ¿Qué va a quedarnos para llevar a la casa? Las autoridades municipales saben eso y no hacen nada. Pero si denunciamos, o perdemos la vida o nos toca irnos del territorio”.
- Lideresa afro durante el encuentro que sostuvieron
grupos étnicos con la Comisión de la Verdad
La poca representación de la región en corporaciones públicas, como el Congreso de la República y la Asamblea Departamental, ha derivado en la deslegitimación y desconfianza en el sistema político, así como en la poca trascendencia de las demandas sociales que son urgentes de atender para contribuir a la superación de la violencia. “Las comunidades sienten que no hay gobernabilidad en los mandatarios locales. Muchos han ido presos, están involucrados en procesos judiciales. Esto hace que la credibilidad en el Estado se pierda”, explicó la representante de una de las organizaciones internacionales que hacen presencia en el Bajo Cauca.
Esta situación afecta en especial a las mujeres y a las comunidades LGBTI, quienes sufren de ataques de índole sexual que no denuncian por miedo y por falta de instituciones que puedan prestar una atención integral a las víctimas. “La gente no denuncia sus casos. Por eso tenemos tan pocos registros de desaparición forzada y de violencia sexual: es muy fácil decir que a uno lo hicieron salir de la casa —uno cuenta el desplazamiento— o que hay un homicidio de por medio —uno cuenta los hechos—, pero los temas de desaparición forzada o de violencia sexual no se cuentan, porque normalmente la culpa se la trasladan a la víctima”, dijo una lideresa de la región.
“Aquí matan, por ejemplo, a alguien de la comunidad LGBTI y dicen que fue por problemas de microtráfico, por problemas pasionales. Entonces, parece ser que todos los de la comunidad LGBTI están en un tema de microtráfico... después de muertos, los estigmatizan".
- Líder del Bajo Cauca
La desesperanza en un territorio que vive en medio de la guerra ha hecho que muchos en el Bajo Cauca ya se hayan resignado ante la violencia. “Esto está íntimamente relacionado con la naturalización del conflicto armado, puntualmente si hablamos de reclutamiento, porque nos dimos cuenta de que no solamente es que los jóvenes decidan de manera voluntaria ir y hacer parte del grupo armado, sino también que las familias ven al grupo armado como una opción de trabajo”, contó una representante de las organizaciones que participaron en el diálogo con entidades humanitarias internacionales.
A pesar de las adversidades, quedan miles de voces, que hablan por los que no pueden y le cuentan al país la realidad de una región que necesita atención urgente del Estado, pero también hacer contrapeso a esa guerra que está extrayendo lo mejor de este rico territorio. En el capítulo ‘Resistencias’ de este reportaje multimedia encontrará algunas iniciativas de comunidades de jóvenes, del sector artísticos y proyectos productivos que muestran que en el Bajo Cauca es posible realizar diversas actividades económicas diferentes a la minería y la producción de cocaína.
