Línea de tiempo: presencia de los grupos armados ilegales en el Bajo Cauca

Fuentes de información: Fundación Ideas para la Paz y Comisión de la Verdad

“El Estado nos ha olvidado por completo; la falta de oportunidades es la que hace que nuestros jóvenes mueran. Nunca hemos visto una universidad ofreciendo carreras cuando los jóvenes salen de bachillerato, pero sí se ha visto al comandante [de un grupo armado ilegal] ofreciendo trabajo”, contó uno de los jóvenes artistas durante el diálogo que la Comisión de la Verdad sostuvo con el sector cultural del Bajo Cauca.

Lo que cuenta el artista es la situación generalizada de una región que tiene índices altos de necesidades básicas insatisfechas (NBI). De acuerdo con los datos del censo del 2018 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), cinco de los seis municipios de la subregión tienen un índice de pobreza que supera el 50%: Nechí (61,5%), El Bagre (53,7%), Zaragoza (58%), Cáceres (66,4%), Tarazá (53,5%) y Caucasia (36%). El Bajo Cauca es la región más pobre del departamento.

Este territorio ha sido históricamente excluido de la centralidad antioqueña: a subregión del Bajo Cauca es la que recibe menor inversión en infraestructura y en lo social, a pesar de que su aporte económico, derivado de las actividades extractivas, es representativo tanto para el departamento como para el país. Según datos del DANE del 2018, los 125 municipios de Antioquia aportaron más de 10 billones de pesos al producto interno bruto (PIB) en actividades primarias, entre las que están incluidas las mineras. De esa cifra, los seis municipios del Bajo Cauca aportaron más de un billón de pesos, lo que representa un 10% de contribución para el departamento.

“El Estado colombiano es mucho más pequeño que el territorio. La existencia de esos espacios vacíos, donde el Estado no siempre alcanza a llegar, es aprovechada por otros actores, no estatales”, explicó un representante de la fuerza pública durante el espacio de diálogo con la Comisión. Sin embargo, esos ámbitos que la institucionalidad no abarca en el Bajo Cauca son los que por derecho se le deberían garantizar a cualquier comunidad: empleo, educación, salud, acceso a la justicia, oportunidades de desarrollar un plan de vida y un territorio donde vivir en paz.

Una de las mayores necesidades que tiene la subregión es solucionar los temas de infraestructura. La falta de vías en buen estado ha dificultado tanto el desarrollo agrícola y económico de la región como el propio acceso de la institucionalidad a la profundidad del territorio. “La problemática más grande para el sector rural es las vías de acceso, que dificulta también la operatividad de la fuerza pública para hacer presencia en veredas que, por ejemplo, están a siete horas del casco urbano. También afecta a los campesinos en el desarrollo de sus proyectos productivos, ya que la comercialización es complicada: si siembran cultivos de pancoger, ¿cómo sacan los productos?”, explicó una de las autoridades locales en el Bajo Cauca.

Para algunos pequeños productores de la subregión, cultivar la tierra con productos agrícolas tradicionales como el arroz, la yuca, frutas o fríjol dejó de ser una opción viable, pues además de las dificultades de infraestructura no cuentan con una cadena de comercialización ni un mercado para sus productos. “Si uno mira la realidad de los campesinos, ellos dicen que sembrar coca les resulta más rentable, porque se las pagan y recogen allá mismo y les dan plata para que abonen”, agregó la autoridad local de uno de los municipios del Bajo Cauca.

El consenso entre los participantes de los diálogos para la no repetición es que el Estado necesita llegar al territorio de manera integral y apoyar a la población a través del acercamiento a la institucionalidad, para garantizarle realmente sus derechos. Sin embargo, la respuesta a estas deficiencias estructurales ha sido a través de la presencia militar. “Si cambiamos los 4.500 efectivos militares por funcionarios agentes de desarrollo, de justicia — porque allá el tema es absolutamente precario—, de salud, educación, protección y prevención para la niñez, estoy seguro de que sale más barato. Cada efectivo al año cuesta casi 180 millones de pesos; mantener promotores o agentes de desarrollo seguro va a ser menos costoso”, explicó uno de los investigadores que participó durante el diálogo con organizaciones sociales y academia.

Según relataron varias de las personas que participaron en los diálogos con la Comisión, la respuesta a las peticiones urgentes que tienen las y los bajocaucanos ha sido con presencia esencialmente militar. Esta situación, en muchos casos, ha desembocado en la estigmatización y violación de derechos humanos en contra de la población civil.

La falta de oportunidades de empleo y educación es una problemática que afecta especialmente a la población joven de la región. “La mayoría de los que hacen parte de estos grupos son 'pelados'. El programa de reincorporación, pero también todos en general deben tener más ayudas para los jóvenes, más estudio, más opciones, porque como los jóvenes no tienen nada más que hacer, entonces se van para allá”, contó uno de los excombatientes que dialogó con la Comisión.

La débil presencia del Estado en la subregión también se manifiesta en la desconfianza que las y los bajocaucanos sienten hacia algunas de las instituciones públicas que están en el territorio. Esta situación, además de la corrupción en la que se han visto envueltos varios mandatarios locales y miembros de la fuerza pública, ha generado que las comunidades incluso se abstengan de buscar apoyo cuando lo necesitan. “Cuando fui a hacer la denuncia de mi caso, el personero que estaba en esa época me dijo: ‘Usted ya aparece en el Registro Único de Víctimas’, y yo le respondí: ‘Pero es por un hecho de violencia sexual’ y me dijo: ‘¿En serio? No tienes cara’. Le contesté: ‘No se preocupe, que con funcionarios como usted no se puede’”, contó una de las lideresas que participó en el diálogo con mujeres y colectivos LGBTI.

En una región azotada por la violencia, la debilidad en la presencia del Estado revictimiza a la población. Esa desconfianza que sienten hacia las instituciones que deberían apoyar a las personas los lleva a callar sus denuncias o peticiones. “Hay una afectación por temas de incursión armada. Evidentemente, hay temor en la comunidad; si bien puede que en algunos casos no se genere una amenaza directa, sus miembros sienten temor, pero prefieren quedarse callados o desplazarse, y no ir directamente a la agencia de víctimas o a la Personería a hacer estas denuncias, precisamente por esa falta de confianza”, comentó el representante de una de las organizaciones internacionales que participó en el diálogo que la Comisión de la Verdad sostuvo con entidades humanitarias.

A pesar de estos inconvenientes, las y los bajocaucanos mantienen la ilusión de tener un territorio en paz, si lo pactado en el acuerdo con las FARC se cumple. “Llegó la buena hora del acuerdo de la paz, con en el que todos estos municipios del Bajo Cauca se van a beneficiar con los PDTE y las zonas futuro. Pero se necesita que la implementación vaya acelerada, porque el conflicto está latente”, concluyó uno de los representantes de las personerías en la región.

2. Mucha tierra para pocos en el Bajo Cauca antioqueño

Los espacios que el Estado no ha logrado ocupar en la subregión han sido tomados por otros actores que se han encargado de organizar el territorio de acuerdo a sus intereses económicos particulares, y también de decidir a quién le pertenece. “En el Bajo Cauca tienen más tierras las vacas que la gente y eso es algo inaceptable desde todos los puntos de vista”, dijo un representante de una comunidad indígena que participó en el diálogo con organizaciones sociales y academia. Por su ubicación geográfica y ser una zona con estrechas relaciones con otros departamentos, a esta región han llegado colonos procedentes, principalmente, de la región Caribe y del interior de Antioquia con la intención de usar estas tierras para la ganadería y apropiarse de los recursos del territorio. Estas dinámicas han generado luchas por la propiedad, la ocupación, el uso y el aprovechamiento de estas tierras.

Así como lo explicaron los investigadores del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación (IPC), el Bajo Cauca es el resultado de varias olas de migración de personas que llegaron al territorio para explotar sus riquezas. “La población mayoritaria ha sido la que ha migrado desde la sabana de Córdoba, Sucre y Bolívar. Esa población empezó a colonizar lo que el gran imperio Sinú denominó la provincia Panzenú. Otro poblamiento fue el de afrodescendientes mineros, y un poblamiento posterior que tiene que ver con comerciantes y ganaderos de origen paisa del Valle de Aburrá, del occidente y del nordeste de Antioquia”, dijo uno de los investigadores quien agregó que “esos procesos de poblamiento indígena, afro y, finalmente, el campesino sabanero ha generado también unos conflictos por las pretensiones de acumulación”.

Los municipios del Bajo Cauca fueron de los primeros en ser colonizados por los españoles en Antioquia. Ellos fundaron varios poblamientos en esta zona entre 1.500 y 1.600 con el fin de explotar el oro y otros recursos, y para que les sirvieran como corredor en el avance hacia el interior del departamento. “Este territorio no es nuevo para la geografía nacional. Sin embargo, es el prototipo del territorio donde se desarrolla una economía de enclave, que empezó con el oro. Desde esas cosmogonías de los pueblos ancestrales, ellos mismos han dicho que el oro trae unas maldiciones muy fuertes, porque en realidad no ha generado desarrollo en ningún territorio; para las empresas y para las multinacionales sí, pero en el territorio no”, dijo uno de los investigadores del IPC.

Precisamente, como explica la publicación de la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia, ‘Diálogo de Saberes y Oportunidades de Región’, muchos de los títulos mineros con los que han funcionado las grandes empresas extractivas del Bajo Cauca datan del siglo XVII, y permiten que en la actualidad sigan teniendo concesión para desarrollar esta actividad. Esta situación, que propició que el control y la organización del territorio, sus recursos e incluso su población quedaran bajo el dominio de particulares, ha generado constantes conflictos económicos y sociales. “Uno se pregunta cuál ha sido el papel de las grandes empresas mineras en cuanto a la expropiación de los bienes comunes, que son propios de la población, y que cada vez más han generado la pérdida de la biodiversidad, de los animales, de la soberanía y la seguridad alimentaria”, explicó un participante durante el diálogo con academia y organizaciones sociales.

La colonización ganadera de las décadas de los 30, 40 y 50, en especial en municipios como Caucasia y Cáceres, que limitan con el sur de Córdoba, ha sido otro factor determinante en las problemáticas por la apropiación territorial en el Bajo Cauca, puesto que esta es una actividad que ha generado una alta concentración del suelo. La informalidad en la tenencia de tierras, la falta de títulos de propiedad y el modelo latifundista, que deja extensos territorios en manos de pocos, hicieron que muchos terrenos fueran invadidos por colonos y desplazados de otras regiones, al ser la única oportunidad de tener un espacio para vivir en esta región.

Esta situación generó fuertes enfrentamientos entre ganaderos y la población colonizadora, y dejó como resultado desalojos, desplazamientos y otros conflictos marcados por la violencia, que alimentaron posteriormente narcotraficantes y grupos paramilitares. “Las dinámicas de poblamiento han traído conflictividad. Particularmente, el último flujo de colonialismo paisa, con esas lógicas de violencia, es el que ha imperado. La inversión y la colonización de los recientes inversores antioqueños agita los conflictos, porque esta es una inversión que está permeada por el narcotráfico. Ahí hay un ciclo de la economía que trata de hacer lavado de dólares con la acumulación de tierra”, explicó el investigador del IPC.

Junto a las disputas por el acaparamiento del suelo por cuenta de la titulación minera, existe otro determinante del conflicto con relación a la tierra en el Bajo Cauca, que involucra a los campesinos que viven en las zonas que el Estado declaró, en los años 50, como reserva natural, sin tener en cuenta que ya eran territorios habitados y que allí se llevaban a cabo actividades de subsistencia. “Las comunidades campesinas tienen una ocupación legítima, porque habitan estos territorios, pero no hay una ocupación legal, es decir, la matrícula inmobiliaria. Eso es necesario, porque nos permite tener arraigo, quedarnos acá y trabajar”, contó una lideresa durante el diálogo con la Comisión.

La reserva natural Bajo Cauca – Nechí, ubicada entre los municipios de Cáceres, Caucasia y Zaragoza, tiene 79.557 hectáreas. Al ser declarada como zona de protección, quienes habitan allí no pueden tener propiedad en estos terrenos y las actividades agrícolas y de extracción minera y maderera están limitadas. “Aquí no se piensa en proyectos a largo plazo. Y cuando queremos pensarlos, nos dicen que no pueden financiarse, porque no están dentro de los indicadores de la Gobernación o del Ministerio del Medio Ambiente. Si pensamos un proyecto a largo plazo, que garantice las condiciones de la vida de la gente que está en el campo, nos cortan las alas, porque no nos apoyan”, contó una lideresa de El Bagre.

Para las comunidades étnicas que están en la región, los reclamos sobre la titularidad de la tierra son un asunto urgente que piden que resuelva el Estado, junto con la necesidad de que se les respete su autoridad, su cosmovisión y de que se les consulte al momento de tomar decisiones con respecto a lo que se construye, se extrae y se aprovecha del territorio.

De acuerdo con datos de la Gobernación de Antioquia, en el Bajo Cauca hay cinco resguardos indígenas: cuatro de las comunidades Zenú y uno de los Embera Eyábida (Katío), ubicados en Zaragoza, Cáceres, Tarazá y El Bagre. También se encuentran ocho consejos comunitarios: tres en El Bagre y cinco en Zaragoza, y hay organizaciones de comunidades negras en todos los municipios de la subregión.

“En el Bajo Cauca ha habido una negación sistemática, por parte del Estado, de la condición étnica de las comunidades Zenú. Esta situación dificulta las posibilidades de que se les reconozca posesión de la tierra, la posibilidad de tener territorio colectivo. La estrategia que las comunidades del Bajo Cauca han tenido con el fortalecimiento de su guardia indígena ha salvado muchas vidas y ha permitido, además de resistir, cuidar sus territorios en la medida de sus posibilidades”, explicó un representante de la Organización Indígena de Antioquia durante el diálogo con la Comisión.

3. Las fuentes de empleo en el Bajo Cauca: la minería del oro y la coca

La falta de oportunidades en el campo, de formalización en la propiedad y en el derecho al uso de los recursos de la tierra, así como los conflictos que se han derivado de estas reclamaciones han hecho que la oferta de grupos armados en cuanto al cultivo de coca con uso ilícito y la explotación aurífera ilegal se conviertan en las únicas posibilidades de subsistencia que muchos tienen en el Bajo Cauca. “Por el alto nivel de empobrecimiento que tienen los territorios, la gente ha tenido que sembrar coca. Ellos quieren otras decisiones y otros planes, pero el Estado no ha seguido esa línea de desarrollar los proyectos que las comunidades han solicitado. La comunidad ha quedado marginada de poder participar de la construcción de un bien común, de un bienestar; han sido los actores hegemónicos y dominantes los que lo han llevado a cabo, tanto los legales —como las mineras—, como los ilegales, que también pasan por la minería y por el tema de coca”, dijo la representación de una de las corporaciones que participaron en el diálogo con organizaciones sociales y academia.

Esa marginalidad del Bajo Cauca, de la que hablaron varios asistentes a los diálogos para la no repetición con la Comisión de la Verdad, ha facilitado el actuar de los grupos armados ilegales, que hacen presencia en esta región para extraer las rentas de lo que produce esta tierra: minerales y coca. Para consolidar su control, se han valido de prácticas violentas en contra de la población. “El despojo y el abandono de tierras en la zona es producto de una estrategia de los actores armados y su posterior reciclaje en otras acciones y en otros grupos. El hecho de haber informalidad en la tenencia de la tierra y la urgente necesidad de explotarla por parte de los actores armados o de ampliar sus inmensos terrenos generaron en la región un elemento de conflictividad muy alto. Las afectaciones para las comunidades son enormes”, dijo un funcionario de una de las entidades que participó en el diálogo con organizaciones humanitarias internacionales.

Como explicó el funcionario de la organización internacional, estas prácticas de terror contra la población han adquirido nuevos sentidos. Ahora, el interés sobre esta tierra no es solo por lo que produce; también se busca controlar totalmente todo el proceso del narcotráfico y de otras economías ilegales. “No es tan evidente la lucha de los actores armados por el despojo o porque las comunidades abandonen sus tierras para apropiarse de ellas. Vemos que estos actores armados están buscando salidas y tener un control total sobre la región y las rutas”, añadió.

Las víctimas de la arremetida de violencia que ha soportado el Bajo Cauca también tienen peticiones en cuanto a su reconocimiento y reparación. Para ellas, es clave que se les concrete y brinde oportunidades de acceso a la tierra. “Ingresamos a un programa de restitución para no sembrar lo ilícito y cambiarlo por lo lícito, pero no nos dieron más apoyo ni seguridad alimentaria y estas tierras no son aptas para sembrar productos de los proyectos que nos traen. Al final, eso termina valiendo nada”, dijo una lideresa de comunidades afrocolombianas del Bajo Cauca.

Según varios investigadores de organizaciones sociales, funcionarios de entidades humanitarias, institucionales y académicos que participaron en los diálogos, estas reparaciones están avanzando a un ritmo muy lento, y la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que se crearon con el Acuerdo de Paz para propiciar la transformación rural en los municipios más afectados por la violencia, no ha cumplido con las expectativas de las comunidades. “Algo que ha promovido el conflicto armado en el Bajo Cauca es el incumplimiento por parte del Estado. A pesar de que hay muchos proyectos frente al Acuerdo de Paz, en realidad no se ha hecho nada. Hace falta una posición más activa por parte del Estado frente a los acuerdos de paz, especialmente en el sector agrícola. El campesino se queja mucho porque les prometen proyectos productivos y a la hora de entregarlos salen con otras cosas, que no son aterrizadas al contexto, a la vereda, a la subregión”, dijo una de las representantes de las personerías municipales del Bajo Cauca.

“Yo creo que para el Bajo Cauca se necesita que el Estado reconozca que aquí existen comunidades que están siendo afectadas fuertemente, pero también necesitamos liderazgos decididos para transformar esa situación. Se necesita un diálogo de cara a que los procesos minero-energéticos y los de uso del territorio sean concertados directamente con el liderazgo social y comunitario que hay en el Bajo Cauca”, concluyó Leyner Palacios, comisionado de la verdad.

4. “Los paramilitares nunca se han ido, han cambiado”: habitante del Bajo Cauca

El temor es una constante entre las y los bajocaucanos porque la violencia del conflicto les ha acompañado por décadas: primero por la presencia guerrillera y luego por la consolidación del paramilitarismo, que posteriormente derivó en los grupos armados que mantienen el control de los negocios ilegales en la actualidad. Según el Registro Único de Víctimas (RUV), entre 1985 y 2020, 203.318 personas en todo el Bajo Cauca se han declarado víctimas del conflicto armado. El Bagre, Tarazá y Cáceres son los municipios con más altos niveles de victimización.

Es precisamente la ubicación estratégica de la subregión del Bajo Cauca lo que la ha convertido en una zona clave para los negocios ilegales. Los valles de los ríos Cauca y Nechí son el centro de un corredor que conecta por el occidente al Urabá (chocoano, antioqueño y cordobés), las montañas del Nudo del Paramillo y las sabanas de Córdoba, y por el oriente a la serranía de San Lucas; ello permite el acceso al Magdalena Medio y luego al Catatumbo. Esta franja, que viene a ser una especie de ‘cuello’ que separa a la costa norte del interior del país y que tiene una pobre presencia estatal, permite el flujo del narcotráfico hacia el Caribe y Venezuela.

Ante esta falta de presencia estatal, los grupos armados han implantado un fuerte control sobre la población, especialmente desde los años ochenta, a través de una violencia que tiene altos grados de sevicia. “Yo empecé a saber qué era el conflicto desde que tenía 14 años. Yo viví en el corregimiento de Colorado hasta el 16 de agosto, día que el Frente 36 de las FARC cometió una masacre y violó a cuatro mujeres, yo incluida. A partir de ese día comenzaron todos mis problemas. Recuerdo que estábamos en una actividad con la Casa de la Cultura en el parque y a las ocho de la noche aparecieron ellos. A los hombres que estaban en las actividades del pueblo los tiraron boca abajo en el piso, y las mujeres las hicieron recostar en las mesas… a la primera que mataron fue a una señora que tenía ocho meses de embarazo. A un señor, que apenas escuchó el disparo levantó la cabeza, de una le dieron”, contó una de las mujeres durante el diálogo en el Bajo Cauca.

Como se puede observar en la línea de tiempo que está a continuación, los primeros grupos armados en llegar a la zona fueron el Ejército de Liberación Nacional (ELN), desde el Magdalena Medio, y el Ejército Popular de Liberación (EPL), desde Córdoba, a finales de los sesenta. Luego llegaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en los setenta, quienes consolidaron una fuerte presencia, especialmente en la zona montañosa del municipio de Tarazá, que conecta con el Nudo del Paramillo.

Al inicio de la década de los ochenta aparecieron los paramilitares de Fidel Castaño, que usaron la zona como corredor para moverse entre el nororiente antioqueño y las sabanas de Córdoba. Posteriormente, ‘paras’ —paramilitares— del Magdalena Medio, que llegaron a respaldarlos, perpetraron masacres en alianza con políticos locales en contra de militantes de izquierda, como la cometida en 1988 en el municipio de Segovia, en el entorno cercano al Bajo Cauca.

Estos grupos armados también fueron impulsados por ganaderos, comerciantes y militares en respuesta a los ataques extorsivos que cometieron las guerrillas. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), las estrategias más usadas por los grupos paramilitares para causar terror en la población mayormente rural fueron los asesinatos selectivos con 869 víctimas y desaparición forzada con una cantidad de 647 víctimas desde 1958 a la fecha. En cuanto a las masacres, se reporta un total de 52 entre 1981 y 2020. Es importante anotar que el CNMH contabiliza como masacres aquellos hechos con cuatro o más muertos.

Los paramilitares han ido mutando desde entonces, hasta convertirse en las bandas criminales que hoy se disputan el narcotráfico y la minería ilegal: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia —también conocidas como El Clan del Golfo— y Los Caparros. Varias personas que asistieron a los diálogos señalaron que históricamente estos grupos han cooptado varias instancias del Estado y han logrado controlar los recursos públicos y, prácticamente, asumir su rol. “La presencia de estos grupos en nuestra subregión ha permeado la política en varios municipios. Hace algunos años había que hablar con ellos para que los candidatos pudieran postularse, y eso no ha cambiado mucho”, dijo uno de los participantes a los encuentros con la Comisión.

Varios asistentes a los diálogos expresaron la desconfianza que sienten ante los miembros de la fuerza pública, ya que señalaron que los grupos armados han permeado en gran medida estas instituciones. Durante los últimos años, varios policías han sido investigados por cometer diversos delitos, en algunos casos en alianzas con grupos ilegales. Incluso, el comandante de la Policía de Caucasia fue capturado en 2019, y todo el cuerpo de Policía de El Bagre fue cambiado por la Gobernación ante las constantes quejas de la comunidad por su mal comportamiento. “Uno ya por experiencia sabe que no puede confiar en ellos. Yo veía que alias ‘Sebastián’ andaba con ellos en la patrulla mientras en las calles había carteles de ‘Se busca’ con su foto”, aseguró una participante del diálogo con mujeres y colectivos LGBTI.

Esta fuerte presencia de grupos armados y su relación con el poder local han generado un fuerte estigma en contra de las organizaciones sociales que, a pesar de la violencia, resisten en la región. “Con los actores armados en el territorio, nos acusan, como población civil, de ser colaboradores. De alguna forma, estamos inmersos en lo que digan los actores armados, y aquí el que tiene las armas manda”, comentó una asistente al diálogo con mujeres y organizaciones LGBTI.

La mutación de los grupos armados de la región ha estado relacionada con diferentes procesos de paz que no terminan de consolidarse y permiten el reciclaje de las violencias. “Gran parte de la conflictividad y de lo que nutre el rearme ocurre en dos sentidos. El primero son los malos procesos de reincorporación y procesos de paz que con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se hicieron: mucha gente no entró, sino que siguió con otros grupos armados. Y el segundo son las guerrillas que se formaron, que fueron dejando también diferentes miembros de comunidades que siguieron en la guerra”, explicó la comisionada de la verdad Patricia Tobón.

Como se detalla en la línea de tiempo sobre la presencia de grupos armados ilegales en el Bajo Cauca, El Clan del Golfo y Los Caparros, responsables en gran medida de la violencia actual en el Bajo Cauca, son una mutación del paramilitarismo que llegó a la zona en los años ochenta y se consolidó en los noventa a través de los bloques Mineros y Central Bolívar. “Con la desmovilización de los paramilitares en 2005, los que realmente lo eran no se desmovilizaron; se quedaron acá y son los que están delinquiendo en este momento. Lo que hicieron fue fraccionarse y pelearse la droga —están matándose entre compañeros—, pero son los mismos, los que siempre han creado el terror. Son los mismos que atacan en El Bagre, son los mismos que atacan en Zaragoza, son los mismos que atacan a los líderes sociales en Tarazá, son los mismos que están en el territorio, con la diferencia de que están peleándose entre ellos y de que la población civil queda en medio”, comentó una de las mujeres en los diálogos con mujeres y colectivos LGBTI.

Varios miembros de la comunidad y excombatientes mostraron su preocupación en los diálogos en torno a las fallas en la implementación del proceso de paz con las FARC, que está permitiendo nuevamente el reciclaje del conflicto. Por un lado, tras la desmovilización del grupo guerrillero las bandas criminales intentaron quedarse con los territorios en los que hacía presencia y con el negocio de la producción de cocaína. Por otro lado, los excombatientes no encuentran posibilidades de reincorporarse a la sociedad, y en muchos casos reingresan a la ilegalidad, esta vez con los grupos por fuera de la ley que siguen en la región.

Para los reincorporados que se acogieron al proceso de desmovilización producto del Acuerdo de Paz la vida nos ha sido fácil: para ellos, el Estado no les ha cumplido lo prometido frente a la oferta de oportunidades en educación y empleo. Esta situación es más compleja a la luz de las pocas garantías de seguridad que tienen: hasta agosto de 2020, en Antioquia habían sido asesinados 26 firmantes de la paz. “Se ha cambiado mucho lo acordado. En el proceso han cambiado muchos puntos; les hicieron muchas modificaciones. Nosotros seguimos esperando que nos sigan apoyando en el estudio lo que más se pueda, para que podamos salir adelante”, aseguró uno de los reincorporados durante los diálogos con la Comisión. La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) viene acompañando a varios de los excombatientes que siguen comprometidos con sus planes de educación y proyectos productivos.

Ante este panorama, empiezan a reconfigurarse disidencias o se obliga a los excombatientes que siguen en construcción de paz a tener que desplazarse a otros territorios debido al miedo, como se vio en marzo de 2020 con el desplazamiento del antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Román Ruiz, del vecino municipio de Ituango, hacia Mutatá. “Uno mismo es el que tiene que cuidarse. Yo mantengo aquí trabajando y estudiando, nomás. Soy muy juicioso; yo no me mantengo en la calle por ahí tomando ni saliendo, porque uno tiene que cuidarse a uno mismo de que ellos le salgan a uno”, puntualizó uno de los reincorporados durante los diálogos con la Comisión.

En el siguiente capítulo, “La guerra nunca se ha ido del Bajo Cauca”, podrá conocer a fondo la situación actual que se vive en el Bajo Cauca, las preocupaciones, peticiones y recomendaciones de quienes habitan este territorio.