Las comunidades campesinas de la región de Tulapas y las comunidades afro del Urabá - Darién han luchado por la tierra históricamente. Se han enfrentado a múltiples violencias, desplazamientos, asesinatos, masacres y un plan criminal de despojo, legalización y lavado de activos de la casa Castaño. Un rompecabezas con fichas en todos lados, desde servidores públicos pasando por políticos, instituciones estatales hasta terratenientes, empresarios, militares y narcoparamilitares, con el objetivo de imponer el proyecto político, económico y social del paramilitarismo en Colombia.
Como se describe en el informe del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo y para la Paz, Indepaz: “Macrocriminalidad con licencia legal: Urabá-Darién 1980-2014”, financiado por el Centro Internacional para la Justicia Transicional, ICTJ, esas comunidades se han enfrentado a múltiples violencias, desplazamientos, asesinatos, masacres y un plan criminal de despojo, legalización y lavado de activos de la casa Castaño. Un rompecabezas con fichas en todos lados, desde servidores públicos pasando por políticos, instituciones estatales hasta terratenientes, empresarios, militares y narcoparamilitares, con el objetivo de imponer el proyecto político, económico y social del paramilitarismo en Colombia.
Uno de los reportajes que alojan este especial fue clave para la justicia colombiana y para la opinión pública por los hallazgos encontrados en el allanamiento del Parqueadero Padilla. Un operativo que permitió conocer la superficie de los hilos de la casa Castaño hasta donde se extendían y así sacar a la luz las alianzas y el financiamiento de los paramilitares. El caso del Parqueadero Padilla aunque lleno de obstáculos y violencia contra los investigadores y fiscales no ha terminado de contestar centenares de preguntas pero sí permitió conocer cómo las empresas fachadas fueron usadas para dar visos de legalidad a los negocios y el despojo en Tulapas y en Cacarica.
Tulapas un territorio lejos de todo pero valioso por su ubicación estratégica, donde la casa Castaño de la mano de Sor Teresa Gómez Álvarez y el Fondo Ganadero de Córdoba despojaron, por lo menos, a 103 familias desplazadas de Violencia y el latifundio ganadero en las sabanas de Córdoba. Los hilos de los paramilitares se establecieron desde principios de los 90 con la compra irregular a víctimas de desplazamiento hasta la legalización de las tierras para empresarios reconocidos del país. Un laboratorio de despojo que se extendió a otras regiones.
Otro de los reportajes se centra en la comunidad afro del Consejo Comunitario de Cacarica, en el Bajo Atrato, donde la casa Castaño llegó a la tierra del Chocó marcándola de sangre y violencia, no solo para controlar el territorio, sino también para lavar el dinero proveniente de negocios ilegales, como el tráfico de estupefacientes. Aunque se habla de la violencia que llegó en 1997 con las autodefensas, los negocios agroindustriales como siembra de maderables y sus vínculos con los paramilitares se gestaron muchos años atrás. Donde nuevamente, participaron empresarios, ganaderos, militares, bananeros y servidores públicos para quitar la tierra ancestral a 32 comunidades afro.
Esta investigación no solo cuenta el entramado criminal sino las resistencias de las comunidades que desean retornar y gozar plenamente del territorio, además, de los procesos ante la justicia transicional en medio de nuevas violencias contra los líderes y lideresas de los procesos de restitución y sus comunidades.
Especial multimedia elaborado por Rutas del Conflicto con base en el informe de Indepaz: “Macrocriminalidad con licencia legal: Urabá-Darién 1980-2014”.