A mediados los 90, los paramilitares dirigidos por los hermanos Vicente y Carlos Castaño, pusieron en marcha un modelo criminal para desplazar a las 23 comunidades afro que habitaban la cuenca del río Cacarica, en Riosucio, Chocó; organizadas bajo la figura de Consejo Comunitario.
La casa Castaño llegó al territorio con violencia, cooperación de militares, notarios y funcionarios públicos que facilitaron el aprovechamiento de la tierra y negocios agroindustriales. Todo esto con la intención no solo de controlar el territorio, sino también de lavar dinero procedente de negocios ilegales, como el tráfico de estupefacientes.
Tras múltiples desplazamientos forzados (especialmente el masivo de 1997), la comunidad organizada regresó en el 2000 y aún en la actualidad, resiste a la persistencia del conflicto armado, los intereses económicos en su territorio y el actual aislamiento por la pandemia del Covid19.
Aunque se habla del 97 como la fecha de la incursión violenta de las Auc en el Urabá - Darién y el Bajo Atrato, por medio del Bloque Elmer Cárdenas, Bec; las fichas para quitarle la tierra a las familias que habitaban la cuenca del río Cacarica, venían acomodándose desde mucho antes.
El bajo Atrato, que es precisamente la región donde está el Cacarica, es considerado la mejor esquina de América, por su ubicación geográfica en cercanías al Tapón del Darién, históricamente usado para el comercio, el narcotráfico y el contrabando.
Esa privilegiada posición en el continente ha implicado que las comunidades afro que allí habitan hayan sido víctimas del accionar de guerrillas, narcotraficantes, paramilitares y militares, que se disputan el control territorial y de sus recursos naturales.
Con posterioridad a la Constitución Política de 1991 que reconoció el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras, la Corporación Autónoma Regional del Chocó, Codechocó, otorgó permisos de aprovechamiento forestal, PAF, a Pizano S.A. y a su filial Maderas del Darién S.A., Maderién, en Puerto Escondido o Balsa II, Guamal, Murindó y Riosucio.
Lo hizo mediante las resoluciones 3595 y 3596 del 30 de diciembre de 1992. Estos documentos fueron apenas el comienzo de una serie de estrategias gestadas al interior de instituciones públicas, para legitimar la voraz tala de árboles por parte de privados que se acentuó, conforme llegaban los paramilitares, abriéndose paso a punta de fuego y sangre.
Ello pese a que, en 1993 los Ministerios de Gobierno y Agricultura, y el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente recomendaron a Codechocó ajustar los permisos al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el artículo 55 transitorio de la Constitución Política de 1991 y la Ley 70 de 1993, y así garantizar los derechos colectivos al territorio y la participación de las comunidades del Consejo Comunitario Mayor del Cacarica. A las 23 comunidades que integran ese Consejo se les reconoció la propiedad colectiva sobre 103.024 en la Resolución del Incora 00841 del 26 de abril de
Mapa 1. Territorio del Consejo Comunitario Mayor del Cacarica
Ese año, mientras se revisaban las concesiones, el entonces director de Codechocó, Jesús Lácides Mosquera Andrade, autorizó al consejo menor de Balsita, el aprovechamiento forestal sin autorización del Consejo Mayor del Cacarica.
La madera aserrada era comprada por Maderién, filial del Grupo Pizano, a cambio de motosierras y otros instrumentos para el corte de madera. Lo mismo sucedió con los consejos menores de San José de Balsa, Varsovia Bocachica y Teguerré, mediante acuerdos ´sin fecha´ suscritos con posterioridad a 2001. Según la Defensoría, la cooperativa Dios Proveerá o Yireh, “además de talar bosques ofrece incentivos económicos a los pobladores por el corte de madera, que negocia posteriormente con Maderién”.
El informe de Indepaz documentó que el grupo Empresarial de Pizano aprovechó, cerca de 232.012,21 metros cúbicos desde 1993 hasta 2002. Esa cantidad equivale a casi 69 piscinas olímpicas, sólo que llenas de madera talada.
A cambio de otorgar salvoconductos para el corte ilegal y de imponer multas irrisorias, Mosquera Andrade percibía una bonificación equivalente el 30% de la madera explotada. Durante su dirección, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y otras entidades, constataron que había maquinaria pesada para la explotación maderera dentro del territorio afro, desvío y envenenamiento de ríos.
En 2003 la Procuraduría lo destituyó y concluyó que él, Maderién y otros, posiblemente incurrieron en delitos de invasión de áreas protegidas, aprovechamiento ilícito de recursos forestales y de fuentes hídricas con fines de enriquecimiento ilícito.
La explotación forestal ilegal aumentó los conflictos entre los retornantes y los que permanecieron en el territorio, como se expone en el informe de la Defensoría de 2002 “Amicus Curiae, Aprovechamiento Forestal y Derechos Humanos en la Cuenca del río Cacarica en departamento del Chocó” (Ver documento ) y en la sentencia T-955 de 2003 en la que la Corte Constitucional tuteló los derechos a la propiedad colectiva de las comunidades negras de la Cuenca del Río Cacarica. (Ver documento )
Diez años más tarde, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, declaró responsable al Estado de Colombia por “la violación del derecho a la propiedad colectiva, contenido en el artículo 21 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los miembros de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del río Cacarica y de los miembros del Consejo Comunitario de las Comunidades de la Cuenca del río Cacarica”. (Ver documento)
Otros personajes aprovecharon para cruzar también por la puerta corrupta que se había abierto en Codechocó. El mismo Fredy Rendón Herrera alias 'el Alemán', afirmó ante el Juzgado Adjunto al Juzgado 5to Penal del Circuito Especializado de Medellín, que entre el 96 y el 98, era él quien controlaba a dicha entidad pública, puesto que había decidido empezar a talar y a comerciar con maderas del Cacarica, por su propia cuenta.
Rendón aparece en esta historia como jefe del Bloque Elmer Cárdenas. Esta estructura paramilitar existía previamente con el nombre de 'los Guelengues' y entró al Bajo Atrato en el 96, fecha en la que ocurrió la llamada operación Septiembre Negro. Sin embargo, la trayectoria de vida de 'el Alemán' ya lo había formado como un conocedor del lavado de activos.
A sus 14 años trabajó como ayudante de un bus, que llevaba mercancías a Cali o a otras ciudades capitales e intermedias, pero que se devolvía cargado de cigarrillos o electrodomésticos de contrabando, que se vendían en los sanandresitos o en las calles de Medellín, especialmente. Así lo documentó María Teresa Ronderos en su libro “Guerras Recicladas”. Los narcos de esa época recién estaban perfeccionando esta modalidad de lavado de dinero. Al venderse toda esa mercancía al menudeo, el capital quedaba en pesos colombianos y libre de cualquier señalamiento.
Ya en el 97 y siendo el jefe del Bec, 'el Alemán' tuvo que haberse percatado de lo rentable que era el negocio maderero en la zona, no sólo por sus previos conocimientos en el enriquecimiento ilícito, sino por sus relaciones con Maderíen, empresa que desde 1997 aportó al Bloque Elmer Cárdenas de las Auc, treinta millones de pesos mensualmente, según el Tribunal Superior de Justicia y Paz de Medellín en la sentencia contra Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias 'Monoleche' de 2014
Era una relación bilateral. La empresa aportaba dinero y los ‘'paras'’ proveían de seguridad, a la vez que hacían uso de la antena repetidora de Maderién, ubicada en el sector de Filo Cuchillo en Riosucio para comunicarse con los suyos, reza la macro sentencia de primera instancia contra integrantes del Bloque Elmer Cárdenas del Tribunal Superior del Distrito de Medellín del 17 de mayo de 2018. (Ver acusación)
Conociendo la rentabilidad del negocio, Fredy Rendón Herrera comenzó a comerciar por su cuenta con madera aserrada en el territorio de Cacarica, con compradores en Cartagena, que a su vez, la sacaban del país de manera ilegal y la vendían en otras regiones del mundo.
“Si nos vendían a 700 mil, nosotros se lo vendíamos al comprador de Cartagena a 850 mil, por decir algo. En Cartagena nos compraban directamente a nosotros. Manejábamos 200 motosierras, 400 ó 500 mulas, que podían producir 100 millares de madera trimestral”, dijo Fredy Rendón, alias 'el Alemán', en una entrevista con Semana, desde la Cárcel de Itaguí.
Mientras Maderién y 'el Alemán' talaban, a la vez que Lácides Mosquera recibía su bonificación, la comunidad negra vivió un auge de agresiones, desplazamientos y asesinatos, marcados por la Operación Génesis y la llamada operación Cacarica. Ambas, incursiones violentas y armadas, perpetradas por la Brigada XVII del Ejército y paramilitares de los Frentes Chocó y Alex Hurtado, respectivamente; con la excusa de expulsar a las guerrillas del Bajo Atrato.
Entre el 24 y el 27 de febrero de 1997, la Fuerza Aérea Colombiana junto con tropas de la Brigada XVII del Ejército, con el exgeneral condenado Rito Alejo del Río Rojas al mando, bombardeó “las comunidades de Caño Seco, Tamboral y Arenales, en la cuenca del río Salaquí, lo que causó el desplazamiento de aproximadamente quince mil campesinos de las cuencas de los ríos Cacarica, Jiguamiandó, Curbaradó, Domingodó, Truandó y Salaqui, entre otros, hacia el corregimiento de Pavarandó en el municipio de Mutatá, departamento de Antioquia, y hacia las cabeceras municipales de Riosucio y Turbo. Algunas familias incluso llegaron a Cartagena”, afirma la Defensoría en el informe de 2002.
El Tribunal Superior de Justicia y Paz de Medellín documentó que en la operación combinada participaron “200 paramilitares” al mando de Fredy Rendón Herrera, dotados con armas suministradas por el excoronel Diego Paulino Colorado. Y que por solicitud del excoronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo, jefe de inteligencia de la Brigada XVII, la casa Castaño suministró 12 paramilitares que guiaron a los militares.
Al mismísimo tiempo, entre el 23 de febrero y el 5 de marzo de ese año, 60 paramilitares de los frentes Chocó y Alex Hurtado, perpetraron la llamada operación Cacarica, una incursión paramilitar a gran escala que provocó la desaparición de al menos 15 caseríos en la cuenca del río Cacarica. Hubo 3500 personas desplazadas aproximadamente.
Ese año huyeron masivamente de Riosucio 40.404 personas, el cincuenta por ciento del total de las víctimas, conforme al Centro Nacional de Memoria Histórica.
Al declarar al Estado colombiano responsable por estos hechos, la Corte IDH consideró que no solo coinciden las fechas sino también los intereses por vaciar el territorio e imposibilitar el retorno.
La comunidad recuerda a sus 85 fallecidos de aquel día. Entre ellos y ellas, a Marino López Mena, quien según testimonios documentados por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y citado por Verdad Abierta, fue desmembrado a punta de machete.
“Uno de los criminales coge una macheta y lo corta en el cuerpo. Marino intenta huir, se arroja al río, pero los paramilitares lo amenazan, ‘si huye, le va peor’. Marino regresa, extiende su brazo izquierdo para salir del agua. Uno de los paramilitares le mocha la cabeza con la macheta. Luego le cortan los brazos en dos, las dos piernas a la altura de las rodillas. Y empiezan a jugar fútbol con su cabeza. Todas y todos lo vimos, relata el testimonio de una de las personas sobrevivientes”.
Rito Alejo del Río Rojas fue condenado a pagar 25 años de cárcel por el asesinato de López Mena. Aunque actualmente está en libertad y compareciendo ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP; en lo que concierne al macro caso 004, que es precisamente el del Urabá, Darién y Bajo Atrato. Igualmente, comparece ante la Jep Jorge Eliécer Plazas Acevedo, condenado por secuestro y procesado por los homicidios de Jaime Garzón, Mario Calderón y Elsa Alvarado. Del Río Rojas y Plazas Acevedo son investigados por la masacre de Mapiripán en 1997.
En febrero de 1999 los retornantes conformaron las Comunidades de Autodeterminación Vida y Dignidad, Cavida y crearon las Zonas Humanitarias: Nueva Esperanza en Dios y Nueva Vida. Ese año, se realizó la Asamblea General Extraordinaria en Turbo en la que se discutió la explotación forestal ilegal en el territorio colectivo y se destituyó a Jesús Adán Quinto Mosquera, por haberla autorizado.
En 2000 y tras cuatro años de estar viviendo en situación de desplazamiento en el Coliseo Bruno Martínez, de Turbo, Antioquia (y otras regiones), la comunidad se organizó y decidió regresar al Cacarica. Entre los compromisos asumidos por el Gobierno nacional para el retorno estaba la limpieza y canalización de los caños Perancho y Peranchito que se encontraban sedimentados y contaminados por la tala ilegal de maderas en los años en que permanecieron en desplazamiento.
Como lo ha descrito la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, se trató de un proceso largo y lleno de nuevas tensiones con los actores armados que continuaban allí. Esa Comisión documentó múltiples situaciones de retenes ilegales por parte de paramilitares en inmediaciones al Cacarica, durante 2001. Se trataba de un control riguroso, al parecer, del movimiento de mercancías por el río.
Ese mismo año, 'el Alemán' y sus hermanos, ya se preparaban para poner en marcha otra empresa agroindustrial, por medio de la cual lavaron activos y se apropiaron de gran parte del territorio colectivo de Cacarica. En 2001, John Jairo Rendón Herrera, alias 'Germán Monsalve' y el hermano del paramilitar Elmer Cárdenas, Cesar de Jesús Cárdenas, constituyeron en Cartagena la empresa C.I. Multifrutis, dedicada en el papel, a la siembra de frutas y hortalizas en el Bajo Atrato. (Ver historia Tulapas)
Tardarían unos cuatro años en empezar a promover dichos sembradíos al interior del Consejo Comunitario de Cacarica. En 2005, lo hicieron en alianza con Del Monte Fresh Produce International Inc., Del Monte, multinacional que produce y comercializa frutas y verduras.
Nuevamente pusieron en práctica el conocido refrán de divide y vencerás. Puesto que estaban ante una comunidad organizada y que había logrado avanzar en su proceso de retorno al territorio que les pertenece, los empresarios, aliados de paramilitares, persuadieron e involucraron a miembros de la comunidad en la autorización de siembra y explotación de recursos dentro del territorio. Mejor dicho, suscribieron acuerdos (incluso algunos sin fecha) con líderes no legítimos de la comunidad. Así lo denuncia el documento “Aprovechamiento Forestal y Derechos Humanos en la Cuenca del río Cacarica en departamento del Chocó”.
Es el caso de Jesús Adán Quinto Mosquera, destituido representante legal del Consejo Comunitario de Cacarica, quien suscribió dos contratos de alianza estratégica con Carlos Nikolai Strusberg González (Ver acusación) y Juan Manuel Campo Eljach, representantes legales de C.I. Multifrutis, como si su firma contase como la del representante legítimo. En el primero firmado en abril de 2005, Mosquera se comprometió a entregar el usufructo de más de 20 mil hectáreas del territorio colectivo ubicadas en los consejos menores de Balsita, San José de Balsa, El Bendito Bocahico y Varsovia, por 50 años, prorrogables por el mismo tiempo.
Previamente, en 2004, la comercializadora internacional Multifrutis, con domicilio en Miami, Florida, se había comprometido con Del Monte a venderle al menos 2.000 cajas de plátano semanales, según la Comisión Interecleresial de Justicia y Paz.
Ese plátano se sembraría en un predio de Multifrutis en Necoclí. Supuestamente, se trata de la finca El Atravesao, adjudicada antes de la titulación del territorio colectivo del Cacarica, que terminó en poder de Elmer Augusto Cárdenas Rendón en 1997, año de su muerte en combate con la guerrilla. Curiosamente, Cárdenas Rendón, que dio lugar al bloque con su nombre, le vendió el predio a su hermano Cesar de Jesús en 2004, año en el que lo compró laCon posterioridad a las citadas transacciones y acuerdos, se regularon las alianzas estratégicas “entre empresarios privados o públicos y comunidades afrocolombianas”, con lo que aparentemente se les daba visos de legalidad. Eso se hizo mediante la Resolución del Incoder 1516 del 15 de agosto de 2005 , que quedó sin vigencia por no haberse surtido la consulta previa para reglamentar la Ley 70 de 1993, así lo explica la Defensoría del Pueblo. (Ver documento) .
Aunque en documentos públicos como el Plan de Caracterización del Consejo Comunitario de la Cuenca del Cacarica de 2017 publicado por el Ministerio del Interior, es claro que Maderas del Darién y Multifruits CIA S.A. se beneficiaron directamente de la expulsión de la población del territorio, personajes como Jairo Rendón Herrera, alias 'Germán Monsalve', fundador de Multifruits y hermano del exjefe paramilitarer Fredy Rendón Herrera, no han sido investigados y/o judicializados por la justicia colombiana.
De hecho 'Germán Monsalve' pagó dos años de cárcel en Estados Unidos por el delito de lavado de activos, a pesar de que se lo vincula con posibles casos de narcotráfico especialmente en el Urabá y venta de oro a C.I. Goldex, empresa de John Uber Hernández Santa, implicada en lavado de activos.
Se sabe que el hermano de ´el Alemán´ quedó libre en 2011 y que en 2012, supuestamente, apoyó el ingreso de armas para Daniel ´El Loco´ Barrera Barrera, otro narcotraficante extraditado a Estados Unidos.
En los procesos de Justicia y Paz se ha exhortado a la Fiscalía para que investigue las presuntas alianzas y “aportes voluntarios” por parte de empresas, como Maderién “que se convirtió en uno de sus más grandes colaboradores y una de sus fuentes de financiación desde 1997”, concluyó el Tribunal Superior de Justicia y Paz de Medellín en la sentencia contra Jesús Ignacio Roldán Pérez.
En medio de los exiguos avances en la investigación y sanción de los responsables y determinadores del éxodo y despojo masivo en el Consejo Comunitario de Cacarica, persisten las amenazas, los desplazamientos y los homicidios. De esas y otras violaciones se responsabiliza a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo creadas por Daniel Rendón Herrera, alias ´don Mario´, exjefe financiero del Bloque Centauros, y su hermano Luis Fernando, alias ‘Condorito´.
En el reportaje El pueblo que volvió para defender el Cacarica, publicado en octubre de 2020 por medio de comunicación independiente Agenda Propia, Ana del Carmen Martínez y otros líderes y lideresas de la comunidad, expresan no sólo que persisten las presiones de actores armados e intereses económicos, sino que también existe preocupación ante la construcción de una vía, que conectaría a Turbo con Medellín y que, advierten, podría atraer incluso más empresas al territorio afro.
Se trata de la Autopista al Mar 1 y 2 que se conectan con el túnel llamado Guillermo Gaviria Echeverri, líder junto con su hijo y actual gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, de acercar a Medellín con el golfo de Urabá y el terminal portuario Puerto Antioquia localizado en el territorio del Consejo Comunitario de Puerto Girón (Ver mapas 1 y 2).
Mapa 1. Autopista al Mar 1
Crédito: Informe Macrocriminalidad con licencia legal Urabá-Darién 1980-2014, pag 156 (mapa No. 7) // Indepaz
Mapa 1. Autopista al Mar 2
Crédito: Informe Macrocriminalidad con licencia legal Urabá-Darién 1980-2014, pag 156 (mapa No. 7) // Indepaz
Especial multimedia elaborado por Rutas del Conflicto con base en el informe de Indepaz: “Macrocriminalidad con licencia legal: Urabá-Darién 1980-2014”.