Después de 24 años de los despojos en la región de Tulapas por parte del Fondo Ganadero de Córdoba y la casa Castaño, los habitantes y dueños de más de 40 mil hectáreas no han recuperado sus tierras. Mientras que exfuncionarios del Fondo, empresarios condenados por parapolítica y exparamilitares piden ser incluidos en la justicia transicional.
“Tengo un recuerdo de hace 26 años cuando llegaron los grupos paramilitares o 'Tangueros', como les decíamos. Éramos veredas que vivían en paz, armónicamente y trabajábamos la tierra”, afirmó una víctima. Refiriéndose a las violencias hacia las comunidades campesinas cuando los paramilitares de la casa Castaño incursionaron en la región de Tulapas conformada por 36 veredas de San José de Mulatos en Turbo, 14 corregimientos de Pueblo Nuevo en Necoclí y 8 en San Pedro de Urabá.
Familias campesinas desplazadas durante La Violencia y la consolidación del latifundio ganadero de Córdoba expulsadas de la cuenca del río Sinú, llegaron a Tulapas. A muchas de esas familias se les adjudicaron los predios que colonizaron, pero en la década de los 90 el proyecto paramilitar en compañía de servidores públicos y empresarios les arrebató sus tierras dejando por los menos a 4.000 víctimas de desplazamiento forzado. No solo por su valor estratégico, que va desde el golfo de Urabá hasta la zona baja de Córdoba, convirtiéndose en un corredor valioso para el narcotráfico y el comercio ilegal de armas, la casa Castaño se apoderó de estos predios sino también como proyecto económico para la siembra de maderables, caucho, agroforestales y ganadería extensiva.
En 1995, en cabeza de Carlos Mauricio Gacía Fernandez, aliasSegún él, los hermanos Castaño le pidieron el favor porque nadie sospecharía de un ganadero de Montería que comprara tierras, como se muestra en la sentencia a Jesús Ignacio Roldan Pérez, alias 'Monoleche' (ver sentencia). La idea era construir una base paramilitar llamada 'la 24' y así consolidarse en el Urabá y controlar la población, dice el informe de Indepaz “Macrocriminalidad con licencia legal: Urabá – Darién 1980-2014”, entregado a la JEP y a la Comisión de Verdad.
Otro de los motivos para despojar a más de 109 familias fue la incursión que estuvo de mano de intereses en la valorización de las tierras cuando se implementaran los megaproyectos de infraestructura vial y portuaria para la apertura económica instaurada en la Constitución de 1991 sancionada en el gobierno de Cesar Gaviria Trujillo (1990-1994). Estos predios estaban desvalorizados porque quedaban "lejos de todas partes, tan lejos de Urabá como tan lejos de Córdoba. Cuando nosotros ingresamos a la zona de Tulapa, el comandante Castaño me dijo que hiciéramos inversiones en el área porque le gustaba para colocar un campamento, de hecho, se compraron alrededor de 2000 y pico de hectáreas" se lee en una sentencia de restitución de tierras de Apartadó.
El plan para hacerse a los predios consistía en buscar por medio de comisionistas a los habitantes que habían sido desplazados para comprarles sus tierras a muy bajos costo en medio de amenazas. Guido Manuel Vargas López fue uno de los comisionistas que ayudó a legalizar la tierra para Mancuso Gómez. Varias víctimas le relataron a la Fiscalía que Vargas López se encargaba de buscarlos tras el desplazamiento y ofrecerles dinero por la tierra "como a los dos años de irme de Tulapas, el señor Guido Vargas llegó a Currulao, me buscó y me dijo que las tierras las estaba comprando un señor Mancuso de Montería, que pagaban la hectárea a 100.000 y que si no vendía yo, vendía mi viuda".
Otro testimonio evidencia el desplazamiento como primer paso para hacerse a las tierras de los campesinos por parte de la casa Castaño: "En 1995 a mediados de julio como el 17 por ahí, llegaron a mi casa un grupo armado que vestía como el Ejército Nacional, ellos decían que eran los paracos, es decir los mocha cabezas, dijeron que teníamos ocho días para desocupar, y que de ahí en adelante no responden porque necesitaban la zona para buscar la guerrilla…, daba miedo porque cerquita había una vereda que mataron cuatro personas que estaban cargando plátano de la familia del señor Hoyos, la finca colindaba con la mía", narra el reclamante de la finca No hay como Dios.
Los campesinos que vendieron a precios irrisorios como es el caso de los adjudicatarios de la finca Nueva Ilusión fueron obligados a ir a la Fundación para la Paz de Córdoba, Funpazcor, una organización que sirvió como fachada para la acumulación y legalización de tierras despojadas a punta de sangre y papel. Su presidenta era Sor Teresa Gómez Álvarez, cuñada de los Castaño, y una de las cabezas visibles del despojo en el Urabá, Darién y Bajo Atrato.
Predios en Tulapas terminaron a nombre de Salvatore Mancuso Gómez, su exesposa Marta Elena Dereix Martínez y José Benjamín Alvarado Bracamonte. Este último fue capturado en 2014 en los operativos que perseguían al 'cartel en contra de la restitución'. Como lo anuncia la sentencia de restitución de tierras del predio No hay como Dios, Alvarado era un hombre de confianza de Mancuso Gómez y encargado de algunas 'compras' a los desplazados, además, de prestar su nombre para la legalización de los predios.
Otros predios como La Esperanza, No Hay como Dios y Dios si Sabe terminaron en poder de Fredy Rendón Herrera, alias 'el Alemán', el excomandante del Bloque Elmer Cárdenas, Bec, que con su hermano, Jesús, alias ´Germán Monsalve, acapararon a plomo terrenos deforestados por el primero en el Consejo Comunitario de Cacarica. (Ver historia).
Desde 1993, Juan Carlos García, Cesar Alfonso Solanilla y Luis Gonzalo Gallo Restrepo compraron acciones correspondientes al 17,4% del capital accionario del Fondo e hicieron parte de las directivas, a través de la Promotora Ganadera de Córdoba S.A, Promogán. En cabeza de Gallo Restrepo, el poderoso empresario que llegó a compañías como Bavaria y J.P. Morgan, realizaron una reingeniería financiera para aumentar las utilidades y, aparentemente, como parte de ese plan estaba adquirir tierras para proyectos agroforestales.
Ese fue el comienzo del engaño a los campesinos para adquirir las tierras de Tulapas. Luis Gonzalo Gallo Restrepo, Carlos Sotomayor Hodge representante del Ministerio de Agricultura, Benito Molina Velarde llamado 'el Mexicano', Bernardo Vega y Orlando Fuentes Hessen, nombraron el 6 de marzo de 1997 a Benito Osorio Villadiego como gerente del Fondo Ganadero de Córdoba.
Presuntamente su elección se dio por la orden de Vicente Castaño Gil a través del 'Mono López', Jesús María López Gómez, exgobernador de Córdoba, quien tenía gran influencia sobre la junta directiva, se lee en la formulación de cargos contra Benito Molina. Ese mismo año, decidieron por unanimidad iniciar las compras masivas de tierras, como está suscrito en el acta del 1 de diciembre de 1997
Como lo corroboró el Grupo de Análisis de la Información, GRAI, de la JEP la primera finca que compró el Fondo se llamó La 52 o El Engaño. Allí se concretó el acuerdo entre la casa Castaño, representada por Sor Teresa Gómez Álvarez, y el Fondo Ganadero de Córdoba para la legalización de la tierra arrebatada a los campesinos. A través de Funpazcor, Gómez Álvarez fue la encargada de adquirir y dar apariencia de legalidad valiéndose de compraventas y falsos títulos de propiedad
Sin importar la situación de violencia y desplazamiento en el Urabá antioqueño, la Junta Directiva autorizó al comisionista cercano a Mancuso, Guido Manuel Vargas López y a Marco Fidel Furnieles Salgado para que identificaran y ubicaran a los adjudicatarios y ocupantes de 103 predios para realizar una compra masiva por parte del Fondo y así llevar a cabo la contrarreforma agraria y su legalización.
Las familias campesinas presionadas para vender fueron llevadas por intermediarios a la sede de Funpazcor en donde firmaban poderes a Sor Teresa Gómez Álvarez, para autorizarla a vender sus predios al Fondo por valores muy inferiores a los comerciales. A algunas familias se les pagó parcialmente y otras nunca recibieron ese pago. "Todo lo hicimos por medio de la Señora Teresa. Ella nos dio el 50% y después otro 50% pero no nos lo dieron. El Fondo y todos ellos nos mandaron a la ruina", recuerda una de las víctimas.
Los pagos a los campesinos se hacían generalmente en efectivo, el informe de “Macrocriminalidad con licencia legal” recoge testimonios que muestran cómo Gómez Álvarez depositaba en tulas y en un armario de madera el dinero en Funpazcor. Otros con cheques del Banco Ganadero, hoy BBVA, que eran cobrados por la suegra de Jesús Ignacio Roldan Pérez, alias 'Monoleche', el yerno de ´doña Tere´.
Por su parte, Funpazcor tenía un mensajero y presidente que realizó transacciones en el Banco de Bogotá y Occidente por más de 300 mil millones de pesos y adquirió predios que estaban a nombre de Sor Teresa Gómez Álvarez. En el operativo del Parqueadero Padilla se encontró que Antonio Adonis González era el mensajero de la Fundación, pero en el 2000 apareció como presidente y cobró por ventanilla 130 cheques que pertenecían a una cuenta de Funpazcor, según la sentencia de Roldan Pérez.
En la legalización de los baldíos se contó con el apoyo de María Inés Cadavid Restrepo, en ese entonces jefe jurídica de Adjudicaciones de baldíos del Incoder - Regional Antioquia y Carmelo Esquivia Guzmán, abogado del Fondo Ganadero de Córdoba.
También se contó con la participación de notarios como Miguel Puche Yáñez, notario tercero de Montería, “amigo” de Esquivia Guzmán, que protocolizó más de 50 transacciones. También, estuvo encargada de la ´legalización´ Lía del Carmen Hurtado López de la Notaría Única de San Pedro de Urabá. En 2014 los dos notarios fueron capturados, junto con directivos del Fondo Ganadero de Córdoba. Otras compraventas se legalizaron en las Notarías Tercera de Medellín y en la Única de Apartadó.
Según el informe de Indepaz, el plan criminal de despojo y su legalización “se llevó a cabo en tres fases: La primera, el despojo material de comunidades campesinas y étnicas como efecto de graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos (DDHH) e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH). La segunda, el despojo jurídico a través de intermediarios, testaferros y un sinfín de prácticas fraudulentas con el concurso de servidores públicos. En la última, las tierras expoliadas a sangre y fuego se destinaron a los agronegocios de los comandantes paramilitares y sus aliados legales e ilegales”.
Mientras se realizaban las triquiñuelas para la legalización de los predios, en 2004 la junta directiva del Fondo invitó a Gonzalo Bernal Pérez, el entonces gerente de laEn la reunión se le propuso a Bernal que participara en la explotación económica de los predios despojados a los campesinos.
Fue así que, el Fondo Ganadero en cabeza de Benito Osorio Villadiego le entregó a RIA en calidad de usufructo 1.500 hectáreas para la siembra de Teka y caucho. Varias de ellas eran baldíos, tres tenían medidas de protección del Comité de Inminencia de Riesgo o Desplazamiento y algunas más no eran aptas para los cultivos forestales.
Otros predios fueron entregados a laOtros predios fueron entregados a la compañía Productora de Caucho del Norte de Urabá S.A, Procaucho Urabá, y a la Productora de Caucho San Pedro S.A, empresas creadas por la Incubadora Empresarial y Comercialización Agropecuaria (Incuagro), gerenciada por Luis Alfonso Jaramillo Muñoz (ver informe de la Contraloría).
"Con ese andamiaje institucional se implementaron los agronegocios de los hermanos Rendón Herrera y del Fondo Ganadero de Córdoba", financiados con recursos del Plan Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo, Bid. En 2006, el Fondo acordó con las caucheras contratos de usufructo por 25 años y 142 millones, en terrenos que, otra vez, resultaron no aptos para la siembra de caucho.
Lo anterior estaba condicionado a la entrega de bienes producto de actividades ilegales y a que sus testaferros deshicieran las simulaciones (compraventas ficticias) con lo que podían acogerse al principio de oportunidad.
No contentos con los beneficios otorgados, los tentáculos de los paramilitares a través de reconocidos empresarios, servidores públicos y políticos accedieron a recursos públicos. Crearon asociaciones y empresas para poder recibir y administrar recursos de Incuagro y el Fondo de Inversiones para la Paz (FIP), que comprometieron más de 42 mil millones, el 55 % aportados por el Plan Colombia, para la siembra de teka y caucho en tierras arrebatadas violentamente a sus legítimos titulares.
El Bloque Elmer Cárdenas, liderado por 'el Alemán', logró el dominio político y económico después de las desmovilizaciones a través de la Asociación de Urabá y Córdoba, Asocomún, una organización creada en el 2002 por Jhon Jairo Rendón Herrera, conocido como 'German Monsalve', hermano de 'Don Mario' y 'El Alemán'. El objetivo de esta organización de puertas para afuera era ayudar a las comunidades en la gestión de proyectos sociales, económicos, de salud y ambientales.
De puertas para adentro, fue la mejor forma que encontraron para cooptar dineros de la población desplazada , crear una base social y meter en la misma bolsa el dinero de actividades ilegales. Así crearon el proyecto ´Tulapa Horizonte de Esperanza´, en la que participaron más de 72 comunidades de la zona de influencia de los hermanos Rendón, logrando que la iniciativa fuera incluida en el programa de Familias Guardabosques, Pfgb, dentro del Proyecto de Desarrollo Alternativo de la Presidencia de la República.
Los agronegocios se enmarcaron en el Proyecto de Alternatividad Social, condición impuesta por Fredy Rendón para su desmovilización. Victoria Eugenia Restrepo, coordinadora del Programa Contra Cultivos Ilícitos, PCI, bajo el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, gestionó los proyectos forestales para la sustitución de los cultivos de uso ilícito en los territorios atesorados por los hermanos Rendón Herrena.
Según 'el Alemán', después de que Asocomún ya se había involucrado en los proyectos de Tulapas, "se recibió la visita del embajador de Estados Unidos y se empezaron a desarrollar programas de caucho, madera, cacao, con el apoyo de Acción Social. Luis Carlos Restrepo me envió un correo en el que decía que el 28 de diciembre de 2005 debía reunirme con Victoria Eugenia Restrepo, encargada de la erradicación", afirmó en una entrevista para Verdad Abierta.
El exsenador condenado por parapolítica, Ramón Antonio Valencia Duque, fue el encargado del lobby para lograr los 'proyectos sociales' de los hermanos Herrera. Entre sus labores estaba acercarse a las instancias del Plan Colombia, liderado por Sandra Suarez - hoy gerente general de Semana - para conseguir el apoyo económico necesario para el proyecto de Familias Guardabosques. Así los paramilitares con hilos en todos lados, lograron la legalización de 10 mil hectáreas en Tulapas y ´blanqueraon´ sus mal habidos recursos.
Asocomún, además, logró reconocimiento internacional al ser elegida en el año 2006 como uno de los veinte finalistas del concurso Experiencias de Innovación Social, patrocinado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), con el apoyo de la Fundación W. K. Kellogg.
El plan criminal de la casa Castaño y el Fondo Ganadero de Córdoba de despojo y legalización en la llamada Hacienda Tulapas se empezó a develar en los procesos de Justicia y Paz. En 2011 la Superintendencia de Notariado y Registro evidenció las ilegalidades en las compraventas de 103 predios. Entre ellas la acumulación de más de un predio adjudicado por el Incora, prohibida en la Ley 160 de 1994, la firma de personas fallecidas, y firmas falsificadas. Este es el caso de la finca La Zulia, donde la firma del vendedor a Sor Teresa Gómez es distinta a la que aparece en otros documentos.
En 2005, las comunidades de Tulapas solicitaron a Justicia y Paz laEsa Sala investiga la participación de servidores del Fondo Ganadero de Córdoba 'en el proyecto paramilitar', específicamente en la concertación que hicieron a efectos de comprar a bajo precio terrenos que fueron objeto de despojo y cuyos propietarios y/o poseedores fueron víctimas de desplazamiento forzado y la manera como se 'legalizaron' con el concurso de servidores del Incora/Incoder, oficinas de registro de instrumentos públicos, notarías y juzgados. También para investigar servidores públicos que promovieron y financiaron los agronegocios en los predios adquiridos por el Fondo Ganadero de Córdoba.
El 7 y 9 de diciembre del 2020, exdirectivos y exfuncionarios del Fondo y Sor Teresa Gómez Álvarez acudieron a la JEP a la que aspiran ser aceptados para acceder a los beneficios de la justicia restaurativa. Hasta ahora el único en la JEP es el mexicano Benito Molina Velarde, condenado por desplazamiento y lavado de activos.
En la diligencia cada uno tuvo un espacio para exponer desde qué posición va a contar los hechos de despojo en Tulapas. Benito Osorio Villadiego, Carmelo de Jesús Esquivia Guzmán, Luis Gonzalo Gallo Restrepo, Marco Fidel Furnieles Salgado le hablaran a las víctimas desde su participación en el Fondo.
Jaime Augusto García Exbrayad, exdirector de la Corporación Autónoma Regional de Los Valles Sinú y San Jorge y condenado por parapolítica, aunque participó en la junta directiva supuestamente hablará de otro proceso, según dijo en la audiencia.
Por su parte, Sor Teresa Gómez Álvarez, desmovilizada del Bloque Elmer Cárdenas y condenada por el homicidio de la reclamante de tierras, Yolanda Izquierdo, y el desplazamiento en los Consejos Comunitarios de Jiguamiandó y Curvaradó, expresó: "Quiero hacer mi compromiso serio, puntual del esclarecimiento de la verdad".
Sin embargo, las víctimas creen que los esfuerzos de la justicia cuando fueron capturados en 2014 no han sido suficientes: "necesitamos saber por qué nos pasó esto. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué nuestras tierras?", afirmó una de las víctimas en Necoclí, Antioquia. Esperan que el proceso que lleva la JEP les permita volver a su territorio y gozar la tierra que les fue arrebatada en los años 90.
"Soy viejo y llevo muchos años esperando mi tierra. Me voy a morir sin disfrutarla", afirmó una de las víctimas en la audiencia en la JEP. Para la Unidad de Restitución de Tierras su trabajo en la recuperación y restitución de predios no ha sido posible en Tulapas por la situación de orden público, las constantes amenazas a los líderes de restitución de tierras y a la comunidad. La historia de los campesinos que llegaron desplazados de la Violencia y de la consolidación de la hacienda ganadera en Córdoba siguen esperando un nuevo comienzo.
Especial multimedia elaborado por Rutas del Conflicto con base en el informe de Indepaz: “Macrocriminalidad con licencia legal: Urabá-Darién 1980-2014”.