El 30 de abril de 1998, un grupo del CTI y la Fiscalía encontró en Medellín, un parqueadero repleto de documentos que llevaban la contabilidad de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, Accu, un grupo paramilitar liderado por los hermanos Vicente y Carlos Castaño.
Entre los hallazgos no sólo había listados de integrantes de este grupo armado ilegal, sino también un seguimiento de giros, cheques y movimientos de dineros que entraban y salían de las Accu. Financiar paramilitares en Colombia (una actividad englobada en el delito de concierto para delinquir), como lo ratificó la Fiscalía el 12 de diciembre de 2016, es un delito de lesa humanidad.
En el Parqueadero Padilla estaban las evidencias de por lo menos 495 cuentas bancarias que habían entregado o recibido dineros de las autodefensas, 40.000 transacciones y un amplio listado de empresas privadas y personas naturales que aportaron recursos a los paramilitares. También se encontraron bipers que demostraron la estrecha relación entre paramilitares y altos mandos militares de la región.
Con todo lo descubierto, la justicia podría haber desarticulado la compleja red de financiación que las Accu habían tejido, tanto en Medellín como en varias otras regiones de Colombia. Este golpe a la afluencia económica del grupo armado podría haber frenado la tenebrosa y sangrienta expansión paramilitar que estaba sucediendo, a finales de los 90 y los primeros años del nuevo milenio.
Nada de esto ocurrió. Al contrario, hubo un estallido de asesinatos a miembros del CTI y la Fiscalía en Medellín; se perdió parte de la documentación encontrada; el proceso lo trasladaron a la Fiscalía de Bogotá, en donde quedó casiEn 1997 hubo varios cambios en los cargos de la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, en la capital antioqueña. A Iván Velásquez, quien hasta ese momento era magistrado auxiliar del Consejo de Estado, lo nombraron en la regional de Medellín; mientras que a Gregorio Oviedo Oviedo, hasta ese momento fiscal en Bogotá, lo nombraron director del CTI en esa ciudad.
En un texto publicado en 2013 por Universo Centro, un medio de comunicación independiente antioqueño, Velásquez afirma que con la entrada de Oviedo y suya, también llegó un impulso renovado institucional para perseguir y judicializar paramilitares. Cuenta que en el 98 lograron interceptar las llamadas de un jefe de rango medio de las Accu, y que fue así como pudieron enterarse de múltiples planes del grupo armado.
Entre ellos, relata Velásquez, el de enviar un camión lleno de uniformes camuflados hacia el municipio de Sopetrán, al noroccidente de Medellín, en la margen derecha del río Cauca, en donde delinquía un bloque comandado por alias 'Memín' (Luis Arnulfo Tuberquia).
Lo interceptaron y detuvieron el envío de dichos insumos. También se obtuvo la dirección desde donde supuestamente había salido el cargamento, lo que permitía pensar que allí funcionaba la fábrica; la nomenclatura señalaba un parqueadero situado a menos de quinientos metros de La Alpujarra, sede de la Fiscalía Regional y centro administrativo del departamento y la ciudad., relata Velásquez para Universo Centro.
Al allanar dicho lugar, creyeron que encontrarían la fábrica de camuflados, pero el hallazgo fue desproporcionadamente mayor. Allí, en la Clle 45ª # 54 – 57 en Medellín, Oviedo y otro agente del CTI, Sergio Humberto Parra, hallaron un parqueadero de motos en cuyo segundo piso había dos secretarias y un paramilitar, destruyendo desesperadamente papeles, disquetes y evidencias. En el Parqueadero Padilla se llevaba nada más y nada menos que la contabilidad de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, Accu.
Toma unos 15 minutos manejar desde La Alpujarra, sede de la Fiscalía en Medellín, hasta el Parqueadero Padilla, que queda apenas a unas cuadras al nororiente, en El Hueco, el San Andresito de la capital antioqueña. Es decir que, en las narices de las autoridades, había cantidades de información sobre la relación económica entre paramilitares y empresas privadas en la región desde 1995 y hasta el primer semestre de 1998, así como los sueldos que recibían los paras y las otras ventas por medio de las cuales lavaban activos provenientes del narcotráfico.
Fueron decomisados decenas de disquetes, dos libros de contabilidad y documentos bancarios: un verdadero tesoro que revelaba la estructura íntegra de las Accu, sus finanzas y quienes las aportaban, cuadros de nómina discriminados por escuadras, los alias de sus integrantes, incluido el del respectivo jefe, la identificación del grupo, la semana a la que correspondía el pago y su valor, las retenciones de sueldo por préstamos o para fondos comunes, etc., escribió Velásquez para Universo Centro.
Con este hallazgo, las Accu salieron medianamente de las tinieblas y finalmente se supo más sobre cómo estaban organizadas y en qué partes del país. Verdad Abierta aseguró que de acuerdo con los organigramas encontrados, para esa época esta estructura paramilitar estaba conformada por los bloques Norte, Metro, Llanero y Occidental, el Frente Sur y la Escuela Móvil, los que a su vez integraban otros frentes y destacamentos..
Cuando el CTI hizo el allanamiento, en la oficina clandestina estaba Jacinto Alberto Soto Toro, alias 'Lucas', de quien posteriormente se supo que era el encargado directo de Carlos y Vicente Castaño para llevar la contabilidad de las Accu. Las dos secretarias que lo acompañaban eran Rosa Nubia Rodríguez Giraldo y Luz Aleyda Narváez Caicedo. Al ver la llegada de las autoridades, estas tres personas empezaron a destruir documentos, disquetes e incluso a comerse algunos papeles.
Alias 'Lucas', el contador del grupo paramilitar en expansión más poderoso del país en ese momento, fue capturado aquel 30 de abril del 98 y cuenta 'Don Berna', que Carlos Castaño puso el grito en el cielo cuando se enteró.
Las órdenes de Carlos Castaño Gil se siguieron al pie de la letra. Fue así como los paramilitares lograron amedrentar y entorpecer la investigación. Desde antes del allanamiento había comenzado una oleada de asesinatos a miembros del CTI y la Fiscalía en Medellín [4] y zonas aledañas. Esta violencia contra la institución llegó a su punto más alto cuando Sergio Humberto Parra fue asesinado a tiros en un semáforo de Medellín, mientras conducía camino a casa. Algunos medios dicen que aquél 19 de junio de 1998, le dieron 15 tiros con arma de fuego. Otros afirman que fueron 21.
Parra es el más visible de los 14 investigadores asesinados del CTI y esto se debe a que él participó directamente en el allanamiento del Parqueadero Padilla, en compañía de Gregorio Oviedo Oviedo, a quién lo amenazaron múltiples veces y que incluso le tocó exiliarse, después de ser destituido por Luis Camilo Osorio Isaza.
El primero de ellos es Carlos Mario Aguilar Echeverri, quien trabajó como investigador del CTI entre 1993 y 1994. Verdad Abierta asegura que en ese cargo, Aguilar ya recibía y cumplía órdenes de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias 'don Berna', para favorecerlo a él y a otros integrantes de la llamada ´Oficina de Envigado´ creada por Pablo Escobar Gaviria.
Aguilar Echeverri conocido por el alias de 'Rogelio', “regalaba cada fin de año a sus compañeros (del CTI) grandes sumas de dinero (...) para garantizar lealtades y un adecuado flujo de información que permitiera conocer de manera anticipada qué investigaciones había y qué operativos se iban a realizar contra los miembros de la organización armada ilegal”, documentó Verdad Abierta. El puente entre narcotraficantes y condenados por la parapolítica, como Óscar de Jesús Suárez Mira (ver sentencia), se entregó a la justicia de Estados Unidos.
El segundo 'para' infiltrado fue Uber Darío Duque Álvarez, quien en 1996 fue nada más y nada menos que el jefe de la Unidad Investigativa del CTI en Medellín. A su salida, quedó muy claro que estaba del lado de la casa Castaño, pues se convirtió en el abogado de Carlos Castaño Gil.
Con solo dos infiltrados plenamente identificados, es posible evidenciar cómo en los años 93, 94 y el 96, los hermanos Castaño tenían sus tentáculos metidos en la Fiscalía. Pero después del cambio de muchos funcionarios en Medellín durante el 97 y el posterior allanamiento del Parqueadero Padilla en el 98, la estrategia cambió radicalmente. Ya no se trataba de torcer funcionarios, ahora la orden era matarlos.
En ese clima de creciente violencia, en septiembre de 1998, en el gobierno de Ernesto Samper Pizano, el entonces Fiscal General Alfonso Gómez Méndez dispuso el traslado del proceso Parqueadero Padilla para la Fiscalía Regional de Bogotá. Esto significaba que ahora era en la capital del país que se iba a continuar con la investigación y ya no en la capital antioqueña, en donde crecía el número de agentes del CTI asesinados.
En pleno traslado del caso a Bogotá, el 30 de septiembre del 98 y por medio de artimañas que no fueron investigadas en su momento, alias 'Lucas' salió de la cárcel Bellavista (en Bello Antioquia) en la que llevaba cinco meses recluido. Presentó una boleta de libertad que, en su momento, las autoridades aseguraron que estaba en perfecto orden, así que lo dejaron salir.
El fiscal Jhonny López Patiño (firmante de la boleta de libertad que presentó alias 'Lucas' en la cárcel) liberó al capturado contador de las Accu, es decir que liberó a la persona que probablemente estaba más informada sobre quiénes financiaban a los paramilitares y cómo. Hay que recordar que financiar a los paramilitares es considerado un delito de lesa humanidad en Colombia.
López Patiño fue encontrado culpable por la Corte Suprema de Justicia el 29 de enero de 2004. Pero el caso es que 'Lucas' se voló y luego se desmovilizó en 2003, haciéndose pasar por un miembro cualquiera del Bloque Cacique Nutibara, de las Auc y sin que ninguna autoridad le reclamara por sus deudas anteriores con la justicia.
Un abogado que solicita reserva de su nombre afirma que "es tanta la impunidad, que Jacinto Soto Toro (alias 'Lucas') ha sido convocado al proceso penal de los directivos de la Chiquita Brans, como testigo de la defensa, sosteniendo que él solamente era un correveidile de los hermanos Castaño Gil y que en esa condición nunca tuvo conocimiento de que los empresarios bananeros financiaran estructuras paramilitares".
Fue así como a las autoridades se les escapó el eslabón más importante en la cadena financiera de las Accu. Pero no sólo esto ocurrió mientras el proceso se trasladaba a Bogotá. En el camino también se perdió parte de las evidencias recogidas en el Parqueadero Padilla.
En una entrevista con Verdad Abierta en 2015, Iván Velásquez, quien era miembro de la Fiscalía Regional de Medellín en el año en que se hizo el allanamiento al parqueadero Padilla, afirmó que,
"Cuando estuve en la Corte Suprema de Justicia investigando parapolítica, volvimos a la Fiscalía a buscar ese expediente y había muchas partes perdidas. Muchos documentos que recuerdo de aquel tiempo ya no existían. Recuerdo centenares de disquetes con información muy importante sobre la conformación de cada una de las escuadras y frentes de bloques paramilitares que luego ya no estaban. (…) Yo sí siento que no hubo ningún propósito de investigar el paramilitarismo en esa oportunidad. Si eso se hubiera hecho en 1998-1999 se hubiera logrado contener mucha de la barbarie que se produjo. Pero no."
las palabras de Velásquez reflexionan justamente sobre los impactos que podría haber tenido una profunda investigación tras el allanamiento, en fenómenos como la expansión del paramilitarismo desde mediados de los 90, como lo han documentado instancias judiciales, el Centro Nacional de Memoria, organizaciones de víctimas y derechos humanos como Verdad Abierta, Rutas del Conflicto. En el Parqueadero Padilla se encontró información sobre el plan que los hermanos Castaño Gil y sus aliados ya habían puesto en marcha para extender su control territorial armado, a no sólo a la esquina noroccidental colombiana, sino a buena parte del país.
Fue por esto que en 1997 se conformaron las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc, una estructura paramilitar de orden nacional, que englobaba a las Accu, cuyas finanzas y financiadores quedaron parcialmente al descubierto, tras el allanamiento del parqueadero Padilla.
Desde el Parqueadero Padilla, y a través de Jacinto Alberto Soto Toro, se financiaron, planearon y apoyaron logísticamente las masacres ocurridas entre 1994 y 1998, entre ellas la masacre de El Aro en Ituango, Antioquia, el 22 de octubre de 1997, la de Pichilín en Morroa, Sucre, el 4 de diciembre de 1996 y la de La Granja en Ituango el 15 de julio de 1996, como lo corroboró la sentencia del Tribunal Superior del Distrito de Medellín, en la Sala de Justicia y Paz, del 24 de septiembre de 2015, contra varios desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara de las Auc.
De haber actuado con la debida diligencia, tal vez se hubiera podido cortar el suministro de dineros que permitió dicha expansión, en la que murieron centenares de civiles masacrados y tantas otras familias fueron desplazadas y despojadas. (Ver el caso de despojo de tierras en Cacarica) (Ver el caso de despojo de tierras en Tulapas)
El expediente 34.986 del 30 de abril de la Fiscalía de Medellín 1998 (nombre formal para el caso del Parqueadero Padilla) se remitió a Bogotá mediante la resolución No. 057 del 8 de septiembre de 1998 de la Dirección Nacional de Fiscalías, que lo asignó a la Unidad de Terrorismo. Aunque estuvo quieto tres años, sí se clarificaron algunas cosas.
Se identificaron por lo menos 495 cuentas bancarias que habían tenido algún tipo de movimiento registrado en la contabilidad de las Accu. También quedó en evidencia que los recursos de la Convivir El Cóndor, estaban siendo usados para el pago de sueldos de paramilitares. Recordemos que esa Convivir fue creada en el 96, por los hermanos Luis Alberto y Luis Guillermo Villegas Uribe, con el visto bueno del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. En ese contexto la justicia también logró determinar que estos hermanos, estaban gestionando la consecución de armas y municiones ilegales, para dicha convivir (que resultó convirtiéndose en el monstruoso Bloque Metro de las Auc) por medio de otra de sus empresas, Lácteos El Paisa.
Dentro del expediente también aparecen los nombres de mínimo 61 empresas que sostuvieron algún tipo de relación con las finanzas de las Accu. Entre ellas están los bancos Granahorrar (hoy día BBVA) y Conavi (comprado por Bancolombia), Coltejer, Comfenalco, Leonisa y Transportes Botero Soto. (ver Sentencia) Pese a que en 2015 el Tribunal Superior de Justicia y Paz de Medellín remitió copia a la Fiscalía para que las investigara por su presunta participación en la sofisticada estrategia de financiamiento de los paramilitares, hasta ahora no hay ningún resultado.
El 21 de mayo de 2001 (es decir tres años después del allanamiento del Parqueadero Padilla), investigadores del CTI y el Ejército Nacional allanaron la sede de Funpazcor en Córdoba e investigaron el accionar de la Federación Ganadera de Córdoba y la Federación Nacional de Ganaderos, a la vez que pusieron en marcha las 36 órdenes de captura emitidas por la justicia y 21 allanamientos.
El Tiempo documentó que se lograron cuatro capturas el 24 de mayo de ese año a la vez que se registraron las casas de Rodrigo García, expresidente de la Federación de Ganaderos de Córdoba; Flora Sierra, senadora y esposa del exrepresentante a la Cámara Jaime Lara Arjona; y Marta Dereix de Mancuso, en ese entonces esposa de Salvatore Mancuso Gómez, alias ´el Mono´, entre otras personas. (Ver caso Tulapas, relacionado con Funpazcor y Sor Teresa Gómez)
Cuatro capturas de 36 ordenadas. El mismo medio recogió un testimonio anónimo que asegura que no se logró aprehender a más gente, porque ya sospechaban que los iban a buscar y, por ende, se movían mucho por el territorio.
El caso es que al gremio ganadero, presidido a nivel nacional por Jorge Visbal Martelo, condenado por promover y financiar grupos paramilitares, no le gustó para nada este gesto. De hecho, afirmaron que convocarían un paro en Montería, exigiendo a las autoridades que muestren las pruebas logradas en dichos registros judiciales y que vincularían a personajes reconocidos de la región como colaboradores de los paras, como lo documentó El Tiempo.
Como afirma el informe de Indepaz, “Macrocriminalidad con licencia legal: Urabá – Darién 1980-2014”: Pese a lo documentado por investigadores del CTI continuaron operando las empresas de fachada de la casa Castaño (antecesoras de las Convivir). Eso permitió que Funpazcor fuera la punta de lanza del plan criminal de despojo, legalización y lavado de activos, y la creación de Asocomún, Asoprobeba, Multifruits, Urapalma, Palmas S.A. Palmadó, Asoatco, Seguridad al Día y un largo etcétera que encubrieron los agronegocios de los hermanos Castaño, los Rendón Herrera, el ´Mono Mancuso´, Hasbún Mendoza y don Berna en el Urabá y Bajo Atrato.
Gracias a lo encontrado en el parqueadero, salió a luz pública cómo Funpazcor, lejos de ser una fundación que promoviera la paz en el departamento de Córdoba, realmente canalizaba recursos que resultaban en las arcas de los bloques paramilitares que conformaban las Accu. Estas actividades eran lideradas por Sor Teresa Gómez Álvarez, alias ´doña Tere´, hermana de crianza de los hermanos Castaño Gil y representante legal de Funpazcor.
Su nombre había permanecido entre tinieblas hasta que se hizo evidente su participación en la movida de dinero, por las pruebas encontradas en el Parqueadero Padilla. Por ejemplo, se encontró que cinco de los trece cheques que el paramilitarCabe resaltar que esta empresa es de propiedad de la familia del excanciller y excandidato presidencial Fernando Araújo Perdomo, después de huir de las Farc que lo secuestraron en 2006. Gómez Álvarez, quien estuvo prófuga de la justicia hasta 2013, compareció ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, el pasado 9 de diciembre de 2020, por su rol en múltiples despojos de tierras en Córdoba, el bajo Atrato y el Urabá antioqueño, entre ellos el ocurrido en la región de Tulapas.
En octubre de 2001, la Fiscalía en cabeza de Luis Camilo Osorio, ternado por Andrés Pastrana Arango, remitió el proceso a Medellín, en donde fue archivado en un anaquel, según el IPC y la Corporación Jurídica Libertad.
Los allanamientos parecieran no haber llegado a ninguna parte. Alias 'Lucas' se fugó y luego se desmovilizó y quedó en libertad. Casi 24 años más tarde, la coyuntura nacional pone nuevamente el tema de la responsabilidad de terceros y agentes estatales no integrantes de la fuerza pública en el conflicto, sobre la mesa.
En su resolución No. 008017, la Sala de Resolución de Situaciones Jurídicas de la JEP priorizó la investigación y procesamiento de las solicitudes de sometimiento de otros agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública y terceros, relacionados con las estructuras regionales de las Autodefensas Unidas de Colombia: Bloque Norte, Autodefensas Unidas Córdoba y Urabá y el patrón de macrocriminalidad de ejecuciones extrajudiciales con intervención de civiles. Bajo esta resolución es que se está avanzando en el caso del despojo de tierras en Tulapas, por ejemplo.
Se trata de particulares y servidores públicos no integrantes de las fuerzas armadas y la policía, que contribuyeron “de manera directa o indirecta a la comisión de delitos”, que deciden voluntariamente someterse a la justicia transicional. Entre ellos los que crearon, financiaron y fomentaron grupos armados y los que se beneficiaron de la cruenta guerra en el país.
Le compete a la JEP decidir si incluye o no el caso del Parqueadero Padilla como una red de encubrimiento del financiamiento a las Accu, y de sus masacres, desplazamientos y otras graves violaciones a los derechos humanos.
Entre tanto, otras entidades creadas a partir del acuerdo de paz con las Farc, como la Comisión de la Verdad, también están investigando y documentando el rol de las lógicas económicas en la evolución del conflicto colombiano. Específicamente aquellas que involucran gremios como el ganadero y el agroindustrial, entre otros. Aunque esta entidad no sea de carácter judicial, los aportes que haga serán una referencia en la memoria. “Yo espero que el informe de la Comisión tenga visos de que eso (la contabilidad de las Accu) se encontró y nadie hizo nada”, reflexiona Juan Diego Restrepo, director de Verdad Abierta.
Otra pregunta que permanece: ¿siguen en riesgo los pocos agentes e investigadores de la Fiscalía y el CTI que sobrevivieron a la oleada de asesinatos y que tuvieron relación con el caso? El mismo Gregorio Oviedo Oviedo, quien allanó el Parqueadero Padilla aquel abril del 98, denunció en septiembre de 2020 un intento de secuestro, que fue documentado por Contagio Radio.
Y las más grandes de todas: ¿algún día se le imputarán cargos al listado de personas y empresas que aparecen como financiadores de las Accu en los hallazgos del Parqueadero Padilla? ¿Y a los militares de la IV Brigada y los batallones Juan del Corral y Pedro Nel Ospina con los que se comunicaba alias 'Lucas'? ¿y a los policías que recibían bonificaciones?
Especial multimedia elaborado por Rutas del Conflicto con base en el informe de Indepaz: “Macrocriminalidad con licencia legal: Urabá-Darién 1980-2014”.