Por: Laura Camila Barrios Sabogal, Juan Martín Gómez Perry, Diana Carolina Velasco Martínez y Laura Camila Forero García
Buenaventura es un territorio de contrastes. Ubicado sobre el Océano Pacífico, posee la zona portuaria más importante del país, ya que, de acuerdo con el Ministerio de Transporte, por allí se moviliza cerca del 45% de carga internacional, principalmente de importación. Su posición equidistante entre el norte y sur del continente lo convierten en una opción más accesible en comparación con otros puertos de Sudamérica como Valparaíso en Chile y Santos en Brasil.
No obstante, en el Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, el 80,6% de sus habitantes viven en condiciones de pobreza, y el 43,5% en condiciones de indigencia, de acuerdo con Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). A esto se suma una historia de violencia debido al conflicto armado en el que han participado diversos actores que se disputan el control territorial. Tal como lo menciona el Centro Nacional de Memoria Histórica en su informe Buenaventura, un puerto sin comunidad, este territorio ha vivido la violencia desde la década del 2000, cuando la entonces guerrilla de las FARC-EP empezó a disputarse el territorio con el Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Con el paso del tiempo, esta situación afectó a cada bonaverense:
Con la llegada de la pandemia por Covid 19, la población se vio aún más expuesta en medio de este contexto de inseguridad y pobreza. Para conocer su situación de primera mano, se realizó una cartografía social en agosto de 2022 con los líderes y lideresas de cinco Consejos Comunitarios del Distrito. Esto, con el fin de escuchar sus voces y plasmar, tanto en este informe como en los mapas del territorio, cómo la salud, la pobreza y la seguridad fueron elementos clave antes, durante y después de la pandemia. Además, se realizaron entrevistas a cuatro funcionarios de entidades estatales relacionadas con el área de pobreza, de salud y seguridad con el fin de tener un punto de vista desde la institucionalidad.
Gracias a este ejercicio, se encontró que los actores clave para enfrentar la contingencia fueron los Consejos Comunitarios, autoridades que velan por los derechos de cada población de Buenaventura. Y fueron ellos quienes mediaron para que los habitantes tuvieran acceso a las medidas de protección ante al virus, así como la organización social durante el confinamiento, ya que, justo en época de pandemia, los líderes y lideresas señalan que la Fuerza Pública se vio disminuida. Así, este informe relata cómo Buenaventura le hizo frente a la pandemia en medio de un contexto atravesado por el conflicto.
Según el informe Buenaventura Cómo Vamos, para el 2020 el Distrito contaba con 3 centros de salud, 4 puestos de salud y un 1 hospital en la red pública del sistema de salud en la zona urbana; y 19 puestos de salud en la zona rural (ver mapa de la cartografía social). Para los líderes y lideresas, esta infraestructura no es suficiente, especialmente en las zonas rurales. Según resaltan, desde antes de la pandemia por Covid-19, de los 19 puestos de salud registrados, solo cinco estaban en funcionamiento y no tenían insumos suficientes ni personal capacitado para hacer frente al tratamiento del virus. Además, para acceder a servicios hospitalarios y a servicios de especialidad, había que desplazarse a la zona urbana o a otros municipios. Normalmente, este desplazamiento se daba hacia el municipio de Dagua, ubicado a una hora y media de Buenaventura, o directamente hacia Cali. (ver mapa de la cartografía social).
En otras ocasiones, los centros de salud sí estaban habilitados y contaban con los insumos necesarios, pero eran los profesionales de la salud quienes no estaban disponibles. Un médico de cabecera estaba presente solo una o dos veces al mes en los puestos de salud, lo que obligaba a los habitantes de la zona rural a desplazarse al casco urbano o hacia ciudades principales como Cali (ver mapa de la cartografía social), la cual se encuentra a dos horas de distancia, para recibir una atención de calidad. Cuando no se podía acceder a los centros de salud, y aún más durante el confinamiento, muchas personas empezaron a automedicarse en medio del afán y la incertidumbre por el virus.
Con respecto a la zona rural, la situación se agravó. Si bien no había insumos en todo Buenaventura, los pocos que llegaban se iban en gran parte para la zona urbana (ver mapa de la cartografía social). Muchos de estos insumos llegaron gracias a iniciativas privadas e independientes, lideradas por universidades, organizaciones juveniles y otros. En cuestión de toma de pruebas, estas solo se realizaron en la zona urbana, como bien comenta la comunidad.
Así bien, esta situación es confirmada por una funcionaria del área de salud consultada, quien indica que la llegada de insumos médicos a Buenaventura se debió en gran parte a las donaciones de diversos tipos de iniciativas que llegaron al Distrito y permitieron dar la atención adecuada en medio de la contingencia. Cuando llegaron las vacunas, la organización entre la comunidad, el Estado y los Consejos Comunitarios fue la clave para la inmunización de la población.
La funcionaria asegura además que gracias a este trabajo en conjunto se logró llevar los insumos a toda la población durante la época más dura de la pandemia. Sin embargo, solucionada esta variable, ahora aparecía otra que necesitaba más que un tapabocas: la salud mental. Para los líderes y lideresas de Buenaventura, la salud mental no fue tomada en cuenta durante la pandemia, justo cuando los picos de contagio causaban muchas muertes y esto generó impactos emocionales fuertes tanto en los contagiados como en sus familiares. Luego de superado el pico y llegada la vacuna, la salud mental desapareció de nuevo como variable de atención en el territorio.
Para los líderes y lideresas, la pandemia hizo que el sistema de salud del Distrito colapsara. Las citas médicas regulares fueron aplazadas con frecuencia, y los más afectados fueron los adultos mayores. Durante la pandemia, y en la actualidad, este crítico panorama no ha cambiado. Para afrontar este reto, la comunidad plantea como estrategia el fortalecimiento y la inversión para la dotación de los puestos de salud habilitados y deshabilitados; así como el mejoramiento del nivel de los hospitales.
Con respecto a este panorama, se resalta que los Consejos Comunitarios históricamente han sido mediadores entre la institucionalidad en salud y las comunidades. Durante la pandemia, fueron los que registraron el impacto de la misma. Debido a su importancia, las comunidades proponen el fortalecimiento de los Consejos a través de apoyo financiero y capacitación; y, de forma paralela, mejorar la presencia de la administración local en la atención en salud.
Durante la pandemia, las comunidades rurales realizaron cierres comunitarios y fortalecieron el uso de la medicina tradicional para prevenir y mitigar el contagio (ver mapa de la cartografía social). Esto fue fundamental para contrarrestar algunos de los riesgos por las brechas en infraestructura y atención.
Para las entidades de salud, estas medidas fueron un punto clave para articular lo estatal y lo comunitario. Una funcionaria del área de salud consultada señala que dicha articulación empezó a darse con éxito. No obstante, cuando la salud de un paciente se agravaba a un nivel crítico, era momento para que la entidad de salud estatal interviniera a pesar de aquellos cierres.
Por su parte, la alcaldía de Buenaventura tomó las medidas de cuarentena y aislamiento como el pico y cédula, ley seca, toques de queda, uso obligatorio de tapabocas en espacios públicos, al tiempo que se hizo pedagogía de las medidas de prevención e higiene con diversas comunidades.
Para los líderes y lideresas, la falencia estuvo en la infraestructura de salud disponible, ya que muchos centros de salud no estaban adecuados para atender el número de pacientes que ascendía cada día, y los insumos y profesionales no eran los suficientes, así que la población recurrió a su medicina ancestral para contrarrestar no solo el contagio y síntomas por el Covid-19, sino también otras complicaciones de salud ajenas a la pandemia que de igual forma se vieron afectadas por el confinamiento y la falta de atención.
La medicina ancestral se volvió entonces el primer paso en la atención no solo de casos de Covid 19, sino también de otras afecciones. Es la atención de primer nivel, antes de pasar a un centro médico, debido a que se necesita un procedimiento específico, ya sea en un puesto de salud o en un hospital en el casco urbano o incluso en lugares aledaños como Cali y Dagua.
Una de las razones por la que dicha medicina tradicional tomó tanta fuerza es por los recursos naturales disponibles en la zona rural. Muchos de los remedios ancestrales requieren el uso de plantas que las comunidades cultivan con regularidad en sus huertas caseras. Con la pandemia, como menciona la comunidad, estas huertas adquirieron más fuerza no solo con estas plantas curativas, sino también con alimentos que en ese momento escaseaban debido al cierre de vías de acceso. Lo local se volvió indispensable y es por ello que ahora los líderes y lideresas aseguran que es lo que necesita mayor apoyo, valoración y exposición de las entidades estatales.
La sociedad en general también necesita conocer estas prácticas, pues la importancia de la medicina tradicional se ha invisibilizado por los medios de comunicación. Los líderes y lideresas proponen continuar con el rescate y la visibilización de estas prácticas ancestrales, y resaltan la importancia de su apoyo y/o articulación desde el área médica para que sea un complemento en la atención ordinaria en salud.
La educación en el territorio es una gran problemática en términos de acceso, calidad e infraestructura, siendo aspectos ineficientes en todos los niveles educativos. En la zona rural, la infraestructura y el estado de las vías dificulta el acceso a la educación básica y media, además de que en algunas escuelas solo enseñan hasta primaria y los docentes no están bien preparados.
De acuerdo a lo mencionado por la comunidad, durante la pandemia la problemática se agudizó, debido al cierre temporal de las instituciones y a la ineficiencia y/o inexistencia de servicios de energía e internet, sobre todo en zonas rurales. A esto se sumó el bajo nivel educativo de los acompañantes, ya que no se tuvo en cuenta quién acompañaba a los estudiantes en sus casas a la hora de hacer las tareas y trabajos propuestos. Muchas veces estos acudientes eran padres, tíos, hermanos o abuelos que no tenían los conocimientos necesarios para enseñar o explicar al estudiante aquello que no podía aprender por medio de la virtualidad y la educación a distancia.
Para los líderes y lideresas, esto impactó en la ineficacia del modelo de aprendizaje virtual y en casa, y se generó un aumento considerable en la deserción escolar. Sin embargo, para la Secretaría de Educación Distrital, la asistencia de los estudiantes tuvo un aumento en el 2020, ya que se ubicó en un 80% de asistencia, un aumento considerable con la cifra de 2019, correspondiente a 72%.
Ante esto, una funcionaria en Buenaventura vinculada al área social no mencionó las cifras exactas de deserción (debido a que en el momento de la entrevista aún no habían cifras exactas), pero sí se habló de cómo la virtualidad planteó un reto no solo para los estudiantes, sino también para los docentes y cómo esto significó en un atraso significativo del sistema educativo en este territorio:
Frente a estas problemáticas, la comunidad plantea el mejoramiento de la calidad en el personal docente, la infraestructura, las vías y la cobertura, sobre todo para las zonas rurales. Además, resaltan la importancia de que se rescaten aspectos culturales y territoriales en la educación, y que se fomente con la virtualidad la formación autodidacta.
Al respecto, la funcionaria asegura que la oficina de Gestión Social de Buenaventura se ha acercado a los colegios para evaluar las habilidades digitales de estudiantes y docentes para así fortalecer este tipo de educación como complemento a las clases magistrales. El enfoque principal está en los docentes, a quienes se les aplica un diagnóstico no solo de sus habilidades digitales, sino también pedagógicas, así como su estado de ánimo durante este tipo de procesos que ponen en el panorama nuevas herramientas, técnicas y posibilidades para el desarrollo de su labor.
En la educación superior, la comunidad resalta que las universidades se ubican solo en zona urbana (ver mapa de la cartografía social) y que la oferta académica del SENA es muy limitada en las zonas rurales.
Para combatir estas problemáticas, los líderes y lideresas proponen descentralizar el sistema educativo de la zona urbana, generar planes de pago, implementar un plan de estudios diferenciado y, por ende, ampliar la oferta académica para la educación superior. Esto, ya que dicha oferta se ve limitada constantemente a los intereses económicos del Distrito, como el turismo, y esto no permite que los jóvenes se proyecten en otro tipo de campos laborales diferentes a los de su territorio. Muchos quieren ser parte de un mercado laboral que también impulse la economía del puerto desde otras perspectivas.
Y, por supuesto, los líderes y lideresas también reclaman que la educación superior ofrecida para el Distrito sea de calidad y fácil acceso, ya que hoy los jóvenes deben desplazarse a ciudades principales del país para desarrollar su carrera profesional y esto no siempre es posible por la falta de recursos.
Desde antes de la pandemia, el índice de informalidad en el municipio superaba el 50% en el total de la generación de empleo, según cifras de la Cámara de Comercio de Buenaventura. Lo que implica que hay un alto porcentaje de inestabilidad y desprotección social. El trabajo formal estaba centralizado en la zona urbana, con el puerto como el principal empleador de funcionarios públicos, comerciantes, mercaderistas y transportadores (ver mapa de la cartografía social).
La zona rural era el lugar de empleo para maestros y funcionarios públicos de diverso tipo. Otras economías locales también son empleadoras en esta zona, como el sector pesquero, maderero, la minería, el sector agrícola, el turismo local y el comercio a pequeña escala. Con la llegada de la pandemia, como recalca la comunidad, el sector turismo tanto en la zona urbana como rural se vio claramente afectado (ver mapa de la cartografía social).
Por su parte, acorde a los líderes y lideresas, la pesca se vio impactada por temas de seguridad, ya que la pandemia y su confinamiento suponían menos gente en las calles y los ríos, incluida la Fuerza Pública; aspecto que paradójicamente contribuyó a que la tala de madera se convirtiera en foco de economía debido a la falta de autoridades en la zona. La minería también aumentó por esta razón.
La agricultura en la zona rural fue la que mantuvo la economía local gracias a los productos que se llevaban a los mercados comunitarios de la zona urbana. De aquí se destaca Cisneros (ver mapa de la cartografía social), una despensa agrícola para el Distrito debido a su ubicación estratégica en la zona carreteable que conecta al casco urbano con otros municipios importantes del departamento como Dagua y Cali (ver mapa de la cartografía social).
Durante la pandemia, con el cierre del comercio y del sector turismo, aumentó el desempleo y la informalidad, lo que implicó una migración de trabajadores a los sectores minero y maderero, así como al microtráfico, como recalca la comunidad. Para afrontar estas problemáticas, plantean la importancia de reducir las tasas de informalidad y otorgar mayores garantías laborales. También, proponen formalizar y fortalecer los emprendimientos locales, así como apoyar la agricultura y la pesca, en tanto son economías principales para las zonas rurales (ver mapa de la cartografía social).
Los líderes y lideresas afirman que uno de los mayores retos que enfrenta el municipio es la alta dependencia al ingreso de diversos alimentos que provienen de otros lugares, como Cali y Dagua (ver mapa de la cartografía social). Además, mencionan que hay un alto nivel de inseguridad por hurtos en la zona carreteable y en la zona pesquera (ver mapa de la cartografía social), lo que afecta el sustento familiar y el aseguramiento y distribución de alimentos al resto del municipio. De forma paralela a esto, durante la pandemia aumentaron las huertas caseras y, con el Paro Nacional, Cisneros volvió a ser central para surtir de alimentos a la zona urbana, como recalcan líderes y lideresas.
Como estrategias frente a este panorama, la comunidad propone mejorar la seguridad en las vías y zona marítima, así como también en las zonas rurales del Distrito, donde los guardabosques cumplen un papel fundamental y son quienes más apoyo y respaldo necesitan por parte de las autoridades para fortalecer su labor de manera segura y así preservar las zonas naturales que actualmente se ven amenazadas por el conflicto y las economías ilegales.
En el tema de las huertas caseras, los líderes y lideresas coinciden en que es algo que se debe fortalecer e incluir como un plan de desarrollo para la seguridad alimentaria de Buenaventura, pues es una práctica que cogió fuerza durante la pandemia y es la comunidad la que tiene la sabiduría y experiencia para animar a otros a replicarla en todo el Distrito, y para ello se necesita apoyo estatal que permita transmitir estos aprendizajes clave a toda la población.
Lo anterior lleva entonces a que los mercados comunitarios tengan mayor reconocimiento en Buenaventura y así se fortalezca la economía local basada en la agricultura y los productos propios del territorio.
La comunidad manifiesta que hay diversos grupos armados ilegales que se disputan el control de gran parte del municipio, debido a que el puerto es considerado un punto clave en la ruta del narcotráfico y microtráfico, y los intereses que hay por los diversos recursos en el territorio.
Desde antes de la pandemia se registra una fuerte presencia de grupos en la zona marítima, en parte de los Consejos Comunitarios de Bajo Calima y en la vía a Cali, es decir, en la zona rural carreteable, sobre todo, en Cisneros (ver mapa de la cartografía social). Con la llegada de la pandemia, se intensificó el control y la disputa por el territorio a partir de constantes enfrentamientos en zona rural y, sobre todo, en la urbana. Los cultivos ilícitos, ligados en diversas ocasiones a familias que buscan cualquier forma de sustento, ponen en la baraja la falta de presencia institucional, las pocas posibilidades para el sustento, y la presencia de estos grupos queriendo adueñarse del territorio.
Además, como menciona la comunidad, incrementó el reclutamiento a jóvenes en el territorio y se evidenció un gran número de cultivos ilícitos en la zona de bajamar (ver mapa de la cartografía social). Los enfrentamientos entre Fuerza Pública y grupos al margen de la ley complicaron aún más la situación de seguridad y aumentaron la tensión en la comunidad, la cual queda en medio del conflicto y además es víctima de prácticas como la llamada “limpieza social”.
Según los líderes y lideresas, a esto se suma la histórica relación de desconfianza y miedo de las comunidades hacia la Fuerza Pública, dado que han hostigado a la comunidad y su presencia genera inseguridad. Durante la pandemia esta desconfianza aumentó, debido a que las comunidades perciben su complicidad con los actores armados ilegales, relacionada con su presencia ineficaz en puntos críticos. En este escenario, los Consejos Comunitarios quedan sin herramientas para ayudar a la comunidad a enfrentar la violencia, ya que debe ser un esfuerzo conjunto con las autoridades locales y el Estado.
Frente a este panorama, los líderes y lideresas afirman que no hay estrategias claras para que la comunidad o la institucionalidad puedan hacerle frente al control de los grupos armados y que tampoco encuentran una forma de recuperar la confianza hacia la Fuerza Pública. Por último, afirman que el Acuerdo de paz no ha generado mayores beneficios al territorio más allá de la visibilización del conflicto que, aunque es fundamental, no debe quedar ahí, sino que se debe usar como insumo para implementar cambios reales y que la historia no se repita.
En el año 2021, la Mesa de Consolidación Estadística del Valle del Cauca, departamento al cual pertenece Buenaventura, registró una disminución en el número de casos reportados por violencia intrafamiliar en el Distrito en comparación con el año 2020 durante el periodo enero-abril. De 93 casos reportados se pasó a 73, lo que representa una disminución del 23%. No obstante, el informe señala claramente que el estudio se llevó a cabo cuando aún el país no había entrado en confinamiento total a causa de la pandemia, una situación que cambió el panorama de este tipo de violencia.
Para los líderes y lideresas, al llegar el confinamiento, la violencia intrafamiliar aumentó y se hizo aún más visible en la comunidad, ya que todos estaban en sus casas y, por tanto, se enteraban de lo que pasaba con sus vecinos. En esto coincide una funcionaria del área social, señalando que este tipo de violencia se evidencia con frecuencia en la zona rural, donde son más comunes algunos patrones de machismo y, en consecuencia, aseguró que las entidades estatales se han enfocado en capacitar a las mujeres en la identificación de la violencia de género. Procesos que se vieron interrumpidos por el confinamiento (ver mapa de la cartografía social).
En cuestiones de violencia de género, el Instituto Nacional de Salud registró un total de 102 casos de violencia sexual durante el 2021, lo que equivale al 0,3% del total de casos en el país. Para este momento, el confinamiento estricto había terminado y regían medidas de aislamiento selectivo.
Fue justo el confinamiento la etapa crítica para la violencia de género en Buenaventura. Los líderes y lideresas cuentan que durante esa etapa de la pandemia se evidenció que las rutas de atención a casos de violencia de género no fueron claras para las víctimas y a la hora de activarse no cuentan con un orden administrativo que permita acompañar a la víctima durante todo el proceso. Así, se presentan procesos de revictimización cuando no es claro a quién acudir y las personas que dan la información no son las encargadas directas de la ruta, lo que trae implicaciones como desinformación y estigmatización, aspectos que alejan a la víctima de la ayuda que necesita y menoscaba la confianza en las instituciones. Ante esto, la funcionaria del área social indicó que a finales del 2022 se empezó a retomar el proceso de capacitaciones a mujeres.
Como estrategia de mejora en este contexto, los líderes y lideresas proponen diversas soluciones que abarquen mucho más que las capacitaciones, empezando por el tema educativo, donde la violencia de género debe ser un tema a tratar y socializar con toda la comunidad. Se propone, además, brindar claridad en las rutas de atención para evitar la revictimización y tener albergues identificables para quien lo necesite, ya que actualmente las víctimas acuden a la Casa de Justicia o a la Fiscalía.
El Paro Nacional generó bloqueos en zonas como La Delfina y El Gallinero, puntos clave en la vía que conecta a Buenaventura con Cali, ciudad epicentro del Paro Nacional (ver mapa de la cartografía social). En dichos puntos se establecieron ollas comunitarias y puntos de hidratación. Además, debido a los bloqueos en la vía que conduce hacia Cali, Buga y Dagua, (ver mapa de la cartografía social) Cisneros se volvió a posicionar como despensa agrícola del territorio. La comunidad denuncia que la manifestación social fue estigmatizada por la Fuerza Pública y aseguran que los bloqueos no fueron absolutos, pues en las noches la mercancía se transportaba con normalidad. Esto, porque, como dicen los líderes y lideresas, para el Estado y el sector financiero, “Buenaventura es un puerto, no una comunidad”.