La ciudad de Mitú es una especie de isla en medio de la selva. Se encuentra a orillas del río Vaupés, a menos de 50 kilómetros en línea recta con la frontera con Brasil, en medio de una selva muy tupida que se extiende al infinito, desde la cima de las enormes rocas que se encuentran en esa zona de la amazonía colombiana.
En medio de ese paisaje, como una larga herida, se extiende una larga zona deforestada, que parece un desierto en medio del bosque. Se trata de un área de aproximadamente un kilómetro a lado y de una carretera de unos 20 kilómetros que sale de la ciudad hacia el sur, en la que se observan varias fincas y rocas que arden en medio del fuego para la extracción de gravilla.
Esa ‘herida’ en medio de la selva es solo un fragmento de una carretera de cerca de 100 kilómetros, proyectada desde hace décadas y que quedó por fuera del Gran Resguardo indígena del Vaupés. Esa franja de tierra también perdió su carácter de reserva forestal en 2013, ante una decisión del gobierno colombiano, lo que ha llevado a una tensión por la propiedad y el uso de estos terrenos, entre colonos que han llegado a la zona en diferentes momentos, y las comunidades indígenas que las consideran parte de su territorio ancestral.
Miembros de las comunidades indígenas que habitan en la zona, que provienen de 26 etnias, de 11 comunidades vecinas o que viven dentro de la franja, señalan que el Estado debe poner límites a la colonización de la zona, para que la carretera no se convierta en una forma de extender la la deforestación y la pérdida de su territorio. “Desde hace más de 20 años, varias comunidades indígenas han migrado a esta zona de la carretera y queremos que se respeten nuestros derechos”, señala Gabriel Paiva Vieira, coordinador de medio ambiente y territorio de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas de la Carretera aledaños a Mitú - Bogotá Cachivera (AATAC) , que reúne a las comunidades de la zona.
La historia de esta carretera y su colonización se remonta a las primeras décadas del siglo XX, con la llegada de misioneros de la orden católica de Monforth, que llegaron por río a la zona y fundaron un asentamiento en 1914. El lugar, a orillas del río Papurí, en toda la frontera con Brasil, se convirtió en un centro de evangelización al que comenzaron a llegar indígenas de diferentes etnias.
Con el crecimiento de la población y con la fundación de Mitú en 1935, se fue abriendo una trocha de unos 100 kilómetros, por la que comenzó a transitar la población. La proyección de una carretera que uniera los dos poblados y que conectara a Mitú con la frontera brasileña, llevó a que el gobierno colombiano sacara esa franja de tierra, cuando en 1982 le entregó formalmente a varias comunidades indígenas el Gran Resguardo del Vaupés, un predio de cerca de cuatro millones de hectáreas.
Blanca Hernández es la presidenta de la Junta de Acción Comunal que reúne a los colonos que llegaron a la zona en las décadas de los setentas, ochentas y noventas y que reclaman la propiedad de fincas que han habitado desde entonces. “Mi mamá es indígena de la etnia wanana y mi papá fue policía. Ella tiene esta tierra desde hace casi 50 años, la misma comunidad fue la que le dio la finca. Lo que queremos es tener los títulos de nuestra tierra y que se respete todo el territorio de los indígenas”, explica Hernández.
Aunque la franja de tierra que quedó fuera del resguardo, destinada para la carretera, mantuvo su carácter de zona de reserva forestal por la Ley Segunda de 1959, la colonización de estos kilómetros cercanos a Mitú fue marcando una fuerte deforestación, sumada a la actividad minera, especialmente a la extracción de piedra. Así, el Ministerio de Medio Ambiente, en 2013, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, decidió levantar esa reserva, lo que, prácticamente, convirtió esos predios en terrenos baldíos de la Nación, sujetas a ser entregadas a campesinos.
Luis Fernando Jaramillo Hurtado es el coordinador para Vaupés del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, SINCHI, una organización de la sociedad civil que hace investigación ambiental en la región, y que realizó un estudio socioambiental de la zona durante el proceso de levantamiento de la reserva. El experto señala que luego de la sustracción ha aumentado el número de personas que llegan desde el interior del país. “Muchos vienen desde el Guaviare, con una visión de economía ganadera. El asunto es que para esto tumban selva y esto tiene un impacto social, porque se están metiendo al resguardo indígena, por fuera del kilómetro al lado y lado de la carretera”, señala Jaramillo.
El coordinador del SINCHI agrega que, además, parte de la gente que ha llegado desplazada desde hace muchos años de otros lugares del país se dedica a la extracción de piedra en esa zona, una actividad que está relacionada con la deforestación. “Para romper esas rocas tienen que calentarlas con fuego y para eso usan mucha madera de la selva. Todo esto hace parte de un problema socioambiental grande porque, por un lado, esto se convirtió en su sustento, pero por el otro está el problema ambiental y también que estas piedras, en muchos casos, son sagradas para las comunidades indígenas”, dice Jaramillo.
La falta de delimitación de las tierras cuya propiedad reclaman los colonos que llegaron hace décadas, sumada a la llegada de las personas que han arribado al departamento a buscar tierra durante los últimos años ha aumentado las tensiones. Yenny Botero, una lideresa de ATTAC, señala que ha tenido problemas con una de sus vecinas que cercó la propiedad y bloqueó el acceso a un caño cercano. “Yo le he dicho a ella, al igual que otros miembros de la comunidad: muéstreme los papeles que digan que todo el terreno es suyo. Para nosotros, el territorio es colectivo igual que el acceso a los caños”, cuenta Botero. Rutas del Conflicto pudo verificar con la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entidad encargada de adjudicar los títulos en la zona y confirmó que hasta noviembre de 2023 ninguno de los reclamantes ha recibido la propiedad formal.
La lideresa agrega que la comunidad tiene una preocupación por la posibilidad de que en un futuro, el resto de la carretera y los terrenos vecinos que siguen bajo la protección de la Ley Segunda, corran la misma suerte de la franja que dejó de ser reserva. En este mismo sentido, Jaramillo, coordinador de Sinchi, señala que el Estado tiene un rol importante en estos procesos de colonización, que van de la mano con la construcción de carreteras en medio de la selva. “El Estado permite estas cosas y luego no es capaz de controlarlas. Así pasa a una mayor escala en varias zonas del Guaviare en donde, detrás de los colonos que llegan desplazados, viene la proyección o la construcción de la carretera”, señala Jaramillo.
Rutas del Conflicto realizó una investigación que publicó en octubre de 2022 en la que muestra la relación de la construcción de las carreteras con la colonización y la deforestación en el vecino departamento del Guaviare, más exactamente en el resguardo Nukak. En el reportaje, la profesora de la Universidad Nacional, Dany Mahecha, señaló que en la zona del resguardo, los políticos han participado activamente en la apertura y mantenimiento de estas vías.
En otra investigación de este mismo medio, titulada Carreteras de doble vía, entre la deforestación y la movilidad en el Guaviare, publicada en junio de 2023, también se pone en evidencia la relación de la construcción de las vías y la deforestación, aunque se señala la importancia que tienen dichas rutas para el transporte de comunidades campesinas e indígenas.
El impacto de la actividad humana a lo largo de la carretera hacia el sur, después de que termina la zona que no tiene reserva es evidente como lo muestra la fotografía tomada desde Google Earth.
En esa zonal, según la Corporación para el Desarrollo Sostenible del norte y oriente amazónico (CDA), que es la entidad oficial encargada por velar por el cuidado ambiental, señala que en los últimos años han emitidos dos sanciones por deforestación, que se encuentran relacionadas con conflictos por la propiedad de la tierra. “Uno de los casos, por ejemplo, es de una familia alega que era propietaria de un terreno desde hace mucho tiempo, pero que tuvo que dejarlo hace unos 20 años y que en 2020, cuando volvieron, se encontraron que el capitán de la comunidad indígena le había entregado el predio a otra familia que había deforestado unas hectáreas”, cuenta Liliana Novoa, directora de la CDA, Seccional Vaupés.
Jaramillo, del Instituto Sinchi, señala que, como lo describe el caso que sancionó la CDA, otro problema es que, ante las difíciles situaciones económicas y sociales que viven las comunidades indígenas, en ocasiones, los capitanes permiten que se asienten familias de colonos o de otras comunidades indígenas a cambio de dinero. Esta situación, a la larga hace más complejo el problema de la ocupación y el uso de los predios que muchas veces pertenecen al resguardo, pero que colindan con la zona de la carretera.
La responsabilidad del Estado es clara a la hora de no definir la propiedad de la tierra en el caso de la carretera Mitú Vaupés. Luego de levantar la reserva en 2013, estas tierras se convirtieron en baldíos que podrían ser adjudicados a campesinos bajo la Ley 160 de 1994. Pero durante los siguientes 10 años, apenas durante unos meses de 2016 y más recientemente desde mediados de 2023, la Agencia Nacional de Tierras(ANT) abrió una oficina para atender los reclamos de propiedad de los colonos y de las mismas comunidades indígenas.
Marco Zúñiga, coordinador de la Unidad de Gestión Territorial (UGT), una instancia de la ANT en Vaupés, encargada de estudiar las solicitudes de propiedad en la franja a ambos lados de la carretera que ya no tiene reserva ambiental. Zúñiga señala que tanto los colonos que llevan más tiempo, como las comunidades indígenas han mostrado su interés para que el Estado defina los límites y entregue los títulos de esos predios. “Encontramos que hay solicitudes desde 2015. Hemos encontrado 140 solicitudes de adjudicación, aproximadamente en la zona, pero solo 53 tienen un expediente completo abierto.”, señala Zúñiga.
El funcionario cuenta que la mayoría de los solicitantes son personas que pertenecen a la segunda o tercera generación de colonos que llegaron hace más de 40 años, pero agrega que también han recibido solicitudes de diferentes personas por el mismo predio, lo que muestra el conflicto que se presenta por la propiedad de esas tierras. “Dentro de la entidad sabemos que se pueden presentar casos de personas inescrupulosas que piden los títulos, aún cuando no han ocupado esos predios”, explica Zúñiga.
El coordinador de la UGT asegura que dentro de los solicitantes de los títulos se encuentra la Alcaldía de Vaupés, que reclama la propiedad de un predio que inclusive ha sido propuesto para ser la sede del nuevo basurero municipal, debido a que el crecimiento de la población prácticamente ha desbordado el actual. Esta ha sido una de las preocupaciones en las que coinciden la población indígena y colona de la zona, ya que señalan que el impacto ambiental los perjudicaría.
Aunque el funcionario de la ANT señala que las comunidades indígenas no han solicitado formalmente una titulación de la zona que habitan dentro de la franja que ya no tiene reserva, Gabriel Paiva, el coordinador de la asociación AATAC dice que tienen la intención de solicitar la ampliación del Gran Resguardo del Vaupés en esa zona. Paiva señala que la idea es que los predios que son habitados por las comunidades indígenas se sumen a las tierras que tiene el resguardo desde 1982.
Tanto la junta de acción comunal que representa a las familias de colonos que llevan varias generaciones viviendo en la zona, como la coordinación de la organización indígena, señalan en que coinciden en la necesidad urgente de que el Estado intervenga en la zona para entregar los títulos y para poner un límite que respete los territorios indígenas. De los dos lados, insisten en que resolver esta situación ayudaría, además, a conservar la selva en un futuro en esa zona.
*Este reportaje fue producido con el apoyo de la Earth Journalism Network, Rutas del Conflicto y miembros de comunidades indígenas del Vaupés.