Las deudas históricas que se mantienen con el Catatumbo

Más de un siglo lleva el Catatumbo bajo las mismas condiciones de marginalidad y olvido, una situación histórica que ha empujado a las y los catatumberos a seguir viviendo entre la incertidumbre de la guerra que han enfrentado durante décadas. El conflicto que no supera Colombia tiene una de sus manifestaciones más duras en esta región, en donde la violencia, al contrario de dar tregua, se recrudece día a día.

Con la firma del Acuerdo de Paz rondó en la región un manto de esperanza. Organizaciones sociales, comunidades étnicas, campesinos, excombatientes, habitantes del Catatumbo y jóvenes se comprometieron con este plan que les prometía la salida de un conflicto que tanto les ha quitado. Sin embargo, en el territorio convergen deudas históricas que han salido a flote y han impedido el desarrollo de la paz. “El Estado tiene una deuda social con la región. Cuando el gobierno llega con propuestas no las cumple, no atiende las realidades de la región. Las respuestas que dan no van acorde a las necesidades básicas insatisfechas de la zona. Es limitado el acceso de las comunidades a la justicia, no hay garantía de DDHH”, dijo uno de los representantes de una de las organizaciones internacionales que trabaja en el Catatumbo.

Ese abandono del Estado, que se traduce en falta de inversión en infraestructura, en educación, en salud, en vivienda, en oportunidades laborales, en apoyo a proyectos productivos, ha empujado a que la economía de la coca sea la que domina el territorio. Según cuenta el comisionado Saúl Franco, “Tibú es el municipio del mundo con mayor número de hectáreas de coca cultivadas. En su conjunto, la región tiene un porcentaje altísimo en la producción de coca en todo el país”, y complementa explicando que esa abundancia ha llevado a la región a “los pesos pesados del narcotráfico a nivel internacional”. Quienes se disputan el control por los cultivos de coca para uso ilícito son los grupos armados del ELN, el EPL, Los Rastrojos y el Clan del Golfo, aliado con el Cartel de Sinaloa.

Los actores armados ilegales generan fuertes tensiones con la fuerza pública, a través de la cual el gobierno enfrenta la problemática de violencia en el Catatumbo. “La presencia del Estado acá en el territorio del Catatumbo es con fuerza pública solamente, pero no lo vemos enfocado en soluciones. Los campesinos queremos mejoramientos de las vías terciarias, educación, salud, apoyo al campesino para cultivar todos los cultivos que proyectemos nosotros desde acá, producir, transformar y comercializar. Bien por cualquier proyecto, pero están dirigidos desde Bogotá, no están dirigidos desde el corazón de nosotros mismos, que nosotros mismos planteemos todo lo que tiene que pasar en el territorio. Ahí es donde está equivocado este gobierno, y por eso es que hoy en día la mayoría de los campesinos volvieron a los cultivos ilícitos”, dijo uno de los productores de la subregión.

Esta persistencia de actores armados ha generado un recrudecimiento de los hechos victimizantes contra la población. Los principales objetivos de esta ola de violencia han sido los líderes y lideresas sociales. “Lo poco que se ha hecho en el Catatumbo lo han hecho los mismos campesinos. La estigmatización en contra de los líderes genera grandes riesgos para las comunidades. El territorio se ha destacado por una fuerza organizativa, por la defensa de la tierra, medio ambiente y la riqueza natural. Esta defensa ha sido el riesgo más grande para líderes y lideresas que son estigmatizados”, explicó una representante de las organizaciones de Derechos Humanos que hace presencia en la región.

Para mantener ese control sobre las rutas de una región clave para el tráfico transnacional por su condición fronteriza, los grupos armados ilegales han decretado una gobernabilidad paralela en la que, como contó un representante de las organizaciones no gubernamentales del Catatumbo, ellos imponen la ley en el territorio. “La guerra se lee como un negocio que ahoga las posibilidades a una vida distinta, un negocio de quienes se benefician de la guerra: empresas, gobierno, fuerza pública, actores armados, quienes utilizan la guerra en detrimento del deseo de vivir distinto que tienen los habitantes del Catatumbo, y entonces apuntan en contra de las comunidades, del medio ambiente, de la posibilidad de que no termine la guerra. ¿Cómo no se acaba con un conflicto si hay tanta fuerza pública presente?”, dijo uno de los representantes de las organizaciones sociales de la región.

Esta gobernabilidad paralela entre la que viven los habitantes del Catatumbo se ha agudizado con las condiciones que ha generado la pandemia provocada por la covid 19. Con el confinamiento, los grupos armados han establecido puestos de control, con toques de queda, que les ha impedido hasta a las organizaciones humanitarias, llegar a las diferentes zonas del Catatumbo. “Esa falta de presencia de acción humanitaria ha hecho que grupos armados se fortalezcan y aumenten las dinámicas de conflicto”, explicó una de las representantes de una de las organizaciones humanitarias internacionales que trabaja en la región.

Entre las dinámicas del conflicto agravadas por el virus se encuentra el reclutamiento a menores, quienes ante la imposibilidad de contar con los elementos necesarios para continuar sus estudios desde el confinamiento, y la crisis económica desatada por la pandemia, son presa fácil para los grupos armados. “Hay una gran preocupación en cuanto al reclutamiento de los niños y niñas por parte de grupos ilegales para la explotación sexual”, complementó la funcionaria de la ONG.

Para los jóvenes, pensar en un futuro en el Catatumbo es complicado, pues no hay oportunidades de acceso a educación universitaria y las opciones de empleo que hay en la región se derivan de la economía ilegal de la coca. Para quienes quieren involucrarse en actividades artísticas que los aleje del conflicto, el panorama no es mejor, pues además de ser uno de los sectores menos apoyados, son censurados. “Por ejemplo, a los artistas de Tibú no les interesa hablar de los temas del territorio porque es un tema que puede acabar hasta con su propia vida, es un tema que les genera problemas. Acá no hay nadie que nos proteja ni que nos respalde, acá hablar es un peligro”, contó uno de los artistas que estuvo presente en los Diálogos de la Comisión de la Verdad.

Otra de las situaciones que ha dejado en evidencia la exponencial violencia en el Catatumbo es la complicada posición humanitaria de los migrantes venezolanos. Los grupos armados ilegales producen desplazamientos transfronterizos que generan un tránsito obligado masivo hacia el corazón de la región, a donde llegan a trabajar, comúnmente, en actividades relacionadas a la economía de la coca. Otros entran a ser parte de las filas de los grupos armados, y en el caso de las mujeres, muchas llegan a ser explotadas sexualmente.

Las condiciones de subsistencia en el Catatumbo más allá del cultivo de la coca siguen siendo complejas. Por eso, para muchos, seguir en el cultivo de la coca con fines ilícitos es la única opción y proyecto de vida. Así lo expresó uno de los agricultores durante el diálogo con iniciativas productivas: “Trabajar en el Catatumbo ha sido muy fuerte porque es una región sin esperanzas. Las familias están desintegradas, hoy la gente no sueña, no aspira, porque el trabajo de nosotros no vale, no se puede comerciar, no tenemos aspiraciones. Esto ha hecho que el territorio caiga en la corrupción política, ha dejado secuelas, heridas, desconfianzas, falta de credibilidad en las instituciones, pues la presencia del Estado ha sido por lo general con la fuerza militar. Esto ha formado represión, ha creado miedos, está formado terror por las muertes, desapariciones, mucha guerra, mucha violencia”.

En una región tan rica en recursos naturales, en donde se dan todos los cultivos, de donde se extrae petróleo y carbón, claves para el desarrollo del país, sus habitantes pasan hambre y deben transitar por trochas. Para los productores, cultivadores, campesinos y agricultores del Catatumbo, la clave para terminar el conflicto en la región está en combatir la coca, pero para ello es necesario que se invierta en la región, para que el campo y los cultivos de uso lícito sean una verdadera opción y un proyecto de vida realizable. “Resulta que un kilo de coca vale más que unas dos cargas de cacao, entonces la gente dice: ‘Mejor voy a sembrar coca y no siembro cacao’. Pero si nosotros tuviésemos una planta transformadora de chocolate, entonces la gente mira que si tiene el valor agregado que necesita el producto para poderlo comercializar”, ejemplificó uno de los productores de cacao durante el Diálogo.

Otro productor aseguró que es clave para el gobierno dar un real apoyo al agro. “Tenemos que enfocarnos en proyectos productivos con acompañamiento y con la transformación de la materia prima de esos proyectos. El apoyo a la agroindustria es importantísimo y así es que acabaremos la violencia que hay en la zona, de esa manera se acaba: dándole de comer al campesino con proyectos productivos que realmente los saquen adelante”, aseguró.

A estas propuestas de fortalecer el agro para que el campesino no retorne a sus cultivos de uso lícito, se unen las de los pueblos étnicos quienes creen que es necesario empezar a hablar también de las afectaciones en el territorio de las actividades extractivistas como otro factor que hace que la violencia persista en el Catatumbo. “El extractivismo que quieren hacer las multinacionales en el territorio también genera conflicto, porque así también llegan actores armados a pedir vacunas y que la Fuerza Pública esté cuidando a esas empresas. Entonces, se generan choques entre todos los actores y un conflicto en el territorio que para nosotros es ancestral”, dijo una de las autoridades Barí.

El cuidado del medio ambiente es una preocupación constante de las y los catatumberos. Según indicó la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental Corponor, durante el diálogo con instituciones estatales, “la deforestación en la zona del Catatumbo está desbordada. Se está perdiendo el patrimonio ecológico del departamento. El Catatumbo va a desaparecer por la expansión de las fronteras agropecuarias”, dijo una de sus funcionarios. A lo que se refiere es a la tala de bosques para expandir los monocultivos de coca y palma, productos agrícolas que dominan en la región.

El cultivo de la coca para uso ilícito parece no dar tregua en el Catatumbo y una de las razones, según explican las organizaciones sociales, es porque el Estado no ha cumplido en cuanto a la implementación del Acuerdo de Paz y de los programas de sustitución de cultivos que nació de lo acordado con las Farc.

Precisamente, varios reincorporados son quienes han llevado las banderas de estos programas de sustitución, y por ello han sido amenazados por actores armados para impedir el proceso.“Los que sustituyeron los cultivos estaban convencidos de que el Estado les iba a cumplir, y a la final quedaron muchas familias sin con qué sustentarse. Incluso se declaró una emergencia alimentaria en la región. Nosotros trabajamos de la mano con campesinos, convenciéndolos de la sustitución de cultivos y el gobierno no cumplió lo acordado. Los arrojó a una crisis. Y nosotros quedamos sin credibilidad ante ellos”, contó uno de los desmovilizados de las Farc durante el diálogo con reincorporados.

La situación de los excombatientes en el Catatumbo es crítica. Según informó uno de los reincorporados, “después de la firma del acuerdo a la fecha se han reportado 26 asesinatos, 98% de ellos excombatientes. Hay más de 43 amenazados, sin que se avizoran soluciones prontas para garantizarles seguridad”. Esta vulnerabilidad se agrava por la estigmatización que pesa sobre los excombatientes. “Se le debe hacer un seguimiento a los gobiernos locales para que se implemente todo. Muchas entidades están viviendo del recurso de paz, pero no están haciendo nada para que los recursos lleguen a las comunidades”, aseguró uno de los reincorporados.

Otras propuestas de los excombatientes tienen que ver con la pedagogía y apropiación de los acuerdos de paz en la región. “Es necesario hacer educación del acuerdo de paz en las fuerzas militares. Ellos no conocen el fundamento del acuerdo. Ellos son los principales estigmatizadores, que no conocen realmente lo que se acordó. También sumar a algunos gobernantes, incluso a los senadores que ni conocen el acuerdo. Solo pensar en ‘volver trizas’ el acuerdo es tener un desconocimiento total de lo que el acuerdo significa para el país”, aseguró una de las excombatientes.

Los actores que hacen presencia en el Catatumbo concuerdan al señalar que el abandono del Estado explica y promueve en una buena parte la persistencia de la violencia en la región. Hasta tanto no se invierta en el desarrollo agropecuario, de infraestructura y social, la economía de la coca va a seguir siendo la única opción de subsistencia en el territorio. Más que aumento en la fuerza pública, las y los catatumberos requieren una real voluntad de paz y que se crea en el potencial del Catatumbo como una tierra de personas trabajadoras, que quieren superar el conflicto y quienes, desde el desarrollo de sus proyectos de vida, pueden aportar a la paz de Colombia.