El Catatumbo merece la presencia integral del Estado
“En el Catatumbo nosotros no tenemos vías, lo que nosotros producimos nos lo comemos aquí mismo porque no tenemos a dónde llevar las cosechas para vender. Por ejemplo tenemos tres hectáreas de limón y el limón todo en el suelo porque no hay quien lo compre”. Este es el testimonio de don Eduardo*, presidente de una Asociación productiva, quien, igual que muchos campesinos de la región, reclaman la falta de construcción de vías que beneficiaría el transporte de todas las cosechas que la tierra fértil del Catatumbo produce.
Para Juan Fernando Vanegas, representante del Consejo Noruego para Refugiados, la falta de una vía terciaria digna en el Catatumbo representa la deuda histórica y el abandono del Estado en la región. “El campesino ha sido golpeado y apartado por el Estado. No es posible que ellos tengan que perder su cosecha porque no es rentable ni para sacar el producto al pueblo más cercano”, afirmó Vanegas.
La Gabarra.
Foto: Comisión de la Verdad.
A lo largo de todas las intervenciones en los Encuentros Sociales para la No Continuidad y No Repetición, que la Comisión de la Verdad organizó, los líderes, campesinos, y comunidades indígenas recalcaron la problemática de la escasa presencia estatal que por décadas ha tenido que padecer el Catatumbo. Específicamente en lo que tiene que ver con salud, educación, seguridad e inversión social.
Según el comisionado Saul Franco, la falta de presencia estatal puede considerarse como un factor importante en la persistencia del conflicto armado. “Hay un problema muy serio con la falta de responsabilidad estatal. Su presencia es predominantemente militar sin un equilibrio en una presencia del campo social. Hoy el Catatumbo está peor que antes de los Acuerdos de Paz, en los puestos de salud, caminos, suministro de alimentos y condiciones de vivienda”, dijo el comisionado.
“Hoy la gente no sueña, no aspira, porque el trabajo de nosotros no vale, no se puede comercializar, no tenemos aspiraciones, esto ha hecho que el territorio caiga en la corrupción”
- Carlos*
Desde hace décadas, los habitantes han hecho todo lo posible para reivindicar sus derechos. Uno de esos momentos fue el Paro del Nororiente. Entre el 7 y el 13 de junio de 1987 diferentes poblaciones del Norte de Santander se unieron para exigir al Gobierno que pusiera sus ojos en las necesidades de la región. Para que se levantara el Paro, el Gobierno nacional firmó un pliego de peticiones hecho por las mismas comunidades en donde se comprometían a cumplir lo estipulado, como acceso a educación de calidad, puestos de salud y construcción de vías.
Según los habitantes del Catatumbo, de lo que se prometió no se ha cumplido casi nada y la intervención del Estado en la región se ha visto apenas reflejada durante estas décadas en una mayor presencia militar.
Después de más de 30 años de movilizaciones las necesidades en el territorio siguen siendo las mismas. Una de las situaciones más preocupantes es la educación, “Hay una deuda en el Catatumbo con el tema del acceso a la educación superior. Es complejo que solo puedan llegar a primaria y secundaria por la falta de recursos económicos para acceder a una educación superior y tener oportunidades de crecimiento profesional, que no vean en el actuar de grupos al margen de la ley como una oportunidad de vida”, aseguró Juan Vanegas representante del Consejo Noruego para Refugiados.
De acuerdo con la Corporación Autónoma de la Frontera Nororiental, Corponor, las organizaciones estatales siempre han tenido la mejor intención de generar procesos en el Catatumbo. Sin embargo, el problema ha sido la falta de unidad entre todos los organismos estatales para superar estas problemáticas y la coherencia entre cumplir lo que se promete. “Muchas veces hacemos los proyectos por separado y eso no ha permitido que se visualice la verdadera situación de lo que sucede. Además, la verdad es que crear expectativas y no cumplirlas es lo que nos ha hecho perder mucha credibilidad como institución”, explicó una representante de la corporación.
“Decirles que sigamos, que no nos dejemos, que no desfallezcamos, yo sé que esto está duro y se va a poner más duro y más apretado, pero que tenemos que tener la fuerza por nuestros hijos, por nuestra familia y seguir cultivando la yuquita”
- Constanza*
Según información del informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, Catatumbo Memorias de Vida y Dignidad, desde inicios del siglo XX, la llegada de multinacionales petroleras significó una de las colonizaciones más grandes en el Catatumbo. Habitantes de otras regiones de Colombia se asentaron en el territorio en búsqueda de oportunidades laborales y uso de las riquezas de la tierra para cultivar alimentos. Los primeros lugares a los que llegaron fueron Tibú, El Tarra y en menor medida Convención. Para el pueblo indígena Barí estos asentamientos representaron la pérdida de gran parte de su territorio ancestral y la vida de muchos indígenas.
En la mayoría de los nacientes municipios, las empresas petroleras cubrieron las necesidades básicas de los pobladores ante un Estado ausente. Construyeron algunas vías, puestos de salud y algunas escuelas. El Gobierno de turno les dio vía libre para que organizaran el territorio a su manera.
Con la llegada de las economías de extracción, los indígenas vivieron un grado de violencia muy fuerte. Desde esa época, no se respetaba la vida ni las costumbres de los barís, tanto así que las empresas, con el apoyo de la fuerza pública y el permiso del gobierno, arrinconaban y mataban a miembros de estas comunidades si lo consideraban necesario.
“Como comunidad nos hemos sentido en riesgo porque ya no somos capaces de salir tranquilamente a hacer nuestras prácticas ancestrales: cazar, pescar o buscar comida. Vivimos con miedo cada vez que salimos a buscar el sustento del día a día”
- Cacica resguardo Motilón Barí
Desde el siglo XX es evidente el abandono por parte del Estado, el cual no se ha responsabilizado de generar inversión social y garantizar la dignidad y autonomía territorial de los habitantes del Catatumbo. “ La presencia del Estado en cuestiones básicas ha sido muy débil, por el contrario la presencia militar es muy fuerte, pero la gente no siente que están para defenderlos, más bien creen que está orientada a la defensa de ciertos intereses económicos nacionales o trasnacionales”, afirmó el comisionado Saúl Franco.
Desde finales de la década de los 80 los cultivos de uso ilícito comenzaron a tomar tanto auge dentro de la comunidad campesina a tal punto que se convirtieron en una de las alternativas más viables para trabajar, debido a la falta de recursos para comercializar sus cosechas. Hoy esperan que exista una inversión social que les permita tener otras alternativas viables para vivir dignamente.
“Con la inversión social tenemos educación, tenemos comunicación y tenemos vías, así esto va a cambiar. Pero si siguen el cuento fumigando, militarizando, nunca nada va a ser diferente. El campesino no se cansa de trabajar pero el gobierno si se cansa de invertir el dinero que necesitamos”
- Alberto habitante de Hacarí
Para las organizaciones comunitarias los proyectos de inversión social deben basarse en las verdaderas necesidades del Catatumbo, teniendo en cuenta los sentires y la formas de percibir el territorio. Para la gran mayoría, estos proyectos son dirigidos desde Bogotá y están basados en un imaginario falso de lo que se requiere para generar progreso en la región. “No se completa el cumplimiento de compromisos, esto lleva a que se fracture la confianza en el Estado, no hay una apuesta de desarrollo integral en el campo lo que hace que nuevamente aumenten los cultivos de uso ilícito”, afirmó la Diócesis de Tibú.
Río Catatumbo.
Foto: Comisión de la Verdad.
“Lo que se debe hacer es empezar a tomar las experiencias buenas que ya hay, tomar los cultivos que ya existen, las alternativas que ya existen y fortalecerlas, es la única manera que podemos nosotros ir sacando los jóvenes de esta situación”
- Roberto* habitante de Convención
Para los líderes y lideresas sociales los puntos centrales para la inversión social deben estar dirigidos en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, participación activa de los habitantes en la creación y consolidación de proyectos, industrialización de los productos propios de la región y programas de sustitución de cultivos que garantice desarrollo económico. Además de generar un diálogo permanente y gradual con todos los grupos armados que hacen presencia en la zona.
Los habitantes del Catatumbo transitan en la paradoja de pertenecer a un territorio con una basta riqueza natural, pero de la que no se han beneficiado plenamente. Esta contradicción ha marcado la historia de una región que, además de ser abundante en tierras fértiles, hidrocarburos, minerales, biodiversidad y agua, es un enclave importante por su posición geográfica gracias a la frontera que comparte con Venezuela.
La región del Catatumbo comprende el 50% del departamento de Norte de Santander; alberga la reserva forestal Serranía Los Motilones, el Área Natural Única Los Estoraques, el Parque Nacional Natural Catatumbo-Barí, los resguardos indígenas Motilón-Barí y Catalaura. La región tiene extensas zonas montañosas, cuencas, fuentes hídricas y arbolados bosques, que también se han visto afectados por la guerra y deteriorados, especialmente, por los monocultivos que actualmente dominan las actividades agrícolas del territorio.
Esa tensión entre la riqueza natural que hace del Catatumbo una región con alto potencial productivo y el preocupante índice de necesidades básicas insatisfechas de sus pobladores, ha hecho que el conflicto por el uso y la tenencia de esa tierra sea uno de los principales factores de persistencia de la violencia en el departamento. Durante años, actores armados ilegales se han disputado el territorio tanto para su explotación con extensas áreas de monocultivos como los de coca, como para el control de las rutas clave del tráfico, narcotráfico y contrabando de esta zona fronteriza.
Las comunidades indígenas del Catatumbo recuerdan que la exploración petrolera de principios del siglo XX y la bonanza de la década de los treinta desató una ola de colonización que marcó el inicio de las disputas por la tierra y también las vulneraciones sobre el territorio motilón-barí. “Con los procesos de colonización empieza también la reducción territorial, es decir, la captación al territorio ancestral por parte de petroleras y colonos, que después también se asentaron para desarrollar actividades que sustentan el conflicto armado”, contó uno de los representantes barí durante los diálogos que la Comisión de la Verdad adelantó con los grupos étnicos de Norte de Santander.
Desde los años 80 se conformaron los resguardos Catalaura y Motilón Barí, territorios para que las comunidades indígenas pudieran proteger su cultura, mantener sus costumbres y su autodeterminación. Sin embargo, esa autonomía sobre su territorio se ha visto afectada por las dinámicas del conflicto armado: cultivos de coca para uso ilícito, control de las rutas del narcotráfico, la confrontación entre grupos armados, derrame de petróleo en fuentes hídricas, y la militarización de sus tierras ancestrales. Por ello, para los grupos étnicos del Catatumbo es necesario que se les reconozca la autonomía, de manera tal que las intervenciones del Estado respeten la forma como las comunidades ven el territorio, su cosmogonía y autoridad.
Para lograrlo, aseguran, es importante la consulta previa y la concertación con ellos como un pueblo diferencial, con propuestas y necesidades distintas a las de los grupos campesinos, con quienes las comunidades indígenas mantienen un pulso por tierras que el Estado les ha titulado, o que están en solicitud para delimitar una zona de reserva campesina (ZRC), y que según los Barí, algunas de esas tierras están en sus territorios. Esa afectación a pueblos indígenas también está en clave de los proyectos económicos del país, pues como aseguraron varios durante los diálogos que propició la Comisión de la Verdad, la extracción de hidrocarburos, los monocultivos de coca y palma, la minería, y el manejo occidental de la economía, los desarmoniza y pone en riesgo.
Esos procesos de colonización, impulsados en una primera ola por la exploración de hidrocarburos y después por el boom de la coca, han afectado la autonomía de los pueblos Barí en sus territorios ancestrales. Esa desarmonización con la tierra, exacerbada por el conflicto, ha impactado en su cultura, sus prácticas y cosmovisiones. “Aquí en el Catatumbo los resguardos indígenas están en medio de cultivos ilícitos y al haberlos también hay muchos actores armados. Tenemos miedo de hacer nuestras actividades como cazar, pescar, buscar la comida; ya no hay esa tranquilidad de salir. Ese es el riesgo que nosotros estamos viviendo en el territorio y que lo vivimos día a día”, dijo una de las autoridades de los resguardos del Catatumbo.
La vocación del suelo catatumbero es predominantemente agrícola. Su tierra fértil y el clima de la región se prestan para que el café, el cacao, la yuca, el maíz, el tomate, el plátano, el frijol, la cebolla, la piña, el limón y más se den en cantidad y calidad. De hecho, durante los años sesenta y setenta, al Catatumbo se le consideraba la despensa agrícola del departamento.
La ganadería, la pesca y la explotación maderera también hicieron parte de esas actividades del campo, que generaban la abundancia por la que se sintieron atraídas cientos de familias de diversas partes del país, quienes empezaron a colonizar y poblar la zona en los años sesenta. La identidad de la región empezó a girar en torno a las actividades campesinas.
A pesar de las facilidades de cultivo que da la tierra del Catatumbo, sus trabajadores históricamente han vivido bajo difíciles condiciones que les impiden llevar adelante sus planes de vida. Aún hoy, la región no tiene vías para que los campesinos saquen sus productos para la comercialización. “Los campesinos no tienen la posibilidad de vender su cosecha, no hay vías y el gobierno no ayuda a que su producto se venda. Un ejemplo es la cebolla ocañera, que era de exportación y ahora se trae de otros países”, explicó una de las funcionarias de una de las organizaciones no gubernamentales que hace presencia en la región.
Este abandono y la falta de apoyo al campesino para promover sus proyectos de vida, han abierto las puertas para que la economía ilegal de la coca se convierta, para muchos, en la única alternativa de subsistencia. “Para nosotros, los pequeños productores que le apostamos a seguir cultivando nuestro pancoger, el precio para trabajar es muy alto. Por ejemplo, un jornal hoy en día aquí cobra 40.000 o 50.000 pesos el día, porque las finanzas del narcotráfico ponen todo muy caro: el que tiene coca tiene cómo pagar el obrero y un obrero no va a dejar de hacer 50.000 en la coca, por ir a ganarse 25 o 30 mil pesos, que es lo que nosotros podemos ofrecer. Entonces, para cultivar yuca, plátano, arreglar potrero, arreglar cacao, eso a uno no le da para pagar 40 o 50 mil al día, y si uno tiene que pagar con todo y comida, entonces un día le saldría por 70 mil”, contó un agricultor durante el espacio de diálogo de la Comisión de la Verdad con el sector productivo del Catatumbo.
Los habitantes del Catatumbo concuerdan al contar que es el cultivo de la coca para uso ilícito el centro y motivo de las confrontaciones en la zona. La hoja llegó a la región a finales de los años 80 por La Gabarra, pero tuvo su momento de apogeo a partir de los 90, cuando empezó a expandirse hacia otros municipios. Con ese boom cocalero llegó otra ola de colonización, que también trajo un alto flujo de dinero. Detrás de esa “prosperidad”, también llegó la ambición de los grupos armados ilegales por controlar el cultivo, la fabricación y distribución de la coca.
Este cultivo tuvo buena acogida entre los campesinos por las facilidades en la producción y comercialización, pero sobre todo porque las ganancias eran mucho más competitivas que las de los cultivos del pancoger. El Catatumbo ya padecía de una economía agrícola local débil, provocada por la mala infraestructura que no daba las condiciones para sacar los producto a la venta; además, una crisis económica agudizada, entre otras, por la salida de Ecopetrol, fuente de empleo, de la región en 1992, y la implementación de políticas de apertura que afectaron al campesinado:
“La región se mueve en función de la coca; es el principal motor económico y de crecimiento poblacional en los últimos 15 años. El campesino raso no cultiva coca porque sí. Por un lado, tiene las limitantes del territorio, lo que implica llevar una carga de un producto legal; en términos de costos no es viable, mientras estas economías tienen una lógica que hace posible esta viabilidad. El campesino en el fondo quisiera liberarse de esa situación, quisiera tener opciones para sembrar productos de pancoger”
- contó durante uno de los diálogos con organizaciones sociales, uno de los líderes que resiste en el Catatumbo.
En el sostenimiento de estas lógicas de las economías ilegales ha sido fundamental la intervención de las guerrillas, los paramilitares, y las bandas criminales, para los cuales la coca siempre ha sido una fuente importante de ingresos. Durante el boom del cultivo, las FARC tenían el control, hasta el ingreso de los ‘paras’ en 1999, que precisamente llegaron al Catatumbo a hacerse del monopolio del cultivo.
Esa intervención tuvo consecuencias graves para los habitantes de la región, que quedaron en medio de las disputas entre grupos armados, fueron víctimas de masacres, desapariciones, desplazamientos y el centro de un control que trascendía al de la tierra. “Si el campesino tiene una finca y no quiere cultivar le dicen: “cultiva o se muere”, “me vende o se muere”. Hoy en día volvimos a tener al campesino esclavizado de unos personajes que no dejan que el campesino ofrezca la coca sino que se la van a comprar al precio que le imponga. De hecho mire, las zonas coqueras no están generando riqueza. Entonces, el campesino ha perdido la capacidad de tener un proyecto viable, porque dejaron también de generar sus productos”, contó uno de los campesinos durante los espacios de profundización con la Comisión.
De acuerdo con cifras oficiales de la ONU, en la actualidad en el Catatumbo hay más de 41 mil hectáreas de coca sembrada. Tibú es el municipio con más cultivos, con 16.069 hectáreas cultivadas. A pesar de los esfuerzos por parte de la institucionalidad por implementar programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, la Secretaría de Gobierno de Norte de Santander reconoce que ha habido un alarmante incremento del 24% de cultivos de coca en la región. Entre otras, las razones principales según explica Ascamcat es el inclumpliento del gobierno con relación al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos (PNIS). “Es muy preocupante porque quienes ayudaron a adelantar labores de sustitución de cultivos, que por ese trabajo hemos tenido tantos problemas, la población los ha empezado a ver como los culpables de que los campesinos hayan perdido su opción económica del momento. El Estado no cumplió”, explicó uno de los reincorporados que habita en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de la vereda Caño Indio en Tibú.
Las organizaciones internacionales están de acuerdo con que la importancia del Acuerdo de Paz en el territorio, fue esperanzadora y fue un gran ejercicio participativo, que en la actualidad no se ha honrado ni respetado lo acordado que buscaba fortalecer las economías campesinas las cuales se “ahogan” en la capacidad de comercializar sus productos, no hay garantías. Las soluciones por parte del Estado a estas reclamaciones llegan a través de la militarización del territorio y la propuesta de volver a las fumigaciones con glifosato, que contaminan las tierras y las fuentes de agua, tan abundantes y ricas en el Catatumbo.
“Aquí en esta zona la gente acaba con los potreros por sembrar coca. Cuando llegue a haber una fumigación, entonces se nos van a acabar los potreros. Esa es la preocupación de nosotros: que los poquitos potreros que queden se acaben con la fumigación del glifosato”
- dijo uno de los pequeños productores durante el espacio de diálogo.
La palma africana es el cultivo de uso lícito que tiene la mayor cadena de producción y distribución asegurada en la región. Así, en una tierra que da para todos los cultivos, son los cultivos de coca y palma los que dominan en la región. La palma llegó al Catatumbo en 2001, según cuenta el informe Catatumbo, memorias de vida y dignidad, del Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, como una de las alternativas que el gobierno llevó para la sustitución de los cultivos de coca. La palma llegó de la mano del empresario y exministro de Agricultura, Carlos Murgas, y su empresa Oleoflores. Murgas y otros empresarios implementaron un modelo que ha sido respaldado por los gobiernos nacionales desde finales de los noventa, llamado ‘Alianzas estratégicas productivas’ en el que pequeños cultivadores se asocian a grandes empresas palmeras. Estas compañías entregan a los productores asistencia técnica y otros beneficios que garantizan la producción, a cambio de ser los compradores exclusivos del corozo de palma para luego procesarlo.
De los primeros pequeños productores del 2001, que recibieron apoyo de dineros del Plan Colombia, quedan varios que continúan con el proyecto palmero. Así lo contó uno de los pequeños productores asociado a Palnorte, durante el diálogo con la Comisión de la Verdad.
“Cuando hubo la inversión del Plan Colombia, que de ahí atrás se veía muy mal acá en el municipio por tanta violencia, no había economía, no había nada que hacer. La gente toda se estaba yendo para los ilícitos. Cuando vino el programa, que yo también fui uno de los favorecidos, ya empezaron a cambiar las cosas, ya empezó a mejorar la calidad de vida de muchas personas, empezó un poquito a llegar más para nuestro municipio por lo que se había gestionado, porque es que es muy importante para una región que haya inversión social. Una de las ventajas de los palmeros es que sí nos metimos en el cuento de la palma porque teníamos la planta extractora. Y si en una parte donde se cultiva hay una procesadora, cualquiera se meten el cuento porque sabe a dónde van a comprarle."
El cultivo de palma africana tuvo su expansión después de la desmovilización del Bloque Catatumbo en 2004. Como lo explica el informe del CNMH, para la época, después del desplazamiento masivo que provocó la arremetida paramilitar, los habitantes regresaron a sus tierras, en una situación precaria. Al mismo tiempo, llegaron personas ajenas a la región, ofreciendo comprar predios para sembrar palma dentro de las alianzas estratégicas productivas. Debido a la difícil situación de quienes retornaron, muchos vendieron sus fincas a bajos precios.
El sector palmicultor, incluyendo a los pequeños cultivadores organizados en asociaciones y colectivos, les ha caído un pesado estigma que los vincula con los paramilitares, aunque muchos de ellos incluso han sido víctimas de a quienes se les asocia. “Dentro de nuestros productores también hay víctimas y desplazados, hay personas que han sufrido la violencia y la guerra. Siguen ahí, de alguna manera mejoraron su condición económica, pero la ruta de atención de los afectados por el conflicto no se ha resuelto, es decir, las indemnizaciones, el mejoramiento de la propiedad sus tierras”, contó uno de los palmicultores que asistió al diálogo con la Comisión.
Estas dinámicas de adquisición para monocultivos modificaron el territorio y la relación de los campesinos con este. La lucha por el uso de la tierra y la propiedad de la misma, se ha vuelto una de las principales banderas de las organizaciones sociales del Catatumbo, que no solo piden inversión y apoyo a sus proyectos productivos sino titulación y legalización de tierras para poder llevarlos a cabo. “La disputa entre lo que las comunidades plantean como proyecto de vida, tanto pueblos indígenas como comunidades campesinas, y el establecimiento desde la legalidad e ilegalidad para hacer inviables nuestros proyectos de vida al posibilitar otras actividades, derivadas del despojo como la palma, el petróleo y el carbón, impulsan que esta situación persista”, dijo uno de los asistentes al diálogo con organizaciones sociales.
Por su parte, como contó la representación de Pastoral Social de Tibú, queda el reto de devolverle la identidad al campesino y su relación con el territorio, tan afectada por las dinámica de las economías ilícitas. “Los campesinos, después tantos años de estar cultivando coca, han perdido la capacidad de negociar sus productos, porque el comprador de coca llega hasta las fincas a comprar el cultivo y sacarlo. Con los cultivos de uso lícito no sucede eso, pero tampoco podemos quedarnos esperando que lleguen a comprarnos hasta la casa”, dijo durante el diálogo.
Esta tensión también ha conducido a la estigmatización y criminalización del campesinado. El narcotráfico se está atacando desde el eslabón más débil que es el cultivador, a quien se le acusa y persigue; pero, como relataron varios de los representantes de las organizaciones sociales del Catatumbo, no se ataca a quienes llevan los insumos y suministros para la transformación de la mata. “No se entiende cómo en un territorio militarizado no puedan observar o atacar eso que está sucediendo en todo el territorio”, dijo uno de los líderes.
Con la desmovilización de las Farc entra este actor en los reclamos por la tierra en el territorio, pues en Tibú está ubicado uno de los espacios donde habitan los excombatientes y donde, según lo acordado, pueden llevar sus proyectos de vida. Para continuar con su proceso de reincorporación el asunto de la tierra es fundamental, pues así se les garantiza la calidad de vida en el territorio. En la actualidad, contaron varios de los reincorporados durante el diálogo con la Comisión, hay mucha incertidumbre pues no tienen apoyo para trabajar la tierra, los acuerdos no se están cumpliendo y los Programas de desarrollo con enfoque territorial, PDET , tampoco. Según contaron, necesitan que se les legalicen las tierras en las que está el ETCR para que puedan vivir allí.
“Si bien el gobierno brindó algunas garantías, ninguna de ellas ha sido prioritaria. No se nos ha cumplido ni garantizado el tema de la tierra, en cuanto a esos predios que nos ofrecieron para desarrollar los procesos productivos, que no se han podido ejecutar porque no tenemos la garantía de la tierra ni del título de propiedad para poder funcionar. Al ETCR llegaron como 300 excombatientes con el fin de hacer una sociedad rural, pero no hemos podido hacerlo”
- contó una de las reincorporadas que habita en Caño Indio.
Sobre esas tierras dadas a los excombatientes también recaen reclamos por parte de los pueblos indígenas, que aseguran que el ETCR fue ubicado en su territorio ancestral. “El gobierno no nos consulta ni dialoga ni llega a concertaciones con el pueblo Barí y se han violado nuestros derechos. No sabemos si nos va a tocar como en la época de antes, de luchar con la fuerza por el territorio”, dijo uno de los representantes motilón-barí durante el diálogo con grupos étnicos.
A pesar de las dificultades, persisten iniciativas agrícolas que se alejan del cultivo de la coca. Para estos productores es innegable el abandono histórico al que ha sido sometido el Catatumbo, que ha hecho que incluso los jóvenes no se queden en el territorio para trabajarlo. Por eso, les resulta vital el apoyo en la construcción de infraestructura, la legalización y acceso a la tierra así como incentivos para procesos productivos legales, porque, como contaron, la “economía campesina no tiene posibilidades para competir con la coca”.
“La explotación de los recursos que se está haciendo de forma inapropiada, eso afecta la fauna de la flora, eso afecta las aguas, eso afecta la vida. Los recursos naturales se pueden extraer, pero de forma controlada, que no se vaya a perjudicar el medio ambiente. En el tema de minería, de carbón, en el tema de que están pensando aplicar en nuestros territorios el sistema fracking, eso es muy desesperante para nosotros. De qué nos sirve soñar con ser productores, en buenas plantaciones legales como el cacao, si por esas veredas en esas fincas están haciendo unos avances en exploración, para luego implementar el fracking. Entonces vamos a tener suelos destruidos, sin agua, contaminados, que no van a servir a la agricultura”
- dijo uno de los productores de cacao durante el encuentro con iniciativas productivas.
Los habitantes del Catatumbo han tenido que padecer un conflicto armado ajeno a sus ideales y estilo de vida. Según el Registro Único de Víctimas, RUV, desde 1985 hasta finales de 2019 se han declarado como víctimas del conflicto armado 246.221 personas en el departamento de Norte de Santander. La presencia de las guerrillas EPL, ELN, FARC en los años ochenta y noventa, y posteriormente la arremetida paramilitar en 1999 ha dejado cicatrices y daños difíciles de curar. Sin embargo, las comunidades siguen resistiendo y luchando por tener un territorio en paz.
A finales de los años 80, las guerrillas que hicieron presencia en el territorio, se fortalecieron militarmente y la percepción que habían creado de luchar por el pueblo se fue desmoronando poco a poco. Se centraron en la expansión territorial, confrontaciones con la fuerza pública y la financiación del grupo a través de economías ilegales.
Una de las acciones más recurrentes de las guerrillas eran tomas a poblaciones. En las que no solo se buscaba el control social sino también el daño a las organizaciones que representaban al Estado como estaciones de policía, alcaldía, Registraduría, oleoductos, entre otros. Al no tener una fuerte presencia de las instituciones estatales estos grupos armados eran la autoridad en la región a tal punto que controlaban la cotidianidad de los habitantes. Nadie podía hacer ninguna actividad fuera de lo que ellos no autorizaran. Las guerrillas también afianzaron su poder económico en la región a través de secuestros extorsivos, asesinatos selectivos, cobro de cuotas a empresarios y comerciantes, y control del cultivo y tráfico de cocaína.
En el caso de los paramilitares, las masacres fueron la estrategia más generalizada para causar terror y controlar el territorio. Esta estrategia, sumado a las constantes amenazas de muerte y desapariciones generó en los habitantes desplazamientos masivos y despojo de sus tierras. Según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1999 y 2006 se desplazaron del Catatumbo 99.074 personas, lo que indica que, en el periodo de presencia paramilitar, más del 50 por ciento del total de la población en el Catatumbo tuvo que abandonar su territorio.
“Después del paramilitarismo hemos tenido que ver cómo permanecemos en el territorio, porque uno de los impactos fue el desarraigo y ese reto ha sido muy grande, en el que prácticamente ha tocado ser muy creativos para mantenernos”, aseguró Juan Carlos Quintero, líder de la organización ASCAMCAT.
A pesar de que la firma del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla FARC-EP significó un nuevo periodo de esperanza para el Catatumbo, poco de lo que está plasmado en el Acuerdo se ha cumplido. Por el contrario, desde el 2018 el conflicto armado se ha recrudecido por la constante confrontación entre el ELN y el EPL.
Para marzo de ese año, la ONU registró que más de 16.215 personas fueron desplazadas por los combates. Este informe también muestra que entre 2016 y 2018 en el Norte de Santander, principalmente en el Catatumbo, se presentaron los casos más altos de desplazamiento, reclutamiento, y asesinatos con un total de 46.6000 personas afectadas.
Infografía Comisión de la Verdad.
Tal cual lo afirma una lideresa de Hacarí, la comunidad se sigue organizando a través de las Juntas de Acción Comunal para intentar proteger a sus habitantes y mitigar el daño. “En Hacarí hace dos años se inició un conflicto interno entre estos dos grupos insurgentes, lo que originó desplazamientos internos y homicidios. Intentamos, a través de las Juntas, avocar los diferentes procesos sociales que hacen presencia en el territorio”.
Otros elementos que hacen parte de la persistencia del conflicto armado en el territorio son las economías ilegales, como el contrabando y la extracción ilegal de crudo o ‘pategrillo’. Para algunos líderes la falta de institucionalidad y falta de presencia convergente del Estado ha significado que la guerra continúe. “La presencia del Estado no significa militarización sino proyectos productivos de acuerdo a nuestros planes de vida. Mientras exista la ley de oferta y demanda de narcotráfico y economías ilegales va a persistir todo este conjunto de males que opera en nuestra sociedad”, aseguró Nelson* líder del municipio de Hacarí.
Las comunidades indígenas creen que el extractivismo de las multinacionales genera conflicto en sus territorios por el enfrentamiento entre actores armados, que cobra vacuna a las multinacionales, y la fuerza pública que les brinda seguridad. Los barís afirman que su estilo de vida se ha transformado sustancialmente desde la llegada de estos actores a sus comunidades, causando un genocidio paultino, despojandolos de sus tierras y afectando las prácticas ancestrales. “Si los pueblos indígenas protegen este territorio es porque tenemos una visión a futuro. No una proyección de destrucción”, líder Indígena Barí.
En estos tiempos de pos acuerdo uno de los principales retos para la no repetición del conflicto armado es que se cumpla realmente lo estipulado en los Acuerdos de Paz y cese la violencia en la región. Los líderes y lideresas sienten que del Acuerdo todo ha quedado en el papel y no se está garantizando la seguridad y el bienestar de los que habitan el Catatumbo.
Infografía Comisión de la Verdad.
En el caso de los reincorporados la situación no ha sido fácil, después de la firma del Acuerdo de Paz se han registrado 43 amenazas en su contra y más de 20 asesinatos. “Para nosotros es muy difícil hasta construir verdad porque realmente estamos llegando al momento en que estamos siendo victimizados por agentes del Estado y por organizaciones alzadas en armas”, afirmó Carlos* ex combatiente de las extintas guerrillas FARC.
Para diferentes sectores de la sociedad, el Catatumbo solo representa un área de coca, de subversión o control paramilitar. La Comisión de la Verdad considera que esta constante estigmatización y persecución genera daños morales y abre el camino para que el conflicto armado persista. “ Ese mapeo excluyente y señalador tiene un peso terrible y creo que si no lo superamos y no sacamos a las regiones de esa estigmatización es muy difícil seguir adelante”, opinó el comisionado Saúl Franco.
