Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 14:55

El 2 de febrero de 2021, en la vereda El Tamaco del municipio de Tarazá, Antioquia, ocurrió la que, según Indepaz, sería la masacre número nueve en lo corrido del año, la segunda en ese municipio. Las víctimas fueron tres mineros identificados como Yonny Soto, Hawi Damián Macea y Óscar David Moreno, quien administraba la mina donde trabajaban estos dos hombres. Según una publicación de Infobae, este hecho fue atribuido a Los Caparros, grupo armado neoparamilitar que se disputa el control del territorio con el también neoparamilitar Clan del Golfo. Según esta misma publicación, días atrás, el dueño de la mina había denunciado ser víctima de extorsión. El crimen fue atribuido a la negación del pago de dicha extorsión.

Martín*, un periodista de la zona que posteriormente estuvo en el lugar de la masacre, dijo que los mineros tenían un punto de encuentro que era una finca abandonada donde eran recogidos en lancha y trasladados por el río Cauca hasta la mina, conocida con el mismo nombre de la vereda: El Tamaco. Ese día, mientras esperaban, “llegó el grupo armado Los Caparros y los asesinó”. Según el periodista, los tres hombres eran oriundos de Montería, capital del departamento de Córdoba, La Apartada, municipio de ese mismo departamento y de Caucasia, municipio del departamento de Antioquia.

Tarazá está ubicado en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, una zona del departamento donde el cultivo de coca y la minería ilegal representan las principales actividades económicas de sus habitantes. Según un artículo publicado el 2 de mayo de este año en El Universal, La Contraloría General de la República emitió una alerta en el país, donde indica que el departamento de Antioquía constituye la mayor alerta ambiental al presentar una alta concentración de minería y cultivos de coca en 2019, y menciona a Tarazá como uno de los principales municipios donde se presenta esta problemática. Pero el cultivo de coca y la minería ilegal no es algo nuevo en esta subregión, lo que ha hecho que Tarazá, entre otros municipios de Bajo Cauca, estén en la mira de actores armados que quieren controlar las rentas ilegales de estas actividades.

Además del Clan del Golfo y Los Caparros, según Martín* y Carlos Zapata, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de Instituto Popular de Capacitación -IPC-, en el Bajo Cauca antioqueño también hay presencia del Ejército de Liberación Nacional -ELN-, pero “allá el ELN tiene un pacto con los actores armados para que lo dejen tranquilo; ellos heredaron el impuesto de gramaje de los territorios que dejaron las FARC [...] Le cobran impuesto de gramaje al campesino y vacuna al comprador. Están tranquilos fortaleciendo su economía de guerra y sin entrar en disputa con nadie.”, asegura Carlos Zapata; además, según Martín*, este actor armado está principalmente en las zonas rurales del territorio.

La presencia de estos grupos armados ha generado una crisis social en algunos municipios del Bajo Cauca, donde los asesinatos, amenazas y desplazamientos se han hecho parte del diario vivir. Tanto así que para el momento de esta, la segunda masacre en el municipio, según cifras dadas a conocer por el secretario de Gobierno de Tarazá, Deivinson Montero, debido a la situación de violencia, 170 familias habían abandonado 18 veredas del territorio, además, el mismo secretario de Gobierno y el alcalde, Jerly Ferney Álvarez, habrían recibido amenazas. Para ese momento, el secretario contaba con esquema de seguridad y el Alcalde estaba despachando desde la ciudad de Medellín.

Además de las amenazas a alcaldes y otros gobernantes, asesinatos, desplazamientos y extorsiones, según las versiones de las fuentes consultadas, en esta subregión del departamento se viene presentando un grave problema con los jóvenes, quienes en medio de las disputas por el control del territorio, están siendo amenazados por medio de panfletos. Marcela*, una mujer de Tarazá que salió desplazada en diciembre de 2019, explicó que la disputa de estos actores armados complicó la vida en el municipio, especialmente para las personas jóvenes y para los miembros de organizaciones sociales. “Muchas veces nos llegaron panfletos donde decían que estaban haciendo ‘limpieza social’ de todo lo que tuviera que ver con el consumo de sustancias psicoactivas, de todos los callejeros, de todas las putas. Salieron muchos panfletos con nombres propios y muchas mujeres jóvenes estaban en peligro por ser novias de uno u otro. Enviaban panfletos de lado y lado (de Los Caparros y el Clan del Golfo), el uno mandaba y luego el otro”.

Las fuentes consultadas coinciden en que, en el Bajo Cauca, y en este caso en Tarazá, los índices de esclarecimiento de homicidio son muy bajos. Y en que las autoridades han lanzado hipótesis equivocadas de manera apresurada. Por eso dicen “que era consumidor, que era expendedor o lo relacionan con los actores armados sin que haya una investigación”, complementó Martín.

*Nombres cambiados por razones de seguridad.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 14:51

El 20 de febrero de 2021, en La Guajira tuvo lugar la que sería la masacre número 13 en Colombia en lo corrido de este año. En el cementerio de la comunidad de Ceura, exactamente sobre el kilómetro 47 de la vía que conduce de Riohacha a Maicao, fueron asesinados Felipe Epieyú y su hermano Ezequiel Epieyú, indígenas Wayúu miembros de la comunidad de Jitka; y un tercer hombre identificado como Ramón Hernández de 58 años, también indígena Wayúu, de origen venezonalo.

Los tres hombres asesinados se encontraban arreglando una bóveda para sacar los restos de una abuela de la comunidad. Un acto simbólico para los indígenas Wayúu. “Generalmente ellos invitan a muchas familias, se van hasta el frente del cementerio, los hombres limpian y las mujeres cocinan allí. Ellos tienen como una gran fiesta”, explicó Soraya Escobar, defensora del pueblo de La Guajira. Cuando fueron asesinados, había otros testigos en el cementerio que contaron que llegaron alrededor de 20 hombres armados y les dispararon a estos tres.

Esta masacre, según personas de la comunidad, se dio en medio de un conflicto interclanil, es decir, entre familias Wayúu. Soraya cuenta que en esa zona hay tres comunidades indígenas que son vecinas, la comunidad de Jitka, la comunidad de Montañita y la comunidad de Ceura. Hace siete años, las dos primeras eran aliadas, pero, según personas del sector, los de Jitka le robaron un ganado a los de Ceura, por lo que empezó una venganza que terminó afectando a la comunidad de Montañita, quienes ahora quieren sacar a los de Jitka del territorio, “diciendo que por ellos tienen los problemas, porque la gente a la que le robaron el ganado resultaron ser más fuertes en cuestión de guerra”.

Así las cosas, esta masacre fue atribuida a un hombre indígena conocido como Napo de la comunidad de Montañita y, según Soraya y Bety Josefa Martínez, periodista de la zona, desencadenó otros asesinatos en razón de venganza. Al día siguiente de la masacre, en Barrancas, un indígena de Jitka asesinó a uno de Montañita y el lunes 17 de mayo, asesinaron al hermano de Napo, a quien le habían atribuído la masacre. Además, Soraya agregó que “para los Wayúu la vida es un medio de solución de conflictos”; por eso, “para entrar a una mediación hay que esperar un poco a que se den los periodos de duelo y los periodos de decisión de guerra [...] porque cuando hay un muerto Wayúu, se reúnen los mayores y comienzan a definir qué van a hacer: si son delitos menores, si se van a ir a la guerra o si se van a mandar la palabra para buscar un arreglo. En esas reuniones evalúan la fuerza militar del otro clan [...] y si se ponen en contexto de guerra, actúan rápido con el fin de nivelar los muertos. Cuando los muertos están nivelados, hallan un ambiente para llegar a mediaciones”.

Una hipótesis adicional respecto a las razones por las que los de Montañita quieren desplazar a los de Jitka, es que por el territorio de Jitka pasaría un proyecto de energía, y si bien no se tiene certeza de que este proyecto energético tenga algo que ver en el problema, una persona de la zona aseguró que allí, “los grandes proyectos les prometen muchas cosas a las familias Wayuu, unos aceptan, otros no y por eso también hay enfrentamientos”.

Adicional a los homicidios que se han venido presentando en medio de estos conflictos interclaniles, en La Guajira, según la periodista Bety Josefa, se presentan casos de despojos de tierras que han denunciado algunos líderes indígenas. Además en la zona conocida con la Alta Guajira, la más al norte de este departamento, que es habitado en su mayoría por familias Wayúu, al parecer hay presencia de grupos armados ilegales que ejercen control sobre el territorio, y hay actividades de narcotráfico y contrabando “porque es un territorio muy extenso, rodeado de mar y con poca presencia de la fuerza pública, por lo cual es fácil sacar la droga”, agregó un habitante de la zona.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 14:45

“Primero se escucharon dos balazos y normal, simplemente eso. Luego empezó una balacera horrible y ya empezaron a gritar: ¡ey!, mataron a La Caquirra, mataron a La Caquirra. Que la niña está herida. Qué mataron otro man y ya, veinte minutos después bajó la Policía, llevaron a los dos heridos al hospital y llegando a Urgencias, se murieron”. Así narró una habitante del municipio de Sonsón el momento de la masacre perpetrada en ese municipio el domingo 25 de abril de 2021, cuando, a eso de las 10 de la noche, hombres armados llegaron a un casa del barrio La Calzada y asesinaron a Yulieth Natalia Díaz Carmona, de 26 años; Julián Vanegas Marulanda, de 23 años, y a Michel Daiana Sánchez Díaz, de 13 años.

Esta, la que sería la masacre número 33 en Colombia en lo corrido del 2021, fue atribuida por las autoridades del municipio a bandas criminales que se disputan el territorio, pero no fue señalada alguna en particular. Sin embargo, según Armando*, un hombre oriundo del municipio que se ha interesado por entender lo que allí sucede, explica que en Sonsón “el actor armado más reconocido es El Mesa, una organización de Bello que ha ido llegando a todo el Oriente antioqueño”. Adicional a esto, Armando* asegura que en Sonsón “no hay una disputa territorial sino que ya hay un grupo específico, en este caso El Mesa, que tienen control sobre el tema de microtráfico [...]. Ellos no permiten que otras personas hagan la actividad ilícita sin contar con ellos, por eso esa es una de las causas de las muertes y de la masacre que sucedió”.

Daniela*, una joven habitante del municipio, cuenta que allí hay “muchos barrios marginados donde no entra la Policía. Son barrios muy peligrosos donde se expende drogas. El más mencionado es La Calzada, donde ocurrió la masacre”. Como ella, Armando* asegura que este barrio “históricamente ha tenido actividades de carácter ilegal. Esa hace mucho tiempo fue una zona donde se ejercía la prostitución. Son dos cuadras. Allá vendían licor y cuando llegó el tema de la droga, pues también llegó allá; actualmente no se ejerce la prostitución pero sí la venta de drogas”.

De hecho, al hacer un rastreo de prensa de temas relacionados con microtráfico en Sonsón, el medio Mioriente, en una publicación del año 2018, menciona la captura de los integrantes de una banda delincuencial conocida con el nombre de este barrio: La Calzada. Además, se sabe que históricamente Sonsón ha tenido presencia del paramilitarismo. Armando*, por ejemplo, asegura que El Mesa es un grupo relacionado con el paramilitarismo y que en otras veredas como Los Medios, donde hay cultivos de café, hay presencia de actores armados del Magdalena Medio, al parecer “paramilitares” que ejercen control e imponen normas sobre los habitantes. “Dicen que a la gente que tiene malos procedimientos con el consumo de licor y drogas, entre otros, ellos le aplican castigos”, concluye Armando*.

Sobre las víctimas, Daniela* cuenta que a Yulieth la conocían como La Caquirra, y que este era uno de los apodos más sonados del municipio; además, asegura que era expendedora de drogas y que la menor asesinada, Michel Daina, era familiar suya.

Cuando indagamos por otras victimizaciones en Sonsón, nos encontramos con que hay casos de desplazamientos forzados y utilización de jóvenes para asuntos relacionados con el microtráfico. Daniela* cuenta que hay preocupación por parte de la Oficina de la Juventud del municipio y de la Secretaría de Educación porque hay muchos jóvenes adictos a la marihuana y otras drogas. Esta utilización, en últimas, ha llevado a que las principales víctimas de homicidios en el municipio sean sobre todo jóvenes y usualmente han estado relacionados con temas de microtráfico. “Este año van 14 homicidios, solo uno no tiene que ver con temas de microtráfico”, complementó Armando*.

* Nombres cambiados por seguridad de las personas entrevistadas.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 14:43

En la madrugada del 10 de enero de 2021, en el municipio de Betania, ubicado en el Suroeste del departamento de Antioquia, tuvo lugar una masacre en la que fueron asesinadas tres personas, miembros de una misma familia. Fue la segunda masacre de este año en el país y ocurrió a eso de las 4 de la mañana en un sector conocido como La Cuarenta, en el casco urbano del municipio, donde tres hombres armados asesinaron a Jonathan de Jesús Acevedo Londoño, de 23 años; a su mamá, María Guillermina Londoño, de 42 años, y a su padrastro, Juan Gabriel Zapata Cano. En un video publicado en Infobae, el director de seguridad de la Policía de Betania le atribuyó la responsabilidad de esta masacre al Clan del Golfo y ofreció una recompensa por información de los responsables.

Según algunas personas del municipio con las que pudimos conversar, Jonathan vivía con su mamá, su padrastro y dos o tres hermanos más. Además, coinciden en que, al parecer, Johathan estaba involucrado en temas de microtráfico, iban a asesinarlo a él, y la mamá y el padrastro terminaron siendo víctimas cuando intentaron intervenir para evitar dicho asesinato. Marta*, una mujer que vive en Betania desde hace 19 años, y que conocía a la familia que fue víctima de esta masacre, asegura que como Jonathan, en Betania los jóvenes han sido las principales víctimas de homicidios y usualmente se rumora que los casos están relacionados con temas de microtráfico.

En esta versión coincide Brian Montoya, personero del municipio, quien agrega que en Betania hay utilización de niños, niñas y adolescentes en actividades asociadas a microtráfico. Los actores armados “incentivan el consumo de drogas en niños y jóvenes, regalándoles pequeñas dosis que van generando adicción, por lo que después estos jóvenes empiezan haciendo mandados y terminan formando parte de estas bandas”.

La principal actividad económica de este municipio es el cultivo y recolección de café, y respecto a la presencia de actores armados, lo que sucede en Betania obedece a un aspecto general del Suroeste antiqueño. Carlos Zapata, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación (IPC), asegura que esta subregión del departamento de Antioquia está en medio de una disputa por el control del microtráfico al interior de las haciendas cafeteras. Y lo que sucede es la “proyección de una violencia urbana que se había caracterizado por estar presente en el Valle de Aburrá y que desde hace unos cinco años, tiene una proyección constante hacia la región del Suroeste antioqueño”, explica Zapata, quien además asegura que “desde hace más de una década se viene volviendo a la población recolectora de café adicta al consumo de sustancias psicoactivas. Entonces lo que está sucediendo es que las organizaciones del Valle de Aburrá empezaron a trasladar plazas de vicio incluso directamente a fincas y haciendas cafeteras”.

Zapata explica que, al Suroeste antioqueño, en primer lugar llegaron las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, con combos del corregimiento San Antonio de Prado, de La Miel, del municipio de Caldas; combos de la Comuna Trece de Medellín, entre otros; pero hubo una ruptura y la gente de La Miel empezó a denominarse Clan del Golfo y a enfrentarse por el control del territorio contras las AGC. Además, hay presencia de la Oficina de Envigado, sobre todo con combos del oriente de Medellín. “Clan del Golfo” es un nombre que el Estado ha usado para referirse a las AGC, pero en este territorio específico ocurre la particularidad de que, debido a la ruptura entre los combos que inicialmente llegaron, unos continúan dándose a conocer como AGC y otros, los mencionados anteriormente, como Clan del Golfo.

Según Brian Montoya, en este municipio específicamente, hay presencia del “Clan del Golfo, la Oficina de Envigado y según la Alerta Temprana 044 de 2020, la Defensoría del Pueblo alerta de que estos actores están teniendo alianzas con el ELN, con el objetivo de generar un espacio más transnacional de narcotráfico para hacer una ruta de salida del centro del país hacia el Chocó y del Chocó poder generar el tránsito hacia México”.

Marta* asegura que durante la época de recolección de café, el ambiente se pone más tenso; “yo trabajaba en finca y cuando es época de recolección se pone muy complicado porque todos los días llega gente y uno no sabe quién es, ni a qué viene realmente. Si vienen a coger café, a trabajar o a cogerse información”. Ella misma cuando trabajaba en la finca, fue testigo de la llegada de personas que, según ella, tenían actitudes sospechosas, “llegaban dizque a trabajar, pero se iban para los cafetales, trabajaban dos o tres horas y el resto dormían, eso es muy raro porque los que recolectan café, trabajan de 6 a 6, porque saben que tiene que pagar la comida, que es cara”.

Adicional a esto, Brian Montoya asegura que en Betania se recrudece el conflicto en la época de recolección de café y coincide en que se debe a la oportunidad que esta época representa para los actores armados dedicados al microtráfico. “Betania es un municipio con aproximadamente 10 mil habitantes y en tiempos de cosecha podemos tener 15 o 20 mil, entonces las fincas cafeteras se volvieron un punto estratégico para bandas criminales, ya que allí se ubica un potencial para la venta y consumo de sustancias, sobre todo en fincas grandes que pueden albergar a cerca de 200 o 300 trabajadores.

Cuando indagamos por otras victimizaciones en el municipio, nos encontramos con que en Betania hay un alto número de asesinatos. En 2020, por ejemplo, fueron asesinadas 40 personas, lo mismo que en Andes, con la diferencia de que ese municipio tiene alrededor de 40 mil habitantes más. Diez de estas víctimas corresponden a cafeteros asesinados en una masacre en noviembre. Además, según Brian Montonya, hay desplazamientos forzados, utilización de niños, niñas y adolescentes, y amenazas, de las que la misma Marta* contó haber sido víctima en varias ocasiones.

*Nombre cambiado por razones de seguridad.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 14:17

El 25 de abril de 2021 en Andes, Antioquia, fue perpetrada la que sería la masacre 32 en Colombia, la segunda en ese municipio en lo corrido del año. Ocurrió en una finca del corregimiento La Chaparrala, en la vereda Quebrada Arriba, a unos 30 minutos del casco urbano. Al igual que en la masacre anterior en este municipio, las víctimas fueron cinco recolectores de café, que fueron sacados a orillas de la carretera por hombres armados y posteriormente asesinados. Hasta el momento han sido identificados tres de ellos: Arley Darío Morales, Alexander Sucerquia y Gilberto Arnoldo Higuita Sucerquia, ninguno era oriundo del municipio; de hecho dos de ellos habían llegado la noche anterior a la masacre. De las otras dos víctimas, solo se sabe que también eran hombres. Respecto a los posibles responsables, las autoridades del municipio no se han pronunciado.

Andes es un municipio ubicado en el Suroeste de Antioquia, una de las nueve subregiones en las que está dividido el departamento. Su principal actividad económica es el cultivo de café y para Carlos Zapata, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación (IPC), esta masacre y otras en el Suroeste antioqueño, se dan en medio de la disputa por el control del microtráfico al interior de las haciendas cafeteras. Y es producto de la “proyección de una violencia urbana que se había caracterizado por estar presente en el Valle de Aburrá y que desde hace unos cinco años, tiene una proyección constante hacia la región del Suroeste antioqueño”, explica Zapata, quien además asegura que “desde hace más de una década se viene volviendo a la población recolectora de café adicta al consumo de sustancias psicoactivas. Entonces lo que está sucediendo es que las organizaciones del Valle de Aburrá empezaron a trasladar plazas de vicio incluso directamente a fincas y haciendas cafeteras”.

Zapata explica que, al Suroeste antioqueño, en primer lugar llegaron las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, con combos del corregimiento San Antonio de Prado, de La Miel, del municipio de Caldas; combos de la Comuna Trece de Medellín, entre otros; pero hubo una ruptura y la gente de La Miel empezó a denominarse Clan del Golfo y a enfrentarse por el control del territorio contras las AGC. Además, hay presencia de la Oficina de Envigado, sobre todo con combos del oriente de Medellín. “Clan del Golfo” es un nombre que el Estado ha usado para referirse a las AGC, pero en este territorio específico ocurre la particularidad de que, debido a la ruptura entre los combos que inicialmente llegaron, unos continúan dándose a conocer como AGC y otros, los mencionados anteriormente, como Clan del Golfo.

Duvan Graciano, personero del municipio y Frank Vanegas, editor de orden público, paz y derechos humanos del medio de comunicación local Conexión Sur de Andes, coinciden en que en el municipio de Andes, el control del tráfico de estupefacientes lo ha tenido la Oficina de Envigado y la disputa, desde hace unos cinco años, se da porque el Clan del Golfo “está queriendo ingresar, con acciones muy crueles, a controlar las plazas en la zona rural y el casco urbano”, afirma Vanegas, además, Graciano explica que lo que está sucediendo en Andes, se relaciona con la problemática de Betania y Ciudad Bolívar, “yo lo denomino conflicto en diagonal, porque los municipios de Ciudad Bolívar, Betania y Andes, incluso Jardín, están ubicados en zona en diagonal hacia el departamento del Chocó, donde tiene un gran posicionamiento el Clan del Golfo. Andes, además, tiene fronteras con el departamento de Risaralda, por lo que es un municipio estratégico para corredores de narcotráfico. Entonces, lo que se viene presentando es una avanzada de grupos armados en el territorio, para tener el control del mismo y poder negociar con las rentas internas y las internacionales”.

Adicional a esto, Graciano explica que La Chaparrala, donde ocurrió la masacre, es un corregimiento estratégico porque existe baja presencia de la fuerza pública y de allí se mueven hacia el corregimiento de Tapartó y al de Santa Inés. También se van hacia el municipio de Betania y de Betania hacia el de Ciudad Bolívar.

Las épocas de recolección de café en el Suroeste antioqueño van de septiembre a diciembre de cada año, después hay un período de recolección de menor importancia, conocido como la traviesa. En Andes es aproximadamente entre abril y mayo de cada año y, según Frank Vanegas, son estos periodos en los que se presentan las masacres, aumentan los homicidios, el consumo de drogas, lícor y la prostitución, debido a que al municipio, de 50 mil habitantes, llegan aproximandante 5 mil personas oriundas de otros municipios y departamentos y “así es muy dificíl poder ejercer algún control”, además también aumenta la circulación de dinero en efectivo.

Cuando indagamos por otras victimizaciones en Andes, encontramos que hay extorsiones, desplazamiento de familias que no pagan las vacunas exigidas por los grupos armados ilegales, o que se van por miedo y amenazas. De hecho, el mismo día de esta masacre, una familia denunció que les pidieron 10 millones de pesos. Tuvieron que irse, escoltados por la Policía, porque no tenían con qué pagarlos. Además, recientemente se habla de desapariciones forzadas, por el hallazgo de un cuerpo enterrado en el patio de una casa, en una vereda del corregimiento. En 2020 hubo 40 homicidios y para el 7 de mayo de 2021, ya iban 31.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 14:13

El 17 de febrero de 2021 en Andes, Antioquia, fue perpetrada la que sería la masacre número 12 en Colombia, en lo corrido del año. El hecho ocurrió en la finca La Ilusión de la vereda La Vela. Allí, según una publicación de El Tiempo, llegaron cinco hombres armados, ingresaron al lugar donde dormían los trabajadores, recolectores de café, sacaron a seis de ellos y asesinaron a Carlos Arturo Marulanda, de 51 años, oriundo del Valle del Cauca; a Jesús Antonio García Marulanda, de 50 años, del municipio de Pereira; a Alexander Benítez, de 31 años, del municipio de Andes, y a dos hombres de los que, a la fecha de escribir este texto, no se conocían sus nombres ni lugares de origen. El sexto hombre, identificado como Filemón Rodríguez, de 37 años, quedó herido.

Andes es un municipio ubicado en el Suroeste de Antioquia, una de las nueve subregiones en las que está dividido el departamento. Su principal actividad económica es el cultivo de café y para Carlos Zapata, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación (IPC), esta masacre y otras en el Suroeste antioqueño, se dan en medio de la disputa por el control del microtráfico al interior de las haciendas cafeteras. Y es producto de la “proyección de una violencia urbana que se había caracterizado por estar presente en el Valle de Aburrá y que desde hace unos cinco años, tiene una proyección constante hacia la región del Suroeste antioqueño”, explica Zapata, quien además asegura que “desde hace más de una década se viene volviendo a la población recolectora de café adicta al consumo de sustancias psicoactivas. Entonces lo que está sucediendo es que las organizaciones del Valle de Aburrá empezaron a trasladar plazas de vicio incluso directamente a fincas y haciendas cafeteras”.

Zapata explica que, al Suroeste antioqueño, en primer lugar llegaron las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, con combos del corregimiento San Antonio de Prado, de La Miel, del municipio de Caldas; combos de la Comuna Trece de Medellín, entre otros; pero hubo una ruptura y la gente de La Miel empezó a denominarse Clan del Golfo y a enfrentarse por el control del territorio contras las AGC. Además, hay presencia de la Oficina de Envigado, sobre todo con combos del oriente de Medellín. Esta masacre, según la publicación de El Tiempo, la Policía se la atribuyó al Clan del Golfo y hasta el momento de escribir este texto, no se conocían avances en la investigación. “Clan del Golfo” es un nombre que el Estado ha usado para referirse a las AGC, pero en este territorio específico ocurre la particularidad de que, debido a la ruptura entre los combos que inicialmente llegaron, unos continúan dándose a conocer como AGC y otros, los mencionados anteriormente, como Clan del Golfo.

Duvan Graciano, personero del municipio y Frank Vanegas, editor de orden público, paz y derechos humanos del medio de comunicación local Conexión Sur de Andes, coinciden en que en el municipio de Andes, el control del tráfico de estupefacientes lo ha tenido la Oficina de Envigado y la disputa, desde hace unos cinco años, se da porque el Clan del Golfo “está queriendo ingresar, con acciones muy crueles, a controlar las plazas en la zona rural y el casco urbano”, afirma Vanegas, además, Graciano explica que lo que está sucediendo en Andes, se relaciona con la problemática de Betania y Ciudad Bolívar, “yo lo denomino conflicto en diagonal, porque los municipios de Ciudad Bolívar, Betania y Andes, incluso Jardín, están ubicados en zona en diagonal hacia el departamento del Chocó, donde tiene un gran posicionamiento el Clan del Golfo. Andes, además, tiene fronteras con el departamento de Risaralda, por lo que es un municipio estratégico para corredores de narcotráfico. Entonces, lo que se viene presentando es una avanzada de grupos armados en el territorio, para tener el control del mismo y poder negociar con las rentas internas y las internacionales”.

Las épocas de recolección de café en el Suroeste antioqueño van de septiembre a diciembre de cada año, después hay un período de recolección de menor importancia, conocido como la traviesa. En Andes es aproximadamente entre abril y mayo de cada año y, según Frank Vanegas, son estos periodos en los que se presentan las masacres, aumentan los homicidios, el consumo de drogas, lícor y la prostitución, debido a que al municipio, de 50 mil habitantes, llegan aproximandante 5 mil personas oriundas de otros municipios y departamentos y “así es muy dificíl poder ejercer algún control”, además también aumenta la circulación de dinero en efectivo.

Cuando indagamos por otras victimizaciones en Andes, encontramos que hay extorsiones, desplazamiento de familias que no pagan las vacunas exigidas por los grupos armados ilegales, o que se van por miedo y amenazas, y recientemente se habla de desapariciones forzadas, por el hallazgo de un cuerpo enterrado en el patio de una casa, en una vereda del corregimiento. En 2020 hubo 40 homicidios y para el 7 de mayo de 2021, ya iban 31.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 14:12

Winston Prada Puentes, Heimer Ortiz Ballesteros, José Luis Vega Plata, Jesús Alberto Vega y Robinson Garay Barbos son las cinco víctimas de la que, según datos de Indepaz, sería la masacre número 17 perpetrada en Colombia en lo corrido de este 2021. Estos hombres, de entre 20 y 24 años, se encontraban la noche del sábado 6 de marzo en el billar Los Bienvenidos, ubicado en la vereda Oropoma del municipio de Ábrego, en Norte de Santander, cuando, en tres motocicletas, llegaron seis hombres encapuchados y armados. Uno de ellos, según el relato de algunos testigos, ingresó al lugar mientras los demás esperaban afuera y perpetró la masacre.

Según Marcos*, un hombre que por su trabajo frecuenta y conoce lo que sucede en Ábrego y sus corregimientos, los cinco hombres asesinados eran agricultores, pero uno de ellos “no estaba departiendo como los otros cuatro. Hablo de José Luis Vega Plata, quien estaba ahí porque la mujer atendía en el billar y él iba a recogerla”. Según le contó un sobreviviente de la masacre, al billar “entró un tipo, encañonó a uno de los que estaban ahí, miro alrededor y dijo: todos los que están aquí se van a morir, y empezó a disparar”. Marcos* también contó que algunos intentaron huir por las ventanas y que, además de los muertos, quedaron otros hombres heridos. Según una publicación de Infobae, los heridos fueron identificados como Diego Andrés Ortiz Guerrero de 20 años, José Julián Jiménez Coronel de 21 años, Deiby Sarabia Guevara de 21 años y Cristian Camilo Torrado Prada de 22 años, y fueron trasladados al hospital Noroccidental de Ábrego y al hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña.

Ábrego es un municipio que pertenece a la subregión del Catatumbo, ubicado en el noreste del departamento de Norte de Santander. Allí, según algunos medios de comunicación y el mismo Marcos*, hay presencia del Ejército de Liberación Nacional -ELN-, grupos residuales del Frente 33 de las Farc y el Ejército Popular de Liberación -EPL-, a quiénes se les conoce popularmente en la zona como Los Pelusos. Sin embargo, a la fecha de realizar esta entrevista, el 13 de mayo de 2021, las autoridades no habían señalado a ningún responsable y ninguno de estos actores armados ilegales se había adjudicado la masacre.

En esta zona, según explica Marcos*, hay un conflicto interno relacionado con el control de los cultivos ilícitos, el contrabando de combustible y, en un tercer nivel, el control de la minería ilegal. “Las guerrillas (ELN y EPL), que en años anteriores tenían acuerdos que incluían la división de las zonas donde podían estar y operar, el precio de compra y venta de la pasta de coca y las obligaciones que les correspondían a cada una, empezaron a tener problemas [...] porque los unos empezaron a querer comprar más barato y vender más caro de lo acordado, o empezaron a amenazar a las familias que les vendían al grupo contrario”, contó Marcos*, quien agregó que otro factor de discordia fue que al EPL lo empezaron a catalogar ya no como un grupo guerrillero sino paramilitar.

Tras la masacre, Diego Molano, ministro de Defensa de Colombia, fue al territorio para liderar un consejo de seguridad y en una rueda de prensa, dijo que “existían personas que aparentemente pertenecían a la organización criminal de Los Pelusos que estaban en el sitio”. Por estas declaraciones, Juan Carlos Vega, Deiner Ortiz y nueve familiares más de las víctimas de esta masacre, hicieron un video en el que le exigieron al ministro de Defensa retractarse. “Exigimos que limpien el nombre del hermano mío, que se retracten. Los compañeros que murieron ahí no son ninguno delincuente. Todos son trabajadores de la vereda. Son inocentes”, dijo Juan Carlos Vega, quien cuando ocurrieron los hechos, se encontraba en el billar con su hermano Jesús Alberto Vega, víctima de esta masacre. “Winston Prada era un muchacho trabajador, labrador del campo, un inocente que no se metía con ninguno. No es justo lo que están diciendo, señor ministro. Le exijo que se retracte de lo que dijo a nivel nacional. Ellos no eran ningunos guerrilleros como usted los está haciendo pasar. ¿Por qué dice eso sin ninguna justificación, sin haber investigado?”, añadió en el video el hermano de esta víctima, mientras los demás familiares entonaban: “le exigimos, le exigimos”.

El 25 de agosto de 2020, había ocurrido una masacre en la vereda de Capitanlargo, zona rural de Ábrego, que dejó a tres víctimas. Y en general, en la zona del Catatumbo, según Marcos*, hay secuestros, desapariciones forzadas, homicidios y estigmatización a personas que ejercen liderazgos o investigan más de la cuenta. “Aquí es difícil ser líder social porque si te metes con alguien que tiene poder, te amenazan o te matan. Tienes que atenerte a las consecuencias”, aseguró Marcos*, quien agregó que allí los grupos armados ilegales imponen castigos a quienes tienen conductas “indebidas”, castigos que pueden terminar en desplazamientos forzados. Además, “aquí los grupos armados ilegales hacen ‘limpiezas sociales’. Cuando hay robos o algo así la misma gente se los pide”, porque, explica Marcos*, el Estado no hace suficiente presencia en el territorio y terminan siendo los grupos armados ilegales los que intervienen.

*Nombre cambiado por seguridad de la persona entrevistada.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 14:11

El 2 de marzo de 2021 en Sumapaz fueron asesinados tres campesinos, dos de ellos en la vereda Chorreras y otro en el corregimiento de Alto del Duda. La primera muerte ocurrió en horas de la mañana, cuando dos hombres en motocicleta entraron a la casa de Pedro Damián Gonzáles de 45 años, y le dispararon con arma de fuego dos veces en su pecho.

La segunda a solo quince minutos del primer homicidio. Jimmy Rincón Blanco de 37 años, fue asesinado también con arma de fuego por los mismos dos hombres que irrumpieron en la casa de Pedro Damián. Ambos se dedicaban a las labores del campo desde hace varios años en la vereda Chorreras. Y el tercer asesinato fue el de Alexis Torres, un días después, en el corregimiento de Alto Duna, -zona limitrofe con el deparamento del Meta, cerca al río Duda- en límites con el páramo de Sumapaz y el municipio Uribe.

Las autoridades encontraron una moto abandonada a 40 minutos del lugar donde se registraron los dos primeros asesinatos, pero hasta el momento no se ha establecido quiénes fueron los autores, y las razones que motivaron estos hechos. Según la ONG Indepaz, la localidad de Sumapaz cuenta con la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo y bandas criminales locales.

Algunas organizaciones sociales, campesinas, ambientales, y diferentes procesos organizativos de Sumapaz, se pronunciaron a traves de radiomacondo.com, en rechazó el asesinato de campesinos que “historicamente han estado asentados en el Paramo de Sumpaz (...) rechazamos todo acto violento y toda acción en contra la dignidad y la vida,exigimos la más rigurosa investigación para establecer los hechos criminales que hoy enluta a la familia y la comunidad”.

La alcaldesa Claudia López dijo a El Espectador, que la hipótesis sobre quiénes fueron los responsables y las razones de su asesinato, “se debe es que hay enfrentamiento entre disidencias de las Farc. Por un lado estaría el grupo liderado por Gentil Duarte y, por el otro La Segunda Marquetalia, dirigidas por Santrich e Iván Márquez. (...) Tenemos zozobra e intimidaciones promovidas por grupos armados en la zona fronteriza con Bogotá, en la región del Duda. No tenemos evidencia de que estén en Sumapaz, pero sí están entrando a intimidar a nuestros ciudadanos, y a quienes se negaron a asistir a las citaciones, al parecer, fueron los que asesinaron”.

La alcaldesa también dijo para este medio, que otra de las razones que pudo signficar el asesinato de estos tres campesinos, se debe a que en la zona han sido entregados algunos predios por parte de la extinta guerrilla, para la reparación de víctimas, y uno de ellos está entre Chorreras y Lagunitas.

Históricamente Sumapaz a raíz de su posición geográfica, sobre la cordillera Oriental, ha sido una zona estratégica para los grupos armados en Colombia. Llegó a albergar a algunos grupos insurgentes, como La Caucha o Casa Verde de las Farc, quienes buscaron senderos que conectaran con el cañón del río Duda, en La Uribe, Meta. El Espectador documentó que por allí transitaron durante “mucho tiempo el Estado Mayor Central de la guerrilla pues además de ser un corredor ideal para el traslado de tropas y víveres, también lo era para llevar secuestrados hasta el sur del país”. Además, su historia ha estado marcada por la lucha agraria, y la organización campesina, liderada por Erasmo Valencia y Juan de la Cruz Varela, entre los años 40 y 50, de la que surgió el Partido Nacional Agrario.

Pero además, ha existido poca presencia del Estado y de eso da cuenta la comunidad, al explicar que existe poco desarrollo vial, por ende aún la forma de transitar el territorio en buena medida, aún se realiza por trocha. Hasta hace dos años recogen sus basuras, y durante los últimos seis meses la Alcaldía de Bogotá tiene sede en la localidad. También explican, que a pesar de que Sumapaz ha sido fuertemente golpeada por el conflicto armado, desde el 2019, no se presentaba ningún hecho de violencia contra sus habitantes, hasta el 2 de marzo de 2021. Ese día, tres personas fueron asesinadas en la vereda Chorreros y en el alto del Duda, donde aún se desconoce quienes fueron los responsables, y qué grupos armados se encuentran en la región.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 14:09

El jueves 22 de abril de 2021, en horas de la tarde, fueron asesinadas tres personas en la vereda El Águila, a treinta minutos de Cartagena del Chairá, Caquetá. Las víctimas fueron Wílmer Enrique Álvarez Medina, firmante del acuerdo de paz, que se encontraba en proceso de reincorporación y compareciente ante la JEP, y las otras dos, Arlinton Bravo y Julián Oviedo Tique.

Sus cuerpos fueron hallados con varios impactos de arma de fuego a la altura de la cabeza y boca abajo. Sobre uno de ellos pendía un letrero que decía: “Por extorsionistas e intimidadores a la población civil, a nombre de las Farc-Ep”. Según la ONG Indepaz, esta sería la masacre número 29 en Colombia durante el 2021.

Algunos medios locales como Chairá Estéreo y Canal Chairense, señalan que sus muertes podrían adjudicarse al grupo armado residual Bloque Suroriental, comandado por Gentil Duarte e Iván Mordisco, quien se disputa el territorio con la Segunda Marquetalia. Tras la muerte de Álvarez Medina, Colombia sumó un total de 276 asesinatos a nivel nacional, de exguerrilleros firmantes del acuerdo de paz, y 26 en lo que va del 2021.

Quince días más tarde, el 6 de mayo, también se registró en Cartagena del Chairá, vereda El Guamo, el asesinato de dos hombres. Uno de ellos, explican desde la MAPP OEA, era primo de Wílmer Medina, y su nombre era Javier Cediel Ramirez. Aún no se ha podido establecer la identidad del otro hombre.

El municipio de Cartagena del Chairá, por ser un territorio selvático, y San José del Fragua, al hacer parte de la bota caucana, y encontrarse cerca a la frontera con el Putumayo, junto al río Caquetá —principal afluente para transportar marihuana desde el Cauca hasta Brasil—, ambos se han convertido en lugares estratégicos para desarrollar la compra y venta de pasta de coca.

En el Caquetá actualmente operan el grupo armado residual Gentil Duarte e Iván Mordisco, en los municipios de Rionegro, San Vicente del Caguán, Remolino, y Cartagena del Chairá, algunos bajo el mando de su Frente Carolina Ramirez. Además de Comandos de la Frontera, la Segunda Marquetalia y del grupo armado delincuencial Los Caqueteños.

El río Caquetá es disputado por el frente Gentil Duarte e Iván Mordisco, y el grupo armado residual, Comandos de la Frontera, —conformado por algunas disidencias de las Farc-Ep, y miembros del grupo paramilitar Bloque Putumayo, junto a la Segunda Marquetalia—quien el pasado 15 de marzo de 2021, Comandos de la Frontera o Comandos Defensores de Frontera, Ejercito Bolivariano, anunció su unión a la Segunda Marquetalia, en un video conocido a través de la antigua pagina web de la guerrilla Farc-Ep, donde Comandos explicaba los motivos de su alianza.

Esta reconfiguración y expansión por el territorio, ha hecho que aumenten los casos de reclutamiento a menores en el país, y el departamento, especialmente en Solano, Cartagena del Chairá y Florencia, por lo que cada vez son más jóvenes quienes comandan estos grupos. Prueba de ello, ha sido la captura de María Edith Hurtado Ramón, alias ‘Marcela’, el pasado 6 de abril de 2021, quien reclutaba menores de edad para sumarlos a las filas del grupo armado organizado Carlos Patiño, en el Cauca.

Algunos grupos defensores de derechos humanos han denunciado que uno de los grupos que se disputa el Caquetá, trabaja con bandas delincuenciales en Florencia, como “La Constru”, “Los Escorpiones”, “Los Cobra” y “los Azules”. Convirtiéndose en su brazo sicarial y de control urbano en los centros poblados.También los desplazamientos y asesinatos selectivos que han ocurrido en la región.

El pueblo misak en febrero de 2020, fue desplazado de su resguardo El Águila, en el municipio de Solano, un mes antes de la pandemia, y desde entonces se encuentra asentado en el coliseo del municipio. Además, ese mismo año fueron asesinados el esposo e hijo de la presidenta de una junta de acción comunal en San José del Fragua, y Comandos de la Frontera, asesinó frente a toda la comunidad, algunos de sus miembros para sembrar miedo.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 14:07

El 10 de enero de 2021 en horas de la madrugada, fueron asesinados tres jóvenes campesinos, en la gallera El Picotazo de la vereda El Mochilero, corregimiento de Santo Domingo en Florencia, Caquetá, sobre la vía que comunica a este municipio con el de Morelia. Solo se conoce hasta el momento la identidad de dos de las tres víctimas: Yulián Sánchez y Kevin Mavesoy, reconocidos por su trabajo como caballistas.

La comunidad explica que un grupo de cuatro hombres armados sin mediar palabra, irrumpió en el lugar en una motocicleta y empezó a disparar contra quienes se encontraban allí, causando graves heridas a siete personas, que tuvieron que ser trasladadas al Hospital María Inmaculada, en Florencia. Se desconoce su estado de salud actual.

En la gallera se encontraban cerca de cincuenta personas departiendo, y dentro de las víctimas estarían hermanos, primos y conocidos de una misma familia. Aún se desconoce a los responsables, y la presencia de los grupos armados no es clara y constante en la zona.

En el Caquetá actualmente operan el grupo armado residual Gentil Duarte e Iván Mordisco, en los municipios de Rionegro, San Vicente del Caguán, Remolino, y Cartagena del Chairá, algunos bajo el mando de su Frente Carolina Ramirez. Además de Comandos de la Frontera, la Segunda Marquetalia y del grupo armado delincuencial Los Caqueteños.

El río Caquetá es disputado por el frente Gentil Duarte e Iván Mordisco, y el grupo armado residual, Comandos de la Frontera, —conformado por algunas disidencias de las Farc-Ep, y miembros del grupo paramilitar Bloque Putumayo, junto a la Segunda Marquetalia—quien el pasado 15 de marzo de 2021, Comandos de la Frontera o Comandos Defensores de Frontera, Ejercito Bolivariano, anunció su unión a la Segunda Marquetalia, en un video conocido a través de la antigua pagina web de la guerrilla Farc-Ep, donde Comandos explicaba los motivos de su alianza.

Esta reconfiguración del conflicto y la expansión de grupos armados por el territorio, ha hecho que aumenten los casos de reclutamiento a menores en el país, y el departamento, especialmente en Solano, Cartagena del Chairá y Florencia, por lo que cada vez son más jóvenes quienes comandan estos grupos. Prueba de ello, ha sido la captura de María Edith Hurtado Ramón, alias ‘Marcela’, el pasado 6 de abril de 2021, quien reclutaba menores de edad para sumarlos a las filas del grupo armado organizado Carlos Patiño, en el Cauca.

Algunos grupos defensores de derechos humanos han denunciado que uno de los grupos que se disputa el Caquetá, trabaja con bandas delincuenciales en Florencia, como “La Constru”, “Los Escorpiones”, “Los Cobra” y “los Azules”. Convirtiéndose en su brazo sicarial y de control urbano en los centros poblados.

También los desplazamientos y asesinatos selectivos que han ocurrido en la región. El pueblo misak en febrero de 2020, fue desplazado de su resguardo El Águila, en el municipio de Solano, un mes antes de la pandemia, y desde entonces se encuentra asentado en el coliseo del municipio. Además, ese mismo año fueron asesinados el esposo e hijo de la presidenta de una junta de acción comunal en San José del Fragua, y Comandos de la Frontera, asesinó frente a toda la comunidad, algunos de sus miembros para sembrar miedo.