Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 15:10

El 28 de marzo de 2021, dos hombres y una mujer fueron encontrados sin vida en el parque central del corregimiento de Villacolombia en Jamundí, con heridas de bala en la cabeza. Una de las víctimas era el líder campesino Ramiro Delgado; el otro hombre, José Mestizo, era un mototaxista, y Melba Carreño, una vendedora de cholados. Las primeras versiones sobre el hecho sostienen que las víctimas fueron obligadas a subir a un vehículo, fueron conducidas hasta el parque central y allí fueron asesinadas.

En la zona rural de Jamundí operan grupos herederos del paramilitarismo y grupos residuales de las FARC. El alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, hizo un llamado al Gobierno Nacional en su cuenta de Twitter para que dirija su atención hacia el municipio: "Desde el gobierno de los ciudadanos hemos aportado por una inversión social integral en el campo. Donde junto con la gente construyamos una página de las oportunidades y pasemos la página de la violencia. Pero solos no podemos". Según La Silla Vacía, en Jamundí influye mucho lo que sucede en el departamento vecino, el Cauca. Parte de eso se ve reflejado en los cultivos de coca que hay en la zona rural y la presencia del grupo armado residual de las FARC columna Jaime Martínez, afirma el medio de comunicación.

Para comprender los cambios y el recrudecimiento de la violencia en el Valle del Cauca y el Cauca, hay que remontarse a un punto de partida: la oleada de narcotráfico, paramilitarismo y presencia de grupos insurgentes del siglo pasado. En aquella década de los noventas se dieron unas configuraciones donde el conflicto se degradó radicalmente por la entrada del narcotráfico en todas las esferas de la sociedad civil y armada. Tanto la ciudadanía empresaria, terrateniente o desposeída, pasando por los gobiernos representando y manejando las fuerzas armadas, hasta los grupos insurgentes, paraestatales y delincuenciales, la mayor parte de la sociedad se inmiscuyó directa o indirectamente en el negocio del tráfico y producción del clorhidrato de cocaína.

Como lo menciona Nicole Bravo (2021) en su reporte para el medio La Silla Vacía, el norte del Valle era conocido por el cartel de narcotráfico que llevaba el mismo nombre en los 90 y que operó en Cartago, la ciudad más importante de esa subregión. Además, con la llegada del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en varias subregiones del Valle se dio una alianza entre agentes del Estado (de las Fuerzas Armadas o de Inteligencia), capos de este tipo de carteles y paramilitares, que en ese entonces tenía como objetivo eliminar un enemigo en común: los grupos armados que se auto-denominaban revolucionarios.

Existía presencia de grupos armados de distinta vertiente ideológica, desde el M-19 con una presencia más urbana en las laderas y zonas marginadas de la capital vallecaucana y algunas zonas veredales de corredores estratégicos, hasta guerrillas primordialmente rurales y campesinas como FARC, ELN y EPL. Ese escenario con tanta multiplicidad fue el antecedente de lo que muchos teóricos llamaron “la complejización del conflicto”. Al no haber dos bandos claramente identificados, tenían lugar en diversas partes del departamento disputas territoriales en una guerra de todos contra todos, que puede verse de forma más manifiesta en las fronteras del Valle con el departamento del Chocó.

Era un caldo de cultivo y un revuelto armado, ideológico y de lucro delincuencial que preparó y causó un contexto con unos actores y dinámicas que sirven de punto de partida para entender a los fenómenos de violencia a los que ahora asistimos en la actualidad; unas presencias sofisticadas, clandestinas y fragmentadas de grupos como EPL, ELN, bandas criminales que responden a intereses y disputas locales (por ejemplo, las BACRIM de Buenaventura llamadas La Local y La Empresa), Grupos Armados Residuales o disidencias de los dos acuerdos de paz (tanto el de los paramilitares con el gobierno Uribe, como el de las FARC con el gobierno Santos) y actores que completan una cadena a nivel micro y responden a dinámicas de mercados ilícitos de drogas, armas, extorsión y hurto.

Los municipios en los que estos grupos han tenido incidencia principalmente han sido Bolívar, El Dovio, Buga, Tuluá, Florida, Sevilla, Bugalagrande, Cartago, Buenaventura y Cali con su zona metropolitana (Palmira, Candelaria y Jamundí). La historia demostraría que con las disoluciones y capturas, de los cárteles y sus capos, el narcotráfico no acabaría ni entraría en crisis sino que mutaría, dejando de tener tanta influencia en la zona, pero reestructurándose por medio del microtráfico.

Los grandes carteles u oficinas de delincuentes de hace dos décadas dejaron de ser los que definen el mercado de drogas, ahora hay un mercado interno que depende de una oferta local. Así lo explica el experto en crimen organizado Alberto Sánchez (citado por Bravo, 2021). Y es que la violencia ahora es más selectiva pues no conviene que se demuestre su sistematicidad como se hizo en otras épocas con masacres y hechos victimizantes ocurridos en Sevilla, Trujillo, Buga y Buenaventura.

No, lo que aprendieron los nuevos capos y grupos al margen de la ley, es que no se trata de eliminar a todo contrincante o presunto enemigo para conseguir un monopolio del poder local, sino que se debe sobornar autoridades, asesinar de manera graneada y esporádica intentando vincular los hechos violentos con otras causas, establecer alianzas bajo cuerda con sectores formalmente establecidos (empresariado e industria del Valle) y mantener un bajo perfil. De esta forma, se mantiene más el negocio y no se corren riesgos innecesarios que tomaban en otras épocas los reconocidos y afamados capos del narcotráfico en el Valle del Cauca.

Antes de finalizar, es necesario resaltar varias cosas; aunque se haya transformado la forma en la que operan, siguen siendo los mismos fines: el lucro ilícito y la disputa de territorios estratégicamente posicionados por sus recursos y rutas. También, el hecho de que se haya complejizado y degradado el conflicto no quiere decir que los grupos armados, tanto los que nacen ideologizados y con pretensiones de toma del poder así como los que buscan dominar y mantenerse en un mercado ilegal, no cuenten con aceptación y legitimidad provenga de su actuar político o criminal.

Por todo ello es que se puede concluir que las dinámicas son lo único que cambia, ya que los actores son muchas veces los herederos e incluso los mismos de hace dos o tres décadas, solo que aprendieron y se mimetizaron ante el cambio en la permisividad que el Estado profería tan flagrantemente desde antaño. Ahora las redes, internet y muchos cambios tecnológicos que no responden a una lógica nacional influyen en las formas que se trafica, negocia y produce la droga. Sin embargo, de fondo y principalmente, sigue sin tratarse el tema desde la demanda y se ataca con un enfoque a la oferta, todavía se busca eliminar el producto natural con aspersión o fumigación aérea y todavía se ataca al criminal y no al sistema de falta de oportunidades educativas y laborales que lo genera.

Juan Manuel Torres, sociólogo y coordinador de la oficina Pares Pacifico en Buenaventura de la Fundación Paz y Reconciliación, explica que el Valle del Cauca y el Cauca están conectados primero a nivel regional por el grupo Armado Adan Izquierdo que opera en la cordillera occidental, por la zona de Tuluá, Buga e incluso Sevilla.

Además, tienen la conexión del Naya, la conexión de Jamundí con Los Farallones y la conexión con la costa Pacífica caucana. Estas características geográficas favorecen la conexión entre departamentos. También, se debe considerar que Cali, Jamundí y estas zonas del centro del Valle ha sido donde se hacen los grandes negocios del narcotráfico. En el Valle es que viven los grandes capos y además Cali es un corredor importante, no solo para la cocaína, sino que también es un corredor para las armas.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 15:08

En la tarde del 27 de marzo de 2021, dos hombres vestidos en negro y a bordo de una motocicleta, llegaron a la plaza de mercado de Cartago y dispararon contra cuatro personas que se encontraban en el lugar, dos hombres y dos mujeres.

Luego de la masacre, las autoridades activaron un ‘plan candado’ en el municipio. Sin embargo, no se han conocido capturas. La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, dijo ante el noticiero 90 minutos que las primeras hipótesis sobre el hecho afirman que se trató de “un enfrentamiento entre bandas dedicadas al microtráfico, que tienen injerencia en Risaralda, Quindío y el norte del Valle”.

De acuerdo con el diario El País, una de las víctimas, Julio César Montaño, tendría antecedentes penales por concierto para delinquir y porte y tráfico de estupefacientes. El diario también afirmó que las mujeres asesinadas eran trabajadoras sexuales.

Cartago, municipio del Norte del Valle, ha sido fuertemente golpeado por el conflicto y el narcotráfico. Fue uno de los municipios en donde operó el cartel del norte del Valle entre 1990 hasta 2008. Recientemente, la violencia está más centrada en el microtráfico. Según dijo el secretario de Seguridad del Valle, Camilo Murcia, a La Silla Vacía, actualmente, el EPL y el ELN tienen incidencia entre los municipios de Bolívar y El Dovio, municipios del norte del Valle. Sin embargo, una fuente militar negó la presencia de los ‘elenos’ en el departamento.

Para comprender los cambios y el recrudecimiento de la violencia en el Valle del Cauca y el Cauca, hay que remontarse a un punto de partida: la oleada de narcotráfico, paramilitarismo y presencia de grupos insurgentes del siglo pasado. En aquella década de los noventas se dieron unas configuraciones donde el conflicto se degradó radicalmente por la entrada del narcotráfico en todas las esferas de la sociedad civil y armada. Tanto la ciudadanía empresaria, terrateniente o desposeída, pasando por los gobiernos representando y manejando las fuerzas armadas, hasta los grupos insurgentes, paraestatales y delincuenciales, la mayor parte de la sociedad se inmiscuyó directa o indirectamente en el negocio del tráfico y producción del clorhidrato de cocaína.

Como lo menciona Nicole Bravo (2021) en su reporte para el medio La Silla Vacía, el norte del Valle era conocido por el cartel de narcotráfico que llevaba el mismo nombre en los 90 y que operó en Cartago, la ciudad más importante de esa subregión. Además, con la llegada del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en varias subregiones del Valle se dio una alianza entre agentes del Estado (de las Fuerzas Armadas o de Inteligencia), capos de este tipo de carteles y paramilitares, que en ese entonces tenía como objetivo eliminar un enemigo en común: los grupos armados que se auto-denominaban revolucionarios.

Existía presencia de grupos armados de distinta vertiente ideológica, desde el M-19 con una presencia más urbana en las laderas y zonas marginadas de la capital vallecaucana y algunas zonas veredales de corredores estratégicos, hasta guerrillas primordialmente rurales y campesinas como FARC, ELN y EPL. Ese escenario con tanta multiplicidad fue el antecedente de lo que muchos teóricos llamaron “la complejización del conflicto”. Al no haber dos bandos claramente identificados, tenían lugar en diversas partes del departamento disputas territoriales en una guerra de todos contra todos, que puede verse de forma más manifiesta en las fronteras del Valle con el departamento del Chocó.

Era un caldo de cultivo y un revuelto armado, ideológico y de lucro delincuencial que preparó y causó un contexto con unos actores y dinámicas que sirven de punto de partida para entender a los fenómenos de violencia a los que ahora asistimos en la actualidad; unas presencias sofisticadas, clandestinas y fragmentadas de grupos como EPL, ELN, bandas criminales que responden a intereses y disputas locales (por ejemplo, las BACRIM de Buenaventura llamadas La Local y La Empresa), Grupos Armados Residuales o disidencias de los dos acuerdos de paz (tanto el de los paramilitares con el gobierno Uribe, como el de las FARC con el gobierno Santos) y actores que completan una cadena a nivel micro y responden a dinámicas de mercados ilícitos de drogas, armas, extorsión y hurto.

Los municipios en los que estos grupos han tenido incidencia principalmente han sido Bolívar, El Dovio, Buga, Tuluá, Florida, Sevilla, Bugalagrande, Cartago, Buenaventura y Cali con su zona metropolitana (Palmira, Candelaria y Jamundí). La historia demostraría que con las disoluciones y capturas, de los cárteles y sus capos, el narcotráfico no acabaría ni entraría en crisis sino que mutaría, dejando de tener tanta influencia en la zona, pero reestructurándose por medio del microtráfico.

Los grandes carteles u oficinas de delincuentes de hace dos décadas dejaron de ser los que definen el mercado de drogas, ahora hay un mercado interno que depende de una oferta local. Así lo explica el experto en crimen organizado Alberto Sánchez (citado por Bravo, 2021). Y es que la violencia ahora es más selectiva pues no conviene que se demuestre su sistematicidad como se hizo en otras épocas con masacres y hechos victimizantes ocurridos en Sevilla, Trujillo, Buga y Buenaventura.

No, lo que aprendieron los nuevos capos y grupos al margen de la ley, es que no se trata de eliminar a todo contrincante o presunto enemigo para conseguir un monopolio del poder local, sino que se debe sobornar autoridades, asesinar de manera graneada y esporádica intentando vincular los hechos violentos con otras causas, establecer alianzas bajo cuerda con sectores formalmente establecidos (empresariado e industria del Valle) y mantener un bajo perfil. De esta forma, se mantiene más el negocio y no se corren riesgos innecesarios que tomaban en otras épocas los reconocidos y afamados capos del narcotráfico en el Valle del Cauca.

Antes de finalizar, es necesario resaltar varias cosas; aunque se haya transformado la forma en la que operan, siguen siendo los mismos fines: el lucro ilícito y la disputa de territorios estratégicamente posicionados por sus recursos y rutas. También, el hecho de que se haya complejizado y degradado el conflicto no quiere decir que los grupos armados, tanto los que nacen ideologizados y con pretensiones de toma del poder así como los que buscan dominar y mantenerse en un mercado ilegal, no cuenten con aceptación y legitimidad provenga de su actuar político o criminal.

Por todo ello es que se puede concluir que las dinámicas son lo único que cambia, ya que los actores son muchas veces los herederos e incluso los mismos de hace dos o tres décadas, solo que aprendieron y se mimetizaron ante el cambio en la permisividad que el Estado profería tan flagrantemente desde antaño. Ahora las redes, internet y muchos cambios tecnológicos que no responden a una lógica nacional influyen en las formas que se trafica, negocia y produce la droga. Sin embargo, de fondo y principalmente, sigue sin tratarse el tema desde la demanda y se ataca con un enfoque a la oferta, todavía se busca eliminar el producto natural con aspersión o fumigación aérea y todavía se ataca al criminal y no al sistema de falta de oportunidades educativas y laborales que lo genera.

Juan Manuel Torres, sociólogo y coordinador de la oficina Pares Pacifico en Buenaventura de la Fundación Paz y Reconciliación, explica que el Valle del Cauca y el Cauca están conectados primero a nivel regional por el grupo Armado Adan Izquierdo que opera en la cordillera occidental, por la zona de Tuluá, Buga e incluso Sevilla. Además, tienen la conexión del Naya, la conexión de Jamundí con Los Farallones y la conexión con la costa Pacífica caucana. Estas características geográficas favorecen la conexión entre departamentos. También, se debe considerar que Cali, Jamundí y estas zonas del centro del Valle ha sido donde se hacen los grandes negocios del narcotráfico. En el Valle es que viven los grandes capos y además Cali es un corredor importante, no solo para la cocaína, sino que también es un corredor para las armas.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 15:06

Hacia las 3 de la mañana del 24 de enero de 2021, tres hombres armados irrumpieron en una celebración de jóvenes en la finca Santa Marta en la vereda Cerro Rico de Buga. Los sujetos que llegaron al lugar preguntaban por Jacobo Peréz Vasquez, hijo del ingeniero civil Wilson Alberto Pérez, dueño de la finca donde ocurrió la masacre. Ingresaron y dispararon contra los ocupantes de la finca, causando la muerte de Jacobo Pérez Vasquez, de 18 años de edad, y sus amigos con quienes compartía en el lugar: Juan Pablo Marín, Nicolás Suárez y Sara García, de 18 años; y Valentina Arias, de 17 años.

En primera medida, las investigaciones de la Fiscalía, tras la pista de un celular de uno de los victimarios que fue encontrado en el lugar, señalaron como presuntos responsables al grupo residual de las FARC Adán Izquierdo, cuyo principal accionar delictivo se concentra en el municipio de Sevilla (Valle del Cauca). También expusieron la hipótesis de que la masacre fue resultado de un intento de secuestro de Juan Jacobo Pérez, hijo del dueño de la finca, el ingeniero civil Wilson Alberto Pérez, por presuntamente no haber pagado una extorsión.

Según un artículo publicado por El Tiempo el 23 de marzo, el ministro de Defensa, Diego Molano, en una cumbre de seguridad en el Valle del Cauca, que tuvo lugar en Cali el 20 de marzo, confirmó las primeras capturas de los ‘disidentes’, tres presuntos integrantes del grupo Adán Izquierdo, tras un operativo del Ejército en zona montañosa en el que murió una mujer, de quien se desconoce su identidad, que habría estado con los detenidos. En este artículo se comenta que tras la pista de esta masacre también se relacionó a otras bandas dedicadas al crimen, la extorsión y asaltos en la región.

Para comprender los cambios y el recrudecimiento de la violencia en el Valle del Cauca y el Cauca, hay que remontarse a un punto de partida: la oleada de narcotráfico, paramilitarismo y presencia de grupos insurgentes del siglo pasado. En aquella década de los noventas se dieron unas configuraciones donde el conflicto se degradó radicalmente por la entrada del narcotráfico en todas las esferas de la sociedad civil y armada. Tanto la ciudadanía empresaria, terrateniente o desposeída, pasando por los gobiernos representando y manejando las fuerzas armadas, hasta los grupos insurgentes, paraestatales y delincuenciales, la mayor parte de la sociedad se inmiscuyó directa o indirectamente en el negocio del tráfico y producción del clorhidrato de cocaína.

Como lo menciona Nicole Bravo (2021) en su reporte para el medio La Silla Vacía, el norte del Valle era conocido por el cartel de narcotráfico que llevaba el mismo nombre en los 90 y que operó en Cartago, la ciudad más importante de esa subregión. Además, con la llegada del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en varias subregiones del Valle se dio una alianza entre agentes del Estado (de las Fuerzas Armadas o de Inteligencia), capos de este tipo de carteles y paramilitares, que en ese entonces tenía como objetivo eliminar un enemigo en común: los grupos armados que se auto-denominaban revolucionarios.

Existía presencia de grupos armados de distinta vertiente ideológica, desde el M-19 con una presencia más urbana en las laderas y zonas marginadas de la capital vallecaucana y algunas zonas veredales de corredores estratégicos, hasta guerrillas primordialmente rurales y campesinas como FARC, ELN y EPL. Ese escenario con tanta multiplicidad fue el antecedente de lo que muchos teóricos llamaron “la complejización del conflicto”. Al no haber dos bandos claramente identificados, tenían lugar en diversas partes del departamento disputas territoriales en una guerra de todos contra todos, que puede verse de forma más manifiesta en las fronteras del Valle con el departamento del Chocó.

Era un caldo de cultivo y un revuelto armado, ideológico y de lucro delincuencial que preparó y causó un contexto con unos actores y dinámicas que sirven de punto de partida para entender a los fenómenos de violencia a los que ahora asistimos en la actualidad; unas presencias sofisticadas, clandestinas y fragmentadas de grupos como EPL, ELN, bandas criminales que responden a intereses y disputas locales (por ejemplo, las BACRIM de Buenaventura llamadas La Local y La Empresa), Grupos Armados Residuales o disidencias de los dos acuerdos de paz (tanto el de los paramilitares con el gobierno Uribe, como el de las FARC con el gobierno Santos) y actores que completan una cadena a nivel micro y responden a dinámicas de mercados ilícitos de drogas, armas, extorsión y hurto.

Los municipios en los que estos grupos han tenido incidencia principalmente han sido Bolívar, El Dovio, Buga, Tuluá, Florida, Sevilla, Bugalagrande, Cartago, Buenaventura y Cali con su zona metropolitana (Palmira, Candelaria y Jamundí). La historia demostraría que con las disoluciones y capturas, de los cárteles y sus capos, el narcotráfico no acabaría ni entraría en crisis sino que mutaría, dejando de tener tanta influencia en la zona, pero reestructurándose por medio del microtráfico.

Los grandes carteles u oficinas de delincuentes de hace dos décadas dejaron de ser los que definen el mercado de drogas, ahora hay un mercado interno que depende de una oferta local. Así lo explica el experto en crimen organizado Alberto Sánchez (citado por Bravo, 2021). Y es que la violencia ahora es más selectiva pues no conviene que se demuestre su sistematicidad como se hizo en otras épocas con masacres y hechos victimizantes ocurridos en Sevilla, Trujillo, Buga y Buenaventura.

No, lo que aprendieron los nuevos capos y grupos al margen de la ley, es que no se trata de eliminar a todo contrincante o presunto enemigo para conseguir un monopolio del poder local, sino que se debe sobornar autoridades, asesinar de manera graneada y esporádica intentando vincular los hechos violentos con otras causas, establecer alianzas bajo cuerda con sectores formalmente establecidos (empresariado e industria del Valle) y mantener un bajo perfil. De esta forma, se mantiene más el negocio y no se corren riesgos innecesarios que tomaban en otras épocas los reconocidos y afamados capos del narcotráfico en el Valle del Cauca.

Antes de finalizar, es necesario resaltar varias cosas; aunque se haya transformado la forma en la que operan, siguen siendo los mismos fines: el lucro ilícito y la disputa de territorios estratégicamente posicionados por sus recursos y rutas. También, el hecho de que se haya complejizado y degradado el conflicto no quiere decir que los grupos armados, tanto los que nacen ideologizados y con pretensiones de toma del poder así como los que buscan dominar y mantenerse en un mercado ilegal, no cuenten con aceptación y legitimidad provenga de su actuar político o criminal.

Por todo ello es que se puede concluir que las dinámicas son lo único que cambia, ya que los actores son muchas veces los herederos e incluso los mismos de hace dos o tres décadas, solo que aprendieron y se mimetizaron ante el cambio en la permisividad que el Estado profería tan flagrantemente desde antaño. Ahora las redes, internet y muchos cambios tecnológicos que no responden a una lógica nacional influyen en las formas que se trafica, negocia y produce la droga. Sin embargo, de fondo y principalmente, sigue sin tratarse el tema desde la demanda y se ataca con un enfoque a la oferta, todavía se busca eliminar el producto natural con aspersión o fumigación aérea y todavía se ataca al criminal y no al sistema de falta de oportunidades educativas y laborales que lo genera.

Juan Manuel Torres, sociólogo y coordinador de la oficina Pares Pacifico en Buenaventura de la Fundación Paz y Reconciliación, explica que el Valle del Cauca y el Cauca están conectados primero a nivel regional por el grupo Armado Adan Izquierdo que opera en la cordillera occidental, por la zona de Tuluá, Buga e incluso Sevilla. Además, tienen la conexión del Naya, la conexión de Jamundí con Los Farallones y la conexión con la costa Pacífica caucana. Estas características geográficas favorecen la conexión entre departamentos. También, se debe considerar que Cali, Jamundí y estas zonas del centro del Valle ha sido donde se hacen los grandes negocios del narcotráfico. En el Valle es que viven los grandes capos y además Cali es un corredor importante, no solo para la cocaína, sino que también es un corredor para las armas.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 15:04

El 12 de enero de 2021, en un sector de la Plaza de Mercado Santa Helena conocido como El Planchón —un sector pavimentado a un costado de la antigua carrilera sobre la calle 26 sobre el cual hay una galería—, llegaron dos sujetos disparando hacia dos hombres. Los agresores huyeron de inmediato en motocicletas. Una de las víctimas, de 35 años, sin precisar su identidad, murió en el lugar de los hechos, mientras que el otro hombre, identificado como Fabio Alonso Lenis, de 39 años, fue llevado a un centro asistencial, donde posteriormente falleció. En medio de los disparos, una bala perdida alcanzó a Luz Edilma Castañeda, comerciante de papa amarilla en la galería de 55 años de edad. Ella también fue llevada a un centro asistencial, pero murió debido a la gravedad de las heridas.

'El Planchón' es un lugar dedicado a la venta de alimentos, reciclaje, pero también, según lo que comentan varios vecinos del lugar, allí operan varias bandas delincuenciales dedicadas a la extorsión, robo y acopio de microtráfico. El 17 de febrero, las autoridades capturaron a los agresores, conocidos como alias 'Rojo', de 40 años y con antecedentes de tentativa de homicidio y hurto agravado; y alias 'Carreta', de 51 años, con antecedentes de tráfico de estupefacientes y extorsión. En cuanto a las razones del hecho, la Policía sostuvo que probablemente se trató de disputas internas entre grupos delincuenciales, algo que aún es tema de investigación.

Según afirmó el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Alberto Rojas, a 6 AM Hoy de Caracol Radio, este hecho de violencia es consecuencia de la disputa entre bandas por el control de las rutas del narcotráfico en la región.

Para comprender los cambios y el recrudecimiento de la violencia en el Valle del Cauca y el Cauca, hay que remontarse a un punto de partida: la oleada de narcotráfico, paramilitarismo y presencia de grupos insurgentes del siglo pasado. En aquella década de los noventas se dieron unas configuraciones donde el conflicto se degradó radicalmente por la entrada del narcotráfico en todas las esferas de la sociedad civil y armada. Tanto la ciudadanía empresaria, terrateniente o desposeída, pasando por los gobiernos representando y manejando las fuerzas armadas, hasta los grupos insurgentes, paraestatales y delincuenciales, la mayor parte de la sociedad se inmiscuyó directa o indirectamente en el negocio del tráfico y producción del clorhidrato de cocaína.

Como lo menciona Nicole Bravo (2021) en su reporte para el medio La Silla Vacía, el norte del Valle era conocido por el cartel de narcotráfico que llevaba el mismo nombre en los 90 y que operó en Cartago, la ciudad más importante de esa subregión. Además, con la llegada del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en varias subregiones del Valle se dio una alianza entre agentes del Estado (de las Fuerzas Armadas o de Inteligencia), capos de este tipo de carteles y paramilitares, que en ese entonces tenía como objetivo eliminar un enemigo en común: los grupos armados que se auto-denominaban revolucionarios.

Existía presencia de grupos armados de distinta vertiente ideológica, desde el M-19 con una presencia más urbana en las laderas y zonas marginadas de la capital vallecaucana y algunas zonas veredales de corredores estratégicos, hasta guerrillas primordialmente rurales y campesinas como FARC, ELN y EPL. Ese escenario con tanta multiplicidad fue el antecedente de lo que muchos teóricos llamaron “la complejización del conflicto”. Al no haber dos bandos claramente identificados, tenían lugar en diversas partes del departamento disputas territoriales en una guerra de todos contra todos, que puede verse de forma más manifiesta en las fronteras del Valle con el departamento del Chocó.

Era un caldo de cultivo y un revuelto armado, ideológico y de lucro delincuencial que preparó y causó un contexto con unos actores y dinámicas que sirven de punto de partida para entender a los fenómenos de violencia a los que ahora asistimos en la actualidad; unas presencias sofisticadas, clandestinas y fragmentadas de grupos como EPL, ELN, bandas criminales que responden a intereses y disputas locales (por ejemplo, las BACRIM de Buenaventura llamadas La Local y La Empresa), Grupos Armados Residuales o disidencias de los dos acuerdos de paz (tanto el de los paramilitares con el gobierno Uribe, como el de las FARC con el gobierno Santos) y actores que completan una cadena a nivel micro y responden a dinámicas de mercados ilícitos de drogas, armas, extorsión y hurto.

Los municipios en los que estos grupos han tenido incidencia principalmente han sido Bolívar, El Dovio, Buga, Tuluá, Florida, Sevilla, Bugalagrande, Cartago, Buenaventura y Cali con su zona metropolitana (Palmira, Candelaria y Jamundí). La historia demostraría que con las disoluciones y capturas, de los cárteles y sus capos, el narcotráfico no acabaría ni entraría en crisis sino que mutaría, dejando de tener tanta influencia en la zona, pero reestructurándose por medio del microtráfico.

Los grandes carteles u oficinas de delincuentes de hace dos décadas dejaron de ser los que definen el mercado de drogas, ahora hay un mercado interno que depende de una oferta local. Así lo explica el experto en crimen organizado Alberto Sánchez (citado por Bravo, 2021). Y es que la violencia ahora es más selectiva pues no conviene que se demuestre su sistematicidad como se hizo en otras épocas con masacres y hechos victimizantes ocurridos en Sevilla, Trujillo, Buga y Buenaventura.

No, lo que aprendieron los nuevos capos y grupos al margen de la ley, es que no se trata de eliminar a todo contrincante o presunto enemigo para conseguir un monopolio del poder local, sino que se debe sobornar autoridades, asesinar de manera graneada y esporádica intentando vincular los hechos violentos con otras causas, establecer alianzas bajo cuerda con sectores formalmente establecidos (empresariado e industria del Valle) y mantener un bajo perfil. De esta forma, se mantiene más el negocio y no se corren riesgos innecesarios que tomaban en otras épocas los reconocidos y afamados capos del narcotráfico en el Valle del Cauca.

Antes de finalizar, es necesario resaltar varias cosas; aunque se haya transformado la forma en la que operan, siguen siendo los mismos fines: el lucro ilícito y la disputa de territorios estratégicamente posicionados por sus recursos y rutas. También, el hecho de que se haya complejizado y degradado el conflicto no quiere decir que los grupos armados, tanto los que nacen ideologizados y con pretensiones de toma del poder así como los que buscan dominar y mantenerse en un mercado ilegal, no cuenten con aceptación y legitimidad provenga de su actuar político o criminal.

Por todo ello es que se puede concluir que las dinámicas son lo único que cambia, ya que los actores son muchas veces los herederos e incluso los mismos de hace dos o tres décadas, solo que aprendieron y se mimetizaron ante el cambio en la permisividad que el Estado profería tan flagrantemente desde antaño. Ahora las redes, internet y muchos cambios tecnológicos que no responden a una lógica nacional influyen en las formas que se trafica, negocia y produce la droga. Sin embargo, de fondo y principalmente, sigue sin tratarse el tema desde la demanda y se ataca con un enfoque a la oferta, todavía se busca eliminar el producto natural con aspersión o fumigación aérea y todavía se ataca al criminal y no al sistema de falta de oportunidades educativas y laborales que lo genera.

Juan Manuel Torres, sociólogo y coordinador de la oficina Pares Pacifico en Buenaventura de la Fundación Paz y Reconciliación, explica que el Valle del Cauca y el Cauca están conectados primero a nivel regional por el grupo Armado Adan Izquierdo que opera en la cordillera occidental, por la zona de Tuluá, Buga e incluso Sevilla. Además, tienen la conexión del Naya, la conexión de Jamundí con Los Farallones y la conexión con la costa Pacífica caucana. Estas características geográficas favorecen la conexión entre departamentos. También, se debe considerar que Cali, Jamundí y estas zonas del centro del Valle ha sido donde se hacen los grandes negocios del narcotráfico. En el Valle es que viven los grandes capos y además Cali es un corredor importante, no solo para la cocaína, sino que también es un corredor para las armas.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 14:58

El 2 de marzo del 2021, en el barrio Los Ángeles del municipio de Cáceres, fue perpetrada la masacre 16 en Colombia, según Indepaz. “Daniel iba con la novia para la casa, ya los bandidos estaban ahí, él escuchó, se paró y vio que estaba la mamá, la hermana, el hermano y la abuela. Cuando los manes lo vieron, levantaron los fusiles para dispararle y ahí fue cuando la mamá y la abuela se les tiraron encima a los bandidos, pero quedó uno libre, eran tres, y ese fue el que le disparó a Daniel, le pegó siete tiros, uno en los genitales y esa bala no salió [...], esa fue la que lo mató”, así relató el momento de la masacre Arturo*, un habitante de Cáceres, Antioquia, que conocía a Daniel y a su familia.

El 19 de marzo, tras varias cirugías y la amputación de una pierna, murió en el hospital Daniel David Gutiérez de 17 años. El 2 de marzo ya habían muerto su mamá, Sandra (38 años), y su abuela de 60. Todo esto ocurrió en presencia de la hermana mayor de Daniel y aunque tras el hecho una de las versiones conocidas se refiere a que Daniel era campanero de un grupo armado de la zona, Arturo* afirmó que eso no es verdad, que lo asesinaron porque se negó a ser reclutado por Los Caparros.

“Daniel y Kevin, su hermanito de 10 u 11 años, eran pescadores. Daniel pescaba desde los 10 años, ellos en ningún momento tenían vínculos con nadie [...] Daniel dejó de ir a pescar y le pregunté que qué pasaba y me dijo que lo tenían azarado. Él tenía una novia y ella le dijo que se fueran de ahí porque a ella también la estaban jalando y me contó que era porque Los Caparros querían que se metieran ahí y me dijo: usted sabe que yo no soy de eso. Yo le dije que se fuera, pero me dijo que no sabía pa’ donde coger, pero es que eran dos pelados de 17 años [...] Otro día me dijo: esta gente me quiere llevar y me dijo que si no me voy esta tarde con ellos, me matan”, así contó Arturo*, fragmentos de conversaciones con Daniel, días previos a su asesinato. Y como Daniel, otros jóvenes en Cáceres, y en general en el Bajo Cauca Antioqueño, están siendo reclutados por los grupos armados que hacen presencia en la zona.

Cáceres está ubicado en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, donde el cultivo de coca y la minería ilegal representan las principales actividades económicas de sus habitantes. Según un artículo publicado el 2 de mayo de este año en El Universal, La Contraloría General de la República emitió una alerta en el país, donde indica que el departamento de Antioquía constituye la mayor alerta ambiental al presentar una alta concentración de minería y cultivos de coca en 2019. Pero el cultivo de coca y la minería ilegal no es algo nuevo en esta subregión, lo que ha hecho que Cáceres, entre otros municipios del Bajo Cauca, estén en la mira de actores armados que quieren controlar las rentas ilegales de estas actividades.

Allí hay una disputa por el territorio entre Clan del Golfo y Los Caparros, y según Carlos Zapata, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de Instituto Popular de Capacitación -IPC-, también hay presencia del Ejército de Liberación Nacional -ELN-, pero “allá el ELN tiene un pacto con los actores armados para que lo dejen tranquilo. Ellos heredaron el impuesto de gramaje de los territorios que dejaron las FARC [...] Le cobran impuesto de gramaje al campesino y ‘vacuna’ al comprador. Están tranquilos fortaleciendo su economía de guerra y sin entrar en disputa con nadie”, asegura Carlos Zapata. Además, según un periodista de la zona, este actor armado está principalmente en las zonas rurales del territorio.

La presencia de estos grupos armados ha generado una crisis social en algunos municipios del Bajo Cauca, donde los asesinatos, amenazas, desplazamientos y reclutamientos forzados han hecho parte del diario vivir. Arturo cuenta que en Cáceres, y en general en el Bajo Cauca, a los jóvenes les ofrecen plata, los suben a las motos y así los endulzan con la intención de reclutarlos y que si no aceptan, los amenazan; incluso “hay partes por donde no puede pasar ningún joven porque los bajan y les dicen que se van con ellos o los tiran al río. Eso se da entre Puerto Valdivia, Valdivia y Caucasia. Los que más reclutan son Los Caparros, pero tenemos algo peor porque también el Clan del Golfo, el residuo de las Farc y el ELN están reclutando”, cuena Arturo*, quien complementa que muchos de los desplazamientos masivos que se vienen dando son consecuencia de esta problemática, que las familias se van porque no quieren dejar que sus hijos sean reclutados.

Ese 2 de marzo, la hermana mayor de Daniel, quien fue testigo de los hechos, y Kevin, su hermanito menor, se fueron del municipio a eso de las 9 de la noche gracias a que los vecinos recogieron dinero para sacarlos de ahí. Al momento de escribir este texto, no se conocían avances en la investigación de esta masacre y según las fuentes consultadas, los índices de esclarecimiento de homicidio en esta zona son muy bajos y las autoridades han lanzado hipótesis equivocadas, apresuradas y sin una investigación previa, donde se refieren a que los jóvenes asesinados eran consumidores, expendedores o estaban relacionados con los actores armados.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 14:57

El 18 de enero de 2021, en el barrio Las Palmas del municipio de Tarazá, Antioquia, ocurrió la que, según Indepaz, sería la quinta masacre en Colombia en lo corrido del año.

Fueron asesinados cuatro jóvenes: Jhon Deibi Cuello Jaramillo de 18 años, Deibinson Jaramillo de 17 años, Brian Duvan Tapias y un hombre más sin identificar, del que se sabe había prestado el servicio militar. Este último inicialmente quedó herido y fue trasladado a un hospital donde murió días después.

“Cuando supimos de la masacre, la información que nos llegó de las autoridades es que se trataba de un enfrentamiento entre grupos armados. Luego testigos contaron que no hubo tal enfrentamiento. Se trató de una masacre, fueron a matarlos”, así lo explicó Martín*, un periodista de la zona. En medios de comunicación también se encuentra la versión de que se trató de un enfrentamiento entre integrantes del Clan del Golfo y Los Caparros, dos grupos neoparamilitares que se disputan el control de ese territorio. Sin embargo, Martín* agregó que el lugar donde fueron asesinados los jóvenes, es un sitio montañoso, oscuro en las noches, alejado de las viviendas, señalado por ser un lugar de consumo de drogas y que, “con los grupos armados, el hecho de que las personas sean consumidoras o expendedoras es una sentencia de muerte”.

Tarazá está ubicado en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, una zona del departamento donde el cultivo de coca y la minería ilegal representan las principales actividades económicas de sus habitantes. Según un artículo publicado el 2 de mayo de este año en El Universal, La Contraloría General de la República emitió una alerta en el país, donde indica que el departamento de Antioquía constituye la mayor alerta ambiental al presentar una alta concentración de minería y cultivos de coca en 2019, y menciona a Tarazá como uno de los principales municipios donde se presenta esta problemática. Pero el cultivo de coca y la minería ilegal no es algo nuevo en esta subregión, lo que ha hecho que Tarazá, entre otros municipios de Bajo Cauca, estén en la mira de actores armados que quieren controlar las rentas ilegales de estas actividades.

Además del Clan del Golfo y Los Caparros, según Martín* y Carlos Zapata, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de Instituto Popular de Capacitación -IPC-, en el Bajo Cauca antioqueño también hay presencia del Ejército de Liberación Nacional -ELN-, pero “allá el ELN tiene un pacto con los actores armados para que lo dejen tranquilo. Ellos heredaron el impuesto de gramaje de los territorios que dejaron las FARC [...] Le cobran impuesto de gramaje al campesino y ‘vacuna’ al comprador. Están tranquilos fortaleciendo su economía de guerra y sin entrar en disputa con nadie.”, asegura Carlos Zapata; además, según Martín*, este actor armado está principalmente en las zonas rurales del territorio.

La presencia de estos grupos armados ha generado una crisis social en algunos municipios del Bajo Cauca, donde los asesinatos, amenazas y desplazamientos se han hecho parte del diario vivir. Marcela*, una mujer de Tarazá que salió desplazada en diciembre de 2019, explicó que la disputa de estos actores armados complicó la vida en el municipio, especialmente para las personas jóvenes y para los miembros de organizaciones sociales. “Muchas veces nos llegaron panfletos donde decían que estaban haciendo ‘limpieza social’ de todo lo que tuviera que ver con el consumo de sustancias psicoactivas, de todos los callejeros, de todas las putas. Salieron muchos panfletos con nombres propios y muchas mujeres jóvenes estaban en peligro por ser novias de uno u otro. Enviaban panfletos de lado y lado (de Los Caparros y el Clan del Golfo), el uno mandaba y luego el otro”.

Marcela* explica que, en Tarazá, se venía viviendo en medio de una tensa calma, pero desde 2018 la situación se agravó. Cuenta que, debido a que algunos jóvenes consumían drogas, los grupos armados empezaron a decir que: “o los muchachos se componen o se van. Componerse era dejar de tirar marihuana, dejar de salir y de ir a ciertos lugares. A mí eso me costó tener que sacar a mi hijo del municipio en 2018, pero muchos quedaron allá” y que “algunos chicos sí consumían drogas y salían a ‘parchar’, como dicen ellos, pero también salían a jugar futbol y lo hacían de manera libre, muy espontánea, y que consumieran o fueran rebeldes, no quería decir que estuvieran en diferentes grupos armados o en temas de microtráfico. Les encantaba estar con los amigos, de pronto fumando marihuana, pero nada más. Y obvio para conseguirla tenían que ir al sitio donde la venden”. Para Marcela, esto último pudo haber sido la razón del asesinato de Jhon Deibi, Deibinson, Brian Duvan y el otro joven, a quienes ella conocía; “estar en el lugar que estaban los puso en el ojo de los actores armados”, concluyó Marcela*.

Las fuentes consultadas coinciden en que, en el Bajo Cauca, y en este caso en Tarazá, los índices de esclarecimiento de homicidio son muy bajos. Y en que las autoridades han lanzado hipótesis equivocadas de manera apresurada. Por eso dicen “que era consumidor, que era expendedor o lo relacionan con los actores armados sin que haya una investigación”, complementó Martín.

*Nombres cambiados por razones de seguridad.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 14:55

El 2 de febrero de 2021, en la vereda El Tamaco del municipio de Tarazá, Antioquia, ocurrió la que, según Indepaz, sería la masacre número nueve en lo corrido del año, la segunda en ese municipio. Las víctimas fueron tres mineros identificados como Yonny Soto, Hawi Damián Macea y Óscar David Moreno, quien administraba la mina donde trabajaban estos dos hombres. Según una publicación de Infobae, este hecho fue atribuido a Los Caparros, grupo armado neoparamilitar que se disputa el control del territorio con el también neoparamilitar Clan del Golfo. Según esta misma publicación, días atrás, el dueño de la mina había denunciado ser víctima de extorsión. El crimen fue atribuido a la negación del pago de dicha extorsión.

Martín*, un periodista de la zona que posteriormente estuvo en el lugar de la masacre, dijo que los mineros tenían un punto de encuentro que era una finca abandonada donde eran recogidos en lancha y trasladados por el río Cauca hasta la mina, conocida con el mismo nombre de la vereda: El Tamaco. Ese día, mientras esperaban, “llegó el grupo armado Los Caparros y los asesinó”. Según el periodista, los tres hombres eran oriundos de Montería, capital del departamento de Córdoba, La Apartada, municipio de ese mismo departamento y de Caucasia, municipio del departamento de Antioquia.

Tarazá está ubicado en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, una zona del departamento donde el cultivo de coca y la minería ilegal representan las principales actividades económicas de sus habitantes. Según un artículo publicado el 2 de mayo de este año en El Universal, La Contraloría General de la República emitió una alerta en el país, donde indica que el departamento de Antioquía constituye la mayor alerta ambiental al presentar una alta concentración de minería y cultivos de coca en 2019, y menciona a Tarazá como uno de los principales municipios donde se presenta esta problemática. Pero el cultivo de coca y la minería ilegal no es algo nuevo en esta subregión, lo que ha hecho que Tarazá, entre otros municipios de Bajo Cauca, estén en la mira de actores armados que quieren controlar las rentas ilegales de estas actividades.

Además del Clan del Golfo y Los Caparros, según Martín* y Carlos Zapata, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de Instituto Popular de Capacitación -IPC-, en el Bajo Cauca antioqueño también hay presencia del Ejército de Liberación Nacional -ELN-, pero “allá el ELN tiene un pacto con los actores armados para que lo dejen tranquilo; ellos heredaron el impuesto de gramaje de los territorios que dejaron las FARC [...] Le cobran impuesto de gramaje al campesino y vacuna al comprador. Están tranquilos fortaleciendo su economía de guerra y sin entrar en disputa con nadie.”, asegura Carlos Zapata; además, según Martín*, este actor armado está principalmente en las zonas rurales del territorio.

La presencia de estos grupos armados ha generado una crisis social en algunos municipios del Bajo Cauca, donde los asesinatos, amenazas y desplazamientos se han hecho parte del diario vivir. Tanto así que para el momento de esta, la segunda masacre en el municipio, según cifras dadas a conocer por el secretario de Gobierno de Tarazá, Deivinson Montero, debido a la situación de violencia, 170 familias habían abandonado 18 veredas del territorio, además, el mismo secretario de Gobierno y el alcalde, Jerly Ferney Álvarez, habrían recibido amenazas. Para ese momento, el secretario contaba con esquema de seguridad y el Alcalde estaba despachando desde la ciudad de Medellín.

Además de las amenazas a alcaldes y otros gobernantes, asesinatos, desplazamientos y extorsiones, según las versiones de las fuentes consultadas, en esta subregión del departamento se viene presentando un grave problema con los jóvenes, quienes en medio de las disputas por el control del territorio, están siendo amenazados por medio de panfletos. Marcela*, una mujer de Tarazá que salió desplazada en diciembre de 2019, explicó que la disputa de estos actores armados complicó la vida en el municipio, especialmente para las personas jóvenes y para los miembros de organizaciones sociales. “Muchas veces nos llegaron panfletos donde decían que estaban haciendo ‘limpieza social’ de todo lo que tuviera que ver con el consumo de sustancias psicoactivas, de todos los callejeros, de todas las putas. Salieron muchos panfletos con nombres propios y muchas mujeres jóvenes estaban en peligro por ser novias de uno u otro. Enviaban panfletos de lado y lado (de Los Caparros y el Clan del Golfo), el uno mandaba y luego el otro”.

Las fuentes consultadas coinciden en que, en el Bajo Cauca, y en este caso en Tarazá, los índices de esclarecimiento de homicidio son muy bajos. Y en que las autoridades han lanzado hipótesis equivocadas de manera apresurada. Por eso dicen “que era consumidor, que era expendedor o lo relacionan con los actores armados sin que haya una investigación”, complementó Martín.

*Nombres cambiados por razones de seguridad.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 14:51

El 20 de febrero de 2021, en La Guajira tuvo lugar la que sería la masacre número 13 en Colombia en lo corrido de este año. En el cementerio de la comunidad de Ceura, exactamente sobre el kilómetro 47 de la vía que conduce de Riohacha a Maicao, fueron asesinados Felipe Epieyú y su hermano Ezequiel Epieyú, indígenas Wayúu miembros de la comunidad de Jitka; y un tercer hombre identificado como Ramón Hernández de 58 años, también indígena Wayúu, de origen venezonalo.

Los tres hombres asesinados se encontraban arreglando una bóveda para sacar los restos de una abuela de la comunidad. Un acto simbólico para los indígenas Wayúu. “Generalmente ellos invitan a muchas familias, se van hasta el frente del cementerio, los hombres limpian y las mujeres cocinan allí. Ellos tienen como una gran fiesta”, explicó Soraya Escobar, defensora del pueblo de La Guajira. Cuando fueron asesinados, había otros testigos en el cementerio que contaron que llegaron alrededor de 20 hombres armados y les dispararon a estos tres.

Esta masacre, según personas de la comunidad, se dio en medio de un conflicto interclanil, es decir, entre familias Wayúu. Soraya cuenta que en esa zona hay tres comunidades indígenas que son vecinas, la comunidad de Jitka, la comunidad de Montañita y la comunidad de Ceura. Hace siete años, las dos primeras eran aliadas, pero, según personas del sector, los de Jitka le robaron un ganado a los de Ceura, por lo que empezó una venganza que terminó afectando a la comunidad de Montañita, quienes ahora quieren sacar a los de Jitka del territorio, “diciendo que por ellos tienen los problemas, porque la gente a la que le robaron el ganado resultaron ser más fuertes en cuestión de guerra”.

Así las cosas, esta masacre fue atribuida a un hombre indígena conocido como Napo de la comunidad de Montañita y, según Soraya y Bety Josefa Martínez, periodista de la zona, desencadenó otros asesinatos en razón de venganza. Al día siguiente de la masacre, en Barrancas, un indígena de Jitka asesinó a uno de Montañita y el lunes 17 de mayo, asesinaron al hermano de Napo, a quien le habían atribuído la masacre. Además, Soraya agregó que “para los Wayúu la vida es un medio de solución de conflictos”; por eso, “para entrar a una mediación hay que esperar un poco a que se den los periodos de duelo y los periodos de decisión de guerra [...] porque cuando hay un muerto Wayúu, se reúnen los mayores y comienzan a definir qué van a hacer: si son delitos menores, si se van a ir a la guerra o si se van a mandar la palabra para buscar un arreglo. En esas reuniones evalúan la fuerza militar del otro clan [...] y si se ponen en contexto de guerra, actúan rápido con el fin de nivelar los muertos. Cuando los muertos están nivelados, hallan un ambiente para llegar a mediaciones”.

Una hipótesis adicional respecto a las razones por las que los de Montañita quieren desplazar a los de Jitka, es que por el territorio de Jitka pasaría un proyecto de energía, y si bien no se tiene certeza de que este proyecto energético tenga algo que ver en el problema, una persona de la zona aseguró que allí, “los grandes proyectos les prometen muchas cosas a las familias Wayuu, unos aceptan, otros no y por eso también hay enfrentamientos”.

Adicional a los homicidios que se han venido presentando en medio de estos conflictos interclaniles, en La Guajira, según la periodista Bety Josefa, se presentan casos de despojos de tierras que han denunciado algunos líderes indígenas. Además en la zona conocida con la Alta Guajira, la más al norte de este departamento, que es habitado en su mayoría por familias Wayúu, al parecer hay presencia de grupos armados ilegales que ejercen control sobre el territorio, y hay actividades de narcotráfico y contrabando “porque es un territorio muy extenso, rodeado de mar y con poca presencia de la fuerza pública, por lo cual es fácil sacar la droga”, agregó un habitante de la zona.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 14:45

“Primero se escucharon dos balazos y normal, simplemente eso. Luego empezó una balacera horrible y ya empezaron a gritar: ¡ey!, mataron a La Caquirra, mataron a La Caquirra. Que la niña está herida. Qué mataron otro man y ya, veinte minutos después bajó la Policía, llevaron a los dos heridos al hospital y llegando a Urgencias, se murieron”. Así narró una habitante del municipio de Sonsón el momento de la masacre perpetrada en ese municipio el domingo 25 de abril de 2021, cuando, a eso de las 10 de la noche, hombres armados llegaron a un casa del barrio La Calzada y asesinaron a Yulieth Natalia Díaz Carmona, de 26 años; Julián Vanegas Marulanda, de 23 años, y a Michel Daiana Sánchez Díaz, de 13 años.

Esta, la que sería la masacre número 33 en Colombia en lo corrido del 2021, fue atribuida por las autoridades del municipio a bandas criminales que se disputan el territorio, pero no fue señalada alguna en particular. Sin embargo, según Armando*, un hombre oriundo del municipio que se ha interesado por entender lo que allí sucede, explica que en Sonsón “el actor armado más reconocido es El Mesa, una organización de Bello que ha ido llegando a todo el Oriente antioqueño”. Adicional a esto, Armando* asegura que en Sonsón “no hay una disputa territorial sino que ya hay un grupo específico, en este caso El Mesa, que tienen control sobre el tema de microtráfico [...]. Ellos no permiten que otras personas hagan la actividad ilícita sin contar con ellos, por eso esa es una de las causas de las muertes y de la masacre que sucedió”.

Daniela*, una joven habitante del municipio, cuenta que allí hay “muchos barrios marginados donde no entra la Policía. Son barrios muy peligrosos donde se expende drogas. El más mencionado es La Calzada, donde ocurrió la masacre”. Como ella, Armando* asegura que este barrio “históricamente ha tenido actividades de carácter ilegal. Esa hace mucho tiempo fue una zona donde se ejercía la prostitución. Son dos cuadras. Allá vendían licor y cuando llegó el tema de la droga, pues también llegó allá; actualmente no se ejerce la prostitución pero sí la venta de drogas”.

De hecho, al hacer un rastreo de prensa de temas relacionados con microtráfico en Sonsón, el medio Mioriente, en una publicación del año 2018, menciona la captura de los integrantes de una banda delincuencial conocida con el nombre de este barrio: La Calzada. Además, se sabe que históricamente Sonsón ha tenido presencia del paramilitarismo. Armando*, por ejemplo, asegura que El Mesa es un grupo relacionado con el paramilitarismo y que en otras veredas como Los Medios, donde hay cultivos de café, hay presencia de actores armados del Magdalena Medio, al parecer “paramilitares” que ejercen control e imponen normas sobre los habitantes. “Dicen que a la gente que tiene malos procedimientos con el consumo de licor y drogas, entre otros, ellos le aplican castigos”, concluye Armando*.

Sobre las víctimas, Daniela* cuenta que a Yulieth la conocían como La Caquirra, y que este era uno de los apodos más sonados del municipio; además, asegura que era expendedora de drogas y que la menor asesinada, Michel Daina, era familiar suya.

Cuando indagamos por otras victimizaciones en Sonsón, nos encontramos con que hay casos de desplazamientos forzados y utilización de jóvenes para asuntos relacionados con el microtráfico. Daniela* cuenta que hay preocupación por parte de la Oficina de la Juventud del municipio y de la Secretaría de Educación porque hay muchos jóvenes adictos a la marihuana y otras drogas. Esta utilización, en últimas, ha llevado a que las principales víctimas de homicidios en el municipio sean sobre todo jóvenes y usualmente han estado relacionados con temas de microtráfico. “Este año van 14 homicidios, solo uno no tiene que ver con temas de microtráfico”, complementó Armando*.

* Nombres cambiados por seguridad de las personas entrevistadas.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 14:43

En la madrugada del 10 de enero de 2021, en el municipio de Betania, ubicado en el Suroeste del departamento de Antioquia, tuvo lugar una masacre en la que fueron asesinadas tres personas, miembros de una misma familia. Fue la segunda masacre de este año en el país y ocurrió a eso de las 4 de la mañana en un sector conocido como La Cuarenta, en el casco urbano del municipio, donde tres hombres armados asesinaron a Jonathan de Jesús Acevedo Londoño, de 23 años; a su mamá, María Guillermina Londoño, de 42 años, y a su padrastro, Juan Gabriel Zapata Cano. En un video publicado en Infobae, el director de seguridad de la Policía de Betania le atribuyó la responsabilidad de esta masacre al Clan del Golfo y ofreció una recompensa por información de los responsables.

Según algunas personas del municipio con las que pudimos conversar, Jonathan vivía con su mamá, su padrastro y dos o tres hermanos más. Además, coinciden en que, al parecer, Johathan estaba involucrado en temas de microtráfico, iban a asesinarlo a él, y la mamá y el padrastro terminaron siendo víctimas cuando intentaron intervenir para evitar dicho asesinato. Marta*, una mujer que vive en Betania desde hace 19 años, y que conocía a la familia que fue víctima de esta masacre, asegura que como Jonathan, en Betania los jóvenes han sido las principales víctimas de homicidios y usualmente se rumora que los casos están relacionados con temas de microtráfico.

En esta versión coincide Brian Montoya, personero del municipio, quien agrega que en Betania hay utilización de niños, niñas y adolescentes en actividades asociadas a microtráfico. Los actores armados “incentivan el consumo de drogas en niños y jóvenes, regalándoles pequeñas dosis que van generando adicción, por lo que después estos jóvenes empiezan haciendo mandados y terminan formando parte de estas bandas”.

La principal actividad económica de este municipio es el cultivo y recolección de café, y respecto a la presencia de actores armados, lo que sucede en Betania obedece a un aspecto general del Suroeste antiqueño. Carlos Zapata, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación (IPC), asegura que esta subregión del departamento de Antioquia está en medio de una disputa por el control del microtráfico al interior de las haciendas cafeteras. Y lo que sucede es la “proyección de una violencia urbana que se había caracterizado por estar presente en el Valle de Aburrá y que desde hace unos cinco años, tiene una proyección constante hacia la región del Suroeste antioqueño”, explica Zapata, quien además asegura que “desde hace más de una década se viene volviendo a la población recolectora de café adicta al consumo de sustancias psicoactivas. Entonces lo que está sucediendo es que las organizaciones del Valle de Aburrá empezaron a trasladar plazas de vicio incluso directamente a fincas y haciendas cafeteras”.

Zapata explica que, al Suroeste antioqueño, en primer lugar llegaron las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, con combos del corregimiento San Antonio de Prado, de La Miel, del municipio de Caldas; combos de la Comuna Trece de Medellín, entre otros; pero hubo una ruptura y la gente de La Miel empezó a denominarse Clan del Golfo y a enfrentarse por el control del territorio contras las AGC. Además, hay presencia de la Oficina de Envigado, sobre todo con combos del oriente de Medellín. “Clan del Golfo” es un nombre que el Estado ha usado para referirse a las AGC, pero en este territorio específico ocurre la particularidad de que, debido a la ruptura entre los combos que inicialmente llegaron, unos continúan dándose a conocer como AGC y otros, los mencionados anteriormente, como Clan del Golfo.

Según Brian Montoya, en este municipio específicamente, hay presencia del “Clan del Golfo, la Oficina de Envigado y según la Alerta Temprana 044 de 2020, la Defensoría del Pueblo alerta de que estos actores están teniendo alianzas con el ELN, con el objetivo de generar un espacio más transnacional de narcotráfico para hacer una ruta de salida del centro del país hacia el Chocó y del Chocó poder generar el tránsito hacia México”.

Marta* asegura que durante la época de recolección de café, el ambiente se pone más tenso; “yo trabajaba en finca y cuando es época de recolección se pone muy complicado porque todos los días llega gente y uno no sabe quién es, ni a qué viene realmente. Si vienen a coger café, a trabajar o a cogerse información”. Ella misma cuando trabajaba en la finca, fue testigo de la llegada de personas que, según ella, tenían actitudes sospechosas, “llegaban dizque a trabajar, pero se iban para los cafetales, trabajaban dos o tres horas y el resto dormían, eso es muy raro porque los que recolectan café, trabajan de 6 a 6, porque saben que tiene que pagar la comida, que es cara”.

Adicional a esto, Brian Montoya asegura que en Betania se recrudece el conflicto en la época de recolección de café y coincide en que se debe a la oportunidad que esta época representa para los actores armados dedicados al microtráfico. “Betania es un municipio con aproximadamente 10 mil habitantes y en tiempos de cosecha podemos tener 15 o 20 mil, entonces las fincas cafeteras se volvieron un punto estratégico para bandas criminales, ya que allí se ubica un potencial para la venta y consumo de sustancias, sobre todo en fincas grandes que pueden albergar a cerca de 200 o 300 trabajadores.

Cuando indagamos por otras victimizaciones en el municipio, nos encontramos con que en Betania hay un alto número de asesinatos. En 2020, por ejemplo, fueron asesinadas 40 personas, lo mismo que en Andes, con la diferencia de que ese municipio tiene alrededor de 40 mil habitantes más. Diez de estas víctimas corresponden a cafeteros asesinados en una masacre en noviembre. Además, según Brian Montonya, hay desplazamientos forzados, utilización de niños, niñas y adolescentes, y amenazas, de las que la misma Marta* contó haber sido víctima en varias ocasiones.

*Nombre cambiado por razones de seguridad.