Menonitas deforestan un territorio ancestral en el Meta

Los menonitas, una rama del cristianismo anabaptista, se han asentado en varios países de Latinoamérica, donde suman denuncias ambientales por deforestación. En Colombia han quemado al menos 135 hectáreas de bosque en la Altillanura, lo que ha afectado la conexión entre los ecosistemas amazónicos y andinos en un territorio reclamado por indígenas sikuani.

Por Rutas del Conflicto, Mongabay Latam y La Liga Contra el Silencio

Extensos kilómetros de tierra rojiza lista para cultivar acogen a una comunidad menonita en La Cristalina, una vereda ubicada en el municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta. Durante seis años este grupo religioso protestante ha construido caminos y 41 kilómetros de alumbrado en más de 29 000 hectáreas que ha ido adquiriendo. Pero esa intervención, según denuncias de tres comunidades indígenas sikuani, ha provocado daños ambientales en un lugar reclamado como territorio ancestral desde 2017.

El reino de los menonitas no parece de este mundo. Separados de la población local, hombres y mujeres de rasgos europeos hablan un español torpe y viven en casas cuya arquitectura remite a los suburbios de los Estados Unidos. El predio principal, donde atienden a los visitantes, está en Liviney, una finca de mil hectáreas. La casa está rodeada de flores y árboles pequeños, dicen que esa es su forma de cuidar el ambiente.

Entrar a sus predios es imposible, a menos que uno llegue acompañado de otro menonita, en una visita rápida y siempre frente a una abogada que asesora a la comunidad. Ellos dicen que no hablan español; que les resulta difícil comunicarse con las autoridades y con los campesinos e indígenas que han habitado estas tierras mucho antes que ellos. Sin embargo, cuando necesitan defenderse de las acusaciones por acumulación de tierra o daño a los recursos naturales, los líderes usan un español fluido con una mezcla de acento alemán y mexicano.

Nadie explica cómo estas personas supieron, desde México, que una zona en la altillanura colombiana permanecía alejada de la atención del Estado y de los medios de comunicación. Puerto Gaitán padeció la violencia paramilitar durante más de tres décadas, y existió allí un campo de entrenamiento que fue usado por las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada, en un predio llamado El Brasil, en la vereda La Cristalina, colindante con los predios ocupados por los menonitas. 

Esta zona cuenta con energía eléctrica y acueducto apenas desde 2007, y todavía carece de carreteras que permitan sacar los cultivos de las fincas hacia los mercados. Sin embargo, nada de eso los disuadió. “Se nos acabó la tierra en Chihuahua [México] y necesitábamos colonizar”, dijo uno de ellos que no quiso ser identificado. 

En esta primera entrega sobre la llegada de los menonitas a Colombia, Rutas del Conflicto, Mongabay Latam y La Liga Contra el Silencio investigaron denuncias planteadas ante las autoridades del departamento, que estudian la posibilidad de sancionar y demandar a esta comunidad por perturbación ambiental. Los menonitas enfrentan procesos similares por deforestación en otros países de Latinoamérica.

Las denuncias

Abram Loewen, un líder menonita de la zona, habla pausado, es atento con sus visitantes, pero siempre desconfía al responder. Sentado frente a su casa y con las manos en la nuca contó que al llegar a la finca Liviney encontraron una sabana apta para el cultivo. “Nosotros no tocamos los bosques. Ahí están”, dijo mientras señalaba una pequeña hilera de árboles que divide esa finca de otras.

Pero las denuncias por la quema y la tala de bosques han llegado a la Secretaría de Ambiente de Puerto Gaitán y a Cormacarena, la autoridad ambiental del departamento del Meta. 

Los pobladores indígenas sikuani son los que más han alzado la voz. Las comunidades de Barrulia, Iwitsulibo y Tsabilonia volvieron a Puerto Gaitán entre 2009 y 2011, tras ser desplazadas por la tortura y las masacres que sufrieron por parte de colonos y militares, en eventos que se conocen como las “jaramilladas”. 

En su recuperación del territorio, las comunidades indígenas empezaron a extrañar los animales que veían en las sabanas y a los peces en las fuentes de agua. El olor a quemado y las nubes de humo los alertaron. 

“Nosotros vivimos de la caza y de la pesca, y los cultivos de ellos están muy cerca de los caños. El agua se contamina y los peces no vuelven. Nos toca coger agua de esos caños que se están secando”, contó un líder indígena que tiene protección del Estado por amenazas. Omitimos su nombre por seguridad.

El 16 de marzo de este año la Secretaría de Ambiente de Puerto Gaitán hizo una visita ocular motivada por una denuncia de tala de bosques de galería —que crecen en las márgenes de los cuerpos de agua—. “La Policía ambiental del municipio nos remitió el caso y fuimos con Cormacarena [autoridad ambiental regional] a ver los dos predios que decían que tenían daños”, contó Ninfa Novoa, ingeniera ambiental y funcionaria de la Alcaldía. 

Durante la visita los funcionarios fotografiaron los arados para los cultivos y varios árboles caídos que se usan para la construcción de vías dentro de los predios. Según los pobladores indígenas, después de eso no tuvieron más noticias de las autoridades ni de las acciones que tomarían. Aún así, los líderes sikuani siguieron advirtiendo sobre la quema, la tala y la construcción de puentes sobre los caños. 

imágenes satelitales del cambio del uso del suelo: en 2015, un año antes  de la llegada de los menonitas y  en 2021. Se estima que han deforestado 135 hectáreas según Cormacarena.

La investigación preliminar de Cormacarena indica que los menonitas supuestamente quemaron 42 hectáreas de bosques, una extensión equiparable a 70 canchas de fútbol aproximadamente.  Aunque para el momento de la inspección la tierra debería de haber estado descansando de las quemas, insecticidas y del efecto de los monocultivos -como suele suceder entre marzo y abril-, la colonia menonita de Puerto Gaitán ya había empezado con la adecuación del suelo previo a la siembra. La época de lluvia este año se adelantó y esa fue la justificación para empezar a preparar antes de tiempo las tierras para los cultivos de soja, arroz y maíz.

Las autoridades ambientales volvieron el 24 de marzo y encontraron la tierra quemada.  “Estaban realizando quemas, que es donde se ha visto mayoritariamente la afectación de los bosques nativos”, dijo el director de Cormacarena, Daniel Felipe García, en una entrevista con La W

Ese día se levantó un acta con compromisos para la comunidad menonita. “Se evidenció alteraciones en los recursos naturales. (...) La comunidad se compromete a acatar el complimiento de las leyes, decretos y resoluciones en cuanto a la preservación, conservación y protección del medio ambiente”, dice el documento.

Cormacarena estimó, en la segunda visita, que la extensión afectada era mucho mayor: 135 hectáreas de bosque de galería. Por ello  los menonitas se encuentran involucrados en tres procesos en etapa de revisión judicial por tala indiscriminada y quema a cielo abierto. De hecho, en respuesta a un derecho de petición, la entidad dijo que ya tiene un concepto técnico donde se demuestran los impactos ambientales derivados de estas intervenciones en los predios Liviney y Campo Alegre, pero todavía no se dado a conocer la decisión (ver respuesta).

“Nosotros aquí estamos para arreglar”, contó, refiriéndose al dinero que podrían pagar si son declarados culpables en alguno de los procesos administrativos.

 

Avanza una investigación

Los líderes de la colonia menonita y su abogada, Jenny Díaz, insisten en que no han quemado ni talado bosque, pero los hallazgos de las investigaciones sancionatorias de Cormacarena, iniciadas en abril de 2020, contra Abraham Wolle Frossen, un líder de esa comunidad, muestran evidencia concreta.

En una visita de Cormacarena el 30 de abril de ese año a los predios de la comunidad religiosa, mientras verificaban los permisos para el aprovechamiento de madera, encontraron a dos personas que talaban árboles nativos de hasta 20 metros de altura.  Por este y otros hallazgos, la investigación se enfoca en la tala y quema a cielo abierto de 93 hectáreas en Campo Alegre, un predio de 6200 hectáreas contiguo a la finca Liviney, en territorio ancestral reclamado por comunidades indígenas sikuani.

En el informe técnico elaborado por los funcionarios de Cormacarena que visitaron el área afectada, se lee que encontraron troncos abandonados y árboles jóvenes. También que se decomisó la maquinaria y se suspendieron los permisos. 

La Alcaldía de Puerto Gaitán y Cormacarena iniciaron conversaciones con la comunidad menonita solo hasta mayo de 2021 para determinar cuántos árboles deben sembrar y de qué especies nativas pues aseguran que la sanción es inminente. Sin embargo, todavía no se conoce el acuerdo al que llegaron ni el documento sancionatorio. 

La ingeniera Ninfa Novoa explicó que cualquiera, al aprovechar recursos naturales, debe hacer una compensación. “Nosotros establecimos que harían reforestación en los lugares que habían impactado”, dijo la funcionaria de la Secretaría de Ambiente de Puerto Gaitán. 

Pero la reforestación, para los expertos Tania González, bióloga y doctora en Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, y Pablo Stevenson, biólogo y doctor en Filosofía Antropológica de la Universidad de Nueva York, no es tarea sencilla y requiere mucho tiempo. “Se presume que pueden pasar 200 o 300 años para que los bosques se recuperen totalmente”, afirmó Stevenson. 

El tiempo no es el único factor en juego. Para González, la siembra de árboles requiere de estudios rigurosos y cuidados que empiezan con la recuperación del suelo. Además, hay altas probabilidades de que los árboles nuevos mueran porque las condiciones en los alrededores no cambian, es decir, persisten las amenazas ambientales.

La tala y quema de bosques de galería

La Orinoquia, en especial la altillanura, está conformada por extensas sabanas y parches de bosque de galería. Sin embargo, desde hace unos siete años las sabanas se han extendido a costa de la deforestación. 

“Cuando el hombre quema y ayuda a que se destruyan los bosques, se hacen sabanas. Los árboles crecen poco y se pueden generar más incendios. Y generar un bosque es muy complicado”, explicó el biólogo Pablo Stevenson. 

La destrucción de estos bosques significa un cambio en el uso del suelo. Un líder indígena afirmó que la comunidad menonita llegó con maquinaria para la tala en 2016. “Entré y la vi en los predios. Unos arados, otros haciendo vías y otros quemando pasto para cultivar. Nuestros sitios sagrados están siendo cambiados”, dijo.

El Consejo Nacional de Política Económica y Social —organismo asesor del gobierno en lo que respecta al desarrollo económico y social del país—, en su documento Conpes de 2014, afirmó que la altillanura contaba con ocho millones de hectáreas con potencial agroindustrial. Sin embargo, las tensiones entre las comunidades indígenas y las empresas que siembran soja, maíz y arroz, se incrementan por los impactos ambientales sobre el territorio. 

De hecho, los menonitas no han sido los únicos con procesos sancionatorios; la empresa Colombia Agro, conformada por exdirectivos de la multinacional Cargill, enfrenta procesos penales por daño ambiental en el municipio vecino de Cumaribo, Vichada. (ver historia)

Las quemas para sembrar monocultivos tienen tres grandes impactos en los ecosistemas de la Orinoquía, donde los bosques de galería crecen cerca de los cuerpos de agua y protegen al ecosistema en tiempos de sequía. El primero, de acuerdo con la  bióloga Tania González, es que los bosques de galería son de vital importancia en los ciclos hidrológicos. “Suministran el agua dulce y albergan nutrientes para la fauna y flora que habita en la región”, dijo.

En segundo lugar, la tala de estos árboles repercute en la vida de los animales y en la pesca de los indígenas. “En el caño Muco se miraba pescado pavón real, cachama y bocón, que es un pez bien grande. Pero en este momento no se ve nada. Tampoco volvieron las tortugas terecay”, contó el líder indígena. 

Finalmente, los bosques de galería, según el biólogo del Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Nacional, Juan Manuel Rengifo, también funcionan como corredores ecológicos para la movilidad de especies. “En un entorno natural tan fragmentado como el de nuestro país, este papel es clave al conectar áreas naturales y ecosistemas. Y es aún más importante en la altillanura, donde no predominan las coberturas boscosas”. 

Por su parte, el doctor Stevenson, de la Universidad de Nueva York, comentó que la tala rompe con el ecosistema de la Orinoquía y genera otro fuerte impacto: la emisión de CO2. 

Una de las principales funciones de estos bosques es la fijación de carbono, lo que ayuda a combatir el cambio climático. “Los bosques de galería van a ser mucho más efectivos en la captura del CO2 del ambiente que una sabana. Son tan importantes como los de la Amazonia”, dijo Stevenson. 

Cuando se producen quemas, como las que habrían hecho los menonitas entre 2020 y 2021, puede que rápidamente crezcan unos árboles llamados yarumos, que sirven de sombra para que otras especies, que no soportan el sol directo, crezcan también. Sin embargo, los yarumos son conocidos por su madera frágil y su tallo hueco les impide guardar carbono como otras especies. 

En la vereda La Cristalina los cultivos de soja y maíz se pierden en el horizonte. Quedan algunos árboles altos, pero los habitantes de la zona dicen que desaparecerán cuando se extienda la siembra. Los sikuani han visto el cambio en la calidad del agua de los caños, pero también han visto desaparecer los venados, los osos palmeros y los pecarí barbiblancos conocidos como cajuches, muchos de ellos ahuyentados por el ruido de las máquinas. 

El coordinador del Programa Evaluación y Monitoreo de la Biodiversidad del Instituto Humboldt, José Manuel Ochoa, explicó que animales como los osos palmeros desaparecen de estos ecosistemas por la pérdida del bosque. “El oso pasa la mayor parte del tiempo en las sabanas buscando alimento, pero debe volver en la noche al bosque para protegerse. Muchas especies necesitan de los bosques para resguardarse de los cambios climáticos”, explicó Ochoa.

No es la primera vez 

Jenny Díaz, la abogada de los menonitas, con una carpeta donde guarda los permisos de Cormacarena, aseguró que todas las denuncias de tala y quema son falsas. “Esto es un montaje de los medios de comunicación. Los indígenas son los que provocan los incendios”, acusó Díaz.

Como investigó Mongabay Latam en su texto Menonitas en Perú: fiscalías de Loreto y Ucayali investigan deforestación de 2.500 hectáreas en la Amazonía, otras comunidades menonitas, también provenientes de México, deforestaron en el país sudamericano para sembrar soja, maíz y girasol. Los menonitas llegaron a Perú en 2016, año en que también desembarcaron en Colombia. “Salimos de allá porque necesitábamos más campo para vivir”, dijo un miembro de la comunidad religiosa. 

Una escena que se repite en el territorio donde se ha establecido la colonia menonita en Masisea, Perú. Foto: Sebastián Castañeda.

En ambos casos los menonitas olvidaron mencionar una parte. En México esta comunidad enfrenta procesos judiciales por aprovechamiento de agua y tala indiscriminada. La Procuraduría de Protección al Ambiente del estado de Quintana Roo, al sur de ese país, señaló que al menos el 80 % de las tierras en manos de estas comunidades fueron devastadas y los líderes menonitas están a la espera de sanciones. 

La Procuraduría mexicana afirmó también que uno de los principales problemas para atender la deforestación de esta comunidad es la lejanía de las zonas devastadas. Curiosamente, casi las mismas palabras usó el director de Cormacarena, Daniel Felipe García, para explicar el caso colombiano: “es una zona de difícil acceso incluso para nosotros. Nos hemos desplazado a los predios, según nos han advertido”, dijo a La W. 

Pero no solo se trata de Perú, México y Colombia, en agosto de 2020 ocurrió una extraña mortandad de peces en la laguna Concepción, dentro de un área protegida en Bolivia. Como lo investigó Mongabay Latam en Bolivia: cuatro claves sobre la deforestación causada por las colonias menonitas en un área protegida, los menonitas ampliaron sin autorización sus predios hasta la reserva y cambiaron el curso del agua para cultivar arroz. 


La comunidad nativa Caimito, en Perú,  ha perdido por lo menos 200 hectáreas de bosques primarios, aseguran los líderes indígenas. Foto: Sebastián Castañeda.

En Bolivia las autoridades encontraron fosfato de sodio en la laguna Concepción, producto de los intensos cultivos adelantados por los menonitas. Por su parte, los indígenas sikuani en Colombia también destacan la ausencia de peces en los caños de la vereda La Cristalina luego de las intensas actividades agrícolas de la comunidad religiosa y el uso de glifosato para la fumigación de cultivos de arroz. 

Las dudosas prácticas en la siembra se repiten una y otra vez por América Latina. Las tres comunidades sikuani, mientras tanto, llevan un proceso con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para que les entreguen los predios que consideran territorio ancestral. “No queremos que dañen más, después esa tierra no sirve. Nosotros queremos volver a nuestros sitios sagrados, donde están enterrados nuestros ancestros”, dijo uno de los líderes indígenas.

Los menonitas, ese grupo religioso que llegó a Colombia en 2016, empezó una colonización en los Llanos Orientales con la compra de predios que en el pasado pertenecieron a personajes vinculados al narcotráfico. La historia de esa tierra, hoy reclamada por las comunidades indígenas, será contada en la segunda entrega de este especial.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualizado el: Lun, 05/31/2021 - 08:38

VÍCTIMA / Los rostros de las víctimas mortales durante el paro

John Erick Larrahondo

  • Edad:
  • Ciudad: Santiago de Cali
  • Departamento:
  • Barrio, vereda o corregimiento: Calipso
  • Fecha de muerte: 05.22.2021

John Erick Larrahondo era un joven de 20 años que se dedicaba a vender frutas con su padre en la ciudad de Cali. El pasado 22 de mayo durante las manifestaciones en el sector de Puerto Maderas del barrio Calipso, fue asesinado a causa de dos impactos con arma de fuego nivel del tórax. Según comenta Gerardo Larrahondo, padre de la víctima, Erick fue herido por la policía cerca de las 7 de la noche mientras protestaba en los alrededores de un almacén Éxito de la zona. Cuando hieren al joven, los manifestantes lo llevan al Hospital Carlos Holmes Trujillo, allí lo estabilizan y decidieron remitirlo a la Fundación Valle de Lili, en donde, Erick falleció  debido de las hemorragias causadas por las heridas de bala.

Sus familiares y amigos lo describieron como una persona alegre, trabajadora y muy feliz. Según comentó Gerardo Larrahondo, la mayor ilusión de Erick era su pareja y su futuro hijo. Erick planeaba irse del país para darle una mejor vida a su familia, brindarle educación a su hijo y que pudiese tener más oportunidades que las que él tuvo en Colombia. A Erick le apasionaba el rap, el fútbol y el baile, le gustaba apoyar a su equipo en el estadio y pasar tiempo con su familia.


Hasta el momento, se desconoce el responsable directo del asesinato de Erick. Según le informó la fiscalía al padre de la víctima, no han encontrado el proyectil, ni las suficientes pruebas para encontrar a los responsables.

VÍCTIMA / Los rostros de las víctimas mortales durante el paro

Juan Camilo Vargas

  • Edad:
  • Ciudad: Tuluá
  • Departamento:
  • Barrio, vereda o corregimiento: Escobar
  • Fecha de muerte: 05.25.2021

Juan Camilo Vargas era auxiliar de enfermería, se encontraba atendiendo los heridos en medio de las manifestaciones en Tuluá el 25 de mayo. Era reconocido entre el personal de derechos humanos por su juventud y por su atención a las personas heridas. De acuerdo con los manifestantes, Juan Camilo estaba ayudando a los manifestantes afectados por la incursión del ESMAD en el centro de la ciudad. De acuerdo con RCN Radio, se reportaron 10 personas heridas en medio de la jornada de manifestaciones. Mientras Juan Camilo auxiliaba a los heridos de las manifestaciones, testigos afirman que fue impactado en el cuello por un disparo realizado por un civil. Versiones de manifestantes de la ciudad mencionan que Juan Camilo sufrió un desgarro de la aorta. También denuncian que el ESMAD no permitió la atención médica del auxiliar ya que dispararon gases lacrimógenos. Indepaz y Humans Right Watch confirmaron la muerte de Juan Camilo. Rutas del Conflicto sigue documentando este caso.

VÍCTIMA / Los rostros de las víctimas mortales durante el paro

Jorge Iván Cañas Castro

  • Edad:
  • Ciudad: Tuluá
  • Departamento:
  • Barrio, vereda o corregimiento: Nuevo Terminal de Transporte
  • Fecha de muerte: 05.21.2021

24 horas antes del asesinato de Jorge Iván Cañas habían circulado panfletos amenazando a la comunidad y a los jóvenes que se encontraban bloqueando el norte y el sur de Tuluá. Estas amenazas aseguraban que: "si no acuden al llamado de levantar los bloqueos, serán declarados objetivo militar". Jorge Iván fue impactado a las 12:15 de la medioanoche por un arma de fuego procedente de una camioneta dirigida por civiles que se encontraba cerca al bloqueo norte de la ciudad, específicamente en el Puente de las Mariposas. Los manifestantes del sector declararon que horas antes, algunos civiles se encontraban "marcando" el espacio paraque posteriormente fuera atacado ese punto de manifestaciones. Las personas que conducían y estaban al interior de la camioneta que disparó indiscriminadamente contra Jorge Iván Cañas fueron capturadas por los propios manifestantes algunos kilómetros al sur de Tuluá. Estas personas fueron entregadas a la Estación de Policía de San Pedro. Las personas capturadas y posteriormente entregadas a la Policía acusadas de disparar indiscriminadamente contra los civiles que se manifestaban, se encuentran en libertad debido a que la Fiscalía aduce que "la captura se realizó de manera ilegal". Jorge Iván Cañas fue el tercer asesinado en medio de manifestaciones por parte de civiles en menos de 24 horas. En el momento en que es asesinado, Jorge Iván "casi no es reconocido por los manifestantes ni allegados" debido a que no tenía consigo ningún documento que lo identificara.

VÍCTIMA / Los rostros de las víctimas mortales durante el paro

Camilo Andrés Arango

  • Edad:
  • Ciudad: Tuluá
  • Departamento:
  • Barrio, vereda o corregimiento:
  • Fecha de muerte: 05.25.2021

Camilo Andrés Arango era un estudiante de segundo semestre de derecho de la Unidad Central del Valle del Cauca en Tuluá. Que se encontraba manifestándose pacíficamente en un plantón en rechazo a la desaparición y capturas ilegales frente a la Alcaldía de la ciudad. Luego de que se denunció el incendio del Palacio de Justicia, testigos afirman que hubo una arremetida por parte del ESMAD con gases lacrimógenos, tanquetas y disparos de perdigones. Camilo en ese momento auxiliaba a otros manifestantes de los efectos de los gases lacrimógenos cuando fue impactado por un disparo de arma de fuego en el pecho. Se desplomó frente al Plaza Cívica Boyacá a causa de la gravedad de la herida. Manifestantes afirmaron que la llegada de la ambulancia y su posterior traslado a la Clínica San Francisco fue excesivamente demorada, teniendo en cuenta que desde el centro médico hasta el lugar de los hechos no hay más de cuatro cuadras y "las condiciones para la movilidiad de la misión médica era propicia". Cuando llegó, Camilo ya no tenía signos.

VÍCTIMA / Los rostros de las víctimas mortales durante el paro

Cristian David Orozco Cardona

  • Edad:
  • Ciudad: Tuluá
  • Departamento:
  • Barrio, vereda o corregimiento: Nuevo Terminal de Transporte
  • Fecha de muerte: 05.21.2021

En Tuluá comenzaron a circular panfletos amenazantes en contra de los manifestantes que se encontraran defendiendo los bloqueos de movilidad en el norte y el sur de la ciudad; los panfletos aseguraban que "si no acuden al llamado de levantar los bloqueos, serán declarados como objetivo militar". Cristian David Orozco era un estudiante de la Uceva que cursaba los primeros semestres académicos. Era conocido en la comunidad por promover el deporte, específicamente el BMX en barrios populares y aislados de la ciudad. Cristian David era un líder del Parque de los Sueños, espacio donde se practicaban los deportes extremos urbanos. Mientras se encontraba en el bloqueo norte de la ciudad de Tuluá, una camioneta blanca que horas antes disparó contra otro manifestante en ese mismo punto, arribó a las 12 de la medianoche y abrió fuego indiscriminadamente contra los civiles que daban paso, hiriendo de gravedad a Cristian Cardona y a otro manifestante.
Luego del atentado, la camioneta fue perseguida por los integrantes de la movilización hasta San Pedro, municipio al sur de Tuluá. Dentro de la camioneta se encontraban dos hombres y dos mujeres, que minutos antes habían sido vistos disparando contra el bloqueo norte de la ciudad. La comunidad que se manifestaba en San Pedro interceptó la camioneta, retuvo a las cuatro personas y los trasladaron hasta el Centro de Policía de San Pedro, lugar donde se oficializa su captura. De acuerdo con información de la Fiscalía, estas personas que dispararon contra el bloqueo norte ya se encuentran libres debido a que "la ejecución de la captura fue ilegal y no correspondía a los procedimientos". Cristian David fue el segundo muerto en menos de 24 horas en medio de una jornada de protesta en Tuluá.

VÍCTIMA / Los rostros de las víctimas mortales durante el paro

Julián Erasmo Vallejo Cortes

  • Edad:
  • Ciudad: Tuluá
  • Departamento:
  • Barrio, vereda o corregimiento: Nuevo Terminal de Transporte
  • Fecha de muerte: 05.20.2021

Desde la madrugada del jueves 20 de mayo empezaron a circular panfletos amenazantes contra las personas que hicieran parte de los bloqueos en el punto norte y sur de Tuluá. Julián Erasmo era un estudiante de colegio que hacía parte activa del bloqueo norte de la ciudad de Valle del Cauca, localizado específicamente en el Nuevo Terminal de Transporte. A las 5pm, una camioneta blanca pasó por las inmediaciones del bloqueo disparándole a la población civil, hiriendo de gravedad a Julián. Esta camioneta fue perseguida por los integrantes de la barricada de manifestantes denominada "Primera Línea Tuluá", sin embargo, logró escaparse. A estos bloqueos Julián había asistido previamente con miembros de su familia y más allegados. De acuerdo con lo expresado en el panfleto, "o levantan el bloqueo a las buenas o (nosotros) lo hacemos a las malas. Si no acuden al llamado serán declarados como objetivo militar".

VÍCTIMA / Los rostros de las víctimas mortales durante el paro

Juan Sebastián Briñez Hernández

  • Edad:
  • Ciudad: Santiago de Cali
  • Departamento:
  • Barrio, vereda o corregimiento: Calipso
  • Fecha de muerte: 05.22.2021

Juan Sebastián Bríñez era un miembro del Escuadrón Móvil de Carabineros de la Policía Nacional. Criado en una familia de policías, se encargaba en Casanare de la sustitución de cultivos ilícitos, hasta que fue trasladado a la ciudad de Cali para reforzar el despliegue policial en calidad de patrullero el 11 de mayo. Durante su estancia en la institución policial, había recibido tres condecoraciones por prestar el servicio. En medio de manifestaciones y disturbios en el oriente de Cali donde civiles y policías realizaban intercambios de disparos en el barrio Calipso, Juan Sebastián cayó en la calle . De acuerdo con fuentes oficiales, el patrullero fue impactado "por un disparo de fusil en el torax". Fue auxiliado por la Policía y trasladado a la Fundación Valle de Lilli, lugar donde murió. La Policía Nacional anunció una recompensa de 100 millones de pesos a personas que aporten información sobre los móviles del hecho. Por su parte, el presidente Iván Duque; el Ministro de Defensa Diego Molano y los altos mandos policiales se pronunciaron rechazando el hecho a través de redes sociales. Rutas del Conflicto sigue documentando este caso.

Ni el Covid-19 ha logrado detener la siembra y explotación de minas antipersonal en el país

Por: Valentina Castro Sanabria y Juan David Lozano Aranguren

Según la base de datos de Descontamina Colombia desde marzo del 2020 hasta la fecha, se han registrado 159 casos de accidentes por minas antipersonal (MAP).

En lo que va de pandemia, la problemática de las minas antipersonal en el país ha dejado 138 heridos (87% de los casos) y, 21 muertos (13% de los casos). Las secuelas físicas que suelen causar las minas antipersonales son: amputaciones de piernas y manos, pérdida de ojos, esquirlas incrustadas y afectaciones auditivas y visuales, sin contar las secuelas psicológicas. 

En Colombia, desde marzo de 2020 hasta febrero de 2021, 74 civiles han sido afectados por las minas antipersonal, es decir el 53% de las víctimas. 64 víctimas han sido de la fuerza pública, que representan el 47% restante. El departamento en el que más civiles fueron víctimas de minas antipersonal fue Nariño con 34 casos de 88 registrados, mientras que Norte de Santander fue en el que más militares sufrieron estas afectaciones con 21 de 71 registrados. 

 

¿Qué tienen y cómo son las minas que están enterradas en el país?

 

De acuerdo a Eduardo Duarte, ex explosivista de la extinta guerrilla Farc-Ep, esta agrupación usaba casi ocho clases de minas no convencionales. Entre ellas las tipo cilindro, cajón y cumbo. La última, comenta Eduardo, se instala a mediana altura -en las ramas de los árboles- y al explotar tiene una onda de choque más amplia que las otras. Miguel Peña -que trabajó en el grupo de explosivos de la Policía Nacional- expresó que durante su trayecto laboral se encontró con minas orgánicas o caseras que eran fabricadas por los mismos grupos insurgentes y contenían hasta ocho kilos de explosivos. Eduardo Duarte añadió: “A la hora de hacer una mina, le agregábamos estiércol humano o animal, veneno, vidrios y metralla que generaba daños irreparables y la muerte de las víctimas”.

En Colombia, las ONG, el Ejército Nacional y la Policía Nacional utilizan diferentes estrategias para neutralizar las zonas minadas, como detectores de metales, los caninos y los radares. Pero los grupos ilegales suelen tecnificar cada vez más sus artefactos para que no sean detectables. De acuerdo a Eduardo, las Farc empezaron a hacer minas con plástico o tubos de PVC para evitar el detector de metal. Al respecto, Miguel Peña comenta que para fabricar cualquier mina es necesario utilizar un detonador de metal, entonces: “ahora se busca el detonador, que es igual de grueso a un lápiz y mide cuatro pulgadas”.

 

Nariño y Norte de Santander: las regiones con más víctimas de minas durante la pandemia 

 

A nivel departamental, tal como lo indica el gráfico número uno, los territorios más afectados por las minas antipersonal en medio de la pandemia han sido Nariño, Norte de Santander y Antioquia con 54, 34 y 30 víctimas respectivamente. 

 

Gráfico 1 (Con información de Descontamina Colombia)

 

¿A qué se debe que Nariño y Norte de Santander sean los departamentos más perjudicados por las minas antipersonal? Una respuesta puede surgir al analizar las actividades que realizaban las víctimas de minas antipersonal mientras sufrieron el accidente. Tal información (disponible en la base de datos de Descontamina Colombia) da cuenta de que en Nariño el 38% de casos se presentaron durante jornadas de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito y el 18% cuando la fuerza pública desarrollaba actividades en la zona. En Norte de Santander el 61% de casos tuvo lugar cuando la fuerza pública llevaba a cabo actividades en la zona. 

 

 Gráfico 2 (Con información de Descontamina Colombia)

 

De acuerdo al último informe de Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos en Colombia -emitido por el Observatorio de Drogas de Colombia en junio del 2020- Nariño y Norte de Santander agrupan más del 50% de producción de coca del país. El entrecruzamiento de los datos previamente mencionados permite inferir que Nariño y Norte de Santander son los territorios más afectados por minas antipersonal debido a que en ellos se encuentra la mitad de cultivos de coca del país y la fuerza pública está llevando a cabo procesos de erradicación forzada. 

Eduardo Duarte (exesplosivista de las Farc) dijo que en el país los grupos al margen de la ley siembran minas para proteger las zonas donde existen cultivos o laboratorios de coca y amapola. El excombatiente aseguró que el cultivo de minas no va a detenerse hasta que se acabe con el tráfico de drogas, ya que, según él: “hoy en día no se ponen minas por la tierra o por la toma de poder, sino por el negocio del narcotráfico”.

Sobre el posicionamiento de Nariño y Norte de Santander como los departamentos con más víctimas de minas antipersonal, Juan David Vargas -politólogo de la Universidad Nacional que se desempeña en el campo de la comunicación política para la paz y seguimiento de la implementación- dice: “Nariño y Norte de Santander son los departamentos en los que más víctimas de minas hay debido a que en el último año el gobierno de Iván Duque ha intensificado la mal llamada “guerra contra las drogas”, aplicando la solución militar al conflicto armado y al narcotráfico. Esta manera de tratar el problema de las drogas supone fuerte actividad militar en el territorio y erradicación forzada de cultivos de uso ilícito. En medio de las confrontaciones entre militares y grupos irregulares, estos últimos instalan minas para proteger sus economías ilegales. Los artefactos terminan afectando más que todo a la población civil, entre la que se encuentran campesinos que han manifestado querer salir de las dinámicas que los vinculan a los cultivos de uso ilícito”.  

La presencia de minas antipersonal también produce efectos en la economía y en el tejido social de las regiones. Al respecto, Miguel Peña menciona que los campos minados implican dificultad para el desarrollo de actividades agrícolas y para el transporte. Vargas añade que las minas antipersonal fragmentan el tejido social debido a que son sembradas en áreas de tránsito común, como canchas de fútbol o caminos por los que los grupos irregulares creen que pasarán las fuerzas militares. La base de datos referente a las víctimas de minas antipersonal realizada por Descontamina Colombia reportó que en todo el territorio nacional, durante la pandemia, el 14% de las víctimas de minas sufrieron la afectación mientras desarrollaban actividades agrícolas y el 18% mientras transitaba por caminos o senderos.

Juan David Vargas concluye que el comercio en zonas minadas se restringe porque estos artefactos cercan al territorio y dificultan el ingreso o salida de mercancías que no estén relacionadas con estupefacientes, aspecto que a la vez obliga al campesinado a sembrar cultivos de uso ilícito por la imposibilidad de comerciar otros productos.  

 

Víctimas indígenas y afrodescendientes

 

Para marzo de 2020, de acuerdo a los datos de Descontamina Colombia, de los 770 resguardos indígenas -que ocupan 25,3 % del total de área nacional-, 154 están cercados por minas antipersonal. Esto quiere decir que el 20% de los territorios en donde habitan pueblos indígenas son afectados por esta problemática. En lo respectivo a las víctimas, la base de datos registra que al menos el 15% de los afectados fueron indígenas y el 5% afrodescendientes. 

“Las minas son un enemigo que no distingue rango, género, edad, clase o etnia”, dice Eduardo, el ex explosivista de las Farc. En Colombia y en el mundo, uno de los problemas de las minas antipersonal es que permanecen instaladas y continúan cobrando o afectando la vida de civiles durante varias décadas tras de la terminación de un conflicto armado.


 

Gráfico 3 (Con información de Descontamina Colombia)

 

El departamento en el que más indígenas se vieron afectados por minas antipersonal en tiempo de pandemia fue Antioquia, en donde sucedieron 18 de los 24 casos reportados. Entre las víctimas se encuentra Plinio Dogarí Majoré, niño indígena de 13 años perteneciente al pueblo Emberá Eyáboda, quien en marzo del 2020 cayó en una mina antipersonal. Al respecto, Wilfer Sánchez -vocero de la Organización Indígena de Antioquia- le dijo a Radio Nacional de Colombia que el hecho sucedió en el resguardo Río Murindó, en donde el Eln viene instalando minas desde enero del 2020. Tras lo sucedido a Plinio tuvieron que amputarle su pierna derecha en un centro asistencial del municipio de Apartadó.

En septiembre del 2020 -también en Antioquia- falleció Ernesto Jumí por haber pisado una mina antipersonal. Ernesto, de 32 años, pertenecía a la comunidad indígena Embera del resguardo Jaidukamá y fue víctima de la mina mientras se dedicaba a labores de agricultura. El hecho sucedió en el municipio de Ituango, en donde hacen presencia las disidencias del Frente 36 de las Farc además de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc). 

Ahora, en lo que respecta a la comunidad afrodescendiente, de las ocho víctimas de minas antipersonal reportadas, siete residían en el departamento de Nariño, que se configuró como el departamento con más víctimas pertenecientes a comunidades afrodescendientes. De acuerdo al último Censo Nacional Poblacional de Vivienda, Nariño es el sexto departamento del país con mayor cantidad de población negra, mulata, afrodescendiente o afrocolombiana después de Valle del Cauca, Chocó, Bolívar, Antioquia y Cauca.  

Todos los afrodescendientes víctimas de minas antipersonal durante la pandemia fueron civiles y cayeron en los artefactos mientras desarrollaban actividades cotidianas como labores de agricultura, recolección de recursos (comida, agua y madera) o mientras transitaban por senderos comunes. De esta manera, las comunidades indígenas y afrodescendientes se han visto perjudicadas por un conflicto ajeno debido a que viven en medio de zonas en las que hubo o hay presencia de grupos armados que articulan las minas antipersonales como estrategia de guerra y control del territorio. 

 

¿Cómo se desactivan minas antipersonales y cuál es el panorama de esta actividad en medio de la pandemia del Covid-19?

 

Miguel Peña -además de trabajar en la Policía Nacional- fue supervisor del área de desminado en Hazardous Areas Life-Support Organization (Halo Trust), organización holandesa no gubernamental de carácter benéfico que se especializa en la eliminación de minas antipersonal mediante el desminado humanitario. Según Miguel, existen dos tipos de desminado en Colombia. Primero, el desminado operacional que consiste en limpiar un pedazo de la zona exclusivamente para que la tropa “pase y salga”. Y, segundo, el desminado civil humanitario que desarrollan organizaciones no gubernamentales con el propósito de liberar tierras donde habita población civil para proteger la su integridad física y psicológica. 

Sobre el proceso de desminado, Miguel manifestó que en todos los casos que la mina esté activada hay que destruirla en el lugar, “Ni se saca ni se transporta”. Además, comentó que la estrategia más usada para desactivar minas es la que implica usar un cañón que propulsa agua y un cartucho de pólvora que desarma la mina. Respecto a la magnitud del impacto del cañón, Miguel dijo: “Si se le pone este propulsor de agua a un carro la presión hace que el agua atraviese ambas puertas”.

De acuerdo a la base de datos de Descontamina Colombia sobre desminado, desde marzo hasta diciembre del 2020 el departamento con más área despejada fue Meta con 220.669 metros cuadrados trabajados. El municipio del Meta en el que mayor cantidad de área despejaron ONG 'S y el Ejército Nacional fue Vistahermosa, en donde para el mes de noviembre la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario (BRDEH) entregó 57.799 metros limpios de minas antipersonal. Vale la pena destacar que -de acuerdo al Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH- Vistahermosa es el municipio con más víctimas de minas antipersonal registradas en el país entre 1958 y 2021  

En Nariño y Norte de Santander -departamentos con mayor cantidad de víctimas por minas antipersonal- fueron desminados durante la pandemia 13.392 y 925 metros cuadrados respectivamente.

Así, aunque continúan los procesos de desminado y las cuarentenas por la pandemia del Covid -19, los explosivos que el conflicto armado enterró -y los que sigue sembrando el narcotráfico- aún afectan la vida de civiles ajenos a la guerra.

 

Actualizado el: Vie, 05/28/2021 - 16:24