Los espíritus guardianes alrededor del río Putumayo, que también recorre Ecuador, Perú y Brasil, ya no se dejan ver. Los pueblos indígenas siona e inga dicen enfrentar a las empresas petroleras y siguen resistiéndose a las actividades extractivas en su territorio, mientras que sus costumbres y rituales se ven interrumpidos por la contaminación de sus fuentes hídricas y la violencia de los grupos armados en el departamento de Putumayo.

El pueblo Siona lucha por la preservación de su territorio y por su propia supervivencia al menos desde 2006, cuando las petroleras comenzaron a explotar el bloque Platanillo, un área de 142 km² en Puerto Asís, en el suroeste de Colombia. Hoy, la operación está a cargo de La Nueva Amerisur —subsidiaria de Geopark, que adquirió la entonces Amerisur Resources— en una región que limita con la comunidad de Buenavista, hogar de unas cien familias sionas.

A unos 60 kilómetros de Buenavista está el resguardo Wasipungo, del pueblo inga, en Villagarzón, también en el departamento de Putumayo. La historia no es muy diferente a la de los siona. Según la autoridad ambiental Corpoamazonia, más del 95% del área de Villagarzón, la ciudad que alberga a la comunidad, ha sido destinada a la explotación petrolera. En 2010, la empresa canadiense Gran Tierra Energy informó haber adquirido el bloque Putumayo-1, en las proximidades de Wasipungo. 

Tanto los siona como los inga son pueblos indígenas transfronterizos. Sus formas de habitar el territorio no se limitan a la frontera entre Colombia y Ecuador. Pasar el río Putumayo de un lado a otro en canoas no significa para ellos cambiar de país, sino simplemente habitar un territorio con lazos inquebrantables, que, según especialistas e indígenas, se ha visto resquebrajado por la presencia del grupo armado Comandos de Frontera (compuesto por disidencias de la antigua guerrilla de las Farc, paramilitares, narcotraficantes y nuevos reclutas); las decisiones políticas relacionadas con el petróleo en cada uno de los países y el tratamiento de la frontera como un tema puramente militar.

Río Putumayo: para los Siona e Inga, la navegación por el río en las fronteras de Colombia y Ecuador es parte del mismo territorio ancestral. Por: Juan Carlos Contreras

Durante el último año, el medio colombiano Rutas del Conflicto investigó los impactos de la actividad petrolera sobre los pueblos indígenas siona e inga. El equipo visitó sus comunidades, que, además de enfrentar el avance de la industria extractiva, lidian con la violencia de grupos armados. Por razones de seguridad, varias entrevistas fueron realizadas de forma anónima. Esta investigación forma parte del proyecto transfronterizo Hasta la Última Gota, un esfuerzo periodístico coordinado por InfoAmazonia para examinar los impactos de la industria petrolera en la región. [Leer introducción de la serie de reportajes]

 

‘La selva no es para sacar petróleo’ 

En agosto de 2022, cuando Gustavo Petro se posesionó como presidente de Colombia, prometió cuidar y preservar la región amazónica. Manifestó en múltiples escenarios nacionales e internacionales que no se volvía a explotar la selva para el carbón, el gas y el petróleo. “La selva no es para sacar petróleo”, advirtió. Desde su llegada a la Presidencia no se han expedido nuevas licencias ambientales para explorar ni explotar la región. 

Según la respuesta de la Presidencia a un derecho de petición enviado en esta investigación, “está su compromiso en torno al cuidado de la vida, especialmente en territorios biodiversos y sensibles como la Amazonía, por cuanto reitera la no firma de nuevos contratos”. En la misma vía fue la respuesta Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) al manifestar que, “desde el mes de agosto del año 2022 hasta la fecha de emisión del presente escrito, se han seguido las disposiciones del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Minas y Energía en materia de no asignación de nuevas áreas para actividades de exploración y explotación de hidrocarburos”.

Hoy, la Amazonía colombiana tiene 132 mil km² reservados para la explotación petrolera, según un análisis del proyecto Hasta la Última Gota, basado en datos recopilados por el Instituto Internacional Arayara hasta julio de 2024. De este total, más del 78% (103 mil km²) están disponibles para oferta en el mercado, aunque actualmente no pueden ser subastados.

Como lo explicó el investigador e ingeniero de hidrocarburos Andrés Goméz, Colombia, en la presidencia de Petro, se sumó al Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles (TNPCF), un acuerdo internacional complementario al Acuerdo de París, que busca poner fin a la expansión de la producción y uso de este tipo de combustibles. “Colombia está dentro de los 16 países que hoy han llamado al tratado con más dependencia en términos económicos a los combustibles fósiles y esto marca una perspectiva distinta en la región, incluso de la izquierda tradicional que hay en Brasil”, afirmó.

Gómez se refiere a las recientes iniciativas del gobierno brasileño, encabezado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores), para ampliar la exploración de petróleo, especialmente en la margen ecuatorial amazónica. A pesar de los riesgos ambientales, la estatal brasileña Petrobras y el gobierno nacional defienden firmemente la actividad. 

Pero no quiere decir que el petróleo va de la región amazónica en Colombia de manera inmediata, como lo explicó la Presidencia en la respuesta al derecho de petición: “Los procesos de exploración que se han dado y se puede dar, son en virtud de los contratos existentes con derechos adquiridos”. Es decir, que las empresas como Amerisur y Gran Tierra seguirán en la región mientras se cumpla el tiempo de las licencias ambientales y los contratos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). 

Ingreso a Campo Platanillo, Puerto Asis. Por: Juan Carlos Contreras

Los contratos de los bloques Platanillo y Putumayo-1 tienen una vigencia de 24 años a partir de la declaración de inicio de producción de sus pozos, con posibilidad de prórroga. Por ello, los plazos varían considerablemente, pero es poco probable que finalicen en esta década.

La filial local de Gran Tierra, responsable del bloque Putumayo-1, actualmente opera 18 bloques en la región amazónica, tres de ellos en Ecuador y los demás en Colombia. Por su parte, Nueva Amerisur administra diez bloques, todos en la Amazonía colombiana, según un análisis de este proyecto periodístico.

Y es que la industria petrolera en el piedemonte amazónico se remonta 1942, cuando la empresa Texaco llegó a explorar la zona – la misma empresa que estableció bases en Ecuador y fue responsable de uno de los peores desastres ambientales en la región amazónica. [Leer reportaje sobre Ecuador]. Como lo recopila la organización Crudo Transparente, fue en 1963 cuando empezó a funcionar la primera perforación de un pozo en el municipio de Orito. Según la organización, la actividad petrolera aceleró la urbanización y el crecimiento poblacional y con ello las tensiones por la tierra, los recursos naturales y los conflictos sociales entre las empresas, los colonos y los indígenas que siempre habían habitado esas tierras.

Texaco se fue de la zona cediendo sus derechos de exploración y explotación a Ecopetrol en 1981, cuando pasaron de tener 26 millones de barriles al año en 1971 a solo 10 millones en 1979, según Crudo Transparente. Con el nuevo siglo, llegaron nuevas empresas que seguían viendo a Putumayo y a Caquetá como la zona a conquistar en materia de hidrocarburos. En 2003, el país entregó nuevos contratos en la zona que todavía hoy se mantienen.  

Mientras se agotan los plazos de las licencias, el gobierno ha creado una estrategia en distintas vías para aprovechar el petróleo, teniendo en cuenta que para 2022 los ingresos de la industria petrolera representaron el 2,7 % del PIB, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

El Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Hidrocarburos tomaron 13 medidas para garantizar la gestión eficiente de las reservas y recursos contingentes de petróleo y gas en los contratos y convenios de hidrocarburos vigentes, organizadas en tres grupos: coordinación interinstitucional, regulación y modernización normativa, y optimización contractual y operacional. Además, se ha establecido un sistema de información de alertas tempranas y resolución de conflictos en los territorios donde se presenten tensiones socioambientales entre comunidades y empresas.

En la Amazonía colombiana, 79 territorios indígenas están afectados por bloques petroleros, con una intersección de 2.590 km². El país ocupa el tercer lugar entre los nueve países amazónicos, detrás de Ecuador y Perú. Estos territorios representan el 18% de las 441 áreas indígenas impactadas en la región, según nuestro análisis. 

Un grupo de organizaciones civiles ya ha denunciado “abusos corporativos” en el caso del pueblo inga. El documento señaló “violaciones sistemáticas de los derechos territoriales y ambientales, además de la falta de consulta previa, libre e informada a las comunidades afectadas”. Áreas importantes para la recolección de plantas medicinales fueron deforestadas y cubiertas de concreto, y los habitantes denuncian que la explotación petrolera contamina el agua y compromete su sustento.

En relación con el pueblo siona, un informe de la organización Ambiente y Sociedad también denuncia la ausencia de consulta previa a los miembros de esta comunidad frente a la explotación petrolera cercana a su territorio. Como destacan las autoras del informe, los Siona "tienen plena capacidad de argumentar y demostrar los impactos directos y profundos que sufrirán si los proyectos extractivos avanzan sobre su territorio

Las medidas de este gobierno para resolver los conflictos que se viven en el Putumayo con las empresas petroleras no están activos. La Presidencia manifestó que la ANLA había decidido suspender una audiencia pública ambiental en la zona del proyecto, que incluye territorio ancestral siona, debido a las condiciones de seguridad, tras la solicitud de la empresa La Nueva Amerisur de una licencia ambiental para ampliar su actividad petrolera en Puerto Asís. Esta audiencia es una forma de que el pueblo indígena pueda manifestar sus dudas, impactos y reclamos ante el Estado respecto al proyecto petrolero.

Una lucha en medio del silencio 

Unas 90 casas, separadas entre sí por pocos metros y rodeadas de árboles de canangucha, arazá, pomoroso, cocona, copoazú y otros frutos amazónicos, albergan a los habitantes del resguardo Buenavista, en Puerto Asís. Se trata de la comunidad del pueblo siona más grande de las doce que sobreviven en las riberas de los ríos Putumayo, Cuehembí y Piñuña Blanco, del lado colombiano. Todo el tiempo han luchado por sobrevivir, desde mucho antes de la fiebre del caucho, por las pieles de animales amazónicos, por la minería, por el conflicto armado y la explotación de hidrocarburos.

 

⁠Lina María Espinosa es defensora de DDHH y  una de las abogadas que ha asesorado a varias comunidades del pueblo siona desde la organización Amazon Frontlines y ahora tiene medidas cautelares de la CIDH tras amenazas de muerte.  “Acompañar a las comunidades y denunciar violaciones a sus derechos costó, tuvo un precio. Está siendo cada vez más visible y recurrente el control que tiene sobre los territorios los grupos armados. Hay una decisión estatal que resuelve que la frontera no es un escenario prioritario de inversión social, la frontera es un escenario militar, la frontera un territorio que carece de interés integral para el Estado, sigue siendo una concepción de territorio baldío, que no tiene dueño”, cuenta Espinosa. 

A raíz de los enfrentamientos entre estos dos grupos armados se ampliaron las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dadas en 2018 a dos Resguardos del pueblo siona. Los nuevos hechos se debieron a que Comandos de Frontera amenazó a diversas personas y liderazgos entre ellos algunas de los siona y a la abogada y defensora de DDHH Lina María Espinosa.

El pueblo siona cuenta con varios mecanismos de protección, como la declaración de riesgo de exterminio de 34 grupos indígenas emitida en 2009 por la Corte Constitucional de Colombia debido al conflicto armado, incluyendo a los pueblos siona, inga y kamentzá. La Corte ordenó al gobierno nacional, en cabeza del Ministerio del Interior, tomar medidas para su protección. En 2018, los resguardos siona Buenavista y Santa Cruz de Piñuña Blanco, fueron amparados por la CIDH con medidas cautelares para proteger la vida y el territorio. Estas decisiones implican, entre otras acciones, que identifiquen riesgos y tomen decisiones para mitigar el contexto de amenazas. Ambos resguardos reclaman que el Estado colombiano no ha cumplido con estas obligaciones, mientras el actor armado amplía su repertorio de violencia hasta el lado ecuatoriano.

Para los investigadores de Ambiente y Sociedad, la presencia de grupos armados y la industria extractiva están conectados en cierta medida. Cuando controlaban estas áreas, las FARC extorsionaban a las petroleras y atacaban sus instalaciones, lo que provocaba grandes derrames de crudo. Además, los guerrilleros robaban cargamentos de petróleo para financiar sus operaciones, llegando a operar incluso sus propias refinerías. En 2015, un derrame llevó a un pleito jurídico entre las comunidades de Puerto Asís y la empresa Amerisur, que terminó en una conciliación de las partes. 

La nueva configuración del conflicto armado en la región, tras la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC en 2016, como se advierte en las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, ha establecido un interés de los grupos armados en la industria de hidrocarburos. “Diversos actores participan a favor o en contra de las actividades petroleras, según sus dinámicas políticas, económicas y de violencia armada”, dice el documento.

El informe Industria Petrolera en el Caquetá y en el Putumayo de Ambiente y Sociedad señala que en este último departamento, se han detectado prohibiciones a oponerse a los procesos de exploración, explotación y transporte de crudo en las áreas controladas por Comandos de Frontera. Mientras, que las zonas controladas por el Frente Carolina Ramírez adoptan una postura más permisiva hacia quienes protestan contra las empresas petroleras con acciones de bloqueo de campos y las vías de transporte del crudo. Además, como advierte la organización, algunas empresas del sector son víctimas de extorsión, y se han registrado al menos tres ataques a la infraestructura petrolera en los primeros meses de 2024.

Agua contaminada en viviendas del resguardo Buenavista, Putumayo. Por: Juan Carlos Contreras

"Desde que se desmovilizaron las Farc, nunca más volvimos a ver un carrotanque derramando crudo por las vías como antes. Y ahora que Comandos de la Frontera están en Puerto Asís, ellos no se meten con la petrolera", afirmó un habitante del municipio que recorre la zona permanentemente.

Según una investigación periodística del El Espectador, que recopiló las denuncias de la ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Comandos de Frontera, vestidos de camuflaje y con armas, fueron a la Zona de Reserva Campesina La Perla, vecinos de los resguardos siona. “Apoyados por unidades militares y su interacción con la empresa petrolera Amerisur”. Esa organización denunció que varios campesinos venían advirtiendo que ese grupo armado defendía la industria petrolera en el territorio, a pesar de las demandas por protección ambiental que ha hecho la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica contra la compañía”.

La empresa en una comunicación pública negó las acusaciones y sus nexos con grupos armados. Mientras el territorio se encuentra en disputa, las comunidades indígenas y campesinas donde se desarrolla el proyecto de la Nueva Amerisur continúan en su defensa y la denuncia de los impactos ambientales. 

Todo sabe a petróleo 

La llegada de la industria a los territorios de los siona y de los inga trajo consigo, según ellos, la contaminación del agua, las restricciones al uso de los sitios sagrados y de las chagras, y el ruido que perturba la armonía del territorio. “No podemos hacer nuestros viajes de yagé”, manifestó un taita, uno de los ancianos siona y autoridades espirituales del resguardo. Para todos los indígenas que viven en el resguardo Buenavista, la forma de relacionarse con el agua tuvo que cambiar.

El río Putumayo es vida para los siona. Son un pueblo indígena que vive de la pesca, de las chagras y del yagé. El agua es el vehículo para conservar las tradiciones y la cultura de los abuelos, según relató uno de los indígenas que fue autoridad del resguardo.

Los indígenas entrevistados por Rutas del Conflicto, que prefieren omitir su nombre debido a los sucesos de violencia y las amenazas de muerte, relataron que ya no pudieron volver a tomar agua de las quebradas ni del río. “Todo sabe a petróleo. Los peces ahora son de menor tamaño, saben diferente, a gasolina, y no se pueden comer desde que llegó la petrolera  (Amerisur)”. Los siona ya no pudieron volver a pescar.

Como lo narró un siona, el petróleo no tiene traducción en su lengua: “Una palabra que no esté en nuestro idioma no debe estar en el territorio”. Los indígenas manifestaron que la contaminación del agua se vive especialmente en el río Piñuña Blanco, el río Mansoyá y el Caño Singuiya, sagrado para los siona, que cada vez tiene menos agua.

No se cuentan con estudios científicos sobre la calidad del agua en esos afluentes. Rutas del Conflicto envió una solicitud de información al Ministerio de Ambiente y a la autoridad ambiental del departamento Corpoamazonia para conocer los daños ambientales en la zona donde opera La Nueva Amerisur.  El Ministerio no respondió al derecho de petición.

La autoridad ambiental del departamento, Corpoamazonia, manifestó que no es la encargada de conceder licencias ambientales; sin embargo, recibe denuncias sobre los daños causados por la industria de hidrocarburos. En su respuesta a un derecho de petición, informaron que existen tres expedientes en Puerto Asís: uno por derrame de aguas residuales de la actividad petrolera y dos por derrames de hidrocarburos. La autoridad ambiental no informó la etapa de la investigación por los tres hechos. Todos serían responsabilidad de La Nueva Amerisur, que no se pronunció ante este medio.

Un análisis del proyecto Hasta la Última Gota, basado en datos del gobierno colombiano, identificó 28 infracciones ambientales relacionadas con la extracción de petróleo en la Amazonía entre 2013 y 2024. La contaminación del ecosistema fue la violación más frecuente, representando 19 casos (67%). Además, se registraron episodios de deforestación en las áreas de los bloques petroleros y el incumplimiento de los límites establecidos para la actividad.

Gran Tierra y Amerisur son las principales responsables de las infracciones, acumulando juntas 11 casos, lo que representa casi el 40% del total. La ANH también figura con seis infracciones. Sin embargo, no hay información sobre sanciones aplicadas a las empresas.

Como explicó la abogada Espinosa, es necesario entender que los accidentes en la industria de hidrocarburos se dividen en varias categorías de incidentes: los propios de la actividad, los relacionados con fallas humanas y los de fuerza mayor. Los accidentes propios de la actividad “son aquellos que ya se presupone que ocurrirán y que suelen ser fácilmente opacados, porque a menudo no se reportan o se justifican con mayor facilidad. Todo depende de la transparencia de Amerisur”, afirmó la abogada.

El agua que utilizan las comunidades indígenas de Puerto Asís proviene de la lluvia. Cada uno de los indígenas, en sus casas de madera, tuvo que adaptar puntos de acopio, ya que ni para bañarse pueden utilizar el agua por su baja calidad. “Los niños se enferman si se bañan con el agua de los ríos o de los caños. Les salen brotes en la piel”, manifestó uno de los indígenas.

El los ríos también tiene impactos en la medicina tradicional y espiritual. “Doy vueltas y no puedo viajar por el territorio. El agua donde se hierve y se prepara el yagé está contaminada”, manifestó un taita. 

 

Puntos de explotación de hidrocarburos "Platanillo", cerca a las fuentes de agua. Por: Juan Carlos Contreras

El agua es fundamental en el ritual de los indígenas de la Amazonía con ayahuasca. No solo en la preparación de la bebida, sino también para la purificación, la conexión espiritual y la sanación. Las ceremonias suelen realizarse cerca de ríos sagrados.

De igual manera, pasa con el pueblo inga. El resguardo Wasipungo ha sufrido como el pueblo siona la contaminación del agua a causa de la actividad petrolera, según lo explicó Luisa Sánchez,  investigadora de Ambiente y Sociedad. Ella dice que los indígenas no pueden consumir de sus fuentes sagrada porque está manchada de crudo. El último ocurrió el 2 de octubre de 2024, en la quebrada Danta Iaku cuando personas no identificadas y  ajenas a la empresa Gran Tierra abrieron las válvulas de varios camiones cisterna y liberaron una cantidad no determinada de hidrocarburos. Este accidente les recordó al ocurrido en 2015 con el pueblo siona. 

La quebrada Danra Iaku no es solo una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para el consumo, sino también es un camino ancestral del pueblo inga y un  corredor de especies nativas. Gran Tierra anunció, según informe de Ambiente y Sociedad, que ha podido, únicamente, recolectar 1.000 galones de mezcla de crudo y agua . La empresa no se pronunció ante este medio. 

No solo el agua contaminada pasa por los resguardos Buenavista y Wuasipungo, sino el ruido constante de la actividad petrolera de la Nueva Amerisur y de Gran Tierra, según sus moradores. “Es terrible, cuando están trabajando suena todo el día, en la noche uno no puede dormir y los tomadores de yagé no pueden concentrarse”, advierte uno de los indígenas siona.

El nivel de contaminación del resguardo Buenavista no es claro. No hay estudios técnicos sobre la calidad del agua y los niveles de contaminación auditiva. En 2017 se realizó una visita de verificación de Derechos Humanos conformada por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, Presidencia, Descontamina Colombia y Ministerio del Interior,  y constató  una ruptura del corredor biológico del nacedero Cananguchal. Además de evidenciar afectaciones sociales, culturales y ecosistémicas , recomendó un estudio ambiental e indicaciones a los ministerios de Ambiente e Interior. Sin embargo, han pasado siete años  y no se tiene noticias de esos estudios, dijeron los indígenas. 

En la visita de las instituciones públicas al territorio, los indígenas narraron y mostraron los impactos de la actividad de Amerisur, en su momento. Indígenas relataron a las autoridades durante la visita, y más recientemente también a este reportaje, que la instalación de una plataforma de La Nueva Amerisur en la comunidad de La Rosa habría contaminado la región debido al vertimiento de aguas residuales en un afluente del río Putumayo. 

Apartado del informe de la visita de verificación en 2017

A la par que el pueblo siona documentó y denunció los impactos ambientales, la zona de reserva campesina La Perna también lo hizo. En un documento sobre la ampliación de denuncia penal por presuntos delitos ambientales en los recursos naturales, contaminación ambiental por explotación del bloque Petrolero Platanillo de la empresa Amerisur Exploración Colombia, al que esta alianza tuvo acceso y es reservado, recopila los informes de la ​​Corporación Integral del Medio Ambiente (CIMA).  En dichos informes se muestra, por ejemplo, que “el cuerpo de agua corresponde a un humedal de tipo Cananguchal, el cual se encuentra fragmentado por la construcción de la carretera La Aldea - La Rosa, las cuales conectan los campos petroleros no. 5 y no. 9. Dicho Humedal fue fragmentado para dar paso a la construcción de la carretera”.

También como el suelo ha cambiado su composición química, un grave impacto para las chagras del pueblo siona, “El pH presenta una concentración de 5,9 unidades, este valor se considera como medianamente ácido, el cual está influenciado por los residuos de hidrocarburos. (...) esto se ve reflejado en una menor disponibilidad de nutrientes para las plantas”, dice el informe. 

El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI realizó un estudio en 2022 sobre la contaminación de agua por petróleo y glifosato en el corredor Puerto Vega-Teteyé, que se encuentra en el municipio de Puerto Asís entre los ríos San Miguel y Putumayo. La investigación muestra que en los últimos 10 años, al menos 170 km² fueron afectadas por derrames de crudo, ya sea por fallas en la operación o por acciones de grupos armados.  La FCDS en su análisis publicado a finales de 2024,  recopiló datos de la ANLA que muestran que entre enero de 2019 y diciembre de 2023 se radicaron 49 denuncias por infracciones ambientales del sector hidrocarburos en el departamento. 

Los indígenas siona han podido documentar la transformación del agua, el ruido y cómo ven árboles caer para la construcción de caminos y carreteras para el trabajo de la petrolera. “La apertura de la carretera La Rosa es para el servicio de la petrolera y han dañado un cananguchal”, advirtió uno de los habitantes de Puerto Asís. 

Mientras que el espíritu del tigre es cada vez más difuso por la contaminación el pueblo siona se defiende y resiste por medio de la guardia indígena. Hombres y mujeres que con bastón en mano, realizan recorridos por el territorio, observando y gestionando el cuidado de las más de 40 km². Los cuiracuas, como llaman a los guardias, nacieron tras el proceso político y organizativo en defensa y fortalecimiento de su cultura y gobernanza territorial. Son quienes están al frente de la protección física y espiritual del territorio y quienes han sufrido las amenazas, el desplazamiento y el confinamiento por parte de los grupos armados.

Según los indígenas, el taita Luis Felinto Piaguaje Yaiguaje, de la comunidad ecuatoriana de San José de Wisuyá, murió de tristeza en octubre de 2018. “Lo mató el petróleo, contaminó su ojo de agua y ese abuelito ya no pudo volver a coger agua de ese estero para cocinar su yagé. No le dolía el hueso, no tenía un tumor, se apagó como una velita porque nunca más pudo volver a hablar con el [espíritu del] tigre, ya no le volvió a hablar”, narró Espinosa. Para los indígenas, como explicó la abogada, hay un impacto profundo en su pensamiento, en su forma de vida, en su manera de relacionarse y de entender el mundo. La Nueva Amerisur no respondió a este medio por las tensiones y conflictos en el territorio.  

La Defensoría del Pueblo de Ecuador publicó en un comunicación que, “la salud de Taita Felinto sufrió un constante deterioro a raíz de las afectaciones provocadas por las operaciones de las empresas” y que esto ocurrió, “sin consulta previa ni licencia ambiental, sobre el territorio de la comunidad”. 

En medio de la defensa territorial de los pueblos siona e inga, el gobierno de Gustavo Petro no logra llegar al territorio de una manera eficaz, de manera que no solo se proteja la vida de pueblos indígenas en vía de extinción sino la vida de selva amazónica.

 

Actualizado el: Jue, 04/10/2025 - 08:35

 En el área de explotación del Bloque Cubiro las comunidades se han visto obligadas a depender de los servicios que proveen las distintas petroleras que han pasado por la zona. Foto: Juan Carlos Contreras

Ferney es el vocero de la comunidad y quien encabeza las exigencias contra la petrolera. Este líder vive muy cerca de los pozos del Bloque Cubiro, se moviliza en la camioneta de su amigo y recorre por unos minutos la polvorosa trocha, degradada por los camiones de carga pesada de la compañía. Se detiene el auto y Ferney dice “aquí está”. El lugar es un campo abandonado de Frontera Energy próximo a su finca. Hay estanques de agua repletos de crudo, contenedores que gotean aceite, infraestructura en desuso y una extensión de tierra desaprovechada.

Este campo abandonado, llamado Tijereto Sur, es el que está próximo a la finca de Ferney. Foto: Juan Carlos Contreras

 

Esto es lo que han tenido que soportar desde hace casi 10 años las comunidades campesinas que viven en medio del bloque. La situación no es muy distinta a otras zonas del país, donde se encuentran explotaciones de hidrocarburos desde antes de la primera mitad del siglo 20 y hoy están abandonadas. Paradójicamente, aunque Colombia tiene una abundante normativa ambiental que regula la forma en que debe terminar la actividad petrolera, varias comunidades han tenido que vivir décadas sufriendo los efectos del rastro de pozos y otras infraestructuras abandonadas.

El estado de diversos campos de explotación del Bloque Cubiro es la muestra de cómo las empresas abandonan sus actividades en el territorio en medio de los reclamos de las comunidades que habitan el área y el largo proceso que conlleva cerrar un pozo adecuadamente. Todo en medio de una legislación colombiana que ve con buenos ojos la expedición de la Ley de Pasivos Ambientales que todavía no tiene los dientes necesarios para enfrentar estas situaciones.

Frontera Energy en 2018 decidió suspender las actividades en el Bloque Cubiro. La empresa cesó su actividad en San Luis en aquel momento, según se relató en medios, por las constantes manifestaciones y tensiones con los habitantes del municipio. La petrolera selló su trabajo en la zona casi de un día para otro. La comunidad ha tenido que enfrentar las consecuencias del abandono indebido de varios campos de explotación. 

Oleoductos rotos y abandonados que afectan el suelo del Bloque Cubiro. Foto: Juan Carlos Contreras​

 

Los impactos ambientales del Bloque Cubiro

El 8 de octubre de 2004 se suscribió el Contrato E&E Cubiro entre Montecz SA. y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). El área concedida fue de 38.772 hectáreas y abarca a los municipios de Orocué, Trinidad y San Luis de Palenque, en Casanare. Pedro Julio Zambrano Pinzón, quien era el representante legal de Montecz S.A. cuando se firmó el contrato del Bloque Cubiro, fue imputado por la Fiscalía por falsedad ideológica en documento privado en 2017 por el caso de los Panamá Papers, que fue una filtración masiva de documentos que reveló que empresarios de todo el mundo crearon empresas con el fin de evadir impuestos o lavar dinero.

Desde los años 80, el petróleo fue la punta de lanza de las políticas nacionales en torno a este departamento. Las comunidades de San Luis de Palenque, un municipio que cuenta con un poco más de 9 mil habitantes, tenían cerca los hidrocarburos, dice Ferney. Según el líder, la multinacional Perenco hacía trabajos de exploración y explotación a unos 20 kilómetros. Sin embargo, la firma del contrato del Bloque Cubiro lo cambió todo. “Los modos de vida se alteraron. Nos vimos rodeados de infraestructura, maquinaria, exploración, tubos, contaminación. Pasamos de vivir en las fincas que se les adjudicaron a nuestros padres a ser inquilinos en el territorio, a pesar de que nacimos aquí”, relata Ferney.

El contrato cambió de propietario con el tiempo. Después de Montecz SA., hubo una cesión en 2010 a Alange Energy Corp y el 22 de agosto de 2013 esta compañía cedió el contrato a Pacific Stratus, hoy Frontera Energy. Desde 2021, Orlando Enrique Cabrales Segovia es el representante legal de Frontera Energy. Durante el primer gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010 - 2014), Cabrales ocupó los cargos de presidente de la ANH y viceministro de Energía. Su padre fue Orlando Cabrales Martínez, quien en su momento fue Ministro de Minas y Energía en 1997, y fue condenado a cinco años de prisión por el caso Reficar, refinería de la que fue presidente.

Campo de explotación activo en el Bloque Cubiro. Foto: Juan Carlos Contreras

 

El tío de Cabrales Segovia, Rodolfo Segovia Salas, fue ministro de Obras Públicas y Transporte, senador y estuvo al frente de varias petroleras importantes como Ecopetrol. En el 2024, Frontera Energy fue sancionada por 232 millones de pesos (58 mil dólares aproximadamente) por no notificar que en el grupo se encontraban seis sociedades extranjeras con sucursal en Colombia. 

Actualmente, el Bloque Cubiro continúa en explotación. Según el mapa de tierras de la ANH, hay cinco áreas de producción activas. Sin embargo, en el recorrido que hizo Rutas del Conflicto por este campo petrolero se pudo constatar que hay al menos cinco zonas que Frontera solía trabajar y hoy están abandonadas. Esta situación se vuelve cada vez más compleja para las comunidades debido a las afectaciones ambientales por solucionar y la necesidad de restaurar el ecosistema en la medida de lo posible para que pueda ser usado nuevamente.

Válvula enterrada que se encuentra abandonada en el campo de explotación Arauco 1 por parte de Frontera Energy. Foto: Juan Carlos Contreras

 

En el informe Abusos corporativos de empresas canadienses en el sector petrolero en Colombia, Ecuador y Perú, publicado en 2023 por la organización Amazon Watch, se hace una reseña de las afectaciones ambientales que ha sufrido la comunidad de San Luis de Palenque que vive al interior del Bloque Cubiro: “Frontera Energy ha abandonado varios pozos dejando llenos de residuos de aceites y químicos tanto de perforación como de producción. Los residuos se han vertido en las sábanas, donde se alimentan las ganaderías, causando, enfermedades degenerativas y muerte de semovientes, sin que nadie se responsabilice”. 

Fabián León, director para Colombia del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), organización que suscribió el informe mencionado de Amazon Watch, señala que el abandono que hizo Frontera Energy de varios pozos entre 2018 y 2019 en el Bloque Cubiro fue de manera abrupta y sin cuidado. “Los campos quedaron abandonados, se llenaron de maleza, dejaron las piscinas llenas de residuos producto de la extracción, donde pueden caer animales y personas”, cuenta León.

“Piscina” de residuos de crudo que se encuentra en uno de los campos abandonados. Foto: Juan Carlos Contreras

En el documento de Amazon Watch se mencionan otras afectaciones en el Bloque Cubiro que han pasado desapercibidas: “El agua con la que riegan los suelos es agua industrial, separada del petróleo y contiene residuos pesados que han causado daños a las personas y sus rebaños. Aún así, ni la empresa (Frontera Energy) ni las entidades públicas han realizado algún tipo de estudio sobre la calidad del agua y el impacto en la salud de las personas”.

En la Resolución 40622 de 2023, expedida por el Ministerio de Minas y Energía, se determinó que en caso de abandono de un pozo “debe evitarse contaminar el área circundante y los cuerpos de aguas superficiales y subterráneas. En caso de alguna afectación (...), el Operador deberá restaurar el área y reparar todos los daños conforme lo establezca la autoridad ambiental competente”. La modificación del territorio, así como las deudas ambientales que deben ser solucionadas por parte de la compañía, son considerables y se habían pronosticado desde la adjudicación de la licencia ambiental. 

En el informe Criminalización de la defensa de los derechos humanos en Colombia, publicado en 2019 por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), se reseña que en el 2005, el Ministerio  de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, otorgó la licencia ambiental para el Bloque Cubiro y manifestó lo siguiente: “La afectación a la infraestructura social y económica de la población, […] [pues] se estima, por pozo exploratorio, el tránsito de 120 tractomulas aproximadamente. [...] La presión adicional a la infraestructura vial, especialmente a la veredal, puede redundar en su deterioro y posterior incomunicación de la población”. 

 

El paso constante de vehículos con carga pesada durante años ha generado dificultades para las comunidades que se transportan en carros y motos. Foto: Juan Carlos Contreras.

La Alcaldía de San Luis de Palenque ha señalado en varias ocasiones las afectaciones ambientales encontradas en el Bloque Cubiro. En el Auto 2641 de 2015, de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), se relata que la Alcaldía denunció a Pacific Stratus (hoy Frontera Energy) por inadecuado manejo de cortes de perforación, contaminación de suelos en áreas adyacentes, falta de desmantelamiento en el Pozo Careto 13H e inadecuado manejo de combustibles. 

En el Auto mencionado, la ANLA le ordenó a Pacific allegar cuatro informes que explicaran y detallaran distintas situaciones como la cantidad de incidentes ambientales por derrames de crudo y la respuesta de la empresa ante esas coyunturas. El director del CIEDH, señala que la ANLA no tiene capacidad suficiente para hacer una evaluación juiciosa de los impactos ambientales en el territorio. “Por lo general envían a un contratista que hace una inspección ocular, lo que al final termina generando que la información y determinación quede en manos del sector privado”, explica León. 

Además de la denuncia ante la ANLA, la Alcaldía de San Luis de Palenque, en el Análisis de Situación en Salud publicado en 2024, menciona que en 2022 se reportaron seis eventos de derrame de sustancias químicas en el Bloque Cubiro que tuvieron afectación en el suelo. Rutas del Conflicto envió un derecho de petición a la autoridad ambiental para solicitar los expedientes y el registro de incidentes ambientales. A la fecha la entidad no respondió el cuestionario. 

Trazas de crudo recogidas del agua de un campo abandonado en el Bloque Cubiro. Foto: Juan Carlos Contreras

El gran problema que hay en el ciclo de inicio y cierre de exploración y explotación de un pozo petrolero es que casi nunca la empresa que arranca es la misma que la que termina. Al respecto, León comenta que el contrato y la licencia ambiental pasan de una compañía a la otra y en ocasiones, cuando se llega a la fase final del pozo, la petrolera en cuestión le termina vendiendo a otra empresa porque “la explotación de pozos viejos es mucho más costosa y está pensada no tanto para la producción de combustible sino para la extracción de hidrocarburos y derivados, por lo que necesita más infraestructura”, sostiene el director de la CIEDH. Al final, esto permite que las empresas salgan del territorio sin resolver ni mitigar el daño socio ambiental causado.

Un avance legislativo con críticas

Tanto en Casanare, con el Bloque Cubiro, como en el Magdalena Medio donde se encuentran los pozos de explotación más antiguos del país, las comunidades esperan prontas soluciones a las “deudas históricas” por los impactos de la industria. Colombia celebró la promulgación de la  Ley de Pasivos Ambientales en 2023 con la promesa de que todas las deudas de la industria se resolverían. Después de seis años de varios intentos, el Congreso estableció una definición y fijó las estrategias y lineamientos para su adecuada y oportuna gestión en el país. Sin embargo, organizaciones sociales, expertos y comunidades critican cómo fue definido un pasivo ambiental y su escasa implementación.

Como pasa en otros países, por ejemplo en Perú, las infraestructuras abandonadas entran en Ley de pasivos, situación que no pasa en Colombia.  Pese a que la Ley fue sancionada en octubre de 2023 y se tenía establecido que en un año se debía fijar la ruta de implementación y evaluación de la política pública, poco se ha avanzado. “La ambigüedad de la norma es lo que más nos preocupa a nosotros”, afirma Óscar Sampayo, activista, politólogo e investigador de la Corporación Yariguíes, una organización de la sociedad civil que vigila al sector petrolero.  

Infraestructura abandonada en el Bloque Cubiro. Foto: Juan Carlos Contreras

Como está definido en la Ley, los pasivos ambientales son aquellas afectaciones ambientales que generan un riesgo en salud y que no cuentan con un instrumento ambiental. Para Sampayo, esa definición genera frustraciones porque, por ejemplo, existen explotaciones de hidrocarburos desde 1920 que todavía están operando y sus licencias van hasta 2050. “¿Cuándo podremos hablar de los pasivos de una actividad de más de siete décadas?”, cuestiona el investigador.

En la misma vía, el abogado y profesor Eduardo Del Valle Mora manifesta en su columna sobre temas ambientales que “la definición resulta contradictoria al indicar que el pasivo ambiental puede venir de una actividad autorizada pero que si la actividad autorizada se hace bajo el marco de un instrumento ambiental o sectorial entonces no sería un pasivo ambiental” Y es que precisamente ese será el gran reto del Gobierno nacional, encontrar un pasivo ambiental cuando Colombia ha sido uno de los países con mayor historia de reglamentación ambiental.

Sampayo recuerda la Concesión de Mares, una Ley de 1905 para la explotación de petróleo cerca a Barrancabermeja. El acuerdo otorgó la explotación por 30 años de los yacimientos de un sitio conocido como Las Infantas. La concesión de Mares permitió la creación de la petrolera Ecopetrol. Para el politólogo este caso muestra una deuda histórica con los habitantes de Barrancabermeja, pues lo considera un pasivo ambiental por los impactos en la salud de quienes viven en el Magdalena Medio. Sin embargo, no podría ser considerado como pasivo debido a que Las Infantas todavía está activo y “estará abierto cerca del 2040 y entonces cuándo vamos a hablar de los impactos que empezaron en 1918 ¿cuándo se abrió la explotación? Para nosotros la ley está mal definida”

El Ministerio de Ambiente en 2015 solicitó una consultoría sobre pasivos a la empresa Innova. La investigación arrojó que existirían al menos 1843 pasivos ambientales en el territorio colombiano, de los cuales 673 estaban georeferenciados o localizados. El 19% corresponde a la minería y el 6% al petróleo. 

Rutas del Conflicto solicitó la ubicación de los pasivos identificados en el estudio. Sin embargo, el Ministerio respondió que dada la legislación y una definición de pasivo ambiental se debía entrar a considerar si lo identificado cumplía con la Ley. En esta norma se fijó que dentro de un año de la expedición se debía tener un Sistema de Información de Pasivos Ambientales, para entre otras cosas conocer la ubicación de estos impactos. 

El ministerio manifestó en una respuesta oficial que, “a la fecha, se cuenta con el marco conceptual aplicable del sistema de información, donde consta la contextualización, el funcionamiento y modelo de arquitectura, los cuales contienen las entradas, procesos, almacenamiento, salidas, almacenamiento, infraestructura y comunicaciones, interoperabilidad, requerimientos funcionales y no funcionales, cómo también los actores y su interrelación con el sistema”.

Después de año y medio de tener una ley de pasivos ambientales no se sabe la ubicación de estos impactos. Gloria Lucia Álvarez, abogada en derecho penal ambiental, manifiesta en su artículo para la Universidad del Externado que “se encuentran ya vencidos los plazos para reglamentar el comité, elaborar la estrategia e implementar el sistema de información que exige la ley para su implementación y, a la fecha, no se ha realizado nada al respecto, que sea de público conocimiento”. El plazo era el 13 de septiembre de 2024. En medio de esta discusión en términos de normatividad y ejecución, hay comunidades afectadas y líderes sociales judicializados a la espera de una respuesta concreta de las compañías y del Estado para subsanar el deterioro social, ambiental y económico que han sufrido.

Encarcelados por defender

Con más de 200 uniformados, entre militares y policías, fueron capturados ocho líderes de San Luis de Palenque, entre los que estaba Ferney, el 27 de noviembre de 2018. La fuerza pública utilizó en la operación de captura helicópteros y toda una espectacularidad como si de una estructura armada ilegal se tratase. En realidad apresó a un núcleo familiar que realizó fuertes protestas ese año en las que exigieron compensaciones sociales y ambientales a la petrolera Frontera Energy. 

Un día después de la captura, la Fiscalía 135 Especializada contra Organizaciones Criminales solicitó medida de aseguramiento contra los líderes del Bloque Cubiro. “Desde la justicia abordaron el caso como si se tratase de un grupo delincuencial de alto impacto como el Clan del Golfo (grupo criminal más poderoso del país), y les imputaron crímenes desproporcionados” comenta Óscar Ramírez, abogado del CSPP. Algunos de los delitos que les endilgaron fueron: concierto para delinquir agravado, tentativa de homicidio, terrorismo, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.  

Restos de tubería ubicada en un campo abandonado del Bloque Cubiro que aún expulsan crudo. Foto: Juan Carlos Contreras

 

Uno de los asuntos que llama la atención de este caso es que una semana antes de la captura de Ferney y sus familiares, el 19 de noviembre de 2018, Frontera Energy y el Ministerio de Defensa firmaron un convenio por más de 2 mil millones de pesos (cifra superior a 500 mil dólares) para que la fuerza pública le brindara protección a las instalaciones de la petrolera en sus distintos proyectos, entre esos el Bloque Cubiro. El contrato estuvo vigente un mes, hasta el 31 de diciembre de 2018. 

El abogado del CSPP explica que a través de estos convenios instituciones como la Fiscalía y la Policía reciben unos incentivos por parte de compañías petroleras y mineras para el fortalecimiento de sus capacidades investigativas, sobre todo para proteger lo que en el momento de la captura de los líderes se conocía como bienes estratégicos de la nación. “En conflictos como los de San Luis de Palenque donde de un lado está la comunidad local y del otro una empresa que surte de recursos al Estado, al final la justicia e instituciones involucradas terminan favoreciendo los intereses económicos”, asegura Ramírez.

Los líderes duraron dos años en la cárcel, hoy están en libertad y el caso continúa en etapa de juicio. Durante el tiempo que ha durado el proceso, los delitos de fabricación, tráfico y porte de municiones, lesiones personales con perturbación funcional permanente, violencia sobre servidor público y obstrucción de vías que afectan al orden público han prescribido. Aún se encuentran vigentes los de tentativa de homicidio y concierto para delinquir agravado. 

Para León, la situación de San Luis de Palenque es un ejemplo de cómo existió una sistematicidad para capturar líderes y acabar con procesos organizativos en el marco de los convenios entre las empresas petroleras, el Ministerio de Defensa y las fiscalías especializadas (EDA) en el país. “Fue una persecución a los liderazgos. El ejercicio ciudadano de la veeduría y el control para la protección ambiental se ve diezmado por la criminalización”, afirma el investigador.

“Fue por denunciar los atropellos ambientales, los atropellos sociales, las exigencias por lo de las vías públicas a las que ellos tienen acceso y una deuda que le debían a los proveedores”, comenta Ferney respecto a los motivos por los que fue capturado junto a sus familiares. Las consecuencias fueron devastadoras. A su esposa Yulivel Leal le asignaron prisión domiciliaria y después del operativo de captura la comunidad nunca se volvió a manifestar en contra de la empresa por el miedo a ser judicializados. 

Zona hídrica contaminada con crudo. Foto: Juan Carlos Contreras

 

Las exigencias de la comunidad del Bloque Cubiro en las protestas del 2018 fueron, entre otras, las siguientes: la pavimentación de la vía terciaria de la vereda El Merey, compromiso adquirido entre Pacific y las comunidades en 2012, el adecuamiento de los ecosistemas de los pozos en desuso, la inversión forzosa del 1% -que es una obligación de las compañías una vez adquieren la licencia ambiental-, y que busca una compensación y conservación de las fuentes hídricas. 

Además, otra de las inconformidades de las comunidades fue por el pago de las servidumbres petroleras, establecido en la Ley 1274 de 2009, que determina que la compañía debe hacer una compensación económica por el uso de la tierra a quienes viven allí. Este fue uno de los motivos por los que se realizaron protestas en su momento, lo que hizo que las comunidades cerraran el ingreso a uno de los pozos donde reclamaban el pago de las servidumbres en 2014.

En este 2025 se cumplen siete años de la captura de Ferney y su familia. La comunidad sigue resistiendo y apostando por la defensa del territorio, mientras sus líderes luchan por demostrar su inocencia ante la justicia. En medio de este calvario, el Estado no llega de manera eficiente a exigir y supervisar el cierre adecuado de los pozos abandonados en el Bloque Cubiro por parte de Frontera Energy. Entre tanto, las entidades siguen a pasos lentos creando un sistema de pasivos ambientales seriamente criticado.

 

 

 

Actualizado el: Jue, 02/27/2025 - 09:18

Con un proyecto de yuca amarga llegó la sociedad Agropecuaria El Carmen de Bolívar al departamento de Bolívar en 2008 para comprar alrededor de 2.604 hectáreas, según un informe de la Unidad de Restitución de Tierras. El negocio de la  compra de predios se gestó con ayuda de funcionarios públicos de la región, en medio del desplazamiento masivo de campesinos y las masacres perpetradas por el Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). 

Esta alianza periodística recuperó 12 sentencias de tierras —hasta ahora desconocidas— emitidas entre 2018 y 2023, que demuestran cómo esta empresa de la familia Gaviria Correa compró u ocupó la tierra despojada a víctimas del conflicto sin investigar el pasado de esos predios, y lo hizo a precios muy bajos. A esa familia pertenece el exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín Aníbal Gaviria Correa.

Por: Kim Vega

Estos casos fueron resueltos judicialmente a favor de las familias campesinas, es decir, la empresa tuvo que devolver las tierras. Pero aún hay un caso pendiente, por el que 17 familias campesinas de un predio llamado ‘La Reforma’ esperan que la justicia les devuelva —cuando han pasado más de 20 años— la tierra en manos de la empresa. En ese caso se repiten los hechos de violencia ya documentados por el Tribunal de Tierras de Cartagena en 12 sentencias, la falta de actuación de la agropecuaria para evitar aprovecharse de la situación de violencia al momento de las transacciones.

La empresa había sido mencionada en publicaciones de Verdad Abierta y Rutas del Conflicto porque en dos casos los fallos concluyeron que no cumplió los estándares de buena fe exenta de culpa en los tribunales. Las 12 sentencias, sumadas al proceso de ‘La Reforma’, muestran que Agropecuaria El Carmen de Bolívar compró en los Montes de María tierras a campesinos que habían sido desplazados, que no tenían posibilidades de retornar y que negociaron la tierra a valores muy bajos. Las transacciones se hicieron cuando estaba como representante legal suplente Manuel Medina Muñetón, que a ojos de las comunidades era el único dueño, pues desconocían la participación de la familia Gaviria Correa. 

Según la Cámara de Comercio de Medellín, la Agropecuaria Carmen de Bolívar tiene entre los integrantes principales y suplentes de su junta directiva a varios miembros de la familia Gaviria. En el momento de las negociaciones de los predios, el patriarca, Guillermo Gaviria Echeverri, era el representante principal de la agropecuaria. En 2012, fue acusado por la Fiscalía de colaborar con paramilitares en la región de Urabá y en 2013, el proceso precluyó. También integraban la junta directiva sus hijos Irene, León Toné y Jorge Gaviria Correa. Tras la muerte del empresario y también director del periódico El Mundo en 2014, Irene y Jorge Gaviria asumieron la dirección de la empresa, sumando como gerente a Juan Esteban Álvarez Bermúdez, quien también había sido acusado y absuelto junto a Gaviria Echeverri. Álvarez Bermúdez, además fue la mano derecha del político antioqueño Aníbal Gaviria Correa, hermano de Irene y Jorge. 

 

El origen del despojo

Rutas del Conflicto encontró que las masacres de Hato Nuevo (2000), El Salado (2000) y Capaca (1999), en el departamento de Bolívar, dieron inicio al desplazamiento que llevó a las familias a vender la tierra a precios muy bajos o a abandonar los predios al no poder retornar. Los solicitantes de restitución en seis de las 12 sentencias narraron cómo las masacres fueron el origen del despojo y el abandono de las tierras que compró la familia Gaviria Correa.

 

Actualizado el: Jue, 09/26/2024 - 05:53

“Áreas que merecen ser conservadas y protegidas por razones de su biodiversidad, suelos, geohidrología, entorno paisajístico y memoria histórica cultural”, rezaba un cartel de dos metros de altura a la entrada del Bosque de Galilea, que se extiende por las montañas de Villarrica y otros municipios vecinos del Tolima, en el centro de los Andes colombianos. Por eso invitaba a los visitantes a cuidarlo, a no hacer hogueras ni talar árboles, para preservar especies como el oso de anteojos, la rana de cristal, el tigrillo y el turpial amarillo, cuyas fotos incluía. 

Esas son las tierras donde han vivido y trabajado María Isabel Ramírez y su vecino Fabio Londoño desde hace más de medio siglo. Junto con otros líderes de la comunidad venían buscando estrategias para conservar la riqueza natural y su permanencia en esa esquina de la cordillera Oriental en el sur del Tolima, en un espíritu similar a la que anunciaba el cartel que encontraron una mañana de agosto de 2018 en la vereda Alto Torre y de la que sin embargo no sabían nada. Son descendientes de campesinos que llegaron a la zona desde la década de los años cincuenta, huyendo de la violencia partidista, a la espera de que el Estado les entregara escrituras de sus pedazos de tierra . Han pasado más de 70 años desde entonces y estas familias, que han hecho su vida en la zona, no han recibido la propiedad de esos predios, que, en papeles y sin que ellos lo supieran hasta hace muy poco, pertenecen a privados que no habitan en la zona.

Con la autoridad ambiental del departamento, Cortolima, venían trabajando desde 2017 para que este bosque nublado altoandino donde ellos viven fuera declarado como parque natural regional y pudieran conservar así su biodiversidad. Se trata, según esa entidad pública, del “único y último fragmento de bosque húmedo montano” en esa región y de “un paraíso de investigación” donde creen haber descubierto incluso una planta nueva para la ciencia. 

Año y medio después de ese trabajo, en 2019 nació formalmente el Parque Natural Regional Bosque de Galilea. Es el noveno parque más grande del país y protege un corredor de alta montaña de 26.654 hectáreas que conecta con el páramo de Sumapaz, el más grande del mundo de este ecosistema considerado estratégico por su enorme suministro de agua potable.

Por eso resultó tan emocionante para Ramírez, Londoño y otros ocho de sus vecinos de esas fincas que los habían acompañado en esa lucha, cuando por fin, en diciembre de 2019, se enteraron de que habría una ceremonia de creación oficial del parque en la capital del Tolima, Ibagué. No los habían invitado, pero igual fueron.

Ramírez recuerda que recibió una llamada de un amigo que había escuchado de la inauguración y decidió ir. Tenía un poco de dinero guardado para comprar zapatos nuevos, pero, con la alegría de ver protegido el territorio al que llegó de niña, resolvió mejor comprar un tiquete de bus para viajar a Ibagué. La ciudad quedaba sólo a 159 kilómetros, pero le significaba un largo recorrido. Debió caminar desde la vereda Galilea donde vive hasta la vereda Alto Torres, montarse a un caballo hasta llegar a la vereda Tres Esquinas, viajar en moto por dos horas y tomar un bus intermunicipal primero a Melgar y luego a la capital. 

Los campesinos del Bosque Galilea deben transportarse en caballo para poder salir del bosque a los caseríos más cercanos. Foto: Leidy Villamor / Red de Vigías y Defensores del Bosque de Galilea.

En el acto de declaratoria se enteraron de que la Universidad Tecnológica de Pereira sería la encargada de elaborar el plan de manejo ambiental del naciente parque regional. Les explicaron que la Universidad del Tolima, que llevaba varios años haciendo trabajos científicos en Galilea que ellos habían acompañado, no podía hacerlo porque —al ser la dueña de parte de los predios que conforman el bosque— podría haber un conflicto de interés. Allí también se enteraron de que en terrenos del parque regional, una fundación ambiental privada, la Universidad del Tolima y otras entidades habían desarrollado un proyecto de bonos de carbono, en el que ellos no aparecían por ninguna parte.

Una historia de campesinos

Además de su permanencia en el Bosque de Galilea desde hace más de medio siglo, los campesinos reivindican un historial de sufrimiento que se entreteje con el del conflicto armado en Colombia y con una decisión de aguantar en ese rincón remoto de la cordillera oriental de los Andes.

Durante una audiencia pública de febrero de 2023 que convocó la Contraloría Departamental para aclarar quiénes eran los promotores del proyecto de carbono y de qué manera entraba el parque en ese negocio, uno de esos colonos —quizás el de mayor edad que aún vive— tomó el micrófono. Con dificultad, la voz temblorosa por los años y su bastón en la mano, Roberto Wolff, contó que sus padres se asentaron en ese bosque en busca de tierra y fundaron la vereda la Colonia en Villarrica. “Vengo en representación de los colonos. Perdimos todo: el 10 de agosto de 1952 sacaron a mi papá de allá, lo llevaron a Cunday. Cuando regresé al bosque solo quedaban las piedras de lo que fue nuestra casa”, les dijo el campesino nacido en Galilea hace 92 años. “Hice un listado de las familias que llegamos y permanecemos en Galilea”,  dijo. Contó cómo abrieron trochas, fundaron veredas y nombraron cuerpos de agua. Una de las cascadas en Villarrica lleva justamente su apellido.

Periódico de edición única que rescata los hechos violentos vividos por la población local en lo que se conoció como ‘la guerra de Villarrica’. En la foto de la izquierda está Roberto Wolff, uno de los primeros colonos del Bosque. Fuente: Comisión de la Verdad.

Después de él, una romería de habitantes tomó turnos para narrar cuántos fueron tachados sin pruebas de ser guerrilleros, cuántos judicializados y luego declarados inocentes por la justicia. Relataron cuántas veces huyeron de los bombardeos del Ejército y también cuántas de sus veredas quedaron vacías a comienzos de este siglo durante el mayor pico de violencia, masacres y desplazamientos forzados en la historia del país. Se trata de una memoria que había estado casi invisible hasta que hace poco la Comisión de la Verdad —nacida del acuerdo de paz con las FARC— hizo de Villarrica en un caso de estudio y se publicó el  libro Cuadernos de la violencia— con los apuntes en cuaderno de un líder campesino local.

Justamente uno de los primeros recuerdos que María Isabel Ramírez dice conservar de cuando tenía cinco años es el de un ruido de bombas que les caían encima y cómo su familia tuvo que  salir corriendo hacia el pueblo, tras los operativos de la fuerza pública que hacía cada tanto en el Bosque para capturar a miembros de las extintas Farc. Cuando regresaron al bosque, cuenta la mujer de 55 años cuya abuela fue la primera presidenta de junta de acción comunal en la zona de Galilea en los años sesenta, encontraron su casa quemada y ningún rastro de sus animales. Volvieron a empezar de cero. Su familia ya lo había hecho años atrás cuando empezaron los  operativos militares en “la guerra de Villarrica” que buscó acabar con la guerrilla que se estaba fortaleciendo en la zona y de paso castigar al movimiento agrario que consideraban como su aliado. 

También contaron después de que saliera la ex guerrilla de las FARC de la región (pues dejó las armas después de firmar un acuerdo de paz con el Estado en 2016) y de que la petrolera brasileña Petrobras abandonara su idea de realizar un proyecto de explotación allí, se ilusionaron porque pensaron que podrían por fin obtener títulos formales de propiedad de las tierras en las que han vivido y trabajado toda la vida.

 

La comunidad protestó  en 2017 en Villarrica por la llegada de la petrolera, una preocupación que los animó a apoyar la iniciativa de declarar el bosque un parque regional. Foto: Leidy Villamor / Red de Vigías y Defensores del Bosque de Galilea

Londoño, Ramírez y otro campesino de la región, Juan de la Cruz, dijeron a este equipo periodístico que impulsaron la protección ambiental del bosque porque fue la manera de protegerlo de la exploración petrolera. No obstante, nunca tuvieron claro que  la decisión de declarar allí un parque regional significaba que perderían la posibilidad de que la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entidad que se encarga del ordenamiento social de la propiedad rural en el país, les entregara las escrituras de esas tierras. Confiaban en que podrían solicitar su adjudicación, como pueden hacerlo legalmente en Colombia los campesinos que han ocupado una tierra por más de cinco años antes de 2017, en caso de tratarse de baldíos propiedad de la Nación, o de 10 años si se trata de propiedad privada que no está siendo usada por su dueño.

En reuniones que han tenido para desenredar el caso de bono de carbono, funcionarios públicos de la Agencia han explicado a la Red de Vigías y Defensores del Bosque de Galilea - el colectivo ambiental que crearon los campesinos -  que pese a ser la encargada de evaluar las solicitudes de adjudicación y formalización de títulos, tiene las manos atadas en este caso. Una razón que limita la acción de la agencia estatal de tierras es que los predios donde se desarrolla el proyecto no son baldíos propiedad de la Nación (y por eso aptos para la reforma agraria), sino que tienen un título de propiedad privada originario de 1960.  Además, la entidad está legalmente impedida, les explicó, para formalizar predios a cualquier persona dentro de un área protegida con la figura ambiental de parque regional. 

En la agencia de tierras sí son conscientes de que hay un agudo conflicto de tierras en Galilea, cuya solución —en su visión— requerirá probablemente una acción conjunta de los ministerios de Agricultura y Ambiente. Según un análisis del caso que hizo la ANT y al que tuvo acceso esta alianza periodística, el Ministerio de Agricultura transfirió 138 mil hectáreas de tierra en Villarrica a la extinta Caja Agraria pública en 1960 con el objetivo de distribuirlas como parte de sus esfuerzos de promover la reforma agraria. No está claro qué pasó después: la ANT tiene en sus registros que se creó una matrícula inmobiliaria bajo esta transacción, pero que no tiene más anotaciones indicando si y cuándo ese predio se dividió o desenglobó en otros más, de los que teóricamente emanan los predios entregados en donación a la Universidad del Tolima por varios particulares. El municipio de Villarrica no cuenta con un catastro, lo que complica conocer los linderos de cada predio que reclama la comunidad y que son hoy parte del parque regional. Y también de predios que pertenecen a privados y que forman parte del proyecto de bonos de carbono que lidera la Fundación Amé y en el que participa la Universidad del Tolima.

“Actualmente varias empresas se declaran propietarias de distintos predios al interior del bosque de Galilea, demostrando cadenas traslaticias de dominio anteriores a 1974. No obstante, quienes habitan el bosque en su mayoría son campesinos que nunca han tenido título de dominio”, dice una carta enviada por la inspección de tierras de la ANT a la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, en junio de 2023.

“En definitiva, pese a que es esta comunidad campesina la que habita el Bosque de Galilea hace varias décadas, hoy en día debido a la falta de armonización entre la política agraria y la política ambiental, no pueden acudir ante la máxima autoridad de tierras para su formalización porque se encuentran dentro de un parque natural regional, lo que les deja sin una acción judicial que proteja su derecho a la territorialidad”, explicó. 

Uno de los propietarios a los que alude el informe es justamente la Universidad del Tolima. Hoy muchos de los residentes de Galilea creen que la universidad ha sido partícipe del problema, cuando se involucró en el desarrollo del proyecto de carbono. Ellos dicen haber apoyado los trabajos de investigación en biodiversidad de los profesores de esa entidad educativa pública, sirviéndoles de guías y compartiendo sus conocimientos sobre la fauna y la flora. Entonces creían que eso los protegería a ellos y a sus tierras. 

Ahora, muchos dicen sentir que su trabajo fue usado para estructurar el negocio ambiental privado que ha agravado la tensión social en la zona. “El proyecto de bonos de carbono se formuló con la información e investigación que ejecutó la Universidad del Tolima en su función académica a través de grupos de investigación y estudiantes de la Facultad de Ingeniería Forestal y producto de los convenios con Cortolima de inventarios forestales y biodiversidad, facilitados con recursos públicos”, argumentó la Red de Vigías en una carta pública del 29 de junio de 2023. “Y, sin embargo, estos resultados son presentados como inversión de la Fundación Amé”.

En una entrevista por videoconferencia con esta alianza periodística en noviembre, cuatro funcionarios de la universidad pública del departamento reconocieron la existencia de un conflicto socioambiental en torno al proyecto de carbono en el Bosque de Galilea, aunque insistieron en que está camino de ser superado y prometieron que invertirán los recursos que genere el proyecto en trabajar con la comunidad. Eso con el fin, en palabras de la responsable de control interno de la universidad Margarita Carvajal, de “recomponer la credibilidad de la comunidad para con nosotros”.

Eso podría resolver la exclusión de muchos campesinos del proyecto ambiental ubicado dentro de tierras que forman parte del parque regional en Galilea, aunque no la desilusión que sienten ellos por haberle apostado a ayudar a crear el noveno parque regional más grande del país y luego darse cuenta de que esa figura había perjudicado sus sueños de que les reconocieran como legítimos propietarios de las tierras donde dicen haber vivido desde hace más de medio siglo.

 

 

 

 

Actualizado el: Jue, 02/15/2024 - 08:09

Por: Rutas del Conflicto y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) 

Desde al menos 2018, viene funcionando un proyecto de bonos de carbono cuyo objetivo es conservar 13.727 hectáreas de un bosque altoandino conocido como el Bosque de Galilea, logrando la “reducción de las emisiones de CO2 al evitar la deforestación del bosque” y la  “protección de la biodiversidad al ser un bosque de alta riqueza florística y faunística”.

El área protegida se extiende por casi todo el municipio de Villarrica, así como en los vecinos municipios de Dolores, Cunday, Cabrera, Prado y Purificación en el suroriente del Tolima, en el centro de Colombia. La lógica tras este mecanismo consiste en que comunidades locales o propietarios que conservan bosques claves para mitigar el cambio climático puedan vender bonos o créditos de carbono a empresas que quieren reducir su huella ambiental. Cada bono equivale a una tonelada de dióxido de carbono que ya no subiría a la atmósfera, producto de ese esfuerzo por evitar la deforestación. 

Los impulsores del proyecto aseguran en los documentos que lo avalan, que este es “el último relicto de bosque primario del oriente del Tolima” y “uno de los últimos relictos de bosque andino de la cordillera oriental”. Su principal proponente, la Fundación Amé, lo promociona con mayor ímpetu, llamándolo en un video “el pulmón ambiental más grande de Colombia y el bosque andino más grande del mundo”.

El proyecto en el Bosque de Galilea está planteado a 30 años, desde el 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2040 (los proyectos de carbono son con frecuencia aprobados con algunos años de retroactividad). Sin embargo, otros documentos posteriores señalan 2017 como año de inicio.

Hasta diciembre de 2023 el proyecto de Bosque de Galilea ha vendido más de 450 mil bonos, según una plataforma pública que registra estas transacciones. El valor de venta de estos bonos suele ser confidencial. Pero en este caso, otro de los socios del proyecto, la Universidad del Tolima, como entidad pública, dejó registro accesible de los precios de parte de los bonos vendidos. En mayo de 2023, el equipo directivo de la universidad presentó un informe a su Consejo Superior en el que detalló que un total de 208 mil bonos se habían vendido correspondientes al periodo entre 2010 y 2017, por 2.628 millones de pesos, equivalentes a unos 775 mil dólares. La mitad de ese monto iría, dice el reporte, para la universidad, pues es la dueña de 60 predios y co-propietaria de otros 14, de los 212 predios ubicados dentro del bosque protegido. Esta suma representó menos del 1% del presupuesto de gastos e inversiones de la entidad educativa de ese año, según el presupuesto público de la universidad. 

El mismo informe de la universidad dice que la otra mitad del dinero correspondía a la Fundación Amé, una organización ambiental sin ánimo de lucro fundada en 2016 por dos exfuncionarios de la misma universidad, con el objetivo de hacer paisajismo, silvicultura e investigación, según dice el acta que la creó. Esta fundación figura como la “entidad proponente y responsable del desarrollo del programa”, según se lee en los documentos del proyecto publicados en la plataforma de la certificadora colombiana BioCarbon Registry que lo avaló. Según el documento de diseño del proyecto (o PDD en la jerga del sector), la Fundación Amé también administra otros 124 predios de terceros en Galilea, aunque no revela de quiénes son, y es co-dueña de 14 predios con la universidad, sin que sea claro en qué proporción son propiedad de cada uno ni por qué existe ese esquema compartido en esa tenencia de la tierra.

Mapa de la iniciativa Bosque Galilea-Amé que muestra los propietarios de los predios incluidos. En naranja figuran los predios de la Universidad del Tolima, en verde los de la Fundación Amé y en rosado los que comparten ambas. Fuente: Documento de diseño de proyecto disponible en plataforma de BioCarbon Registry.

A diciembre de 2023, más de 50 empresas han usado bonos emitidos por el Programa de compensación de emisiones Conservación del Bosque Galilea-Amé. Entre ellas figuran la productora de alimentos Alpina, el almacén de cadena Sodimac Colombia, la energética Siemens Energy, la administradora de pensiones y cesantías Protección, la Bolsa de Valores de Colombia, los bancos Davivienda y el Banco Agrario público, la logística Opperar Colombia y un grupo grande de distribuidoras de gasolina como Terpel, Chevron y Primax, según la plataforma de transacciones de BioCarbon Registry. Los mayores usuarios fueron la gasolinera Puma Energy con casi 212 mil bonos y el Oleoducto Central (Ocensa) con casi 72 mil.

La historia sería verde transparente, a no ser porque 20 campesinos - que han vivido en esta zona forestal y en sus inmediaciones desde que la colonizaron sus abuelos en los años cincuenta del siglo pasado - dicen haber quedado por fuera del proyecto. Si esos campesinos que habitan allí no se benefician con los bonos de carbono, la lógica misma del proyecto de carbono queda en cuestión.  

Eso dijeron más de seis lideres y más de 15 colonos de la región con los que habló este equipo periodístico. Y lo reafirmaron el centenar de habitantes locales que asistieron a una audiencia pública convocada por la Contraloría Departamental del Tolima en febrero de 2023, a raíz de las múltiples preguntas y peticiones de información que habían hecho muchos de ellos a la Universidad del Tolima, a varias entidades locales y nacionales. Querían saber, entre otras cosas, por qué en los carteles del Parque Natural Regional Bosque de Galilea que ellos habían ayudado a impulsar para preservar la enorme riqueza del bosque, y que se traslapa con el proyecto de bonos de carbono, se leía que se trataba de una reserva privada y aparecían los logos de la Fundación Amé y la universidad pública. 

La superposición entre el área protegida regional y el proyecto no es poca, según muestran documentos de la iniciativa de carbono. Un 87% de la zona incluida dentro el programa de compensación de emisiones forma también parte de este parque regional administrado y protegido por el Estado colombiano a través de la autoridad ambiental departamental, Cortolima, cuyo logo también apareció en esas vallas.

Cartel que encontraron los habitantes locales a la entrada del Bosque Galilea en 2018 y que anunciaba que se trataba de una reserva natural privada. Foto: Leidy Villamor / Red de Vigías y Defensores del Bosque de Galilea.

¿Cómo se desarrolló un proyecto de bonos de carbono tan exitoso, sin que un centenar de habitantes campesinos de la zona se enteraran siquiera? ¿De qué forma una fundación ambiental creada por profesores de la universidad terminó de gestora del proyecto y de administradora de cientos de predios, cuando nadie parece conocer sus actividades? Una investigación de Rutas del Conflicto y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) buscó respuestas en decenas de documentos, habló con los involucrados durante meses y descubrió que a este proyecto lo cubre más neblina de la que abunda por los bosques altoandinos que dice estar protegiendo. El trabajo hace parte de la alianza Carbono Opaco, que coordina el CLIP y reúne a 13 medios de ocho países, buscando revelar cómo está funcionando de veras el mercado de carbono en América Latina.

Durante una audiencia pública sobre el proyecto de carbono en Bosque Galilea el 1 y 2 de febrero de 2023, miembros de la comunidad que allí vive realizaron varias preguntas sobre la participación de la Universidad del Tolima en el proyecto Redd+. Foto: Juan Carlos Contreras.

 

Los campesinos excluidos 

En los últimos seis años han aparecido un centenar de estos proyectos, conocidos como Redd+, por los bosques húmedos tropicales de la Amazonia y del Pacífico colombianos, por los manglares caribeños, las sabanas de la Orinoquia y por los páramos y bosques nublados de los Andes, como los que protege Galilea. Se trata de un esquema que fue originalmente incorporado a la Convención de Naciones Unidas de Cambio Climático para conectar a gobiernos nacionales que están frenando la deforestación y la degradación de bosques con otros países que quieren pagar por esos resultados, pero que fue ampliado para incluir también proyectos privados. 

La bonanza de proyectos se ha dado porque una norma colombiana de 2017 les permite a las empresas que usan combustibles fósiles deducir la inversión en estos bonos de su impuesto al carbono. Además, una gran parte de las selvas y bosques de Colombia está custodiada por comunidades indígenas y afrodescendientes, que suelen tener titularidad colectiva y gobernanza efectiva de sus territorios, y muchas empresas las buscan para impulsar proyectos privados de carbono, que les dan buena imagen y además rentabilidad, con poca supervisión estatal técnica, social o ambiental.

En este caso de Galilea, lo singular es que los documentos del proyecto apenas hacen referencia a los campesinos que habitan ese bosque desde los años cincuenta. Mejorar “las condiciones de vida de las comunidades que se encuentran dentro o en los alrededores del área de expansión del proyecto” sí está dentro de sus cuatro objetivos principales , según dice el documento de diseño de proyecto de 2018. Explica que esto incluye “la implementación de actividades productivas” y la “compra de la posesión a los colonos que se acerquen a la Fundación con el interés de vender”. 

Otro informe de seguimiento al proyecto en 2022, elaborado por los mismos desarrolladores, habla de “los habitantes del bosque”, pero indica que hay apenas 42 personas viviendo en el área de expansión futura del proyecto y advierte que una de las principales causas de deforestación en la zona ha sido que “los campesinos talan el bosque para el desarrollo de actividades agropecuarias o como un método de apropiación informal de la tierra, para luego comercializar o usar localmente los productos que extraen del bosque”. Otro documento de 2022 menciona que algunos habitantes fueron incluidos en iniciativas de apiarios para miel y guardabosques, pero no explica cuántas personas viven o trabajan la tierra en Galilea o cómo han sido integradas al proyecto.

“No conocíamos nada de bonos de carbono. No sabíamos qué era eso”, cuenta Jorge Ramírez, uno de los colonos que viven en la zona y creció en esos bosques. Él y otros líderes agrarios explican que supieron del proyecto de carbono y se enteraron de que las tierras eran en parte de la Universidad del Tolima cuando pudieron acceder a los documentos de declaratoria del parque regional en 2019. 

Entonces, junto con sus vecinos, empezaron a indagar. A través de las juntas de acción comunal de las veredas La Colonia, Galilea y CundeBlanco, y de la Red de Vigías y Defensores del Bosque de Galilea que conformaron en 2017, enviaron peticiones de información a varias entidades públicas en busca de respuestas a sus dudas. “Hicimos solicitudes a Cortolima, a la Universidad, a la Agencia Nacional de Tierras, a la Contraloría Departamental y a la Fundación [Amé]”, cuenta María Isabel Ramírez, otra nieta de colonos, hoy de 55 años, que vive en la vereda La Colonia del municipio tolimense de Villarrica. Esta lideresa de cabello oscuro y voz firme y enérgica, cuya abuela fue la primera presidenta de junta en la zona de Galilea en los años sesenta, está en el grupo que lleva esta pesquisa para entender por qué se montó un proyecto que se supone los debería beneficiar. 

María Isabel Ramírez, una líder campesina de 55 años, lleva décadas viviendo en la zona del Bosque Galilea y reclama, junto a otros habitantes de la zona, haber sido excluidos del proyecto de carbono. Foto: Leidy Villamor / Red de Vigías y Defensores del Bosque de Galilea

La Universidad del Tolima y sus vasos comunicantes con la Fundación Amé

La impulsora original del proyecto del Programa de Compensación de Emisiones Conservación del Bosque Galilea-Amé es la Fundación Amé, aunque los documentos del proyecto mencionan a un puñado de otras empresas y entidades, incluyendo a la Universidad del Tolima, la empresa suiza South Pole y la empresa colombiana Ecocarbono SAS Zomac.

Para empezar a dilucidar la nubosidad que las envuelve, este equipo investigó primero los vasos comunicantes entre las primeras dos.

¿Cómo se explica que el señor Rafael Vargas Ríos, antiguamente decano de ingeniería forestal de la Universidad del Tolima, hubiese sido también representante legal de la Fundación Amé, la cual resultó propietaria o administradora de predios aceptados por la universidad como donaciones de privados? Es una de las preguntas que le hicieron los campesinos de la región a las autoridades universitarias en varias ocasiones.

La Univiersad del Tolima aparece como aliada del proyecto Redd+ Fuente: Informe de auditoría de Aenor de 2022.

En efecto, Vargas, quien falleció en 2019, fue jefe del Departamento de Ciencias Forestales adscrito a la Facultad de Ingeniería Forestal de la universidad pública entre 2006 y 2012 y luego decano entre 2012 y 2014, según la propia universidad. Y también fue también uno de los cinco fundadores y el primer representante legal de Amé. 

Fue en su calidad de profesor de la universidad pública, no de líder de un proyecto de carbono, que los campesinos lo recibieron, dice la lideresa María Isabel Ramírez. Los habitantes de Galilea argumentan que varios documentos del proyecto, como el informe de verificación hecho por la auditora Icontec en 2018, fechan las primeras actividades del proyecto de carbono en 2010 y que en ese momento Vargas era funcionario de la universidad. 

Otro ex decano de ingeniería forestal de la misma universidad, Rosven Libardo Arévalo, también fue directivo de la Fundación Amé cuando ésta se creó.

Entre los fundadores de la Fundación Amé hay dos ex rectores de ingeniería forestal de la Universidad del Tolima. Fuente: Acta de constitución de 2016  de la Fundación Amé en la Cámara de Comercio de Bogotá.

El actual decano de ingeniería forestal, Omar Melo, quien aparece como el contacto del proyecto de bonos de carbono en el Bosque de Galilea en la universidad en los documentos más recientes del proyecto, dijo que sabía que Rafael Vargas, tras haberse pensionado de la universidad, hizo parte de Amé y lideró el proceso del proyecto Redd+. También dijo que tenía claro que la mayor parte de las donaciones que hicieron privados a la universidad se dio durante la decanatura de Rosven Arévalo, aunque dijo no saber que también hubiese sido fundador de Amé. “Nosotros no teníamos algún conocimiento, hasta el momento en que nos dices, que hace parte de la creación de la fundación”, dijo en medio de una entrevista por videoconferencia  en noviembre de 2023 entre él y cuatro  funcionarios más de la universidad con esta alianza periodística.

La Universidad del Tolima aparece como aliada del proyecto Redd+ Fuente: Informe de auditoría de Aenor de 2022.

Entrevistado al respecto, el secretario general de la universidad, Andrés Felipe Bedoya, dijo que, de haberse dado un conflicto de interés, era de los decanos Vargas y Arévalo, y no de la institución. “Si tenían información y, con base a la información montaron una fundación, y con la fundación quisieron hacer un negocio, es un problema ético y moral del decano, no sería de la universidad”, dijo a esta alianza periodística.

La universidad reconoció, en una respuesta escrita a la comunidad en agosto de 2022, que el decano Vargas “suscribió diversas escrituras de donación durante su periodo de decanatura de la Facultad de Ingeniería Forestal”.

La universidad, sin embargo, no ha sido tan ajena a la Fundación Amé como sugieren sus administradores actuales. Recibió en 2021, como donación de esta fundación, una camioneta Toyota para que profesores y estudiantes pudieran moverse en el Bosque Galilea, en un acto al que asistieron los actuales rector Omar Mejía, vicerrector Jonh Jairo Méndez y el decano Melo. En la foto que la universidad circuló en redes sociales aparece Luz Ángela Palacios, ex representante legal de Fundación Amé, entregándoles las llaves al rector.

Luz Ángela Palacios hizo entrega de una camioneta en febrero de 2021 como donación a la Universidad del Tolima para su trabajo de investigación en el Bosque Galilea. Fuente: Twitter de la Universidad del Tolima.

Esta alianza periodística preguntó a la Fundación Amé si hizo la donación a la universidad pública en el marco del proyecto de carbono, entre muchas otras preguntas que envió al correo oficial de la ONG ambiental y a su responsable de prensa Olga Lucía Cárdenas, sobre los orígenes, actividades y gestión de predios del proyecto de Amé. También solicitamos entrevista con Palacios, quien a través de Cárdenas pidió las preguntas por escrito. La enviamos el 24 de noviembre de 2023, pero ni Palacios ni la Fundación han respondido hasta la fecha. (Puede consultar el cuestionario enviado a Amé aquí).

Los informes públicos sobre el proyecto Redd+, no obstante, dan una idea de la cercanía entre Universidad y Fundación. Un informe de seguimiento a los avances del proyecto de marzo de 2022 dice que la Universidad del Tolima es “aliada estratégica para el desarrollo de actividades de investigación y biodiversidad en el marco del proyecto (de carbono)” y explica que “como propietaria de 74 de las fincas, mantiene un acuerdo de conservación con la Fundación Amé, por lo que ésta actúa en nombre del proyecto como única propone

Es decir, un ex decano de la universidad creó la Fundación y luego la entidad pública le permitió a esa ONG representarla ante el proyecto de carbono. Y esa relación sigue vigente hasta hoy.

En un seminario virtual organizado por la empresa suiza South Pole en julio de 2020 –pero que sólo conocieron los líderes campesinos de la región dos años después – la entonces representante legal de la Fundación Amé, Luz Ángela Palacios Campuzano, explicó el mecanismo tras el programa de conservación del Bosque de Galilea. “Se beneficia la empresa [compradora] en cuanto a que tiene un ahorro en el impuesto al carbono y responsabilidad social, a los dueños del bosque privado que reciben unos recursos y a la comunidad, ya que estos mecanismos generan alternativas de ingresos para las personas que viven allí en ese bosque”, dijo. Por comunidad se refería, según sus palabras durante el mismo webinar, a “las familias que viven en este bosque que es privado, colonos, familias que han sido afectadas por el conflicto armado y que ahora realizan actividades para la sostenibilidad”. 

En el video del seminario virtual, Palacios enumeró las actividades que habían ejecutado con la Universidad del Tolima: “apoyamos para el tema de investigación, tenemos actualmente un libro de más de 500 especies de aves de la región, trabajamos con más de 50 familias para la extracción de miel y tenemos un programa de guardabosques para el cuidado de las áreas”, dijo. Y describió sus planes para más adelante desarrollar allí turismo científico y crear un centro “de talla internacional” en la universidad para el estudio de biodiversidad.

Cuando los reporteros de esta alianza periodística entrevistaron a 20 colonos presentes en la audiencia pública que organizó la Contraloría Departamental en Villarrica para que la Universidad esclareciera sus dudas, ellos y ellas contaron otra película. Dijeron que, en efecto, apoyaron investigaciones de biodiversidad en terreno, pero que no sabían nada de que fueran actividades de un programa de conservación a cambio de bonos de carbono. 

“Nosotros acompañamos a los profesores y estudiantes de la universidad a recorrer el bosque, a recolectar información sobre aves. Les abrimos la puerta de nuestras casas”, dijo Fabio Londoño, un colono de manos arrugadas de labrar la tierra, que lleva años representando a las familias locales en la junta de acción comunal de la vereda CundeBlanco de Villarrica. Se refería a expediciones científicas de la Universidad del Tolima que dejaron hallazgos significativos, como una en 2019 que encontró varias especies amenazadas y vulnerables como el oso de anteojos, el mono churuco o el jaguar, u otra que en 2020 encontró varios ejemplares de la rana arlequín de vientre dorado, un anfibio que no había sido visto en 24 años y hasta ese momento se creía vivía únicamente en un rincón de Cundinamarca a más de 100 kilómetros. 

Científicos de la Universidad del Tolima encontraron ejemplares de la rana arlequín de vientre dorado, un anfibio que no había sido visto en más de dos décadas y en un único lugar del país.  Foto: Leidy Villamor / Red de Vigías y Defensores del Bosque de Galilea. 

El documento técnico que soporta esta iniciativa de carbono sostiene, al igual que hizo Palacios en el seminario virtual y con palabras casi idénticas, que entre las actividades del proyecto había prácticas de campo con la universidad, la publicación de un libro de aves del Tolima, la creación de un centro de estudios de biodiversidad llamado CIMA, el fomento del ecoturismo y la creación de un mariposario y un museo de la memoria. 

“La conservación a través de la investigación ha sido la actividad principal del proponente del proyecto”, dice el documento, prometiendo que esas actividades serían “ejecutadas con los ingresos por la venta de bonos de carbono”. La auditoría externa hecha por Icontec en junio de 2018 replicó el mismo relato.

No obstante, cuando esta alianza periodística preguntó al profesor Miguel Ángel Quimbayo, encargado del laboratorio de biodiversidad de la Universidad del Tolima y líder de la investigación Ecología y conservación de las aves del Tolima por el libro, éste respondió por correo electrónico que esta obra había sido producto de su iniciativa personal como profesor investigador de la universidad y que no ha tenido vinculación alguna con el proyecto de carbono. Quimbayo explicó que sí conversó con la Fundación Amé para la posible publicación del libro, pero que “no llegó a concretarse” y que éste sigue en borrador.

Las dudas sobre si las tan anunciadas actividades académicas han estado conectadas al proyecto de carbono y se han financiado con la venta de los bonos aumentan cuando se escucha a los representantes de la Universidad del Tolima.

Ante los campesinos en la mencionada audiencia, varios funcionarios de la universidad dijeron que no sabían acerca de la venta de los bonos de carbono. El decano de ingeniería forestal, Omar Melo, quien como se dijo figura como el contacto del proyecto Bosque de Galilea en la universidad, sorprendió a todos diciendo: “No sé si de manera ingenua o no, los resultados y actividades [de la Universidad del Tolima] empiezan a aparecer en el proyecto de bonos de carbono de la fundación”. En realidad, explicó, estas actividades formaban parte de un convenio de cooperación entre la universidad y la empresa Ecocarbono SAS Zomac, otra impulsora del proyecto. El vicerrector de investigación, creación, innovación, extensión y proyección de la universidad, Jonh Jairo Méndez, lo secundó al sostener que no han recibido ningún dinero por la venta de créditos de carbono.

El vicerrector Jonh Jairo Méndez y su equipo directivo en el coliseo en Villarrica, Tolima, durante la audiencia pública citada por la Contraloría departamental en febrero de 2023. Foto: Juan Carlos Contreras.

Más cándido aún pareció Melo cuando, ante la pregunta de qué había hecho la universidad con los predios donados para la conservación de bosque en la misma audiencia pública, dijo que esos “predios están dispersos en el bosque y si pregunta que hemos hecho, nada, están quietos de 2003 a 2020. Ni siquiera sabemos dónde están los predios”.

Estas explicaciones públicas a la comunidad no calzan con lo que dijeron las mismas autoridades en varios reportes internos de la universidad. Allí informan que desde 2018 la universidad manifestó en una carta de intención su voluntad de participar en el proyecto  Redd+ con la Fundación Amé para “obtener o acceder a los beneficios generados por los bonos de carbono en la fracción correspondiente a los predios de los cuales la Universidad del Tolima es propietaria”.

Un documento interno de la Universidad del Tolima de 2023 señala que firmó carta de intención con Fundación Amé desde 2018. Fuente: Informe de gestión, Universidad del Tolima.

Un informe de mayo de 2023 da las cifras arriba citadas y subraya que a la institución le corresponderían a agosto de 2019, por los servicios ambientales prestados por sus predios, el equivalente a unos 387 mil dólares. “Cualquier ingreso proveniente de las ventas de los créditos de carbono producidos en terrenos de propiedad de la Universidad será compartido de manera que la Fundación Fundame.col reciba el cincuenta (50%) y la Universidad el cincuenta (50%) sobre las utilidades”, dice el documento, que subraya que la carta de intención continúa vigente y, con ella, la eventual distribución de las ganancias que deje el proyecto.

Según confirma un informe de gestión de la Universidad del Tolima, el proyecto Redd+ ha vendido 208.586 créditos de carbono y a ésta le corresponden la mitad de esos ingresos. Fuente: Informe de gestión de la Universidad del Tolima de 2023.

En ese mismo reporte al Consejo Superior, la administración de la Universidad del Tolima pidió a la Fundación Amé “información contextualizada y verificable” sobre el avance del programa de bonos de carbono, pero la ONG ambiental respondió – según el propio informe - sin información detallada, ni soportes documentales de lo que afirmaba. La universidad insistió ante la Fundación, pero hasta el cierre de esta historia este equipo periodístico no pudo constatar si ésta había respondido satisfactoriamente.

Al preguntarle al decano Omar Melo y al vicerrector Jonh Jairo Méndez, durante una reunión virtual en noviembre pasado, ellos admitieron falencias de la universidad durante el proceso de la iniciativa en el Bosque de Galilea. “Teníamos imprecisiones y debilidades, y a medida que la comunidad fue generando sus derechos de petición, nosotros al interior de la Universidad del Tolima nos preguntamos, ¿oiga, qué es el proyecto? ¿Qué sabemos realmente nosotros del proyecto? Así comenzamos a organizarnos y creo que en este momento es otra historia totalmente diferente”, explicó Melo. Aclaró que reconocen que hay parte de la comunidad que no se está beneficiando y que eso ha traído conflictos, pero que esos hechos sucedieron “en la administraciones anteriores”. En palabras del secretario general Andrés Felipe Bedoya, “la universidad, por tener titularidad en el territorio, termina involucrada en estos conflictos, pero no es la generadora”.

En una respuesta posterior, la rectoría de la Universidad del Tolima dijo a esta alianza periodística que encontró en archivos dos pruebas que soportaban que la entidad sí había develado su condición de propietaria de predios a los habitantes de Galilea. Como soporte, adjuntó una presentación de Power Point que, según explicó, usó en socializaciones en 2018 con la comunidad y en una de cuyas diapositivas figura un mapa de dueños de los predios, similar al que aparece en los documentos del proyecto Redd+. También adjuntó un documento elaborado con Cortolima listando una treintena de talleres hechos en la zona de Galilea durante el proceso de declaratoria del parque regional en los que, en sus palabras, se abordaron “con transparencia, profundidad y contenido los aspectos de propiedad, tenencia y ocupación de las comunidades y demás instituciones con presencia en el área como es el caso de la Universidad del Tolima”. 

En todo caso, el vicerrector Méndez confirmó que no les han entrado recursos por la venta de los bonos de carbono y añadió que están pensando en una ruta para recuperar la confianza de los campesinos en Galilea que pasa por involucrarlos en las actividades que, como resultado del proyecto, podrán financiar. Por eso, explicó, consideran a Galilea “un laboratorio vivo” para el trabajo de la universidad en áreas lejanas del departamento.

 

¿El responsable del 87% del Bosque Galilea cómo va?

Olga Lucía Alfonso, directora de la autoridad ambiental departamental Cortolima, que administra el Parque Regional Bosque de Galilea que, como se contó antes, abarca un 87% del área incluida en el proyecto Redd+, dijo públicamente que apenas se había enterado del proyecto de carbono el 10 de mayo de 2022 durante una audiencia pública citada por la Contraloría Departamental en Ibagué para hablar del plan de manejo ambiental del parque regional.

Sin embargo, en febrero de 2019, ante una consulta del representante a la Cámara David Racero, Cortolima expresó que “la corporación ha tenido conocimiento de un proyecto de Redd+ que se desarrolla dentro del polígono declarado como área protegida” y que lo sabía por la información divulgada por la Fundación Amé, advirtiendo que no era su competencia supervisar ese tipo de iniciativas. Es decir, hacía más de tres años que conocía la existencia de una iniciativa de bonos de carbono dentro el parque regional de cuya administración es responsable.

Respuesta de la autoridad ambiental del Tolima que afirma conocer el proyecto Redd+ en el 2019. Fuente: Respuesta de Cortolima al congresista David Racero.

Pese a insistir públicamente en no tener ninguna relación con el proyecto, la autoridad ambiental aparece mencionada en sus documentos. El PDD lista el “apoyo a Cortolima en los estudios de flora y fauna de la zona” como una de las actividades del proyecto de carbono y habla de “asistencia a reuniones con Cortolima y la comunidad en general para la búsqueda de estrategias de conservación”. 

En otras palabras, la directora de Cortolima negó saber de un proyecto que la misma entidad que dirige había ya señalado conocer y sobre el cual dijo haber conversado en al menos seis oportunidades con la Fundación Amé, según consta en su respuesta al congresista Racero.

Cortolima dijo a esta alianza periodística que “en su calidad de administrador del área protegida, actúa como autoridad ambiental y lleva a cabo actividades de control y vigilancia”, pero “no guarda relación con las actividades realizadas en el marco del proyecto de bonos de carbono en predios dentro” del Parque Regional Bosque de Galilea. Añadió que no existe ningún convenio con la Fundación Amé. (Ver respuestas de Cortolima acá).

¿Quién comercializó los bonos? 

Al menos siete empresas figuran en el registro de transacciones de los bonos de Galilea como titulares de cuenta que han participado en su comercialización, entre ellas Ecocarbono SAS Zomac y varias desarrolladoras de proyectos  de carbono similares como South Pole, Biofix y Terra Commodities. Es decir, por las manos de estas empresas pasaron los bonos vendidos, que – vale la pena recordarlo - hasta diciembre de 2023, según la plataforma de BioCarbon Registry, sumaban 458.258. Aunque no se conoce su valor, en los informes internos de la Universidad los bonos vendidos hasta agosto de 2019 equivaldrían a unos 775 mil dólares.

Ecocarbono SAS Zomac, creada en 2017 para desarrollar actividades forestales y de silvicultura, no obstante, no es una ejecutora independiente de otros actores que impulsan el proyecto de Galilea. Registrada en Villarrica y con dirección en el municipio tolimense de Prado, esta empresa aparece como “encargada de desarrollar los proyectos productivos y gestionar los bonos de carbono”. Según el registro de Cámara de Comercio, fue el ex decano y fundador de Amé, Rafael Vargas Ríos, quien la constituyó y fue su gerente y representante legal hasta mayo de 2019, poco antes de morir.

Luz Ángela Palacios, la ex representante de la Fundación Amé y su vicepresidenta entre 2018 y 2021, es la actual representante legal y una de las accionistas de Ecocarbono.

Según un informe de monitoreo del proyecto de 2022, la Fundación Amé y Ecocarbono comparten incluso la misma dirección en una oficina en el octavo piso de un edificio en la Autopista Norte en Bogotá.

La Fundación Amé y la empresa Ecocarbono SAS Zomac aparecen en documentos del proyecto con la misma representante y dirección física. Fuente: Informe de auditoría de Aenor de 2022.

Palacios, una profesional de negocios internacionales que trabajó como agregada comercial en la embajada colombiana en India, según fue presentada en el webinar de South Pole, también está asociada con la primera compradora de bonos de carbono del proyecto Galilea, el Grupo Seratta. Esta empresa, que usó 208 bonos del proyecto Redd+ de Amé en noviembre de 2019, dice en su página web ser dueña de varios restaurantes y comprar miel orgánica producida en el Bosque Galilea. Palacios fue gerente de Grupo Seratta entre mayo de 2019 y enero de 2020, cuando pasó a formar parte de su junta directiva como miembro suplente.

En la parte inferior de la página web de Grupo Seratta se anuncia que ya compensaron su huella de carbono. Fuente: Página web del Grupo Seratta.

La suiza South Pole — uno de los gigantes del mercado de carbono a nivel mundial, que aparece como formuladora del proyecto en Tolima – dijo a este equipo periodístico que se retiró del proyecto Redd+ en el Bosque de Galilea desde 2021 por diferencias de gestión con los otros participantes. “Identificamos aspectos sobre el manejo del proyecto que no cumplían los estándares de implementación que esperamos de los proponentes de proyectos con los que trabajamos globalmente”, dijo Carolina Jaramillo, su directora regional de proyectos climáticos. Por ello, explicó, terminaron su acuerdo con la Fundación Amé. 

Según Jaramillo, influyeron en la decisión de South Pole preocupaciones sobre “la velocidad y el nivel cualitativo de las actividades sociales y comunitarias inicialmente previstas en el PDD”, incluyendo las de apicultura, guardabosques, el aula de educación ambiental y el mariposario. “Lamentablemente, el progreso en la implementación de las actividades fue escaso y por eso decidimos rescindir el acuerdo”, añadió. South Pole explicó que notificó de su decisión tanto a la certificadora como a la auditora, aunque no detalló si le compartió sus preocupaciones sobre el proyecto ni compartió la carta mediante la cual se los expresó.  

Los vigías del proyecto que no lo fueron

En el esquema de funcionamiento del mercado de carbono, para garantizar calidad y transparencia a los compradores de los bonos, los desarrolladores deben contratar primero a una empresa auditora que visite el proyecto, valide sus resultados ambientales y verifique de manera imparcial la cantidad de emisiones de gases contaminantes que evitó. Si pasa la auditoría, un estándar de certificación otorga su sello de calidad al proyecto y le permite emitir créditos.

Ambos actores, auditor y certificador, deberían estar en capacidad de detectar si un proyecto tiene un problema grueso, como la exclusión de una comunidad.

No obstante, a pesar de las múltiples contradicciones, debilidades, posibles conflictos de interés, exclusión de habitantes locales y falta de transparencia aquí expuestos, dos auditoras le dieron su visto bueno al proyecto de bonos de carbono en el Bosque de Galilea. Primero lo hizo la colombiana Icontec - que validó el proyecto en 2018 - y luego la española Aenor como verificadora en dos ocasiones, en 2019 y 2022. Ninguno, para citar sólo un ejemplo concreto de lo que no vieron, identificó la posible existencia de un centenar de familias campesinas que han habitado esas tierras sin haber sido incluidas como beneficiarias en el proyecto.

En noviembre de 2019, la empresa colombiana BioCarbon Registry —conocida hasta el 2022 como ProClima— certificó el proyecto y sus resultados ambientales, permitiéndole venderlos en el mercado voluntario de carbono.

¿Por qué esta vigilancia pudo haber sido deficiente? Al menos uno de los equipos auditores ni siquiera visitó el Bosque de Galilea en persona. “Por causas de fuerza mayor están restringidas las visitas de personas externas a la comunidad debido a la presencia actual de actores violentos en la zona”, escribió la auditora española Aenor en su más reciente informe, preparado durante 2021 y presentado en marzo de 2022. Por ese motivo, señaló, “el proponente del proyecto y actores aliados (Universidad del Tolima, municipios de Villarrica y Cunday) desestimaron la posibilidad de una visita en sitio, en tanto que no podía ser asegurada la integridad de los visitantes externos”. El informe también señaló que no publica los nombres de las personas que entrevistaron por confidencialidad.

“Ese párrafo nos pone otra vez en peligro”, dice el líder local Fabio Londoño. “Es volver a tener miedo de ir a Galilea, es volver a sembrar el terror. Es una falta de respeto con el campesinado”. Esta alianza periodística no encontró reportes que describan riesgos de ese tipo en esas fechas ni en el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo ni en la prensa regional. 

En su anterior auditoría, Aenor sí había enviado personas a visitar Galilea durante cuatro días y, en su informe fechado en octubre de 2019, dijo haber realizado entrevistas con “diversas partes interesadas del proyecto” e incluyó una tabla con los nombres de las personas. Heriberto Díaz, quien aparece en la lista, dijo a esta alianza periodística no haber hablado con Aenor. Según él, aceptó una oferta de apoyo de la Fundación Amé en 2019 con panales de abejas de especies nativas para producir y vender miel, pero luego se retiró.

Cuatro años después, Díaz dice haberse sorprendido de ver su nombre en el informe, que menciona a un beneficiario con el nombre parecido Edilberto y su apellido. Dice que nunca le contaron que las actividades de apicultura hacían parte de la iniciativa Redd+ y que nunca habló con Aenor en el bosque o en el pueblo, sino de manera informal con Cristian Galindo, quien era el coordinador de actividades de apicultura y guardabosques de la Fundación Amé. “Me vine a enterar de que ese documento decía que me habían entrevistado y no. Yo solo hablé con Cristian”, dijo.

Al cierre de este reportaje, Aenor no había respondido a las preguntas de este equipo periodístico.

La certificadora BioCarbon Registry despierta otras preguntas. La persona que la fundó y la lidera fue también quien primero auditó el proyecto en Galilea para Icontec, según consta en los documentos del proyecto.

Se trata de Ángela Duque Villegas, una ingeniera forestal y economista ambiental que trabajó en la oficina de cambio climático del Ministerio de Ambiente y que aparece en la auditoría hecha por Icontec en junio de 2018 como auditora líder y experta sectorial a cargo de la revisión de información del proyecto en Galilea, de la visita en sitio y de la elaboración del informe de verificación.

Fue ella quien constituyó BioCarbon Registry en septiembre de 2019 como accionista única y con el nombre Proclima SAS, con el objeto del “desarrollo y manejo de estándares de carbono” para cuantificar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y el registro de proyectos que lo logren. A diciembre de 2023, BioCarbon Registry tenía listados 57 proyectos Redd+ en once países, entre éstos el del Bosque de Galilea, que aparece registrado desde el 10 de noviembre de 2019.

Duque explicó a esta alianza periodística que el proyecto en Bosque de Galilea fue registrado por BioCarbon Registry “con base en un proceso riguroso de verificación cuyo resultado es el Reporte de Verificación emitido por Aenor”. Ella reconoció que ella sí formó parte del primer equipo auditor con Icontec, pero que no participó en el proceso de evaluación hecho luego por BioCarbon Registry, explicando que “en ese momento [cuando trabajó con Icontec] no existían los procesos de certificación y registro, servicios que ahora brindamos como Programa de GEI” en BioCarbon Registry. También dijo que su certificadora tiene una política anticorrupción, que incluye los pasos a seguir en casos de posibles conflictos de interés, y un documento de manejo de la imparcialidad que especifica que “las personas involucradas en el equipo profesional de la organización no formarán parte de los procesos de certificación de Proyectos de GEI en los que hubieran tenido alguna participación”.

¿Quién ha recibido los dineros de las ventas de los bonos?

En el papel, la Universidad del Tolima recibiría la mitad de las ganancias del proyecto en el Bosque de Galilea. No obstante, sus directivos sostienen que aún no han visto un peso. La otra mitad, según establece el diseño original, debería ir a la Fundación Amé, como representante de 124 predios que administra y otros 14 de los que es co-dueña con la Universidad del Tolima, para un total de 139 bajo su ala. Esta Fundación, sin embargo, no ha respondido preguntas de este equipo periodístico sobre si ha recibido y repartido estos dineros, y a quiénes. 

Los datos consignados en varios documentos del proyecto de carbono sugieren que hay un número indeterminado de “propietarios privados” que también podrían estar cosechando sus réditos.

Un documento de monitoreo de 2022 explica que los propietarios de 139 predios firmaron acuerdos de conservación con la Fundación Amé y son beneficiarios de un fideicomiso llamado Parqueo Fondo Ambiental. Quien gerencia el fideicomiso es la Acción Sociedad Fiduciaria S.A. y la representación del mismo fondo fiduciario la tiene El Cielo Construcciones S.A.S. No revela las identidades de sus dueños. 

Otros cuatro predios pertenecen a la Fundación ICPP, que opera el Instituto Colombiano de Panadería y Pastelería y anteriormente era llamada Fundación Sigra, bajo un acuerdo de conservación similar con Amé. Diez predios más pertenecen a la familia Ospina Perea, que también firmó un acuerdo idéntico con Amé.

Este cuadro explica quiénes son los propietarios de las tierras beneficiadas por el proyecto Bosque Galilea y cómo están organizadas éstas. Fuente: Informe de monitoreo del proyecto Bosque Galilea-Amé de 2022.

El informe de auditoría de Aenor de 2019 explica que “la propiedad de cualquier tipo de crédito de carbono u otros pagos por servicios ambientales corresponde a los propietarios de los predios, los cuales transfieren dicha propiedad a la Fundación Amé durante la vigencia de los acuerdos”. 

Pero la Fundación que gestiona el proyecto también tiene lazos con quienes administran el fondo fiduciario donde están los predios. Luz Ángela Palacios, la ex directiva de Amé (gestora principal del proyecto Red+) y actual directiva de Ecocarbono (encargada de desarrollar los proyectos y actividades de conservación) y de Grupo Seratta (ex gerente del grupo de restaurantes compradores pioneros de los bonos de este bosque de niebla), ha sido subgerente de El Cielo Construcciones desde 2017 e integrante de su junta directiva desde 2022, según consta en sus documentos de Cámara de Comercio. 

El propietario, en condición de accionista único, de la empresa fundada en 2011 como Verde Futuro SAS y rebautizada en 2018 a El Cielo Construcciones, ha sido Julio César Palacios Ospina, quien a su vez ha sido accionista de Ecocarbono SAS Zomac y miembro de la junta de Grupo Seratta. Otras tres personas —Miguel Ángel Palacios Campuzano, Jairo Alberto Palacios Ospina y Esther Julia Ospina López— han figurado a la vez como miembros suplentes de la junta directiva de El Cielo y accionistas de Ecocarbono. 

Así mismo, El Cielo Construcciones tuvo al ya fallecido Rafael Vargas, el exdecano de ingeniería forestal de la Universidad del Tolima que cofundó la Fundación Amé y gerenció Ecocarbono, como subgerente segundo entre 2017 y 2019, según actas de la Cámara de Comercio.

De hecho, también han coincidido sus direcciones físicas: a noviembre de 2018, El Cielo Construcciones listaba la misma oficina 804 de un edificio del norte de Bogotá que figura en documentos del proyecto como la ubicación física tanto de Amé como de Ecocarbono.

Desde la Universidad del Tolima, el vicerrector Jonh Jairo Méndez insiste en que “le pedimos a la comunidad que confié en su universidad” y “que nos miren como sus aliados” para corregir los problemas hasta ahora detectados. Para los habitantes hasta ahora excluidos, sin embargo, el proyecto de bonos de carbono del Bosque de Galilea sigue envuelto en la misma bruma que caracteriza a los ecosistemas de alta montaña de los Andes que busca proteger.

Actualización Febrero 21: Ajustamos las declaraciones de South Pole para reflejar más claramente que comunicaron a auditor y certificadora el fin de su relación comercial con el proyecto pero que no respondieron si les habían expresado sus preocupaciones.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualizado el: Mié, 02/21/2024 - 11:24

El llamado ‘operativo’ del Ejército, en el cual se interceptó un bazar comunitario en la caseta de Acción Comunal de la vereda, ha sido cuestionado desde distintos frentes. Mientras que el Ejército y el entonces Ministro de Defensa, Diego Molano, declararon que las personas asesinadas habían sido excombatientes de las Farc neutralizados, la comunidad y organismos de defensa de Derechos Humanos han asegurado la creación de una narrativa falsa y estigmatizante.

A través de esta, se ha querido justificar la muerte de civiles que no tenían relación con ningún grupo armado. Dentro de estos, se encontraban Didier Hernández Rojas, el presidente de la Junta de Acción Comunal el remanso, Ana María Sarria, su esposa, el gobernador del Cabildo Kichwa, Pablo Panduro Coquinche, e incluso, un menor de 16 años. 

Al día de hoy, como señaló Sirleny Yury Quintero, lideresa defensora de la Red de Derechos Humanos del Putumayo, Piamonte y Sucumbió en entrevista con Rutas del Conflicto, esta narrativa está siendo utilizada como una herramienta para cuestionar lo que realmente pasó el 28 de marzo. “Se usa para discutir si realmente eran o no eran civiles, se está revictimizando a la comunidad, pero también a sus familias y a los muertos después de muertos”, explicó. 

En palabras de Quintero, si bien ha pasado un año desde los hechos, el silencio institucional y “el silencio de los entes encargados de la investigación para con este caso y la presencia de los actores mismos y el Ejército dentro del territorio” han agudizado la falta de garantías en materia de derechos humanos. Actualmente, el departamento sigue estando atravesado por las disputas territoriales y las economías ilícitas, factores que vienen afectando su seguridad desde hace más de tres años. 

La presencia militar, que en principio había sido planteada para una supuesta protección comunitaria en Puerto Leguizamo, Puerto Guzmán y Puerto Caicedo, “desafortunadamente no aporta en nada a la estabilidad de los territorios, al contrario la situación al interior de las comunidades se ha vuelto cada vez más inestable,” explicó Quintero. 

Juan David Ayure, abogado y asesor jurídico de la coordinación de derechos humanos de la organización de pueblos indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), explicó que, para las comunidades, tener que convivir con militares en el territorio después del ‘operativo’ solo ha ocasionado más miedo y hostilidades. “Esto siempre es un riesgo para ellos, causa mucho dolor, mucha rabia y miedo, hasta los niños lo sienten. Ellos no quisieran vivir más esto,” describió. 

La incertidumbre ante las cifras de desplazamiento y desaparición también es una de las problemáticas que aquejan a la comunidad del Alto Remanso. La falta de investigación por parte de entidades estatales ha dificultado y obligado a la población misma a encargarse de buscar a sus familiares. Aunque se conoce que la comunidad aún se encuentra en situación de desplazamiento interno, las cifras siguen sin esclarecerse. Esto se ha dificultado, además, por el hecho de que “hay casos de familias que decidieron no reportar en aras de poder retornar al territorio con garantías, evitándose problemas con las fuerzas militares y con los otros actores armados,” explicó Guzmán.

Asimismo, en Puerto Leguízamo, el único acompañamiento que se ha hecho a las familias de las víctimas ha venido por parte de plataformas de derechos humanos a nivel internacional y nacional. Las entidades estatales, además de llevar procesos lentos en los que no se presentan avances, no han dado ningún tipo de respuesta dentro de sus investigaciones. La gravedad del asunto, para Guzmán, está en que “ni siquiera se sabe con claridad quién esta cargo de la investigación, los hallazgos son mínimos, en términos oficiales”. 

Desde la OPIAC, se ha logrado confirmar, a través de la recopilación y declaraciones de testigos, que de las 11 personas asesinadas, al menos 7 de ellos eran civiles. Había cerca de 100 personas inocentes cuando el Ejército comenzó el ataque, lo que ha demostrado una violación al Derecho Internacional Humanitario, especialmente en temas de proporcionalidad. “La ventaja militar era mínima para terminar asesinando a dos líderes sociales, un presidente de junta, un gobernador y hasta a niños,” expuso Ayure. 

 Las amenazas también a los testigos y a las familias que han tomado las riendas de la investigación por su cuenta han creado obstáculos que se han hecho cada vez más evidentes. Sirleny Quintero dio conocimiento altos niveles de persecución a vigilancia a la población. Lo que se intensificó con la incursión militar dentro de distintos municipios de Putumayo. Ayure, por su parte, mencionó que “las autoridades comunitarias vienen siendo objeto de amenaza, pero aún no hay un conocimiento certero del origen o motivaciones detrás de estas”. 

Frente a estos hechos, la Unidad Nacional de Protección no ha dado ninguna respuesta efectiva. A pesar de que la comunidad del Alto Remanso, de la mano con la OPIAC, presentaron hace un año una solicitud para protección colectiva, el procedimiento no se ha realizado. “La OPIAC adelantó el trabajo del listado de la comunidad, sus afectaciones y necesidades particulares, pero no ha habido ningún avance,” añadió el asesor jurídico. La UNP no ha llegado a visitar el territorio ni ha contactarse directamente con los testigos. “Están poniendo una condición absurda y hasta extraña, quieren que la comunidad sea la que garantice la logística para que vengan al territorio, de lo contrario, no van a venir,” denunció Ayure. 

Por todo esto, un año después de los hechos, desde el Alto Remanso y Puerto Leguízamo, se exige que pueda haber un cumplimiento de los mecanismos de verdad, justicia y reparación y que se apliquen métodos de prevención, protección y garantías de no repetición. En palabras de Sirleny Quintero, se solicita que se esclarezcan los hechos y se ponga la lupa con respecto al rol de las fuerzas armadas y las violaciones de derechos humanos que se presentaron. Especialmente por el hecho de que “se quedan en el territorio después de violar todos los protocolos, lo que ha generado mucho más terror y zozobra a los habitantes y les ha limitado su derecho a la tranquilidad en el territorio,” explicó lideresa.

 

 

Actualizado el: Mar, 03/28/2023 - 14:58

Por Rutas del Conflicto, La Liga Contra el Silencio y CLIP

La guardia campesina y pobladores de Guayabero protestan contra operativos de erradicación de coca en la vereda Puerto Cachicamo, en Sao José del Guaviare, en noviembre de 2021.

Crédito: Edilson Álvarez/Voces del Guayabero.

Las Fuerzas Militares han recibido y tramitado internamente más de diez denuncias públicas sobre supuestas violaciones de derechos humanos cometidas por soldados en la región del río Guayabero, al suroriente del país, desde junio de 2020. Pero han callado sobre los resultados de sus investigaciones, según información a la que Rutas del Conflicto tuvo acceso a través de la organización Forbidden Stories, un consorcio de periodistas basados en Francia que sigue y publica los trabajos de periodistas amenazados o asesinados. 

Los abusos militares, reportados en por lo menos cinco veredas de las más de 90 que componen la región del Guayabero, entre Meta y Guaviare, se conocieron hace dos años y medio, cuando por lo menos seis personas fueron heridas con disparos de fusil durante operativos de erradicación forzada de coca. Una de ellas fue Fernando Osorio, periodista del medio comunitario Voces del Guayabero, quien recibió disparos en una mano y en el bolso donde llevaba su cámara fotográfica. Otros reporteros del medio dijeron, en entrevista con Rutas del Conflicto, haber sido tildados por los soldados de “fotógrafos y periodistas de la guerrilla”, una estigmatización que, según afirmaron, les ha puesto en riesgo. Además del reportero baleado, los periodistas comunitarios también contaron que han sido retenidos por soldados, les han impedido realizar cubrimientos y han sido obligados a borrar fotos y videos de sus cámaras.  

Las agresiones afectaron a Voces del Guayabero, un medio comunitario que publica contenido en Facebook. En 2020, sus videos sobre los operativos de erradicación fueron retransmitidos por medios de alcance nacional, tanto en internet como en televisión. El impacto de la cobertura, sin embargo, lo acabó sintiendo el medio comunitario, con una reducción del equipo. Sumado al temor por las agresiones, Osorio tuvo su mano afectada por el disparo y se alejó del trabajo periodístico, mientras otros vieron su tiempo limitado por las labores en el campo y en la familia. El equipo, que empezó con cinco reporteros, a mediados de 2021 contaba sólo con una persona. 

Hoy Voces del Guayabero se ha renovado y cuenta con siete periodistas comunitarios, tras un proceso de diálogo y de capacitación en alianza con el medio digital alternativo El Cuarto Mosquetero, de Villavicencio. La visibilidad también ayudó a que cesaran las agresiones de la fuerza pública, según los periodistas. Sin embargo, dos años y medio después de las primeras denuncias, Voces del Guayabero no ha recibido ninguna información sobre el avance de las investigaciones.

Las acusaciones de abusos de los militares en 2020 fueron conocidas por el Ejército, así como nuevas denuncias realizadas al año siguiente. Eso revelan documentos del Comando General de las Fuerzas Militares filtrados por el colectivo ‘hacktivista’ Guacamaya.

Rutas del Conflicto tuvo acceso a los registros a través Forbidden Stories. En la mayoría de los casos, las denuncias públicas sobre violaciones de derechos humanos y comunicados que relatan agresiones en contra de campesinos fueron realizadas por organizaciones sociales y llegaron al Ejército a través de otras entidades, como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo o el Ministerio de Defensa. Las denuncias son un mecanismo utilizado por organizaciones de la sociedad civil para dar a conocer violaciones de derechos humanos y pedir esclarecimientos a las autoridades. 

Mural sobre Resistencia Campesina en la Vereda Nueva Colombia, en Vista Hermosa, Meta. Crédito: Rutas del Conflicto.

 

Un oficio remitido por el mayor general Sergio Alberto Tarfur García, entonces comandante del Comando Conjunto No. 3 “Suroriente”, de 25 de junio de 2020, informa al brigadier general Raúl Hernández Flórez, entonces comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, sobre un comunicado enviado por la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC) a la Defensoría del Pueblo regional en el Meta, donde se informa que entre el 5 y el 15 de junio de 2020, hubo disparos “indiscriminados” que dejaron heridas a seis personas, entre ellas un reportero. La Defensoría remitió la información al Procurador regional del Meta quien, a su vez, la envió al Comando Militar (ver documento).

El mismo día, Tarfur García también comunicó al entonces comandante de la Fuerza Tarea Omega sobre otras dos denuncias públicas enviadas a la Defensoría Regional por organizaciones sociales en mayo de 2020 y remitidas al Comando Militar. La primera informa sobre tres campesinos heridos por la fuerza pública en la región del Guayabero. La segunda afirma que los militares no cumplían “con los protocolos de autoprotección sanitaria” contra el covid-19. El documento también señala que algunos militares no portaban identificación y se tapaban el rostro, y que hubo agresiones físicas y verbales contra campesinos, a quienes se referían como “guerrilleros y milicianos” (ver documento).

En una entrevista con medios nacionales, el brigadier general Hernández Flórez también hizo referencia a una supuesta relación entre los campesinos que se oponían a la erradicación forzada y grupos armados ilegales. El entonces comandante de la Fuerza Omega afirmó que sus tropas fueron “constreñidas y obstruidas mediante asonada violenta con vías de hecho”. Además, dijo que los pobladores actuaban bajo “la presión ejercida por los alias ‘Gentil Duarte’, ‘Maneto’ y ‘Leopoldo’, integrantes del Grupo Armado Residual Estructura Séptima”, según publicó RCN Radio el 4 de junio de 2020.

En la región del Guayabero, la presencia territorial de la organización armada ilegal se ve, según observó este medio en visita al lugar, en pendones firmados no como Estructura Séptima, sino como Frente Jorge Briceño Suárez, grupo formado tras la dejación de armas de las FARC-EP. “Estoy vivo y en pie de guerra contra el imperialismo global del norte, contra la arrodillada oligarquía nacional y su aparato represivo”, se lee en uno de los pendones firmado por alias ‘Gentil Duarte’, a quien el gobierno había declarado presuntamente muerto en mayo del año pasado. 

Hay por lo menos otros dos modelos de pendones del grupo en veredas como Puerto Nuevo y Nueva Colombia, uno de ellos “en homenaje a la mujer fariana” y otro firmado como FARC-EP. Por lo menos cuatro documentos militares obtenidos en las filtraciones de Guacamaya tratan sobre la presencia de grupos armados ilegales en la zona. Un análisis de inteligencia de 26 de mayo de 2021 afirma que el Frente Jorge Briceño trafica drogas por los ríos Guaviare y Guainía hacia la frontera con Venezuela.

Los campesinos de la zona sostienen que cuando la fuerza pública los relaciona con el grupo ilegal los pone en riesgo; pero también los pone en la mira de otros grupos armados, como las ‘Águilas Negras’, que según los pobladores han firmado panfletos con amenazas. Además, explican que han protestado en contra de la erradicación forzada porque no tienen una alternativa productiva que les permita sustituir sus cultivos de coca.

“Si quieren acabar con la coca en el territorio, ¿dónde está ese plato de comida que se está dando por la hoja de coca? Siempre hemos estado dispuestos al diálogo (…). Ellos han llegado de una manera arbitraria, violenta. Es lamentable que no sea un grupo ilegal el que nos esté golpeando, sino la fuerza pública”, dijo un poblador que pidió no ser identificado por su seguridad, durante la visita de Rutas del Conflicto al Guayabero, en diciembre de 2022.

Periodistas de Voces del Guayabero y El Cuarto Mosquetero diseñan mural a partir de una proyección en Nueva Colombia, Meta. Crédito: Rutas del Conflicto.

El campesino también dijo que se cultiva yuca y plátano en el territorio, pero que no hay infraestructura que permita venderlo fuera de la vereda. “La necesidad nos obliga a que tengamos que vivir de algo. Siempre le pedimos al Estado y al gobierno que no nos traten como narcotraficantes”, añadió. Los pobladores se oponen a las agresiones durante los operativos militares, y a la confiscación de ganado que pasta dentro del Parque Nacional Natural Serranía de La Macarena por parte del Ejército.

La Fuerza de Tarea Conjunta Omega tiene la misión de combatir a los grupos armados ilegales y los delitos transnacionales en Meta, Caquetá y Guaviare; y ha liderado la erradicación forzada. Ni Tarfur García ni Hernández Flórez se mantienen en los mismos cargos, según un comunicado del Comando del Ejército Nacional de diciembre de 2021.

Nuevas amenazas y estigmatización

Las denuncias públicas de presuntas agresiones de miembros del Ejército continuaron en 2021. Esa institución recibió por lo menos diez nuevas quejas, presentadas por la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello; la Defensoría del Pueblo; la Movilización Pacífica por la Defensa de los Derechos Humanos, la Vida, la Paz y el Territorio y por el Espacio Humanitario Campesino del Guayabero. El Espacio Humanitario fue creado en 2020 por diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos, comunidades eclesiales, de fe y de la sociedad civil, para revelar agresiones contra las comunidades campesinas. Un oficio enviado por el Inspector General de las Fuerzas Militares a la Fuerza Omega, en marzo de 2022, pide una respuesta a estas denuncias. (ver documento).

Uno de los documentos, divulgado en marzo de 2021 por el Espacio Humanitario, relata que la fuerza pública amenazó e impidió la movilidad de pobladores en el territorio, en la vereda Caño Cabra Alto (Meta) (ver documento). Otra denuncia, del 26 de julio de 2021, señala intimidaciones en la vereda Nueva Colombia, Meta, donde 20 militares entraron a la casa de una pobladora que luego se desplazó al caserío. Esa agresión ocurrió mientras los líderes de la comunidad estaban en el Valle del Cauca en una mesa de diálogo con el gobierno de Iván Duque (ver documento). Otra de las denuncias relata “estigmatizaciones, amenazas de miembros del Ejército Nacional” en noviembre de 2021 en contra de los campesinos de la vereda Puerto Cachicamo, Guaviare (ver documento).

Enviamos preguntas sobre el estado actual de las investigaciones de las denuncias al Comando General de las Fuerzas Militares desde el  6 de enero de 2023, pero hasta la publicación de este artículo la institución no había contestado. El Ministerio de Defensa respondió que el Comando General atendería a las preguntas específicas sobre la región del Guayabero. Organizaciones que fueron parte del Espacio Humanitario tampoco recibieron respuestas. 

“La mayoría de las denuncias que se colocaban en los gobiernos anteriores, nunca recibíamos respuesta (…). Aspiramos que en este Gobierno la institución empiece a cumplir”, dijo un miembro de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) que pidió no ser identificado por seguridad. 

Daniel Ávila, secretario técnico de la Red Llano & Selva y miembro de la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, dijo a esta alianza periodística que tanto los operativos de erradicación forzada como la presencia de los militares y de otros grupos armados continúan en el Guayabero. También afirmó que la falta de respuesta de las entidades a las denuncias es un “hecho reiterativo” y que se debe al “abandono y a la invisibilización” del Estado sobre los territorios del Orinoco y de la Amazonía, además de un “peculiar interés sobre el uso de la tierra” allí, relacionado con el control territorial y la política pública de los parques naturales sin la presencia de campesinos.  

Edilberto Daza, representante legal de la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en el Oriente y Centro de Colombia (DHOC), explicó a esta alianza que recibió como respuesta una tutela del general Raúl Flórez, que acusó a las organizaciones sociales de una supuesta violación del derecho al buen nombre y a la honra. La acusación fue desestimada por la justicia.  

Periodistas de Voces del Guayabero y El Cuarto Mosquetero viajan en el río Guayabero tras actividades conjuntas en Nueva Colombia. Crédito: Sandra Cuffe.

En los documentos militares filtrados también hay casos de estigmatización contra organizaciones sociales. Uno de los textos, enviado a miembros del Comando General el 22 de abril de 2021, afirma que los grupos armados “estarían incidiendo” en tres organizaciones específicas, y en “organizaciones de derechos humanos” que mencionan de forma general. Dos meses después, diapositivas con un análisis sobre el Paro Nacional señalan la posible influencia del frente Jorge Briceño en el movimiento social. El documento, sin embargo, no presenta pruebas sobre esa supuesta relación. El Comando General de las Fuerzas Militares también fue cuestionado sobre la estigmatización, pero no contestó. 

Ante preguntas de algunos senadores de la República sobre los mismos hechos sucedidos en la región del Guayabero, sin embargo, los militares sí respondieron. El comunicado de mayo de 2021, firmado por el general Jorge León González Parra (entonces Jefe de Estado Mayor del Conjunto de las Fuerzas Militares), afirma: “se han iniciado las indagaciones previas Régimen Disciplinario Militar Ley 1862 de 2017, con el propósito de ampliar información referente a las denuncias y proceder a tomar acción disciplinaria conforme lo establecido en citada ley”. Según el documento, se realizan capacitaciones permanentes sobre derechos humanos. Sobre las denuncias del Espacio Humanitario, el comunicado explica, en mayo de 2021, que cinco de ellas habían sido enviadas a las Fuerzas Militares, y que los militares habían tenido acceso a otras tres vía internet. Entre julio de 2020 y enero de 2022, el conjunto de organizaciones sociales del Espacio Humanitario publicó 16 denuncias públicas sobre violaciones de derechos humanos en el Guayabero. 

Estigmas contra el periodismo comunitario

En mayo de 2020, cuando empezó la erradicación forzada de coca en la vereda Tercer Milenio, en la frontera entre Meta y Guaviare, dos reporteros de Voces del Guayabero acompañaron el operativo. Otros dos se quedaron en Puerto Nuevo, Guaviare, donde recibían el material para publicarlo en Facebook. Ante la falta de internet en el lugar de los hechos, los reporteros hacían el trayecto entre las dos veredas en lancha, por el río Guayabero, para descargar los videos, según relató Maritza Montoya Moreno, de 34 años, entonces reportera del medio y ahora presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Caño San José, Meta.

Voces del Guayabero era el único medio presente al inicio de los operativos. Los videos salieron en las noticias de medios nacionales que informaron sobre los disparos contra los campesinos y los heridos, y mencionaron fuentes militares que acusaban a los pobladores de ser violentos contra los soldados y de tener vínculos con grupos armados ilegales. 

Este medio comunitario fue creado en 2018 para narrar hechos de la región desde la perspectiva de los campesinos, incluyendo estos operativos, y denunciar violaciones de derechos humanos. “Acá salen las cosas narradas por las personas directamente afectadas”, afirma Salomón Bedoya Pulido, de 42 años, reportero del medio en Lejanías, en la frontera entre Meta y Guaviare. Sus primeras publicaciones se realizaron en grupos de WhatsApp para una audiencia más local. Desde 2020 utilizan Facebook. 

Los primeros cinco reporteros del medio sufrieron agresiones de la fuerza pública durante los operativos de erradicación. “Hay que darle al de la cámara”, escuchaban. La estigmatización en contra de los periodistas de Voces del Guayabero es múltiple, y está relacionada con discursos sobre los campesinos de regiones afectadas por el conflicto armado y sobre reporteros comunitarios, que no tienen un diploma universitario. En Colombia, esto no es un requisito para ejercer el periodismo. En la sentencia C-087 de 1998, la Corte Constitucional abolió la necesidad de la tarjeta profesional. “El periodismo regional presenta más riesgo, [los reporteros] quedan muy expuestos”, afirma Lina Álvarez, fundadora del medio alternativo El Cuarto Mosquetero, que ha realizado cubrimientos y liderado escuelas de periodismo en el Guayabero. 

Edilson Álvarez González, periodista de Voces del Guayabero, toma una foto de la exposición realizada en conjunto con El Cuarto Mosquetero, sobre los talleres de periodismo realizados en 2022.  Crédito: Rutas del Conflicto.

 Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), señala que los reporteros comunitarios y alternativos muchas veces no son reconocidos como periodistas entre actores como la fuerza pública. “Es bastante sintomática la falta de reacción cuando a quienes se agrede son periodistas comunitarios. Además, cuando está involucrada una institución, en este caso el Ejército, es mucho más difícil que avancen las investigaciones”, afirma. 

Bock también señala que el Ejército ha desarrollado su sistema de comunicaciones, que incluye 150 emisoras, y ha generado un monopolio en las radios locales presentes en buena parte del país. Además, añade que las Fuerzas Militares han asociado muchas veces a las voces alternativas con grupos ilegales, sin dar pruebas de esa relación. La FLIP ha solicitado protección estatal para los periodistas de Voces del Guayabero, y ha requerido información ante la Procuraduría General de la Nación y el Ejército Nacional sobre las agresiones. El Ejército contestó a la FLIP, en agosto de 2020, que adelantaba una investigación de carácter disciplinario sobre los hechos, que se encontraba en la etapa de instrucción, como entrevistas y ratificación de informes. A Rutas del Conflicto, la Procuraduría le informó en enero de este año que está tramitando seis denuncias sobre los supuestos abusos en la región del Guayabero, y que ha remitido la información a las Fuerzas Armadas, a la Policía, a las gobernaciones y alcaldías locales. 

Otro factor de estigmatización es el hecho de que, en los últimos años, nuevos periodistas de Voces del Guayabero se identifiquen como firmantes de paz y exmiembros de la antigua guerrilla de las FARC-EP. Aunque se reincorporaron a la vida civil, los excombatientes han sufrido amenazas y 355 han sido asesinados en todo país desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, según la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En el Guayabero, la zozobra también existe. 

Las amenazas directas de la fuerza pública a los reporteros cesaron después de que el tema se hiciera visible nacional e internacionalmente, en 2020. Los periodistas de Voces del Guayabero consideran que las escuelas de periodismo con El Cuarto Mosquetero han aportado un mayor respeto hacia el medio comunitario. 

Escuelas de periodismo y desafíos que persisten

El acercamiento entre El Cuarto Mosquetero y Voces del Guayabero se dio a partir del cubrimiento de los operativos en 2020. Las escuelas de periodismo empezaron formalmente en noviembre de 2021, con talleres que incluyeron escritura, dramatización, radio, fotografía y video; sobre los temas de género, paz y defensa del territorio. También se realizaron murales colectivos en Nueva Colombia. Los productos periodísticos que resultaron de la formación incluyen piezas sobre las condiciones de la atención local en salud y sobre la guardia campesina, entre otros. La alianza con El Cuarto Mosquetero también abrió nuevos espacios para Voces del Guayabero, que en 2022 participó en publicaciones de El Espectador. 

Entre los participantes de las capacitaciones está Ronald Echeverry, de 55 años, uno de los fundadores de Voces del Guayabero en 2018 como presidente de la Junta de Acción Comunal de Nueva Colombia. “También voy a participar, no es justo, no voy a estar solo lejos”, dice. Echeverry fue estudiante de las escuelas de periodismo al lado de dos de sus hijos, de 11 y 9 años. Desde niño había querido ser periodista deportivo y radial. Actualmente hace reportería con su celular, enfocado en su vereda y en la cultura campesina. 

Ronald Echeverry García, expresidente de la Junta de Acción Comunal de Nueva Colombia y fundador del medio Voces del Guayabero. Muestra el celular en el que grabó videos durante reportería realizada para Voces del Guayabero. Crédito: Rutas del Conflicto.

Otra reportera de Voces del Guayabero que se unió a partir de los talleres fue Dora Martínez Apache, de 33 años. Considera que entre los nuevos desafíos del medio comunitario está informar sobre la mala infraestructura de las veredas, la falta de un buen hospital, la escasez de oferta educativa para niños y adolescentes a partir de quinto de primaria. “Es cuando trabajamos nosotros que las otras personas podrán darse cuenta de cómo vivimos”, dice.  

Salomón Bedoya, compañero de Martínez, ya conocía el trabajo de Voces de Guayabero con anterioridad. Como participaba en grupos de líderes sociales en WhatsApp, recibió los videos del medio comunitario en sus inicios. Otra reportera, que prefirió no publicar su nombre por seguridad, es firmante del Acuerdo de Paz. Había sido enfermera mientras era parte de las filas de la antigua guerrilla de las Farc, y en 2020 atendió a Osorio, el reportero baleado, en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Colinas, en Guaviare. Un año y medio después ella decidió participar en los talleres de periodismo. 

Los nuevos periodistas de Voces del Guayabero se suman a fundadores del medio como Edilson Álvarez en la tarea de seguir narrando los hechos de la región. Los desafíos, sin embargo, no son pocos. Además de la falta de respuesta de las autoridades sobre la investigación de las violaciones de derechos humanos, de la estigmatización y de la presencia de grupos armados ilegales, los reporteros comunitarios están dedicados también a otras actividades en el campo, a sus familias y al trabajo como líderes sociales. 

Según varias fuentes, la erradicación forzada continúa hasta hoy. En noviembre de 2022 se realizó un cerco humanitario en Lejanías, que terminó de forma pacífica tras la presencia de representantes del gobierno y la promesa de un diálogo. Este enero, sin embargo, hubo una nueva movilización en Lomalinda para exigir avances en las negociaciones sobre la judicialización de campesinos debido a la tala en zona de Parques Nacionales, la crianza de ganado en el área y los cultivos de uso ilícito. Mientras tanto, los pobladores y los reporteros de Voces del Guayabero aún esperan por una respuesta a las denuncias de violaciones de derechos humanos que han ocurrido en los últimos tres años.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualizado el: Mar, 02/07/2023 - 15:44

* Por: Pilar Puentes. Esta publicación es parte de una alianza periodística entre Rutas del Conflicto y Mongabay Latam.

En lo que va del 2022, se han identificado 40 dragas del lado colombiano del río Puré y 200 del brasileño, que cambia su nombre a río Purué. Este cuerpo de agua atraviesa la frontera y con él todo tipo de actividad ilegal. La primera vez que el país puso los ojos sobre este territorio en la selva amazónica fue para escuchar quiénes habitaban esas tierras a través de la historia ‘Perdidos en el Amazonas’ de Germán Castro Caycedo. Este libro narra la desaparición y los intentos de rescate de Julián Gil, un comerciante de pieles, que decidió adentrarse en la selva entre Caquetá y Putumayo. 

Desde esa publicación no se tenían datos fidedignos sobre la existencia de estos pueblos indígenas hasta que Roberto Franco García, politólogo, emprendió una investigación en el río Puré en 2010. Ahora se sabe que existen más de 200 personas de la etnia yuri y passé, que han caminado la selva amazónica entre los ríos Caquetá, Putumayo y Puré. No se tiene una cifra exacta de cuántos son porque no se ha realizado el Censo Nacional de Población respetando su derecho a permanecer en condición de aislamiento. Además que esa decisión nace para preservar su vida, sus costumbres y protegerse de la evangelización, la explotación y la presencia de grupos armados.  

De los aislados se sabe lo que pudo investigar Franco García antes de su muerte en un accidente aéreo en 2014, sobrevolando el Amazonas. Su conocimiento sobre estas comunidades quedó plasmado en su gran obra ‘Cariba Malo’, demostró que hacia finales del siglo XIX, los pobladores indígenas migraron a la selva huyendo de los caucheros para alejarse definitivamente del mundo occidental. Sin embargo, están en riesgo por el crecimiento, tras la pandemia, de las actividades de minería ilegal y los caminos que se están abriendo en el territorio para el narcotráfico, volviendo a quedar a merced de la violencia. 

Como lo explicó Juan Felipe Guhl, coordinador del Programa de Investigación Dinámicas Sostenibles del Instituto Sinchi, “las comunidades no están en aislamiento voluntario por el hecho de estar aisladas, sino por las dinámicas de violencia contra estas comunidades”. Es decir, que se vieron obligados para poder preservar su vida y su cultura. 

La protección está en vilo 

“Por instrucciones del Presidente Duque y después de un Consejo de Seguridad, se determinó que había amenaza contra el Parque Nacional Natural (PNN) Puré por la explotación de minería ilegal en Colombia con dragas que viene subiendo desde Brasil por el río y amenazando con la contaminación de este afluente”, afirmó el entonces ministro de defensa Diego Molano, en marzo del 2022. El operativo formaba parte de la estrategia militar conocida como ‘Operación Artemisa’ que buscaba frenar la deforestación y las actividades ilícitas en el Amazonas. 

Una segunda operación en octubre de 2022 dio como resultado la quema de siete dragas sobre el río Puré y el río Cotuhé, además de la destrucción de tres motobombas y siete motores. Como lo explicó el coronel coronel William Castaño, director de carabineros y protección ambiental de la Policía Nacional, “[lo que] logramos recolectar en el marco de esta operación es que estarían vertiendo alrededor de entre cinco y siete gramos de mercurio por cada gramo de oro que estarían extrayendo de los afluentes”.

Como se conoció desde el inicio de la ‘Operación Artemisa’, organizaciones de la sociedad civil, investigadores y ambientalistas han criticado que los operativos militares no son la única y exclusiva forma de proteger la Amazonía de las economías ilegales. En palabras de un investigador, que trabaja en la  zona y que por razones de seguridad prefiere no decir su nombre, afirma que “la Operación Artemisa no soluciona nada. Hace unos meses que sobrevolamos la zona vimos una (draga) quemada y al lado de esa ya habían dos nuevas recuperando el esquema. Entonces los operativos no son efectivos”.

A ello se suma una de las advertencias propuesta por la Fundación Ideas para la Paz, en su informe Fuerzas Militares y la protección del ambiente, en la que se afirma  que  las operaciones desplegadas han generado críticas relacionadas con el uso desproporcionado de la fuerza contra los civiles. “Así como con su concentración en los eslabones más débiles de las cadenas criminales”, se lee en la publicación.

Para una fuente que prefiere mantenerse en reserva, los problemas en el río Puré son un tema transnacional que por los retos y obstáculos debe ser tratado de tal manera que exista una articulación entre los distintos gobiernos de la región amazónica como de las organizaciones que están en territorio. “Empezar con exigir que se persigan a los dueños de la minería porque siempre que hacen estos operativos cae la señora que hace la comida o los trabajadores que, en muchos casos, también son indígenas, pero nunca se capturan a los responsables”, dijo el experto. 

Se destinaron 999.000 hectáreas, ubicadas en la zona interfluvial de los ríos Putumayo y Caquetá en la frontera con la República Federativa de Brasil, para la constitución del PNN Puré. Una de las principales razones de la creación del parque fue la protección de los Yuri-Passe, bajo la Resolución 0764 de 2002. La otra, era controlar la minería ilegal y contaminación de los cuerpos de agua. 

El PNN Puré se divide en dos: 529.000 hectáreas que corresponde a las tierras para los pueblos indígenas en aislamiento y donde no se permite ninguna actividad, y que es denominada la zona intangible. La segunda con 470.000 hectáreas, es la zona primitiva en la cual se desarrollan actividades de investigación y monitoreo de biodiversidad. Por ejemplo, como se contó en una nota anterior de Mongabay, solo se conoce hasta el momento el 0,6% de la fauna del Parque Nacional Río Puré. En 2019, unas 30 especies fueron captadas por cámaras trampa, en el sector de Puerto Franco, donde estaba la cabaña de guardaparques y que lleva el nombre del antropólogo Roberto Franco. 

El Parque Nacional Natural Río Puré está dividió en dos zonas para respetar la determinación de las comunidades indígenas a no ser contactadas

Parques Nacionales Naturales de Colombia construyó la cabaña en 2016 en un lugar estratégico para controlar el acceso a las cuencas del río Bernardo-Hilo y del río Puré y evitar el contacto con los pueblos en aislamiento. Gracias al trabajo de PNN se contuvieron los caminos del narcotráfico a la zona intangible y la presencia de grupos armados, especialmente del Frente Carolina Ramírez de las disidencias de las Farc. Sin embargo, en 2020 la maloca en la que vivía el guardaparques Luis Rivas, un sabedor tradicional del pueblo cubé, fue incinerada. Los actores armados amenazaron a los 15 guardaparques de la Amazonía y tuvieron que ser desplazados de los territorios. En marzo de 2022, tras el operativo en el río se judicializaron a dueños de varias balsas y quienes estarían invadiendo el área protegida, según información suministrada por la Fiscalía. Dos años y medio después de declarada la pandemia, ninguna autoridad de PNN ha podido regresar. 

“Parece un pueblo flotando en el río Puré”

La cuenca del río Puré ha sido históricamente usada para la extracción de minería, tanto del lado colombiano como el brasileño. Esta actividad ha causado grandes daños en los pueblos indígenas que  habitan estas tierras, no solo por los peligros a los que están expuestos por ser comunidades en aislamiento sino por la contaminación de mercurio, la degradación del medio ambiente y  la deforestación. 

Para la Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro —conformada por varias organizaciones sociales tales como Amazon Conservation Team, Fundación de Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS), la Fundación Gaia, la WWF y Frankfurt Zoological Society—, que investiga los impactos y los efectos de la contaminación por mercurio en la zona, la minería que venía en aumento desde el 2019 se disparó tras la salida de los guardaparques en 2020 y la quema de la cabaña en 2021, eventos que coincidieron con el incremento de la presencia de dragas en el río. “Antes uno veía unas 10 y 15 balsas. En 2020 ya habían 40 dragas.  Ahora es como un pueblo flotando”, afirmó una de las fuentes que trabaja en el área. 

Como lo mostró la Alianza entre enero de 2019 a septiembre de 2022 se han afectado 620 hectáreas de bosques de la ribera del río Purué en Brasil, según imágenes satelitales. Uno de los mayores impactos que causa la minería es la alteración de cauces y la dinámica fluvial. Esto se produce por la extracción misma del oro en el río trayendo como efectos la pérdida del cauce, desbordes e inundaciones, pérdida de hábitats acuáticos e interrupciones de procesos ecológicos, dado que se manipula el cuerpo de agua con químicos y máquinas. 

 Imágenes MAXAR que muestra las afectaciones sobre río Puré en Brasil debido al uso de dragas y otras herramientas usadas en la minería ilegal. Comparación entre A) Sensor WV2 fecha captura 25/07/2014 y B) Sensor WV2 fecha captura 10/08/2021. Comparación entre C) Sensor WV2 fecha captura 19/09/2002 y D) Sensor WV2 fecha captura 25/08/2022.

Una de las organizaciones pertenecientes a la Alianza ha monitoreado cómo han cambiado las riberas del río Puré. En las imágenes satelitales se ven grandes parches de tierra cerca del agua. Se podría pensar que son playones naturales pero nacieron cuando tumbaron los árboles y erosionaron la tierra. Las mangueras de las dragas absorben la tierra y la devuelven al río destruida en montículos.  Los mineros con guadañas van tumbando y tumbando los árboles al borde del río para prevenir accidentes de sus embarcaciones.

Algunos trabajadores pisan tierra para continuar deforestando y hacer pequeños asentamientos en los que funcionan también varios prostíbulos. En un sobrevuelo en septiembre de este año, el experto que trabaja en la zona desde hace varios años y que por seguridad no puede dar su nombre, pudo ver en una de las zonas del río Puré algo más de una hectárea y media deforestada, donde se presume que dentro de poco será un asentamiento donde lleguen las balsas a abastecerse.

Según esta misma fuente, en lo que va del 2022 se han deforestado 333 hectáreas de ribera del río Puré en el lado brasileño. “El río Puré del lado de Brasil tiene 370 kilómetros, tenemos imágenes de 137 kilómetros donde en este momento hay, por lo menos, unos siete barcos, 137 dragas y varios planchones y  remolcadores. En los 233 kilómetros no tenemos imágenes recientes, pero calculamos aproximadamente algo menos de 200 dragas. Eso nos da a casi mil personas sobre el río”, explicó el experto.  Eso se traduce en un peligro para el ecosistema del lado de Colombia, considerando que la minería que se hace dentro del PNN Puré, lo que implica que se está cometiendo un delito ambiental. A ello se suma el riesgo para los pueblos en aislamiento, en la medida que los mineros ilegales pueden entrar en contacto con ellos, lo cual vulnera su derecho a permanecer en aislamiento.

Según la jurisprudencia colombiana se crea el Decreto 1232 de 2018 para la prevención y protección de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento. En este se establecen los cordones de protección sanitaria, con el fin de evitar y detener la propagación de enfermedades entre las comunidades  que viven cerca y los aislados. Como lo explicó el Instituto Sinchi, “los yuri-passé no tienen el mismo sistema inmunológico que nosotros. Quienes se encontrarán con los aislados no son precisamente personas que tengan un interés con ellos, hacia las comunidades en sí, ni al mantenimiento del medio ambiente. Un hombre de la sociedad mayoritaria podría llevarles un bulto de virus y poner en riesgo a toda la comunidad hasta la muerte”. 

“No va a poder crecer nada en el río”

Para el río Puré la presencia de minería se traduce en la generación de sedimentos, que ocurre en dos momentos: el primero cuando se remueve el material del suelo y es arrastrado por la corriente. El segundo, cuando el material extraído es lavado en tolvas, un contenedor parecido a un embudo, y el conjunto de partículas que quedaron en el fondo del recipiente se vierte sobre el agua. Como lo explicó la Alianza, esto trae consigo varias consecuencias como lo es el incremento de la turbidez, lo que impide el paso del sol a las algas, plantas y microorganismos. Vuelve al río estéril y en el que no es posible que puedan sustentar formas de vida.  

Cada año, desde 2018, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés), con apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Colombia y el Ministerio de Minas y Energía, publica el informe ‘Explotación de oro de aluvión. Evidencias a partir de la percepción remota’. Este año el informe arrojó que el río Caquetá y el río Puré presentan unas de las mayores explotaciones de oro en aluvión. (ver historia). Además, el Puré está en la lista de los ríos con mayor número de alertas de minería ilegal en la Amazonía colombiana. 

Sumado a la carga de sedimentos está el mercurio, utilizado para separar el oro, contaminando el ambiente y la salud de las personas. Como lo explicó uno de los investigadores de la Alianza, que omite su nombre por razones de seguridad, “los impactos ambientales descritos afectan de manera directa al derecho a la vida y autodeterminación de los pueblos indígenas siendo especialmente lesivos para pueblos indígenas en situación de aislamiento, dada su absoluta dependencia de los recursos de la naturaleza para su supervivencia”. 

Según un estudio realizado sobre los impactos generados por la minería, hecho por la Secretaría de Salud del departamento colombiano del Amazonas, Corpoamazonía, la autoridad ambiental encargada de esa zona del país, y PNN, encontraron que las comunidades indígenas del río Caquetá -el río Puré es uno de sus afluentes- tienen concentraciones mucho más altas que el promedio en mercurio. Según el Instituto Nacional de Salud (INS), una persona expuesta al mercurio no debería tener más de 15 microgramos por litro del metal en la sangre. El problema es que, por lo menos en la cuenca media del río Caquetá, ya se comprobó que se superan los límites. 

La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha determinado que el consumo de este metal puede ser tóxico y que provoca grandes trastornos neurológicos como también causa alteraciones en fetos y en los niños. Este panorama se complejiza por dos razones, como explica Sergio Vásquez, asesor de incidencia y comunicaciones estratégicas de Gaia. La primera, para las comunidades indígenas no existe ni siquiera una palabra en su lengua que traduzca lo que está pasando por el consumo de alimentos contaminados. Lo segundo, no se tienen cifras e impactos claros sobre la población que está en aislamiento. Como lo enunciaron las distintas organizaciones de la Alianza, la contaminación puede ser mucho mayor dado que el río Puré a diferencia del Caquetá es mucho más angosto y tiene más balsas ilegales, lo que se traduce en una mayor concentración de mercurio.

 “Están en constante riesgo”

El mercurio está afectando la vida de las comunidades indígenas en el Amazonas. Gaia ha determinado impactos a las comunidades por las actividades de mercurio y unas consecuencias especiales a las mujeres, a los ancianos y a los niños indígenas. El investigador divide los impactos en varias categorías, empezando con las consecuencias de la minería en los derechos culturales y organizativos. Sin embargo, los impactos negativos en sujetos que cumplen una doble protección constitucional - como ser mujer e indígena , por ejemplo- se incrementan. En voz de Sergio Vásquez desde Gaia, la contaminación por mercurio y los cambios en el ecosistema tienen un impacto diferencial en la mujer. 

Otros de los impactos que genera la minería, como lo explicó una de las organizaciones de la Alianza es que los actores ilegales y sus dinámicas están arrinconando a los aislados y haciendo cada vez más pequeño el área intangible.  Un segundo factor que está afectando la vida de los indígenas en el río Puré y en la zona protegida es la presencia del narcotráfico. Como también lo narró una fuente que trabaja en terreno, los caminos que se están abriendo para pasar mercancía ilegal en el PNN río Puré al lado de Brasil, están atravesando el territorio de los indígenas. Estos grupos armados pasan por el el río Caquetá y según investigaciones de InSight Crime provienen de las bandas de Brasil (Familia del Norte UN, Comando Rojo o Comando Vermelho – CV, Primer Comando Capital o Primeiro Comando da Capital - PCC) quienes controlan el comercio en su país y las rutas de tráfico hacia Europa. Esto trae consigo la violación al derecho de los yurí-passé a no ser contactados.

Por otro lado, las miles de personas que trabajan en las balsas y las dragas compiten por alimentos con los indígenas en la selva amazónica. Los mineros también cazan y pescan, lo que se traduce en menor recursos para los yuri-passe, además como lo explica uno de los investigadores en terreno, “ni siquiera sabemos si los mineros están consumiendo también pescado y agua contaminada de mercurio. Seguramente sí”. 

A la fecha no existe un ejercicio de prevención y control minero ambiental eficiente por parte del Estado colombiano. La entidad encargada del área, Parques Nacionales Naturales, no puede tener una presencia constante en el territorio por las amenazas y hostigamientos a sus guardaparques. De hecho,  en respuesta a un derecho de petición, reconoció las constantes amenazas de grupos armados ilegales en el PNN. Dos de las organizaciones de la Alianza concuerdan que esta actividad aumentó drásticamente en 2019 y que tras la quema de la cabaña de Puerto Franco, todo empeoró. 

Las actividades ilícitas transitan el río Puré sin ningún control pasando al lado de Brasil. No existe una frontera que cambié las dinámicas del río. Según un estudio de la Universidad Federal de Minas Gerais, las 112 toneladas de oro producidas en Brasil en 2021, al menos 7% eran de origen ilegal y 25% de origen potencialmente ilícito. Las comunidades continúan en riesgo de ser contactadas por los grupos armados o los mineros, además de las amenazas a la estabilidad de los ecosistemas amazónicos y su biodiversidad. No se sabe qué estarán pensando y analizando los pueblos Yuri- Passé sobre las consecuencias por la contaminación de mercurio cuando en su lengua no existen palabras para ese “veneno”. 

 

 

 

 

 

 

Actualizado el: Vie, 11/18/2022 - 11:06

Por Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio 

Documentos, audios y testimonios de oficiales y suboficiales del Ejército revelan aparentes irregularidades en la ejecución de un convenio firmado en 2014 entre Ecopetrol y la fuerza pública, concebido para que el Batallón Especial Energético y Vial (Baeev) número 21 en Putumayo cuidara la infraestructura petrolera. Parte de los recursos debían proveerle una nueva sede a este Baeev, que estaba operando desde otra dependencia. 

Crédito: Rowena Neme.​

Este tipo de convenios, regulados por la Resolución 5342 de 2014 del Ministerio de Defensa, permite que empresas minero-energéticas entreguen recursos a la fuerza pública para que garanticen la seguridad de la infraestructura minera y petrolera. Por lo general, el Ejército usa estos dineros para mejorar la infraestructura de instalaciones militares, bienestar de los soldados, capacitaciones en derechos humanos y compra de combustible. Sin embargo, varios de esos convenios han estado en el centro de procesos judiciales, disciplinarios y fiscales por presunta corrupción, en el que militares ejecutan los dineros que les dan compañías petroleras y mineras sin presentar los debidos soportes que garanticen la transparencia en la inversión. El caso del Baeev 21 es uno de ellos.

El teniente coronel en retiro, José Alexander Pedraza, actual director de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la regional Suroccidente, está imputado por la Fiscalía por la presunta comisión del delito de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales por este convenio, pues se desempeñaba entonces como comandante del Batallón de Apoyos y Servicios para el Combate (Baser) 27 en Putumayo. 

La Fiscalía le imputó en 2021 el mismo cargo al mayor Rúlber Yesid del Río (jefe de operaciones del Baeev 21), al coronel Óscar Mauricio González (comandante del Baeev 21), a los sargentos José Mauricio Vargas (suboficial de convenios del Baeev 21) y a Gabriel Vargas Garzón (auxiliar de control interno). También imputó a los civiles Daniela Casanova, representante legal de la empresa Multiservicios Carvajal, y a su esposo, José Luis Carvajal, por el mismo delito. Su empresa había sido contratada por el Baser 27 para adecuar una casa dentro de la que sería la nueva sede del Baeev 21.

La Fiscalía encontró que esta remodelación no se habría realizado con recursos provenientes del convenio, aunque el Ejército, a través del Baser 27, sí le pagó a la empresa Multiservicios Carvajal de Colombia la totalidad del monto estipulado. Esta empresa, activa desde 2008 y con sede en Putumayo, tiene más de 10 años de experiencia ganando procesos de contratación con el Ejército. Su objeto social es el de realizar “mantenimiento y reparación especializada de equipo electrónico y óptico” y registra otras actividades de comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicas y de telecomunicaciones, según el registro de la Cámara de Comercio de Putumayo, una razón bastante alejada de las obras civiles. 

Un documento de la justicia penal militar, que revisó el caso y que luego remitió a la Fiscalía Anticorrupción, cita un informe técnico realizado por el ingeniero civil y subteniente del Ejército, Mateo Quintero Orrego, en 2018, que señala que el trabajo fue realizado por la Brigada Especial de Ingenieros y que no hay evidencias de que la empresa Multiservicios Carvajal hubiese ejecutado la obra. El documento de la justicia penal militar dice que sí se realizó una obra de adecuación, pero diferente a la estipulada en el contrato, “con recursos propios del batallón de ingenieros” y no con los provenientes del convenio. 

Sin embargo, según documentos obtenidos por Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio, los militares involucrados firmaron actas donde afirmaban que Multiservicios Carvajal sí había hecho entregas de obra parciales y totales.  

Lo que mal empieza…

Hilarión Guerrero, otro contratista que compitió en el proceso en el que el Ejército escogió a Multiservicios Carvajal, señaló en un documento –que le envió al Baser 27– varias aparentes irregularidades en la selección. Esta alianza periodística revisó las observaciones del contratista y pudo establecer que Multiservicios Carvajal, efectivamente obtuvo el menor puntaje entre las candidatas, porque no tenía la experiencia necesaria ni póliza de seguros, según el acta de evaluación . La empresa tampoco fue avalada por el Comité Jurídico Evaluador, ni cumplía varios de los requisitos en el pliego de condiciones, como consta en un documento (ver página 15).

La Fiscalía encontró además que el Baser 27 y Multiservicios Carvajal firmaron el contrato el 12 de diciembre de 2016 (ver documento) y en tan solo 11 días, el 23 de diciembre, los militares ya habían producido actas de entrega a satisfacción (ver documento de la justicia penal militar). El pago de la totalidad del contrato, casi 258 millones de pesos, se realizó el 27 de diciembre, solo 15 días después de suscrito.

Sin embargo, militares que hacían parte de la oficina de convenios y el jefe del Estado Mayor de la Brigada 27, que reúne a varios batallones del sur del país y a la cual pertenecen el Baeev 21 y el Baser 27, el coronel retirado Edison Danilo Sánchez Leyton, reportaron a principios de 2017 que no encontraron soportes que justificaran la ejecución de la obra, e incluso señalaron que no existió una acta de inicio del contrato. El coronel no pudo verificar cómo estaba la casa antes o después de la obra, ya que no encontró facturas ni registro fotográfico.

El coronel González, que inicialmente firmó las actas de entrega de las obras, en marzo de 2017, se retractó ante sus superiores en un documento, en el cual señalaba que a la fecha, tres meses después de firmado el contrato y pagadas las obras, no se habían comenzado los trabajos de adecuación de la casa. 

Los comandantes de los Batallones de Apoyo y Servicios para el Combate (Baser) son los responsables de los contratos que se firmen en cada región. El coronel retirado José Alexander Pedraza, hoy imputado por la Fiscalía, comandaba el Baser 27 y era el ordenador del gasto de estos contratos en Putumayo, cuando se firmó y se pagó el de Multiservicios Carvajal. Pero este no fue lo único que se firmó con esta empresa.

En la base de datos de contratación pública, consultada en octubre de 2022, figura que Multiservicios ha tenido al menos 14 contratos con diferentes organismos del Estado, de los cuales 10 los autorizó el Baser 27 y suman más de 1.200 millones de pesos. Esta empresa vendió al Ejército elementos médicos, chalecos antibalas y otros equipos de seguridad militar. También cobró por la adecuación de la casa del Baeev 21. Pedraza participó en la adjudicación y firmó varios de estos contratos.

Familiares de José Luis Carvajal y Daniela Casanova, al frente de Multiservicios Carvajal, tienen empresas en otros departamentos que contratan con el Estado, particularmente con el Ejército por sumas cuantiosas. Por ejemplo, Mark Vladimir Mora Carvajal, primo de José Luis, ha contratado con el Baser 27 la venta de repuestos para vehículos y lubricantes desde 2017, cuando comandaba Pedraza, hasta 2020. Multiservicios Carvajal presentó esta información como experiencia propia en el proceso de selección para la remodelación de la casa del Baeev 21(ver documento). 

Otro militar retirado, un suboficial que fue trasladado a la oficina de convenios del Baser 27 en febrero de 2017, y quien prefiere no publicar su nombre por razones de seguridad, dijo que revisó la documentación y no existía ningún soporte de la adecuación de la casa. Recordó que reportaron la situación al coronel Sánchez, jefe de Estado Mayor y segundo comandante del Batallón de Operaciones Terrestres 27. “No encontramos documentos que respaldaran lo que decían que habían hecho”, dijo el militar.

El suboficial señaló que meses después recibió una nota: “Los sapos de esta oficina no se metan donde no les importa”, decía. El militar, quién fue retirado de la institución en 2019, denunció luego las irregularidades del contrato ante la Fiscalía y señaló que él y su familia han sido víctimas de seguimientos por hombres armados. “Ante los hechos tuve que dejar el país en enero de este año. Yo no tenía tranquilidad. La última vez mi hija vio a hombres armados vigilando, enfrente de la casa en la que vivíamos”, cuenta.

Los señalamientos a Pedraza

Varios audios de una fuente confidencial, obtenidos por esta alianza periodística, permiten deducir que el coronel José Alexander Pedraza llamó al coronel Óscar Mauricio González para insistirle que debía cambiar su versión, y ponerse de acuerdo con la empresa contratista en el proceso ante la Fiscalía. Una fuente independiente confirmó que las voces del audio son suyas. “El hombre me dice (el proveedor), hablemos el mismo idioma o si no, nos corre mierda es para todos (...) Que nos pongamos de acuerdo y decir que las cosas sí se hicieron (...) Yo lo digo es para salvar el pellejo para que a uno no lo metan en la cárcel (...) Ahí no hay nadie que lo salve a uno”, dice Pedraza.

En esos mismos audios, Pedraza hace un particular comentario sobre los presuntos vínculos entre el contratista y los militares. “Yo estuve hablando con este señor, con ‘el de abajo’, con el proveedor (...). Yo estuve hablando con este man y ese man me dice que él lo apoyó a usted también”, dice el coronel, ante lo cual González niega haber recibido dicho “apoyo”.

Hasta 2019, el coronel Pedraza tenía al menos cinco indagaciones disciplinarias internas dentro del Ejército por casos de manejos irregulares de recursos (ver documento).  

Además de la imputación que le realizó la Fiscalía Primera Anticorrupción por la firma y ejecución de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales (ver documento) por el caso de la casa del Baeev 21, la base de datos de la Fiscalía General de la Nación reporta que Pedraza tiene otro proceso activo, vigente y en etapa de juicio (ver documento). Según explicó un funcionario de esta entidad, de quien se reserva su identidad por razones de seguridad, este registro indica que el coronel retirado está acusado formalmente por celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.

Rutas del Conflicto y La Liga contactaron al coronel Pedraza varias veces vía Whatsapp y a su correo institucional como actual director de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la regional Suroccidente, pero no respondió. Finalmente contestó una llamada la segunda semana de octubre, pero dijo que “no podía decir nada” y pidió que no lo molestaran más con el tema. Pedraza fue nombrado en enero de este año en la dirección de esta entidad, que tiene un amplio manejo de recursos para el funcionamiento de la fuerza pública. Según datos de la misma Agencia, entre enero y junio de 2022 el presupuesto a nivel nacional ejecutado llegó a 764 mil millones de pesos. 

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares ejecuta contratos dentro de los mencionados convenios. Esta alianza periodística le consultó al Ministerio de Defensa si se habían tenido en cuenta todos los procesos judiciales que enfrenta Pedraza cuando lo nombraron como director en su cargo. La Agencia Logística fue noticia en 2021, cuando un juez condenó a su exdirector en los Llanos, el coronel retirado Roberto Dussan Mejía, a 15 años de cárcel por concierto para delinquir y cohecho en un caso de direccionamiento irregular de contratos.

La oficina de prensa del Ministerio señaló que la selección de Pedraza había ocurrido durante el gobierno del expresidente Iván Duque y su ministro Diego Molano. Además, los encargados del Ministerio explicaron que habían remitido la información reportada por esta investigación sobre el coronel Pedraza al área encargada.

El coronel Óscar Mauricio González, también imputado por la Fiscalía, pues firmó el acta de recibo a satisfacción de la cuestionada obra de adecuación de la sede para el Batallón Especial Energético, tampoco respondió las preguntas para esta investigación. Aunque contestó inicialmente vía Whatsapp en la primera semana de octubre, luego bloqueó los números de los periodistas. Esta alianza también le escribió desde febrero de 2022 a Daniela Casanova, representante legal de Multiservicios Carvajal, pero tampoco respondió.

El mayor Rúlber Yesid Del Río sí contestó y dijo que terminó firmando el acta de satisfacción del contrato por presión de sus superiores. “Yo estaba listo para comenzar el curso para ascender a coronel (...). Me dijeron que tenía que firmar, o si no, me sancionaban porque se perdía la plata y yo no quería dañar mi hoja de vida”, explica Del Río, que fue retirado del Ejército sin ascenso.

Del Río agregó que inicialmente se negó a firmar, pero su superior inmediato, el coronel Óscar Mauricio González, le dijo que procediera, que ya había hablado con el coronel Pedraza, quien le había asegurado que la obra comenzaría en enero de 2017. Del Río dice que no pudo confirmar si eso fue así, ya que fue trasladado junto a todo su batallón al Catatumbo. 

“Uno no entiende cómo firman un convenio para apoyar la construcción de un batallón y luego trasladan a todos los hombres de ese mismo batallón. Yo me fui y no supe qué pasó con eso, hasta que me llamaron a decirme que me estaban investigando”, dice el mayor retirado. Ante la negativa de Pedraza y González a responder las preguntas de esta alianza periodística, no se pudo contrastar lo dicho por Del Río.

El oficial agregó que nunca participó en la etapa precontractual, ni en la adjudicación; nunca se reunió ni con el proveedor ni con el coronel Pedraza, ni hizo parte de ningún comité evaluador. “Simplemente firmé porque me lo ordenaron y porque vi que el coronel González ya había firmado otra acta de recibido. Yo puse varias denuncias al interior del Ejército para que se investigara todo esto y por eso me sacaron y no pude ascender”, dijo Del Río.

Más convenios sin soportes

Según una investigación que abrió en su momento el jefe de Estado Mayor y segundo comandante del Batallón de Operaciones Terrestres 27, el coronel retirado Edison Sánchez, la falta de documentos que respalden la ejecución de obras se repite en contratos de al menos 20 convenios que suman más de 24 mil millones de pesos. “Evidencio una serie de irregularidades administrativas (...), y denuncié ante la administración de Justicia Penal Militar relacionada con la ejecución de proyectos (...) para las instalaciones del comando Baeev 21, por un valor de 257.978.132 pesos, el cual resultó ser una obra fantasma”, dice Sánchez en una comunicación que envió a la Fiscalía, a la Contraloría y al Procurador delegado para la Fuerza Pública.

En el Sistema de Contratación Pública (SECOP) figuran convenios señalados por Sánchez en su informe. En las actas de liquidación de todos se registra que faltan varios soportes que respalden si las obras o servicios contratados se realizaron, o si los bienes adquiridos se entregaron. En estos documentos aparecen rubros que debieron invertirse en combustible, tiquetes aéreos, materiales de construcción, computadores y capacitaciones en derechos humanos para los militares, pero no hay facturas ni otro tipo de soportes que prueben su ejecución. 

Tres suboficiales que estuvieron en las oficinas logísticas y de convenios en la Brigada 27 en 2017 le dijeron a esta alianza periodística que no encontraron documentos que sustenten la debida inversión de los recursos. “Dicen que hicieron un curso de derechos humanos, pero todos sabemos que no hicieron nada. No hay fotografías, listas de asistencia o cualquier cosa que lo pruebe”, dijo uno de ellos.

Esta situación es particularmente grave, pues varios destacamentos de la fuerza pública han sido señalados de violar los derechos humanos para favorecer a las empresas minero-energéticas que les dan recursos a través de estos convenios, como lo documentó otra investigación periodística de esta misma alianza llamada “Convenios de fuerza y justicia”.

Según algunos de los militares consultados, también faltan evidencias de que los contratados hayan cumplido con el Estado en convenios relacionados con el bienestar social de los soldados. Por ejemplo, la liquidación del convenio 13-075 (página 20), firmado entre Ecopetrol y el Ejército, por un valor de 55 mil millones de pesos, tiene 21 observaciones de la dirección de finanzas del Ministerio de Defensa Nacional que señalan falta de “soportes, balances y facturas”. En ese convenio se habían destinado 2.741 millones de pesos para construcción del casino del Baeev 21 en el Putumayo, pero solo se presentaron documentos que respaldaban la inversión de 1.928 millones (ver documento). No hay claridad sobre el destino de los 813 millones faltantes.

Por las presuntas irregularidades en el convenio 14-047, la Contraloría General de la Nación abrió una investigación en la que incluyó a varios militares como presuntos responsables fiscales, entre ellos el mayor general Francisco Javier Cruz Ricci, que fue hasta 2017 comandante de la Sexta División del Ejército. Esta alianza periodística contactó a la oficina de prensa de la Contraloría para verificar el estado de estas investigaciones, pero no respondió.

El brigadier general César Augusto Parra, quien reemplazó en 2017 a Cruz Ricci como comandante de la Sexta División, envió en junio de 2020 a la Contraloría una notificación donde amplió las denuncias. El ente de control respondió: “No se evidenciaron soportes que ampararan el gasto, especialmente los contratos derivados de los convenios de colaboración en Caquetá y Putumayo”.

En julio de 2019, el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, llamó a calificar servicios a varios generales, entre ellos Cruz Ricci y César Augusto Parra. En los meses siguientes los dos generales se acusaron mutuamente de ser los responsables de los manejos de estos dineros entregados por Ecopetrol. Hasta octubre de 2022 ninguno tiene procesos penales abiertos por estos casos en la Corte Suprema de Justicia, el ente que investiga y juzga a los generales. 

Rutas del Conflicto y La Liga consultaron al Ministerio de Defensa si tenían investigaciones internas por las presuntas irregularidades de estos convenios. “Se precisa que dentro del archivo de la dirección de convenios del Ejército no se encuentra la información solicitada”, fue la respuesta escrita de la institución a un derecho de petición enviado en mayo de 2022 (Ver respuesta).

También se consultó, vía derecho de petición, a Ecopetrol por las denuncias que habían hecho el coronel Sánchez y el brigadier general Parra a la Contraloría. La empresa respondió que “no tiene conocimiento de las denuncias realizadas por funcionarios del Ministerio de Defensa. Cada vez que los entes de control requieren información de los convenios, dichos requerimientos son atendidos por Ecopetrol, de acuerdo a lo solicitado”. “De llegarse a encontrar cualquier anomalía en los comités de seguimiento, el Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, deberá dar las respectivas explicaciones del caso”, agregó Ecopetrol (ver respuesta).

Tanto el coronel Sánchez como dos de los suboficiales en retiro entrevistados, señalaron que fueron separados de la institución luego de las denuncias y las investigaciones en las que participaron. “A mí incluso me degradaron en el cargo que tenía, luego de que mostré todo esto. Tengo una hoja de vida impecable y luego de señalar las irregularidades, simplemente me sacaron del Ejército”, señaló Sánchez.

Convenios poco transparentes

La falta de soportes que respalden el cumplimiento de estos contratos no se relaciona solo con los convenios mencionados en este reportaje. El proyecto “Convenios de fuerza y justicia” de Rutas del Conflicto y La Liga mostró que es una práctica recurrente, señalada en decenas de documentos de liquidación donde los comités de seguimiento, conformados por un representante de la Dirección de Convenios, una persona de la Unidad Militar y un representante de la empresa, no han encontrado respaldo de los gastos.

Reportes de prensa han mostrado que la Fiscalía y la Contraloría han abierto varios procesos a militares por el manejo de estos recursos. En abril de 2021, El Espectador encontró que la Fiscalía le había imputado cargos de peculado por apropiación en favor de terceros a un teniente coronel y otros dos militares por firmar actas en las que avalaban más de 100 horas de vuelo para soldados que nunca se realizaron. El pago por estas horas ascendió a más de 3.000 millones de pesos dentro del convenio 16-053 que ejecutó el Batallón Especial Energético y Vial (Baeev) número 6, en Boyacá.

Otro ejemplo es la apertura de una investigación por parte de la Contraloría General de la Nación a miembros de la Agencia Logística del Estado, por irregularidades en la construcción del Puerto Fluvial Avanzado de Infantería de Marina en Barrancabermeja, relacionada con un convenio entre la Agencia Logística y Ecopetrol.

Aunque existen procesos judiciales o ante los órganos de control como los ya mencionados, en la mayoría de los casos revisados por el proyecto periodístico “Convenios de fuerza y justicia”, no hay investigaciones abiertas. Además, la información para revisar estos convenios suele ser de difícil acceso en el SECOP. Los documentos públicos que se encuentran en el sistema apenas son legibles, pues muchos tachan parte de la información que el Ejército considera reservada (ver ejemplos). En el pasado Rutas del Conflicto y La Liga, acudieron a varias instancias judiciales para acceder a estos documentos. 

Cuatro militares que han trabajado en la supervisión de estos convenios dentro del Ejército dijeron que es frecuente que estos recursos se conviertan en una caja menor para el gasto personal y familiar de oficiales. “Muchas veces quien hace el control está subordinado a los que deciden para qué se usa la plata. Siempre hay mucha presión dentro de la institución”, señaló uno de los entrevistados que trabajó en una oficina de convenios. 

Según Andrés Hernández, director ejecutivo de la ONG Transparencia por Colombia, los contratos que involucran a las Fuerzas Militares pueden contener información sensible para la seguridad nacional, pero es clave que la ciudadanía haga un escrutinio y ejerza control, porque son recursos públicos en juego. “La institución debe tener en cuenta la justificación para entregar información. El tema del test de daño (una prueba que deben implementar las instituciones para justificar la información reservada) sigue siendo algo que no vemos suficientemente utilizado en este y otros sectores. Es necesario que la entidad argumente por qué lo hace y qué está protegiendo”, explica Hernández.

La corrupción alrededor de estos convenios no es el único problema. Ha habido denuncias  contra militares que han violado los derechos humanos de líderes sociales que se oponen a acciones de las empresas que han firmado convenios de protección con el Ejército (ver el caso del líder ambiental Héctor Sánchez y líderes tratados como delincuentes). En la imputación que hizo la Sala de Reconocimiento de Justicia Especial para la Paz (JEP) a 22 miembros del Ejército por asesinatos de civiles que luego fueron presentados como bajas en combate en Casanare, se señaló que el dinero de estos convenios fue utilizado en estos crímenes (ver comunicado).

Funcionarios de la ONG internacional Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, que hace seguimiento a la labor de más de 10 mil compañías en el mundo, señalaron que existe una relación entre la falta de transparencia y la ausencia de control a las acciones de los miembros de la fuerza pública. “Las dificultades de acceso a la información propician su manipulación, el encubrimiento de pagos y actos de corrupción, que entorpecen la vigilancia estatal y ciudadana y construyen barreras para la efectiva investigación, sanción y reparación de violaciones de los derechos humanos”, señalaron los funcionarios.

Como lo muestra la investigación “Convenios de fuerza y justicia”, varias organizaciones sociales, entre ellas Indepaz y el Colectivo José Alvear Restrepo, han expresado su preocupación por los abusos y crímenes que se pueden derivar de esta forma de financiación de la fuerza pública por empresas petroleras y minero-energéticas. Aunque siguen las investigaciones por corrupción y violaciones de derechos humanos, estos convenios siguen vigentes, sin que el nuevo gobierno se haya pronunciado sobre su futuro.

 

 

 

Actualizado el: Mar, 11/15/2022 - 06:58

Por Óscar Felipe Agudelo para La Liga Contra el Silencio

Y no es solo su venia para la creación de notarías. La superintendente García se ha ganado varios titulares de medios de comunicación por hechos como: la realización de un evento a dos días de las elecciones presidenciales en el que se reunió a buena parte de los notarios del país o cuando señaló que casi la mitad de los funcionarios que coordina tienen algún tipo de investigación interna por corrupción. En la estancia de García como cabeza de la entidad, según una fuente que pidió mantener su identidad en reserva, se han aumentado las quejas laborales, toda una paradoja si se tiene en cuenta que la superintendente es una abogada con especialización en Resolución de Conflictos.  Precisamente uno de los conflictos se avivó cuando una funcionaria se negó a avalar estudios que no cumplirían los requisitos para crear notarías. 

El 19 de mayo el Ministerio de Justicia decretó la creación de nuevas notarías, aunque la jefa de la Oficina Asesora de Planeación de la Superintendencia de Notariado y Registro rechazó la decisión porque ninguna pasó el estudio de viabilidad. 

En la coordinación de la Oficina ha estado Marcela Garavito, una funcionaria que dice haber vivido un calvario desde el pasado 18 de abril. En un estudio técnico, Garavito consideró improcedentes las notarías de Rivera (Huila), El Rosal (Cundinamarca), Piamonte (Cauca) y San José de Isnos (Huila) porque no cumplían los requisitos del Decreto Ley 960 de 1970. Desde ese día iniciaron los conflictos, cuando la superintendente García, en una comunicación interna, argumentó que esas notarías eran “una decisión del Gobierno Nacional”.

Garavito explicó que simplemente se ajustó a lo que dice el decreto sobre la creación de notarías. Según esa norma, aún vigente, se debe tener en cuenta la población del municipio y el promedio anual de escrituras. Ninguna cumplía con los requisitos. Desde ese momento inició un cruce de cartas entre Garavito, Daniela Andrade Valencia (funcionaria de la entidad y muy cercana a la superintendente) y la propia García. “Se centraron en un error ortográfico que tuve, pero no en el fondo de mi argumentación: que esas notarías no se podían crear”, dijo Garavito. 

Sin importar las razones, la superintendente García y Andrade Valencia le manifestaron que las notarías debían crearse bajo el concepto de “conveniencia del servicio”. Garavito refutó y desde ese momento no volvió a saber nada más; hasta el 19 de mayo, cuando el Ministerio de Justicia creó tres notarías por decreto, sin el aval de la Oficina Asesora: Piamonte, Rivera y San José de Isnos.

A la creación de las notarías del 19 de mayo sin el usual estudio de la jefe de la Oficina Asesora de Planeación hay que sumarle una cuarta: la de Madrid, Cundinamarca. Esa oficina merece capítulo aparte porque su solicitud fue del 11 de mayo y en solo ocho días fue decretada. Después de rechazar las otras cuatro, Garavito nunca supo nada de la nueva solicitud. “Esta notaría tampoco cumple las condiciones del Decreto Ley 960 de 1970”, señaló.

Una notaría es el sueño de cualquier político. Basta recordar a la excongresista Yidis Medina, quien pidió una al entonces presidente Álvaro Uribe para apoyarlo con su voto en la reelección presidencial. Hay otros ejemplos. Rodolfo Galvis Blanco, exgerente de la campaña presidencial de Iván Duque en Santander, después fue nombrado notario encargado, y pronto completará cuatro años en la Notaría 20. Jose Andrés O'Meara dejó la dirección del sistema de compras públicas, Colombia Compra Eficiente, hace menos de dos meses para irse a una nueva notaría en el Aeropuerto El Dorado. 

La senadora Aida Avella ha denunciado durante años los favores políticos que se pagan con notarías y los altos ingresos que devengan los notarios. “Es muy grave que se creen notarías sin requisitos legales a pocos días de las elecciones. No solo es grave, sino antiético. Alguien lo demandará”, dijo. Noticias UNO reveló que las notarías creadas se gestaron en municipios con alcaldes afines a la coalición del gobierno nacional.

Tomás Felipe Mora, docente y abogado especialista en derecho administrativo, considera que no se está respetando el trámite administrativo. “Puede hablarse de responsabilidad disciplinaria y penal. Las notarías tienen un trámite que ha existido por varios años en la Superintendencia de Notariado y Registro”, señaló. 

¿Cómo crearon notarías sin el visto bueno de la funcionaria encargada de dar vía libre? ¿Quién dio el visto bueno? La superintendente Fernanda García y el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, no dieron respuestas hasta la publicación de este reportaje.

Denuncias de maltrato laboral

Después de defender su posición sobre la inviabilidad de las cuatro notarías, cuenta Marcela Garavito, la superintendente García la descalificó. “Dijo que estaba contrariando lo manifestado por el gobierno, que no sabía lo que era conveniencia, que no sabía nada de registro y de sus normas”, dijo. Esto quedó documentado por Garavito en una carta enviada al comité de convivencia laboral. 

La Oficina Asesora de Planeación de la Superintendencia de Notariado y Registro usualmente ha avalado o rechazado la solicitud de las notarías por medio de estudios basados en el Decreto Ley 960 de 1979, explicó Garavito. “Se han emitido los estudios, pero terminan siendo recomendaciones. La última palabra para crearlas o suprimirlas la tiene el gobierno nacional, así lo establece el artículo 131 de la Constitución”, añadió Garavito, a quien le pidieron la renuncia luego de negar la creación de las notarías. 

En Noticias UNO García dijo: “La Superintendencia simplemente hace unos estudios de viabilidad para ver si se puede crear o no una notaría, y todas estas creaciones que ustedes vieron recientemente obedecen a una necesidad del municipio representada por el señor alcalde”. Lo que no dijo es que desestimó el estudio de factibilidad hecho por la jefa de la Oficina Asesora de Planeación, quien recordó casos donde el Decreto 960 sí se ha tenido.

 

Captura de pantalla comunicación de Garavito a García del 13 de mayo.

Garavito no es la única que habla de maltrato laboral por parte de la superintendente García. Existen otros testimonios en la entidad; uno de ellos es el de Archibaldo Villanueva, exsubdirector de apoyo jurídico de Notariado y Registro, quien fue declarado insubsistente de su cargo a tan solo días de obtener su pensión. 

Según Villanueva, la superintendente García, sabiendo que estaba próximo a pensionarse, le pidió la renuncia al cargo porque “ella tenía otros compromisos y necesitaba el puesto”. Villanueva le dijo que dejaría la vacante en cuanto tuviera su pensión, pero García no esperó el tiempo y lo declaró insubsistente. El puesto se lo dio a Camilo Andrés Chamorro, quien, según varias fuentes, es pareja de García. 

“Todo el mundo lo sabe, pero nadie puede decir nada”, dijo una fuente que pidió reserva. Chamorro, a quien le nombraron tres abogados de planta y cuatro contratistas para que lo apoyen, según Villanueva, ya había sido contratista de la entidad, y en octubre de 2021 iba a acompañar a la superintendente en un viaje a República Dominicana. Al interior de la entidad quedaron dudas de por qué él fue el elegido para acompañar a García a ese viaje con viáticos pagados para cada uno. Hubo malestar al interior de la Superintendencia por lo que él al final no viajó aunque ya existía resolución para hacerlo (ver aquí la resolución). 

Sobre los funcionarios maltratados por García, Villanueva dijo que no fue víctima, pero sí testigo. “Tuvo problemas con la mayoría de los directivos. Es ególatra, maltratadora, no delega. Es lo que ella diga por encima de lo que sea”, dijo. Villanueva coincide con Marcela Garavito en que la superintendente pretendía manejar la entidad sin tener en cuenta a otros funcionarios. Solo con el argumento de que era “amiga de Duque (...) y hablaba directamente con el presidente”.

Una fuente que pidió reserva explicó que la conexión de García con la Presidencia de la República se da a través de María Paula Correa, jefa del gabinete; de Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia; y de Daniel Palacios, ministro del Interior. Antes de llegar a la Supernotariado en 2018, García estuvo en la Personería de Bogotá, en el Ministerio de Ambiente y en el Tribunal de Cundinamarca.

Choques en una manifestación sindical

Ángela Salamanca, funcionaria de la entidad e integrante de Sintranore, uno de los sindicatos de la Superintendencia de Notariado y Registro, padeció los maltratos de García y de su esquema de seguridad. El 29 de octubre del año pasado el sindicato hizo un paro porque, según ellos, la entidad se estaba debilitando por el recorte de recursos económicos y por la tercerización del servicio (punto en el que está involucrada Proyectos Legales, una empresa de la familia del ministro del Interior, Daniel Palacios). Además, protestaron para que se respetaran las tarifas de los servicios que pagaban los ciudadanos. 

Salamanca y sus compañeros estaban en su legítimo derecho del ejercicio sindical cuando la superintendente García llegó con sus guardaespaldas a acabar con la protesta. “Arrancó unos carteles y llamó a la Policía, pero esta le dijo que no podía hacer nada porque estábamos amparados en el derecho a la protesta”, explicó Salamanca. “No hubo intención de dialogar, la intención fue quitar la manifestación como fuera posible”, añadió. 

En ese escenario Salamanca fue golpeada; también la superintendente García. El personal de seguridad del edificio, funcionarios cercanos a García y su esquema de seguridad intentaron a la fuerza diluir la protesta. Por su lado, los miembros del sindicato intentaron mantenerla. En medio estaban los ciudadanos que pretendían acceder a la oficina de instrumentos públicos de la calle 26 en medio del caos (ver video).

Finalmente la alta funcionaria no quiso dialogar, el servicio de instrumentos públicos duró parado unos 15 días en todo el país, hasta que el ministro de Justicia conversó con los miembros del sindicato. La falta de voluntad para dialogar le ocasionó a García un anuncio de debate de control político en el Congreso por el cese de actividades. El paro “tiene en jaque a la construcción”, dijo en noviembre pasado la representante a la Cámara Adriana Magali Matiz. 

Anteriormente, García había estado en la mira de la Cámara de Representantes para otro debate promovido por Gabriel Vallejo, congresista del Centro Democrático. Finalmente no se logró. 

Además de Garavito y Salamanca existen más de 10 casos que señalan a la superintendente y a personal cercano a ella de maltrato laboral. Las víctimas no acceden a hablar por miedo o represalias. Un exfuncionario tuvo una parálisis facial por el estrés. Otra, producto del acoso de funcionarias cercanas a García, sufrió ataques de nervios. 

Estos podrían ser los últimos días de García en el cargo. Fuentes consultadas indicaron que la funcionaria podría ser nombrada en alguna notaría por el presidente Duque. García, al frente de la Superintendencia de Notariado y Registro, ha sido una funcionaria conveniente para el Presidente, y las últimas semanas han sido de gran movimiento para ella. No solo por el foro en el que se reunieron todos los notarios del país a dos días de las elecciones presidenciales, sino también porque, según el sindicato Sintranore, la última semana de mayo la aprovechó para celebrar su cumpleaños con mariachis y torta con presupuesto de la Superintendencia. 

 

Actualizado el: Mar, 06/07/2022 - 07:31