"Se metieron a los conjuntos" es una serie de cinco cortos realizados con el apoyo de la UNESCO y la Unión Europea, que muestran cómo se difunden desinformaciones relacionadas con discursos discriminatorios y de odio. En el primero, se narra cómo surge la desinformación, centrándose especialmente en los hechos que ocurrieron durante el paro nacional de noviembre de 2019. Este corto también se enfoca en los impactos de la desinformación en la vida real.

El segundo corto se centra en la difusión y viralización de la desinformación, y cómo esta es utilizada por grupos con intereses políticos claros para exacerbar los prejuicios y ganar apoyo a causas particulares. En el tercer corto, se exploran los debates relacionados con la libertad de expresión y los límites entre esta y los discursos discriminatorios. El cuarto corto muestra los efectos de la desinformación y la perpetuación de estereotipos dañinos. Finalmente, el quinto corto propone soluciones ante la desinformación y debates sobre la responsabilidad de las redes sociales, el Estado y los ciudadanos en la lucha contra la desinformación.

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Actualizado el: Jue, 09/12/2024 - 09:14

 

Camilo Quiseno, habitante del municipio de Miranda, Cauca, cuenta que en diversas ocasiones la falta de servicios públicos, en el año 2022, a raíz de las lluvias, se convirtió en una problema para su comunidad que parecía no tener fin. Esta situación fue una de las gotas que rebosó la copa de los habitantes del municipio, quienes decidieron organizarse para exigir transparencia a las autoridades por varias situación que los afectaban a diario.

Marisol Ramírez, lideresa de la organización Mujeres Sororas encabezó un proceso junto a varios miembros de la comunidad de Miranda. Comenzaron a trabajar para la creación de una mesa de diálogo que los ayudará a exigir una rendición de cuentas a las autoridades locales. Este es un mecanismo que les permite a los ciudadanos vigilar y controlar el actuar responsable de los servidores públicos que implica la transparencia de información, para evaluar la gestión a las entidades.

Todo el trabajo alrededor de esta iniciativa de la comunidad en Miranda comenzó en una escuela de control ciudadano en la que participaba Marisol, quien había llegado al territorio desde hace diez años. “Se aprendió de la importancia de la transparencia y la veeduría para hacer un control social a toda la inversión que llegaba al municipio”, cuenta la lideresa.

Marisol cuenta que para ese momento, la relación entre las autoridades y la población no era muy buena. La poca escucha de las instituciones, hacia las necesidades de la población de Miranda, estaba llegando a un punto que los ciudadanos estaban muy descontentos. Durante ocho meses, varios líderes y lideresas se prepararon en el ámbito de políticas públicas, para hacerle frente a las discrepancias que se evidenciaban en el territorio diariamente. Había problemas en el estado de las vías, en el suministro de servicios públicos y en la educación de los jóvenes.

En ese momento, diferentes grupos sociales como el Foro Nacional, el Consejo Municipal de Juventudes (CMJ), la Plataforma Juvenil, la Liga de Usuarios en Salud, la Organización Mujeres Sororas y Defensoras, la JAC Vereda Los Pinos, el Consejo Comunitario de Comunidades Negras Conzoplan Santa Ana, el Grupo Motor PDET y la Fundación de Mujeres Unidas para el Progreso de Todas (Fumuprot)  iniciaron un proceso en conjunto para pedirle a la Alcaldía Municipal una serie de cambios en búsqueda de la mejora y seguridad del territorio.

“Era la primera vez que hacíamos un proceso de control ciudadana tan grande, el buscar la información, el unir esa información, el crear un informe. Es decir, esa primera vez fue una experiencia de vida muy fuerte porque nos obligó a aterrizar y hacer las cosas más pausadamente y centradamente”, cuenta la lideresa.

Iniciativas de control ciudadano como la de Miranda enfrentan enormes retos, por la falta de transparencia en instituciones de diferentes niveles en el país, como lo señala Transparencia por Colombia. Esta es una organización no gubernamental, que lidera acciones que articulan y transforman actores sociales, políticos, estatales, entre otros, para vivir de manera íntegra y actuar a favor del bien común. La ONG ha hecho parte de trabajos con comunidades, que inician un proceso de veeduría, como lo fue el caso del municipio de Miranda, Cauca.

Transparencia por Colombia explica que uno de los mayores retos que se suele enfrentar la ciudadanía es encontrarse con instituciones cerradas que limitan la participación, por desconocimiento sobre los funcionarios y del derecho a intervención. Además, la organización señala que existen otras dificultades como lo son “una poca voluntad política para garantizar ese derecho, una poca inversión pública al sector de participación y la actuación condicionada al apoyo político en época electoral”.

La ONG resalta varios puntos claves para a la hora de comenzar estos procesos de veeduría ciudadana: “Construir agendas comunes que permitan la acción colectiva, apropiarse de instrumentos como la rendición y la petición de cuentas, continuar formándose en herramientas de acceso a información pública, generar alianzas con medios locales, regionales o nacionales que apoyen la exigencia de transparencia que hacen contrapeso a la acción pública de los gobiernos”.

En el caso de la comunidad de Miranda, existió toda una organización y diferentes temas claves a la hora de hacer el proceso. Uno de ellos fue el tema de las juventudes, en el cuál hizo parte Camilo Quiseno, integrante de la Organización Mujeres Sororas. “Las entidades siempre ponían trabas para escuchar los procesos que proponían los jóvenes, las canchas estaban en mal estado, la mala alimentación de los menores y, sobre todo, la poca seguridad pública de los chicos que estaban en condición de calle y en consumo de sustancias”, explica Camilo.  El líder cuenta que en su momento, solo obtuvieron respuestas con ironía, por parte del personal que no tenía conceptos claros en la Alcaldía municipal.

La rendición de cuentas que realizó la comunidad tuvo un enfoque de género, e incluyó temas de  política pública de la mujer y las iniciativas de la comunidad LGBTIQ+.  En este tema trabajó May Romero, integrante de la Organización Mujeres Sororas, quien cuestionó a la Alcaldía sobre la categorización de la población, en cómo se iba a formular la mesa de diversidad sexual y sobre las líneas de atención.

Lastimosamente, la respuesta que brindó la institución dejó mucho de qué hablar, May Romero aseguró que “la gestión del personal, que estaba en su momento en la Alcaldía, fue mediocre, porque no había las herramientas tanto conceptuales como profesionales para abordar las problemáticas que el municipio tenía”. Lo que sorprendió a la comunidad fue que las preguntas que formularon no tenían una respuesta clara, estas no tenían coherencia con la realidad o simplemente no existían.

Después de dos años de que ocurrió la audiencia, las opiniones de los resultados y los cambios están divididos. Para algunos sí se han logrado gestar cambios en el municipio con referente a los jóvenes y en algunos puntos con referente al género. Sin embargo, Marisol tiene otra perspectiva con el tema mujer. “Realmente no ha habido cambios. Lastimosamente el nuevo enlace de mujer ha hecho imposible el avanzar en el tema de control ciudadano y estamos a la espera de lo que pase con esta nueva administración teniendo en cuenta que son nuevos la mayoría”, explica la lideresa.

Para Transparencia por Colombia, la rendición y veeduría en Miranda, tuvieron buenos resultados en cuestión de participación. “El proceso respondió a los intereses de la ciudadanía de Miranda, en la evaluación del espacio, el 74% contestó que la rendición de cuentas respondió a sus intereses”.

Como consecuencia de lo anterior, la población del territorio está más abierta a seguir con estos procesos de participación ciudadana. Transparencia por Colombia, en una encuesta hecha en el municipio, encontró que se generó una apropiación del instrumento de la rendición de cuentas. “En la evaluación del espacio el 85% de los encuestados respondieron que participarán nuevamente en un espacio de rendición de cuentas”, explicó la organización.

De todo este proceso, es importante resaltar la importancia que tiene la veeduría ciudadana y la transparencia en los procesos para los territorios. El caso de Miranda, Cauca es una muestra de que el liderazgo y la participación de las comunidades son claves para lograr cambios sociales que se lleven a cabo para la mejora de vida de los ciudadanos.

 

Actualizado el: Sáb, 08/17/2024 - 18:00

El río Fragüita baja desde las montañas del Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi, en la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en medio de un bosque frondoso y unas colinas escarpadas que se detienen súbitamente ante la llanura amazónica del departamento de Caquetá. El río de aguas transparentes se abre paso en medio de dos rocas de cerca de ochenta metros de altura para pasar junto a un caserío (pequeño poblado rural) con el que comparte el nombre, antes de seguir hacia la selva.

Los habitantes de Fragüita muestran con orgullo el estrecho de roca por el que pasa el río, conocido como ‘Portales del Fragüita’ y cuentan la historia de dos indígenas que tenían prohibido amarse por la enemistad de sus familias, por lo que fueron condenados a convertirse en rocas y vivir siempre  cerca, pero sin poder tocarse. A menos de cinco kilómetros de este paisaje boscoso y exuberante, se abren paso decenas de cráteres llenos de agua con sedimentos, en los que fluye el agua que arrastra los restos de la gasolina, el aceite y el detergente usados en la extracción de oro.

Al fondo se aprecia el lugar conocido como ‘Portales del Fragüita’, en el río del mismo nombre. Foto: Juan Carlos Contreras. 

La minería avanza por varios de estos cristalinos cuerpos de agua que bajan de la cordillera y que alimentan la principal arteria fluvial de la zona, el río Caquetá. En este largo e imponente afluente, la extracción se transforma: dragas de varios tamaños flotan dispersas en las aguas que avanzan selva adentro, dejando un rastro de contaminación que afecta el ecosistema de este valle amazónico que limita en un trayecto, por el sur, con el Parque Natural Nacional La Paya y, por el norte, con dos resguardos indígenas, el Witora y el Los Parajes de Puerto Zábalo y los Monos, este último que colinda con el Parque Natural Nacional Serranía de Chiribiquete.

El aumento de la minería en San José de Fragua y su vecino municipio de Belén de los Andaquíes coincide con la crisis que vive el negocio de la producción de cocaína en Caquetá y Putumayo. Aunque los cultivos de uso ilícito ocupan amplias extensiones del piedemonte y de la sabana amazónica alrededor del río Caquetá y sus afluentes, el precio de la base de coca ha caído y muchas personas, que no tienen otra forma de ganarse la vida, han encontrado en la extracción de oro una fuente de subsistencia.

La minería, una fuente de trabajo 

Luis* es un joven que vive en una finca cerca al casco urbano del municipio de San José de Fragua, en Caquetá, está por cumplir 18 años y llevaba casi tres trabajando en la minería de oro, cerca al corregimiento de Fragüita. No terminó la secundaria porque, al cumplir 15 años, tuvo que dejar el octavo grado para buscar trabajo y apoyar a su familia.

El joven cuenta que le pagan los jornales diarios por pasar todo el día en los pozos llenos de sedimentos, tratando de encontrar unos gramos de oro. “Se saca el agua de las quebradas (riachuelos) con una motobomba y se dispara a presión contra la tierra y se va formando una masa de barro, que luego va a dar a una draga que la envía por unos tubos hacia unos tapetes en donde queda la arena y el oro”, cuenta Luis.

Motobomba que dispara el agua a presión contra la tierra. Foto suministrada por una persona de la región. 

En este proceso, los mineros usan aceite, gasolina y detergente, componentes que se juntan con el agua sedimentada y continúan su camino río abajo , hasta llegar nuevamente a las quebradas. “Aquí no se usa mercurio, pero todo el resto sí va a dar al agua. A la semana pueden salir entre 15 a 50 gramos de oro, depende del sector en el que uno trabaje”, explica el joven.

Andres*, un líder de organizaciones de juventud que trabaja en la zona, cuenta que el auge de la minería está relacionado con la baja de los precios de la coca desde hace casi un año, pero aclara que las dragas llegaron a las veredas (zonas rurales) del municipio de San José de Fragua desde el 2016. “Esto se hace en riachuelos, pero luego todo va a dar a ríos grandes como el Yurayaco y el San Pedro. Cerca del municipio de Curillo (también en el departamento de Caquetá) ya hay una laguna grande de lodo”, cuenta.

El líder señala que la minería se ha convertido en una opción económica para los jóvenes de toda la región, que no tienen muchas formas de ganarse la vida. “Están pagando 80 mil pesos por el día (aproximadamente 20 dólares) y como ha ido mermando el precio de la coca, y la gente necesita dinero, se ha dedicado a esto”, explica Andrés.

La minería ilegal se extiende por la zona del piedemonte amazónico, en el que se encuentran tres departamentos colombianos: Putumayo, Caquetá y Cauca, este último con territorios que van hasta la costa del océano Pacífico. Se trata de un lugar clave por el cual circulan las economías ilegales de la minería y el narcotráfico, y en el que se encuentran dos parques nacionales: Alto Fragua Indi Wasi y Serranía de los Churumbelos, que suman cerca de 170 000 hectáreas.

Según el análisis geoespacial realizado por Mongabay Latam, hallamos que la deforestación por minería más fuerte alrededor de áreas protegidas amazónicas de Colombia ocurre cerca del parque Serranía de los Churumbelos, con 269 hectáreas deforestadas por esta actividad en un radio de 10 kilómetros del área protegida. En un área de cinco kilómetros alrededor del área, este espacio se reduce a 38 hectáreas. Esta última cifra es importante, ya que en 2021 ni en 2020 se registró deforestación por minería en este espacio de cinco kilómetros alrededor del parque.

 

Actividad de minería ilegal sobre el río Caquetá. Foto: Juan Carlos Contreras. 

Un experto en minería, perteneciente a una organización científica que trabaja en la zona, y que prefiere no publicar su nombre debido a la creciente inseguridad, cuenta que ese sector de la cordillera Oriental de los Andes que se funde con la selva amazónica tiene varias solicitudes de títulos mineros. “Existe una expectativa en la región por el potencial minero. Si uno revisa los operativos que han hecho las autoridades en contra de esta minería, los lugares coinciden con las solicitudes que se han hecho de esos títulos”, cuenta el experto. Según la base de datos de la Agencia Nacional de Minería, hay 402 solicitudes de legalización de títulos mineros en el Caquetá, 394 en Solano y ocho en San José de Fragua.

La paz se fue, pero la coca y la minería no

Un documento del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi, publicado en 2022 en medio de un convenio con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, señala que la minería llegó con fuerza a la región desde el Cauca, con la firma del Acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a finales de 2016. El informe menciona que, ante la presión gubernamental por sustituir los cultivos de uso ilícito, parte de la población comenzó a dedicarse a la extracción de oro de aluvión. Esta última forma de minería, que busca el metal precioso en cuerpos de agua, se popularizó en la zona ante la gran cantidad de ríos y quebradas que bajan de la cordillera.

La investigación Desafíos del Estado colombiano en torno al aprovechamiento ilícito de oro y cultivos de uso ilícito en la Amazonía: estudio de caso de San José de Fragua, publicada en la revista Estudios Socio-Jurídicos de la Universidad del Rosario en 2020, señala que el gobierno colombiano incumplió gran parte de los acuerdos con los campesinos en materia de sustitución de cultivos de uso ilícito, lo que propició la resiembra. “Hubo muchos problemas en la implementación de proyectos productivos, así que la gente, también presionada por los grupos ilegales, volvió a la coca. En algunos casos, los dueños de los cultivos también invertían en minería”, cuenta Natalia Romero, una de las investigadoras del informe.

Entre el 2019 y el 2021, la Defensoría del Pueblo advirtió en varias alertas tempranas sobre la expansión de los cultivos de coca y la minería ilegal, así como del fortalecimiento de grupos ilegales en la región, especialmente disidencias de las antiguas FARC. Como se puede ver en el mapa a continuación, construido con datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), la ONG Gaia Amazonas y  la iniciativa Mapbiomas, los cultivos se extienden por todo el piedemonte amazónico desde el departamento de Putumayo, pasando por el municipio de Piamonte en el Cauca, hasta San José de Fragua en el Caquetá.

El mapa muestra cómo los cultivos bordean los parques Naturales  Alto Fragua Indi Wasi y  Serranía de los Churumbelos, e incluso alcanzan a entrar en algunos sectores de estas áreas protegidas. También deja ver los puntos de minería dentro de los parques y en su zona de amortiguamiento.

Jenny Cueto es la directora territorial para la Amazonía de Parques Nacionales Naturales de Colombia, la entidad del gobierno nacional encargada de la preservación de estos territorios. Cueto señala que detectaron un sitio de explotación de oro en el parque Serranía de los Churumbelos y, ante la imposibilidad de intervenir en el lugar por la presencia de grupos armados ilegales, reportaron la situación a la Fuerza Pública. “Desafortunadamente, hasta ahora no se ha tenido una respuesta concreta por parte de ellos para hacer un operativo en la zona”, señaló Cueto.

La funcionaria también indicó que funcionarios del parque Serranía de los Churumbelos divisaron desde la distancia un pequeño cultivo de coca, pero explicó que la entidad encargada de intervenir los cultivos de uso ilícito es la Policía Antinarcóticos. Mongabay Latam y Rutas del Conflicto enviaron la primera semana de marzo de 2024 un derecho de petición al Comando del Departamento de Policía de Caquetá solicitando información sobre las acciones en contra de la minería ilegal, pero no obtuvieron respuesta.

Esta alianza periodística también consultó con la Dirección Territorial Caquetá de Corpoamazonía, la entidad encargada del control ambiental de la región, sobre su trabajo relacionado con la mienería ilegal. La entidad respondió que de 2010 a 2023 han realizado 57 operativos (3 en 2022 y 5 en 2023), en las cuencas de los ríos Caquetá, Orteguaza  y en zonas rurales de San José de Fragua. “Todo el trabajo lo hacemos en conjunto con la Fiscalía y la fuerza pública porque las denuncias se dan en zonas complejas con problemas de orden público”, señaló un vocero de la corporación.

La entidad también señaló que ha hecho un seguimiento con imágenes satelitales al bosque afectado por la minería en el sector de San José de Fragua que les indica que las piscinas de lodo han impactado al menos 16 hectáreas.  

Imagen satelital de Google Earth, se evidencia el daño ambiental en San José de Fragua.

El mapa de UNODC muestra también cómo los cultivos de uso ilícito llegaron a los bordes del parque Alto Fragua Indi Wasi. Andrés, el líder juvenil de San José de Fragua, cuenta que cerca al nacimiento del río Yurayaco, han llegado colonos a deforestar para sembrar coca en los límites del parque. “Por lo menos conozco un caso en el que una persona tiene 200 hectáreas de las que, al menos 100, están dentro del parque”, cuenta el líder.

Cultivos de coca en la amazonía. Actividad de recolección de hoja de coca. Foto: Juan Carlos Contreras. 

Andrés insiste en que la falta de oportunidades y la ausencia integral del Estado son factores clave para entender la inercia que vuelve a empujar a gran parte de los habitantes a los negocios ilegales. El joven da esta entrevista en un pequeño parador a orilla de la carretera, en un lugar en los que visitantes ocasionales se toman fotografías en los ‘Portales del Fragüita’ o realizan caminatas para visitar una cascada río arriba, que incluye atravesar el estrecho de las dos rocas sumergidas en las aguas transparentes del río, en medio de una incipiente industria turística.

El recorrido de aventura que viven quienes visitan esta ruta es, a su vez, un verdadero calvario para los campesinos que viven río arriba de Portales del Fragüita. Sin otro camino que les permita sacar los productos que cultivan hacia la carretera, los habitantes de la zona tienen que caminar literalmente con el agua hasta el cuello con sus animales domésticos, maletas y niños para llegar hasta Fragüita. “Si tenemos que bajar a la carretera, nos toca meternos al río, pero en invierno esto es imposible. Para sacar cualquier cosa, nos toca tomar una trocha larguísima que nos lleva varias horas”, dice un campesino que vive cerca de un cultivo de coca, que en el pasado fue insumo para la producción de cocaína, pero ahora es utilizado para la producción de productos legales como cervezas e infusiones.

El día a día de los habitantes de Fragüita que no tienen otro camino para atravesar el ‘Portal’ sino atravesar las aguas del río. Foto: Juan Carlos Contreras. 

Andrés explica que, aunque los grupos armados están en la zona, permiten las actividades turísticas sin inmiscuirse con los visitantes. Desde 2019 el frente Carolina Ramírez hace presencia en ese sector del Caquetá. El frente hace parte del llamado Estado Mayor Conjunto (ECM), una de las más grandes disidencias de las FARC, que se encuentra en medio de un proceso de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro.

El grupo armado controla las economías ilegales en la región y cobra un impuesto por la producción de oro en las minas de aluvión de San José de Fragua. La tensión en la zona ha ido aumentando, ante la posibilidad de la llegada de otro grupo, los llamados Comandos de Frontera, que hacen parte de la Segunda Marquetalia,  otra de las disidencias de las FARC, y que mantiene una guerra declarada contra el ECM en varias zonas del país.

El 26 de mayo de 2024 los habitantes registraron un enfrentamiento entre las dos facciones que dejó 11 muertos en la vereda Palmeiras, a menos de 10 km de Fragüita. La Defensoría del Pueblo señaló en un comunicado que tras los combates cerca de 500 personas habían quedado confinadas en sus casas por amenazas de los grupos armados.

El líder de jóvenes cuenta que esta situación ha llevado a que el  frente Carolina Ramírez haya declarado en varias ocasiones el toque de queda después de las 6 de la tarde en algunas veredas.  A los mineros que llegan a buscar trabajo les exige una carta de recomendación de las juntas de acción comunal, en las que certifiquen que son habitantes de la zona.

Luis, el adolescente trabajador de las minas de oro, cuenta que por esta razón ha sido imposible volver a conseguir empleo en la minería, ya que su familia vive cerca del casco urbano San José de Fragua, a una hora por carretera, y por lo tanto no ha conseguido el certificado que le piden sus ‘patrones’ y que se ha convertido en una exigencia de las disidencias.

La coca y el oro persisten aguas abajo del Caquetá

El agua que fluye por los ríos del piedemonte Amazónico avanza hacia el suroriente para alimentar al gran río Caquetá que, a su vez, también baja de las montañas hacia la selva en medio de la triple frontera de los departamentos de Putumayo, Caquetá y Cauca. A medida que los cuerpos de agua avanzan, se unen y amplían su caudal, la minería va cambiando y el paisaje pasa de las piscinas de barro en la que la gente utiliza motores, a maquinaria encima de planchones que flotan cerca de los bordes del río Caquetá.

Mercedes Mejía Leudo es profesora de la Universidad de la Amazonía y miembro de la Mesa Departamental para la Defensa del Agua y el Territorio del Caquetá. Cuenta que antes de que el río Caquetá llegue al municipio de Curillo, la comunidad ha denunciado la presencia de al menos 15 dragas de minería de oro. 

Mejía ha sido lideresa ambiental por cerca de 10 años, en medio de un entorno violento en contra de las personas que asumen la defensa de los ecosistemas en el departamento y que dejó la víctima más reciente el 24 de febrero de 2024. Ese día, hombres armados asesinaron a Ludvilia Galíndez, presidenta de la organización Asojuntas del municipio de Montañita, mientras estaba en su casa en la ciudad de Florencia.

La profesora Mejía, que ha recibido varias amenazas e intimidaciones, señala que en esa zona, en la que confluyen los tres departamentos, los habitantes sin opciones laborales, debido a la baja del precio de la coca, terminan fácilmente en la minería ilegal. “Es un tema muy delicado porque toda esa economía está cooptada por actores armados ilegales y hay mucho temor de denunciar en la zona”, cuenta.

La carretera que conecta a Florencia, capital del departamento de Caquetá, con el municipio de Curillo se topa con el río en ese sector. Curillo sirve como puerto para decenas de embarcaciones que se mueven hacia otras poblaciones de Caquetá como los municipios de Solita y Solano. El río Caquetá en ese punto puede tener hasta 500 metros de ancho en algunos tramos y a medida que se avanza, no es difícil encontrar dragas de explotación de oro.

 

Transporte por el río Caquetá, en los denominados ‘yates’. Foto: Juan Carlos Contreras. 

La tensión que se vive en el piedemonte amazónico entre las dos mayores disidencias de las FARC, ha escalado río abajo. Desde mediados de enero de 2024 circularon mensajes en Whatsapp entre los habitantes de Curillo, Solita y Solano en los que se decretaba un paro armado que imponía una restricción de movilidad por los ríos Caquetá y Orteguaza. Este último comunica a Florencia, la capital del departamento, con Solano y  desemboca en el Caquetá en ese mismo municipio.

Ante las amenazas, las empresas de transporte de carga y pasajeros solo se movilizan por el río Caquetá desde Curillo hasta Solano y dejaron de hacerlo por el río Orteguaza. Desde esta zona,  toda la población ha quedado confinada en medio de la guerra entre el Frente Carolina Ramírez, que tiene mayor presencia al norte del río Caquetá y los Comandos de Frontera que son fuertes en el sur, en el departamento de Putumayo. “Nosotros no podemos transitar por el río y hay mucho temor. Los más damnificados con todo esto son las poblaciones indígenas que viven hacia abajo y la administración municipal no tiene la capacidad de articular a las instituciones del Estado para atender esta situación”, dice un concejal de Solano que prefirió no dar su nombre para proteger su seguridad.

Río Orteguaza, imagen tomada con drone. Créditos: Dailer Montoya

Solano es el segundo municipio más grande de Colombia con cerca de 4,3 millones de hectáreas, un poco más del doble de la superficie de un país como El Salvador. Cerca de la mitad de todo el municipio, 2,15 millones de hectáreas, se encuentran dentro del Parque Nacional Natural Chiribiquete. Las otras 2,15 millones de hectáreas de Solano tienen también protección como reserva ambiental por la Ley Segunda de 1959.

La extensión del municipio es tan grande que para ir desde el casco urbano hasta el parque Chiribiquete, por el río Caquetá y los caños que se adentran en el parque, un yate rápido puede tardar más de 20 horas. “La verdad no sabemos cómo está el tema de la minería por allá, todo es muy lejos y la situación de orden público está muy delicada. La Fuerza Pública tiene retenes en el río, pero es que las distancias son enormes y es difícil que puedan cubrir todo”, dice el concejal de Solano.

En el recorrido que llevó a los reporteros de esta alianza periodística a Solano, era evidente la presencia del Ejército en el casco urbano de Solita y había un retén de la Armada en el río Caquetá, en ambos sentidos del tránsito de embarcaciones. Aunque los militares piden las identificaciones de los pasajeros, algunos simplemente se excusan diciendo que no las traen consigo y no hay una mayor verificación.

A unos cinco minutos por río desde Solano, cerca de la desembocadura del río Orteguaza en el Caquetá, se encuentra la base de la Fuerza Aérea de Tres Esquinas, pero la presencia de militares en el casco urbano es escasa. Desde el ‘yate’ de pasajeros, en el costado norte del río Caquetá, se alcanzan a ver fácilmente las plantas de coca, junto a cultivos de pancoger.

 

Plantas de coca en el costado norte del río Caquetá. Foto: Juan Carlos Contreras. 

Como se puede ver en el mapa de la UNODC, desde ese punto hacia el norte se extiende una amplia zona de cultivos de coca que se adentran en el municipio de Cartagena del Chairá. Como también se aprecia en el mapa, en este sector hay varios puntos de deforestación que continúan hasta el río Caguán y se hacen más recurrentes a medida que se acercan a la frontera occidental del Parque Chiribiquete.

 

 

Minería, coca, ganadería.

Julián Vásquez ha vivido toda su vida en Solano y trabaja para la Alcaldía del municipio como enlace con el gobierno nacional dentro en Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que nació con el Acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Según dice,los cultivos de coca y la ganadería son negocios que han interactuado históricamente en el territorio. “Muchos llegaron aquí a raspar coca y con el tiempo deforestaron un terreno, lo ocuparon y pusieron unas vacas. La ganadería viene siendo como una fase posterior al cultivo de coca. Los precios de la leche y el queso son más o menos estables y prácticamente no tienen que contratar a nadie, en cambio para producir base de coca, hay que tener gente y comprar gasolina, que está carísima”, cuenta Vásquez.

Los investigadores María Alejandra Vélez y Camilo Erasso del Centro de Estudios sobre seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes señalan en su informe ¿Los cultivos de coca causan deforestación en Colombia?, publicado en 2020 que la relación entre los cultivos de uso ilícito y la destrucción de la selva es muy compleja. Los autores explican que en muchos casos, el negocio de la producción de base de coca atrae una migración hacia regiones con bosques tropicales, que luego se vincula a otras actividades agrícolas como la ganadería, que tienen un impacto mayor en los ecosistemas. “La coca sí actúa como ‘punta de lanza’, pues dinamiza las áreas circundantes hacia otra serie de actividades que implican pérdidas significativas de cobertura boscosa’, dice el informe.

Esta migración también tiene efectos sociales sobre las comunidades indígenas y de colonos que ya viven en esas zonas, como lo muestra la investigación de la Universidad del Rosario, mencionada anteriormente. Allí se señala que, en San José de Fragua, la bonanza de la coca a principios de la década pasada “podía mover entre 3000 y 5000 millones al mes”, cuando el producto interno bruto del municipio era de 1300 millones de pesos. “Las economías ilegales potenciaron la descomposición social, pues promovían el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, y la asistencia a cantinas y prostíbulos”, dice la investigación.

Un exfuncionario de Parques Nacionales que trabajó en las áreas protegidas de la zona por más de 20 años, pero que prefiere no indicar su nombre por seguridad, coincide con Vásquez y agrega que la minería es otro negocio que interactúa con la coca y la ganadería, ya que se intensifica cuando baja la rentabilidad de los otros dos. “Hace como 15 años llegó muy fuerte la minería, la trajeron a gran escala los garimperios (mineros ilegales) brasileños. Aquí, frente a Solano, estaba lleno de dragas, pero vino el Ejército y las sacó. Ahora que bajó la coca, volvieron a aumentar las embarcaciones que buscan oro y, hacia el sur, quienes sufren por la minería son los indígenas”, dice.

El daño ambiental y social que sufren las comunidades indígenas

Comunidad indígena Huitoto, en Solano, Caquetá. Foto: Juan Carlos Contreras. 

Unos 30 kilómetros río abajo desde el municipio de Solano, sobre el sector conocido como Mecaya, all lado sur del río Caquetá, comienza el Parque Nacional La Paya en el departamento de Putumayo. Los cultivos de uso ilícito al borde del río se adentran hacia el parque, en una zona con una fuerte presencia de la disidencia Comandos de  Frontera. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), reportó en su informe que el Parque Natural La Paya tenía 1.840 hectáreas de cultivos de uso ilícito en 2022, más del doble que en 2021

El río avanza cientos de kilómetros más hacia el suroriente y, según el mapeo de Gaia Amazonas y Mapbiomas, se intensifican las dragas en busca de oro, especialmente cuando se pasa junto al resguardo indígena Witoto de los Parajes de Puerto Zábalo y Los Monos, que a su vez limita al norte con el parque Chiribiquete. En este sector, la violencia ha desplazado a varias comunidades que ahora viven en las afueras de Florencia, la capital del departamento de Caquetá.

Iván Núñez Valencia, vocero de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía (OPIAC), que acompaña un proceso de consulta del gobierno nacional a las comunidades para reformar el código minero, se reunió con varios mayores y líderes de ese sector. El gobierno de Gustavo Petro presentó en marzo de 2024 una modificación al código para que incluya propuestas en materia de transición energética y otros aspectos que surgieron en un proceso de socialización con comunidades.  Núñez cuenta que en medio de este proceso, los indígenas le expresaron su preocupación por la presión de los actores armados, especialmente sobre los más jóvenes, para que se unan a los grupos o trabajen en la minería ilegal. “En vez de hacer lo que ancestralmente deben hacer, en medio de la minería se ponen a tomar licor y eso trae problemas familiares y sociales de todo tipo”, dice el líder.

Según Dailer Montoya, líder de organizaciones juveniles y ambientales en el departamento de Caquetá, ante la situación social y económica que viven, la población indígena que vive en las cercanías del río Caquetá termina incorporada por completo al entorno de la minería. “Detrás de los mineros aparece todo un negocio de alimentos, de bebidas alcohólicas, drogas y, por supuesto, servicios sexuales. Desafortunadamente, las víctimas en todo esto son las comunidades”, explica Montoya.

El líder agrega que otra fuerte preocupación es el uso del mercurio en la minería, utilizado como un adherente del oro en las arenas de los ríos, que tiene efectos en la salud de quienes consumen agua o pescado del río Caquetá, especialmente por su capacidad bioacumulable, que hace que este elemento pase de las presas a los predadores en la cadena alimenticia. “En el 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó al Ministerio de Medio Ambiente que implementara un plan de manejo que llevara los niveles de mercurio en la zona a cero. En 2018 se hizo un estudio, publicado en 2019, y mostró que miembros de las comunidades ( Puerto Belén, Puerto Pizarro, La Reforma, Los Monos, Puerto Berlín, Puerto Zábalo, Los Estrechos, Quinché, Jerusalén y Coemaní), los peces y el agua del río Caquetá tenían niveles por encima de lo permitido”, señala Montoya.

Ciclo del mercurio. Fuente: Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

La investigación que menciona el líder es la realizada por varias instituciones públicas nacionales y departamentales, que se sumaron al Instituto Sinchi (ver informe), tomó muestras en miembros de 10 comunidades del resguardo Indígena Los Parajes de Puerto Zábalo y los Monos y encontró mercurio en la sangre y el cabello que superaban los valores de referencia. El trabajo científico también indicó que el 51 % de los peces analizados en la muestra tenían valores de ese metal mayores a 0,5mg/kg, que es el límite marcado por la Organización Mundial de la Salud y la legislación colombiana. Desde la realización de este estudio no se han realizado mediciones en el río.

Tanto en el piedemonte amazónico, como en la cuenca del río Caquetá y sus afluentes, son evidentes las consecuencias socioambientales de la minería y la producción de base de coca en las comunidades locales. A eso se suma la presencia de grupos ilegales y un aumento de la confrontación en la zona. Como lo indicaron las fuentes consultadas en este reportaje, las entidades regionales parecen no tener la capacidad para enfrentar esta situación en un territorio tan amplio pero que, a su vez, presenta una riqueza ambiental de gran importancia pero muy poco explorada debido a la complejidad geográfica y de seguridad que se vive.

Actualizado el: Jue, 07/25/2024 - 12:31

El pasado 8 de julio, la Corte Constitucional concedió la razón a las autoridades indígenas del Pirá Paraná que presentaron una demanda judicial contra un proyecto de bonos de carbono que opera en su territorio en la Amazonia colombiana, concluyendo que éste vulneró sus derechos fundamentales a la libre determinación, autonomía, autogobierno, territorio, identidad, integridad física y cultural, y consentimiento libre, previo e informado.

Esa sentencia marcó la primera vez que el más alto tribunal del país en lo constitucional aborda un caso del mercado voluntario de carbono, una incipiente solución climática que la Corte defiende por su potencial para enfrentar el calentamiento global y fomentar la gestión sostenible de los bosques, así como por ser “opciones económicamente viables para comunidades en situación de vulnerabilidad, aislamiento y con escasa presencia institucional” que los cuidan.

Sin embargo, los tres magistrados de la Corte señalaron que el proyecto Redd+ Baka Rokarire, “aunque loable, ha tenido efectos significativos e intensos en las estructuras sociales, culturales y territoriales de las comunidades indígenas del Pira Paraná”. Entre esos impactos negativos de mayor gravedad, considera que el conflicto generado a raíz del proyecto “compromete de manera actual, seria y cierta un amplio espectro de derechos fundamentales y pone en peligro incluso la supervivencia e integridad de las mismas comunidades afectadas”, en un fallo que podría sentar precedente para otras iniciativas similares de pago por servicios ambientales en territorios donde habitan comunidades indígenas o afrocolombianas.

La decisión judicial cuestiona fuertemente a las empresas que estructuraron, auditaron y certificaron el proyecto en la selva del Vaupés, a las que señaló de “no actuar con debida diligencia para identificar, prevenir, mitigar y responder a los impactos negativos que el proyecto Redd+ genera sobre la población indígena”. También hizo un duro llamado de atención al Estado colombiano, reconociendo que más allá del caso particular hay un problema general, responsabilizándole de no haber “adoptado un enfoque étnico que aborde de manera integral el respeto, la protección y la garantía de los derechos de los pueblos indígenas en los proyectos Redd+”.

La Corte Constitucional colombiana dio la razón a las autoridades indígenas del Pirá Paraná en Vaupés en su acción judicial contra el proyecto Redd+ Baka Rokarire. Foto: cortesía de Mauricio Romero Mendoza.

Las sombras del proyecto Baka Rokarire

Como ha venido investigando esta alianza periodística desde hace tres años en sus proyectos Carbono Gris y Carbono Opaco, muchos proyectos de bonos de carbono que se implementan en territorios indígenas no siempre han sido legítimos y transparentes.

Estos proyectos –llamados Redd+– consisten en enlazar a comunidades locales que cuidan bosques fundamentales para mitigar la crisis climática global con empresas que compran sus bonos de carbono para compensar su propio uso de combustibles fósiles. Cada uno de esos bonos o créditos equivale a una tonelada de dióxido de carbono —uno de los gases de efecto invernadero que propician el cambio climático— que ya no subiría a la atmósfera producto de ese esfuerzo de conservación.

A raíz de una de estas iniciativas, en julio de 2022 el Consejo Indígena del Pirá Paraná interpuso un recurso judicial, conocido como acción de tutela, solicitando que se protegieran los derechos fundamentales que, a su juicio, violaron la organización no gubernamental  Corporación Masbosques y tres empresas que promovieron o validaron el proyecto Redd+ Baka Rokarire, así como una de las autoridades nacionales que debería velar por el buen funcionamiento de este tipo de soluciones climáticas que buscan traer recursos a las comunidades que conservan bosques. 

La Corte Constitucional seleccionó el caso por considerar que había una “necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial” (es decir, examinar si los jueces han observado la jurisprudencia que ha marcado el tribunal en sus fallos) y por ser “un asunto novedoso” en lo constitucional.

Como contaron el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Mongabay Latam y La Silla Vacía en una investigación publicada en octubre de 2022, el proyecto Baka Rokarire tiene varios problemas.

Los demandantes denunciaron que quien firmó el documento legal a nombre de los indígenas con Masbosques, en marzo de 2021, fue el anterior representante legal de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas del Río Pirá Paraná (Acaipi), que había sido retirado del cargo dos semanas antes de suscribirlo. También argumentaron que Masbosques negoció con capitanes del territorio de manera individual, además de con quien ya no era representante legal de Acaipi, sin jamás pasar por el Consejo Indígena que ha sido la máxima autoridad en el Pirá Paraná desde mayo de 2019.

Esta instancia de gobierno fue creada con el ánimo de cumplir el viejo sueño de convertirse en una entidad territorial con funciones político-administrativas, una promesa de la Constitución de 1991 que se ha venido implementando por partes y que se reactivó con un decreto de 2018 del gobierno de Juan Manuel Santos, que plasmó la ruta para que los territorios indígenas en las áreas no municipalizadas de Amazonas, Guainía y Vaupés sean incorporados al ordenamiento nacional con una categoría similar a la de los municipios. A partir de ese momento, los territorios empezaron a crear y formalizar sus consejos, que son la figura de gobierno local —como el alcalde para los municipios— que les asignó la Constitución. Y el Pirá Paraná creó su Consejo Indígena.

La Corte Constitucional le dio la razón a los indígenas demandantes en que la manera como se impulsó el proyecto lesionó sus derechos fundamentales.

La falta de debida diligencia de Masbosques

 

El alto tribunal fue especialmente duro con las dos entidades que desarrollaron el proyecto: Masbosques, una organización no gubernamental antioqueña que cuenta entre sus socios a varias entidades públicas, y la consultora Soluciones Proambiente S.A.S. que aparece en documentos como apoyo en la formulación del proyecto pero —como reveló esta alianza periodística— en realidad financió la iniciativa y recibe hasta un 40% de sus ingresos.

“Desde el inicio del proceso de factibilidad de la iniciativa no se respetó la autoridad máxima de gobierno propio, sino que suscribieron un contrato de mandato con un representante legal de una de sus organizaciones que no tenía la potestad”, dijo el fallo de la Corte liderado por el magistrado Juan Carlos Cortés, abordando los dos hechos centrales denunciados por los indígenas.

En su fallo, la Corte desestimó la defensa de Masbosques de que actuó correctamente según la realidad jurídica de ese momento, firmando el contrato con quien consideraba la legítima máxima autoridad en ese entonces, así como su argumento de que el Consejo Indígena no ha entrado en funcionamiento aún.

Según la Corte, hubo una “falta de diligencia para identificar y reconocer las estructuras de gobierno propio del territorio indígena a intervenir” y “dicho contrato no fue tramitado respetando sus estructuras de toma de decisiones”. Masbosques no solamente no consultó al Consejo Indígena y desconoció el proceso de transformación del autogobierno en ese territorio, sino que la Corte no encontró ninguna prueba de que la asamblea de autoridades de Acaipi hubiese dado una autorización clara para suscribir dicho contrato. De hecho, subraya que “al contrario, lo que queda claro era la voluntad de la asamblea por desarrollar una iniciativa propia de mitigación de los gases de efecto invernadero, en el que no intervinieran personas externas al territorio”. Esto llevó a la Corte a concluir que “con independencia de cuál es la máxima forma de gobierno del territorio del Pira Paraná, existen dos estructuras (Acaipi y el Consejo Indígena) relevantes que fueron desconocidas”.

Adicionalmente, la Corte encontró que los desarrolladores “no obtuvieron el consentimiento libre, previo e información mediante un diálogo genuino y de buena fe”. Hicieron entrevistas de caracterización y talleres de cartografía social, pero esto “no suple los requerimientos dispuestos por la Corte para lograr un acuerdo o consenso con grupos étnicos y su consentimiento libre, previo e informado”. 

La Corte también cuestionó que trece acuerdos de conservación con comunidades, aportados por Masbosques, se firmaron tras la venta de bonos a la aerolínea Delta Airlines, en vez de antes. A su juicio, esos acuerdos fueron “una estrategia para convalidar o ratificar un proyecto ya diseñado, validado y en etapa de certificación de los pagos por resultados” y “no subsanan ni cambian los vicios respecto del incumplimiento del consentimiento que debía obtenerse con anterioridad a su ejecución”.

La Corte también fue muy crítica de la actuación de Masbosques y Soluciones Proambiente durante la implementación de la iniciativa, cuando ya eran claras las diferencias entre los indígenas del Pirá Paraná en torno a ésta. “En lugar de facilitar el diálogo con la población étnica y buscar una solución que fortaleciera los ejercicios de gobernanza propia y forestal en el territorio”, escribió la Corte, “la conducta de las empresas permitió disputas internas entre los miembros de las comunidades indígenas y, con ello, el riesgo de conservación física y cultural de etnias cuyos saberes [del sistema de conocimientos tradicionales de los jaguares del Yuruparí] desde 2011 se declararon patrimonio cultural inmaterial de la humanidad”.

Por último, la Corte cuestionó la elección del contrato de mandato como herramienta jurídica de soporte del proyecto de carbono en el Pirá Paraná. “No se diseñó como un instrumento jurídico que se hubiera adecuado culturalmente a las necesidades o circunstancias de comunidades indígenas del Pira Paraná”, señaló, añadiendo que era un documento legal genérico e idéntico al de otros proyectos de esa ONG ambiental y que “otorga garantías especiales y adicionales a favor de Masbosques que no se alinean necesariamente con un enfoque intercultural, diferencial o acorde con las pautas culturales”. Aunque la sentencia subraya que esa observación se refiere al caso de Baka Rokarire, concluye que “no se pueden trasladar automáticamente instrumentos jurídicos del derecho privado a las comunidades étnicas”, en un aparte que podría sentar precedente para un mercado donde esa figura jurídica está extendida y que levanta preguntas para los demás proyectos Redd+ en la Amazonia que lo han usado. No obstante, la Corte no aclaró cuál podría ser la figura jurídica alternativa ni se pronunció en la parte resolutiva sobre los contratos de mandato.

Por todo esto, en uno de los apartados más duros, el fallo enfatiza que “una organización con presencia permanente en la Amazonia tendría o se inferiría debería tener algún conocimiento sobre pretensiones de las comunidades asociadas al funcionamiento de territorios indígenas”.

La sentencia de la Corte Constitucional señaló que la Corporación Masbosques y las empresas Soluciones Proambiente, Cercarbono y Ruby Canyon Environmental, que estructuraron o validaron el proyecto Redd+ Baka Rokarire, “no actuaron con debida diligencia para identificar, prevenir, mitigar y responder a los impactos negativos que [éste] genera sobre la población indígena”. Foto: cortesía de Diego Samper / Libro Makuna, portrait of an Amerindian people

Las fallas del auditor Ruby Canyon y la certificadora Cercarbono

Los indígenas demandantes argumentaron en su acción judicial que el proceso de validación del proyecto Baka Rokarire presentó fallas en toda la cadena de valor de los bonos de carbono, en la que teóricamente los diferentes actores deben actuar como pesos y contrapesos para garantizar que los proyectos sí cumplen con los estándares sociales y ambientales que promueven la ONU y el gobierno colombiano.

Por considerar que fueron negligentes en no identificar esas fallas en el origen del proyecto, también dirigieron su acción judicial contra el estándar de certificación colombiano Cercarbono, que certifica proyectos de carbono en América Latina, Asia y África, y la auditora estadounidense Ruby Canyon Environmental. La Corte Constitucional les dio la razón en ambos casos, considerando que tampoco tuvieron conductas diligentes.

Sobre la auditora Ruby Canyon Environmental, que ha auditado al menos cinco proyectos Redd+ en territorios indígenas en Colombia, la Corte dijo que “no demostró la supervisión independiente y objetiva” que le correspondía. En su informe, dice la sentencia, “no existe ningún estándar o criterio específico con alusión al cumplimiento, verificación o análisis de las salvaguardas de la población indígena accionante, especialmente en lo que se refiere a su participación plena y efectiva, consulta previa, respeto del conocimiento tradicional de estas comunidades indígenas o de su gobierno propio”. 

Como reveló la investigación de esta alianza periodística, Ruby Canyon pudo no haberse percatado de los problemas del proyecto porque, como muestra su informe de auditoría, durante su trabajo de evaluación apenas sobrevoló el territorio en vez de visitarlo.

En cuanto a Cercarbono, que ha certificado al menos 14 proyectos de comunidades étnicas en Colombia y seis en Brasil, la Corte señala que “no demostró parámetros suficientes para la operación en territorios indígenas”. El fallo establece que los protocolos para certificar proyectos Redd+ de la empresa “no resultan suficientes para asegurar los estándares de respeto que se pretendían con las salvaguardas de Cancún, ni con los mandatos constitucionales asociados al goce efectivo de los derechos de los pueblos indígenas”.

Esta alianza periodística había revelado también otra peculiaridad relacionada con el estándar de certificación: en lo que podría constituir un conflicto de interés, la empresa que compró y posiblemente revendió la primera cosecha de bonos en marzo de 2022 —llamada Latin Checkout— compartía en ese momento los mismos socios fundadores con Cercarbono, que registró el proyecto del Pirá Paraná y emitió sus bonos.

Las “lagunas regulatorias” del Estado colombiano

Para la Corte Constitucional, el caso del Pirá Paraná no es uno aislado sino que hay una problemática generalizada que afecta a otras comunidades indígenas que forman parte de proyectos de carbono similares. Por esta razón, una parte importante de su sentencia se centra en ajustes que debe hacer el Gobierno nacional.

Por un lado, los tres magistrados del alto tribunal señalaron que, aunque existe un marco regulatorio para el mercado de carbono en Colombia, éste adolece de falta de “un enfoque o perspectiva étnica”. Por ejemplo, dice la Corte, hay “lagunas regulatorias” en cuanto a quién puede acreditar la titularidad de los proyectos y los bonos que emiten, y cómo pueden ser los indígenas titulares cuando son las empresas desarrolladoras quienes los registran en las plataformas de certificación, así como en la puesta en marcha todavía pendiente del Sistema Nacional de Salvaguardas que busca asegurar que las iniciativas de mitigación cumplan con los estándares más altos en lo social y lo ambiental. En últimas, dice la Corte, “si estas comunidades son actores clave en el mercado de carbono, es imperativo garantizar su autonomía mediante la aplicación de estándares cualificados, acceso a información precisa, participación efectiva en las decisiones y consentimiento libre y previo”.

La Corte también cuestiona el rol pasivo del Estado colombiano frente al mercado voluntario de carbono, omitiendo —como ha contado esta alianza periodística— supervisar los proyectos y relegando la vigilancia de esas salvaguardas sociales y ambientales a terceros que no necesariamente tienen la misma obligación de protección de los derechos. 

En esa línea, al alto tribunal le parece insatisfactoria la respuesta del Ministerio de Ambiente del gobierno de Gustavo Petro de que son los auditores quienes verifican que se cumplan esas salvaguardas obligatorias para los proyectos y el hecho de que el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), que monitorea a las auditoras, tampoco tenga un protocolo sobre salvaguardas. A su vez, le genera preocupación que “cada programa de certificación defina, según su propio criterio y sin supervisión estatal, el significado del contenido de los derechos fundamentales establecidos por este tribunal desde 1992”. Además, cuestiona la “falta de articulación” entre las empresas que intervienen en los proyectos y las entidades del Gobierno nacional que tienen competencia en estos temas, como el Ministerio de Ambiente y el de Interior que lleva los temas étnicos.

Estas observaciones de la Corte golpean uno de los principales pilares del mercado voluntario de carbono: su carácter autorregulado. Esa postura llegó a extremos como el del gobierno de Iván Duque que, como contó esta alianza periodística, argumentó que no le competía monitorear las relaciones entre empresas y comunidades en una iniciativa Redd+ dado que es “de carácter privada y, por lo tanto, se rige por la jurisprudencia que le asiste como ente que ejerce una actividad comercial de derecho privado”.

En cambio, para la Corte Constitucional, “al Estado colombiano le corresponde un papel activo en la regulación del mercado de carbono forestal y, con ello, en la supervisión de su ejecución y cumplimiento de los esquemas Redd+”. Esto incluye, explica, “la obligación de supervisar y regular los mercados de carbono forestal para garantizar que se cumplan las normativas ambientales y los derechos de las comunidades indígenas”.

Ni el Ministerio de Ambiente ni otras entidades del Gobierno nacional se habían pronunciado sobre el fallo al momento de publicar.

En su fallo, la Corte Constitucional cuestiona fuertemente a las empresas que estructuraron, auditaron y certificaron el proyecto en la selva del Vaupés, así como la ausencia de un enfoque étnico del Estado colombiano para el mercado de carbono. Foto: Corte Constitucional.

Las órdenes de la Corte Constitucional

Al final, la Corte decidió que los indígenas del Pira Paraná se reúnan en sus espacios de autogobierno, sin injerencia de las empresas demandadas, para decidir si continúan vinculadas al proyecto Baka Rokarire, así como las condiciones para hacerlo. Si en un lapso de seis meses no lo han decidido, se interpretará como que desisten a éste. Mientras eso sucede, no queda claro si el contrato actual —y, por ende, el proyecto y los bonos derivados de éste— continúan vigentes. La Corte no se pronunció al respecto.

Del lado de las empresas, la sentencia les ordena establecer unos “estándares mínimos de debida diligencia para la operación de proyectos Redd+ en territorios indígenas”, incluyendo lineamientos claros sobre acceso a información, procedimientos para identificar, prevenir y mitigar impactos negativos de sus operaciones, y mecanismos de seguimiento a esos riesgos. La Corte no fijó el tipo de mecanismo al que deberán acudir para obtener el aval de las comunidades indígenas, pero enfatizó en que aplicaría la consulta previa en casos de posibles afectaciones directas o el estándar más alto de todos, el consentimiento previo, libre e informado (CLPI), si se advierte que podría haber una afectación intensa en lo social, cultural o ambiental, especialmente una que ponga en riesgo su existencia.

Por último, el fallo ordena al Gobierno colombiano elaborar un informe técnico sobre las condiciones específicas para iniciativas Redd+ en territorios indígenas tras consultar a organizaciones de la sociedad civil, la academia e indígenas, y “un protocolo con perspectiva étnica” que deberá inscribirse como parte del Sistema Nacional de Salvaguardas del Estado ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. También le ordenó diseñar estrategias de acompañamiento a las comunidades que quieran participar en ellas y de vigilancia de los proyectos resultantes.

Respuesta del mercado de carbono

Solo una de las entidades demandadas se ha pronunciado públicamente sobre la sentencia de la Corte Constitucional. En un comunicado, Masbosques celebró el caso como “la oportunidad de sumar en un entendimiento étnico, social y jurisprudencial para el desarrollo e implementación de los esquemas financieros de Redd+ en el país”. Su director Jaime García Urrea dijo que “estamos trabajando arduamente para establecer un diálogo abierto y transparente con las comunidades indígenas, para asegurarnos de que sus derechos y necesidades sean respetados y considerados en todos nuestros proyectos y procesos corporativos”. Masbosques —que lidera otros cinco proyectos Redd+ activos en territorios indígenas— subrayó que “como organización actuamos conforme a derecho”, pero no se refirió a las afirmaciones de la Corte Constitucional sobre su actuación.

Ni Soluciones Proambiente, Cercarbono o Ruby Canyon Environmental se habían pronunciado sobre el fallo al momento de publicar. Consultado por esta alianza periodística, Alex Saer, el presidente de Cercarbono y exdirector de cambio climático durante el gobierno Duque, dijo que “lo vemos muy positivo, porque eleva los requisitos a todos los actores de la cadena de valor, incluyendo la necesidad de un marco normativo más sólido. Trabajaremos para cumplir con la integridad del fallo”.

Asocarbono, el gremio de empresas del sector del carbono al que están afiliadas tres de las demandadas, también celebró que la decisión de la Corte Constitucional como “un avance significativo hacia la consolidación de un mercado de carbono más justo y sostenible” y “una oportunidad única para fortalecer nuestras iniciativas y asegurar que los beneficios del mercado de carbono lleguen a todos los rincones del país”. Su director Francisco Ocampo dijo a esta alianza periodística que el comité de ética del gremio decidió esperar la decisión de la Corte y que “se debe cumplir con el fallo en todas sus consideraciones”. No respondió si los cuestionamientos del tribunal a sus tres afiliados Masbosques, Ruby Canyon y Cercarbono significan que ese comité les abrirá un caso.

Al final, que se fortalezca esa oportunidad que describen tanto la demandada Masbosques como el gremio Asocarbono dependerá de que las empresas del sector y el Estado colombiano resuelvan los problemas que la Corte Constitucional identificó en el mercado voluntario de carbono y cumplan su recomendación de “adoptar un enfoque étnico que reconozca y respete los derechos de los pueblos indígenas”.

 

Carbono Gris es un proyecto liderado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) sobre cómo está funcionando el mercado de carbono en América Latina, en alianza con Mongabay Latam, La Silla Vacía, Rutas del Conflicto y La Liga contra el Silencio, con apoyo del Rainforest Investigations Network del Centro Pulitzer.

 

 

 

Actualizado el: Lun, 07/15/2024 - 11:46

Caucasia es la ciudad más grande del Bajo Cauca, una subregión del departamento de Antioquia, en el noroccidente de Colombia, que es la principal zona aurífera en el país. Allí es común que sus habitantes eviten entregar sus datos personales en supermercados y otros comercios por el temor de que sean utilizados para blanquear toneladas de oro extraídas ilegalmente.

En medio de un calor que supera los 30 grados, al borde del río Cauca, el segundo más grande de Colombia, casi todo en Caucasia gira en torno al oro. Desde el zapatero hasta el que vende autos se beneficia de la minería. Puede que no trabajen en esta actividad, pero sus clientes sí. Hay esquinas repletas de casas de compraventa y sitios turísticos que recalcan la identidad del caucasiano como barequero, como se le llama en la zona a los mineros artesanales, aquellos que usan maquinaria rudimentaria y viven del día a día. 

Monumento en Caucasia dedicado a los barequeros/Créditos: Comisión de la Verdad

Un complejo entramado de grupos ilegales con vínculos en las entidades públicas locales han usado los datos de miles de personas de esta zona para hacerlos pasar como barequeros, ya que el gobierno colombiano permite que estos mineros artesanales comercialicen hasta 420 gramos de oro anuales. Así, toneladas de oro extraídas ilícitamente terminan legalizadas en las calles de Caucasia, al igual que en otras regiones, en un país que registra desbalance entre lo que produce y exporta.

La investigación transfronteriza ‘Dorada opacidad’, reveló una diferencia de 58,91 toneladas de oro entre lo producido y exportado en Colombia, entre 2013 y 2023.  Si se amplía el análisis desde 2012, es decir un año más, el desbalance llega a 69 toneladas.

Entre 2012 y 2023, Colombia produjo 626 toneladas y exportó 695, según la Agencia Nacional de Minería (ANM) y la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). Por su parte, en el Bajo Cauca se extrajo 160 toneladas, lo que representa el 25,5% de lo producido en el país. Es tan amplio el porcentaje que, comparándola con el Chocó, el segundo departamento que más oro reporta con 125,8 toneladas, esta subregión lo supera por 34,2 toneladas.

En años recientes cambiaron las cifras de volúmen de explotación en Bajo Cauca, lo que refleja las problemáticas que orbitan alrededor del metal precioso  en Colombia y muestra la incapacidad de las instituciones para seguirle el ritmo al crimen organizado. 

 

Mapa del Bajo Cauca / Ilustración: Rutas del Conflicto

Legalización del oro

El Bajo Cauca está conformado por seis municipios: Nechí, Tarazá, Cáceres, Zaragoza, Caucasia y El Bagre . Históricamente, este último ha sido el lugar en que más oro se extrae en Colombia, pero según los datos de la Agencia Nacional de Minería (ANM) la tendencia ha cambiado.

Desde 2019, Caucasia reporta más extracción que El Bagre. En 2023 produjo 5,35 toneladas de oro más, convirtiéndo a Caucasia en el sitio con mayor volumen de explotación en Colombia, de acuerdo con las cifras de la ANM. “No es probable que Caucasia produzca más oro que El Bagre porque este último tiene las mayores reservas de la subregión y es donde se concentra la extracción legal e ilegal”, afirma Carlos Zapata, presidente del Instituto de Capacitación Popular (IPC), organización que investiga, capacita y lidera procesos sociales en Antioquia y el Bajo Cauca.

La conclusión del experto es clave porque muestra que el Estado colombiano sigue fallando para detener el ‘lavad0’ de la extracción ilegal de oro en la principal ciudad del Bajo Cauca. El director del IPC dice que el oro que se está comercializando en Caucasia proviene de otros lugares, lo que genera el aumento de las cifras de producción que reporta la ANM. Zapata sostiene que Caucasia, al ser la capital urbana y comercial de la subregión, es donde hay más casas de compraventa, mejores pagos por el oro y entramados criminales dedicados a la legalización de minerales extraídos de forma ilícita, lo que permite el blanqueamiento de capitales.

Un ejemplo que explica la razón de los desbalances e inconsistencias de las cifras ocurrió hace dos años. En febrero de 2022 fue capturado alias ‘Robert’, también conocido como el “rey del oro”, según la Policía Nacional de Colombia. En el 2000 trabajaba como jornalero en minas ilegales en el Bajo Cauca y presuntamente 20 años después conformó la mayor organización conocida  -hoy desmantelada- en el país, dedicada a la falsificación de certificados de mineros de subsistencia para legalizar y exportar oro de origen ilícito. La Policía comunicó en diciembre de 2021 que esta sociedad habría comprado y comercializado oro extraído de manera ilícita de los municipios de Caucasia, Zaragoza, El Bagre, San Roque, Remedios (Antioquia) y Quibdó (Chocó).

Alias ‘Robert’ supuestamente le compró a varias alcaldías de Antioquia y Chocó bases de datos de personas inscritas en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN), por aproximadamente 100 millones de pesos (25 mil dólares aproximadamente), de acuerdo con la Policía. El SISBEN clasifica a los ciudadanos de acuerdo a sus condiciones de vida e ingresos, por lo que en estos registros hay una gran cantidad de datos personales debido a que son necesarios para focalizar la inversión social en quienes más lo necesitan.

El “rey del oro” habría falsificado los certificados del Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom) de al menos 5.000 personas, a pesar de que muchos no tenían nada que ver con la minería. Muchos terminaron reportados como deudores morosos ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

A través de estas maniobras, esta organización habría exportado legalmente a través de múltiples empresas fachadas (de las cuales la policía no publicó más detalles) cerca de ocho toneladas de oro a Estados Unidos, India y Emiratos Árabes por 276 millones de dólares. La Policía explicó que el metal precioso explotado ilícitamente en Antioquia era transportado vía aérea hacia las comercializadoras de Medellín, la capital del departamento, y de ahí se enviaba a ciudades como Miami y Nueva York. Hasta el momento no ha habido condenas en este caso.

Fallas legislativas

En 2012, a través del Decreto 2637, los ministerios de Minas y Hacienda crearon el Rucom. Esta medida busca que aquellos que compran y venden metales preciosos como el oro y otros materiales, estén inscritos en este sistema. En 2016, el Ministerio de Minas encontró que de los más de 100 mil barequeros inscritos, ocho mil no existían o estaban muertos. Debido a estas irregularidades, en febrero de 2017 se expidió la Resolución 40103 que establece el límite de comercialización para los mineros de subsistencia con un total de 35 gramos mensuales y 420 anuales. Sin embargo, esta medida no ha logrado detener la legalización del oro ilícito y se han presentado casos como el de alias ‘Robert’.  

De acuerdo con los informes de la ANM de 2021 y 2022, los barequeros aportan la mitad del oro que produce Colombia. Hay 102.319 registrados en el Rucom, de los cuales el 44 % se concentra en el Bajo Cauca. 

Frédéric Massé, codirector de la Red de Monitoreo del Crimen Organizado en América Latina (Red Coral), dice que el interés del crimen organizado por el oro es debido a su legalidad y alto valor, convirtiéndolo en una gran fuente de lavado de activos. “Las organizaciones criminales falsifican los títulos mineros (que permiten explotar el suelo y subsuelo del Estado), los certificados de origen del mineral (que deben mostrar los explotadores autorizados para garantizar que la extracción fue legal), los registros de los mineros de subsistencia (que pueden comercializar 35 gramos mensuales) y la cantidad de oro extraído, entre otras cosas”, afirma el experto. 

Massé cuenta que el oro que es recogido por grandes retroexcavadoras ilícitas pasa a las plantas de beneficio que se encargan de obtener los minerales útiles. Después, el oro se dirige a las casas de compraventa y ahí las comercializadoras nacionales o internacionales obtienen el metal precioso y estas se lo venden a refinerías internacionales. 

Durante el proceso se suprime todo rastro de mercurio, que se utiliza para separar el oro de las rocas durante la extracción. El uso de este elemento está prohibido en Colombia para actividades mineras desde 2018 por la alta contaminación que genera. Si la ANM encuentra muestras del químico en el oro lo declaran ilegal, por lo que su eliminación es un paso clave en la legalización. 

Desde la época en que el narcotraficante Pablo Escobar era el capo más poderoso de Colombia se utiliza el oro para el lavado de activos, según el informe Debida diligencia en la cadena de suministros de oro colombiano, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Las grandes empresas

El informe “Minería Aurífera en Antioquia”, publicado en 2016 por la OCDE, explica que Antioquia es el principal centro de comercializadoras internacionales de oro y de fundiciones de Colombia. El documento señala que debido a la riqueza natural de esta región  y a las organizaciones criminales que se lucran de las operaciones mineras, uno de los riesgos que se presentan es “la generalización del lavado de dinero que involucra al comercio de oro y la corrupción que estas organizaciones generan”.

La Fiscalía ha investigado y acusado a las comercializadoras CIJ Gutiérrez y Goldex, dos de las empresas más grandes de Antioquia y Colombia ligadas a este negocio, por lavado de activos y exportación de oro de origen ilegal. CIJ Gutiérrez, según los datos proporcionados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), exportó 103 toneladas de oro a Estados Unidos, Suiza e Italia por 9.7 billones de pesos colombianos (3.999 millones  de dólares) entre 2012 y 2023.

La Fiscalía detuvo en 2019 a 11 trabajadores de la CIJ Gutiérrez por lavar 2,4 billones de pesos colombianos (7.272 millones de dólares al cambio de ese año). El ente acusador indicó que hubo un presunto carrusel de proveedores y subproveedores de oro que sirvieron de fachada para ocultar el presunto origen ilícito del mineral y que las exportaciones les permitió lavar activos. 

Incluso, hay muertos que han aparecido como proveedores de oro de CIJ Gutiérrez.  En 2019 se hizo público que Luis Miguel Acosta Chima, habitante del Bajo Cauca que apareció en los registros de barequeros a pesar de que fue asesinado en 2016 por un sicario del Clan del Golfo, el grupo armado ilegal con mayor presencia en la subregión. Actualmente, la comercializadora está bajo toma de posesión por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que administra los bienes provenientes de actividades ilícitas. El caso de esta empresa sigue en juicio.

El escándalo de Goldex estalló en 2015 cuando la compañía era la mayor comercializadora de Colombia. Veinticinco personas fueron capturadas por lavado de activos relacionadas con esta compañía, según el  informe de gestión de la Fiscalía correspondiente a ese año. Además, el ente acusador señaló que supuestamente Goldex le compró 13 mil millones de pesos (3.2 millones de dólares) en oro al grupo criminal Los Urabeños, hoy conocidos como Clan del Golfo. 

El 28 de septiembre de 2022, el Tribunal Superior de Medellín ratificó la decisión del juez tercero penal del circuito especializado de Medellín que decretó la ruptura de la unidad procesal del caso de los investigados por lavado de activos que hacían parte de Goldex, entre los que está Jhon Uber Hernández Santa, quien era el representante legal. El juez tomó esta decisión debido a que son tantas las personas que hacen parte del proceso que esto ha generado demoras, por lo que consideró necesario dividir por grupos para poder ser más diligente con las determinaciones. Actualmente, CI Goldex SAS está en liquidación.  

La comercialización 

Un barequero de Caucasia que pidió la reserva de su identidad comentó a los reporteros  de esta alianza periodística que el oro es la fuente de ingreso más rentable y rápida que existe en Bajo Cauca. Además, la demanda es creciente por su alto valor en el mercado. En mayo de 2024, un gramo de oro en Caucasia se pagaba a 250 mil pesos (63 dólares aproximadamente), por debajo de la cotización del Banco de la República de Colombia que para el 7 de junio de 2024, marcó el precio promedio de 291 mil pesos (73 dólares).

 

 

 

Río Cauca, lugar que concentra la minería artesanal en Caucasia/Créditos: Juan Carlos Granados

El minero cuenta que generalmente aquellos que no están inscritos en Génesis, plataforma de la ANM que autoriza la comercialización del oro en el municipio, le piden el favor a alguien que sí tenga los papeles al día para que le venda el oro. Pero  en Caucasia no solo se mueve el metal precioso de este municipio. Según el barequero consultado, “aquí llegan personas de otros lados del Bajo Cauca e incluso de departamentos cercanos como la gente del sur del Bolívar porque cualquier comerciante quiere vender su producto donde mejor le paguen”, afirma.

Además, el barequero señala que uno de los grandes problemas que existe en el tema de la comercialización del oro es que los certificados que expide la ANM son municipales, lo que significa que si alguien está registrado en la Alcaldía de Caucasia sólo puede vender allí. “Los barequeros no pasan más de una semana en el mismo lugar y trabajan por distintas zonas del Bajo Cauca, por lo que se debería pensar en algo regional porque las dinámicas son distintas a lo que reportan las entidades”, sostiene.

 

En abril de 2024, como parte de los diálogos entre el gobierno de Gustavo Petro y los mineros del Bajo Cauca, se abrió un punto de atención de la ANM en Caucasia/Créditos: Juan Carlos Granados.

En la comercialización, las casas de compraventa juegan un papel clave, como en el caso de alias ‘Robert’, cuyo primer gran negocio fue un establecimiento de este tipo en Caucasia, según la Policía. Se supone que estos locales deben estar registrados y deben comprarle oro únicamente a aquellos que tengan el certificado de autorización, pero la realidad es otra. 

En respuesta a un derecho de petición, la UPME le compartió a esta alianza periodística el documento “Identificación y caracterización de las unidades básicas de beneficio aurífero en 261 municipios”, en el que se detalla que en El Bagre funcionaban 24 casas de compraventa de oro en 2016, de las cuales 20 de estas estaban inscritas en el Rucom. En Caucasia hallaron 23 compraventas que no estaban dentro del inventario de la Alcaldía. 

Zapata explica que en varias de las compraventas, con ayuda de funcionarios de las alcaldías y organizaciones criminales, tienen un censo de personas a las que le adjudican el oro ilegal. El presidente del IPC cuenta que a los que prestan su permiso de venta les dan entre 80 mil o 120 mil pesos (20-30 dólares), dependiendo de la zona, y otros no saben que están registradas en el Rucom. “Se acercan a la gente de las veredas y les dicen que les van a dar un subsidio. Entonces, así les cargan el oro mensualmente después de inscribirlos en el sistema minero”, dice el investigador. 

Esta alianza periodística habló con el encargado de una compraventa de Caucasia, quien  afirmó que es muy complejo saber de dónde proviene el oro que la gente comercializa en la región. Agregó que en ocasiones, cuando los estantes están vacíos, su “patrón” le envía joyas refinadas desde Medellín para venderlas en el municipio.

La oficina de Génesis, plataforma de la Agencia Nacional de Minería (ANM), de Caucasia asegura que entre enero y abril de 2024 se acercaron 130 personas interesadas en realizar el proceso de inscripción para el que se requiere la cédula, el Registro Único Tributario (RUT) y los papeles del SISBEN. 

El informe “Debida diligencia en la cadena de suministros de oro colombiano: perspectivas generales”, elaborado en 2016 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), dice que los programas de formalización no harán que el oro esté libre de criminalidad automáticamente debido a que las mafias incentivan la reglamentación de pequeños mineros para tener control sobre ellos y obtener títulos legales de explotación. 

El presidente del IPC dice que hay funcionarios públicos que juegan un papel importante en el negocio porque hacen parte de las mafias. En 2016, la Policía desmanteló una banda dedicada a la minería ilícita y entre los detenidos estaba Jimmy Alexander Villegas, ayudante del despacho de la Alcaldía de El Bagre que además era el representante legal de la comercializadora Hayer Gold, compañía que solo existía en papeles. En octubre de 2023, fue capturado Marlon Arley García Contreras, inspector de Policía de Nechí. Según la Fiscalía, García se encargaba de devolver irregularmente la maquinaria incautada a una estructura ilegal que extraía oro en El Bagre, Caucasia y Nechí. 

Las regalías del oro

Otra de las inconsistencias son las regalías que cada municipio ha recibido. De acuerdo con la ANM, dependiendo del volumen de explotación que reporte cada lugar se le asignará mayor o menor cantidad de dinero. Entre 2012 y 2023 El Bagre fue el municipio con mayor producción, pero Caucasia ha sido el que más regalías ha recibido en este periodo de tiempo. 

A pesar de que El Bagre reporta casi 11 toneladas por encima de Caucasia entre 2012 y 2023, a este último municipio le llegaron 117 mil millones de pesos más en regalías (aproximadamente 30 millones de dólares). En medio de todo este dinero, el 30% de las familias del Bajo Cauca viven en condición de pobreza y el 12% en pobreza extrema. 

En una sentencia del Tribunal Superior de Medellín, se relata que Salvatore Mancuso, excomandante de los paramilitares, contó que entre 2001 y 2004 hubo un robo de las regalías del oro coordinado entre contrabandistas del metal precioso, alcaldes y ‘paras’. Entre las zonas en las que se realizó esta práctica fraudulenta estuvo el Bajo Cauca, según Mancuso.

Narcotráfico y grupos armados

El IPC ha detectado una forma específica en que los narcotraficantes del Bajo Cauca blanquean su dinero por medio del oro. El documento “Retos para construir la paz territorial”, elaborado por este centro de investigación, relata que las organizaciones criminales de la subregión envían cocaína al exterior, les pagan en dólares, pero ese dinero no lo pueden ingresar al sistema financiero. Entonces, explotan oro ilegal que después es legalizado y exportado. Tras esto, compran ese mismo oro, lo importan y de esta manera ya pueden utilizar la plata en el mundo lícito. El IPC señala que detrás de esta estrategia se encuentran mafias colombianas, brasileñas y mexicanas. 

Todos los movimientos ilegales que se realizan en la subregión del Bajo Cauca son coordinados, supervisados o aprobados por el llamado Ejército Gaitanista de Colombia, más conocido como Clan del Golfo, el mayor grupo ilegal del país que tiene sus orígenes en el paramilitarismo de la década de los noventa. “En Caucasia todos los negocios le pagan vacuna a esta organización porque son los que tienen el monopolio de las armas y no el Estado”, dice una fuente en el territorio. 

Zapata relata que el Clan del Golfo también extorsiona a todos los que hacen minería en el Bajo Cauca. “Cobran entre dos a tres millones de pesos (500 - 750 dólares) para el ingreso de maquinaria amarilla ilegal, cinco a 10 millones (1.250 - 2.500 dólares) a los grandes retroexcavadoras por su operación, a los barequeros les cobran entre 50 y 100 mil pesos (12.5 - 25 dólares) para que puedan acceder a tierra y realizar su proceso de extracción”, sostiene el investigador. Además, el presidente del IPC explica que este grupo armado presta “servicios de vigilancia y protección violenta” desde la extracción hasta la legalización y comercialización del oro en Bajo Cauca. 

Actualizado el: Jue, 08/21/2025 - 11:02

Desde el 2017, el pueblo indígena sikuani ubicado en La Cristalina, zona rural del municipio de Puerto Gaitán, Meta, mantienen una disputa por la tenencia de la tierra con una comunidad religiosa menonita y empresas privadas que ahora han instalado sus proyectos agropecuarios en un suelo ancestral para ellos.

La confrontación tuvo su génesis cuando unas 30 familias menonitas llegaron a la zona rural de Puerto Gaitán comprando fincas, al punto que hoy tienen más de 38 000 hectáreas de tierras y han instalado un megaproyecto agroindustrial de soya y maíz, que se ha convertido en un obstáculo más para los indígenas que intentan recuperar su territorio y sus sitios sagrados.

Esta controversial situación a la que Mongabay Latam y Rutas del Conflicto le hacen seguimiento desde hace un par de años tuvo un nuevo capítulo los pasados días 12 y 13 de junio, cuando se ejecutó un operativo policial que pretendía desalojar a los indígenas de la comunidad de Barrulia, pues la comunidad menonita insiste en que los sikuani estaban establecidos dentro del predio Los Cocuyos que, según ellos, les pertenece.

De acuerdo con el portal Verdad Abierta, este proceso fue llevado a cabo por la policía y funcionarios de la Alcaldía de Puerto Gaitán. La comunidad de Barrulia prefirió evitar confrontaciones con la Fuerza Pública y vieron cómo las casas de 170 familias fueron arrasadas por maquinaria pesada.

En el territorio se han establecido cercas y portones de acceso con vigilancia, una situación que se suma a los problemas que se vienen generando desde hace una década, pues las zonas donde se han asentado las comunidades indígenas retornadas se encuentran en varios predios que están en manos de la comunidad menonita, aunque estos eran baldíos de la Nación.

“Nos han prohibido y molestado en el portón. Después de las 8 de la noche no podemos entrar. A la madrugada sacan perros grandes, los sueltan y ya nos han hecho algunos daños”, dice Alexander Álvarez, gobernador de la comunidad Iwitsulibo.

Esta situación fue verificada por el equipo periodístico de Mongabay Latam y Rutas del Conflicto, pues al momento de intentar ingresar a las zonas donde están asentados los indígenas, una persona de vigilancia se negó a abrir la talanquera.

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Seguridad e integridad en riesgo

Según los sikuani, debido a las denuncias que han hecho por acaparamiento irregular de sus tierras, la seguridad de sus comunidades ha empeorado y varios de sus líderes han recibido amenazas.

Un líder indígena, que prefirió no dar su nombre por temor a represalias, relata que la seguridad privada en la zona va más allá de vigilantes en las entradas. El líder asegura que en el territorio hay casas en las que se encuentran hombres armados y que, en algunos de los intentos de desalojo por parte de la Fuerza Pública, han visto cómo hombres con armas y sin uniforme que los identifique, han apoyado estas acciones.

“Nosotros somos pueblos indígenas que no tenemos frontera a donde llegamos. Por eso solicitamos esta tierra, porque queremos vivir en paz y en tranquilidad dentro del territorio”, dice el líder indígena amenazado, y añade que por esta situación su movilidad en la zona es compleja, pues ya no puede entrar o salir del territorio y debe moverse en diferentes motos para evitar que lo identifiquen.

Mongabay Latam y Rutas del Conflicto se comunicaron con la policía del Meta y desde su oficina de comunicaciones advirtieron que no tenían conocimiento sobre estas acusaciones. También se buscó a la Alcaldía para un pronunciamiento por parte de alguno de sus funcionarios, pero hasta el momento de publicación de este reportaje no se obtuvo respuesta.

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Degradación ambiental a la orden del día

Durante varios recorridos realizados por este equipo periodístico fue común encontrar cómo los paisajes de sabana con morichales y bosques de galería, repentinamente se transformaban en llanuras interminables que se encuentran aradas, sembradas y con una infraestructura organizada para recolección, almacenaje y distribución de cosechas a escala industrial.

Los líderes indígenas señalan que los bosques de la zona, en la visión del proyecto menonita, son un impedimento para los planes agroindustriales de soya y maíz. “Nosotros no dañamos. Una vez le dije a un señor blanco que nosotros usamos una o media hectárea donde cultivamos, no como ellos que siempre cultivan a gran escala”, cuenta Edminson Gaitán, capitán de la comunidad sikuani de Mataborracho.

“Lo que estamos informando a las diferentes entidades es que toda esa deforestación ya casi llega al caño Chavilonia y tiene un impacto ambiental negativo. Cormacarena [autoridad ambiental en la zona] dice que no más deforestación, pero a esa gente no le dice nada”, cuenta Gilberto Cariban, representante indígena de la comunidad de Barrulia, mientras que a sus espaldas un joven menonita maneja un tractor que ara la tierra para establecer una nueva zona de cultivo.

Las problemáticas ambientales son de pleno conocimiento de la Gobernación del Meta, la Fiscalía General de la Nación y Cormacarena. Desde 2021, esta última entidad lleva nueve procesos investigativos por degradación ambiental en contra de la comunidad menonita, los cuales incluyen actuaciones de deforestación de árboles nativos centenarios y quemas a cielo abierto en 155 hectáreas de los predios Liviney, Campo Alegre, La Potranca, La Florida, La Chaparrera, La Negra y El Rosario.

También existe otro proceso de Cormacarena ante el señalamiento de que la comunidad menonita, dentro del predio Manoa, realizó la exploración de aguas subterráneas y construyó un pozo para captar estas aguas sin el permiso de la autoridad ambiental.

Estos procesos, además, incluyen acusaciones por la desaparición de bosque para la construcción de dos puentes vehiculares que suman cerca de 30 metros de largo y un mal manejo de escombros en esas obras que, según el pueblo indígena sikuani, son irregulares y habrían contaminado el caño Chavilonia.

Sin embargo, hasta el momento Cormacarena no ha emitido una decisión final sobre los nueve expedientes, a pesar de que, como comprobó este equipo periodístico, es evidente la expansión de los terrenos agrícolas, la apertura de vías, algunas de ellas pavimentadas, y la construcción de puentes vehiculares en medio del bosque.

Mongabay Latam y Rutas del Conflicto intentaron en varias oportunidades obtener el testimonio de miembros de la comunidad menonita. Algunos de ellos manifestaron telefónicamente que darían su versión sobre las acusaciones de los indígenas sikuani, pero luego de esto no fue posible establecer comunicación nuevamente.

También se buscó respuesta por medio de sus representantes legales, quienes vía chat aseguraron que sólo se pronunciarán sobre estas denuncias en caso de que las autoridades competentes lo soliciten.

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La situación jurídica de la tierra en conflicto

La violencia llegó al territorio de los sikuani, en el municipio de Puerto Gaitán, a mitad del siglo XX. Las guerrillas liberales del llano, lideradas por el comandante Guadalupe Salcedo, provocaron los primeros desplazamientos forzados de la comunidad.

A estas tierras “desocupadas” fueron llegando colonos que iniciaron el cercamiento de extensas zonas para la ganadería y agricultura, lo que transformó la dinámica del territorio y generó conflictos por la posesión de la tierra entre los recién llegados y los pueblos indígenas.

En su momento, los nuevos colonos organizaron las llamadas “guahibadas”, que no eran más que misiones de cacería contra los indígenas reclamantes en la década de los setenta. Los indígenas que sobrevivieron abandonaron su tierra y se desplazaron mucho más al oriente, principalmente hacia el departamento de Vichada.

Varias décadas después, el Gobierno nacional publicó el decreto 2333 de 2014, en el cual ordenó medidas de protección provisional para los territorios ancestrales frente a procesos de despojo, desalojo e intervención de terceros con interés en esas tierras.

Con esta noticia, una nueva generación de indígenas sikuani, quienes habían escuchado de esta tierra por parte de sus padres y abuelos, emprendieron el retorno al territorio con la esperanza de recuperarlo. Ese fue el caso de Alba Rubiela Gaitán, autoridad tradicional y gobernadora del pueblo Barrulia, y una de las primeras personas que llegó a la zona.

“Cuando nosotros llegamos, la intención era recuperar el territorio ancestral donde habitaron mis abuelos y mi papá. Llegamos contentos porque íbamos a recuperar nuestro territorio, porque hay muchas evidencias de sitios sagrados aquí”, cuenta Gaitán.

Su alegría pronto desapareció. La incertidumbre y las disputas han venido aplazando sus deseos y el cumplimiento de las órdenes contenidas en un decreto que ya tiene 10 años de expedido, pero que sigue sin ser una realidad para los sikuani.

El territorio en el que se establecieron 135 familias indígenas no era el mismo de las historias de sus abuelos, y los sikuani se dividieron en pequeñas comunidades lideradas por capitanes. “Nosotros nos criamos en el Vichada, pero hace unos años el hijo de Ramón Gaitán, nuestro principal ancestro, nos recordó que allá [en Puerto Gaitán, Meta] hay una tierra que nosotros no vendimos y tocaba recuperar ese territorio. Cuando regresamos, esto ya estaba lleno de terceros”, recuerda Jairo Ortíz, capitán de Barrulia.

Camilo Niño, secretario técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), dice que hasta el momento los sikuani se han enfrentado a ocho desalojos y detalla que en 2017 presentaron una tutela ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT) con la pretensión de garantizar sus derechos fundamentales, como el derecho a la tierra y a la soberanía alimentaria.

Sin embargo, las respuestas que han obtenido hasta el momento no han sido satisfactorias. “El estudio jurídico y de la tenencia de la tierra, que es un análisis previo para sustentar la decisión de la resolución (decreto 2333 de 2014), dice que no pueden reconocer a los sikuani porque esta comunidad no ha ejercido una ocupación continua en el tiempo e histórica en el territorio”, señala Niño.

La CNTI no está de acuerdo con este argumento y asegura que desde 1950 existen vestigios de que los sikuani estaban asentados en ese territorio y que fueron despojados en 1970. Además, según la organización, se ha desconocido que se trata de un pueblo indígena de carácter seminómada.

A pesar de todos los obstáculos, aún hay esperanza para los sikuani. La ANT, a través de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), le entregó provisionalmente a la comunidad de Tsabilonia 9168 hectáreas que se encontraban en proceso de extinción de dominio, según dice Ramón Estrada, gobernador de esta comunidad.

Esta noticia llegó después de varios años de gestiones y peligros, pues Estrada denuncia que fue víctima de un desalojo arbitrario y violento en el que la Fuerza Pública quemó su vivienda y las de su familia y amigos.

“En esta zona estaba la comunidad, los árboles de bambú y de mango que mi papá sembró hace años. Yo retorné en el 2020 y construimos las casas en el mismo sitio, pero ya quedan pocos rastros porque ellos le metieron candela y me dejaron en un desierto”, recuerda el gobernador Estrada, mientras camina por los restos de su antiguo hogar. Las más de 9000 hectáreas que les otorgó la ANT son un aliciente para la comunidad de Tsabilonia, pero asegura que buscan el reconocimiento de otras 7000 hectáreas.

“Si fuéramos reconocidos como resguardo indígena, y tuviéramos la resolución, podríamos tener proyecciones en temas de educación y presentarnos a diferentes instituciones con diferentes proyectos que tenemos en mente”, dice William Estrada, capitán de la comunidad Tsabilonia.

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Agua contaminada, falta de comida y sitios sagrados destruidos

“Cuando ellos [menonitas] tienen el cultivo, fumigan con el glifosato para matar la maleza o ‘calean’ para quitar la acidez de la tierra. Todo eso llega al agua de los caños que atraviesan la zona y la contaminan. Esa agua es la que terminamos consumiendo”, afirma Gilberto Cariban, de la comunidad de Barrulia.

Según Alexander Álvarez, gobernador indígena del territorio sikuani de Iwitsulibo, no tienen otra opción de consumo de agua, pues no cuentan con otra fuente para satisfacer sus necesidades. “Tenemos afectaciones en la salud de las personas. Uno lleva a los niños allá al cañito a bañarlos y al otro día amanecen con brotes, diarreas, fiebre”, afirma Álvarez.

Sobre este asunto, José Santos Vilariño, asesor de la organización indígena sikuani de Unuma, manifiesta que aún no existen estudios o evidencia científica que muestre la relación entre la contaminación del agua con agroquímicos y la aparición de diarrea y afecciones en la piel, pero es evidente que los herbicidas e insecticidas para los cultivos terminan cayendo en los caños de donde los sikuani obtienen el agua para beber y bañarse.

Santos asegura que la siembra se dificulta en esta región orinocense dada la acidez del suelo, por lo que la comunidad menonita debe utilizar muchos productos químicos que contaminan no sólo el agua sino a los peces que son su fuente principal de alimentación.

Alba Rubiela Gaitán agrega que aún quedan algunas plantas medicinales en su territorio, pero son insuficientes para tratar las dolencias, por lo que han tenido que recurrir a la medicina occidental: “Los dolores que se curaban con preparaciones naturales ahora se solucionan con ibuprofeno”.

Los indígenas sikuani también aseguran que la creciente deforestación para los monocultivos ha ahuyentado a los animales que durante generaciones les han servido de alimento. “Mis compañeros que salen a cacería o a pescar ya no encuentran nada por el mismo olor del veneno y el ruido de todas las maquinarias. Ya no se ve nada por ahí de la caza y la pesca. Eso es lo que nos afecta a nosotros”, afirma Gaitán.

Además de la contaminación del agua, de la pérdida del bosque y los animales que cazan, a los sikuanis les preocupa la desaparición de sus cementerios, así como de sus lugares sagrados y de rituales. De estos sitios prácticamente ya no quedan rastros.

“Por las actividades del hombre blanco ya ni reconocemos y no podemos localizar muchos de nuestros sitios sagrados. Las lagunas y el cañito ya se ven muy diferentes a lo que nos contaban”, recuerda Wilfredo Gálvez, capitán de la comunidad de Barrulia, mientras camina por uno de los pocos sitios sagrados a los que aún tienen acceso libre.

La pérdida de árboles en la zona prácticamente ha llevado a la desaparición de una especie conocida como Yopo (Anadenanthera peregrina), un árbol que tiene una fuerte carga simbólica para los sikuani, pues de él obtienen insumos para conectarse con su entorno, así como medicina ancestral para sus enfermedades y alimento.

“Los menonitas nos están acabando la medicina que usamos para el malestar, dolor de cabeza, de muelas, para picaduras de culebra. Además, el yopo siempre lo hemos usado para tener contactos con la Madre Tierra, para estudiar enfermedades, el clima y el tiempo de siembra”, advierte Brayan Aldana, otro de los capitanes de la comunidad de Barrulia.

Wilfredo Gálvez asegura con voz firme que su pueblo no quiere sacar a los nuevos vecinos, pero sí esperan que las autoridades pongan un límite al territorio y liberen a las comunidades indígenas del arrinconamiento en el que se encuentran.

*Imagen principal:  Extensas llanuras para el cultivo de maíz y soya, acompañados de nuevas vías son el paisaje en el territorio en disputa. Foto: Rutas del Conflicto/Mongabay Latam.

**Este reportaje es una alianza periodística entre Mongabay Latam y Rutas del Conflicto de Colombia.

Actualizado el: Jue, 07/04/2024 - 09:20

Las sabanas de la Fuga, un corredor que se extiende en la selva amazónica del norte del departamento de Guaviare, a lo largo del río del mismo nombre, era un camino frecuente para comunidades nukak que se movían libremente desde hace siglos como parte de su forma de vida nómada. Todos estos terrenos ahora están cercados, como marca de una intensa colonización, y se convirtieron en barreras para el tránsito ancestral de este pueblo indígena.

En medio de la sabana, en la vereda Cerro Negro del municipio de San José del Guaviare, muy cerca del sector de Charras y del borde norte del Resguardo Nukak, en una zona protegida por sus condiciones ambientales, se levantan cerca de 90 hectáreas de palma aceitera que rompen el paisaje desde hace al menos ocho años. Todo esto en una zona en la que ha aumentado la presencia de grupos ilegales que surgieron después de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Fotografía aérea del cultivo de palma en el borde norte del resguardo Nukak. Foto: Cortesía.

Las sabanas de la Fuga, un corredor que se extiende en la selva amazónica del norte del departamento de Guaviare, a lo largo del río del mismo nombre, era un camino frecuente para comunidades nukak que se movían libremente desde hace siglos como parte de su forma de vida nómada. Todos estos terrenos ahora están cercados, como marca de una intensa colonización, y se convirtieron en barreras para el tránsito ancestral de este pueblo indígena.

En medio de la sabana, en la vereda Cerro Negro del municipio de San José del Guaviare, muy cerca del sector de Charras y del borde norte del Resguardo Nukak, en una zona protegida por sus condiciones ambientales, se levantan cerca de 90 hectáreas de palma aceitera que rompen el paisaje desde hace al menos ocho años. Todo esto en una zona en la que ha aumentado la presencia de grupos ilegales que surgieron después de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La existencia del cultivo fue señalada por varios medios de comunicación en el 2020 y, aunque no ha crecido desde entonces, persiste. Según organizaciones ambientales y personas que han visitado la zona, está en plena cosecha. Fuentes consultadas para esta investigación alertan sobre la posibilidad de que el fruto de estas palmas sea procesado en plantas de extracción cercanas, a pesar de que el cultivo se encuentra en una zona protegida ambientalmente por la Ley Segunda de 1959, por lo que la agricultura está prohibida.

Mongabay Latam había reportado en octubre de 2020 la existencia de este cultivo que, además, está muy cerca de una plantación de eucalipto. De acuerdo con una organización que monitorea ambientalmente la zona, pero prefiere mantenerse en el anonimato, las denuncias públicas que se hicieron en ese momento lograron detener la expansión de cultivos que amenazaban con entrar al resguardo Nukak. “Todo lo que se publicó hace unos años, creo que ayudó a frenar el crecimiento del área sembrada. Lo que sí sabemos es que la palma ya está madura y están sacando la pepa para la producción de aceite”, explica un vocero de la organización.

 

Mapa del monitoreo de la palma y el eucalipto en la zona en 2022.

¿Dónde se procesa el fruto de la palma?

Según un investigador que ha seguido el avance de la palma a través de una organización que monitorea la zona, y que se reserva su nombre por cuestiones de seguridad, los cultivos comenzaron entre 2016 y 2018, pero por las características del suelo, que no es apto para esta producción agrícola, solo hasta ahora, casi ocho años después, se obtiene la cosecha. “Cuando se retira el fruto de la planta, sólo se tienen 24 horas para procesarlo porque se oxida muy rápido, por lo que creemos que deben llevarla a una de las plantas extractoras que hay en la región, para sacarle provecho”, dice.

El investigador señala que a pesar de las directrices desde la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma) para que no se procese fruto producido en zonas de protección ambiental del Guaviare, es posible que el producto de la cosecha termine en las plantas a través de terceros. “Puede pasar que el dueño de estos cultivos lleve la pepa y la venda, o use a otros productores para conseguir que se procese la cosecha en las plantas de procesamiento”, señala.

En la actualidad no existen extractoras de aceite de palma en el departamento del Guaviare, pero sí al otro lado del río Guaviare, en el departamento del Meta. Según registros de Fedepalma, cerca existen dos plantas de procesamiento. La primera pertenece a la empresa Poligrow y se ubica en el municipio de Mapiripán, justo al otro lado del río. La segunda es propiedad de Cimarrones SAS y se encuentra en el casco urbano del municipio de Puerto Rico, en la carretera que conecta a San José del Guaviare con Villavicencio.

Rutas del Conflicto y Mongabay Latam contactaron a Poligrow para consultarle si en su planta de extracción procesan frutos de otras empresas o personas, y qué protocolos tienen para evitar que lleguen cosechas de sitios prohibidos. Carlo Vigna Tagliante, director general de la compañía, señaló que Poligrow tiene varias certificaciones internacionales, entre ellas la principal a nivel mundial —la que entrega la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por sus siglas en inglés)— que garantizan que todos sus procesos son sostenibles y que se conoce la trazabilidad del 100 % de la palma que es procesada en su planta de Mapiripán.

Vigna Tagliante dijo que constantemente realizan monitoreos satelitales para revisar que en el entorno de su planta de extracción no haya deforestación relacionada con cultivos de palma. Agregó que Poligrow solo tiene cuatro proveedores y que la mayor parte del fruto que procesa proviene de los predios que tiene la misma compañía en Mapiripán.

Cuando se le preguntó por las medidas aplicadas para garantizar que la cosecha de la palma sembrada en el Guaviare no termine en su planta extractora a través de sus proveedores, Vigna señaló que el 95 % de los vehículos que llevan los frutos son de Poligrow y el 5 % restante de una empresa de transporte. También indicó que, en todos los casos, la empresa tiene un estricto control sobre este transporte, en el cual se registra el lote y el sector de origen. “Tenemos conocimiento de esta palma que desde hace algunos años se sembró allí, en el Guaviare, en un área que no es apta para siembra, porque es Ley Segunda de reserva forestal”, dijo el director general de Poligrow y añadió que, por política interna, lo que se produzca allí no puede ser parte de lo que ofrecen los proveedores de la empresa.

Esta alianza periodística buscó a los directivos de la procesadora de palma propiedad de la empresa Cimarrones SAS, ubicada en Puerto Rico, a dos horas de San José de Guaviare, pero no obtuvo respuesta. Se envió un correo electrónico a la dirección de contacto que aparece en su página web y en su registro de Cámara de Comercio, también se llamó insistentemente al teléfono que aparece en varias bases de datos comerciales en Internet. Esta planta extractora pertenece a la empresa Agropecuaria Santamaría y aparece en un informe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) de Holanda y la organización Aid Environment, publicado en 2023, en el que se muestra que en el entorno cercano a la compañía, “entre 2011 y 2021 se identificaron 1466 hectáreas de deforestación y en el último año hubo 247 hectáreas de tierra quemadas muy cerca de la producción de aceite de palma”.

Un poco más al norte, por la carretera que conduce a Villavicencio y a menos de cuatro horas de San José del Guaviare se encuentra una tercera extractora. Esta pertenece a la Agropecuaria Rivera Gaitán, en Fuente de Oro, Meta, cuyo dueño es Reinel Gaitán Tangarife, conocido como ‘el Gurre’, un empresario palmero y político del partido Centro Democrático, cabeza de una familia con amplio poder en Meta y Guaviare, que fue capturado en 2022. Fue acusado de cohecho por, presuntamente, intentar sobornar a policías que intervenían en una explotación minera que sacaba materiales para la construcción de una carretera.

Plantas productoras de palma en el Meta, según Fedepalma. La número 1 es la planta de Cimarrones, la 19 de Poligrow y la 5 de Rivera Gaitán. Gráfico: Fedepalma.

 

El gremio critica la palma ilegal, pero el cultivo sigue en Guaviare

En los últimos años Fedepalma ha expresado públicamente, en diferentes documentos, su rechazo a los cultivos en zonas protegidas ambientalmente. Por ejemplo, en 2018, cuando comenzaron las denuncias de terrenos sembrados con palma en Guaviare, publicaron un comunicado de prensa reseñado por varios medios en el que señalaban que habían denunciado esta situación ante las autoridades. “Deforestar o cultivar palma en zonas no permitidas va en contravía de las políticas y los objetivos de la palmicultura colombiana enfocada al desarrollo sostenible”, dijo Jens Mesa Dishington, Presidente Ejecutivo de Fedepalma.

En el 2021, la federación de palmeros hizo público en varios eventos su programa de palma sostenible, en el que insiste en la protección ambiental, el respeto por comunidades que viven en las zonas de protección y los derechos humanos, así como garantías laborales para trabajadores y “esquemas de suministros responsables” que garanticen la trazabilidad de las materias primas.

Todos estos protocolos que muestra Fedepalma están enmarcados en la responsabilidad de las empresas, que deben garantizar que en su cadena de producción no se afecte ambientalmente el entorno ni las comunidades de la zona. Rutas del Conflicto y Mongabay Latam se contactaron con la oficina de comunicaciones de Fedepalma, pero no obtuvieron respuesta a la solicitud de una entrevista con un vocero de la organización.

Y es que en el pasado reciente del conflicto social y ambiental del país, se han presentado varios casos en los que empresas palmeras se han visto relacionadas con casos de acumulación de tierra que fue despojada a víctimas del conflicto y daños a los ecosistemas. Un ejemplo de estos hechos es el de varios empresarios que terminaron condenados por aliarse con paramilitares para despojar a una comunidad en Curvaradó, en el Chocó, a finales de los noventa, para montar un proyecto palmero en sus tierras.

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, en su informe Sufrir la guerra y rehacer la vida, señala varios casos en los que empresarios palmeros se vieron envueltos en violaciones de derechos humanos. Mongabay Latam recogió esta información en un artículo publicado en 2022 que da cuenta de los impactos ambientales señalados por la Comisión.

Fabián León, director para Colombia del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) —una organización internacional que hace seguimiento de la política y el desempeño en materia de derechos humanos de más de 10 000 empresas en más de 180 países—, señala que han documentado varios casos en los que las empresas han estado relacionadas con casos de violaciones de derechos humanos, abusos laborales y daño ambiental, como el mencionado anteriormente en Curvaradó.

León señala que, particularmente en los cultivos de palma cercanos a comunidades étnicas, hay un impacto social y laboral que afecta sus entornos culturales y económicos, que incluso ha estimulado en algunos casos la explotación sexual de niños indígenas. “En el caso de la Amazonía, la palma, la ganadería y la coca están asociadas a la deforestación. Se aprovechan de la poca regulación y control estatal en la zona y tienen un impacto fuerte en los ecosistemas. Los cultivos de palma no son bosques, tienen un alto consumo de agua y emplean agroquímicos”, explica León.

¿Quién es el dueño de la palma que bordea el resguardo Nukak?

Rutas del Conflicto y Mongabay Latam consultaron a una fuente de la Superintendencia de Notariado y Registro por la titularidad de las cerca de 100 hectáreas sembradas de palma, muy cerca del borde norte del resguardo Nukak en el Guaviare. Con un mapa construido en 2022 por una organización ambiental que realizó un monitoreo en la zona, se identificaron las coordenadas de 13 sectores para verificar si existen matrículas de propiedad de esos predios. La fuente de Supernotariado señaló que no hay ningún tipo de catastro ni de registro de propiedad en la zona y que estos son terrenos baldíos de la nación. Esta alianza periodística consultó a la oficina jurídica de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que confirmó los datos de la Superintendencia y agregó que, para abril de 2024, no existe ningún tipo de proceso de recuperación de baldíos en estos predios.

Según los investigadores consultados y el representante del resguardo Nukak, Joaquín Nijbe, la ocupación de estos predios tiene cerca de 25 años y el cultivo de la palma cerca de ocho años. Las fuentes señalan a políticos del departamento y a sus familiares como posibles dueños de la palma y la ocupación de los terrenos. 

Esta alianza periodística consultó a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA), la entidad encargada del control ambiental en la región, acerca de los procesos sancionatorios por el cultivo de palma en esta zona de protección ambiental. La directora de la entidad, Luisa Fernanda Raba, señaló que la CDA ha publicado documentos en los que señala las irregularidades, pero, al no tener la certeza de quiénes son los dueños de los predios, no se han concretado sanciones contra alguna persona en particular. 

Varios de los investigadores entrevistados expresaron que es inaudito que después de 25 años de ocupación de los predios, y casi una década de los cultivos, el Estado siga sin saber quiénes son los propietarios de este sembrío ilegal de palma.

Lo que sí es de público conocimiento es el interés de varios políticos del departamento para que se permita la siembra de palma de aceite en zonas de San José del Guaviare, como el sector de Charras. El exgobernador Nebio Echeverry, que tuvo su periodo de mandato entre 2016 y 2019, expresó públicamente en varias ocasiones sus propuestas para incentivar el cultivo de palma en el Guaviare. Por ejemplo, en un reportaje de los periodistas Daniel Pacheco y Angélica Latorre, publicado en 2019, se recogen varias frases públicas lanzadas por el entonces gobernador, señalando que “los campesinos del Guaviare se han antojado de la palma” y minimizando el impacto del área sembrada en el norte del Resguardo Nukak: “Eso nunca se deforestó ni se hizo desalojo ni despojo de tierras a nadie, creo yo. Yo conozco los sembríos, que son unas cincuenta, sesenta hectáreas. Eso tampoco es mucha”.

Otro líder político de la zona asociado con el apoyo a la idea del cultivo de palma en la zona de Charras es Jorge Gaitán González, conocido como ‘Coco’, el hijo del político y empresario palmero Reinel Gaitán, alias ‘el Gurre’ y mencionado anteriormente. ‘Coco’ era cercano al exgobernador Echeverry e incluso aspiró a la gobernación en 2019, según una investigación del portal Insight Crime publicada en el 2020. Como se explicó anteriormente, la familia Gaitán tiene extensos cultivos de palma en el departamento de Meta y una planta extractora en el municipio de Fuente de Oro.

En teoría, el terreno donde se encuentra el cultivo es baldío de la nación y cuenta con protección ambiental, pero el Estado no ha hecho nada por eliminar la palma del lugar. A pesar de los intentos, Rutas del Conflicto y Mongabay Latam no pudieron verificar quién o quiénes son los dueños de las cerca de 90 hectáreas que hoy se encuentran en cosecha en el Guaviare. 

El cultivo no se expande, pero el daño social y ambiental sí

Joaquín Nijbe, líder del pueblo nukak, cuenta que en el lugar en el que se encuentra la palma, sus ancestros solían transitar frecuentemente y recolectaban miel. Pero ya no pueden hacerlo. “Estuve el año pasado (2023) y ese cultivo está en buen estado. Muy cerca de la palma hay un sembrado de eucalipto más grande, que ya se metió al resguardo. Todo es grave, porque por ese lado también hay ganaderos y cultivos de uso ilícito, todo en una tierra que es nuestra”, cuenta el líder.

Y es que, aunque la palma no se haya extendido, el impacto socioambiental de la ganadería, sumado a los cultivos de palma, eucalipto y coca, han generado unas interacciones que prácticamente han expulsado a las comunidades indígenas de la zona. Dos de las principales comunidades nukak sobreviven fuera del resguardo, una en el asentamiento de Aguabonita, cerca del casco urbano de San José del Guaviare, y otra en la zona conocida como la ‘trocha ganadera’, cerca a Charras. Se abstienen de regresar a varios lugares de su territorio.

Un investigador independiente que conoce la zona, y que prefiere no publicar su nombre por cuestiones de seguridad, le contó a Rutas del Conflicto y Mongabay Latam que transitó a finales de 2023 por la carretera entre Charras y el poblado de Guanapalo, en las cercanías del cultivo de palma, en donde grabó un video que da cuenta de la situación. “El cultivo de palma está en buen estado y junto está un bosque enorme de eucalipto que se mete dentro del resguardo. La carretera está terrible porque para sacar esa madera meten camiones muy grandes”, cuenta.

 

Cultivo de eucalipto junto a la palma en el borde norte del resguardo. Video: investigador independiente.

La organización ambiental que monitorea la zona y que prefiere mantenerse anónima, le dijo a esta alianza periodística que, según su monitoreo, existen cerca de 300 hectáreas de eucalipto en este sector del borde norte del resguardo Nukak, muy cerca a la palma.  Rutas del Conflicto publicó una investigación en octubre de 2022 en la que muestra cómo históricamente se han construido carreteras en esa zona y cómo, durante la pandemia, se ampliaron para seguir adentrándose en el resguardo.

El investigador independiente señala que todo el corredor de La Fuga, entre el río Guaviare y el norte del resguardo indígena, pasó de ser una sabana con vegetación de transición entre la Orinoquía y la Amazonía, a ser un enorme potrero con pastos para la ganadería y con cultivos de palma y eucalipto. “Había muchos árboles conocidos como chaparros (Hieronyma alchorneoides) que eran importantes para varios pueblos indígenas y de eso casi no queda nada”, señala. 

La situación de orden público también ha empeorado en los últimos años por la fuerte presencia de grupos armados de las llamadas disidencias de las antiguas FARC que, debido al bajo precio de la base de coca, han decidido incrementar sus extorsiones. Incluso, a principios de abril de 2024, se presentó un ataque con explosivos que dejó dos soldados heridos del Batallón de Infantería de Selva N.° 19 General José Joaquín París Ricaurte del Ejército. “Tenemos mucho temor. Con la presencia de esos grupos, nosotros no podemos ni arrimarnos por allá”, dijo Joaquín Nijbe.

La presencia de los ilegales es tan fuerte que la directora de la CDA, Luisa Fernanda Raba, le dijo a esta alianza periodística que, aunque tiene el deber de intervenir en el cultivo y en la cosecha de la palma, no iba a arriesgar la vida de sus funcionarios, porque no había garantías para que entraran a la zona.

Por ahora, como lo expresaron las fuentes consultadas, el Estado sigue sin tener una presencia integral en el territorio para que, de una vez por todas, haga el cierre de estos cultivos y garantice la protección de esta zona de reserva, tan importante a nivel ambiental como para el pueblo nukak. Así mismo, el Estado tampoco ha mostrado capacidad para evitar que el producto de la cosecha se convierta en aceite de palma, un insumo comercializable y que sigue siendo altamente demandado a nivel mundial.

Actualizado el: Mar, 05/28/2024 - 08:18

La primera semana de abril de 2024, un grupo de estudiantes de una clase de periodismo de datos de la Universidad de la Sabana se percató de que la base de datos de masacres del Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) había cambiado para agregar nuevos registros desde el año 1947. El hallazgo de los estudiantes mostraba que la entidad había agregado 118 registros, sin ningún aviso público, marcando un nuevo punto de partida para esta recolección de datos, que coincide con un reclamo que ha tenido por años la actual directora del CNMH, María Valencia Gaitán, orientado a que la entidad incluya los hechos victimizantes ocurridos durante La Violencia.

Expertos señalan que aunque modificar el punto de partida para narrar el conflicto armado no está mal, hacerlo sin el debido rigor puede afectar la credibilidad, reputación y operatividad de la base de datos del OMC. Agregan que, incluso, puede llevar al público a concluir que el periodo previo a 1958  fue relativamente pacífico comparado con lo que vino después, no porque eso sea cierto, sino porque existen pocos datos registrados de dicha época.

Entre 2014 y 2018, el OMC se encargó de sistematizar los hechos de violencia relacionados con el conflicto armado en Colombia y logró construir una base de datos que es, para muchos, el ejercicio más riguroso que se ha hecho de cuantificación de estos crímenes.

Durante estos años, el CNMH, bajo la dirección de Gonzálo Sánchez, incluyó en la base de datos del OMC la información de masacres, secuestros, desapariciones forzadas, reclutamientos y otros hechos de violencia relacionados con el conflicto armado y sus víctimas. La recolección de datos tomó como fecha de partida el año 1958 y se realizó a partir de la integración de fuentes sociales e institucionales que permitieron esclarecer la memoria sobre la larga guerra que ha atravesado el país. Sin embargo, esto cambió en junio de 2023 cuando el OMC comenzó a modificar la base de datos que había construido en el pasado para incluir en ella hechos victimizantes previos al año en mención.

Durante la administración de Darío Acevedo, entre 2019 y 2022, la base de datos se mantuvo casi igual, con el ingreso de unos cuantos registros de hechos violentos que ocurrieron en esos mismos años. 

Rutas del Conflicto hizo una revisión de las bases de datos del OMC con fecha de corte al 31 de marzo de 2024 y verificó que, para el periodo comprendido entre 1944 y 1957, se ha agregado la información de 1480 víctimas y se han registrado 885 casos de violencia clasificados en diversas categorías: asesinato selectivo, ataque a poblaciones, atentado terrorista, daño a bienes civiles, desaparición forzada, masacres, minas, secuestro, violencia sexual y acciones bélicas.

Según Andrés Suárez, excoordinador del OMC durante el periodo 2014-2018, la decisión original de escoger el año 1958 como punto de partida para la base de datos respondió tanto a una razón histórica como a una metodológica.

Desde una perspectiva histórica, esta fecha ha sido concebida por diversos académicos como el hito fundacional del conflicto armado actual, pues, con la creación del Frente Nacional, las matrices ideológicas de la violencia cambiaron, aunque otros factores persistieron como la lucha por la tierra. “De ser una pelea, principalmente, entre liberales y conservadores, con el Frente Nacional, gústenos o no, se acabó esa pelea y pasamos a una violencia entre el Estado y la insurgencia”, relata Suárez.

Esa idea de situar el origen del conflicto en el 58 fue adoptada por el CNMH y por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), creada con ocasión del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP, bajo la premisa de que, como afirma Suárez, “aunque existen continuidades entre La Violencia y el conflicto armado, el conflicto armado no es la violencia bipartidista con otro nombre”.

Tanto el informe ¡Basta Ya! del CNMH como los informes de la CEV abordan la época de La Violencia, sin embargo, no es el centro de su investigación. Aunque reconocen los hechos previos a 1958 como antecedentes esenciales para entender el conflicto que vino después, enfatizan también en la diferencia entre los dos periodos. 

“No son sólo antecedentes, efectivamente hay continuidades, pero, vuelvo a decir, el que existan las continuidades no quiere decir que sea la misma con otro nombre y las rupturas son también importantes para comprender lo diferente que es el conflicto armado”, manifiesta Suárez.  

Sin embargo, esta concepción no es universal dentro del campo de estudio, pues hay quienes defienden que el 58, lejos de tratarse de un punto de partida evidente y natural, es una fecha escogida por razones pragmáticas, administrativas e incluso políticas.

Según Suárez, este debate sobre el origen del conflicto armado se puso de manifiesto en la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, creada en 2014 y conformada por 12 expertos, en la que la mitad de los miembros puso su apuesta en los años 20, en la luchas agrarias, y la otra mitad lo puso en 1964 con el nacimiento de las FARC y el ELN.

Carlos Charry, director del Doctorado en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario, está en desacuerdo con que empiece a narrarse el conflicto a partir de 1958, porque, según él, la violencia de Estado estuvo presente desde antes de ese periodo. “La decisión es más administrativa en términos de capacidad operativa para poder abarcar un periodo bien hecho y analizarlo, pero violencia de Estado ha existido y esta debe ser esclarecida”, afirma.

Además, si bien es cierto que existen rupturas entre las dinámicas de violencia antes y después del 58, lo mismo aplica para periodos posteriores, por lo que este argumento no es suficiente para concluir que el inicio del conflicto armado se sitúa en el Frente Nacional. Como señala Charry, no se pueden homogeneizar las diferentes formas de violencia y los diferentes conflictos armados que han existido en Colombia a lo largo de los años, pues los actores mutaron con el tiempo, al igual que las causas y dinámicas. 

El académico concluye que, en efecto, existen marcadas diferencias entre la violencia liberal-conservadora de los años cincuenta y el surgimiento de las guerrillas comunistas de origen campesino de los años sesenta, pero también existen marcadas diferencias entre este periodo y el surgimiento del paramilitarismo, o entre este último fenómeno y el auge del narcotráfico a mediados de los ochenta.

Esta postura coincide con la defendida por María Valencia Gaitán, quien lleva años afirmando que la construcción de memoria del conflicto armado en Colombia ha ignorado la violencia bipartidista e insistiendo en que el origen del conflicto debe ubicarse antes, especificamente, en la fecha del asesinato de su abuelo, el caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán.

El tinte político de las disputas por el origen del conflicto armado se hace evidente en la decisión de ampliar la base de datos del OMC, pues no es casual que este cambio se dé ahora que la directora del CNMH es la nieta de Gaitán.

Ahora bien, Surárez señala que la razón metodológica tiene que ver con la existencia de un desbalance muy fuerte entre las fuentes de información disponibles antes y después de 1958. Tal como lo relata el excoordinador del OMC, existen serias dificultades para hacer una documentación rigurosa de los hechos de violencia previos a ese año, puesto que no existen suficientes fuentes de información.

Los expertos afirman que antes de esta fecha la mayor parte de la memoria sobre los hechos de violencia es oral, dispersa y regional. Como relata Suárez, no existían todavía organizaciones de derechos humanos ni políticas institucionales que favorecieran la recolección de testimonios. Ni siquiera la investigación realizada por la Comisión Nacional Investigadora de 1958 se encuentra debidamente sistematizada. 

Tal vez la primera documentación que hubo en Colombia de graves violaciones de DDHH realizada por organizaciones civiles esta consignada en el Libro Negro de la Represión de 1974, pero allí sólo se analizó lo ocurrido desde el Frente Nacional en adelante. Las bases de datos de las entidades tampoco son una fuente pues, por ejemplo, la Policía solamente municipalizó la información de homicidios a partir de 1960.

Ocurre lo mismo con los trabajos académicos que han analizado La Violencia. Para Suárez, en temas de cifras, es clave el libro La Violencia en Colombia de Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna, en el que se estima que el número de víctimas de esta época es de aproximadamente 200.000, aunque señala que ese mismo trabajo reconoce que no se cuenta con información que dé cuenta de la magnitud de la violencia en ese periodo.

Según el excoordinador del OMC, tal vez el mejor intento de calcular el número de víctimas es el realizado por Paul Oquist en el libro Violencia, conflicto y política en Colombia. Allí, basándose en los datos del Tolima, que es el departamento que tiene mayor registro de información, el autor realiza una proyección de los muertos que pudo haber durante La Violencia y lanza la cifra de 193.017 personas.

De allí que la principal fuente de información de lo que algunos historiadores denominan la violencia bipartidista sea la prensa, la cual también tiene serios problemas. Por un lado, porque durante el Bogotazo se quemaron documentos de El Tiempo, El Espectador y del Archivo Nacional. Y, por el otro, porque este periodo se caracterizó por una fuerte censura a la prensa que comenzó en 1949 y se endureció aún más durante el mandato de Rojas Pinilla comprendido entre el 53 y el 57. Situación que impide la utilización de este medio como principal o única fuente de información disponible. Esto sin contar con que muchos documentos se han perdido por el paso del tiempo y la ausencia de una política de conservación de archivo en varios lugares del país.

El excoordinador del OMC cuenta que, debido a esos inconvenientes, cuando se realizó la investigación para el informe ¡Basta Ya!, publicado en 2013, sólo se pudo construir una pequeña base de datos del periodo 1946-1956. Esta incluía 64 casos de masacres y 88 casos de violencia en general ocurridos a nivel nacional entre 1946 y 1949 y 102 casos de violencia en general ocurrida en el Tolima entre 1951 y 1956. Datos que no fueron publicados originalmente en la base de datos del CNMH debido a la precariedad de las fuentes.

No obstante a todas las observaciones históricas y metodológicas, Suárez reconoce que la memoria del conflicto armado no se puede edificar sobre el olvido de la violencia bipartidista.

Ahora bien, como señala Oscar Maldonado, sociólogo experto en métodos cuantitativos y profesor de la Universidad del Rosario, respecto de la importancia de narrar el conflicto armado desde antes de 1958, cualquier intento por ampliar el conjunto de datos y las fuentes a las que se puede acceder es muy valioso, pero representa serios desafíos. 

“Pensar el conflicto en esa mirada de más larga duración trae unos nuevos retos que se resumen en si vamos a ser capaces de hacerlo con el mismo rigor que se ha hecho después del hito del 58”, afirma el sociólogo. Es decir, si se tienen los recursos, la experticia y las fuentes materiales para mantener el estándar que tenía la base de datos original del CNMH.

Para Andrés Suárez, el mayor problema que tiene la modificación de la base de datos es que se va a generar una descompensación muy fuerte con el acervo de fuentes que acompañan la documentación de los casos desde el 58 en adelante, porque no hay suficiente información para sacar cifras del periodo anterior. En su criterio, esto no solo afecta la reputación y credibilidad de la base de datos en su conjunto, sino que además puede llevar a la gente a pensar, de manera errada, que ese periodo fue menos violento de lo que en realidad fue, en vista de los pocos casos documentados.

De hecho, en una revisión de las bases de datos del OMC realizada por Rutas del Conflicto se encontró que, contrario a la estimación realizada por Guzmán, Fals Borda, Umaña y Oquist de aproximadamente 200.000 víctimas durante La Violencia, la base de datos del CNMH actualmente solo registra 1480 víctimas y 885 casos de violencia en el periodo 1944-1957 (fecha de corte: 31 de marzo de 2024).

“Lo grave aquí es que están tratando de estirar la metodología a un escenario en donde no tienen el mínimo de fuentes para hacer el ejercicio de documentación y ese desbalance hace inviable el ejercicio”, manifiesta el excoordinador del OMC.

Para Maldonado más que tratarse de un tema de credibilidad o reputación, el problema es operativo. Según el sociólogo, las historias que cuentan los datos no son tan explícitas, pues se requiere pasar por muchos trámites de sistematización, procesamiento, limpieza, cálculo y visualización para finalmente poder contar una historia con datos. Por ello, al trabajar con bases de datos es crucial que se respete un estándar de comparabilidad y un criterio de clasificación estricto que permita que, independientemente de quien diseñe la base de datos, otro la pueda usar.

Según el experto en investigaciones cuantitativas, si la base de datos no es consistente y estandarizada, si no están todas las categorías, si la información incluida no es precisa, si los datos se vuelven números descontextualizados y los valores no permiten generar series de tiempo, lo que va a suceder es que, de facto, se termine ignorando el periodo histórico anterior para centrarse en el periodo en el que las cosas se vean un poco mejor. “Entonces la base de datos termina siendo inoperativa, que es un poquito peor, más que una cuestión de prestigio es una cuestión de operatividad de poder trabajar con los datos”, afirma.

En la revisión de las bases de datos del OMC adelantada por Rutas del Conflicto, se hallaron inconsistencias entre la Base de Datos de Casos (BDC) y la Base de Datos de Víctimas (BDV). Como estaban concebidas originalmente, la BDC incorporaba los sucesos según las circunstancias en que ocurrieron y la BDV consignaba datos de las personas directamente afectadas, pero la información contemplada en ambas bases de datos coincidía y podía vincularse usando la variable ID del caso. Pues cada víctima estaba relacionada con un caso a través de un código. 

Sin embargo, al contrastar la BDC con la BDV del periodo comprendido entre 1944 y 1957, resultan evidentes algunas discrepancias. Por ejemplo, para el caso de masacres se registran 118 casos de masacres pero 0 víctimas, y, para el caso de acciones bélicas, se registran 0 casos pero 576 víctimas.

Por ello, los expertos señalan que, si bien resulta loable el esfuerzo del CNMH de ampliar la base de datos para, como afirma la entidad, “superar las limitaciones temporales y recuperar para la memoria de Colombia las experiencias históricas que hacen parte del origen del conflicto”, este ejercicio debe realizarse con cuidado. Como señala Charry, aunque “todo intento por esclarecer la verdad y por tener mejores archivos es bienvenido, se debe hacer la salvedad de los orígenes de las fuentes y si son fuentes oficiales o no oficiales, porque el relato y la reconstrucción de los hechos va a ser muy distinta”.

Según los expertos, existen diversas alternativas que puede implementar la entidad para superar los retos que implica comenzar a agregar información previa a 1958 en las bases de datos del conflicto armado.

Para Oscar Maldonado esta es una gran oportunidad para innovar en métodos de investigación que permitan resolver de forma creativa el problema de la precariedad de fuentes, pero se requiere que se movilicen suficientes recursos para que, más allá de decir que se amplió el periodo de análisis, se logre registrar información que tenga un impacto real en términos académicos de investigación y discusión pública. En su criterio, la clave radica, por un lado, en que se realice un trabajo activo que involucre diversos actores y convocatorias y, por el otro, en que se arranque con un plan piloto para evaluar cómo se superan las contingencias antes de modificar la base de datos original.

Andrés Suárez, el excoordinador del OMC, considera que la sistematización de hechos de violencia previos al 58 debe hacerse en una base de datos separada, en la cual se dejen todas las consideraciones respecto de la precariedad de las fuentes. Esto, con el objetivo de evitar que el público crea que las cifras que se tienen de ese periodo son igual de contundentes que las registradas con posteridad al Frente Nacional. Y agrega, en todo caso, que una metodología útil puede ser acompañar los datos que se logren reunir con las cifras de muertos totales en Colombia, que sí existen, de manera que la gente tenga en mente el nivel de violencia real que ocurrió durante el periodo al leer los hechos documentados.

Como señalan los expertos, independientemente de la decisión que se tome sobre las bases de datos del CNMH, si se incluyen nuevas décadas y nuevos materiales en una base datos lo importante es hacerlo de forma transparente y meticulosa. Es decir, enunciar de manera explícita la complejidad del periodo analizado y la solidez o precariedad de las fuentes, para que la comunidad académica, los investigadores y quienes quieran acceder a esa base de datos sepan de dónde viene la información y las limitaciones con las que cuenta.

 

Rutas del Conflicto consultó al CNMH sobre los recientes cambios en la base de datos del OMC, particularmente en lo relacionado con el motivo, la metodología y el momento en que comenzaron a incluirse hechos de violencia previos al Frente Nacional. 

Al preguntarle a la entidad sobre el proceso de modificación de la base de datos, esta afirmó que “el CNMH tiene un deber de garantizar la amplia escucha de todas la memorias, los contextos, hechos y resistencias del conflicto armado interno”, que “ampliar el periodo de observancia no implicó modificaciones metodológicas” y que la documentación de casos anteriores a 1958 se adelanta a partir de “la compilación y sistematización de artículos de prensa de orden regional y nacional, archivos privados del periodo y documentación de consulta pública de la Sección de Archivos Oficiales del Archivo General de la Nación”.

“Se decidió agregar la información en la misma base de datos, como un corpus integral de información, porque más allá de la fecha de ocurrencia de los hechos, los casos se registran con los mismos criterios y se busca documentar las mismas variables. Además, tener la información en una misma base permite que se apliquen las mismas reglas de validación y criterios de calidad”, afirmó el Centro.

Actualizado el: Jue, 05/09/2024 - 14:25

Un matrimonio de 50 años vivió en el Bajo Simacota, en el Magdalena Medio santandereano, por más de una década, hasta que la violencia de los años 80 y comienzos de los 90 les llegó a su finca, Venecia. Saul Ayala y Silvia Puertas, hoy con 90 años y 75 años respectivamente, fueron desplazados de su predio, sufrieron un atentado y el asesinato de su hijo. En 2013 pidieron la restitución de tierras con la esperanza de ser reparados. 

La Unidad de Restitución de Tierras (URT)  llevó el proceso al Tribunal de Cúcuta, se recabaron pruebas, testimonios y documentos que mostraban la violencia generalizada de la región y las condiciones en las que tuvieron que vender su finca. El tribunal dictaminó en 2019 que Saul Ayala, un militante de la UP y quien fue presidente de la Junta de Acción Comuna de la vereda La Colorada y Silvia, quien fue victima de tortura y hostigamientos por parte de la fuerza pública, tenían derecho a la restitución. La sentencia también determinó que Agroindustria Villa Claudia, una palmera que había adquirido ese predio no había hecho la debida diligencia a la hora de revisar el historial de violencia que habían sufrido las víctimas y determinó que debían devolver la tierra sin ninguna compensación.

Pero cuatro años después, ante una tutela interpuesta por la empresa, la Corte Constitucional modificó parte de la sentencia y determinó que la palmera no tuvo ninguna responsabilidad y por lo tanto debía ser compensada económicamente por el Estado. Este fallo de la Corte bajó los estándares con los que la Ley 1448, o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, evalúa la debida diligencia que deben tener las compañías a la hora de adquirir predios en zonas que sufrieron violencia. 

Además, la decisión abre una puerta para que otras empresas que han sido responsabilizadas en este mismo sentido en otros fallos, puedan pedir que la Corte evalúe sus casos, situación que genera incertidumbre dentro de los reclamantes y la misma Unidad de Restitución. 

El proceso judicial del tribunal documentó cómo la pareja, ante los hechos violencia, tuvo que vender el predio por necesidades económicas.  “El nieto no tenía trabajo y nosotros no teníamos con qué sostenerlo, solo con algunas ayudas que nos daban para comer. Entonces, vendimos y pensamos también por allá no podemos volver ni nada”, cuenta Ayala.

Durante los siguientes 17 años, esa tierra pasó por dos propietarios, hasta llegar a manos de Agroindustria Villa Claudia.  La empresa palmera había comprado la tierra en 2008 y se presentó como opositora en el proceso de restitución. Es decir, alegó que eran los legítimos dueños y que no se habían aprovechado de las circunstancias para comprar la finca Venecia 

Sin embargo, la sentencia declaró que Villa Claudia no había hecho todo lo que estaba en sus manos para conocer el historial del predio y el conflicto que se desarrolló en el Bajo Simacota, con el fin de no aprovecharse de la situación para comprar la finca. Es decir, el tribunal de restitución de tierra declaró que la palmera no cumplió con los estándares de buena fe exenta de culpa que contempla la Ley de Víctimas. 

El caso llegó a la Corte Constitucional con una tutela que interpuso la empresa, alegando que violaron el derecho al debido proceso. La Sala Plena determinó en 2023 que la palmera sí cumplió con los requerimientos para determinar la buena fe exenta de culpa y que tendría derecho a la compensación. Según la Corte Constitucional, el tribunal de Cúcuta no evaluó bien las pruebas presentadas por Villa Claudia.  

Para expertas, organizaciones de la sociedad civil que llevan procesos de restitución y para la misma Unidad de Restitución de Tierras esta sentencia, la SU 163 de 2023, abre un panorama complejo para las víctimas que fueron desplazadas y despojadas, y  para el Estado en materia de cumplir con las reparaciones económicas.

Sin razones 

Agroindustria Villa Claudia, una palmera que lleva en el sector más de dos décadas, en cabeza de Claudia Julieta Otero, apeló la decisión del Tribunal de Restitución en primera y segunda instancia a través del abogado José Miguel de la Calle, hijo de Humberto de la Calle, jefe negociador en el acuerdo de paz. La Corte Constitucional seleccionó el caso para su revisión y junto con otro caso emblemático de despojo y desplazamiento en el Magdalena, Las Franciscas, la Corte los unió para su evaluación. Este último proceso también fue llevado con una tutela por la bananera Las Franciscas SAS ante el tribunal constitucional.

Como lo explicó Nury Martínez, representante de los solicitantes de Las Franciscas y la coordinadora del Equipo de Litigio en Tierra y Derechos Territoriales de la Comisión Colombiana de Juristas,, el 16 de mayo de 2023, el tribunal constitucional emitió un comunicado sobre el sentido de la Sentencia SU-163 DE 2023, que declaró que decidió desacumular los dos casos y resolver primero la tutela interpuesta por Villa Claudia.

“Nos asombró desde el inicio la decisión de la Corte de unir los dos casos, porque no están vinculados por los mismos sujetos procesales, que tampoco están relacionados por estar en el mismo territorio, ni por los mismos hechos. En 2021 hicimos una solicitud a la Corte Constitucional para establecer el porqué de esta decisión, sin embargo, nunca fue respondida”, afirmó Martinez. 

En la misma vía, para Mónica Parada, del Observatorio de Tierras de la Universidad del Rosario, este comportamiento es atípico, pues “siempre la Corte argumenta y justifica por qué toma ciertas decisiones. Por eso, la jurisprudencia es tan fuerte. Hay una ruptura en la forma de trabajó”, afirmó . 

No solo la acumulación y la desacumulación de los casos llamó la atención. También lo hicieron los argumentos utilizados por la Corte para probar la buena fe exenta de culpa de la palmera Villa Claudia. 

 

La Corte baja los estándares de responsabilidad para las empresas

Los Ayala le vendieron Venecia en 1991 a Roberto Jimenez Tavera, un vecino con el que tenían una sociedad de ganado, tras el homicidio de los sobrinos de Saúl Ayala cerca al predio y la tortura psicologica a Silvia Puertas por miembros del Ejercito Nacional un año antes. Además del atentado que habría sufrido Saúl en Barrancabermeja en 1989 y el homicidio del hijo de la pareja en 1988,  Jimenéz le propuso vender el predio.  Saúl Ayala no recuerda el monto exacto de las transacciones, en sus palabras “fue una chichigua que no pagó completo. Me suplicaba casi llorando que se lo diera, que quería tener algo propio y no en sociedad”. 

Como lo muestra la sentencia de restitución y el certificado de tradición y libertad, Venecia le vendió en 2003 a Mauricio Villamizar. El 8 de  marzo de 2008,  junto con otro predio de mayor extensión, Villamizar le vendió a Edwin Martínez por 95 millones de pesos. Ese mismo día, Martínez hizo la venta a la palmera Agroindustrias Villa Claudia por 1.200 millones de pesos. 

Desde que los Ayala salieron de Simacota por la violencia y los hostigamientos, tras la venta del predio a la empresa palmera han pasado 17 años. Nunca en un proceso de restitución de tierras, el tiempo había sido un argumento válido para demostrar la buena fe exenta de culpa hasta el fallo de la Corte. 

En la sentencia del tribunal constitucional se tuvo en cuenta el paso del tiempo como justificación para que la empresa no supiera de los actos de violencia que precedieron la compra y por ende decir que a Villa Claudia se le comprueba la buena fe exenta de culpa.

Como lo explicó Paula Valencia Cortes, abogada de la organización DeJusticia, este argumento “es novedoso y peligroso en materia de restitución”. “No importa el paso del tiempo y no importa que hayan pasado 17 años. Lo importante es que uno haya hecho la debida diligencia, es decir, que hayas mirado los títulos y que te hayas fijado más allá de los títulos que no había un negocio extraño”, dijo Valencia. 

En concordancia la directora jurídica de la URT es enfática en afirmar que, “el paso del tiempo no sanea las circunstancias del conflicto armado que se presentaron. De ser así, no podíamos estar alegando en una justicia transicional hechos que ocurrieron en el conflicto armado hace varias décadas”, dijo. 

Villa Claudia presentó ante la justicia, en el tribunal de Cúcuta y en la Corte, para demostrar que cumplian con los estandares de buena fe exenta de culpa, que antes de comprar Venecia habían realizado un estudio de títulos y había escuchado de los vecinos del predio que afirmaban que en la zona ya no había violencia.  Como lo explica la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, probar la buena fe exenta de culpa, que permite la compensación, se trata de realizar actos positivos para averiguar y tener la certeza de no afectar el bien y que todas las tradiciones anteriores a la compra no estén viciadas o  relacionadas con el conflicto. 

Para la Corte fue suficiente el accionar de Villa Claudia para declarar buena fe exenta de culpa. Sin embargo, el tribunal no tuvo en cuenta  que en  una de las transacciones, el predio subiera de valor 12 veces en un solo día, al llegar a las manos de la palmera. En resumidas cuentas lo que afirma la Corte en palabras de Valencia es que, “como pasó el tiempo, no podemos exigirle nada  a la empresa,  porque son  requisitos imposibles de cumplir”, para declarar la buena fe exenta de culpa. 

“Encuentra esta Corte la oportunidad para precisar que los jueces de restitución la deben aplicar con total precaución, pues no sólo están en juego los derechos de terceros y el principio de acción sin daño, sino que también el riesgo de que, por un inadecuado entendimiento, se fije un estándar probatorio de imposible acreditación que torne imposible la transacción sobre este tipo de inmuebles, de manera indefinida”, se lee en el escrito de unificación de la Corte.

Para la abogada Mónica Parada, el estándar de buena fe exenta de culpa que plante la Ley de Víctimas, implica que las personas que están involucradas en los procesos de restitución demuestren que realmente hicieron lo que estaba en su poder para evadir o no caer en dinámicas de aprovechamiento del clima generalizado de violencia y en otros casos de despojo. “La buena fe exenta de culpa exige un comportamiento muy responsable de quienes compraron la tierra en estas circunstancias”, afirmó. 

Lo que llama la atención de las razones que da la Corte Constitucional para declarar la buena fe exenta de culpa a Villa Claudia es que solo tuviera en consideración  tres testimonios: uno de los compradores de Venecia, un vecino de la zona y la representante legal de la empresa. “Para la Corte solo fue necesario los tres testimonios para evaluar que se hicieron los actos de diligencia necesarios para corroborar que durante todo ese tiempo actuaron de buena fe”, explicó Parada. 

Al mismo tiempo, la Corte reconoció que los representantes de la palmera conocían de la violencia generalizada en la región. “Desde el momento de su constitución en 1995, AVC (Agroindustria Villa Claudia) hace presencia en la zona del bajo Simacota, por lo que tenía conocimiento de la situación de seguridad al momento de celebrar el negocio jurídico sobre el predio restituido”, se lee en la sentencia de unificación. 

Para las abogadas Parada y Valencia, los testimonios cercanos a la empresa no demuestran la debida diligencia, cuando es un hecho notorio que había un conflicto en el Bajo Simacota. “Lo que hizo (la empresa) fue aprovecharse del clima generalizado de violencia que sufrieron las personas que alguna vez estuvieron ahí, incluso si no las conocieran, para hacerse a un predio que se valorizó muchísimo”, manifestó la abogada del Observatorio de Tierras. 

 

 

 

 

 

Actualizado el: Mar, 04/16/2024 - 11:18