Por: Lucas Ospina
Profesor de la Universidad de los Andes

Dije que iba donde Silvia Duzán y di el número del apartamento. El portero me miró con sorna, ni miró el citófono, se volteó y sacó del casillero un papelito con esa letra de ella; primero redonda, juiciosa, y luego cada vez más recostada, casi ilegible por el afán: “Estoy en el OMA de la 82. Veámonos allá a las 4”. 

Esta entrevista es una colección de papelitos. De encuentros y desencuentros con Silvia desde hace un año y más desde que ella estuvo en Medellín y ahora viaja al Magdalena Medio como productora del documental para el Canal 4 de BBC Londres. Silvia es una lucha contra el caos, tiene que hacer enormes esfuerzos para ajustarse a cualquier orden, su marido, el economista Salomón Kalmanovitz, le dice que no tiene “reloj interno” y que siempre cree que puede hacer dos cosas al tiempo en lugares distintos. 

Salgo de las Torres del Parque hacia la séptima, espero la buseta a Unicentro, me bajo en la 82. Llueve. Atravieso charcos y carros parqueados encima del andén. Entro al OMA, medio café y medio librería, ya sé dónde está Silvia: su risa. 

“Muchacha de risa loca”: la risa de Silvia que también es sarcástica, es defensiva, es munición lanzada al vacío para un desarme sin agresión. Silvia, con sus ojos rasgados, facciones morenas y cara de muñeca; Silvia es sensibilidad en su versión más pura, más extrema y radical, entre el infinito encanto y el infinito riesgo, Silvia siempre es leal a su desmedida esencia.

Ríe en cascadas, sus ojos se achinan, y entre frases manotea sin cesar. Hoy está con dos jóvenes de barrio bajo, que ya no son tan jóvenes, con chaquetas raídas, parches y etiquetas metaleras, con pantalón entubado y zapatos tenis sucios que podrían ser de mejor marca y esos raros peinados nuevos, como de video de Charly García. Ríen, ella hace que sus entrevistados se sientan como reyes, odia regañar, culpar, dañar, su comunicación es franca, intensa, no la quiero interrumpir. Espero un rato, Silvia manotea, se voltea y me ve, se alegra, se levanta, me lleva a la mesa, me dice que ya están por terminar. Ellos se van, se abrazan, chocan manos, tienen las mismas pulseras. Ella guarda su pequeña libreta de hojas rayadas y su esfero en la mochila.

Ahora es su turno: la reportera será la entrevistada. Vamos a ver si se desenvuelve con la misma habilidad que muestra a la hora de escribir, guardar, buscar e imprimir archivos para las entrevistas a sicarios, bazuqueros, ladronzuelos, narcos, traficantes de armas, bandidos de distintos gremios, sepultureros melancólicos, dueños de cine porno y jóvenes de todo tipo de tribus urbanas. No importa que su computador sea el único aparato que sepa dominar o que apriete el tubo de dientes por la mitad y pierda las tapas de todos los frascos, como periodista, no hay otra igual.

¿Cómo va el trabajo en el Magdalena Medio?

Está tenaz, el ejército está bombardeando todo, con lo que dan los gringos dizque para la guerra contra las drogas, hace poco bombardeó una vereda de San Vicente del Chucurí. Pero bien, la “situa” parece caliente, pero es manejable para nosotros como periodistas contratados por un medio extranjero. Con carnets ventiados y cartas de recomendación del Canal 4, la cosa es difícil, pero no imposible. Es un problema de firmeza. De decir todo lo contrario a lo que afirman los militares. 

¿Y no le da miedo?

Acuérdese que yo odio las gallinas, veo una gallina y me pongo fúrica, es el animal más bobo del planeta, camina con miedo, canta como una histérica, no sabe ni para dónde va toda insegura. ¡Ay!, esa bobada de las gallinas…

En serio, Silvia, una cosa es estar en la ciudad, con los códigos que usted conoce, y otra es estar allá, lejos, sin saber en qué se está metiendo…

Hace unos años, yo debía tener como 22 o 23, dejé botada mi carrera de economista en Los Andes —no sirvo para las matemáticas—. Acababa de entrar a trabajar en la revista Semana. Íbamos mucho a fiestas por acá en el norte, luego de los cierres de redacción. A una reunión a la que fui con Olga Troconis y Juana Méndez nos salió un tipo que se llamaba Babel, hermano de Andrés Carne de Res, y nos dijo que tenía una casita divina en La Guajira, en Dibulla, que nos la prestaba y que allá tenía, dijo, un nativo adorable que se la cuidaba, un tal Simón. Con Olga, como las dos éramos ya huérfanas de papá, nos robábamos cosas en desuso de nuestras casas, nos íbamos a venderlas al mercado de las pulgas de la tercera, luego nos íbamos al Goce pagano, a Sopó a comer fresas con crema, y algo pudimos ahorrar para el viaje. Nos fuimos para allá en diciembre de 1984. Cuando llegamos, salió un hombre negro y fornido, parco, pero sorprendido por la visita de esas tres bogotanas. Nos paseamos unos días por el lugar en bikini, hasta que una señora, Juana Peralta, recuerdo, nos dijo: “Muchachas, ¿ustedes qué hacen acá?, este no es un lugar para mujeres solas, piénsenlo, acá pueden pasar muchas cosas”. A las cuatro de la mañana salieron ellas en una flota y yo tuve que esperar en la casa hasta las 7:30 para coger transporte al aeropuerto de Riohacha. Durante ese lapso, Simón se me insinuó varias veces, intentó tocarme, arrinconarme, pero a punta de cuento, de risas, pude torear al tipo. No me pasó nada y salí de esa.

Se salvó de pura Sherezada…

Sí, pero luego, en una fiesta donde Pedro Cote, cuando contamos la aventura, un médico que había hecho su rural allá, dijo: no les pasó nada porque estaban hospedadas en esa casa, protegidas por el tal Simón, el hombre más peligroso de Dibulla.

¿Y el peligro aquí, ahora?

Mi mamá trabaja desde joven, viene de una familia de fortuna venida a menos, nos crio sin miedos. Nos metió en el San Patricio para darnos espacio para que pensáramos más allá de casarnos bien y ser amas de casa. Cuando los del MAS pusieron un petardo en la casa donde vivíamos las tres —en respuesta a los reportajes sobre paramilitarismo en el Magdalena Medio publicados por mi hermana María Jimena—, terminamos en el suelo en medio del humo blanco asfixiante, y mi mamá fue la que nos infundió fuerza para reponernos. 

¿La ciudad es peligrosa?

Le temo más a los editores. Para lo del libro tenía primero que reunirme con los que se acaban de ir, los del sur, de Santa Isabel, que eran los que se agarraban con los de la gallada de Unicentro, hay unos datos que me faltan y el libro está encima, ellos trabajan ahora de jíbaros por esta zona. Uno de ellos era de la banda que robaba a señoras a la salida del Carulla de Pablo Sexto para pagarse los instrumentos del grupo de rock que tenían. A partir del 15 de marzo la cosa se pone grave, tengo que entregar el final del libro y, si no, me tocará esconderme del editor. Tengo un dengue o algo me dio en el Magdalena, deliro al escribir y tampoco ayuda el medio hígado que me queda después de ese paludismo que me dio en el Pacífico. 

¿Y tiene que volver por Cimitarra?

La situación es crítica. Si el Gobierno no manda al cuerpo élite de la Policía, el experimento terminará en fracaso; ya busqué a Rafael Pardo en el gobierno Barco, pero no nos pararon bolas. Me preocupa la seguridad de los campesinos del documental. La vez pasada entrevistamos a un tipo al que le dicen “El Mojao”, antes fue guerrillero, ahora paramilitar, fue entrenado por los mercenarios que trajeron de Israel y con el rostro destapado ante la cámara nos dio a entender que con soldados del ejército del Batallón Rafael Reyes patrullan la zona, les prestan armas en la estación de policía y que hay una posible infiltración en la asociación de campesinos. Nos dejó claro el poder de los narcoparamilitares en la política local en miras a las próximas elecciones. En enero cuando la TCC con lo de las amenazas y asesinatos organizó el foro al que vinieron los asesores de paz del Gobierno, en la noche, en el hotel, me tocó justo en el cuarto de al lado de “El Mojao”, el man estuvo peleando y pegándole toda la noche a una mujer…

Tenaz. ¿El documental es su compromiso?

Yo solo sé que me voy allá como sea, ya quedé con los cuatro tipos para que arranquen desde sus tierras en la India a Cimitarra para vernos en la mañana del lunes y ponernos al día con datos que nos faltan. Ahí en el pueblo estaremos más seguros, no nos van a matar delante de todo el mundo. Toca darles visibilidad a los líderes, ver si se ganan eso del Nobel alternativo de Paz, mostrar que “sale más barato hacer la paz que hacer la guerra”, como lo dijeron acá en Bogotá en la ronda por periódicos que les armamos.

¿Cómo termina un documental?

Con el que más me he entendido es con Miguel Ángel Barajas. Él estudió en la Nacional, llegó a esa zona como agrónomo del Incora y se convenció de la causa que tenían Josué Vargas y Saúl Castañeda para fundar la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare y declararse neutrales ante todos los ejércitos que llevó a estos dos años de calma chicha en la India. Ahora le llevo un libro de Patricia Highsmith, a él también le gusta la novela negra. Voy a esperar a que se hagan las elecciones, porque si Miguel Ángel gana en el Concejo, eso sería el final feliz del documental.

A usted le gusta así, meterse entre la gente, camuflarse ¿por qué un periodismo así, cercano a la reportería, a la antropología, a la literatura?

En Medellín estuve parqueada meses con Alonso Salazar y Víctor Gaviria buscando entrevistar a esos jóvenes, hasta que la logramos, pero luego la publicaron con otros créditos y como si fuera una gran primicia la entrevista del sicario. Yo no pertenezco al mundo de las “chivas”. Yo soy buena para conseguir datos, generosa con mis fuentes, la información es un bien público, sí, pero en esos medios muchas veces se me adelantan sin respetar acuerdos ni dar créditos. Luego mis confidentes iban a creer que los había “vendido”, que los había entregado al negocio, que los había traicionado. Para mí es gravísimo que esas personas cuestionen mi honestidad. 

¿Cómo es escribir como usted escribe, las crónicas en primera persona, eso que llaman “historias de vida”?

En Zona, la revista que hicimos con Ramón Jimeno, Salomón y otros, hablaba mucho con Alfredo Molano de eso de escribir así; decíamos que había que perderle el miedo a ser tildados de “hacer literatura”, y no porque no la hagamos, sino porque tenemos la íntima convicción de que no falsificamos a la gente. Además, la literatura, la poca que pueda existir en los relatos, no me pertenece. Mi trabajo consiste en ponerla al descubierto. Con Alfredo decimos que hay un sabor parecido al de la libertad en este oficio cuando uno lo entiende así.

Además de Molano, ¿a qué otras personas lee en esa sintonía?

Yo leo de todo, lo que me caiga, lo que me suene. El otro día le regalé a un amigo La senda del perdedor de Bukowsky, y él me consiguió a cambio una edición original de El Atravesado, mi favorito de Andrés Caicedo. Es como con la música, en el apartamento pasamos de lo que oyen los hijos de Salomón al casete de Siniestro Total que trajo de España Moncho Jimeno, o ponemos lo que compramos con Eduardo Arias en la caseta de Saul de la 19 y luego en su casa grabamos en casetes The Doors, Triana, Led Zepelin, ACDC, Sui Géneris, The Clash, Men at work, Dire Straits, intercalados con los dos álbumes de Blades de Maestra Vida. Oigo de todo, todo Rolling Stones, casi nada de los Beatles y nada de música de protesta. [Risa]. En el viaje a Israel, con Salo compramos un par de discos de Leonard Cohen.

Pero en su casa desayunaban, almorzaban y comían periodismo…

Mi papá iba todos los sábados al periódico El Espectador a entregar el editorial que él había escrito a máquina luego de hablar con Guillermo Cano, el director. Ese día tocaba entrar por la puerta de atrás, con los camiones parqueados para la edición que salía por la tarde. Recuerdo la inmensa rotativa roja y cómo armaban el periódico en planchas de plomo en un papel brillante y grasoso. Los armadores leían página por página y si al corrector de estilo se le había pasado una coma o un error de ortografía, ellos con un bisturí cortaban la parte que necesitaban remover y luego ponían la nueva con una habilidad y precisión de cirujanos. Con María Jimena y mi hermano dábamos vueltas y cuando mi papá y Guillermo ya se habían puesto al día en cosa de confidenciales, Guillermo se despedía, vencía la timidez y molestaba a mi hermano preguntándole si todavía tenía el mal gusto de ser hincha de Millonarios. Mi hermana y yo siempre decíamos que queríamos ser periodistas.

¿Y con Salomón de qué hablan?

Él dice que yo le prestó mi espontaneidad y él pone el orden.

Pero de verdad, ¿de qué hablan?

Hoy estrenan una de Fellini en Granahorrar y fue con Fellini que una amiga nos cuadró en nuestra primera cita. 

¿Cómo fue?

Yo estaba en Semana, en un semillero de jóvenes periodistas con Gabriel García Márquez, y había puesto una foto de él bajo el vidrio de mi escritorio en la oficina; él escribía de economía y cuando pasó a entregar su columna la vio, y no sabíamos cómo salir de esa turbación. Una amiga, de pura celestina, cuadró para ir los tres a ver La ciudad de las mujeres. De regreso, me le senté al lado. Luego fuimos solos a tomar un café, a él le impactó ese hombre sádico de la película que mantenía a su madre en un pedestal y la adoraba, dijo que las madres sobreprotectoras volvían machistas a sus hijos. Mientras tanto yo lo miraba con ojos enternecidos. Comenzó entonces el romance. Él me llevaba 17 años y advirtió que me iba a dejar viuda. 

No fue así. El lunes 26 de febrero de 1990, Silvia va al aeropuerto con Salomón, pero un trancón le hace perder el vuelo. Baja del carro, corre, reprograma otro vuelo hacia Bucaramanga, avisa que llegará a Cimitarra en bus pasadas las 9 de la noche. Llega al pueblo a las 9:25 p.m., un joven de la asociación la recoge y la acompaña hasta la entrada del bar La Tata y la abandona ahí con una disculpa pueril. Al fondo, la esperan sus tres amigos dirigentes campesinos. Transcurren unos minutos, conversan, en el entusiasmo desestiman advertencias sobre la presencia de "El Mojao" y sus sicarios en la zona. Alguien del pueblo llama a la estación de policía para alertar sobre lo que va a suceder, la respuesta estatal es un acto más de complicidad que se suma a las armas que le acaban de entregar a dos sicarios. Ambos asesinos se aproximan desde lados opuestos a la mesa donde están Josué, Saúl, Miguel Ángel y Silvia, les disparan, les rematan. Huyen en medio de tiros al aire de los hombres de "El Mojao" apostados en la plaza y se resguardan en el batallón militar. Silvia, herida de gravedad con un disparo en la cabeza, sobrevive unas horas más en el centro de salud, muere desangrada por cuatro impactos de bala. Horas luego, el esposo de Silvia y su primo, Carlos Angulo, reclaman el cuerpo en el batallón militar de Cimitarra. Un capitán, de mirada torva, les pregunta si María Jimena Duzán va a venir. En el estrecho espacio de la avioneta de regreso, Carlos recuerda cómo la cabeza de Silvia queda a su lado: "Yo la miré durante casi todo el trayecto: siempre con su cara amable."

*Sala de redacción de ausentes es un homenaje a los periodistas colombianos cuya labor ha sido silenciada por la violencia. Impulsada por la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, esta campaña busca honrar la memoria de aquellos periodistas que, desde 1977 hasta hoy, han sido asesinados por realizar labores informativas en Colombia. El objetivo es revivir esas voces y explorar el impacto que tuvieron en la historia y la huella que sus ausencias dejaron en la sociedad colombiana.

Uno de los pilares de esta iniciativa son las Entrevistas imaginadas, una metodología que da vida a voces ausentes a través de diálogos ficticios basados en testimonios, lecturas y archivos. Para la primera entrega de este proyecto, curado por el artista Lucas Ospina, se ha reconstruido una entrevista imaginada con Silvia Duzán, periodista asesinada en 1990, quien se destacó por su sensibilidad y compromiso con historias y personajes olvidados y marginalizados. El diálogo con figuras cercanas a su vida y obra, como María Jimena Duzán, Salomón Kalmanovitz y Laura Restrepo, permite aproximarnos a su perspectiva y preservar su legado.

A esta campaña se suma la Asociación de Medios Impresos, AMI, y medios como El Tiempo, El Espectador, La Silla Vacía, Publimetro, La Patria, Vanguardia, El Diario, La Nueva Crónica, El Colombiano, Rutas del Conflicto, Cerosetenta y La Liga contra el Silencio. Esta alianza contribuye en la construcción de un museo de la memoria que hace eco del silencio impuesto a quienes fueron asesinados en el ejercicio de su oficio. 

Toda la información en: www.memoriasdelperiodismo.co

Silvia Duzán (1960-1990) tuvo un paso breve por el periodismo, desde 1982 hasta el momento de su asesinato, trabajó para distintos medios de comunicación. La revista Semana, el semanario Zona, o el diario La Prensa, fueron algunos de los medios que contaron con su presencia. Pese a su corta edad, consolidó un estilo, una manera de abordar a fuentes, de escuchar, mirar y entrevistar a las personas la mayoría de las veces ignoradas y marginadas por nuestra sociedad. Nos permitió ver ese país que crece día a día sobre el asfalto con una mirada horizontal que muy pocas personas tienen, y todos necesitaríamos conservar.

Sala de redacción de ausentes: en Colombia, desde 1977 hasta 2024, han sido asesinados 167 periodistas por realizar labores informativas. Cada uno de estos asesinatos ha generado una censura que cuesta medir, pero que nos acompaña día tras día. Las censuras de hoy también son producto de la que vivimos ayer. Para entender la palabra silenciada que nos habita, visite la “Sala de redacción de ausentes”, conozca sus periodistas, crónicas, entrevistas, metodologías y objetivos en el oficio, y junto a su trabajo, explore el vacío que dejaron sus asesinatos y la huella impuesta tras su partida. 

Esta iniciativa de la Fundación para la Libertad de Prensa hace museo de esa memoria y eco de ese silencio.

www.memoriasdelperiodismo.co 

Actualizado el: Sáb, 11/02/2024 - 11:20

 

 

Han pasado 25 años desde cuando comenzaron las violaciones a las mujeres campesinas que se aferraban con sus familias a un pedazo de tierra en Pueblo Viejo, Magdalena. Un cuarto de siglo en el que las víctimas han contado sus historias una y otra vez, recogidas en textos periodísticos, sentencias judiciales e informes de organizaciones sociales y entidades del Estado, y nada ha servido para que los crímenes que sufrieron dejen la impunidad. Ni siquiera, para que se les cumpla la órden judicial que les prometía un suelo propio, ese que cultivaban antes de que la violencia sexual, una de las más crueles formas de agresión, devastara sus cuerpos y sus vidas.

 

A pesar de que hace seis años un tribunal de restitución le ordenó al Estado priorizar a las víctimas de estos hechos, para que accedieran, por fin, a un pedazo de tierra, ellas siguen desplazadas en medio de la pobreza, de las consecuencias físicas y emocionales de las vejaciones que sufrieron, sin saber quién las ordenó y por qué. 

 

Fueron 31 las víctimas de violencia sexual registradas por la Comisión de la Verdad y la Unidad de Restitución de Tierras: 25 mujeres entre los 17 y 53 años; tres niñas; un niño, y dos hombres jóvenes de 17 y 18 años. En su informe, Campesinas, despojo y desplazamiento en Chimborazo, Magdalena, publicado en 2022, la Comisión explica que los paramilitares del Frente William Rivas del Bloque Norte, cometieron varios crímenes en contra de esta comunidad del Magdalena, y usaron la violencia sexual como arma de desplazamiento. Justamente, el horror que vivieron estas personas y sus familias entre los años 1999 y 2000 es uno de los casos en Colombia que visibiliza el uso de la violencia sexual en el despojo de predios.

 

En 1997, varias familias ingresaron a un sector conocido como El Chimborazo, a las fincas Cantagallar, Nigrinis, Chimborazo y Ceibones, que en conjunto suman cerca de 1.500 hectáreas, donde empezaron a construir sus viviendas y a establecer sus cultivos para subsistir. Dos años después, en 1999, se vieron obligados a dejar estas tierras por presión de los paramilitares. A esos predios que trabajaron, no pudieron volver. Tampoco han podido obtener mucha información sobre lo qué pasó con esas tierras, si se vendieron, si se están usando o si quedaron abandonadas. 

 

Sin embargo, Rutas del Conflicto pudo verificar que, en la actualidad, al menos una empresa agrícola figura como propietaria de un porcentaje de las fincas Ceibones y Chimborazo. Una de esas sociedades pertenece a un cuñado del excongresista Fuad Rapag, condenado por ‘parapolítica’ en 2013. 

 

La violencia sexual para despojar

 

Luisa* Es una lideresa de la comunidad que sigue esperando uno de esos terrenos prometidos por la ley colombiana, para compensar el despojo del que fue víctima y, también, como forma de reparación por la violencia extrema sufrida durante los años de la presencia paramilitar. “Todo lo que nos pasó es terrible, aquí nos ayudamos para mostrar esto tan duro, porque queremos que algún día nos den una tierra, que podamos volver a trabajar una finca que sepamos que sea nuestra”, dice la lideresa.

 

Luisa cuenta abiertamente los hechos que tuvieron que vivir ella y sus compañeras, y señala que estos crímenes fueron perpetrados con el deseo expreso de sacar a estas familias de los predios.“‘Desocupa, vete mejor, que lo que viene es peor’, escuchó que le decían los paramilitares a una de las mujeres mientras la violaban”, relata el informe de la Comisión de la Verdad.

 

La lideresa cuenta que inclusive gente que huyó de sus casas no pudo escapar de la violencia, como el caso de una familia que dejó sus pertenencias para irse a una vereda cercana a donde llegaron los paras para asesinar al padre de la familia, violar a la esposa, que estaba embarazada y a sus hijos, un niño de 14 y una niña de 11 años. “Después de todas estas barbaridades, nos reunieron a los que quedábamos, como el 13 de septiembre de 2000, y nos dijeron que teníamos que salir de las fincas. Le dije a los compañeros, ‘nos vamos enseguida’”, recuerda Luisa.

 

Desde entonces, cerca de 100 familias dejaron las fincas para sobrevivir en medio del desplazamiento. Casi 25 años después, las víctimas permanecen unidas apoyándose entre sí y reclamando unas tierras que compensen el daño que sufrieron. “Se nos han muerto siete mujeres con cáncer en la matriz, de todas las maldades que hicieron con nosotras, esto ha sido muy duro. Seguimos esperando que nos den unos predios, no perdemos la esperanza”, dice la lideresa.

 

La abogada Alejandra Coll, que tiene una maestría en estudios de género en la Universidad de Hull e hizo parte del equipo de la Comisión de la Verdad que investigó el caso de los campesinos de estas cuatro fincas en Magdalena, señala que esta comunidad tenía mucha resistencia al desplazamiento por toda la lucha que habían tenido que dar para poder conseguir un lugar en el cual asentarse, y la esperanza de que el Estado les entregara los títulos. “La violencia sexual en estos casos tenía características asociadas a la tortura, fueron hechos ejemplarizantes que buscaban generar pánico. Ellos habían soportado amenazas, trabajo forzado, asesinatos, pero la violencia sexual fue un detonante para decir, nos tenemos que ir”, explica Coll.

 

Luz Piedad Caicedo, codirectora de la organización feminista Humanas, que realizó la investigación Violencia sexual para despojar, la cual sirvió como base para el trabajo de la Comisión de la Verdad sobre los crimenes que sufrió esta comunidad, señala que los paramilitares fueron aumentando la violencia contra la comunidad para sacarlos de la tierra y quitarles un proyecto colectivo que habían construido con mucho esfuerzo. “Comenzaron saboteándoles la producción agrícola, luego obligaron a las mujeres a que les trabajaran con servicios domésticos, después vinieron las amenazas y, finalmente, llegaron con la violencia sexual contra las lideresas y otras personas de la comunidad indiscriminadamente”, explica Caicedo.

 

¿Quiénes son los responsables de la violencia sexual y cuál era su objetivo?

 

Tanto la Comisión de la Verdad como la Unidad de Restitución de Tierras han documentado el evidente uso de la violencia sexual para desplazar a las víctimas de las tierras que habitaban y trabajaban, pero no existe, hasta la fecha, un proceso legal que permita esclarecer la responsabilidad intelectual ni los motivos de los victimarios. Los documentos de las dos entidades describen ampliamente el contexto de los hechos y de los intereses económicos sobre los predios de los que fueron expulsados los campesinos.

 

Inclusive la sentencia del Tribunal de Tierras, que le negó la restitución a la mayoría de los reclamantes porque consideró que no cumplieron con algunos requisitos técnicos necesarios para la restitución, reconoció la violencia sexual y su uso para desplazar a las víctimas. La instancia judicial señaló la necesidad de esclarecer la verdad sobre los crímenes y el despojo de tierras. “Que se cuente quiénes fueron los autores materiales, los determinantes y demás que se beneficiaron con el desplazamiento de dicha comunidad (…) se reconozca públicamente que la comunidad que habita estos predios no eran invasores de tierras ni pertenecían a ningún grupo armado ilegal ni estructura armada que operaba en la zona. Que era una comunidad de campesinos y campesinas”, dice la sentencia.

 

Hasta octubre de 2024, la única decisión judicial que señala a algún responsable de los hechos es la sentencia dentro del proceso de Justicia y Paz, en contra del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso en 2014, por la autoría mediata de algunos de los crímenes relacionados con la violencia sexual en contra de esta comunidad. Mancuso aceptó como jefe del Bloque Norte, que era la estructura en la que se encontraba el Frente William Rivas, cuyos hombres fueron responsables materiales de los hechos.

 

Para Caicedo, la codirectora de Humanas, los altos jefes paramilitares terminaron aceptando que les imputaran todos los delitos que cometieron sus hombres sin aportar ningún tipo de verdad sobre quiénes ordenaron las violaciones o el mismo despojo.”La verdad que se espera en estos casos es sobre si alguien les pagó para perpetrar esos crímenes, o porqué querían esas tierras, si tenían un proyecto económico o simplemente si era un lugar estratégico para la guerra”, explica la investigadora y agrega: “Mancuso dice que en general le dio a la justicia una cantidad de información sobre terceros involucrados y sabemos que hay miles de compulsas de copias a la justicia ordinaria. La justicia debería ver si hay algo de estos casos y verificar si lo que se ha dicho es verdad”. 

 

La Comisión Colombiana de Juristas, que representa a las víctimas de los cuatro predios en el proceso de restitución de tierras, publicó en 2020 la investigación Los silencios del despojo en Zona Bananera, en el que se describe en detalle las circunstancias que rodearon el desplazamiento de las víctimas. El informe recoge sentencias de Justicia y Paz y documentos de contexto de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), y señala que había un interés particular del Bloque Norte para promover el acaparamiento de tierras para proyectos agroindustriales. 

 

El documento explica que la URT encontró que el despojo en las fincas Chimborazo, Ceibones, Cantagallar y Nigrinis, tiene una relación con un abrupto cambio en el uso de la tierra. “(se convirtieron en) fronteras agroindustriales de la subregión: hacia el norte hasta el sector de Sevillano en Ciénega, los monocultivos de banano; y hacia el sur, hasta el municipio de El Retén, los monocultivos de palma”, dice la investigación.

 

Luisa dice que cuando llegó junto con el resto de la comunidad campesina a estos predios, en 1997, las fincas no estaban cultivadas y ellos tuvieron que ‘limpiarlas’ para sembrar maíz y construir sus casas. “No sabemos para qué nos sacaron. No sabemos si alguien estuvo interesado en quedarse con estas tierras para un negocio o si era porque esto era un corredor importante para los paramilitares que los conectaba con la Ciénaga Grande de Santa Marta”, asegura.

 

La Comisión de la Verdad señala en su informe que el exparamilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, exjefe del Bloque Norte, tenía un especial interés en “desarrollar la agroindustria de la palma aceitera” en la zona, pero aclara que existía una diversidad de actores políticos y económicos que buscaron sacar provecho de las tierras en esa región.

La falta de claridad sobre los responsables de la violencia sexual y el despojo de tierras en El Chimborazo sigue siendo un pendiente en el proceso judicial. Aunque se reconoce la participación paramilitar y los intereses económicos detrás de los proyectos agroindustriales, no se ha establecido quiénes ordenaron estos crímenes. Las víctimas, especialmente las mujeres, continúan esperando respuestas, mientras que parte de las tierras que reclamaron han sido transformadas para la agroindustria.

Para muchas mujeres y niñas, esos días dejaron marcas de sufrimiento, abuso y pérdida. A pesar de los esfuerzos de organizaciones de derechos humanos y defensores de género para visibilizar estas violaciones, la respuesta institucional ha sido insuficiente e inadecuada para abordar las necesidades específicas de las sobrevivientes y sus comunidades, pues aunque la sentencia ordenó una atención diferencial, las víctimas sienten que no ha sido suficiente para atender los efectos en la salud mental, física y las afectaciones en sus relaciones interpersonales que les provocó la violencia sexual. “Una compañera se suicidó hace un tiempo, después de vivir con tanto dolor físico. A otras las dejó el esposo cuando se enteraron de la violación, las consecuencias de todo lo que nos hicieron son muy duras”, explica Luisa. 

 

La lucha campesina por esas tierras

 

Panorámica de las tierras de El Chimborazo. Foto: Julián Ríos.

 

Luisa llegó al municipio de Zona Bananera siendo niña y de la mano de sus papás, quienes atraídos por el empleo que generaban las bananeras, decidieron asentarse en esta parte del país. “Mi mamá trabajaba en el mercado vendiendo verduras y ahí nos enseñó a nosotros a trabajar como campesinos. Aquí en el corregimiento de Orihueca se hicieron desde hace años unos comités de personas que querían tener una finca, y yo entré como una de las aspirantes. Empezamos a recoger fondos y empezamos la lucha”, cuenta Luisa. 

 

Es así como para 1997, cerca de 100 familias campesinas de Orihueca, en el municipio de Zona Bananera, Magdalena, se unieron a la Asociación Mixta de Campesinos Obreros de La Victoria (Asomvic), para buscar la adjudicación de tierras para campesinos pobres. Se establecieron en la finca Cantagallar, en el corregimiento Tierra Nueva del vecino municipio Puebloviejo.

 

Ese año, Tomás García y David Viloria, dos líderes de Asomvic le dijeron a los campesinos 

que unos ganaderos de la región estaban interesados en venderle unas fincas al Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), para que se las adjudicara a los labriegos. Los propietarios de los predios eran los hermanos Roberto y Carlos Olarte Loaiza, unos ganaderos de la región que habían adquirido la tierra, cerca de 1500 hectáreas, a finales de los setenta.

 

En el informe de la CCJ se señala que la Unidad de Restitución de Tierras concluyó que en este caso ocurrió una situación frecuente en la zona en esa época: propietarios usaban la presencia de campesinos en sus predios para presionar a que el Incora se los comprara. “Las compras directas (…) de predios no aptos para programas de reforma agraria, porque estaban sin agua, con suelos inapropiados para siembra, de difícil acceso, con condiciones de seguridad críticas. Los propietarios de los predios ofrecían al Incoder y en complicidad con funcionarios que (…) lograban que emitieran un concepto favorable sobre el mismo”, dice el documento. 

 

Para la época en la que los Olarte le ofrecieron el predio al Incora, uno de los dos hermanos estaba pasando por afugias económicas. Según los certificados de tradición y libertad de varios de los predios, las propiedades registran un embargo entre 1997 y 2001, por el porcentaje de derechos que le correspondía a Carlos Loaiza. Este periodo coincide con la época en la que los campesinos ingresaron a la tierra, la trabajaron y luego fueron desplazados de ella.

 

Luego de permanecer cerca de un año y medio en el predio, los campesinos emprendieron un proyecto de cultivo de maíz, coordinado por los líderes Tomás García y David Viloria. Ellos le pidieron a los miembros de la comunidad sus firmas para solicitar apoyo a la Caja Agraria y para avanzar en el proceso de solicitud de adjudicación de tierra en el Incora. Según el informe de la CCJ, Viloria, sin consultar con los labriegos, usó sus firmas para acordar un arriendo con los hermanos Olarte, propietarios de los predios. 

 

“La URT consideró que el acuerdo celebrado entre el campesinado y los hermanos Olarte fue una estrategia ‘de apuesta sin riesgo’ en la que conjuntamente, con la oferta de venta de los predios al Incora, para que en virtud de la posesión campesina fueran compradas, celebraron también un contrato de arrendamiento firmado por David Viloria en el que el campesinado aparecía como un mero tenedor sin expectativas de adjudicación”, dice el documento de la CCJ.

 

El contrato de arrendamiento es clave para entender la posterior decisión del Tribunal de Tierras que le negó la restitución de las víctimas en 2018. La sentencia señala que el contrato demostraba que había un acuerdo entre los campesinos y los hermanos Olarte Loaiza, que tipifica a los primeros como ‘tenedores’ y no ‘poseedores’ de esas tierras. El primer término se usa para señalar a las personas que habitan o trabajan en un inmueble y reconocen como dueño al propietario, mientras que el segundo a quienes ingresan a una propiedad privada y tienen la intención expresa de ser sus dueños y señores. 

 

Los campesinos finalmente cultivaron el maíz en las fincas, pero a la hora de recibir el dinero de la cosecha, los líderes García y Viloria se fueron sin avisar. “No supimos qué pasó con el dinero, hasta la fecha no volvimos a saber de ellos”, dice la lideresa Luisa.

 

A partir de ese momento, todo empeoró para los campesinos. Sin el dinero de la cosecha de maíz tuvieron que soportar la violencia paramilitar que fue aumentando con el tiempo. Al final y luego de los vejámenes y los asesinatos, salieron del predio en 2000. Un año después, se levantó el embargo del porcentaje de algunos de los predios que tenía Carlos Olarte, pero inmediatamente entró un nuevo embargo por su proceso de separación con su exesposa Nury Barahona González, según los certificados de tradición y libertad.

 

Las lideresas campesinas entrevistadas en esta investigación dijeron que luego del desplazamiento no volvieron a los predios por el temor a los paramilitares y que nunca supieron sobre las transacciones comerciales que hicieron los hermanos Olarte con las fincas. Las reclamantes dijeron que no tenían conocimiento sobre proyectos agroindustriales en las tierras, pero Rutas del Conflicto pudo establecer que, al menos en la finca Ceibones, sí hay un cultivo agroindustrial de palma aceitera, de acuerdo con las imágenes satelitales que proporciona la herramienta Google Earth. 

 

Imagen satelital del cultivo de palma en el predio Ceibones. Foto: Google Earth.

 

Los certificados de tradición y libertad muestran que, en 2008, se concretó la separación de bienes entre los esposos Carlos Olarte y Nury Barahona. El predio Ceibones, el más grande de los cuatro, con cerca de 780 hectáreas, quedó con un 50% de derechos a nombre de Roberto Olarte, un 25% a nombre de su hermano Carlos y un 25% a nombre de la exesposa del último. 

 

Desde 2008 hasta la fecha existe una hipoteca por el porcentaje que le corresponde a Nelly Barahona, a nombre de la empresa Sociedad Inversiones La Española S.A., que según sus registros en Cámara de Comercio, se dedica al “cultivo de palma para aceite y otros frutos oleaginosos”. Esta empresa fue una de las opositoras a la solicitud de restitución de tierras de las víctimas que fue negada por el Tribunal en 2018.

 

Rutas del Conflicto pudo establecer que el representante legal de la Sociedad Inversiones La Española S.A. es Dimas Rafael Martínez Morales, quién aparece relacionado en un documento del Consejo de Estado, en un proceso de pérdida de investidura, como socio y cuñado del excongresista Fuad Rapag Matar, condenado en 2013 por vínculos con los paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia y su exjefe ‘Jorge 40’.

 

La otra empresa relacionada con los cultivos de palma en los predios es C.I. Tequendama S.A. que le compró en 2014 al otro hermano, Roberto Olarte, la finca El Chimborazo 2, de 123 hectáreas, según el certificado de tradición y libertad. C.I. Tequendama es una compañía, que según su registro de Cámara de Comercio, se dedica al cultivo de palma y pertenece al poderoso grupo agroindustrial de la costa Caribe Daabon, de la familia Dávila Abondano. El grupo empresarial revirtió la compraventa en 2016, cuando la Unidad de Restitución de tierras emitió una resolución para proteger el predio mientras estaba en el proceso judicial, pero sí aparece como opositora en la sentencia de restitución de tierras.

 

C.I. Tequendama también tenía un proyecto de palma en las tierras de la hacienda Las Pavas, en el sur de Bolívar, que reclaman víctimas de desplazamiento en un caso similar al de los cuatro predios de Pueblo Viejo. 

 

Rutas del Conflicto intentó comunicarse con los hermanos Carlos y Roberto Olarte para conocer su versión de la historia pero no obtuvo respuesta

 

La comunidad campesina, sigue sin tierras

 

Viviendas cerca al predio El Chimborazo. Foto: Julián Ríos.

 

Las comunidades callaron durante años los vejámenes a los que fueron sometidos. No fue sino hasta 2015 que 102 campesinos solicitaron la titularidad de las tierras que los grupos paramilitares les habían arrebatado. “Este es un proceso de restitución de tierras que inició en el año 2016 por el desplazamiento forzado de toda la comunidad campesina”, explica Daniela Paredes, abogada de la Comisión Colombiana de Juristas.

 

El proceso se resolvió en 2018, cuando el Tribunal Superior de Cartagena reconoció los hechos victimizantes en contra de la comunidad, pero decidió negar la solicitud a 89 reclamantes por considerar que eran tenedores y no poseedores de los predios. El Tribunal ordenó la restitución a 15, estos últimos de la finca Negrinis, ya que encontró que esta propiedad era un baldío de la Nación y no de los hermanos Olarte.

 

La sentencia también ordenó que la Agencia Nacional de Tierras, la entidad que en la actualidad tiene las funciones del extinto Incora, buscara predios para entregarles a los campesinos que no obtuvieron la restitución. Sin embargo, seis años después, las familias siguen esperando sin tener una tierra propia. “Logramos que la Unidad de Víctimas nos diera plata para proyectos productivos, pero sin fincas no tenemos cómo arrancar”, cuenta la lideresa Luisa.

 

Las familias campesinas incluso se han capacitado en la producción de harina de plátano y esperan que, cuando les lleguen las tierras, puedan trabajar en el procesamiento de ese alimento. “Incluso hemos buscado fincas por nuestra cuenta, como lo hicimos hace 27 años; hemos conseguido gente que quiere venderle las fincas a la ANT, pero el proceso no avanza”, dice la lideresa.

 

Rutas del Conflicto consultó con una fuente de la ANT, que prefiere mantener el anonimato, quien señaló que infortunadamente existe una larga fila de miles de solicitudes, como la que le hizo el Tribunal, que la entidad debe resolver.

 

La forma en la que el Estado le ha fallado a estas víctimas es tan grave, que inclusive las 15 familias reclamantes que ganaron el proceso de restitución no han podido volver a las tierras. La misma ANT encontró que la sentencia que se emitió en 2018 tuvo un error a la hora de delimitar los predios de cada uno de los campesinos solicitantes, entonces tuvieron que esperar seis años para que el Tribunal modulara su decisión. Hasta septiembre de 2024 se resolvió el error y la ANT, en teoría, debería proceder con la adjudicación de las fincas.

 

A pesar de todos los años de sufrimiento en medio de la ineficiencia estatal, de la falta de verdad y justicia sobre los crímenes que vivieron, las familias de esta comunidad lideradas por Luisa siguen con la esperanza de tener una tierra. “Han pasado los años y muchos ya son mayores, pero seguimos luchando para poder ser campesinos en tierras que sean nuestras. Solo le pedimos al Estado que nos ayude, que ya las decisiones judiciales están tomadas”, concluye Luisa.

Pero su lucha no termina ahí. Las mujeres también esperan la reparación por las torturas que vivieron y que se revele la verdad sobre quiénes ordenaron las violaciones sexuales. No buscan solo tierras, sino justicia por el dolor que les fue impuesto y por las vidas que fueron quebradas.

***Esta nota fue modificada luego de que el grupo Daabon envió información para mostrar que había revertido la compra que había hecho de uno de los predios.

*El nombre fue cambiado por cuestiones de seguridad.

**Esta investigación fue realizada con el apoyo de la Heinrich Böll Stiftung en Colombia

Actualizado el: Lun, 10/07/2024 - 15:13

Ana Sofía Loaiza tenía 16 años cuando se sumó en 2022 a un grupo de personas que impidió la instalación de una plataforma de exploración de la multinacional minera Anglo Gold Ashanti, en Jericó, Antioquia. Como muchos otros habitantes, Ana Sofía ha protestado por la presencia de la empresa sudafricana en su municipio y los posibles impactos ambientales de la extracción de cobre en la región. 

Tanto la empresa, como los propietarios de los predios en los que se realiza la exploración, decidieron querellar a varias personas que participaron en esa manifestación, entre ellas Ana Sofía. No fueron las únicas, desde entonces se han interpuesto estos recursos judiciales en contra de 107 habitantes de Jericó y municipios cercanos que se han opuesto a la exploración de la minera, incluidos el concejal de Támesis, Sergio Ruíz y la monja Elizabeth Rúa, miembro de la congregación de las Lauritas.     

AngloGold Ashanti, la multinacional sudafricana llegó a la subregión del suroeste antioqueño en 2002, con su proyecto Quebradona. Miembros de la Mesa Ambiental del municipio de Jericó cuentan que la empresa afirmó en ese momento que estaban en un proceso de estudio de suelos. y que  nunca les comentaron que estaban buscando un mineral en la región para empezar la etapa de explotación. 

Es evidente la división de la comunidad entre quienes apoyan el proyecto minero porque lo ven como una oportunidad económica y otros, que ven en Quebradona un riesgo para la conservación del ecosistema y de la vida campesina. Además de las querellas que han terminado por marcar quiénes están a favor y en contra de la empresa, organizaciones sociales señalan que la minera presiona a los jóvenes a aceptar su presencia al financiar las actividades deportivas en los colegios e inunda de propaganda a los medios de comunicación locales.

AngloGold logró la licencia de explotación por 30 años en el gobierno de Álvaro Uribe. Sin embargo, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales decidió archivar la solicitud de la multinacional para la explotación de Quebradona en 2022. Como lo explicó Fernando Jaramillo, líder del municipio y de la Mesa Ambiental,  ello no significa que AngloGold se vaya del territorio, pues está en firme todavía la licencia de exploración y además, la de explotación no fue negada, es decir, la empresa puede solicitar nuevamente la licencia tras subsanar los requerimientos de la entidad. 

 

Etapas del proyecto. Recuperado de la pagína oficial de Quebradona

En medio de las disputas y tensiones entre la minera y parte de la población de Jericó, el  presidente Gustavo Petro anunció que detendrá los proyectos mineros que afecten las fuentes hídricas en el municipio de Jericó, Antioquia. “El Gobierno Nacional privilegia el agua y por tanto detiene los proyectos mineros que la ponen en riesgo. Queremos que Jericó y la provincia sean un distrito agrario y ecológico”, indicó el mandatario durante la visita realizada a comienzos de 2024.

La comunidad se está quebrando 

En noviembre de 2022, según Fernando Jaramillo, líder de organización de la sociedad civil Alianza Suroeste, la empresa minera ingresó a una finca con el permiso del propietario para instalar una plataforma de perforación minera con el fin de realizar estudios. 

Líderes de la comunidad señalan que los empleados de la minera no les informaron de la instalación y que, inclusive, ingresaron a la vereda Vallecitos, vestidos como recolectores de café. Ante los hechos, varias personas ingresaron al predio para desmontar la plataforma, según denunció la comunidad a través de un comunicado.  

La empresa y el propietario de la finca, como respuesta, presentaron ante la Fiscalía local querellas contra 46 habitantes que participaron en la protesta. Según Xiomara Mendoza Arroyave, quien hace parte del Observatorio de DD.HH y Paz y representa judicialmente a los querellados, “estas actuaciones estigmatizan, limitan y cuestionan  a líderes que históricamente vienen trabajando en la defensa del territorio”. 

En diciembre de 2023, la empresa y otro propietario repitió la misma estrategia, contra campesinos desmontaron otra plataforma: 61 personas fueron querelladas, incluidos menores de edad y personas de la tercera edad. A septiembre de 2024, según Mendoza, 57 continúan enfrentando el proceso judicial. “Es una situación en la que campesinos y habitantes que ha trabajado toda la vida su tierra se encuentran un escenario violento de intimidación. A las personas les da miedo expresarse y preguntarse por qué están enfrendose a un inspector de Policía que no es garante de sus derechos por defender el agua”, puntualizó. 

Como lo expresó la investigadora del Observatorio de DD.HH una situación que muestra los impactos de la empresa en las comunidades de Jericó se ve en el caso de Ana Sofia Loaiza, la menor de 16 años querellada  y que ha tenido que interponer cinco acciones legales por una serie de hostigamientos y señalamientos debido a su papel como líder juvenil en la defensa del territorio, en la vereda Vallecitos. 

Estos eventos han tenido repercusiones en todo el territorio, con opositores al proyecto preocupados tanto por el daño ambiental como por el impacto social y económico en la comunidad. En 2013, varios habitantes denunciaron la  contaminación de cuerpos de agua y deterioro de los suelos relacionados con la exploración minera. La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) revisó el caso y decidió archivar la investigación. Durante 2024 la Mesa Ambiental de Jericó junto con Corantioquia ha realizado varios recorridos para evaluar la calidad del agua. 

Como lo explica  Fernando Jaramillo, la presencia de la empresa ha dividido a las familias. “Tememos que esto atraiga a la guerrilla, trabajadores externos, desorden social, y elimine la economía basada en la siembra y recolección de café”, manifiesta Jaramillo.

Organizaciones sociales señalan que la empresa sigue intentando silenciar a los líderes opositores, incluidas figuras religiosas como la hermana Elizabeth Rúa, miembro de la congregación de las Lauritas y quien es muy querida en la comunidad, según explica Xiomara Mendoza. La monja Rúa también fue querellada en 2022 junto a la comunidad.

La investigadora del Observatorio señala que el rol del inspector del municipio Mauricio Alejandro Escobar en favor de la empresa ha contribuido al debilitamiento social del municipio. Mendoza Arroyave presentó una denuncia contra el inspector, alegando que favorece a la compañía en el caso de los querellados.

Rutas del Conflicto intentó entrevistar al inspector Mauricio Escobar para conocer su versión de los hechos y el estado de la denuncia. "Lastimosamente no puedo acceder a su solicitud, debido a que al estar resolviendo estas diferentes querellas, no podría hacer ninguna clase de pronunciamiento al respecto ya que no sería bien visto”, respondió Escobar

El inspector agregó que la empresa y propietarios  de algunos de los predios en los que se desmontaron las plataformas interpusieron querellas en el marco de la Ley 1801 de 2016, por una presunta perturbación a la propiedad. “En el momento los querellados presentan sus descargos. Es deber del despacho intentar darle una solución dialogada por medio de la mediación policiva o darle continuidad al trámite en caso de no llegar a un acuerdo entre las partes", explicó Escobar.

Según la investigadora Mendoza, a pesar de la denuncia que existe en contra del inspector, este sigue siendo parte del proceso.

Los colegios en medio del conflicto 

La minera AngloGold Ashanti ha tenido un fuerte impacto en las instituciones educativas de Jericó. Líderes del municipio han señalado que se han utilizado los planteles educativos como plataformas de publicidad del proyecto Quebradona.

En 2016, los  rectores de colegios públicos del municipio:  Didier Alberto Vélez Velásquez, José Bernardo Vélez Villa y Guillermo León Correa viajaron a Brasil con todos los gastos pagos por la empresa para conocer un proyecto minero manejado por AngloGold Ashanti. En respuesta al viaje, sin autorización de la Secretaría Departamental de Educación, la institución decidió trasladar a los rectores tres años después, en 2019. Rutas del Conflicto envió un derecho de petición solicitando información de los procesos disciplinarios por esta situación, pero a la fecha la Secretaria no contestó el cuestionario.

Didier Alberto Vélez Velásquez, rector del Liceo San José,  en 2019 le explicó a Caracol Radio  que los vínculos que ha tenido con la multinacional Anglo Gold Ashanti “se debe a los proyectos que ha adelantado la institución para el beneficio de la comunidad académica, con la empresa privada”. El rector aceptó que sí viajaron a Brasil y que los acercamientos con la empresa se hacían en pro de la calidad educativa. Por ejemplo, explicó que el profesor de inglés era pagado por el proyecto Quebradona. 

Según explica María Fernanda Sierra, líder de la red juvenil y opositora al proyecto minero, los jóvenes del municipio se enfrentan a acoso por parte de sus compañeros por oponerse al proyecto minero. En medio de un ambiente escolar que promueve los beneficios de Quebradona, “los jóvenes no pueden tener perspectivas distintas a las que da la minera o de los beneficios que traería el proyecto sin ir en contravía del colegio”, manifiesta la líder juvenil. Quebradona financia actividades de arte, música, deporte y clases extracurriculares. 

Por ejemplo, en 2022  la empresa patrocinó el programa “Jericó, seguimos contigo”, que incluyó procesos culturales, artísticos y deportivos para niños, niñas y adolescentes. En 2024, AngloGold Ashanti financió a 1.293 deportistas para que participaran en programas deportivos. Para algunos de los adolescentes entrevistados para este artículo y cuyos nombres se omiten en esta publicación, es difícil protestar contra la minería cuando los uniformes deportivos  llevan el logo de la misma empresa. 

Los medios de comunicación en medio del conflicto 

Quebradona Noticias es el programa de televisión de la empresa AngloGold Ashanti en Jericó. Un contenido semanal que le cuenta a los habitantes de los municipios que cubre el proyecto de Quebradona los beneficios y ventajas de la empresa sudafricana del Suroriente antioqueño.  

En el informe de gestión de la empresa de 2023 anunciaron que decidieron cambiar el canal de transmisión. En 2022 el programa era emitido por el canal comunitario de Jericó pero al año siguiente pasaron la programación al nuevo canal Atenas Televisión porque tiene una mayor audiencia con más de tres mil suscriptores y con repetición en Facebook. AngloGold emitió 42 programas en donde explicaba algunos temas técnicos del proyecto y también la experiencia de vida de los empleados y de la comunidad. Por ejemplo, entrevistaron al personal administrativo de la minera y como sus proyectos de vida cambiaron gracias al trabajo que les dio AngloGold. 

“Como buen jericoano tenía la esperanza que me llamaran de la empresa para hacer las cosas bien”

No es muy distinta la situación en la radio. La empresa cada semana en tres emisoras radiales y una online transmite un programa llamado Hablemos de Quebradona. Este programa llega a 125 municipios de los departamentos de Antioquia, Caldas y Chocó. Además, como lo muestran los informes de gestión de la empresa en 2022, patrocinaron varios contenidos en medios regionales y nacionales. También se financiaron 12 números del peridodico local Aldea de Piedras, en cada edición se repartieron cuatro mil ejemplares. 

Como lo explica la investigadora Carolina Perdomo en su paper Minería en el suroeste antioqueño: ¿y qué pasa con los campesinos?, los medios de comunicación cumplen un papel primordial en crear posturas y opiniones y especialmente en momentos de coyuntura como el que se vive en el municipio. “Busca generar expectativas y disuadir a quienes no respaldan la extracción aurífera.  En Jericó se hace visible, la emisora local y el canal apoyan abiertamente la empresa minera y emiten sus contenidos”, afirma la investigadora. 

El trabajo para que la población tenga otras fuentes de información lo asumió Fernando Jaramillo, miembro de la mesa ambiental de Jericó, quien es el director del periodico Despierta Jericó. Un medio de comunicación que se emite mensualmente y se reparte de manera gratuita en el municipio desde febrero de 2013.  Como lo dice su primera edición, las páginas que salen cada mes, nacieron para informar asuntos del municipio y especialmente respecto al proyecto minero. 

 

En 2018 publicaron varias ediciones sobre la situación de la minera y los reparos de varios habitantes a la explotación en el municipio, así como señalamientos que se han hecho a la multinacional en otros países. “Nosotros reprodujimos textos internacionales de los daños ambientales de esta empresa en otros lugares del mundo y denunciamos que estaban ocultando los impactos ambientales en Jericó”, afirmó Fernando Jaramillo.  La respuesta de AngloGold Ashanti fue denunciar al director del periodico por injuria.

El proceso se resolvió a comienzos de 2024, con una sentencia absolutoria que resaltó la libertad de expresión y de prensa y el derecho de cuestionar las actividades que los impacta como habitantes de un territorio en disputa.  “Estas actuaciones de defensa territorial hacen parte de un conflicto socioambiental y no actos delictivos”, afirmó Jaramillo. 

Rutas del Conflicto envió un cuestionario a la minera, la cual respondió con una nota contando sobre su trabajo en Jericó. AngloGold Ashanti resalta las iniciativas de diálogo llamadas ‘Hablando se entiende la gente’ y ‘Miércoles minero’, con el fin de socializar los aspectos técnicos, sociales, económicos y ambientales del proyecto.

 Además la empresa resaltó que, “desde la compañía siempre hemos respetado la protesta social y las manifestaciones públicas que se puedan hacer en contra de cualquier actividad económica, pero rechazamos las vías de hecho que vulneran nuestro derecho al trabajo y a la libre movilidad y tránsito por el territorio. Todo esto ampliamente documentado en nuestras redes sociales y por diferentes medios de comunicación”. (enlace de respuesta completa)

A septiembre de 2024, los querellados siguen a la espera de las audiencias para definir sus procesos judiciales. La fractura de la comunidad cada vez es más amplia mientras se mantienen las acciones de la empresa para publicitar su proyecto y las acciones legales en contra de las voces de quienes se le oponen.

 

 

 

Actualizado el: Mar, 10/01/2024 - 09:39

Las familias campesinas que ocupaban el predio conocido como la hacienda Bellacruz por más de tres décadas siguen esperando la restitución de tierras, volver del exilio y continuar un proyecto de vida que cambió con el desplazamiento y las masacres ocurridas en el sur del Cesar desde 1996.

Las víctimas del conflicto armado en el municipio de La Gloria, donde queda ubicada gran parte de la hacienda, interpusieron una demanda de restitución de tierras para que pudieran retornar al predio del que fueron expulsados o poder volver a tener una tierra en otro lugar y continuar con su vida campesina. Sin embargo, este ha sido un proceso complejo, lleno de obstáculos, que se convirtió en un caso emblemático de la restitución de tierras en el país. 

En el proceso de reclamación de las víctimas se registró como opositora la empresa MR de inversiones S.A.S. que fue creada por los primeros propietarios de la hacienda, la familia Marulanda. En 1996, cuando ocurrió la incursión paramilitar, la hacienda Bellacruz estaba bajo la dirección de los hermanos Francisco y Carlos Arturo Marulanda Ramírez, este último exministro de Desarrollo durante el gobierno de Virgilio Barco, quien fue capturado en España y extraditado a Colombia en 2002 para responder por el caso de La Bellacruz y su presunta participación en el desplazamiento masivo de 1996. Francisco Marulanda había sido condenado en julio de 2003 a 18 años de prisión por estos hechos pero en segunda instancia fue absuelto por el Tribunal Superior de Magdalena. Los hermanos quedaron a cargo tras la muerte del patriarca Alberto Marulanda Grillo, quien según los testimonios recolectados por la Comisión de la Verdad,  con “planos y mapas en sus manos, anunció ser el dueño” de miles de hectáreas de tierras en la década de los treinta.  

Años después de la llegada de los paramilitares, en los noventa, y del desplazamiento masivo de campesinos, MR de Inversiones S.A.S pasó a ser propiedad del grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria, cuyo  representante legal en Colombia es el empresario Germán Efromovich. La empresa llegó a la zona con el objetivo de instalar un proyecto agroindustrial de palma de aceite, que cambió el nombre del predio de hacienda Bellacruz a hacienda La Gloria, tierra que generaciones de campesinos han exigido al Estado que  les titule como suyas, desde hace más de cincuenta años. 

MR de Inversiones ha instaurado varios procesos legales para alargar el proceso de restitución. La empresa interpuso una acción judicial que envía el expediente al Tribunal de Cúcuta, que tiene la competencia de fallar la solicitud de restitución, alegando la violanción al debido proceso porque según la compañia se omitió practicar algunas pruebas. 

Como lo explicó el equipo jurídico de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ),  que lleva el caso de 40 campesinos en el proceso de restitución, la empresa instauró la tutela argumentando que en la etapa judicial se omitió el testimonio de unos solicitantes y del empresario Efromovich. Para las víctimas es indignante este alegato cuando han sido ellos quienes más presionaron en la etapa judicial para que el representante de la empresa fuera a dar su testimonio al juzgado. 

En la primera etapa judicial del caso, un juez escuchó a varias de las víctimas por más de tres años, aunque algunas se abstuvieron de dar sus declaraciones. El juez también citó a Efromovich en distintas oportunidades, pero nunca asistió a las audiencias. Posteriormente, por la normatividad, ante la oposición de la empresa, el caso pasó al Tribunal de Tierras de Cúcuta. Es en esta instancia que el empresario entuteló el proceso, señalando que no había sido escuchado, al igual que las víctimas que se habían negado a hablar.

“Ya estaban suficientemente probados los hechos que pasaron en la hacienda y algunas de las víctimas no quisieron asistir a dar su testimonio en el proceso, pero la ausencia de sus declaraciones no cambia lo que ya se ha probado”, afirmó el abogado de la CCJ. 

La tutela fue conocida en primera instancia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, quien el día 6 de febrero de 2024 decidió denegar lo solicitado por la empresa. Se ratificó la decisión el 28 de febrero en segunda instancia, la magistrada Martha Patricia Guzmán, de la Corte Suprema de Justicia, de la sala de casación civil y agraria. Tanto el Tribunal como la Corte consideraron principalmente que MR pudo controvertir las pruebas que ya se habían agotado, y que el juez de restitución puede limitar la práctica de estas cuando considere que los hechos ya fueron esclarecidos con suficiencia

La comunidad campesina de la hacienda Bellacruz, víctima de despojo, desplazamiento forzado y otras violaciones a sus derechos desde la década de los noventa, exige celeridad en su proceso de restitución después de seis años de litigio.  Esta última acción judicial  interpuesta por MR de Inversiones, según los solicitantes entrevistados, demuestra su interés en dilatar el proceso para truncar la reparación de las víctimas, que ya llevan más de tres décadas lejos de la tierra. Como lo explicó el equipo jurídico de la CCJ, “la decisión de la tutela es pro víctima y garantista. Esperamos que la empresa supere los argumentos espurios y conductas dilatorias”. 

Para el líder Adelfo Segundo Rodríguez, representante legal de la Asociación Campesina Desplazados al Retorno (Asocadar), los recursos legales que han demorado la definición del proceso y la protección de los derechos de los campesinos están relacionados con la poca voluntad política. “La institucionalidad se pelea entre ellos y el problema no se soluciona. Es necesario buscar espacios de diálogo y concertado entre abogados, empresa y comunidad. Sentarse y buscar una salida en el menor tiempo posible porque solo pasan los años y seguimos igual”, dijo Rodríguez. 

Asocadar reúne a varios de los solicitantes de restitución de Bellacruz. La organización se dedica a hacerle seguimiento al cumplimiento de la sentencia SU-235 de 2016 de la Corte Constitucional. Un precedente ordenó la recuperación de baldíos y reconoció al campesinado de la hacienda como sujeto de especial protección constitucional. Pese a los ocho años de la sentencia, las órdenes no se han cumplido y están suspendidas por un trámite que cursa en el Consejo de Estado. 

El entramado de las empresas 

La tutela interpuesta por MR de Inversiones muestra lo complejo que resulta identificar los actores empresariales que están relacionados en el proceso de restitución de tierras.

Cuando se habla del caso de la hacienda Bellacruz, a simple vista no es muy claro qué empresas están involucradas y cómo se relacionan con el empresario Germán Efromovich. Al revisar la historia del predio aparecen la Dolce Vista Estate, MR de Inversiones, Frigorífico La Gloria y el Grupo La Gloria. Cada una cumple un papel determinante en el gran proyecto productivo de palma de aceite en las tierras en disputa. 

Como lo explicó el equipo jurídico de la CCJ, la empresa que se opone a la restitución de los campesinos, donde hoy se desarrolla el proyecto con más de cinco mil hectáreas de palma, conserva las iniciales de la familia Marulanda Ramírez. “No es casualidad que la empresa que representa a las demás compañías se llame MR, es decir que la razón social inicial sigue vigente y cuando uno observa las dinámicas de la familia Marulanda y cómo se hizo a la tierra se da cuenta que  la infraestructura  de alianzas, antes familiares y ahora empresariales, generan un control político y económico en la región”, explicó el abogado de la CCJ. 

La empresa MR de Inversiones fue creada en 1970 por Alberto Marulanda Grillo y su esposa Cecila Ramírez, años después la empresa englobó varios de los predios que componían La hacienda Bellacruz en una sola matrícula inmobiliaria. En 2008, la familia Marulanda realizó una reforma estatutaria de MR, cambió su objeto social  y amplió el patrimonio de la empresa.  

En diciembre de 2008, la sociedad panameña Dolce Vista Estate le compró a los Marulanda la empresa MR, que tenía la propiedad de la hacienda y cambió su representación legal de Carlos Arturo Marulanda a Jan Veldwijk, compañero de negocios de German Efromovich.  La Dolce Vista, empresa panameña creada en 2006,  también les compró a los Marulanda el Frigorífico la Gloria. 

En 2009, se cambió el nombre de la hacienda Bellacruz a hacienda La Gloria. Las 5.833 hectáreas serían destinadas al proyecto de palma de aceite. Germán Efromovich ha dicho en varias oportunidades que “estaba proyectado invertir 160 millones de dólares y se compró la hacienda La Gloria tras haber contratado un estudio de títulos”. 

En 2010, MR transfirió la hacienda en fideicomiso a la Empresa Dolce Vista Inc, administrada por la Fiduciaria Davivienda, para adelantar negocios agroindustriales.  A pesar de las movidas empresariales y nombres en la cadena de producción del proyecto agroindustrial, el proceso de restitución de tierras funge como opositora la empresa que todavía continúa con las iniciales de la familia Marulanda Ramírez.  

Para los campesinos esas iniciales representan la violencia de la que fueron objeto cuando llegaron los Marulanda. Señalan que el nombre es una reafirmación de que esa tierra era de la poderosa familia política, cuando los campesinos ya habitaban esos predios; también de las violencias de los paramilitares en la década de los noventa y ahora del Estado que lleva una década en procesos judiciales mientras MR sigue explotando la tierra que les arrebataron. Como lo explicó el líder Adelfo Rodríguez, la comunidad se siente desgastada de los múltiples obstáculos para volver al territorio que fueron expulsados y violentados. 

 

Actualizado el: Lun, 09/23/2024 - 13:28

En julio del 2023, un juez municipal suspendió un proyecto de bonos de carbono entre los bosques nublados y páramos de Cumbal, un municipio a más de 3 mil metros de altura en los Andes, en la esquina suroccidental de Colombia. Al hacerlo, le dio la razón a doce indígenas pasto del Gran Resguardo de Cumbal, que interpusieron una acción judicial contra la iniciativa ambiental Redd+ Pachamama Cumbal en su territorio argumentando que violó sus derechos a la consulta previa, la participación efectiva y la propiedad colectiva.

En su fallo, que fue ratificado en segunda instancia, el juez ordenó la suspensión del proyecto así como del contrato que lo sustenta hasta tanto sus promotores comprueben si requiere un proceso de consulta libre, previa e informada con la comunidad indígena que lo alberga y lo lleven a cabo. Los obligó asimismo a presentar a los habitantes del resguardo “un informe claro y detallado de la gestión financiera”, incluyendo la cuantía del dinero recibido por la venta de bonos y su destinación. “Surge la duda del paradero actual de dichos recursos y más aún de la finalidad que se le está dando a tales fondos que en teoría estaban destinados a incentivar el cuidado de los ecosistemas y la fauna y la flora del territorio indígena”, escribió. Para cumplir con ese informe, el juez les dio a los promotores un plazo máximo de dos meses.

Un año después de que la decisión judicial quedase en firme, los indígenas demandantes sienten que los proponentes del proyecto de bonos de carbono —la empresa mexicana Global Consulting and Assessment Services S.A. de C.V., su filial colombiana SPV Business S.A.S. y el gobernador del resguardo— no han rendido cuentas a la comunidad en los términos en que se los ordenó el juez.

En cambio, una de esas empresas desarrolladoras del proyecto y la auditora Deutsche Certification Body S.A.S. presentaron denuncias penales por injuria contra varios integrantes del Colectivo Ambiental Cumbal que, como reveló una investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Mongabay Latam publicada en junio de 2023, han venido advirtiendo desde 2022 sobre la opacidad de esa iniciativa de carbono. Fueron esos indígenas justamente quienes interpusieron la acción judicial.

La visibilidad que ha recibido el caso tuvo otra consecuencia: en noviembre de 2023, el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), el ente que acredita a todos los organismos evaluadores de la conformidad del país, decidió suspender la acreditación del la empresa auditora Deutsche Certification Body. Lo hizo después de que esta alianza periodística revelara que personas directivas de esas tres empresas han tenido vínculos de negocios entre sí: la gerente de la desarrolladora mexicana fue socia fundadora y accionista de la auditora, con lo cual quedó en entredicho que el proceso de evaluación en Cumbal fuese imparcial e independiente, como debía ser.

En esta nueva investigación, encontramos que ese no era el único vínculo entre dichas empresas: el principal accionista y presidente de la firma auditora también tuvo nexos con la empresa desarrolladora mexicana, con lo cual se configura un nuevo potencial conflicto de interés. Esto refuerza que el nebuloso negocio de bonos de carbono ejecutado muy cerca de la frontera de Colombia con Ecuador avanzó entre conocidos, en vez de hacerlo con los contrapesos.

Héctor Villacriz, exgobernador del resguardo de Cumbal, señaló que el contrato con Global Consulting fue terminado de común acuerdo y de forma amigable el 24 de noviembre de 2023, cuatro meses después del fallo judicial. Sin embargo, a julio de 2024, el proyecto de bonos de carbono sigue apareciendo en la plataforma del certificador ColCX como  registrado, sin ninguna mención a su suspensión por orden judicial o a una terminación del contrato con una de las comunidades que lo alberga. Más aún, se han canjeado casi 400 mil créditos de la iniciativa después del fallo que lo suspendió y de la fecha de supuesta terminación del contrato. De esos bonos, 289 mil fueron usados por la petrolera estadounidense Chevron, que ya había sido la compradora de 849 mil créditos cuando la iniciativa no era siquiera conocida por la mayoría de indígenas de Cumbal. La empresa argumenta que la nueva compra fue hecha sin su conocimiento.

Estos son algunos de los hallazgos del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Mongabay Latam en esta tercera entrega sobre el caso Cumbal, dentro de la alianza periodística Carbono Opaco que reúne a 14 medios de ocho países para indagar cómo está funcionando el mercado de carbono en América Latina.

A muchos indígenas habitantes del resguardo de Cumbal como a María Jael Cuaical han expresado su sorpresa de que el proyecto de carbono no beneficie iniciativas ambientales locales como el vivero de árboles nativos que ella lidera. Foto: Andrés Bermúdez Liévano.

Una rendición de cuentas que se quedó corta

En la madrugada del 21 de septiembre de 2023 se dio un aviso en la radio comunitaria en las frías veredas montañosas de Cumbal: “Las autoridades de Cumbal invitan de manera específica al colectivo ambiental, a los indígenas que interpusieron la acción de tutela y comunidad en general de las nueve veredas del Resguardo del Gran Cumbal, a que participen del llamado a cumplimiento de la decisión de acción de tutela”, anunciaba la voz. Los convidaba a una asamblea pública de rendición de cuentas del proyecto Pachamama, que se realizaría ese mismo día, tres horas después, en la casa cultural del cabildo de Cumbal.

Varios integrantes del colectivo ambiental llegaron y pidieron al entonces gobernador Héctor Villacriz aplazar la audiencia para hacer una convocatoria más amplia, incluyendo mensajes en otros medios como carteles, redes sociales y perifoneo por el territorio donde viven unos 20 mil indígenas. Su pedido fue desestimado. Acto seguido, Villacriz dio la palabra a su antecesor Ponciano Yamá, quien firmó el contrato que dio pie a la iniciativa y explicó a los presentes que Global Consulting había hecho dos transferencias en dólares a la cuenta bancaria del resguardo, los días 6 y el 16 de diciembre de 2022. Sin embargo, Yamá contó que el 27 de diciembre siguiente “la gerencia nacional del Banco de Bogotá me informa que la transacción de estos giros no fue posible monetizarla en pesos colombianos”, y que por tal fueron rechazados y el dinero retornaría a la cuenta de origen. “En adelante no sé absolutamente nada más. Ni yo ni mi familia ni nadie ha utilizado un peso de la comunidad de este tema”, añadió, según la grabación de la transmisión en vivo de la reunión que integrantes de la comunidad hicieron y que esta alianza periodística vio.

En esa misma reunión habló luego Bárbara Lara Escoto, como representante de la empresa desarrolladora Global Consulting. Conectada por videoconferencia, explicó que el proyecto había vendido 475 mil créditos a esa fecha y que, teniendo en cuenta lo que llamó “las condiciones de comercialización (…) aceptadas por el resguardo”, a Cumbal le correspondían 130.844 créditos. Citando también las dificultades con el banco, señaló que aún no había vuelto a girar el monto y atribuyó el hecho a la sentencia en contra del proyecto: “El pago no se ha realizado de nuevo, entre tanto el resguardo ya estaba arreglando el estado de las cuentas bancarias y luego se suspendió el proyecto por orden judicial, por lo que nos impide ejecutar los pagos asociados al proyecto”, dijo, según la grabación de la reunión.

Villacriz cerró la exposición, subrayando que “es clara la situación” y pidiendo no culpar a nadie de robo. “No ha habido ningún desembolso”, remató.

Bárbara Lara Escoto de Global Consulting habla por videoconferencia durante la audiencia de rendición de cuentas financieras del proyecto Pachamama Cumbal ordenada por un juez. Foto: imagen de transmisión en vivo hecha por el Colectivo Ambiental Cumbal

Esas respuestas de las autoridades tradicionales y las empresas desarrolladoras no resultaron satisfactorias para los indígenas que llevaron el proyecto a la justicia. “No sabemos aún qué ha pasado [con el dinero]. [En la reunión] de la comunidad no había casi nadie. Era imposible acudir en esas condiciones, pero ellos justifican que sí hicieron la convocatoria y el informe”, dice Omar Chiran, abogado y miembro del colectivo ambiental. “Fue tan resumido que no creemos que cumpliera con las condiciones del juez”, añade Álvaro Guadir, otro de los integrantes del colectivo.

Por ese motivo, en octubre de 2023, instauraron una solicitud de incidente de desacato contra las autoridades y las empresas. “No entregaron a la comunidad ninguna documentación de los soportes financieros, como de giros realizados por Chevron, consignaciones bancarias, devoluciones que hicieron los bancos, titulares de las cuentas, estado de las cuentas, cantidad de recursos (…) Fue un informe donde no se garantizó la participación de la comunidad y no fue claro ni documentado”, escribieron al juez de primera instancia.

Ocho meses después, el 29 de julio de 2024, el juzgado promiscuo municipal de Cumbal requirió al gobernador del resguardo y a las empresas demandadas que “procedan dar inmediato cumplimiento al fallo de tutela” o, de lo contrario, se expongan al inicio de un incidente de desacato que podría resultar en una pena carcelaria y una multa. Sin embargo, una semana después, el juez Darío Javier Muñoz (distinto al juez Carlos Alexander Coral que firmó el fallo original) negó la solicitud, por considerar que “los respectivos representantes de las empresas accionadas vienen dando cumplimiento al fallo de tutela”.

Esto pese a que todos –autoridades indígenas, empresa desarrolladora e indígenas accionantes de la tutela- parecen estar de acuerdo en que la comunidad de Cumbal no ha recibido aún peso alguno por la parte que les corresponde de la venta de 849 mil bonos de carbono a Chevron entre 2022 y 2023.

Ni el anterior gobernador Ponciano Yamá —que firmó el contrato— ni su sucesor Héctor Villacriz —que debió ejecutar el proyecto y cumplir los fallos, pero que ya también salió del cargo— respondieron a solicitudes de entrevista de esta alianza periodística sobre el estatus del proyecto y sus finanzas. Yamá dio una fecha para una entrevista, pero luego la cambió y no volvió a responder. El actual gobernador Jorge Humberto Puerres tampoco respondió mensajes solicitando entrevistarlo.

Global Consulting se defendió alegando que “si no fuera por los mecanismos tales como el registro de proyectos Redd+ y el arduo trabajo de empresas especializadas como Global Consulting, estas comunidades no tendrían ningún reconocimiento”.

En respuestas escritas a un cuestionario de esta alianza periodística, enviado a través de la agencia de relaciones públicas Crop, la empresa mexicana Global Consulting señaló que llegó al proyecto en Cumbal “como una empresa con la experiencia y la capacidad suficiente para prestar el servicio de asesoría técnica y comercial en el desarrollo de un proyecto que representara para el Resguardo Indígena de Cumbal un beneficio económico asociado al trabajo de conservación que han realizado sus comunidades”. Explicó que “fue contratada exclusivamente para la prestación de un servicio de asesoría técnica y comercial para el registro del proyecto (…) y la comercialización de los créditos de carbono generados por dicho proyecto”, y que esa contratación “se dio en concordancia con las atribuciones y funciones que competen a las autoridades del Resguardo Indígena de Cumbal, autoridades legítimamente electas y reconocidas por el Ministerio del Interior”. (Lea respuestas completas de Global Consulting acá.)

En su visión, el proyecto Pachamama Cumbal cumple con las salvaguardas sociales y ambientales establecidas para estas iniciativas de carbono. “Global Consulting es respetuosa de la regulación aplicable a cada uno de los proyectos a los que presta sus servicios”, añadió.

La empresa no respondió a preguntas sobre el estatus actual del proyecto tras las dos sentencias adversas, incluyendo si lo considera activo o suspendido, señalando únicamente que “el estado de los créditos de carbono del Resguardo Indígena de Cumbal es ‘reservado’” y que “es una empresa absolutamente respetuosa de la justicia colombiana y de su marco jurídico”. Al preguntarle por las medidas que tomó para cumplir con la orden de rendir cuentas sobre las finanzas de la iniciativa, Global Consulting se limitó a responder que “ha dado cumplimiento a los fallos judiciales, acatando las instrucciones precisas del juzgado y dando respuesta a todos los requerimientos de su despacho”. Sobre los giros de recursos al resguardo, dijo que “la información solicitada hace parte del proceso judicial en curso y no le corresponde a Global Consulting revelar la misma sin orden judicial”.

Una comunidad aún sin documentos del proyecto

No es la única información a la que no ha podido acceder todavía la comunidad. Un año después del fallo judicial, todavía no conocen el documento de diseño de proyecto (PDD, en la jerga del sector) ni el informe de auditoría, los dos documentos básicos de cualquier proyecto Redd+, que son de carácter público en la mayoría de iniciativas ambientales de este tipo.

Hasta mediados de 2023, ColCX —la empresa certificadora que dio su visto bueno al proyecto Pachamama— era el único estándar de certificación en Colombia que no publicaba esos documentos para todos los proyectos que avalaba, como contó el CLIP.

En una entrevista realizada en agosto de 2024, ColCX —cuya empresa matriz Canal Clima forma parte de Valorem, el holding empresarial de la familia Santo Domingo, una de las más ricas y poderosas del país— dijo a esta alianza periodística que el conflicto en Cumbal y los sucesivos fallos abrieron un proceso de autocrítica que le llevó a modificar varios de sus procedimientos. “En parte fue Cumbal, pero también estudiamos lo que pasó en el mercado en otros estándares”, explicó su director Mario Cuasquen, refiriéndose a problemas identificados en iniciativas certificadas por competidores como Cercarbono, Biocarbon Registry o Verra. “La dinámica del mercado ha cambiado y cada vez los procesos son más exigentes, en un mejoramiento continuo que para nosotros no para con Cumbal”, añadió. 

Entre esos cambios, ColCX destacó que, desde agosto de 2023, su metodología para proyectos Redd+ incluyó la necesidad de presentar actas de aprobación de las comunidades locales, así como evidencia de su consentimiento previo, libre e informado. Asimismo, señaló que, desde junio de 2023, los contratos con sus clientes hacen obligatoria la publicación de los PDD e informes de auditoría de los proyectos apenas éstos sean certificados. Ese cambio, sin embargo, no aplica para las iniciativas que ya estaban en curso a menos que los desarrolladores lo autoricen. Global Consulting, señaló Cuasquen, no lo ha hecho.

Cuasquen explicó que ColCX también reforzó sus procedimientos de debida diligencia y transparencia, incluyendo contratar a un oficial de cumplimiento, adherir a los parámetros de debida diligencia del grupo Valorem, del que forma parte, publicar en su plataforma información básica de los proyectos para que cualquier persona pueda hacer comentarios o enviar alertas, previo a la certificación, y diseñar una nueva plataforma más completa en alianza con la empresa XM, que lanzará en septiembre. “Lo que hemos hecho estos meses va alineado con la sentencia”, dice. Sobre el hecho de que su plataforma no menciona la existencia de fallos judiciales adversos al proyecto Pachamama, Cuasquen dijo que “nuestro sistema anterior no tiene un campo explícito donde se trataran este tipo de situaciones”, pero “es un punto que me llevo para conversarlo inmediatamente… Estamos a tiempo para hacer ajustes”, dijo.

Consultada sobre la falta de acceso a los documentos del proyecto para los integrantes de la comunidad, Global Consulting dijo que “es respetuosa de las atribuciones y funciones que competen a las autoridades del Resguardo Indígena de Cumbal, autoridades legítimamente electas y reconocidas por el Ministerio del Interior, a quien corresponde, en todo caso, el manejo de dicha información”. Estas, a su vez, no respondieron a las solicitudes de entrevista.

En el resguardo de Cumbal confluyen ecosistemas sensibles como páramos —con sus características plantas llamadas frailejones— y bosques altoandinos con tierras destinadas a la ganadería lechera. Foto: Andrés Bermúdez Liévano.

Un contrato terminado pero activo

En la consulta previa no hubo avances. El 3 de noviembre de 2023, el exgobernador del resguardo, Héctor Villacriz presentó una solicitud de determinación de procedencia de la consulta previa a la Autoridad Nacional de Consulta Previa, según consta en una carta enviada en abril de 2024 por el subdirector de gestión de esa agencia estatal al actual gobernador Jorge Puerres.

Sin embargo, apenas un mes después, Villacriz envió una nueva comunicación desistiendo de su consulta original. “Me permito comunicar amablemente al señor subdirector técnico de consulta previa que mediante carta de fecha 20 de noviembre de 2023 solicité a la entidad Global Consulting and Assessment Services S.A. de C.V la terminación de común acuerdo y amigable, del contrato de mandato (…) ya que no queremos en el resguardo más altercados, discusiones ni demandas”, escribió el 5 de diciembre, tres semanas antes de dejar su cargo al frente del resguardo. Acto seguido, explicó que a partir del 24 de noviembre “el contrato se considera terminado”, por lo cual ya no sería necesario pensar en la consulta previa.

El 27 de diciembre, la Autoridad Nacional de Consulta Previa confirmó que aceptaba que la comunidad indígena desistiera de seguir el proceso iniciado por orden del juez. Luego, en abril de 2024, el subdirector Wilson Villegas confirmó en una  carta al actual gobernador que esto explicaba por qué su entidad no se había pronunciado finalmente.

Seis meses después, sin embargo, el proyecto Pachamama, que de acuerdo con el fallo judicial tendría que estar suspendido, presentó actividad: apareció un canje de créditos en la plataforma de ColCX. Según la certificadora, el 14 de junio de 2024, Chevron usó 151 mil bonos de Pachamama para ser eximida de parte del pago al Estado colombiano del impuesto al carbono, por el uso de combustibles fósiles. Un mes después, el 12 de julio, ColCX registró otra transacción similar: Chevron canjeó 129.513 bonos, de nuevo para el impuesto al carbono. No fue la única empresa en usar créditos de Cumbal tras su suspensión: entre junio y agosto, la distribuidora de gasolina Zeuss usó 92.500 bonos, mientras Estaciones Innovadoras (Estinsa) — que opera estaciones de Zeuss — usó 13.500 mil, Alberto Ochoa y Cía 1720 y OZ EDS, otros 620.

 

La plataforma de la certificadora ColCX muestra que bonos del proyecto Pachamama Cumbal fueron canjeados entre junio y agosto de 2024.

Al 31 de julio de 2024, la iniciativa Pachamama aparecía en la plataforma de ColCX con “registro completo”. No había notas visibles de que el proyecto estuviese suspendido, como determinó el juez, o de que el contrato que lo sustentaba hubiese sido terminado, como argumentó el exgobernador del resguardo.

La plataforma de la certificadora ColCX mostraba al proyecto Pachamama Cumbal a agosto de 2024 como activo.

 

“En ColCX se refleja que se han hecho transacciones de bonos y que hay empresas que los han usado como usuarios finales, pero no hay trazabilidad de esa plata dónde está. ¿A dónde ha llegado ese dinero? No se sabe nada”, dice John Fredy Alpala, un ingeniero ambiental y sanitario de 33 años que también forma parte del Colectivo Ambiental Cumbal.

Sobre estos bonos recientes del proyecto, Global Consulting señaló que “los créditos de carbono referidos a los meses de junio y julio de 2024 no corresponden al Resguardo Indígena de Cumbal”. Consultada por su fecha de venta y a qué resguardos corresponden dichos resultados ambientales, la empresa repuso que “por nuestras políticas de confidencialidad y tratamiento de datos, Global Consulting no está autorizada a revelar ningún tipo de información relacionada con los contratos suscritos con sus clientes”.

Sin embargo, Global Consulting explicó al juez municipal de Cumbal, en su respuesta a la solicitud de desacato interpuesta por los miembros del colectivo ambiental, que esos bonos correspondían a la empresa. “Los créditos que han sido retirados y comercializados durante el año 2024, es decir, posterior a la sentencia No. AT2-2023-00095-01 de fecha 23 de agosto de 2023, corresponden a los honorarios pactados y generados antes de la orden de suspensión, entre el Cabildo Indígena del Resguardo de Cumbal y Global Consulting and Assessment Services S.A. de C.V., conforme al Contrato de Mandato con Representación No. 002.2022 y no corresponden a los créditos pertenecientes al Resguardo al cual dicen pertenecer los accionantes”, escribió, según consta en el auto del juez negando abrir el desacato.

Irónicamente, ese mismo auto del juzgado promiscuo municipal de Cumbal cita la respuesta del actual gobernador del resguardo, reiterando que no han recibido ningún ingreso del proyecto, ni anteriormente ni este año. “En cuanto a los trámites de certificación, emisión y comercialización de los bonos de carbono realizados en el año 2022 y en el año 2024 la comunidad y el Resguardo de Cumbal como ente territorial desconocen la información sobre los giros de recursos, el valor real de cada giro, y el número y titular de la cuenta o cuentas bancarias a nombre de las empresas accionadas y del Cabildo de Cumbal a las cuales se asignan”, escribió. “Recalcamos que no [hemos] recibido dineros producto de este contrato”.

A las preguntas de si el contrato con Cumbal fue finalizado y si, de ser así, ese hecho fue notificado a alguna entidad de la cadena de valor del carbono, Global Consulting respondió que no está autorizada a responder.

La certificadora ColCX argumentó que no tiene ninguna responsabilidad en las transacciones: según explicó su director Mario Cuasquen, “nos adherimos a detener el proyecto, como dice la sentencia”, y que “en la comercialización no intervenimos en nada: no sabemos el precio ni el día que fueron vendidos, solo la fecha de retiro”. Cuasquen explicó que en su sistema, ColCX tiene separados los bonos que pertenecen a cada socio de un proyecto; en el caso de Pachamama, cuáles corresponden a Cumbal, cuáles a los otros tres resguardos que comparten la iniciativa y cuáles a Global Consulting como desarrolladora. “Gran Cumbal tiene unos 460 mil créditos que no se han tocado. Están reservados”, dijo. Sin embargo, reconoció que la certificadora no hizo ninguna publicación informando de la suspensión de Pachamama por orden judicial. El director de ColCX comprometió durante la entrevista a enviar un desglose de a quiénes correspondían los bonos transados en junio y julio de 2024, pero luego respondió por correo electrónico dos semanas después que “por políticas de confidencialidad con nuestro cliente no es posible hacerlo”. Cuasquen dijo también no estar enterado de la terminación del contrato en Cumbal, explicando que “ellos [el desarrollador] deben informarnos a nosotros”. “No tenemos capacidad técnica para estar encima de todos los contratos”, señaló.

El mayor comprador, Chevron, explicó a esta alianza periodística que desde que se enteró de la acción de tutela decidió suspender el uso de cualquier bono del proyecto Pachamama, pero que la nueva tanda de 289 mil bonos había sido comprada y canjeada sin que la empresa lo supiera. “En junio y julio de este año, nuestro proveedor adquirió sin previo aviso bonos de dicho proyecto para Chevron Colombia, los cuales no fueron advertidos oportunamente en nuestros procesos internos y por error terminaron haciendo parte del proceso de compensación de dicho periodo”, dijo la empresa, añadiendo que “hoy ya no tiene una vinculación contractual con el desarrollador del proyecto, por razones diferentes a las aquí mencionadas”. Al preguntarle por la identidad del proveedor que transó los bonos de Pachamama en su nombre y sin su permiso, Chevron solo respondió que “cuando hablamos de proveedor nos referimos al desarrollador del proyecto” y que “el nombre no podría dártelo, sin autorización de ellos, por razones de confidencialidad en el acuerdo”. (Lea las respuestas completas de Chevron acá).

La petrolera también subrayó que, pese a que el uso de esos bonos en 2024 “no fue una decisión alineada con la directriz tomada por los directivos de Chevron Colombia el año pasado”, el hecho de “aceptar créditos de ese proyecto estuvo alineado con la normatividad vigente, pues ya había sido radicada la solicitud de consulta previa por parte del operador del proyecto, dando cumplimiento a la sentencia de segunda instancia proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Ipiales”. A la pregunta de si sabía que el propio gobernador de Cumbal había desistido de esa solicitud, Chevron dijo que “el proveedor no nos informó del retiro de la solicitud de consulta previa ni de sus implicaciones en el proyecto en cuestión, y tampoco nos compartió lo documentado sobre el tema”.

Por último, la petrolera señaló que puso en marcha una estrategia para “mejorar los procedimientos y salvaguardas internas” y una “revisión interna para garantizar la viabilidad de los proyectos a los cuales se invierte”, incluyendo la asesoría de expertos internacionales de la empresa para evaluarlos.

La gasolinera Zeuss, la segunda mayor usuaria de bonos tras los fallos judiciales en contra del proyecto, no respondió a un cuestionario enviado el 6 de agosto al correo electrónico al que pidieron hacer la consulta. Un mensaje a su presidente Javier Plata, enviado por LinkedIn, tampoco fue respondido.

Entre tanto, las dos decisiones judiciales sobre el caso Cumbal —las primeras de fondo sobre iniciativas del mercado voluntario de carbono en Colombia, antes incluso que la reciente sentencia de la Corte Constitucional sobre el caso del Pirá Paraná— fueron incluidas en la base de datos de litigios climáticos del Centro Sabin de Derecho Ambiental de la Universidad de Columbia, el más conocido de su tipo en el mundo.

El ingeniero civil Miguel Ángel Quilismal fue uno de los integrantes del Colectivo Ambiental Cumbal que fue querellado por injuria tras firmar la acción de tutela que llevó a la suspensión del proyecto Pachamama por orden judicial. Foto: Andrés Bermúdez Liévano.

Indígenas querellados por injuria

La victoria legal sobre el nebuloso proyecto ha traído, sin embargo, costos para los integrantes del colectivo ambiental de Cumbal que denunciaron las irregularidades.

A comienzos de octubre, dos semanas después de la poco publicitada rendición de cuentas y un mes tras el segundo fallo judicial, Diego Fernando Cuaspud, geógrafo de 27 años, recibió una comunicación de la Fiscalía General de la Nación de una denuncia penal en contra suyo por injuria. No informaba quién le denunciaba ni la razón, pero lo citaba a una audiencia de conciliación en la casa de justicia de Mártires, en el centro de Bogotá, a 928 kilómetros de donde vive. “La citación a esta audiencia es obligatoria, pero llegar a un acuerdo solo depende de la voluntad de las partes”, decía el documento, advirtiéndole que, de no asistir a la diligencia judicial, se iniciaría una investigación penal en su contra.

Dos semanas después, logró obtener una copia de la querella, que identificaba a su denunciante: Global Consulting, por medio de su apoderada Bárbara Lara Escoto. En la denuncia, a la que esta alianza periodística tuvo acceso, la desarrolladora del proyecto argumentó que la acción judicial presentada por el colectivo está “colmada de aseveraciones que descalifican la honra de las empresas”. En particular, disputó la afirmación de los indígenas en la acción de tutela de que el proyecto se diseñó y puso en marcha mediante “maniobras y artificios fraudulentos, de mala fe y contrarios a la normatividad para no garantizar la participación activa y efectiva de la comunidad”, que se trató de una “negociación particular con apenas un testigo” con el entonces gobernador del resguardo Ponciano Yamá y que la comunidad aún no conoce la documentación básica de la iniciativa.

En términos generales, la empresa mexicana dice que su proyecto “ha sido planeado, formulado e implementado de manera correcta y sin irregularidad alguna”. Es decir, lo contrario a lo que concluyeron los dos jueces que fallaron sobre el caso. Como contó el CLIP, el juez de primera instancia consideró que “las falencias en la gestión del proyecto Redd+ Pachamama Cumbal afectaron a la comunidad indígena, no a nivel físico en el territorio como se podría pensar sino a nivel de la cohesión social, la equidad y el buen vivir”. En su visión, la iniciativa tuvo una “mínima socialización” y “se inobservaron ampliamente” las salvaguardas socio ambientales obligatorias para proyectos de carbono y pensadas para proteger a comunidades locales, incluyendo reglas sobre consentimiento, participación efectiva y rendición de cuentas. La juez de segunda instancia concordó con él.

En las semanas siguientes, varios colegas de Cuaspud en el colectivo ambiental recibieron mensajes similares. A Diana Puenguenan la citaron a una audiencia de conciliación en la fiscalía del pueblo vecino de Guachucal, a 20 minutos de distancia, para “buscar una solución pacífica”. A Miguel Ángel Quilismal, ingeniero civil de 39 años que lleva una década estudiando la historia de los pastos, también lo citaron en Bogotá. Como en el caso de Cuaspud, las comunicaciones no identificaban a su querellante, ni el motivo de la denuncia.

A hoy, solo dos de ellos han logrado obtener el documento completo de la querella. En ambos casos son textos casi idénticos, desde el lenguaje hasta el paginado. Solo cambia el querellante: mientras a Diego Cuaspud lo denunció Global Consulting, a Miguel Ángel Quilismal lo querelló la auditora Deutsche Certification Body, a través de su representante legal suplente Jorge Andrés Avella Ostos.

El 31 de enero de 2024, varios de ellos fueron a la fiscalía de Guachucal para la audiencia de conciliación, después de que el abogado del grupo, Omar Chiran, lograra trasladar allí las diligencias de todos. Al final, solo se llevó a cabo la audiencia de Puenguenan, pues solo llegó un abogado de los querellantes, sin poder para actuar en los demás casos. Solicitó a la socióloga y administradora pública de 26 años que se retractara y pagara 200 mil dólares de indemnización por los daños que, según él, había causado a Deutsche Certification Body. Era una cifra impagable e incomprensible para un colectivo indígena, a quien la justicia colombiana dio la razón en sus preocupaciones sobre el proyecto opaco en su territorio.

Global Consulting dijo a esta alianza periodística que “a lo largo de los años (…) se ha esforzado por prestar servicios de calidad y con profesionalismo, gracias a lo cual ha desarrollado una vasta experiencia y reputación, en protección de las cuales ha ejercido y ejercerá las acciones que en derecho le correspondan contra quien atente a su buen nombre”. La empresa mexicana, añadió, “no litiga a través de los medios de comunicación, por lo que se reserva la información de procesos legales que se encuentren en curso”.

Siete meses después, los indígenas de Cumbal no han sabido más de esos procesos judiciales, que Omar Chiran describe como “una retaliación y una intimidación”. Varios de ellos — incluida Puenguenan, la única que tuvo audiencia — no tienen siquiera copia de la querella interpuesta en su contra. “Ha afectado psicológicamente al colectivo, porque esas denuncias están latentes y no se han cerrado”, dice John Fredy Alpala.

Un auditor sancionado

El 5 de octubre de 2023, un mes y medio después del segundo fallo judicial contra el proyecto Pachamama y dos meses después de la querella contra Miguel Ángel Quilismal, la auditora Deutsche Certification Body recibió una mala noticia. El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), que acredita a los organismos de evaluación de la conformidad en el país, tomó la decisión de retirarle la acreditación que tenía desde 2021 para evaluar proyectos de reducción de gases de efecto invernadero, incluidos los Redd+ como el de Pachamama Cumbal. Un mes después, el 9 de noviembre, el comité de apelaciones de ONAC confirmó y dejó en firme esa decisión

La plataforma de la ONAC muestra que la acreditación del auditor Deutsche Certification Body fue retirada en noviembre de 2023.

Esto significa que Deutsche Certification Body puede continuar auditando proyectos en Colombia pero, en palabras de la ONAC, “ya no está autorizado para emitir informes ni certificados bajo la condición de acreditado, ni utilizar el símbolo de acreditado, ni hacer referencia a la condición de acreditado en ningún documento o comunicación posterior a la fecha del retiro de la acreditación”.

Las razones por las cuales fue sancionada son menos claras. La ONAC denegó una solicitud de esta alianza periodística de acceder a las actas o al expediente que soportaron la decisión, señalando que “solo podemos compartir información que haya sido publicada oficialmente”, debido a normas internacionales y cláusulas de confidencialidad firmadas con sus acreditados. “No podemos proporcionar detalles sobre las razones o motivos específicos detrás del retiro de la acreditación”, respondió su analista Paula Andrea Tovar.Consultados si recibieron alguna denuncia sobre el caso Cumbal, ONAC repuso por correo electrónico que “no podemos confirmar ni negar la existencia de denuncias específicas”. Su director Alejandro Giraldo explicó luego por mensaje de Whatsapp que “nosotros podemos revisar las acreditaciones que hemos otorgado en cualquier momento, inclusive si no hay denuncia directa, si encontramos indicios (vengan de donde vengan) de que se están incumpliendo las reglas de acreditación”, incluyendo las de imparcialidad. “No le puedo contestar nada concreto relacionado con Deutsche Certification”, dijo el director de la entidad acreditadora, que fue cuestionada por la Corte Constitucional en su reciente sentencia sobre el mercado de carbono por no contar con un protocolo especial para comprobar el cumplimiento de las salvaguardas en este tipo de proyectos. Solo podría entregar información, añadió Giraldo, por orden de una autoridad judicial o administrativa.

Esta alianza periodística buscó a Óscar Gaspar Negrete, presidente y representante legal de Deutsche Certification Body, mediante mensajes a sus correos electrónicos personal y corporativo, así como al teléfono listado en actas de cámara de comercio, pero no respondió. Entre tanto, la página web de la empresa dejó de estar activa en algún momento posterior a abril de 2024.

Las fechas sugieren que la información que llevó a ONAC a suspender la acreditación de la auditora pudo haber sido la que reveló la investigación periodística liderada por CLIP: Bárbara Lara Escoto, gerente de la empresa mexicana Global Consulting y representante legal de la empresa colombiana SPV Business (la que firmó el contrato con los indígenas y luego cedió su posición contractual a la primera en agosto de 2022), figura en actas de cámara de comercio como una de las socias fundadoras de Deutsche Certification Body S.A.S. Al momento de su creación en junio de 2019 en Bogotá, Lara Escoto poseía una cuarta parte de las acciones, mientras Óscar Gaspar Negrete contaba con un número idéntico y Raúl González Mitre con la mitad. Fue justamente Gaspar Negrete quien firmó las declaraciones de validación y de verificación del proyecto Pachamama, de octubre de 2022, que aparecen en la plataforma de ColCX, en nombre de Deutsche Certification Body.

Adicionalmente, Diana Carolina Avella Ostos —quien figuró como representante legal suplente de SPV Business entre marzo de 2021 y noviembre de 2023— ocupó también ese mismo cargo en Deutsche Certification Body entre marzo de 2021 y marzo de 2022, según consta en actas de cámara de comercio de la auditora. Avella Ostos, una ingeniera química que trabajó en el gremio palmero Fedepalma, fue quien firmó el contrato original con el gobernador de Cumbal en abril de 2022 y la primera oferta comercial de compra de bonos en junio de 2022, documentos a los que tuvo acceso esta alianza periodística.

Ambos hechos sugieren que las tres empresas podían tener un doble conflicto de interés, dado que un auditor de proyectos de carbono debe “permanecer imparcial con respecto a la actividad validada o verificada, así como libre de sesgos y conflictos de intereses”, según señala una de las normas internacionales ISO que regulan su trabajo y rige en Colombia. También podrían explicar por qué, al evaluar el proyecto en Cumbal, los auditores de Deutsche Certification Body parecen no haberse percatado de que muchos de los habitantes del Gran Resguardo de Cumbal no sabían siquiera de su existencia y no participaron en su aprobación.

Global Consulting no respondió a la pregunta de esta alianza periodística de por qué eligió a Deutsche Certification Body como auditor, limitándose a señalar que “realizó la contratación del OVV [organismo de validación y verificación] en cumplimiento de sus obligaciones contractuales”. A preguntas por la relación de negocios anterior de Lara Escoto con la empresa auditora y si la pusieron en conocimiento de algún actor de la cadena de valor del carbono, Global Consulting respondió que “no está facultado para dar información de sus empleados, personal o directivos, sin importar el cargo que estos ejerzan” y que “la señora Bárbara Lara, representante legal de Global Consulting y SPV Business, dejó de tener vínculo alguno con Deutsche Certification Body mucho antes de iniciar el proyecto en mención”. Asimismo, la empresa mexicana señaló que “Diana Avella dejó de tener vínculo alguno con Deutsche Certification Body antes de iniciar el proyecto en mención y (…) no tiene ningún cargo en Global Consulting con facultades de contratación”.

Consultada sobre si dichas relaciones podrían configurar un potencial conflicto de interés, Global Consulting dijo que “en todos y cada uno de sus proyectos se asegura de que en la prestación de sus servicios no concurra un impedimento o conflicto de interés que afecte la calidad, certeza y objetividad en la prestación de dichos servicios”.

En sus querellas contra Diego Cuaspud y Miguel Quilismal, tanto Deutsche Certification Body como Global Consulting reconocieron esa relación entre ambas, aunque argumentaron que no les generaba conflictos de interés. “Téngase claridad que la accionista que (…) generaría el conflicto de interés enajenó sus acciones antes de que se realizara la validación y verificación por parte de Deutsche”, escribieron ambos. Por ello, señalaron, “no es cierto lo que manifiestan los accionantes” sobre un posible impedimento.

 

Infografía: Miguel Méndez

Una maraña de posibles conflictos de interés

Esos podrían no ser los únicos vasos comunicantes entre las dos empresas desarrolladoras y la auditora.

En esta nueva investigación periodística, CLIP y Mongabay Latam descubrieron que Óscar Gaspar Negrete, el presidente y accionista único, a junio de 2022, de Deutsche Certification Body que firmó los certificados de validación y verificación del proyecto Pachamama Cumbal, aparece también en dos folios de inscripción en el registro mercantil de Global Consulting and Assessment Services S.A. de C.V. disponibles en el Registro Público de Comercio de México.

Primero, en junio de 2016 figuraba en un folio de constitución de la sociedad como comisario de su órgano de vigilancia, un rol que suele ser escogido por la asamblea de socios. Según ese documento, sus accionistas eran Mónica Lara Escoto (con 4.950 acciones) y Yolanda Escoto Torales (con 50). Luego, en noviembre de 2019, Gaspar aparecía en otro folio como “representante y/o delegado de la asamblea de socios”. En otras palabras, Gaspar Negrete no solo fue socio accionista de Bárbara Lara en la auditora colombiana, sino que también estuvo vinculado a la empresa mexicana que ella gerencia y que desarrolló el proyecto en Cumbal.

Este nuevo hecho sugiere que las desarrolladoras y la auditora del proyecto podrían tener otro potencial conflicto de interés. 

Consultada por la presencia de Gaspar Negrete en el órgano de vigilancia de la empresa mexicana Global Consulting, la empresa mexicana señaló que “ha contado con diversos órganos, entre ellos, órganos relacionados a temas sociales, ambientales, de calidad, etc” y que “en todos y cada uno de sus proyectos, se asegura de que en la prestación de sus servicios no concurra un impedimento o conflicto de interés que afecte la calidad, certeza y objetividad en la prestación de dichos servicios”. “Global Consulting respeta el marco jurídico colombiano y entiende el problema de un conflicto de interés”, añadió.

La certificadora ColCX, que el año pasado dijo a esta alianza periodística no estar enterada de los posibles conflictos de interés cuando aprobó el proyecto, dijo que tras el fallo adverso solicitó a todos los auditores entregar una declaración de ausencia de conflictos de interés, evidencia de su acreditación vigente y documentos corporativos que identifiquen a sus accionistas. “De los señores de Deutsche no tuvimos ninguna respuesta”, dijo su director Mario Cuasquen, por lo que “no está habilitado en este momento para trabajar con ColCX”.

El estándar para certificación de iniciativas de mitigación de ColCX, fechado en julio de 2023, estipula ahora que “en ninguna circunstancia el proponente o titular de una iniciativa de mitigación podrá tener con el [auditor] una relación diferente a la que esté cobijada por el contrato de servicio firmado entre las partes, y que pudiera representar un interés laboral, personal, profesional, familiar o de negocios que pueda afectar el desempeño imparcial y objetivo de sus funciones como evaluador de la conformidad”. En caso de que esto ocurriese, añade el documento, “se considera como un incumplimiento a los criterios del programa, resultando en la suspensión o retiro de la iniciativa de mitigación y la cancelación del contrato que autoriza al [auditor] como evaluador dentro del programa”. Consultado si ColCX ha contemplado o decidido alguna medida de suspensión, retiro o cancelación del contrato en el caso de Pachamama Cumbal, Cuasquen respondió que el protocolo entró en vigencia en julio de 2023 y rige tanto para los nuevos proyectos como para aquellos que entren en proceso de recertificación. “Este proyecto cuenta con certificación a partir de octubre de 2022 y, desde entonces, nosotros no hemos tomado acciones adicionales”, dijo.

ColCX dijo no estar enterado de que el nuevo vínculo entre Deutsche Certification Body y Global Consulting revelado en esta investigación existía en el momento de su certificación original del proyecto. “En ese momento no llevábamos una debida diligencia tan compleja como este año. Quisiéramos corregir cosas, pero lo pasado es pasado. Ahora sí lo estamos haciendo”, dijo Cuasquen en entrevista con esta alianza periodística. Sobre la información recabada en el registro comercial mexicano, el director de ColCX dijo que “estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo de vigilancia, pero hacer investigación en otros países es un trabajo bien complejo”.

Esas no son, sin embargo, las únicas empresas del mercado de carbono en Colombia en las que figura Bárbara Lara Escoto. La empresaria mexicana es la representante legal de otras dos compañías registradas en Bogotá: Suma Pakari S.A.S. y Taita Samay S.A.S. La primera — cuyo nombre significa ‘hermoso amanecer’ en quechua— fue creada en junio de 2019, mientras la segunda —‘descanso del padre’, en quechua— lo fue en octubre de 2019. Ambas listan el mismo objeto de impulsar el “desarrollo de proyectos de reducción, mitigación, captura y/o secuestro de gases de efecto invernadero, pertenecientes a cualquier sector reconocido por la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, así como aquellos reconocidos en los estándares internacionales en materia de carbono”. Ambas tienen, desde el 21 de noviembre de 2019, a Lara Escoto como representante legal.

Esta alianza periodística no encontró información sobre iniciativas de bonos de carbono de Suma Pakari o Taita Samay en marcha en ninguna de las cuatro certificadoras que operan en Colombia, ni tampoco alguna relación con Global Consulting, SPV Business o su trabajo en Cumbal. Sin embargo, la primera es mencionada en un listado de empresas con interés en ese mercado en la Amazonia que publicó el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi gubernamental, en un informe de 2022 sobre conflictos asociados a proyectos Redd+ en el Gran Resguardo del Vaupés.

La socióloga y administradora pública Diana Puenguenan fue otra de las jóvenes profesionales e indígenas pasto que descubrieron los problemas del proyecto Pachamama Cumbal y que fueron querelladas por injuria. Foto: Andrés Bermúdez Liévano.

En contravía de la Corte Constitucional

Aunque Global Consulting insiste en que su proyecto cumple con los estándares sociales que rigen los proyectos de carbono en Colombia, la querella que presentaron contra un miembro del colectivo ambiental de Cumbal deja entrever algunas de sus ideas sobre estas reglas de juego ambientales y sociales.

En su denuncia por injuria argumentan que la iniciativa no requería una consulta libre, previa e informada con los habitantes del resguardo, como solicitaron los indígenas demandantes. “Esa forma de protección aplica cuando se está ante decisiones exógenas a la comunidad (por ejemplo, cuando una empresa minera pretende extraer carbón de un sitio considerado sagrado por una comunidad indígena)”, argumentó Bárbara Lara en la querella, añadiendo que “el proyecto se gestó por el resguardo” y que la empresa que lidera es un “consultor experto” para sacarlo adelante.

Adicionalmente, Lara argumentó que el gobernador Yamá era, como representante legal del resguardo, “el interlocutor legítimo y válido del resguardo” y “estaba plenamente facultado para tomar este tipo de decisiones y celebrar los contratos que esté bien considerase necesarios”. “Al parecer lo que pretenden los accionantes es que toda decisión que se adopte y contrato que se celebre por el representante legal y gobernador del resguardo le sea consultado a los más de 12.000 habitantes”, escribió.

Su visión difiere con la regulación que rige los proyectos Redd+ en Colombia. El Ministerio de Ambiente, en su resolución 1447 de 2018 que regula al sector de carbono, estipula que todas las iniciativas de este tipo deben reportar cómo cumplen las salvaguardas sociales y ambientales de Naciones Unidas. Esas reglas de juego, conocidas como las salvaguardas de Cancún, y obligatorias para los proyectos en Colombia, hablan del respeto por los derechos de los pueblos indígenas, así como de su participación plena y efectiva. El gobierno colombiano hizo luego una ‘interpretación nacional’, centrada en gran medida en cómo deben ser las relaciones entre proyectos y las comunidades locales que los albergan y ejecutan. 

Según esa hoja de ruta publicada en 2018 (pero hecha vinculante apenas hasta 2023), los proyectos deben brindarles información clara sobre su implementación y rendirles cuentas; nunca modificar sus derechos territoriales; garantizar tanto su participación plena y efectiva como su consentimiento libre, previo e informado; reconocer y fortalecer sus estructuras de gobernanza y sus sistemas de conocimiento tradicional; y, claro, distribuir sus ganancias de manera equitativa. Es decir, varias de las cosas que los indígenas que integran el Colectivo Ambiental Cumbal denuncian que en su territorio no se están cumpliendo.

 

Son justamente varios de los puntos centrales en el caso que examinó la Corte Constitucional a raíz de un conflicto similar en un proyecto de carbono en el territorio indígena del Pirá Paraná, en la Amazonia. Ese caso, fallado hace tres meses, resolvió la ambigüedad legal que existía sobre si las iniciativas Redd+ requieren mecanismos formales de consulta previa y cómo se debe obtener el consentimiento. “Si estas comunidades [indígenas] son actores clave en el mercado de carbono, es imperativo garantizar su autonomía mediante la aplicación de estándares cualificados, acceso a información precisa, participación efectiva en las decisiones y consentimiento libre y previo”, dijo el alto tribunal en una sentencia que podría sentar precedente para otras iniciativas similares en territorios donde habitan comunidades indígenas o afrocolombianas.

En esa línea, ordenó a las empresas demandadas en dicho trámite a contar con “estándares mínimos de debida diligencia para la operación de proyectos Redd+ en territorios indígenas”, incluyendo lineamientos claros sobre acceso a información, procedimientos para identificar, prevenir y mitigar impactos negativos de sus operaciones, y mecanismos de seguimiento a esos riesgos. La Corte no fijó el tipo de mecanismo al que deberán acudir para obtener el aval de las comunidades indígenas, pero enfatizó en que aplicaría la consulta previa en casos de posibles afectaciones directas o el estándar más alto de todos, el consentimiento previo, libre e informado (CLPI), si se advierte que podría haber una afectación intensa en lo social, cultural o ambiental, especialmente una que ponga en riesgo su existencia.

En las montañas de Nariño, sin embargo, el proyecto Pachamama Cumbal sigue cosechando resultados en el mercado sin importar los fallos adversos en primera y segunda instancia, pese a las órdenes judiciales de suspensión mientras se clarifica su situación de consulta previa y de rendir cuentas de sus finanzas, pese a la insistencia del ex gobernador de que el contrato fue finiquitado y pese a que su auditor perdió la acreditación del organismo veedor nacional.

Esa contradicción subraya las limitaciones que tiene la justicia para resolver conflictos socio ambientales. “Cumbal da cuenta de las dos caras de lo que llamo la judicialización verde: la justicia puede tomar decisiones con efectos transformadores, pero también regresivas — o, cuando menos, inocuas dado que las dos sentencias parecen no haberse cumplido de fondo”, dice María Adelaida Ceballos Bedoya, una investigadora de la ONG legal Dejusticia y jurista especializada en acceso a la justicia que está escribiendo un libro sobre el caso.

En su visión, que la justicia se haya convertido en el camino predominante para resolverlos puede generar fallos potencialmente trascendentales, como el de la Corte Constitucional, pero también puede resultar en decisiones que no abordan la complejidad de un problema, dan órdenes inadecuadas o son incumplidas por las autoridades interpeladas. También pueden llegar cuando ya es tarde para mitigar un daño a una comunidad vulnerable. Por eso, argumental, se requiere que otras entidades del Estado actúen de manera preventiva y no dejen solas a las comunidades. “Es importante garantizar que las estrategias de protección de las comunidades frente al mercado de carbono no dependan exclusivamente, ni siquiera primeramente, de la vía judicial”, dice.

Ante la pregunta de cómo imagina que se podría resolver el conflicto socio ambiental en Cumbal a raíz del proyecto de carbono, la empresa desarrolladora Global Consulting solo respondió que “no tiene injerencia en la gobernanza, ni en las atribuciones y funciones que competen a las autoridades del Resguardo Indígena de Cumbal, autoridades legítimamente electas y reconocidas por el Ministerio del Interior”.

Un año después de que la justicia colombiana dio la razón a los habitantes del resguardo en que el proyecto Pachamama tiene múltiples irregularidades, el conflicto en Cumbal continúa y una petrolera multinacional como Chevron terminó usando otros 289 mil bonos de lo que ya se sabía era una iniciativa ambiental nebulosa.

 

 

 

 

 

 

 

Actualizado el: Mié, 09/18/2024 - 13:01

"Se metieron a los conjuntos" es una serie de cinco cortos realizados con el apoyo de la UNESCO y la Unión Europea, que muestran cómo se difunden desinformaciones relacionadas con discursos discriminatorios y de odio. En el primero, se narra cómo surge la desinformación, centrándose especialmente en los hechos que ocurrieron durante el paro nacional de noviembre de 2019. Este corto también se enfoca en los impactos de la desinformación en la vida real.

El segundo corto se centra en la difusión y viralización de la desinformación, y cómo esta es utilizada por grupos con intereses políticos claros para exacerbar los prejuicios y ganar apoyo a causas particulares. En el tercer corto, se exploran los debates relacionados con la libertad de expresión y los límites entre esta y los discursos discriminatorios. El cuarto corto muestra los efectos de la desinformación y la perpetuación de estereotipos dañinos. Finalmente, el quinto corto propone soluciones ante la desinformación y debates sobre la responsabilidad de las redes sociales, el Estado y los ciudadanos en la lucha contra la desinformación.

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Actualizado el: Jue, 09/12/2024 - 09:14

 

Camilo Quiseno, habitante del municipio de Miranda, Cauca, cuenta que en diversas ocasiones la falta de servicios públicos, en el año 2022, a raíz de las lluvias, se convirtió en una problema para su comunidad que parecía no tener fin. Esta situación fue una de las gotas que rebosó la copa de los habitantes del municipio, quienes decidieron organizarse para exigir transparencia a las autoridades por varias situación que los afectaban a diario.

Marisol Ramírez, lideresa de la organización Mujeres Sororas encabezó un proceso junto a varios miembros de la comunidad de Miranda. Comenzaron a trabajar para la creación de una mesa de diálogo que los ayudará a exigir una rendición de cuentas a las autoridades locales. Este es un mecanismo que les permite a los ciudadanos vigilar y controlar el actuar responsable de los servidores públicos que implica la transparencia de información, para evaluar la gestión a las entidades.

Todo el trabajo alrededor de esta iniciativa de la comunidad en Miranda comenzó en una escuela de control ciudadano en la que participaba Marisol, quien había llegado al territorio desde hace diez años. “Se aprendió de la importancia de la transparencia y la veeduría para hacer un control social a toda la inversión que llegaba al municipio”, cuenta la lideresa.

Marisol cuenta que para ese momento, la relación entre las autoridades y la población no era muy buena. La poca escucha de las instituciones, hacia las necesidades de la población de Miranda, estaba llegando a un punto que los ciudadanos estaban muy descontentos. Durante ocho meses, varios líderes y lideresas se prepararon en el ámbito de políticas públicas, para hacerle frente a las discrepancias que se evidenciaban en el territorio diariamente. Había problemas en el estado de las vías, en el suministro de servicios públicos y en la educación de los jóvenes.

En ese momento, diferentes grupos sociales como el Foro Nacional, el Consejo Municipal de Juventudes (CMJ), la Plataforma Juvenil, la Liga de Usuarios en Salud, la Organización Mujeres Sororas y Defensoras, la JAC Vereda Los Pinos, el Consejo Comunitario de Comunidades Negras Conzoplan Santa Ana, el Grupo Motor PDET y la Fundación de Mujeres Unidas para el Progreso de Todas (Fumuprot)  iniciaron un proceso en conjunto para pedirle a la Alcaldía Municipal una serie de cambios en búsqueda de la mejora y seguridad del territorio.

“Era la primera vez que hacíamos un proceso de control ciudadana tan grande, el buscar la información, el unir esa información, el crear un informe. Es decir, esa primera vez fue una experiencia de vida muy fuerte porque nos obligó a aterrizar y hacer las cosas más pausadamente y centradamente”, cuenta la lideresa.

Iniciativas de control ciudadano como la de Miranda enfrentan enormes retos, por la falta de transparencia en instituciones de diferentes niveles en el país, como lo señala Transparencia por Colombia. Esta es una organización no gubernamental, que lidera acciones que articulan y transforman actores sociales, políticos, estatales, entre otros, para vivir de manera íntegra y actuar a favor del bien común. La ONG ha hecho parte de trabajos con comunidades, que inician un proceso de veeduría, como lo fue el caso del municipio de Miranda, Cauca.

Transparencia por Colombia explica que uno de los mayores retos que se suele enfrentar la ciudadanía es encontrarse con instituciones cerradas que limitan la participación, por desconocimiento sobre los funcionarios y del derecho a intervención. Además, la organización señala que existen otras dificultades como lo son “una poca voluntad política para garantizar ese derecho, una poca inversión pública al sector de participación y la actuación condicionada al apoyo político en época electoral”.

La ONG resalta varios puntos claves para a la hora de comenzar estos procesos de veeduría ciudadana: “Construir agendas comunes que permitan la acción colectiva, apropiarse de instrumentos como la rendición y la petición de cuentas, continuar formándose en herramientas de acceso a información pública, generar alianzas con medios locales, regionales o nacionales que apoyen la exigencia de transparencia que hacen contrapeso a la acción pública de los gobiernos”.

En el caso de la comunidad de Miranda, existió toda una organización y diferentes temas claves a la hora de hacer el proceso. Uno de ellos fue el tema de las juventudes, en el cuál hizo parte Camilo Quiseno, integrante de la Organización Mujeres Sororas. “Las entidades siempre ponían trabas para escuchar los procesos que proponían los jóvenes, las canchas estaban en mal estado, la mala alimentación de los menores y, sobre todo, la poca seguridad pública de los chicos que estaban en condición de calle y en consumo de sustancias”, explica Camilo.  El líder cuenta que en su momento, solo obtuvieron respuestas con ironía, por parte del personal que no tenía conceptos claros en la Alcaldía municipal.

La rendición de cuentas que realizó la comunidad tuvo un enfoque de género, e incluyó temas de  política pública de la mujer y las iniciativas de la comunidad LGBTIQ+.  En este tema trabajó May Romero, integrante de la Organización Mujeres Sororas, quien cuestionó a la Alcaldía sobre la categorización de la población, en cómo se iba a formular la mesa de diversidad sexual y sobre las líneas de atención.

Lastimosamente, la respuesta que brindó la institución dejó mucho de qué hablar, May Romero aseguró que “la gestión del personal, que estaba en su momento en la Alcaldía, fue mediocre, porque no había las herramientas tanto conceptuales como profesionales para abordar las problemáticas que el municipio tenía”. Lo que sorprendió a la comunidad fue que las preguntas que formularon no tenían una respuesta clara, estas no tenían coherencia con la realidad o simplemente no existían.

Después de dos años de que ocurrió la audiencia, las opiniones de los resultados y los cambios están divididos. Para algunos sí se han logrado gestar cambios en el municipio con referente a los jóvenes y en algunos puntos con referente al género. Sin embargo, Marisol tiene otra perspectiva con el tema mujer. “Realmente no ha habido cambios. Lastimosamente el nuevo enlace de mujer ha hecho imposible el avanzar en el tema de control ciudadano y estamos a la espera de lo que pase con esta nueva administración teniendo en cuenta que son nuevos la mayoría”, explica la lideresa.

Para Transparencia por Colombia, la rendición y veeduría en Miranda, tuvieron buenos resultados en cuestión de participación. “El proceso respondió a los intereses de la ciudadanía de Miranda, en la evaluación del espacio, el 74% contestó que la rendición de cuentas respondió a sus intereses”.

Como consecuencia de lo anterior, la población del territorio está más abierta a seguir con estos procesos de participación ciudadana. Transparencia por Colombia, en una encuesta hecha en el municipio, encontró que se generó una apropiación del instrumento de la rendición de cuentas. “En la evaluación del espacio el 85% de los encuestados respondieron que participarán nuevamente en un espacio de rendición de cuentas”, explicó la organización.

De todo este proceso, es importante resaltar la importancia que tiene la veeduría ciudadana y la transparencia en los procesos para los territorios. El caso de Miranda, Cauca es una muestra de que el liderazgo y la participación de las comunidades son claves para lograr cambios sociales que se lleven a cabo para la mejora de vida de los ciudadanos.

 

Actualizado el: Sáb, 08/17/2024 - 18:00

El río Fragüita baja desde las montañas del Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi, en la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en medio de un bosque frondoso y unas colinas escarpadas que se detienen súbitamente ante la llanura amazónica del departamento de Caquetá. El río de aguas transparentes se abre paso en medio de dos rocas de cerca de ochenta metros de altura para pasar junto a un caserío (pequeño poblado rural) con el que comparte el nombre, antes de seguir hacia la selva.

Los habitantes de Fragüita muestran con orgullo el estrecho de roca por el que pasa el río, conocido como ‘Portales del Fragüita’ y cuentan la historia de dos indígenas que tenían prohibido amarse por la enemistad de sus familias, por lo que fueron condenados a convertirse en rocas y vivir siempre  cerca, pero sin poder tocarse. A menos de cinco kilómetros de este paisaje boscoso y exuberante, se abren paso decenas de cráteres llenos de agua con sedimentos, en los que fluye el agua que arrastra los restos de la gasolina, el aceite y el detergente usados en la extracción de oro.

Al fondo se aprecia el lugar conocido como ‘Portales del Fragüita’, en el río del mismo nombre. Foto: Juan Carlos Contreras. 

La minería avanza por varios de estos cristalinos cuerpos de agua que bajan de la cordillera y que alimentan la principal arteria fluvial de la zona, el río Caquetá. En este largo e imponente afluente, la extracción se transforma: dragas de varios tamaños flotan dispersas en las aguas que avanzan selva adentro, dejando un rastro de contaminación que afecta el ecosistema de este valle amazónico que limita en un trayecto, por el sur, con el Parque Natural Nacional La Paya y, por el norte, con dos resguardos indígenas, el Witora y el Los Parajes de Puerto Zábalo y los Monos, este último que colinda con el Parque Natural Nacional Serranía de Chiribiquete.

El aumento de la minería en San José de Fragua y su vecino municipio de Belén de los Andaquíes coincide con la crisis que vive el negocio de la producción de cocaína en Caquetá y Putumayo. Aunque los cultivos de uso ilícito ocupan amplias extensiones del piedemonte y de la sabana amazónica alrededor del río Caquetá y sus afluentes, el precio de la base de coca ha caído y muchas personas, que no tienen otra forma de ganarse la vida, han encontrado en la extracción de oro una fuente de subsistencia.

La minería, una fuente de trabajo 

Luis* es un joven que vive en una finca cerca al casco urbano del municipio de San José de Fragua, en Caquetá, está por cumplir 18 años y llevaba casi tres trabajando en la minería de oro, cerca al corregimiento de Fragüita. No terminó la secundaria porque, al cumplir 15 años, tuvo que dejar el octavo grado para buscar trabajo y apoyar a su familia.

El joven cuenta que le pagan los jornales diarios por pasar todo el día en los pozos llenos de sedimentos, tratando de encontrar unos gramos de oro. “Se saca el agua de las quebradas (riachuelos) con una motobomba y se dispara a presión contra la tierra y se va formando una masa de barro, que luego va a dar a una draga que la envía por unos tubos hacia unos tapetes en donde queda la arena y el oro”, cuenta Luis.

Motobomba que dispara el agua a presión contra la tierra. Foto suministrada por una persona de la región. 

En este proceso, los mineros usan aceite, gasolina y detergente, componentes que se juntan con el agua sedimentada y continúan su camino río abajo , hasta llegar nuevamente a las quebradas. “Aquí no se usa mercurio, pero todo el resto sí va a dar al agua. A la semana pueden salir entre 15 a 50 gramos de oro, depende del sector en el que uno trabaje”, explica el joven.

Andres*, un líder de organizaciones de juventud que trabaja en la zona, cuenta que el auge de la minería está relacionado con la baja de los precios de la coca desde hace casi un año, pero aclara que las dragas llegaron a las veredas (zonas rurales) del municipio de San José de Fragua desde el 2016. “Esto se hace en riachuelos, pero luego todo va a dar a ríos grandes como el Yurayaco y el San Pedro. Cerca del municipio de Curillo (también en el departamento de Caquetá) ya hay una laguna grande de lodo”, cuenta.

El líder señala que la minería se ha convertido en una opción económica para los jóvenes de toda la región, que no tienen muchas formas de ganarse la vida. “Están pagando 80 mil pesos por el día (aproximadamente 20 dólares) y como ha ido mermando el precio de la coca, y la gente necesita dinero, se ha dedicado a esto”, explica Andrés.

La minería ilegal se extiende por la zona del piedemonte amazónico, en el que se encuentran tres departamentos colombianos: Putumayo, Caquetá y Cauca, este último con territorios que van hasta la costa del océano Pacífico. Se trata de un lugar clave por el cual circulan las economías ilegales de la minería y el narcotráfico, y en el que se encuentran dos parques nacionales: Alto Fragua Indi Wasi y Serranía de los Churumbelos, que suman cerca de 170 000 hectáreas.

Según el análisis geoespacial realizado por Mongabay Latam, hallamos que la deforestación por minería más fuerte alrededor de áreas protegidas amazónicas de Colombia ocurre cerca del parque Serranía de los Churumbelos, con 269 hectáreas deforestadas por esta actividad en un radio de 10 kilómetros del área protegida. En un área de cinco kilómetros alrededor del área, este espacio se reduce a 38 hectáreas. Esta última cifra es importante, ya que en 2021 ni en 2020 se registró deforestación por minería en este espacio de cinco kilómetros alrededor del parque.

 

Actividad de minería ilegal sobre el río Caquetá. Foto: Juan Carlos Contreras. 

Un experto en minería, perteneciente a una organización científica que trabaja en la zona, y que prefiere no publicar su nombre debido a la creciente inseguridad, cuenta que ese sector de la cordillera Oriental de los Andes que se funde con la selva amazónica tiene varias solicitudes de títulos mineros. “Existe una expectativa en la región por el potencial minero. Si uno revisa los operativos que han hecho las autoridades en contra de esta minería, los lugares coinciden con las solicitudes que se han hecho de esos títulos”, cuenta el experto. Según la base de datos de la Agencia Nacional de Minería, hay 402 solicitudes de legalización de títulos mineros en el Caquetá, 394 en Solano y ocho en San José de Fragua.

La paz se fue, pero la coca y la minería no

Un documento del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi, publicado en 2022 en medio de un convenio con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, señala que la minería llegó con fuerza a la región desde el Cauca, con la firma del Acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a finales de 2016. El informe menciona que, ante la presión gubernamental por sustituir los cultivos de uso ilícito, parte de la población comenzó a dedicarse a la extracción de oro de aluvión. Esta última forma de minería, que busca el metal precioso en cuerpos de agua, se popularizó en la zona ante la gran cantidad de ríos y quebradas que bajan de la cordillera.

La investigación Desafíos del Estado colombiano en torno al aprovechamiento ilícito de oro y cultivos de uso ilícito en la Amazonía: estudio de caso de San José de Fragua, publicada en la revista Estudios Socio-Jurídicos de la Universidad del Rosario en 2020, señala que el gobierno colombiano incumplió gran parte de los acuerdos con los campesinos en materia de sustitución de cultivos de uso ilícito, lo que propició la resiembra. “Hubo muchos problemas en la implementación de proyectos productivos, así que la gente, también presionada por los grupos ilegales, volvió a la coca. En algunos casos, los dueños de los cultivos también invertían en minería”, cuenta Natalia Romero, una de las investigadoras del informe.

Entre el 2019 y el 2021, la Defensoría del Pueblo advirtió en varias alertas tempranas sobre la expansión de los cultivos de coca y la minería ilegal, así como del fortalecimiento de grupos ilegales en la región, especialmente disidencias de las antiguas FARC. Como se puede ver en el mapa a continuación, construido con datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), la ONG Gaia Amazonas y  la iniciativa Mapbiomas, los cultivos se extienden por todo el piedemonte amazónico desde el departamento de Putumayo, pasando por el municipio de Piamonte en el Cauca, hasta San José de Fragua en el Caquetá.

El mapa muestra cómo los cultivos bordean los parques Naturales  Alto Fragua Indi Wasi y  Serranía de los Churumbelos, e incluso alcanzan a entrar en algunos sectores de estas áreas protegidas. También deja ver los puntos de minería dentro de los parques y en su zona de amortiguamiento.

Jenny Cueto es la directora territorial para la Amazonía de Parques Nacionales Naturales de Colombia, la entidad del gobierno nacional encargada de la preservación de estos territorios. Cueto señala que detectaron un sitio de explotación de oro en el parque Serranía de los Churumbelos y, ante la imposibilidad de intervenir en el lugar por la presencia de grupos armados ilegales, reportaron la situación a la Fuerza Pública. “Desafortunadamente, hasta ahora no se ha tenido una respuesta concreta por parte de ellos para hacer un operativo en la zona”, señaló Cueto.

La funcionaria también indicó que funcionarios del parque Serranía de los Churumbelos divisaron desde la distancia un pequeño cultivo de coca, pero explicó que la entidad encargada de intervenir los cultivos de uso ilícito es la Policía Antinarcóticos. Mongabay Latam y Rutas del Conflicto enviaron la primera semana de marzo de 2024 un derecho de petición al Comando del Departamento de Policía de Caquetá solicitando información sobre las acciones en contra de la minería ilegal, pero no obtuvieron respuesta.

Esta alianza periodística también consultó con la Dirección Territorial Caquetá de Corpoamazonía, la entidad encargada del control ambiental de la región, sobre su trabajo relacionado con la mienería ilegal. La entidad respondió que de 2010 a 2023 han realizado 57 operativos (3 en 2022 y 5 en 2023), en las cuencas de los ríos Caquetá, Orteguaza  y en zonas rurales de San José de Fragua. “Todo el trabajo lo hacemos en conjunto con la Fiscalía y la fuerza pública porque las denuncias se dan en zonas complejas con problemas de orden público”, señaló un vocero de la corporación.

La entidad también señaló que ha hecho un seguimiento con imágenes satelitales al bosque afectado por la minería en el sector de San José de Fragua que les indica que las piscinas de lodo han impactado al menos 16 hectáreas.  

Imagen satelital de Google Earth, se evidencia el daño ambiental en San José de Fragua.

El mapa de UNODC muestra también cómo los cultivos de uso ilícito llegaron a los bordes del parque Alto Fragua Indi Wasi. Andrés, el líder juvenil de San José de Fragua, cuenta que cerca al nacimiento del río Yurayaco, han llegado colonos a deforestar para sembrar coca en los límites del parque. “Por lo menos conozco un caso en el que una persona tiene 200 hectáreas de las que, al menos 100, están dentro del parque”, cuenta el líder.

Cultivos de coca en la amazonía. Actividad de recolección de hoja de coca. Foto: Juan Carlos Contreras. 

Andrés insiste en que la falta de oportunidades y la ausencia integral del Estado son factores clave para entender la inercia que vuelve a empujar a gran parte de los habitantes a los negocios ilegales. El joven da esta entrevista en un pequeño parador a orilla de la carretera, en un lugar en los que visitantes ocasionales se toman fotografías en los ‘Portales del Fragüita’ o realizan caminatas para visitar una cascada río arriba, que incluye atravesar el estrecho de las dos rocas sumergidas en las aguas transparentes del río, en medio de una incipiente industria turística.

El recorrido de aventura que viven quienes visitan esta ruta es, a su vez, un verdadero calvario para los campesinos que viven río arriba de Portales del Fragüita. Sin otro camino que les permita sacar los productos que cultivan hacia la carretera, los habitantes de la zona tienen que caminar literalmente con el agua hasta el cuello con sus animales domésticos, maletas y niños para llegar hasta Fragüita. “Si tenemos que bajar a la carretera, nos toca meternos al río, pero en invierno esto es imposible. Para sacar cualquier cosa, nos toca tomar una trocha larguísima que nos lleva varias horas”, dice un campesino que vive cerca de un cultivo de coca, que en el pasado fue insumo para la producción de cocaína, pero ahora es utilizado para la producción de productos legales como cervezas e infusiones.

El día a día de los habitantes de Fragüita que no tienen otro camino para atravesar el ‘Portal’ sino atravesar las aguas del río. Foto: Juan Carlos Contreras. 

Andrés explica que, aunque los grupos armados están en la zona, permiten las actividades turísticas sin inmiscuirse con los visitantes. Desde 2019 el frente Carolina Ramírez hace presencia en ese sector del Caquetá. El frente hace parte del llamado Estado Mayor Conjunto (ECM), una de las más grandes disidencias de las FARC, que se encuentra en medio de un proceso de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro.

El grupo armado controla las economías ilegales en la región y cobra un impuesto por la producción de oro en las minas de aluvión de San José de Fragua. La tensión en la zona ha ido aumentando, ante la posibilidad de la llegada de otro grupo, los llamados Comandos de Frontera, que hacen parte de la Segunda Marquetalia,  otra de las disidencias de las FARC, y que mantiene una guerra declarada contra el ECM en varias zonas del país.

El 26 de mayo de 2024 los habitantes registraron un enfrentamiento entre las dos facciones que dejó 11 muertos en la vereda Palmeiras, a menos de 10 km de Fragüita. La Defensoría del Pueblo señaló en un comunicado que tras los combates cerca de 500 personas habían quedado confinadas en sus casas por amenazas de los grupos armados.

El líder de jóvenes cuenta que esta situación ha llevado a que el  frente Carolina Ramírez haya declarado en varias ocasiones el toque de queda después de las 6 de la tarde en algunas veredas.  A los mineros que llegan a buscar trabajo les exige una carta de recomendación de las juntas de acción comunal, en las que certifiquen que son habitantes de la zona.

Luis, el adolescente trabajador de las minas de oro, cuenta que por esta razón ha sido imposible volver a conseguir empleo en la minería, ya que su familia vive cerca del casco urbano San José de Fragua, a una hora por carretera, y por lo tanto no ha conseguido el certificado que le piden sus ‘patrones’ y que se ha convertido en una exigencia de las disidencias.

La coca y el oro persisten aguas abajo del Caquetá

El agua que fluye por los ríos del piedemonte Amazónico avanza hacia el suroriente para alimentar al gran río Caquetá que, a su vez, también baja de las montañas hacia la selva en medio de la triple frontera de los departamentos de Putumayo, Caquetá y Cauca. A medida que los cuerpos de agua avanzan, se unen y amplían su caudal, la minería va cambiando y el paisaje pasa de las piscinas de barro en la que la gente utiliza motores, a maquinaria encima de planchones que flotan cerca de los bordes del río Caquetá.

Mercedes Mejía Leudo es profesora de la Universidad de la Amazonía y miembro de la Mesa Departamental para la Defensa del Agua y el Territorio del Caquetá. Cuenta que antes de que el río Caquetá llegue al municipio de Curillo, la comunidad ha denunciado la presencia de al menos 15 dragas de minería de oro. 

Mejía ha sido lideresa ambiental por cerca de 10 años, en medio de un entorno violento en contra de las personas que asumen la defensa de los ecosistemas en el departamento y que dejó la víctima más reciente el 24 de febrero de 2024. Ese día, hombres armados asesinaron a Ludvilia Galíndez, presidenta de la organización Asojuntas del municipio de Montañita, mientras estaba en su casa en la ciudad de Florencia.

La profesora Mejía, que ha recibido varias amenazas e intimidaciones, señala que en esa zona, en la que confluyen los tres departamentos, los habitantes sin opciones laborales, debido a la baja del precio de la coca, terminan fácilmente en la minería ilegal. “Es un tema muy delicado porque toda esa economía está cooptada por actores armados ilegales y hay mucho temor de denunciar en la zona”, cuenta.

La carretera que conecta a Florencia, capital del departamento de Caquetá, con el municipio de Curillo se topa con el río en ese sector. Curillo sirve como puerto para decenas de embarcaciones que se mueven hacia otras poblaciones de Caquetá como los municipios de Solita y Solano. El río Caquetá en ese punto puede tener hasta 500 metros de ancho en algunos tramos y a medida que se avanza, no es difícil encontrar dragas de explotación de oro.

 

Transporte por el río Caquetá, en los denominados ‘yates’. Foto: Juan Carlos Contreras. 

La tensión que se vive en el piedemonte amazónico entre las dos mayores disidencias de las FARC, ha escalado río abajo. Desde mediados de enero de 2024 circularon mensajes en Whatsapp entre los habitantes de Curillo, Solita y Solano en los que se decretaba un paro armado que imponía una restricción de movilidad por los ríos Caquetá y Orteguaza. Este último comunica a Florencia, la capital del departamento, con Solano y  desemboca en el Caquetá en ese mismo municipio.

Ante las amenazas, las empresas de transporte de carga y pasajeros solo se movilizan por el río Caquetá desde Curillo hasta Solano y dejaron de hacerlo por el río Orteguaza. Desde esta zona,  toda la población ha quedado confinada en medio de la guerra entre el Frente Carolina Ramírez, que tiene mayor presencia al norte del río Caquetá y los Comandos de Frontera que son fuertes en el sur, en el departamento de Putumayo. “Nosotros no podemos transitar por el río y hay mucho temor. Los más damnificados con todo esto son las poblaciones indígenas que viven hacia abajo y la administración municipal no tiene la capacidad de articular a las instituciones del Estado para atender esta situación”, dice un concejal de Solano que prefirió no dar su nombre para proteger su seguridad.

Río Orteguaza, imagen tomada con drone. Créditos: Dailer Montoya

Solano es el segundo municipio más grande de Colombia con cerca de 4,3 millones de hectáreas, un poco más del doble de la superficie de un país como El Salvador. Cerca de la mitad de todo el municipio, 2,15 millones de hectáreas, se encuentran dentro del Parque Nacional Natural Chiribiquete. Las otras 2,15 millones de hectáreas de Solano tienen también protección como reserva ambiental por la Ley Segunda de 1959.

La extensión del municipio es tan grande que para ir desde el casco urbano hasta el parque Chiribiquete, por el río Caquetá y los caños que se adentran en el parque, un yate rápido puede tardar más de 20 horas. “La verdad no sabemos cómo está el tema de la minería por allá, todo es muy lejos y la situación de orden público está muy delicada. La Fuerza Pública tiene retenes en el río, pero es que las distancias son enormes y es difícil que puedan cubrir todo”, dice el concejal de Solano.

En el recorrido que llevó a los reporteros de esta alianza periodística a Solano, era evidente la presencia del Ejército en el casco urbano de Solita y había un retén de la Armada en el río Caquetá, en ambos sentidos del tránsito de embarcaciones. Aunque los militares piden las identificaciones de los pasajeros, algunos simplemente se excusan diciendo que no las traen consigo y no hay una mayor verificación.

A unos cinco minutos por río desde Solano, cerca de la desembocadura del río Orteguaza en el Caquetá, se encuentra la base de la Fuerza Aérea de Tres Esquinas, pero la presencia de militares en el casco urbano es escasa. Desde el ‘yate’ de pasajeros, en el costado norte del río Caquetá, se alcanzan a ver fácilmente las plantas de coca, junto a cultivos de pancoger.

 

Plantas de coca en el costado norte del río Caquetá. Foto: Juan Carlos Contreras. 

Como se puede ver en el mapa de la UNODC, desde ese punto hacia el norte se extiende una amplia zona de cultivos de coca que se adentran en el municipio de Cartagena del Chairá. Como también se aprecia en el mapa, en este sector hay varios puntos de deforestación que continúan hasta el río Caguán y se hacen más recurrentes a medida que se acercan a la frontera occidental del Parque Chiribiquete.

 

 

Minería, coca, ganadería.

Julián Vásquez ha vivido toda su vida en Solano y trabaja para la Alcaldía del municipio como enlace con el gobierno nacional dentro en Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que nació con el Acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Según dice,los cultivos de coca y la ganadería son negocios que han interactuado históricamente en el territorio. “Muchos llegaron aquí a raspar coca y con el tiempo deforestaron un terreno, lo ocuparon y pusieron unas vacas. La ganadería viene siendo como una fase posterior al cultivo de coca. Los precios de la leche y el queso son más o menos estables y prácticamente no tienen que contratar a nadie, en cambio para producir base de coca, hay que tener gente y comprar gasolina, que está carísima”, cuenta Vásquez.

Los investigadores María Alejandra Vélez y Camilo Erasso del Centro de Estudios sobre seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes señalan en su informe ¿Los cultivos de coca causan deforestación en Colombia?, publicado en 2020 que la relación entre los cultivos de uso ilícito y la destrucción de la selva es muy compleja. Los autores explican que en muchos casos, el negocio de la producción de base de coca atrae una migración hacia regiones con bosques tropicales, que luego se vincula a otras actividades agrícolas como la ganadería, que tienen un impacto mayor en los ecosistemas. “La coca sí actúa como ‘punta de lanza’, pues dinamiza las áreas circundantes hacia otra serie de actividades que implican pérdidas significativas de cobertura boscosa’, dice el informe.

Esta migración también tiene efectos sociales sobre las comunidades indígenas y de colonos que ya viven en esas zonas, como lo muestra la investigación de la Universidad del Rosario, mencionada anteriormente. Allí se señala que, en San José de Fragua, la bonanza de la coca a principios de la década pasada “podía mover entre 3000 y 5000 millones al mes”, cuando el producto interno bruto del municipio era de 1300 millones de pesos. “Las economías ilegales potenciaron la descomposición social, pues promovían el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, y la asistencia a cantinas y prostíbulos”, dice la investigación.

Un exfuncionario de Parques Nacionales que trabajó en las áreas protegidas de la zona por más de 20 años, pero que prefiere no indicar su nombre por seguridad, coincide con Vásquez y agrega que la minería es otro negocio que interactúa con la coca y la ganadería, ya que se intensifica cuando baja la rentabilidad de los otros dos. “Hace como 15 años llegó muy fuerte la minería, la trajeron a gran escala los garimperios (mineros ilegales) brasileños. Aquí, frente a Solano, estaba lleno de dragas, pero vino el Ejército y las sacó. Ahora que bajó la coca, volvieron a aumentar las embarcaciones que buscan oro y, hacia el sur, quienes sufren por la minería son los indígenas”, dice.

El daño ambiental y social que sufren las comunidades indígenas

Comunidad indígena Huitoto, en Solano, Caquetá. Foto: Juan Carlos Contreras. 

Unos 30 kilómetros río abajo desde el municipio de Solano, sobre el sector conocido como Mecaya, all lado sur del río Caquetá, comienza el Parque Nacional La Paya en el departamento de Putumayo. Los cultivos de uso ilícito al borde del río se adentran hacia el parque, en una zona con una fuerte presencia de la disidencia Comandos de  Frontera. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), reportó en su informe que el Parque Natural La Paya tenía 1.840 hectáreas de cultivos de uso ilícito en 2022, más del doble que en 2021

El río avanza cientos de kilómetros más hacia el suroriente y, según el mapeo de Gaia Amazonas y Mapbiomas, se intensifican las dragas en busca de oro, especialmente cuando se pasa junto al resguardo indígena Witoto de los Parajes de Puerto Zábalo y Los Monos, que a su vez limita al norte con el parque Chiribiquete. En este sector, la violencia ha desplazado a varias comunidades que ahora viven en las afueras de Florencia, la capital del departamento de Caquetá.

Iván Núñez Valencia, vocero de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía (OPIAC), que acompaña un proceso de consulta del gobierno nacional a las comunidades para reformar el código minero, se reunió con varios mayores y líderes de ese sector. El gobierno de Gustavo Petro presentó en marzo de 2024 una modificación al código para que incluya propuestas en materia de transición energética y otros aspectos que surgieron en un proceso de socialización con comunidades.  Núñez cuenta que en medio de este proceso, los indígenas le expresaron su preocupación por la presión de los actores armados, especialmente sobre los más jóvenes, para que se unan a los grupos o trabajen en la minería ilegal. “En vez de hacer lo que ancestralmente deben hacer, en medio de la minería se ponen a tomar licor y eso trae problemas familiares y sociales de todo tipo”, dice el líder.

Según Dailer Montoya, líder de organizaciones juveniles y ambientales en el departamento de Caquetá, ante la situación social y económica que viven, la población indígena que vive en las cercanías del río Caquetá termina incorporada por completo al entorno de la minería. “Detrás de los mineros aparece todo un negocio de alimentos, de bebidas alcohólicas, drogas y, por supuesto, servicios sexuales. Desafortunadamente, las víctimas en todo esto son las comunidades”, explica Montoya.

El líder agrega que otra fuerte preocupación es el uso del mercurio en la minería, utilizado como un adherente del oro en las arenas de los ríos, que tiene efectos en la salud de quienes consumen agua o pescado del río Caquetá, especialmente por su capacidad bioacumulable, que hace que este elemento pase de las presas a los predadores en la cadena alimenticia. “En el 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó al Ministerio de Medio Ambiente que implementara un plan de manejo que llevara los niveles de mercurio en la zona a cero. En 2018 se hizo un estudio, publicado en 2019, y mostró que miembros de las comunidades ( Puerto Belén, Puerto Pizarro, La Reforma, Los Monos, Puerto Berlín, Puerto Zábalo, Los Estrechos, Quinché, Jerusalén y Coemaní), los peces y el agua del río Caquetá tenían niveles por encima de lo permitido”, señala Montoya.

Ciclo del mercurio. Fuente: Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

La investigación que menciona el líder es la realizada por varias instituciones públicas nacionales y departamentales, que se sumaron al Instituto Sinchi (ver informe), tomó muestras en miembros de 10 comunidades del resguardo Indígena Los Parajes de Puerto Zábalo y los Monos y encontró mercurio en la sangre y el cabello que superaban los valores de referencia. El trabajo científico también indicó que el 51 % de los peces analizados en la muestra tenían valores de ese metal mayores a 0,5mg/kg, que es el límite marcado por la Organización Mundial de la Salud y la legislación colombiana. Desde la realización de este estudio no se han realizado mediciones en el río.

Tanto en el piedemonte amazónico, como en la cuenca del río Caquetá y sus afluentes, son evidentes las consecuencias socioambientales de la minería y la producción de base de coca en las comunidades locales. A eso se suma la presencia de grupos ilegales y un aumento de la confrontación en la zona. Como lo indicaron las fuentes consultadas en este reportaje, las entidades regionales parecen no tener la capacidad para enfrentar esta situación en un territorio tan amplio pero que, a su vez, presenta una riqueza ambiental de gran importancia pero muy poco explorada debido a la complejidad geográfica y de seguridad que se vive.

Actualizado el: Jue, 07/25/2024 - 12:31

El pasado 8 de julio, la Corte Constitucional concedió la razón a las autoridades indígenas del Pirá Paraná que presentaron una demanda judicial contra un proyecto de bonos de carbono que opera en su territorio en la Amazonia colombiana, concluyendo que éste vulneró sus derechos fundamentales a la libre determinación, autonomía, autogobierno, territorio, identidad, integridad física y cultural, y consentimiento libre, previo e informado.

Esa sentencia marcó la primera vez que el más alto tribunal del país en lo constitucional aborda un caso del mercado voluntario de carbono, una incipiente solución climática que la Corte defiende por su potencial para enfrentar el calentamiento global y fomentar la gestión sostenible de los bosques, así como por ser “opciones económicamente viables para comunidades en situación de vulnerabilidad, aislamiento y con escasa presencia institucional” que los cuidan.

Sin embargo, los tres magistrados de la Corte señalaron que el proyecto Redd+ Baka Rokarire, “aunque loable, ha tenido efectos significativos e intensos en las estructuras sociales, culturales y territoriales de las comunidades indígenas del Pira Paraná”. Entre esos impactos negativos de mayor gravedad, considera que el conflicto generado a raíz del proyecto “compromete de manera actual, seria y cierta un amplio espectro de derechos fundamentales y pone en peligro incluso la supervivencia e integridad de las mismas comunidades afectadas”, en un fallo que podría sentar precedente para otras iniciativas similares de pago por servicios ambientales en territorios donde habitan comunidades indígenas o afrocolombianas.

La decisión judicial cuestiona fuertemente a las empresas que estructuraron, auditaron y certificaron el proyecto en la selva del Vaupés, a las que señaló de “no actuar con debida diligencia para identificar, prevenir, mitigar y responder a los impactos negativos que el proyecto Redd+ genera sobre la población indígena”. También hizo un duro llamado de atención al Estado colombiano, reconociendo que más allá del caso particular hay un problema general, responsabilizándole de no haber “adoptado un enfoque étnico que aborde de manera integral el respeto, la protección y la garantía de los derechos de los pueblos indígenas en los proyectos Redd+”.

La Corte Constitucional colombiana dio la razón a las autoridades indígenas del Pirá Paraná en Vaupés en su acción judicial contra el proyecto Redd+ Baka Rokarire. Foto: cortesía de Mauricio Romero Mendoza.

Las sombras del proyecto Baka Rokarire

Como ha venido investigando esta alianza periodística desde hace tres años en sus proyectos Carbono Gris y Carbono Opaco, muchos proyectos de bonos de carbono que se implementan en territorios indígenas no siempre han sido legítimos y transparentes.

Estos proyectos –llamados Redd+– consisten en enlazar a comunidades locales que cuidan bosques fundamentales para mitigar la crisis climática global con empresas que compran sus bonos de carbono para compensar su propio uso de combustibles fósiles. Cada uno de esos bonos o créditos equivale a una tonelada de dióxido de carbono —uno de los gases de efecto invernadero que propician el cambio climático— que ya no subiría a la atmósfera producto de ese esfuerzo de conservación.

A raíz de una de estas iniciativas, en julio de 2022 el Consejo Indígena del Pirá Paraná interpuso un recurso judicial, conocido como acción de tutela, solicitando que se protegieran los derechos fundamentales que, a su juicio, violaron la organización no gubernamental  Corporación Masbosques y tres empresas que promovieron o validaron el proyecto Redd+ Baka Rokarire, así como una de las autoridades nacionales que debería velar por el buen funcionamiento de este tipo de soluciones climáticas que buscan traer recursos a las comunidades que conservan bosques. 

La Corte Constitucional seleccionó el caso por considerar que había una “necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial” (es decir, examinar si los jueces han observado la jurisprudencia que ha marcado el tribunal en sus fallos) y por ser “un asunto novedoso” en lo constitucional.

Como contaron el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Mongabay Latam y La Silla Vacía en una investigación publicada en octubre de 2022, el proyecto Baka Rokarire tiene varios problemas.

Los demandantes denunciaron que quien firmó el documento legal a nombre de los indígenas con Masbosques, en marzo de 2021, fue el anterior representante legal de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas del Río Pirá Paraná (Acaipi), que había sido retirado del cargo dos semanas antes de suscribirlo. También argumentaron que Masbosques negoció con capitanes del territorio de manera individual, además de con quien ya no era representante legal de Acaipi, sin jamás pasar por el Consejo Indígena que ha sido la máxima autoridad en el Pirá Paraná desde mayo de 2019.

Esta instancia de gobierno fue creada con el ánimo de cumplir el viejo sueño de convertirse en una entidad territorial con funciones político-administrativas, una promesa de la Constitución de 1991 que se ha venido implementando por partes y que se reactivó con un decreto de 2018 del gobierno de Juan Manuel Santos, que plasmó la ruta para que los territorios indígenas en las áreas no municipalizadas de Amazonas, Guainía y Vaupés sean incorporados al ordenamiento nacional con una categoría similar a la de los municipios. A partir de ese momento, los territorios empezaron a crear y formalizar sus consejos, que son la figura de gobierno local —como el alcalde para los municipios— que les asignó la Constitución. Y el Pirá Paraná creó su Consejo Indígena.

La Corte Constitucional le dio la razón a los indígenas demandantes en que la manera como se impulsó el proyecto lesionó sus derechos fundamentales.

La falta de debida diligencia de Masbosques

 

El alto tribunal fue especialmente duro con las dos entidades que desarrollaron el proyecto: Masbosques, una organización no gubernamental antioqueña que cuenta entre sus socios a varias entidades públicas, y la consultora Soluciones Proambiente S.A.S. que aparece en documentos como apoyo en la formulación del proyecto pero —como reveló esta alianza periodística— en realidad financió la iniciativa y recibe hasta un 40% de sus ingresos.

“Desde el inicio del proceso de factibilidad de la iniciativa no se respetó la autoridad máxima de gobierno propio, sino que suscribieron un contrato de mandato con un representante legal de una de sus organizaciones que no tenía la potestad”, dijo el fallo de la Corte liderado por el magistrado Juan Carlos Cortés, abordando los dos hechos centrales denunciados por los indígenas.

En su fallo, la Corte desestimó la defensa de Masbosques de que actuó correctamente según la realidad jurídica de ese momento, firmando el contrato con quien consideraba la legítima máxima autoridad en ese entonces, así como su argumento de que el Consejo Indígena no ha entrado en funcionamiento aún.

Según la Corte, hubo una “falta de diligencia para identificar y reconocer las estructuras de gobierno propio del territorio indígena a intervenir” y “dicho contrato no fue tramitado respetando sus estructuras de toma de decisiones”. Masbosques no solamente no consultó al Consejo Indígena y desconoció el proceso de transformación del autogobierno en ese territorio, sino que la Corte no encontró ninguna prueba de que la asamblea de autoridades de Acaipi hubiese dado una autorización clara para suscribir dicho contrato. De hecho, subraya que “al contrario, lo que queda claro era la voluntad de la asamblea por desarrollar una iniciativa propia de mitigación de los gases de efecto invernadero, en el que no intervinieran personas externas al territorio”. Esto llevó a la Corte a concluir que “con independencia de cuál es la máxima forma de gobierno del territorio del Pira Paraná, existen dos estructuras (Acaipi y el Consejo Indígena) relevantes que fueron desconocidas”.

Adicionalmente, la Corte encontró que los desarrolladores “no obtuvieron el consentimiento libre, previo e información mediante un diálogo genuino y de buena fe”. Hicieron entrevistas de caracterización y talleres de cartografía social, pero esto “no suple los requerimientos dispuestos por la Corte para lograr un acuerdo o consenso con grupos étnicos y su consentimiento libre, previo e informado”. 

La Corte también cuestionó que trece acuerdos de conservación con comunidades, aportados por Masbosques, se firmaron tras la venta de bonos a la aerolínea Delta Airlines, en vez de antes. A su juicio, esos acuerdos fueron “una estrategia para convalidar o ratificar un proyecto ya diseñado, validado y en etapa de certificación de los pagos por resultados” y “no subsanan ni cambian los vicios respecto del incumplimiento del consentimiento que debía obtenerse con anterioridad a su ejecución”.

La Corte también fue muy crítica de la actuación de Masbosques y Soluciones Proambiente durante la implementación de la iniciativa, cuando ya eran claras las diferencias entre los indígenas del Pirá Paraná en torno a ésta. “En lugar de facilitar el diálogo con la población étnica y buscar una solución que fortaleciera los ejercicios de gobernanza propia y forestal en el territorio”, escribió la Corte, “la conducta de las empresas permitió disputas internas entre los miembros de las comunidades indígenas y, con ello, el riesgo de conservación física y cultural de etnias cuyos saberes [del sistema de conocimientos tradicionales de los jaguares del Yuruparí] desde 2011 se declararon patrimonio cultural inmaterial de la humanidad”.

Por último, la Corte cuestionó la elección del contrato de mandato como herramienta jurídica de soporte del proyecto de carbono en el Pirá Paraná. “No se diseñó como un instrumento jurídico que se hubiera adecuado culturalmente a las necesidades o circunstancias de comunidades indígenas del Pira Paraná”, señaló, añadiendo que era un documento legal genérico e idéntico al de otros proyectos de esa ONG ambiental y que “otorga garantías especiales y adicionales a favor de Masbosques que no se alinean necesariamente con un enfoque intercultural, diferencial o acorde con las pautas culturales”. Aunque la sentencia subraya que esa observación se refiere al caso de Baka Rokarire, concluye que “no se pueden trasladar automáticamente instrumentos jurídicos del derecho privado a las comunidades étnicas”, en un aparte que podría sentar precedente para un mercado donde esa figura jurídica está extendida y que levanta preguntas para los demás proyectos Redd+ en la Amazonia que lo han usado. No obstante, la Corte no aclaró cuál podría ser la figura jurídica alternativa ni se pronunció en la parte resolutiva sobre los contratos de mandato.

Por todo esto, en uno de los apartados más duros, el fallo enfatiza que “una organización con presencia permanente en la Amazonia tendría o se inferiría debería tener algún conocimiento sobre pretensiones de las comunidades asociadas al funcionamiento de territorios indígenas”.

La sentencia de la Corte Constitucional señaló que la Corporación Masbosques y las empresas Soluciones Proambiente, Cercarbono y Ruby Canyon Environmental, que estructuraron o validaron el proyecto Redd+ Baka Rokarire, “no actuaron con debida diligencia para identificar, prevenir, mitigar y responder a los impactos negativos que [éste] genera sobre la población indígena”. Foto: cortesía de Diego Samper / Libro Makuna, portrait of an Amerindian people

Las fallas del auditor Ruby Canyon y la certificadora Cercarbono

Los indígenas demandantes argumentaron en su acción judicial que el proceso de validación del proyecto Baka Rokarire presentó fallas en toda la cadena de valor de los bonos de carbono, en la que teóricamente los diferentes actores deben actuar como pesos y contrapesos para garantizar que los proyectos sí cumplen con los estándares sociales y ambientales que promueven la ONU y el gobierno colombiano.

Por considerar que fueron negligentes en no identificar esas fallas en el origen del proyecto, también dirigieron su acción judicial contra el estándar de certificación colombiano Cercarbono, que certifica proyectos de carbono en América Latina, Asia y África, y la auditora estadounidense Ruby Canyon Environmental. La Corte Constitucional les dio la razón en ambos casos, considerando que tampoco tuvieron conductas diligentes.

Sobre la auditora Ruby Canyon Environmental, que ha auditado al menos cinco proyectos Redd+ en territorios indígenas en Colombia, la Corte dijo que “no demostró la supervisión independiente y objetiva” que le correspondía. En su informe, dice la sentencia, “no existe ningún estándar o criterio específico con alusión al cumplimiento, verificación o análisis de las salvaguardas de la población indígena accionante, especialmente en lo que se refiere a su participación plena y efectiva, consulta previa, respeto del conocimiento tradicional de estas comunidades indígenas o de su gobierno propio”. 

Como reveló la investigación de esta alianza periodística, Ruby Canyon pudo no haberse percatado de los problemas del proyecto porque, como muestra su informe de auditoría, durante su trabajo de evaluación apenas sobrevoló el territorio en vez de visitarlo.

En cuanto a Cercarbono, que ha certificado al menos 14 proyectos de comunidades étnicas en Colombia y seis en Brasil, la Corte señala que “no demostró parámetros suficientes para la operación en territorios indígenas”. El fallo establece que los protocolos para certificar proyectos Redd+ de la empresa “no resultan suficientes para asegurar los estándares de respeto que se pretendían con las salvaguardas de Cancún, ni con los mandatos constitucionales asociados al goce efectivo de los derechos de los pueblos indígenas”.

Esta alianza periodística había revelado también otra peculiaridad relacionada con el estándar de certificación: en lo que podría constituir un conflicto de interés, la empresa que compró y posiblemente revendió la primera cosecha de bonos en marzo de 2022 —llamada Latin Checkout— compartía en ese momento los mismos socios fundadores con Cercarbono, que registró el proyecto del Pirá Paraná y emitió sus bonos.

Las “lagunas regulatorias” del Estado colombiano

Para la Corte Constitucional, el caso del Pirá Paraná no es uno aislado sino que hay una problemática generalizada que afecta a otras comunidades indígenas que forman parte de proyectos de carbono similares. Por esta razón, una parte importante de su sentencia se centra en ajustes que debe hacer el Gobierno nacional.

Por un lado, los tres magistrados del alto tribunal señalaron que, aunque existe un marco regulatorio para el mercado de carbono en Colombia, éste adolece de falta de “un enfoque o perspectiva étnica”. Por ejemplo, dice la Corte, hay “lagunas regulatorias” en cuanto a quién puede acreditar la titularidad de los proyectos y los bonos que emiten, y cómo pueden ser los indígenas titulares cuando son las empresas desarrolladoras quienes los registran en las plataformas de certificación, así como en la puesta en marcha todavía pendiente del Sistema Nacional de Salvaguardas que busca asegurar que las iniciativas de mitigación cumplan con los estándares más altos en lo social y lo ambiental. En últimas, dice la Corte, “si estas comunidades son actores clave en el mercado de carbono, es imperativo garantizar su autonomía mediante la aplicación de estándares cualificados, acceso a información precisa, participación efectiva en las decisiones y consentimiento libre y previo”.

La Corte también cuestiona el rol pasivo del Estado colombiano frente al mercado voluntario de carbono, omitiendo —como ha contado esta alianza periodística— supervisar los proyectos y relegando la vigilancia de esas salvaguardas sociales y ambientales a terceros que no necesariamente tienen la misma obligación de protección de los derechos. 

En esa línea, al alto tribunal le parece insatisfactoria la respuesta del Ministerio de Ambiente del gobierno de Gustavo Petro de que son los auditores quienes verifican que se cumplan esas salvaguardas obligatorias para los proyectos y el hecho de que el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), que monitorea a las auditoras, tampoco tenga un protocolo sobre salvaguardas. A su vez, le genera preocupación que “cada programa de certificación defina, según su propio criterio y sin supervisión estatal, el significado del contenido de los derechos fundamentales establecidos por este tribunal desde 1992”. Además, cuestiona la “falta de articulación” entre las empresas que intervienen en los proyectos y las entidades del Gobierno nacional que tienen competencia en estos temas, como el Ministerio de Ambiente y el de Interior que lleva los temas étnicos.

Estas observaciones de la Corte golpean uno de los principales pilares del mercado voluntario de carbono: su carácter autorregulado. Esa postura llegó a extremos como el del gobierno de Iván Duque que, como contó esta alianza periodística, argumentó que no le competía monitorear las relaciones entre empresas y comunidades en una iniciativa Redd+ dado que es “de carácter privada y, por lo tanto, se rige por la jurisprudencia que le asiste como ente que ejerce una actividad comercial de derecho privado”.

En cambio, para la Corte Constitucional, “al Estado colombiano le corresponde un papel activo en la regulación del mercado de carbono forestal y, con ello, en la supervisión de su ejecución y cumplimiento de los esquemas Redd+”. Esto incluye, explica, “la obligación de supervisar y regular los mercados de carbono forestal para garantizar que se cumplan las normativas ambientales y los derechos de las comunidades indígenas”.

Ni el Ministerio de Ambiente ni otras entidades del Gobierno nacional se habían pronunciado sobre el fallo al momento de publicar.

En su fallo, la Corte Constitucional cuestiona fuertemente a las empresas que estructuraron, auditaron y certificaron el proyecto en la selva del Vaupés, así como la ausencia de un enfoque étnico del Estado colombiano para el mercado de carbono. Foto: Corte Constitucional.

Las órdenes de la Corte Constitucional

Al final, la Corte decidió que los indígenas del Pira Paraná se reúnan en sus espacios de autogobierno, sin injerencia de las empresas demandadas, para decidir si continúan vinculadas al proyecto Baka Rokarire, así como las condiciones para hacerlo. Si en un lapso de seis meses no lo han decidido, se interpretará como que desisten a éste. Mientras eso sucede, no queda claro si el contrato actual —y, por ende, el proyecto y los bonos derivados de éste— continúan vigentes. La Corte no se pronunció al respecto.

Del lado de las empresas, la sentencia les ordena establecer unos “estándares mínimos de debida diligencia para la operación de proyectos Redd+ en territorios indígenas”, incluyendo lineamientos claros sobre acceso a información, procedimientos para identificar, prevenir y mitigar impactos negativos de sus operaciones, y mecanismos de seguimiento a esos riesgos. La Corte no fijó el tipo de mecanismo al que deberán acudir para obtener el aval de las comunidades indígenas, pero enfatizó en que aplicaría la consulta previa en casos de posibles afectaciones directas o el estándar más alto de todos, el consentimiento previo, libre e informado (CLPI), si se advierte que podría haber una afectación intensa en lo social, cultural o ambiental, especialmente una que ponga en riesgo su existencia.

Por último, el fallo ordena al Gobierno colombiano elaborar un informe técnico sobre las condiciones específicas para iniciativas Redd+ en territorios indígenas tras consultar a organizaciones de la sociedad civil, la academia e indígenas, y “un protocolo con perspectiva étnica” que deberá inscribirse como parte del Sistema Nacional de Salvaguardas del Estado ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. También le ordenó diseñar estrategias de acompañamiento a las comunidades que quieran participar en ellas y de vigilancia de los proyectos resultantes.

Respuesta del mercado de carbono

Solo una de las entidades demandadas se ha pronunciado públicamente sobre la sentencia de la Corte Constitucional. En un comunicado, Masbosques celebró el caso como “la oportunidad de sumar en un entendimiento étnico, social y jurisprudencial para el desarrollo e implementación de los esquemas financieros de Redd+ en el país”. Su director Jaime García Urrea dijo que “estamos trabajando arduamente para establecer un diálogo abierto y transparente con las comunidades indígenas, para asegurarnos de que sus derechos y necesidades sean respetados y considerados en todos nuestros proyectos y procesos corporativos”. Masbosques —que lidera otros cinco proyectos Redd+ activos en territorios indígenas— subrayó que “como organización actuamos conforme a derecho”, pero no se refirió a las afirmaciones de la Corte Constitucional sobre su actuación.

Ni Soluciones Proambiente, Cercarbono o Ruby Canyon Environmental se habían pronunciado sobre el fallo al momento de publicar. Consultado por esta alianza periodística, Alex Saer, el presidente de Cercarbono y exdirector de cambio climático durante el gobierno Duque, dijo que “lo vemos muy positivo, porque eleva los requisitos a todos los actores de la cadena de valor, incluyendo la necesidad de un marco normativo más sólido. Trabajaremos para cumplir con la integridad del fallo”.

Asocarbono, el gremio de empresas del sector del carbono al que están afiliadas tres de las demandadas, también celebró que la decisión de la Corte Constitucional como “un avance significativo hacia la consolidación de un mercado de carbono más justo y sostenible” y “una oportunidad única para fortalecer nuestras iniciativas y asegurar que los beneficios del mercado de carbono lleguen a todos los rincones del país”. Su director Francisco Ocampo dijo a esta alianza periodística que el comité de ética del gremio decidió esperar la decisión de la Corte y que “se debe cumplir con el fallo en todas sus consideraciones”. No respondió si los cuestionamientos del tribunal a sus tres afiliados Masbosques, Ruby Canyon y Cercarbono significan que ese comité les abrirá un caso.

Al final, que se fortalezca esa oportunidad que describen tanto la demandada Masbosques como el gremio Asocarbono dependerá de que las empresas del sector y el Estado colombiano resuelvan los problemas que la Corte Constitucional identificó en el mercado voluntario de carbono y cumplan su recomendación de “adoptar un enfoque étnico que reconozca y respete los derechos de los pueblos indígenas”.

 

Carbono Gris es un proyecto liderado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) sobre cómo está funcionando el mercado de carbono en América Latina, en alianza con Mongabay Latam, La Silla Vacía, Rutas del Conflicto y La Liga contra el Silencio, con apoyo del Rainforest Investigations Network del Centro Pulitzer.

 

 

 

Actualizado el: Lun, 07/15/2024 - 11:46

Caucasia es la ciudad más grande del Bajo Cauca, una subregión del departamento de Antioquia, en el noroccidente de Colombia, que es la principal zona aurífera en el país. Allí es común que sus habitantes eviten entregar sus datos personales en supermercados y otros comercios por el temor de que sean utilizados para blanquear toneladas de oro extraídas ilegalmente.

En medio de un calor que supera los 30 grados, al borde del río Cauca, el segundo más grande de Colombia, casi todo en Caucasia gira en torno al oro. Desde el zapatero hasta el que vende autos se beneficia de la minería. Puede que no trabajen en esta actividad, pero sus clientes sí. Hay esquinas repletas de casas de compraventa y sitios turísticos que recalcan la identidad del caucasiano como barequero, como se le llama en la zona a los mineros artesanales, aquellos que usan maquinaria rudimentaria y viven del día a día. 

Monumento en Caucasia dedicado a los barequeros/Créditos: Comisión de la Verdad

Un complejo entramado de grupos ilegales con vínculos en las entidades públicas locales han usado los datos de miles de personas de esta zona para hacerlos pasar como barequeros, ya que el gobierno colombiano permite que estos mineros artesanales comercialicen hasta 420 gramos de oro anuales. Así, toneladas de oro extraídas ilícitamente terminan legalizadas en las calles de Caucasia, al igual que en otras regiones, en un país que registra desbalance entre lo que produce y exporta.

La investigación transfronteriza ‘Dorada opacidad’, reveló una diferencia de 58,91 toneladas de oro entre lo producido y exportado en Colombia, entre 2013 y 2023.  Si se amplía el análisis desde 2012, es decir un año más, el desbalance llega a 69 toneladas.

Entre 2012 y 2023, Colombia produjo 626 toneladas y exportó 695, según la Agencia Nacional de Minería (ANM) y la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). Por su parte, en el Bajo Cauca se extrajo 160 toneladas, lo que representa el 25,5% de lo producido en el país. Es tan amplio el porcentaje que, comparándola con el Chocó, el segundo departamento que más oro reporta con 125,8 toneladas, esta subregión lo supera por 34,2 toneladas.

En años recientes cambiaron las cifras de volúmen de explotación en Bajo Cauca, lo que refleja las problemáticas que orbitan alrededor del metal precioso  en Colombia y muestra la incapacidad de las instituciones para seguirle el ritmo al crimen organizado. 

 

Mapa del Bajo Cauca / Ilustración: Rutas del Conflicto

Legalización del oro

El Bajo Cauca está conformado por seis municipios: Nechí, Tarazá, Cáceres, Zaragoza, Caucasia y El Bagre . Históricamente, este último ha sido el lugar en que más oro se extrae en Colombia, pero según los datos de la Agencia Nacional de Minería (ANM) la tendencia ha cambiado.

Desde 2019, Caucasia reporta más extracción que El Bagre. En 2023 produjo 5,35 toneladas de oro más, convirtiéndo a Caucasia en el sitio con mayor volumen de explotación en Colombia, de acuerdo con las cifras de la ANM. “No es probable que Caucasia produzca más oro que El Bagre porque este último tiene las mayores reservas de la subregión y es donde se concentra la extracción legal e ilegal”, afirma Carlos Zapata, presidente del Instituto de Capacitación Popular (IPC), organización que investiga, capacita y lidera procesos sociales en Antioquia y el Bajo Cauca.

La conclusión del experto es clave porque muestra que el Estado colombiano sigue fallando para detener el ‘lavad0’ de la extracción ilegal de oro en la principal ciudad del Bajo Cauca. El director del IPC dice que el oro que se está comercializando en Caucasia proviene de otros lugares, lo que genera el aumento de las cifras de producción que reporta la ANM. Zapata sostiene que Caucasia, al ser la capital urbana y comercial de la subregión, es donde hay más casas de compraventa, mejores pagos por el oro y entramados criminales dedicados a la legalización de minerales extraídos de forma ilícita, lo que permite el blanqueamiento de capitales.

Un ejemplo que explica la razón de los desbalances e inconsistencias de las cifras ocurrió hace dos años. En febrero de 2022 fue capturado alias ‘Robert’, también conocido como el “rey del oro”, según la Policía Nacional de Colombia. En el 2000 trabajaba como jornalero en minas ilegales en el Bajo Cauca y presuntamente 20 años después conformó la mayor organización conocida  -hoy desmantelada- en el país, dedicada a la falsificación de certificados de mineros de subsistencia para legalizar y exportar oro de origen ilícito. La Policía comunicó en diciembre de 2021 que esta sociedad habría comprado y comercializado oro extraído de manera ilícita de los municipios de Caucasia, Zaragoza, El Bagre, San Roque, Remedios (Antioquia) y Quibdó (Chocó).

Alias ‘Robert’ supuestamente le compró a varias alcaldías de Antioquia y Chocó bases de datos de personas inscritas en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN), por aproximadamente 100 millones de pesos (25 mil dólares aproximadamente), de acuerdo con la Policía. El SISBEN clasifica a los ciudadanos de acuerdo a sus condiciones de vida e ingresos, por lo que en estos registros hay una gran cantidad de datos personales debido a que son necesarios para focalizar la inversión social en quienes más lo necesitan.

El “rey del oro” habría falsificado los certificados del Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom) de al menos 5.000 personas, a pesar de que muchos no tenían nada que ver con la minería. Muchos terminaron reportados como deudores morosos ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

A través de estas maniobras, esta organización habría exportado legalmente a través de múltiples empresas fachadas (de las cuales la policía no publicó más detalles) cerca de ocho toneladas de oro a Estados Unidos, India y Emiratos Árabes por 276 millones de dólares. La Policía explicó que el metal precioso explotado ilícitamente en Antioquia era transportado vía aérea hacia las comercializadoras de Medellín, la capital del departamento, y de ahí se enviaba a ciudades como Miami y Nueva York. Hasta el momento no ha habido condenas en este caso.

Fallas legislativas

En 2012, a través del Decreto 2637, los ministerios de Minas y Hacienda crearon el Rucom. Esta medida busca que aquellos que compran y venden metales preciosos como el oro y otros materiales, estén inscritos en este sistema. En 2016, el Ministerio de Minas encontró que de los más de 100 mil barequeros inscritos, ocho mil no existían o estaban muertos. Debido a estas irregularidades, en febrero de 2017 se expidió la Resolución 40103 que establece el límite de comercialización para los mineros de subsistencia con un total de 35 gramos mensuales y 420 anuales. Sin embargo, esta medida no ha logrado detener la legalización del oro ilícito y se han presentado casos como el de alias ‘Robert’.  

De acuerdo con los informes de la ANM de 2021 y 2022, los barequeros aportan la mitad del oro que produce Colombia. Hay 102.319 registrados en el Rucom, de los cuales el 44 % se concentra en el Bajo Cauca. 

Frédéric Massé, codirector de la Red de Monitoreo del Crimen Organizado en América Latina (Red Coral), dice que el interés del crimen organizado por el oro es debido a su legalidad y alto valor, convirtiéndolo en una gran fuente de lavado de activos. “Las organizaciones criminales falsifican los títulos mineros (que permiten explotar el suelo y subsuelo del Estado), los certificados de origen del mineral (que deben mostrar los explotadores autorizados para garantizar que la extracción fue legal), los registros de los mineros de subsistencia (que pueden comercializar 35 gramos mensuales) y la cantidad de oro extraído, entre otras cosas”, afirma el experto. 

Massé cuenta que el oro que es recogido por grandes retroexcavadoras ilícitas pasa a las plantas de beneficio que se encargan de obtener los minerales útiles. Después, el oro se dirige a las casas de compraventa y ahí las comercializadoras nacionales o internacionales obtienen el metal precioso y estas se lo venden a refinerías internacionales. 

Durante el proceso se suprime todo rastro de mercurio, que se utiliza para separar el oro de las rocas durante la extracción. El uso de este elemento está prohibido en Colombia para actividades mineras desde 2018 por la alta contaminación que genera. Si la ANM encuentra muestras del químico en el oro lo declaran ilegal, por lo que su eliminación es un paso clave en la legalización. 

Desde la época en que el narcotraficante Pablo Escobar era el capo más poderoso de Colombia se utiliza el oro para el lavado de activos, según el informe Debida diligencia en la cadena de suministros de oro colombiano, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Las grandes empresas

El informe “Minería Aurífera en Antioquia”, publicado en 2016 por la OCDE, explica que Antioquia es el principal centro de comercializadoras internacionales de oro y de fundiciones de Colombia. El documento señala que debido a la riqueza natural de esta región  y a las organizaciones criminales que se lucran de las operaciones mineras, uno de los riesgos que se presentan es “la generalización del lavado de dinero que involucra al comercio de oro y la corrupción que estas organizaciones generan”.

La Fiscalía ha investigado y acusado a las comercializadoras CIJ Gutiérrez y Goldex, dos de las empresas más grandes de Antioquia y Colombia ligadas a este negocio, por lavado de activos y exportación de oro de origen ilegal. CIJ Gutiérrez, según los datos proporcionados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), exportó 103 toneladas de oro a Estados Unidos, Suiza e Italia por 9.7 billones de pesos colombianos (3.999 millones  de dólares) entre 2012 y 2023.

La Fiscalía detuvo en 2019 a 11 trabajadores de la CIJ Gutiérrez por lavar 2,4 billones de pesos colombianos (7.272 millones de dólares al cambio de ese año). El ente acusador indicó que hubo un presunto carrusel de proveedores y subproveedores de oro que sirvieron de fachada para ocultar el presunto origen ilícito del mineral y que las exportaciones les permitió lavar activos. 

Incluso, hay muertos que han aparecido como proveedores de oro de CIJ Gutiérrez.  En 2019 se hizo público que Luis Miguel Acosta Chima, habitante del Bajo Cauca que apareció en los registros de barequeros a pesar de que fue asesinado en 2016 por un sicario del Clan del Golfo, el grupo armado ilegal con mayor presencia en la subregión. Actualmente, la comercializadora está bajo toma de posesión por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que administra los bienes provenientes de actividades ilícitas. El caso de esta empresa sigue en juicio.

El escándalo de Goldex estalló en 2015 cuando la compañía era la mayor comercializadora de Colombia. Veinticinco personas fueron capturadas por lavado de activos relacionadas con esta compañía, según el  informe de gestión de la Fiscalía correspondiente a ese año. Además, el ente acusador señaló que supuestamente Goldex le compró 13 mil millones de pesos (3.2 millones de dólares) en oro al grupo criminal Los Urabeños, hoy conocidos como Clan del Golfo. 

El 28 de septiembre de 2022, el Tribunal Superior de Medellín ratificó la decisión del juez tercero penal del circuito especializado de Medellín que decretó la ruptura de la unidad procesal del caso de los investigados por lavado de activos que hacían parte de Goldex, entre los que está Jhon Uber Hernández Santa, quien era el representante legal. El juez tomó esta decisión debido a que son tantas las personas que hacen parte del proceso que esto ha generado demoras, por lo que consideró necesario dividir por grupos para poder ser más diligente con las determinaciones. Actualmente, CI Goldex SAS está en liquidación.  

La comercialización 

Un barequero de Caucasia que pidió la reserva de su identidad comentó a los reporteros  de esta alianza periodística que el oro es la fuente de ingreso más rentable y rápida que existe en Bajo Cauca. Además, la demanda es creciente por su alto valor en el mercado. En mayo de 2024, un gramo de oro en Caucasia se pagaba a 250 mil pesos (63 dólares aproximadamente), por debajo de la cotización del Banco de la República de Colombia que para el 7 de junio de 2024, marcó el precio promedio de 291 mil pesos (73 dólares).

 

 

 

Río Cauca, lugar que concentra la minería artesanal en Caucasia/Créditos: Juan Carlos Granados

El minero cuenta que generalmente aquellos que no están inscritos en Génesis, plataforma de la ANM que autoriza la comercialización del oro en el municipio, le piden el favor a alguien que sí tenga los papeles al día para que le venda el oro. Pero  en Caucasia no solo se mueve el metal precioso de este municipio. Según el barequero consultado, “aquí llegan personas de otros lados del Bajo Cauca e incluso de departamentos cercanos como la gente del sur del Bolívar porque cualquier comerciante quiere vender su producto donde mejor le paguen”, afirma.

Además, el barequero señala que uno de los grandes problemas que existe en el tema de la comercialización del oro es que los certificados que expide la ANM son municipales, lo que significa que si alguien está registrado en la Alcaldía de Caucasia sólo puede vender allí. “Los barequeros no pasan más de una semana en el mismo lugar y trabajan por distintas zonas del Bajo Cauca, por lo que se debería pensar en algo regional porque las dinámicas son distintas a lo que reportan las entidades”, sostiene.

 

En abril de 2024, como parte de los diálogos entre el gobierno de Gustavo Petro y los mineros del Bajo Cauca, se abrió un punto de atención de la ANM en Caucasia/Créditos: Juan Carlos Granados.

En la comercialización, las casas de compraventa juegan un papel clave, como en el caso de alias ‘Robert’, cuyo primer gran negocio fue un establecimiento de este tipo en Caucasia, según la Policía. Se supone que estos locales deben estar registrados y deben comprarle oro únicamente a aquellos que tengan el certificado de autorización, pero la realidad es otra. 

En respuesta a un derecho de petición, la UPME le compartió a esta alianza periodística el documento “Identificación y caracterización de las unidades básicas de beneficio aurífero en 261 municipios”, en el que se detalla que en El Bagre funcionaban 24 casas de compraventa de oro en 2016, de las cuales 20 de estas estaban inscritas en el Rucom. En Caucasia hallaron 23 compraventas que no estaban dentro del inventario de la Alcaldía. 

Zapata explica que en varias de las compraventas, con ayuda de funcionarios de las alcaldías y organizaciones criminales, tienen un censo de personas a las que le adjudican el oro ilegal. El presidente del IPC cuenta que a los que prestan su permiso de venta les dan entre 80 mil o 120 mil pesos (20-30 dólares), dependiendo de la zona, y otros no saben que están registradas en el Rucom. “Se acercan a la gente de las veredas y les dicen que les van a dar un subsidio. Entonces, así les cargan el oro mensualmente después de inscribirlos en el sistema minero”, dice el investigador. 

Esta alianza periodística habló con el encargado de una compraventa de Caucasia, quien  afirmó que es muy complejo saber de dónde proviene el oro que la gente comercializa en la región. Agregó que en ocasiones, cuando los estantes están vacíos, su “patrón” le envía joyas refinadas desde Medellín para venderlas en el municipio.

La oficina de Génesis, plataforma de la Agencia Nacional de Minería (ANM), de Caucasia asegura que entre enero y abril de 2024 se acercaron 130 personas interesadas en realizar el proceso de inscripción para el que se requiere la cédula, el Registro Único Tributario (RUT) y los papeles del SISBEN. 

El informe “Debida diligencia en la cadena de suministros de oro colombiano: perspectivas generales”, elaborado en 2016 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), dice que los programas de formalización no harán que el oro esté libre de criminalidad automáticamente debido a que las mafias incentivan la reglamentación de pequeños mineros para tener control sobre ellos y obtener títulos legales de explotación. 

El presidente del IPC dice que hay funcionarios públicos que juegan un papel importante en el negocio porque hacen parte de las mafias. En 2016, la Policía desmanteló una banda dedicada a la minería ilícita y entre los detenidos estaba Jimmy Alexander Villegas, ayudante del despacho de la Alcaldía de El Bagre que además era el representante legal de la comercializadora Hayer Gold, compañía que solo existía en papeles. En octubre de 2023, fue capturado Marlon Arley García Contreras, inspector de Policía de Nechí. Según la Fiscalía, García se encargaba de devolver irregularmente la maquinaria incautada a una estructura ilegal que extraía oro en El Bagre, Caucasia y Nechí. 

Las regalías del oro

Otra de las inconsistencias son las regalías que cada municipio ha recibido. De acuerdo con la ANM, dependiendo del volumen de explotación que reporte cada lugar se le asignará mayor o menor cantidad de dinero. Entre 2012 y 2023 El Bagre fue el municipio con mayor producción, pero Caucasia ha sido el que más regalías ha recibido en este periodo de tiempo. 

A pesar de que El Bagre reporta casi 11 toneladas por encima de Caucasia entre 2012 y 2023, a este último municipio le llegaron 117 mil millones de pesos más en regalías (aproximadamente 30 millones de dólares). En medio de todo este dinero, el 30% de las familias del Bajo Cauca viven en condición de pobreza y el 12% en pobreza extrema. 

En una sentencia del Tribunal Superior de Medellín, se relata que Salvatore Mancuso, excomandante de los paramilitares, contó que entre 2001 y 2004 hubo un robo de las regalías del oro coordinado entre contrabandistas del metal precioso, alcaldes y ‘paras’. Entre las zonas en las que se realizó esta práctica fraudulenta estuvo el Bajo Cauca, según Mancuso.

Narcotráfico y grupos armados

El IPC ha detectado una forma específica en que los narcotraficantes del Bajo Cauca blanquean su dinero por medio del oro. El documento “Retos para construir la paz territorial”, elaborado por este centro de investigación, relata que las organizaciones criminales de la subregión envían cocaína al exterior, les pagan en dólares, pero ese dinero no lo pueden ingresar al sistema financiero. Entonces, explotan oro ilegal que después es legalizado y exportado. Tras esto, compran ese mismo oro, lo importan y de esta manera ya pueden utilizar la plata en el mundo lícito. El IPC señala que detrás de esta estrategia se encuentran mafias colombianas, brasileñas y mexicanas. 

Todos los movimientos ilegales que se realizan en la subregión del Bajo Cauca son coordinados, supervisados o aprobados por el llamado Ejército Gaitanista de Colombia, más conocido como Clan del Golfo, el mayor grupo ilegal del país que tiene sus orígenes en el paramilitarismo de la década de los noventa. “En Caucasia todos los negocios le pagan vacuna a esta organización porque son los que tienen el monopolio de las armas y no el Estado”, dice una fuente en el territorio. 

Zapata relata que el Clan del Golfo también extorsiona a todos los que hacen minería en el Bajo Cauca. “Cobran entre dos a tres millones de pesos (500 - 750 dólares) para el ingreso de maquinaria amarilla ilegal, cinco a 10 millones (1.250 - 2.500 dólares) a los grandes retroexcavadoras por su operación, a los barequeros les cobran entre 50 y 100 mil pesos (12.5 - 25 dólares) para que puedan acceder a tierra y realizar su proceso de extracción”, sostiene el investigador. Además, el presidente del IPC explica que este grupo armado presta “servicios de vigilancia y protección violenta” desde la extracción hasta la legalización y comercialización del oro en Bajo Cauca. 

Actualizado el: Jue, 08/21/2025 - 11:02