Desde el 2017, el pueblo indígena sikuani ubicado en La Cristalina, zona rural del municipio de Puerto Gaitán, Meta, mantienen una disputa por la tenencia de la tierra con una comunidad religiosa menonita y empresas privadas que ahora han instalado sus proyectos agropecuarios en un suelo ancestral para ellos.

La confrontación tuvo su génesis cuando unas 30 familias menonitas llegaron a la zona rural de Puerto Gaitán comprando fincas, al punto que hoy tienen más de 38 000 hectáreas de tierras y han instalado un megaproyecto agroindustrial de soya y maíz, que se ha convertido en un obstáculo más para los indígenas que intentan recuperar su territorio y sus sitios sagrados.

Esta controversial situación a la que Mongabay Latam y Rutas del Conflicto le hacen seguimiento desde hace un par de años tuvo un nuevo capítulo los pasados días 12 y 13 de junio, cuando se ejecutó un operativo policial que pretendía desalojar a los indígenas de la comunidad de Barrulia, pues la comunidad menonita insiste en que los sikuani estaban establecidos dentro del predio Los Cocuyos que, según ellos, les pertenece.

De acuerdo con el portal Verdad Abierta, este proceso fue llevado a cabo por la policía y funcionarios de la Alcaldía de Puerto Gaitán. La comunidad de Barrulia prefirió evitar confrontaciones con la Fuerza Pública y vieron cómo las casas de 170 familias fueron arrasadas por maquinaria pesada.

En el territorio se han establecido cercas y portones de acceso con vigilancia, una situación que se suma a los problemas que se vienen generando desde hace una década, pues las zonas donde se han asentado las comunidades indígenas retornadas se encuentran en varios predios que están en manos de la comunidad menonita, aunque estos eran baldíos de la Nación.

“Nos han prohibido y molestado en el portón. Después de las 8 de la noche no podemos entrar. A la madrugada sacan perros grandes, los sueltan y ya nos han hecho algunos daños”, dice Alexander Álvarez, gobernador de la comunidad Iwitsulibo.

Esta situación fue verificada por el equipo periodístico de Mongabay Latam y Rutas del Conflicto, pues al momento de intentar ingresar a las zonas donde están asentados los indígenas, una persona de vigilancia se negó a abrir la talanquera.

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Seguridad e integridad en riesgo

Según los sikuani, debido a las denuncias que han hecho por acaparamiento irregular de sus tierras, la seguridad de sus comunidades ha empeorado y varios de sus líderes han recibido amenazas.

Un líder indígena, que prefirió no dar su nombre por temor a represalias, relata que la seguridad privada en la zona va más allá de vigilantes en las entradas. El líder asegura que en el territorio hay casas en las que se encuentran hombres armados y que, en algunos de los intentos de desalojo por parte de la Fuerza Pública, han visto cómo hombres con armas y sin uniforme que los identifique, han apoyado estas acciones.

“Nosotros somos pueblos indígenas que no tenemos frontera a donde llegamos. Por eso solicitamos esta tierra, porque queremos vivir en paz y en tranquilidad dentro del territorio”, dice el líder indígena amenazado, y añade que por esta situación su movilidad en la zona es compleja, pues ya no puede entrar o salir del territorio y debe moverse en diferentes motos para evitar que lo identifiquen.

Mongabay Latam y Rutas del Conflicto se comunicaron con la policía del Meta y desde su oficina de comunicaciones advirtieron que no tenían conocimiento sobre estas acusaciones. También se buscó a la Alcaldía para un pronunciamiento por parte de alguno de sus funcionarios, pero hasta el momento de publicación de este reportaje no se obtuvo respuesta.

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Degradación ambiental a la orden del día

Durante varios recorridos realizados por este equipo periodístico fue común encontrar cómo los paisajes de sabana con morichales y bosques de galería, repentinamente se transformaban en llanuras interminables que se encuentran aradas, sembradas y con una infraestructura organizada para recolección, almacenaje y distribución de cosechas a escala industrial.

Los líderes indígenas señalan que los bosques de la zona, en la visión del proyecto menonita, son un impedimento para los planes agroindustriales de soya y maíz. “Nosotros no dañamos. Una vez le dije a un señor blanco que nosotros usamos una o media hectárea donde cultivamos, no como ellos que siempre cultivan a gran escala”, cuenta Edminson Gaitán, capitán de la comunidad sikuani de Mataborracho.

“Lo que estamos informando a las diferentes entidades es que toda esa deforestación ya casi llega al caño Chavilonia y tiene un impacto ambiental negativo. Cormacarena [autoridad ambiental en la zona] dice que no más deforestación, pero a esa gente no le dice nada”, cuenta Gilberto Cariban, representante indígena de la comunidad de Barrulia, mientras que a sus espaldas un joven menonita maneja un tractor que ara la tierra para establecer una nueva zona de cultivo.

Las problemáticas ambientales son de pleno conocimiento de la Gobernación del Meta, la Fiscalía General de la Nación y Cormacarena. Desde 2021, esta última entidad lleva nueve procesos investigativos por degradación ambiental en contra de la comunidad menonita, los cuales incluyen actuaciones de deforestación de árboles nativos centenarios y quemas a cielo abierto en 155 hectáreas de los predios Liviney, Campo Alegre, La Potranca, La Florida, La Chaparrera, La Negra y El Rosario.

También existe otro proceso de Cormacarena ante el señalamiento de que la comunidad menonita, dentro del predio Manoa, realizó la exploración de aguas subterráneas y construyó un pozo para captar estas aguas sin el permiso de la autoridad ambiental.

Estos procesos, además, incluyen acusaciones por la desaparición de bosque para la construcción de dos puentes vehiculares que suman cerca de 30 metros de largo y un mal manejo de escombros en esas obras que, según el pueblo indígena sikuani, son irregulares y habrían contaminado el caño Chavilonia.

Sin embargo, hasta el momento Cormacarena no ha emitido una decisión final sobre los nueve expedientes, a pesar de que, como comprobó este equipo periodístico, es evidente la expansión de los terrenos agrícolas, la apertura de vías, algunas de ellas pavimentadas, y la construcción de puentes vehiculares en medio del bosque.

Mongabay Latam y Rutas del Conflicto intentaron en varias oportunidades obtener el testimonio de miembros de la comunidad menonita. Algunos de ellos manifestaron telefónicamente que darían su versión sobre las acusaciones de los indígenas sikuani, pero luego de esto no fue posible establecer comunicación nuevamente.

También se buscó respuesta por medio de sus representantes legales, quienes vía chat aseguraron que sólo se pronunciarán sobre estas denuncias en caso de que las autoridades competentes lo soliciten.

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La situación jurídica de la tierra en conflicto

La violencia llegó al territorio de los sikuani, en el municipio de Puerto Gaitán, a mitad del siglo XX. Las guerrillas liberales del llano, lideradas por el comandante Guadalupe Salcedo, provocaron los primeros desplazamientos forzados de la comunidad.

A estas tierras “desocupadas” fueron llegando colonos que iniciaron el cercamiento de extensas zonas para la ganadería y agricultura, lo que transformó la dinámica del territorio y generó conflictos por la posesión de la tierra entre los recién llegados y los pueblos indígenas.

En su momento, los nuevos colonos organizaron las llamadas “guahibadas”, que no eran más que misiones de cacería contra los indígenas reclamantes en la década de los setenta. Los indígenas que sobrevivieron abandonaron su tierra y se desplazaron mucho más al oriente, principalmente hacia el departamento de Vichada.

Varias décadas después, el Gobierno nacional publicó el decreto 2333 de 2014, en el cual ordenó medidas de protección provisional para los territorios ancestrales frente a procesos de despojo, desalojo e intervención de terceros con interés en esas tierras.

Con esta noticia, una nueva generación de indígenas sikuani, quienes habían escuchado de esta tierra por parte de sus padres y abuelos, emprendieron el retorno al territorio con la esperanza de recuperarlo. Ese fue el caso de Alba Rubiela Gaitán, autoridad tradicional y gobernadora del pueblo Barrulia, y una de las primeras personas que llegó a la zona.

“Cuando nosotros llegamos, la intención era recuperar el territorio ancestral donde habitaron mis abuelos y mi papá. Llegamos contentos porque íbamos a recuperar nuestro territorio, porque hay muchas evidencias de sitios sagrados aquí”, cuenta Gaitán.

Su alegría pronto desapareció. La incertidumbre y las disputas han venido aplazando sus deseos y el cumplimiento de las órdenes contenidas en un decreto que ya tiene 10 años de expedido, pero que sigue sin ser una realidad para los sikuani.

El territorio en el que se establecieron 135 familias indígenas no era el mismo de las historias de sus abuelos, y los sikuani se dividieron en pequeñas comunidades lideradas por capitanes. “Nosotros nos criamos en el Vichada, pero hace unos años el hijo de Ramón Gaitán, nuestro principal ancestro, nos recordó que allá [en Puerto Gaitán, Meta] hay una tierra que nosotros no vendimos y tocaba recuperar ese territorio. Cuando regresamos, esto ya estaba lleno de terceros”, recuerda Jairo Ortíz, capitán de Barrulia.

Camilo Niño, secretario técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), dice que hasta el momento los sikuani se han enfrentado a ocho desalojos y detalla que en 2017 presentaron una tutela ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT) con la pretensión de garantizar sus derechos fundamentales, como el derecho a la tierra y a la soberanía alimentaria.

Sin embargo, las respuestas que han obtenido hasta el momento no han sido satisfactorias. “El estudio jurídico y de la tenencia de la tierra, que es un análisis previo para sustentar la decisión de la resolución (decreto 2333 de 2014), dice que no pueden reconocer a los sikuani porque esta comunidad no ha ejercido una ocupación continua en el tiempo e histórica en el territorio”, señala Niño.

La CNTI no está de acuerdo con este argumento y asegura que desde 1950 existen vestigios de que los sikuani estaban asentados en ese territorio y que fueron despojados en 1970. Además, según la organización, se ha desconocido que se trata de un pueblo indígena de carácter seminómada.

A pesar de todos los obstáculos, aún hay esperanza para los sikuani. La ANT, a través de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), le entregó provisionalmente a la comunidad de Tsabilonia 9168 hectáreas que se encontraban en proceso de extinción de dominio, según dice Ramón Estrada, gobernador de esta comunidad.

Esta noticia llegó después de varios años de gestiones y peligros, pues Estrada denuncia que fue víctima de un desalojo arbitrario y violento en el que la Fuerza Pública quemó su vivienda y las de su familia y amigos.

“En esta zona estaba la comunidad, los árboles de bambú y de mango que mi papá sembró hace años. Yo retorné en el 2020 y construimos las casas en el mismo sitio, pero ya quedan pocos rastros porque ellos le metieron candela y me dejaron en un desierto”, recuerda el gobernador Estrada, mientras camina por los restos de su antiguo hogar. Las más de 9000 hectáreas que les otorgó la ANT son un aliciente para la comunidad de Tsabilonia, pero asegura que buscan el reconocimiento de otras 7000 hectáreas.

“Si fuéramos reconocidos como resguardo indígena, y tuviéramos la resolución, podríamos tener proyecciones en temas de educación y presentarnos a diferentes instituciones con diferentes proyectos que tenemos en mente”, dice William Estrada, capitán de la comunidad Tsabilonia.

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Agua contaminada, falta de comida y sitios sagrados destruidos

“Cuando ellos [menonitas] tienen el cultivo, fumigan con el glifosato para matar la maleza o ‘calean’ para quitar la acidez de la tierra. Todo eso llega al agua de los caños que atraviesan la zona y la contaminan. Esa agua es la que terminamos consumiendo”, afirma Gilberto Cariban, de la comunidad de Barrulia.

Según Alexander Álvarez, gobernador indígena del territorio sikuani de Iwitsulibo, no tienen otra opción de consumo de agua, pues no cuentan con otra fuente para satisfacer sus necesidades. “Tenemos afectaciones en la salud de las personas. Uno lleva a los niños allá al cañito a bañarlos y al otro día amanecen con brotes, diarreas, fiebre”, afirma Álvarez.

Sobre este asunto, José Santos Vilariño, asesor de la organización indígena sikuani de Unuma, manifiesta que aún no existen estudios o evidencia científica que muestre la relación entre la contaminación del agua con agroquímicos y la aparición de diarrea y afecciones en la piel, pero es evidente que los herbicidas e insecticidas para los cultivos terminan cayendo en los caños de donde los sikuani obtienen el agua para beber y bañarse.

Santos asegura que la siembra se dificulta en esta región orinocense dada la acidez del suelo, por lo que la comunidad menonita debe utilizar muchos productos químicos que contaminan no sólo el agua sino a los peces que son su fuente principal de alimentación.

Alba Rubiela Gaitán agrega que aún quedan algunas plantas medicinales en su territorio, pero son insuficientes para tratar las dolencias, por lo que han tenido que recurrir a la medicina occidental: “Los dolores que se curaban con preparaciones naturales ahora se solucionan con ibuprofeno”.

Los indígenas sikuani también aseguran que la creciente deforestación para los monocultivos ha ahuyentado a los animales que durante generaciones les han servido de alimento. “Mis compañeros que salen a cacería o a pescar ya no encuentran nada por el mismo olor del veneno y el ruido de todas las maquinarias. Ya no se ve nada por ahí de la caza y la pesca. Eso es lo que nos afecta a nosotros”, afirma Gaitán.

Además de la contaminación del agua, de la pérdida del bosque y los animales que cazan, a los sikuanis les preocupa la desaparición de sus cementerios, así como de sus lugares sagrados y de rituales. De estos sitios prácticamente ya no quedan rastros.

“Por las actividades del hombre blanco ya ni reconocemos y no podemos localizar muchos de nuestros sitios sagrados. Las lagunas y el cañito ya se ven muy diferentes a lo que nos contaban”, recuerda Wilfredo Gálvez, capitán de la comunidad de Barrulia, mientras camina por uno de los pocos sitios sagrados a los que aún tienen acceso libre.

La pérdida de árboles en la zona prácticamente ha llevado a la desaparición de una especie conocida como Yopo (Anadenanthera peregrina), un árbol que tiene una fuerte carga simbólica para los sikuani, pues de él obtienen insumos para conectarse con su entorno, así como medicina ancestral para sus enfermedades y alimento.

“Los menonitas nos están acabando la medicina que usamos para el malestar, dolor de cabeza, de muelas, para picaduras de culebra. Además, el yopo siempre lo hemos usado para tener contactos con la Madre Tierra, para estudiar enfermedades, el clima y el tiempo de siembra”, advierte Brayan Aldana, otro de los capitanes de la comunidad de Barrulia.

Wilfredo Gálvez asegura con voz firme que su pueblo no quiere sacar a los nuevos vecinos, pero sí esperan que las autoridades pongan un límite al territorio y liberen a las comunidades indígenas del arrinconamiento en el que se encuentran.

*Imagen principal:  Extensas llanuras para el cultivo de maíz y soya, acompañados de nuevas vías son el paisaje en el territorio en disputa. Foto: Rutas del Conflicto/Mongabay Latam.

**Este reportaje es una alianza periodística entre Mongabay Latam y Rutas del Conflicto de Colombia.

Actualizado el: Jue, 07/04/2024 - 09:20

Las sabanas de la Fuga, un corredor que se extiende en la selva amazónica del norte del departamento de Guaviare, a lo largo del río del mismo nombre, era un camino frecuente para comunidades nukak que se movían libremente desde hace siglos como parte de su forma de vida nómada. Todos estos terrenos ahora están cercados, como marca de una intensa colonización, y se convirtieron en barreras para el tránsito ancestral de este pueblo indígena.

En medio de la sabana, en la vereda Cerro Negro del municipio de San José del Guaviare, muy cerca del sector de Charras y del borde norte del Resguardo Nukak, en una zona protegida por sus condiciones ambientales, se levantan cerca de 90 hectáreas de palma aceitera que rompen el paisaje desde hace al menos ocho años. Todo esto en una zona en la que ha aumentado la presencia de grupos ilegales que surgieron después de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Fotografía aérea del cultivo de palma en el borde norte del resguardo Nukak. Foto: Cortesía.

Las sabanas de la Fuga, un corredor que se extiende en la selva amazónica del norte del departamento de Guaviare, a lo largo del río del mismo nombre, era un camino frecuente para comunidades nukak que se movían libremente desde hace siglos como parte de su forma de vida nómada. Todos estos terrenos ahora están cercados, como marca de una intensa colonización, y se convirtieron en barreras para el tránsito ancestral de este pueblo indígena.

En medio de la sabana, en la vereda Cerro Negro del municipio de San José del Guaviare, muy cerca del sector de Charras y del borde norte del Resguardo Nukak, en una zona protegida por sus condiciones ambientales, se levantan cerca de 90 hectáreas de palma aceitera que rompen el paisaje desde hace al menos ocho años. Todo esto en una zona en la que ha aumentado la presencia de grupos ilegales que surgieron después de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La existencia del cultivo fue señalada por varios medios de comunicación en el 2020 y, aunque no ha crecido desde entonces, persiste. Según organizaciones ambientales y personas que han visitado la zona, está en plena cosecha. Fuentes consultadas para esta investigación alertan sobre la posibilidad de que el fruto de estas palmas sea procesado en plantas de extracción cercanas, a pesar de que el cultivo se encuentra en una zona protegida ambientalmente por la Ley Segunda de 1959, por lo que la agricultura está prohibida.

Mongabay Latam había reportado en octubre de 2020 la existencia de este cultivo que, además, está muy cerca de una plantación de eucalipto. De acuerdo con una organización que monitorea ambientalmente la zona, pero prefiere mantenerse en el anonimato, las denuncias públicas que se hicieron en ese momento lograron detener la expansión de cultivos que amenazaban con entrar al resguardo Nukak. “Todo lo que se publicó hace unos años, creo que ayudó a frenar el crecimiento del área sembrada. Lo que sí sabemos es que la palma ya está madura y están sacando la pepa para la producción de aceite”, explica un vocero de la organización.

 

Mapa del monitoreo de la palma y el eucalipto en la zona en 2022.

¿Dónde se procesa el fruto de la palma?

Según un investigador que ha seguido el avance de la palma a través de una organización que monitorea la zona, y que se reserva su nombre por cuestiones de seguridad, los cultivos comenzaron entre 2016 y 2018, pero por las características del suelo, que no es apto para esta producción agrícola, solo hasta ahora, casi ocho años después, se obtiene la cosecha. “Cuando se retira el fruto de la planta, sólo se tienen 24 horas para procesarlo porque se oxida muy rápido, por lo que creemos que deben llevarla a una de las plantas extractoras que hay en la región, para sacarle provecho”, dice.

El investigador señala que a pesar de las directrices desde la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma) para que no se procese fruto producido en zonas de protección ambiental del Guaviare, es posible que el producto de la cosecha termine en las plantas a través de terceros. “Puede pasar que el dueño de estos cultivos lleve la pepa y la venda, o use a otros productores para conseguir que se procese la cosecha en las plantas de procesamiento”, señala.

En la actualidad no existen extractoras de aceite de palma en el departamento del Guaviare, pero sí al otro lado del río Guaviare, en el departamento del Meta. Según registros de Fedepalma, cerca existen dos plantas de procesamiento. La primera pertenece a la empresa Poligrow y se ubica en el municipio de Mapiripán, justo al otro lado del río. La segunda es propiedad de Cimarrones SAS y se encuentra en el casco urbano del municipio de Puerto Rico, en la carretera que conecta a San José del Guaviare con Villavicencio.

Rutas del Conflicto y Mongabay Latam contactaron a Poligrow para consultarle si en su planta de extracción procesan frutos de otras empresas o personas, y qué protocolos tienen para evitar que lleguen cosechas de sitios prohibidos. Carlo Vigna Tagliante, director general de la compañía, señaló que Poligrow tiene varias certificaciones internacionales, entre ellas la principal a nivel mundial —la que entrega la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por sus siglas en inglés)— que garantizan que todos sus procesos son sostenibles y que se conoce la trazabilidad del 100 % de la palma que es procesada en su planta de Mapiripán.

Vigna Tagliante dijo que constantemente realizan monitoreos satelitales para revisar que en el entorno de su planta de extracción no haya deforestación relacionada con cultivos de palma. Agregó que Poligrow solo tiene cuatro proveedores y que la mayor parte del fruto que procesa proviene de los predios que tiene la misma compañía en Mapiripán.

Cuando se le preguntó por las medidas aplicadas para garantizar que la cosecha de la palma sembrada en el Guaviare no termine en su planta extractora a través de sus proveedores, Vigna señaló que el 95 % de los vehículos que llevan los frutos son de Poligrow y el 5 % restante de una empresa de transporte. También indicó que, en todos los casos, la empresa tiene un estricto control sobre este transporte, en el cual se registra el lote y el sector de origen. “Tenemos conocimiento de esta palma que desde hace algunos años se sembró allí, en el Guaviare, en un área que no es apta para siembra, porque es Ley Segunda de reserva forestal”, dijo el director general de Poligrow y añadió que, por política interna, lo que se produzca allí no puede ser parte de lo que ofrecen los proveedores de la empresa.

Esta alianza periodística buscó a los directivos de la procesadora de palma propiedad de la empresa Cimarrones SAS, ubicada en Puerto Rico, a dos horas de San José de Guaviare, pero no obtuvo respuesta. Se envió un correo electrónico a la dirección de contacto que aparece en su página web y en su registro de Cámara de Comercio, también se llamó insistentemente al teléfono que aparece en varias bases de datos comerciales en Internet. Esta planta extractora pertenece a la empresa Agropecuaria Santamaría y aparece en un informe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) de Holanda y la organización Aid Environment, publicado en 2023, en el que se muestra que en el entorno cercano a la compañía, “entre 2011 y 2021 se identificaron 1466 hectáreas de deforestación y en el último año hubo 247 hectáreas de tierra quemadas muy cerca de la producción de aceite de palma”.

Un poco más al norte, por la carretera que conduce a Villavicencio y a menos de cuatro horas de San José del Guaviare se encuentra una tercera extractora. Esta pertenece a la Agropecuaria Rivera Gaitán, en Fuente de Oro, Meta, cuyo dueño es Reinel Gaitán Tangarife, conocido como ‘el Gurre’, un empresario palmero y político del partido Centro Democrático, cabeza de una familia con amplio poder en Meta y Guaviare, que fue capturado en 2022. Fue acusado de cohecho por, presuntamente, intentar sobornar a policías que intervenían en una explotación minera que sacaba materiales para la construcción de una carretera.

Plantas productoras de palma en el Meta, según Fedepalma. La número 1 es la planta de Cimarrones, la 19 de Poligrow y la 5 de Rivera Gaitán. Gráfico: Fedepalma.

 

El gremio critica la palma ilegal, pero el cultivo sigue en Guaviare

En los últimos años Fedepalma ha expresado públicamente, en diferentes documentos, su rechazo a los cultivos en zonas protegidas ambientalmente. Por ejemplo, en 2018, cuando comenzaron las denuncias de terrenos sembrados con palma en Guaviare, publicaron un comunicado de prensa reseñado por varios medios en el que señalaban que habían denunciado esta situación ante las autoridades. “Deforestar o cultivar palma en zonas no permitidas va en contravía de las políticas y los objetivos de la palmicultura colombiana enfocada al desarrollo sostenible”, dijo Jens Mesa Dishington, Presidente Ejecutivo de Fedepalma.

En el 2021, la federación de palmeros hizo público en varios eventos su programa de palma sostenible, en el que insiste en la protección ambiental, el respeto por comunidades que viven en las zonas de protección y los derechos humanos, así como garantías laborales para trabajadores y “esquemas de suministros responsables” que garanticen la trazabilidad de las materias primas.

Todos estos protocolos que muestra Fedepalma están enmarcados en la responsabilidad de las empresas, que deben garantizar que en su cadena de producción no se afecte ambientalmente el entorno ni las comunidades de la zona. Rutas del Conflicto y Mongabay Latam se contactaron con la oficina de comunicaciones de Fedepalma, pero no obtuvieron respuesta a la solicitud de una entrevista con un vocero de la organización.

Y es que en el pasado reciente del conflicto social y ambiental del país, se han presentado varios casos en los que empresas palmeras se han visto relacionadas con casos de acumulación de tierra que fue despojada a víctimas del conflicto y daños a los ecosistemas. Un ejemplo de estos hechos es el de varios empresarios que terminaron condenados por aliarse con paramilitares para despojar a una comunidad en Curvaradó, en el Chocó, a finales de los noventa, para montar un proyecto palmero en sus tierras.

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, en su informe Sufrir la guerra y rehacer la vida, señala varios casos en los que empresarios palmeros se vieron envueltos en violaciones de derechos humanos. Mongabay Latam recogió esta información en un artículo publicado en 2022 que da cuenta de los impactos ambientales señalados por la Comisión.

Fabián León, director para Colombia del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) —una organización internacional que hace seguimiento de la política y el desempeño en materia de derechos humanos de más de 10 000 empresas en más de 180 países—, señala que han documentado varios casos en los que las empresas han estado relacionadas con casos de violaciones de derechos humanos, abusos laborales y daño ambiental, como el mencionado anteriormente en Curvaradó.

León señala que, particularmente en los cultivos de palma cercanos a comunidades étnicas, hay un impacto social y laboral que afecta sus entornos culturales y económicos, que incluso ha estimulado en algunos casos la explotación sexual de niños indígenas. “En el caso de la Amazonía, la palma, la ganadería y la coca están asociadas a la deforestación. Se aprovechan de la poca regulación y control estatal en la zona y tienen un impacto fuerte en los ecosistemas. Los cultivos de palma no son bosques, tienen un alto consumo de agua y emplean agroquímicos”, explica León.

¿Quién es el dueño de la palma que bordea el resguardo Nukak?

Rutas del Conflicto y Mongabay Latam consultaron a una fuente de la Superintendencia de Notariado y Registro por la titularidad de las cerca de 100 hectáreas sembradas de palma, muy cerca del borde norte del resguardo Nukak en el Guaviare. Con un mapa construido en 2022 por una organización ambiental que realizó un monitoreo en la zona, se identificaron las coordenadas de 13 sectores para verificar si existen matrículas de propiedad de esos predios. La fuente de Supernotariado señaló que no hay ningún tipo de catastro ni de registro de propiedad en la zona y que estos son terrenos baldíos de la nación. Esta alianza periodística consultó a la oficina jurídica de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que confirmó los datos de la Superintendencia y agregó que, para abril de 2024, no existe ningún tipo de proceso de recuperación de baldíos en estos predios.

Según los investigadores consultados y el representante del resguardo Nukak, Joaquín Nijbe, la ocupación de estos predios tiene cerca de 25 años y el cultivo de la palma cerca de ocho años. Las fuentes señalan a políticos del departamento y a sus familiares como posibles dueños de la palma y la ocupación de los terrenos. 

Esta alianza periodística consultó a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA), la entidad encargada del control ambiental en la región, acerca de los procesos sancionatorios por el cultivo de palma en esta zona de protección ambiental. La directora de la entidad, Luisa Fernanda Raba, señaló que la CDA ha publicado documentos en los que señala las irregularidades, pero, al no tener la certeza de quiénes son los dueños de los predios, no se han concretado sanciones contra alguna persona en particular. 

Varios de los investigadores entrevistados expresaron que es inaudito que después de 25 años de ocupación de los predios, y casi una década de los cultivos, el Estado siga sin saber quiénes son los propietarios de este sembrío ilegal de palma.

Lo que sí es de público conocimiento es el interés de varios políticos del departamento para que se permita la siembra de palma de aceite en zonas de San José del Guaviare, como el sector de Charras. El exgobernador Nebio Echeverry, que tuvo su periodo de mandato entre 2016 y 2019, expresó públicamente en varias ocasiones sus propuestas para incentivar el cultivo de palma en el Guaviare. Por ejemplo, en un reportaje de los periodistas Daniel Pacheco y Angélica Latorre, publicado en 2019, se recogen varias frases públicas lanzadas por el entonces gobernador, señalando que “los campesinos del Guaviare se han antojado de la palma” y minimizando el impacto del área sembrada en el norte del Resguardo Nukak: “Eso nunca se deforestó ni se hizo desalojo ni despojo de tierras a nadie, creo yo. Yo conozco los sembríos, que son unas cincuenta, sesenta hectáreas. Eso tampoco es mucha”.

Otro líder político de la zona asociado con el apoyo a la idea del cultivo de palma en la zona de Charras es Jorge Gaitán González, conocido como ‘Coco’, el hijo del político y empresario palmero Reinel Gaitán, alias ‘el Gurre’ y mencionado anteriormente. ‘Coco’ era cercano al exgobernador Echeverry e incluso aspiró a la gobernación en 2019, según una investigación del portal Insight Crime publicada en el 2020. Como se explicó anteriormente, la familia Gaitán tiene extensos cultivos de palma en el departamento de Meta y una planta extractora en el municipio de Fuente de Oro.

En teoría, el terreno donde se encuentra el cultivo es baldío de la nación y cuenta con protección ambiental, pero el Estado no ha hecho nada por eliminar la palma del lugar. A pesar de los intentos, Rutas del Conflicto y Mongabay Latam no pudieron verificar quién o quiénes son los dueños de las cerca de 90 hectáreas que hoy se encuentran en cosecha en el Guaviare. 

El cultivo no se expande, pero el daño social y ambiental sí

Joaquín Nijbe, líder del pueblo nukak, cuenta que en el lugar en el que se encuentra la palma, sus ancestros solían transitar frecuentemente y recolectaban miel. Pero ya no pueden hacerlo. “Estuve el año pasado (2023) y ese cultivo está en buen estado. Muy cerca de la palma hay un sembrado de eucalipto más grande, que ya se metió al resguardo. Todo es grave, porque por ese lado también hay ganaderos y cultivos de uso ilícito, todo en una tierra que es nuestra”, cuenta el líder.

Y es que, aunque la palma no se haya extendido, el impacto socioambiental de la ganadería, sumado a los cultivos de palma, eucalipto y coca, han generado unas interacciones que prácticamente han expulsado a las comunidades indígenas de la zona. Dos de las principales comunidades nukak sobreviven fuera del resguardo, una en el asentamiento de Aguabonita, cerca del casco urbano de San José del Guaviare, y otra en la zona conocida como la ‘trocha ganadera’, cerca a Charras. Se abstienen de regresar a varios lugares de su territorio.

Un investigador independiente que conoce la zona, y que prefiere no publicar su nombre por cuestiones de seguridad, le contó a Rutas del Conflicto y Mongabay Latam que transitó a finales de 2023 por la carretera entre Charras y el poblado de Guanapalo, en las cercanías del cultivo de palma, en donde grabó un video que da cuenta de la situación. “El cultivo de palma está en buen estado y junto está un bosque enorme de eucalipto que se mete dentro del resguardo. La carretera está terrible porque para sacar esa madera meten camiones muy grandes”, cuenta.

 

Cultivo de eucalipto junto a la palma en el borde norte del resguardo. Video: investigador independiente.

La organización ambiental que monitorea la zona y que prefiere mantenerse anónima, le dijo a esta alianza periodística que, según su monitoreo, existen cerca de 300 hectáreas de eucalipto en este sector del borde norte del resguardo Nukak, muy cerca a la palma.  Rutas del Conflicto publicó una investigación en octubre de 2022 en la que muestra cómo históricamente se han construido carreteras en esa zona y cómo, durante la pandemia, se ampliaron para seguir adentrándose en el resguardo.

El investigador independiente señala que todo el corredor de La Fuga, entre el río Guaviare y el norte del resguardo indígena, pasó de ser una sabana con vegetación de transición entre la Orinoquía y la Amazonía, a ser un enorme potrero con pastos para la ganadería y con cultivos de palma y eucalipto. “Había muchos árboles conocidos como chaparros (Hieronyma alchorneoides) que eran importantes para varios pueblos indígenas y de eso casi no queda nada”, señala. 

La situación de orden público también ha empeorado en los últimos años por la fuerte presencia de grupos armados de las llamadas disidencias de las antiguas FARC que, debido al bajo precio de la base de coca, han decidido incrementar sus extorsiones. Incluso, a principios de abril de 2024, se presentó un ataque con explosivos que dejó dos soldados heridos del Batallón de Infantería de Selva N.° 19 General José Joaquín París Ricaurte del Ejército. “Tenemos mucho temor. Con la presencia de esos grupos, nosotros no podemos ni arrimarnos por allá”, dijo Joaquín Nijbe.

La presencia de los ilegales es tan fuerte que la directora de la CDA, Luisa Fernanda Raba, le dijo a esta alianza periodística que, aunque tiene el deber de intervenir en el cultivo y en la cosecha de la palma, no iba a arriesgar la vida de sus funcionarios, porque no había garantías para que entraran a la zona.

Por ahora, como lo expresaron las fuentes consultadas, el Estado sigue sin tener una presencia integral en el territorio para que, de una vez por todas, haga el cierre de estos cultivos y garantice la protección de esta zona de reserva, tan importante a nivel ambiental como para el pueblo nukak. Así mismo, el Estado tampoco ha mostrado capacidad para evitar que el producto de la cosecha se convierta en aceite de palma, un insumo comercializable y que sigue siendo altamente demandado a nivel mundial.

Actualizado el: Mar, 05/28/2024 - 08:18

La primera semana de abril de 2024, un grupo de estudiantes de una clase de periodismo de datos de la Universidad de la Sabana se percató de que la base de datos de masacres del Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) había cambiado para agregar nuevos registros desde el año 1947. El hallazgo de los estudiantes mostraba que la entidad había agregado 118 registros, sin ningún aviso público, marcando un nuevo punto de partida para esta recolección de datos, que coincide con un reclamo que ha tenido por años la actual directora del CNMH, María Valencia Gaitán, orientado a que la entidad incluya los hechos victimizantes ocurridos durante La Violencia.

Expertos señalan que aunque modificar el punto de partida para narrar el conflicto armado no está mal, hacerlo sin el debido rigor puede afectar la credibilidad, reputación y operatividad de la base de datos del OMC. Agregan que, incluso, puede llevar al público a concluir que el periodo previo a 1958  fue relativamente pacífico comparado con lo que vino después, no porque eso sea cierto, sino porque existen pocos datos registrados de dicha época.

Entre 2014 y 2018, el OMC se encargó de sistematizar los hechos de violencia relacionados con el conflicto armado en Colombia y logró construir una base de datos que es, para muchos, el ejercicio más riguroso que se ha hecho de cuantificación de estos crímenes.

Durante estos años, el CNMH, bajo la dirección de Gonzálo Sánchez, incluyó en la base de datos del OMC la información de masacres, secuestros, desapariciones forzadas, reclutamientos y otros hechos de violencia relacionados con el conflicto armado y sus víctimas. La recolección de datos tomó como fecha de partida el año 1958 y se realizó a partir de la integración de fuentes sociales e institucionales que permitieron esclarecer la memoria sobre la larga guerra que ha atravesado el país. Sin embargo, esto cambió en junio de 2023 cuando el OMC comenzó a modificar la base de datos que había construido en el pasado para incluir en ella hechos victimizantes previos al año en mención.

Durante la administración de Darío Acevedo, entre 2019 y 2022, la base de datos se mantuvo casi igual, con el ingreso de unos cuantos registros de hechos violentos que ocurrieron en esos mismos años. 

Rutas del Conflicto hizo una revisión de las bases de datos del OMC con fecha de corte al 31 de marzo de 2024 y verificó que, para el periodo comprendido entre 1944 y 1957, se ha agregado la información de 1480 víctimas y se han registrado 885 casos de violencia clasificados en diversas categorías: asesinato selectivo, ataque a poblaciones, atentado terrorista, daño a bienes civiles, desaparición forzada, masacres, minas, secuestro, violencia sexual y acciones bélicas.

Según Andrés Suárez, excoordinador del OMC durante el periodo 2014-2018, la decisión original de escoger el año 1958 como punto de partida para la base de datos respondió tanto a una razón histórica como a una metodológica.

Desde una perspectiva histórica, esta fecha ha sido concebida por diversos académicos como el hito fundacional del conflicto armado actual, pues, con la creación del Frente Nacional, las matrices ideológicas de la violencia cambiaron, aunque otros factores persistieron como la lucha por la tierra. “De ser una pelea, principalmente, entre liberales y conservadores, con el Frente Nacional, gústenos o no, se acabó esa pelea y pasamos a una violencia entre el Estado y la insurgencia”, relata Suárez.

Esa idea de situar el origen del conflicto en el 58 fue adoptada por el CNMH y por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), creada con ocasión del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP, bajo la premisa de que, como afirma Suárez, “aunque existen continuidades entre La Violencia y el conflicto armado, el conflicto armado no es la violencia bipartidista con otro nombre”.

Tanto el informe ¡Basta Ya! del CNMH como los informes de la CEV abordan la época de La Violencia, sin embargo, no es el centro de su investigación. Aunque reconocen los hechos previos a 1958 como antecedentes esenciales para entender el conflicto que vino después, enfatizan también en la diferencia entre los dos periodos. 

“No son sólo antecedentes, efectivamente hay continuidades, pero, vuelvo a decir, el que existan las continuidades no quiere decir que sea la misma con otro nombre y las rupturas son también importantes para comprender lo diferente que es el conflicto armado”, manifiesta Suárez.  

Sin embargo, esta concepción no es universal dentro del campo de estudio, pues hay quienes defienden que el 58, lejos de tratarse de un punto de partida evidente y natural, es una fecha escogida por razones pragmáticas, administrativas e incluso políticas.

Según Suárez, este debate sobre el origen del conflicto armado se puso de manifiesto en la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, creada en 2014 y conformada por 12 expertos, en la que la mitad de los miembros puso su apuesta en los años 20, en la luchas agrarias, y la otra mitad lo puso en 1964 con el nacimiento de las FARC y el ELN.

Carlos Charry, director del Doctorado en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario, está en desacuerdo con que empiece a narrarse el conflicto a partir de 1958, porque, según él, la violencia de Estado estuvo presente desde antes de ese periodo. “La decisión es más administrativa en términos de capacidad operativa para poder abarcar un periodo bien hecho y analizarlo, pero violencia de Estado ha existido y esta debe ser esclarecida”, afirma.

Además, si bien es cierto que existen rupturas entre las dinámicas de violencia antes y después del 58, lo mismo aplica para periodos posteriores, por lo que este argumento no es suficiente para concluir que el inicio del conflicto armado se sitúa en el Frente Nacional. Como señala Charry, no se pueden homogeneizar las diferentes formas de violencia y los diferentes conflictos armados que han existido en Colombia a lo largo de los años, pues los actores mutaron con el tiempo, al igual que las causas y dinámicas. 

El académico concluye que, en efecto, existen marcadas diferencias entre la violencia liberal-conservadora de los años cincuenta y el surgimiento de las guerrillas comunistas de origen campesino de los años sesenta, pero también existen marcadas diferencias entre este periodo y el surgimiento del paramilitarismo, o entre este último fenómeno y el auge del narcotráfico a mediados de los ochenta.

Esta postura coincide con la defendida por María Valencia Gaitán, quien lleva años afirmando que la construcción de memoria del conflicto armado en Colombia ha ignorado la violencia bipartidista e insistiendo en que el origen del conflicto debe ubicarse antes, especificamente, en la fecha del asesinato de su abuelo, el caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán.

El tinte político de las disputas por el origen del conflicto armado se hace evidente en la decisión de ampliar la base de datos del OMC, pues no es casual que este cambio se dé ahora que la directora del CNMH es la nieta de Gaitán.

Ahora bien, Surárez señala que la razón metodológica tiene que ver con la existencia de un desbalance muy fuerte entre las fuentes de información disponibles antes y después de 1958. Tal como lo relata el excoordinador del OMC, existen serias dificultades para hacer una documentación rigurosa de los hechos de violencia previos a ese año, puesto que no existen suficientes fuentes de información.

Los expertos afirman que antes de esta fecha la mayor parte de la memoria sobre los hechos de violencia es oral, dispersa y regional. Como relata Suárez, no existían todavía organizaciones de derechos humanos ni políticas institucionales que favorecieran la recolección de testimonios. Ni siquiera la investigación realizada por la Comisión Nacional Investigadora de 1958 se encuentra debidamente sistematizada. 

Tal vez la primera documentación que hubo en Colombia de graves violaciones de DDHH realizada por organizaciones civiles esta consignada en el Libro Negro de la Represión de 1974, pero allí sólo se analizó lo ocurrido desde el Frente Nacional en adelante. Las bases de datos de las entidades tampoco son una fuente pues, por ejemplo, la Policía solamente municipalizó la información de homicidios a partir de 1960.

Ocurre lo mismo con los trabajos académicos que han analizado La Violencia. Para Suárez, en temas de cifras, es clave el libro La Violencia en Colombia de Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna, en el que se estima que el número de víctimas de esta época es de aproximadamente 200.000, aunque señala que ese mismo trabajo reconoce que no se cuenta con información que dé cuenta de la magnitud de la violencia en ese periodo.

Según el excoordinador del OMC, tal vez el mejor intento de calcular el número de víctimas es el realizado por Paul Oquist en el libro Violencia, conflicto y política en Colombia. Allí, basándose en los datos del Tolima, que es el departamento que tiene mayor registro de información, el autor realiza una proyección de los muertos que pudo haber durante La Violencia y lanza la cifra de 193.017 personas.

De allí que la principal fuente de información de lo que algunos historiadores denominan la violencia bipartidista sea la prensa, la cual también tiene serios problemas. Por un lado, porque durante el Bogotazo se quemaron documentos de El Tiempo, El Espectador y del Archivo Nacional. Y, por el otro, porque este periodo se caracterizó por una fuerte censura a la prensa que comenzó en 1949 y se endureció aún más durante el mandato de Rojas Pinilla comprendido entre el 53 y el 57. Situación que impide la utilización de este medio como principal o única fuente de información disponible. Esto sin contar con que muchos documentos se han perdido por el paso del tiempo y la ausencia de una política de conservación de archivo en varios lugares del país.

El excoordinador del OMC cuenta que, debido a esos inconvenientes, cuando se realizó la investigación para el informe ¡Basta Ya!, publicado en 2013, sólo se pudo construir una pequeña base de datos del periodo 1946-1956. Esta incluía 64 casos de masacres y 88 casos de violencia en general ocurridos a nivel nacional entre 1946 y 1949 y 102 casos de violencia en general ocurrida en el Tolima entre 1951 y 1956. Datos que no fueron publicados originalmente en la base de datos del CNMH debido a la precariedad de las fuentes.

No obstante a todas las observaciones históricas y metodológicas, Suárez reconoce que la memoria del conflicto armado no se puede edificar sobre el olvido de la violencia bipartidista.

Ahora bien, como señala Oscar Maldonado, sociólogo experto en métodos cuantitativos y profesor de la Universidad del Rosario, respecto de la importancia de narrar el conflicto armado desde antes de 1958, cualquier intento por ampliar el conjunto de datos y las fuentes a las que se puede acceder es muy valioso, pero representa serios desafíos. 

“Pensar el conflicto en esa mirada de más larga duración trae unos nuevos retos que se resumen en si vamos a ser capaces de hacerlo con el mismo rigor que se ha hecho después del hito del 58”, afirma el sociólogo. Es decir, si se tienen los recursos, la experticia y las fuentes materiales para mantener el estándar que tenía la base de datos original del CNMH.

Para Andrés Suárez, el mayor problema que tiene la modificación de la base de datos es que se va a generar una descompensación muy fuerte con el acervo de fuentes que acompañan la documentación de los casos desde el 58 en adelante, porque no hay suficiente información para sacar cifras del periodo anterior. En su criterio, esto no solo afecta la reputación y credibilidad de la base de datos en su conjunto, sino que además puede llevar a la gente a pensar, de manera errada, que ese periodo fue menos violento de lo que en realidad fue, en vista de los pocos casos documentados.

De hecho, en una revisión de las bases de datos del OMC realizada por Rutas del Conflicto se encontró que, contrario a la estimación realizada por Guzmán, Fals Borda, Umaña y Oquist de aproximadamente 200.000 víctimas durante La Violencia, la base de datos del CNMH actualmente solo registra 1480 víctimas y 885 casos de violencia en el periodo 1944-1957 (fecha de corte: 31 de marzo de 2024).

“Lo grave aquí es que están tratando de estirar la metodología a un escenario en donde no tienen el mínimo de fuentes para hacer el ejercicio de documentación y ese desbalance hace inviable el ejercicio”, manifiesta el excoordinador del OMC.

Para Maldonado más que tratarse de un tema de credibilidad o reputación, el problema es operativo. Según el sociólogo, las historias que cuentan los datos no son tan explícitas, pues se requiere pasar por muchos trámites de sistematización, procesamiento, limpieza, cálculo y visualización para finalmente poder contar una historia con datos. Por ello, al trabajar con bases de datos es crucial que se respete un estándar de comparabilidad y un criterio de clasificación estricto que permita que, independientemente de quien diseñe la base de datos, otro la pueda usar.

Según el experto en investigaciones cuantitativas, si la base de datos no es consistente y estandarizada, si no están todas las categorías, si la información incluida no es precisa, si los datos se vuelven números descontextualizados y los valores no permiten generar series de tiempo, lo que va a suceder es que, de facto, se termine ignorando el periodo histórico anterior para centrarse en el periodo en el que las cosas se vean un poco mejor. “Entonces la base de datos termina siendo inoperativa, que es un poquito peor, más que una cuestión de prestigio es una cuestión de operatividad de poder trabajar con los datos”, afirma.

En la revisión de las bases de datos del OMC adelantada por Rutas del Conflicto, se hallaron inconsistencias entre la Base de Datos de Casos (BDC) y la Base de Datos de Víctimas (BDV). Como estaban concebidas originalmente, la BDC incorporaba los sucesos según las circunstancias en que ocurrieron y la BDV consignaba datos de las personas directamente afectadas, pero la información contemplada en ambas bases de datos coincidía y podía vincularse usando la variable ID del caso. Pues cada víctima estaba relacionada con un caso a través de un código. 

Sin embargo, al contrastar la BDC con la BDV del periodo comprendido entre 1944 y 1957, resultan evidentes algunas discrepancias. Por ejemplo, para el caso de masacres se registran 118 casos de masacres pero 0 víctimas, y, para el caso de acciones bélicas, se registran 0 casos pero 576 víctimas.

Por ello, los expertos señalan que, si bien resulta loable el esfuerzo del CNMH de ampliar la base de datos para, como afirma la entidad, “superar las limitaciones temporales y recuperar para la memoria de Colombia las experiencias históricas que hacen parte del origen del conflicto”, este ejercicio debe realizarse con cuidado. Como señala Charry, aunque “todo intento por esclarecer la verdad y por tener mejores archivos es bienvenido, se debe hacer la salvedad de los orígenes de las fuentes y si son fuentes oficiales o no oficiales, porque el relato y la reconstrucción de los hechos va a ser muy distinta”.

Según los expertos, existen diversas alternativas que puede implementar la entidad para superar los retos que implica comenzar a agregar información previa a 1958 en las bases de datos del conflicto armado.

Para Oscar Maldonado esta es una gran oportunidad para innovar en métodos de investigación que permitan resolver de forma creativa el problema de la precariedad de fuentes, pero se requiere que se movilicen suficientes recursos para que, más allá de decir que se amplió el periodo de análisis, se logre registrar información que tenga un impacto real en términos académicos de investigación y discusión pública. En su criterio, la clave radica, por un lado, en que se realice un trabajo activo que involucre diversos actores y convocatorias y, por el otro, en que se arranque con un plan piloto para evaluar cómo se superan las contingencias antes de modificar la base de datos original.

Andrés Suárez, el excoordinador del OMC, considera que la sistematización de hechos de violencia previos al 58 debe hacerse en una base de datos separada, en la cual se dejen todas las consideraciones respecto de la precariedad de las fuentes. Esto, con el objetivo de evitar que el público crea que las cifras que se tienen de ese periodo son igual de contundentes que las registradas con posteridad al Frente Nacional. Y agrega, en todo caso, que una metodología útil puede ser acompañar los datos que se logren reunir con las cifras de muertos totales en Colombia, que sí existen, de manera que la gente tenga en mente el nivel de violencia real que ocurrió durante el periodo al leer los hechos documentados.

Como señalan los expertos, independientemente de la decisión que se tome sobre las bases de datos del CNMH, si se incluyen nuevas décadas y nuevos materiales en una base datos lo importante es hacerlo de forma transparente y meticulosa. Es decir, enunciar de manera explícita la complejidad del periodo analizado y la solidez o precariedad de las fuentes, para que la comunidad académica, los investigadores y quienes quieran acceder a esa base de datos sepan de dónde viene la información y las limitaciones con las que cuenta.

 

Rutas del Conflicto consultó al CNMH sobre los recientes cambios en la base de datos del OMC, particularmente en lo relacionado con el motivo, la metodología y el momento en que comenzaron a incluirse hechos de violencia previos al Frente Nacional. 

Al preguntarle a la entidad sobre el proceso de modificación de la base de datos, esta afirmó que “el CNMH tiene un deber de garantizar la amplia escucha de todas la memorias, los contextos, hechos y resistencias del conflicto armado interno”, que “ampliar el periodo de observancia no implicó modificaciones metodológicas” y que la documentación de casos anteriores a 1958 se adelanta a partir de “la compilación y sistematización de artículos de prensa de orden regional y nacional, archivos privados del periodo y documentación de consulta pública de la Sección de Archivos Oficiales del Archivo General de la Nación”.

“Se decidió agregar la información en la misma base de datos, como un corpus integral de información, porque más allá de la fecha de ocurrencia de los hechos, los casos se registran con los mismos criterios y se busca documentar las mismas variables. Además, tener la información en una misma base permite que se apliquen las mismas reglas de validación y criterios de calidad”, afirmó el Centro.

Actualizado el: Jue, 05/09/2024 - 14:25

Un matrimonio de 50 años vivió en el Bajo Simacota, en el Magdalena Medio santandereano, por más de una década, hasta que la violencia de los años 80 y comienzos de los 90 les llegó a su finca, Venecia. Saul Ayala y Silvia Puertas, hoy con 90 años y 75 años respectivamente, fueron desplazados de su predio, sufrieron un atentado y el asesinato de su hijo. En 2013 pidieron la restitución de tierras con la esperanza de ser reparados. 

La Unidad de Restitución de Tierras (URT)  llevó el proceso al Tribunal de Cúcuta, se recabaron pruebas, testimonios y documentos que mostraban la violencia generalizada de la región y las condiciones en las que tuvieron que vender su finca. El tribunal dictaminó en 2019 que Saul Ayala, un militante de la UP y quien fue presidente de la Junta de Acción Comuna de la vereda La Colorada y Silvia, quien fue victima de tortura y hostigamientos por parte de la fuerza pública, tenían derecho a la restitución. La sentencia también determinó que Agroindustria Villa Claudia, una palmera que había adquirido ese predio no había hecho la debida diligencia a la hora de revisar el historial de violencia que habían sufrido las víctimas y determinó que debían devolver la tierra sin ninguna compensación.

Pero cuatro años después, ante una tutela interpuesta por la empresa, la Corte Constitucional modificó parte de la sentencia y determinó que la palmera no tuvo ninguna responsabilidad y por lo tanto debía ser compensada económicamente por el Estado. Este fallo de la Corte bajó los estándares con los que la Ley 1448, o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, evalúa la debida diligencia que deben tener las compañías a la hora de adquirir predios en zonas que sufrieron violencia. 

Además, la decisión abre una puerta para que otras empresas que han sido responsabilizadas en este mismo sentido en otros fallos, puedan pedir que la Corte evalúe sus casos, situación que genera incertidumbre dentro de los reclamantes y la misma Unidad de Restitución. 

El proceso judicial del tribunal documentó cómo la pareja, ante los hechos violencia, tuvo que vender el predio por necesidades económicas.  “El nieto no tenía trabajo y nosotros no teníamos con qué sostenerlo, solo con algunas ayudas que nos daban para comer. Entonces, vendimos y pensamos también por allá no podemos volver ni nada”, cuenta Ayala.

Durante los siguientes 17 años, esa tierra pasó por dos propietarios, hasta llegar a manos de Agroindustria Villa Claudia.  La empresa palmera había comprado la tierra en 2008 y se presentó como opositora en el proceso de restitución. Es decir, alegó que eran los legítimos dueños y que no se habían aprovechado de las circunstancias para comprar la finca Venecia 

Sin embargo, la sentencia declaró que Villa Claudia no había hecho todo lo que estaba en sus manos para conocer el historial del predio y el conflicto que se desarrolló en el Bajo Simacota, con el fin de no aprovecharse de la situación para comprar la finca. Es decir, el tribunal de restitución de tierra declaró que la palmera no cumplió con los estándares de buena fe exenta de culpa que contempla la Ley de Víctimas. 

El caso llegó a la Corte Constitucional con una tutela que interpuso la empresa, alegando que violaron el derecho al debido proceso. La Sala Plena determinó en 2023 que la palmera sí cumplió con los requerimientos para determinar la buena fe exenta de culpa y que tendría derecho a la compensación. Según la Corte Constitucional, el tribunal de Cúcuta no evaluó bien las pruebas presentadas por Villa Claudia.  

Para expertas, organizaciones de la sociedad civil que llevan procesos de restitución y para la misma Unidad de Restitución de Tierras esta sentencia, la SU 163 de 2023, abre un panorama complejo para las víctimas que fueron desplazadas y despojadas, y  para el Estado en materia de cumplir con las reparaciones económicas.

Sin razones 

Agroindustria Villa Claudia, una palmera que lleva en el sector más de dos décadas, en cabeza de Claudia Julieta Otero, apeló la decisión del Tribunal de Restitución en primera y segunda instancia a través del abogado José Miguel de la Calle, hijo de Humberto de la Calle, jefe negociador en el acuerdo de paz. La Corte Constitucional seleccionó el caso para su revisión y junto con otro caso emblemático de despojo y desplazamiento en el Magdalena, Las Franciscas, la Corte los unió para su evaluación. Este último proceso también fue llevado con una tutela por la bananera Las Franciscas SAS ante el tribunal constitucional.

Como lo explicó Nury Martínez, representante de los solicitantes de Las Franciscas y la coordinadora del Equipo de Litigio en Tierra y Derechos Territoriales de la Comisión Colombiana de Juristas,, el 16 de mayo de 2023, el tribunal constitucional emitió un comunicado sobre el sentido de la Sentencia SU-163 DE 2023, que declaró que decidió desacumular los dos casos y resolver primero la tutela interpuesta por Villa Claudia.

“Nos asombró desde el inicio la decisión de la Corte de unir los dos casos, porque no están vinculados por los mismos sujetos procesales, que tampoco están relacionados por estar en el mismo territorio, ni por los mismos hechos. En 2021 hicimos una solicitud a la Corte Constitucional para establecer el porqué de esta decisión, sin embargo, nunca fue respondida”, afirmó Martinez. 

En la misma vía, para Mónica Parada, del Observatorio de Tierras de la Universidad del Rosario, este comportamiento es atípico, pues “siempre la Corte argumenta y justifica por qué toma ciertas decisiones. Por eso, la jurisprudencia es tan fuerte. Hay una ruptura en la forma de trabajó”, afirmó . 

No solo la acumulación y la desacumulación de los casos llamó la atención. También lo hicieron los argumentos utilizados por la Corte para probar la buena fe exenta de culpa de la palmera Villa Claudia. 

 

La Corte baja los estándares de responsabilidad para las empresas

Los Ayala le vendieron Venecia en 1991 a Roberto Jimenez Tavera, un vecino con el que tenían una sociedad de ganado, tras el homicidio de los sobrinos de Saúl Ayala cerca al predio y la tortura psicologica a Silvia Puertas por miembros del Ejercito Nacional un año antes. Además del atentado que habría sufrido Saúl en Barrancabermeja en 1989 y el homicidio del hijo de la pareja en 1988,  Jimenéz le propuso vender el predio.  Saúl Ayala no recuerda el monto exacto de las transacciones, en sus palabras “fue una chichigua que no pagó completo. Me suplicaba casi llorando que se lo diera, que quería tener algo propio y no en sociedad”. 

Como lo muestra la sentencia de restitución y el certificado de tradición y libertad, Venecia le vendió en 2003 a Mauricio Villamizar. El 8 de  marzo de 2008,  junto con otro predio de mayor extensión, Villamizar le vendió a Edwin Martínez por 95 millones de pesos. Ese mismo día, Martínez hizo la venta a la palmera Agroindustrias Villa Claudia por 1.200 millones de pesos. 

Desde que los Ayala salieron de Simacota por la violencia y los hostigamientos, tras la venta del predio a la empresa palmera han pasado 17 años. Nunca en un proceso de restitución de tierras, el tiempo había sido un argumento válido para demostrar la buena fe exenta de culpa hasta el fallo de la Corte. 

En la sentencia del tribunal constitucional se tuvo en cuenta el paso del tiempo como justificación para que la empresa no supiera de los actos de violencia que precedieron la compra y por ende decir que a Villa Claudia se le comprueba la buena fe exenta de culpa.

Como lo explicó Paula Valencia Cortes, abogada de la organización DeJusticia, este argumento “es novedoso y peligroso en materia de restitución”. “No importa el paso del tiempo y no importa que hayan pasado 17 años. Lo importante es que uno haya hecho la debida diligencia, es decir, que hayas mirado los títulos y que te hayas fijado más allá de los títulos que no había un negocio extraño”, dijo Valencia. 

En concordancia la directora jurídica de la URT es enfática en afirmar que, “el paso del tiempo no sanea las circunstancias del conflicto armado que se presentaron. De ser así, no podíamos estar alegando en una justicia transicional hechos que ocurrieron en el conflicto armado hace varias décadas”, dijo. 

Villa Claudia presentó ante la justicia, en el tribunal de Cúcuta y en la Corte, para demostrar que cumplian con los estandares de buena fe exenta de culpa, que antes de comprar Venecia habían realizado un estudio de títulos y había escuchado de los vecinos del predio que afirmaban que en la zona ya no había violencia.  Como lo explica la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, probar la buena fe exenta de culpa, que permite la compensación, se trata de realizar actos positivos para averiguar y tener la certeza de no afectar el bien y que todas las tradiciones anteriores a la compra no estén viciadas o  relacionadas con el conflicto. 

Para la Corte fue suficiente el accionar de Villa Claudia para declarar buena fe exenta de culpa. Sin embargo, el tribunal no tuvo en cuenta  que en  una de las transacciones, el predio subiera de valor 12 veces en un solo día, al llegar a las manos de la palmera. En resumidas cuentas lo que afirma la Corte en palabras de Valencia es que, “como pasó el tiempo, no podemos exigirle nada  a la empresa,  porque son  requisitos imposibles de cumplir”, para declarar la buena fe exenta de culpa. 

“Encuentra esta Corte la oportunidad para precisar que los jueces de restitución la deben aplicar con total precaución, pues no sólo están en juego los derechos de terceros y el principio de acción sin daño, sino que también el riesgo de que, por un inadecuado entendimiento, se fije un estándar probatorio de imposible acreditación que torne imposible la transacción sobre este tipo de inmuebles, de manera indefinida”, se lee en el escrito de unificación de la Corte.

Para la abogada Mónica Parada, el estándar de buena fe exenta de culpa que plante la Ley de Víctimas, implica que las personas que están involucradas en los procesos de restitución demuestren que realmente hicieron lo que estaba en su poder para evadir o no caer en dinámicas de aprovechamiento del clima generalizado de violencia y en otros casos de despojo. “La buena fe exenta de culpa exige un comportamiento muy responsable de quienes compraron la tierra en estas circunstancias”, afirmó. 

Lo que llama la atención de las razones que da la Corte Constitucional para declarar la buena fe exenta de culpa a Villa Claudia es que solo tuviera en consideración  tres testimonios: uno de los compradores de Venecia, un vecino de la zona y la representante legal de la empresa. “Para la Corte solo fue necesario los tres testimonios para evaluar que se hicieron los actos de diligencia necesarios para corroborar que durante todo ese tiempo actuaron de buena fe”, explicó Parada. 

Al mismo tiempo, la Corte reconoció que los representantes de la palmera conocían de la violencia generalizada en la región. “Desde el momento de su constitución en 1995, AVC (Agroindustria Villa Claudia) hace presencia en la zona del bajo Simacota, por lo que tenía conocimiento de la situación de seguridad al momento de celebrar el negocio jurídico sobre el predio restituido”, se lee en la sentencia de unificación. 

Para las abogadas Parada y Valencia, los testimonios cercanos a la empresa no demuestran la debida diligencia, cuando es un hecho notorio que había un conflicto en el Bajo Simacota. “Lo que hizo (la empresa) fue aprovecharse del clima generalizado de violencia que sufrieron las personas que alguna vez estuvieron ahí, incluso si no las conocieran, para hacerse a un predio que se valorizó muchísimo”, manifestó la abogada del Observatorio de Tierras. 

 

 

 

 

 

Actualizado el: Mar, 04/16/2024 - 11:18

Por: Andrés Bermúdez Liévano (CLIP)

En septiembre de 2022, la aerolínea estadounidense Delta Airlines compró 1,3 millones de créditos de carbono de un proyecto en la Amazonia colombiana tan conflictivo que su suerte tendrá que ser decidida por la Corte Constitucional de ese país.

El caso llegó al máximo tribunal constitucional en Colombia después de que un grupo de líderes indígenas del selvático territorio del Pirá Paraná que lo alberga interpusieron un recurso judicial contra el proyecto Baka Rokarire, argumentando que violó sus derechos fundamentales y que como era un asunto novedoso ameritaba que la Corte lo examinara. 

Los indígenas demandantes denunciaron que el contrato que sustenta la iniciativa fue firmado por un líder indígena que había sido retirado de la representación legal de ese territorio, en el departamento de Vaupés, y que nunca pasó por la máxima instancia de gobernanza del Pirá Paraná. Aún antes de que el caso llegara a la Corte, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) había develado los detalles de este conflicto.

La aerolínea compradora no se pronunció en aquel momento, pero cuatro meses más tarde reconoció que había una “disputa local sobre quién autorizó el proyecto”. Aún así, Delta subrayó su compromiso con comprar “compensaciones de carbono de alta calidad”, en línea con el plan que anunció en 2020 de convertirse en la primera aerolínea carbono neutral de Estados Unidos. Esta meta, según la definió la empresa, implicaba invertir en combustibles menos contaminantes, aviones más eficientes y, hasta un cambio en su estrategia de sostenibilidad el año pasado, también en la preservación de bosques —como el Pirá Paraná— donde las emisiones evitadas al reducir la tala compensan las de los aviones.

Sin embargo, ese no es el único proyecto del mercado de carbono con posibles irregularidades al que Delta ha comprado bonos. El 15 de diciembre de 2022, casi dos meses después de que se publicara el reportaje que advertía sobre los problemas del proyecto en Vaupés y cinco meses desde que los líderes indígenas presentaran la acción judicial, la aerolínea compró 115 mil créditos a un segundo proyecto con problemas en otro rincón de la Amazonia colombiana.

Ese nuevo proyecto, llamado Jocū Bucūrō Apūrō, está en el sur de Guaviare y fue aprobado en septiembre de 2022. Tuvo luz verde a pesar de que uno de los tres resguardos indígenas que lo alberga ya formaba parte de otro proyecto de carbono distinto, Redd+ Dabucury, que estaba activo y había vendido cientos de miles de bonos en 2021. 

Estos son los hallazgos de una investigación hecha por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP),  como parte de la alianza periodística Carbono Opaco que reúne a 13 medios de ocho países para indagar cómo está funcionando el mercado de carbono en América Latina.

Al formar parte de dos proyectos del mercado de carbono que estuvieron activos simultáneamente, ese territorio indígena y sus empresas promotoras vendieron un mismo resultado ambiental dos veces – algo que, en el mundo de las compensaciones de carbono, se conoce como una forma de doble contabilidad. En la práctica el problema es que, al transarse dos veces un mismo resultado ambiental por parte de dos proyectos diferentes, se genera una suerte de engaño a la atmósfera y puede inducir a creer que se redujo el doble de emisiones de las que en verdad se redujeron. Esto podría poner en entredicho la integridad de un esquema financiero que fue diseñado para conectar a empresas privadas que buscan compensar su huella ambiental con comunidades locales que cuidan bosques para mitigar la crisis climática global. También es una alerta para el Estado colombiano, cuya herramienta digital para identificar traslapes de proyectos está fuera de servicio desde agosto de 2022, coincidiendo con el lapso de tiempo en el que Jocū Bucūrō Apūrō se aprobó.

Un desarrollador al frente de cada uno de los proyectos, al igual que la certificadora del más nuevo de los dos y la aerolínea que compró los bonos, reconocieron a esta alianza periodística que el traslape ocurrió. Argumentan, no obstante, que el segundo proyecto ya excluyó ese resguardo de su polígono y que juntos encontraron una solución que les permitió ya evitar la doble contabilidad. A pesar de ello, este reportaje encontró que persisten preguntas sin respuesta sobre la debida diligencia que realizaron varios actores en la cadena de valor de esos bonos de carbono, sobre la millonaria venta que ya se había hecho y sobre cómo puede afectar la credibilidad del mercado de carbono colombiano.

El resguardo indígena con dos proyectos

En el centro de este conflicto está el resguardo indígena Vuelta del Alivio. Creado en 1998 y habitado por unos 850 indígenas el pueblo wanano, está en un corredor selvático que conecta dos parques nacionales amazónicos. Uno de ellos, el Parque Nacional Serranía de Chiribiquete, es el más grande de Colombia y también el más extenso de selva húmeda tropical en el mundo, considerado patrimonio de la humanidad por su riqueza natural y por las milenarias pinturas rupestres que el etnobotánico y explorador Wade Davis bautizó como “la Capilla Sixtina de la Amazonia”.

También es una zona donde la tala ha ido en aumento en años recientes. El selvático municipio de Miraflores, atravesado por el río Vaupés y con presencia de las disidencias de la ex guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que optaron por no entrar en el acuerdo de paz, aparece con frecuencia como punto caliente de deforestación en las alertas tempranas que publica el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Entre abril de 2021 y marzo de 2022, perdió 2.742 hectáreas de bosques, según la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

Esa combinación de factores lo hace perfecto para un proyecto de carbono. Se trata de un esquema que fue incorporado a la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para conectar a gobiernos nacionales que están frenando la deforestación con otros que quieren pagar por esos resultados, pero que luego fue ampliado para incluir proyectos privados. Desde entonces estos proyectos, conocidos como Redd+, se han expandido por los bosques tropicales de la Amazonia y del Pacífico colombianos.

Tres razones explican esa bonanza. La primera es que el gobierno colombiano creó en 2017 un incentivo tributario que permite a las empresas que usan combustibles fósiles reducir el impuesto al carbono si compran estos bonos. La segunda es que gran parte de las selvas y bosques de Colombia —que suman 600 mil kilómetros cuadrados, un área equivalente al tamaño de Ucrania— está custodiada por comunidades indígenas y afrodescendientes que suelen tener titularidad colectiva y gobernanza efectiva de sus territorios, razón por la que muchas empresas empezaron a buscarlas para impulsar proyectos privados del mercado voluntario de carbono. A esas se suma una tercera: la posibilidad de obtener una alta rentabilidad, más cuando se están desarrollando sin mayor supervisión estatal de los proyectos en lo técnico, lo social y lo ambiental.

En este sentido, las condiciones del resguardo de la Vuelta del Alivio parecen haber sido tan perfectas para un proyecto de carbono que los terminaron eligiendo dos grupos de empresas casi al tiempo.

Los dos proyectos en tensión

El proyecto más antiguo, Redd+ Dabucury, tomó forma y fue aprobado durante 2021. Promovido por las empresas colombianas Carbo Sostenible, Terra Commodities y Plan Ambiente, engloba tres resguardos indígenas contiguos en el sur del Guaviare: el de Yavilla II, el de Puerto Nare y el de Lagos El Dorado, Lagos del Paso y El Remanso, además de Vuelta del Alivio. A futuro, la iniciativa —que forma parte de la alianza CommunityRedd+— contempla incluir un quinto resguardo llamado Barranquillita.

El segundo, Jocū Bucūrō Apūrō, se cristalizó durante 2022. Lo impulsa la Corporación Masbosques, una ONG ambiental de Antioquia que tiene a varias entidades públicas como socias, en llave con la empresa Soluciones Proambiente. Además de Vuelta del Alivio, incluye a dos resguardos más al norte, el de Puerto Viejo y Puerto Esperanza y el de Centro Miraflores cerca de la cabecera del municipio.

Ambas iniciativas fueron registradas y certificadas tras un proceso de validación. Dabucury lo surtió primero: recibió el visto bueno de la auditora colombo-brasilera Verifit en octubre de 2021 y fue registrado por la certificadora colombiana BioCarbon Registry (antes conocida como ProClima) ese mismo mes. A los cinco días de ser aprobado, el 20 de octubre de 2021, su primera cosecha de 700 mil bonos fue canjeada por la distribuidora de gasolina Primax Colombia. En los dos meses siguientes, la distribuidora de gas Petrobras Colombia declaró haber utilizado 138.000 bonos y Biomax otros 5.601 bonos. En total, hasta principios de 2023, había vendido unos 843 mil bonos.

Casi un año después, Jocū Bucūrō Apūrō le siguió los pasos: en septiembre de 2022 fue validado por el auditor estadounidense Ruby Canyon Environmental y en octubre fue registrado por la certificadora colombiana Cercarbono. Dos meses después, la totalidad de los bonos que le fueron aprobados fue canjeada por Delta Airlines.

 

Los documentos que los sustentan muestran que hay un traslape entre ambos, en el espacio, en el tiempo y en la misma actividad de evitar la deforestación y la degradación del bosque.

Los dos proyectos incluyen el mismo polígono del resguardo Vuelta del Alivio –408 kilómetros cuadrados, o el tamaño del país caribeño de Barbados— como parte de sus áreas. Según el documento de diseño de proyecto (o PDD, en la jerga del sector) de Dabucury, ese proyecto se realiza en 81 mil hectáreas de bosques, una cuarta parte de las cuales corresponde a Vuelta del Alivio. Mientras tanto, el documento que sustenta a Jocū Bucūrō Apūrō muestra que abarca 51 mil hectáreas, un 80% de las cuales están en Vuelta del Alivio.

 Mapas de los documentos de diseño de proyecto de Redd+ Dabucury (izquierda) y Jocū Bucūrō Apūrō (derecha) muestran a Vuelta del Alivio a la derecha. Fuente: PDDs de Redd+ Dabucury y Jocū Bucūrō Apūrō disponibles en los registros de BioCarbon Registry y Cercarbono, respectivamente.​

 

Algo similar ocurre con las ventas hechas por ambos proyectos. Los certificados emitidos para los bonos vendidos por Dabucury muestran que se trata de resultados ambientales de los años 2019 a 2020, mientras los de Jocū Bucūrō Apūrō corresponden a enero de 2018 a diciembre de 2021. A eso se suma que ambos proyectos tienen como actividad la reducción de la deforestación y la degradación de los bosques, y que citan como representante de Vuelta del Alivio a la misma líder indígena, Martha Lucía Pedroza.

 

Imágenes de los PDDs de los dos proyectos, en donde se repite el nombre de la líder indígena Martha Lucía Pedroza del resguardo Vuelta del Alivio. Fuente: PDDs de Redd+ Dabucury y Jocū Bucūrō Apūrō disponibles en registros de BioCarbon Registry y Cercarbono.

 

Al menos una entidad del Estado colombiano, el Instituto Sinchi de investigaciones amazónicas,  alertó sobre la coincidencia del resguardo en ambas iniciativas en su informe sobre proyectos Redd+ en la Amazonia lanzado en julio.

Desarrolladores de los dos proyectos, así como la certificadora Cercarbono, reconocieron a esta alianza periodística que el traslape ocurrió y que no fue detectado sino hasta mediados de este año, ocho meses tras ser certificada la segunda iniciativa y seis después de vender su cosecha inaugural de bonos. 

La líder indígena Martha Lucía Pedroza de Vuelta del Alivio no respondió mensajes de Whatsapp preguntándole por qué firmó dos contratos para proyectos casi idénticos y por qué no informó a los promotores de ambos de ese hecho.

Federico Ortiz, uno de los promotores del proyecto Dabucury, relató que en junio de este año se percataron del traslape y notificaron a Cercarbono, la certificadora con quienes ellos también han trabajado. Ésta, a su vez, informó a Masbosques. “Quedamos aturdidos. Ellos no se habían dado cuenta”, dijo el director y accionista de Terra Commodities. “Es que cuando firman por segunda vez, el proyecto nuestro ya estaba caminando, había implementación y había actividades”.

Cercarbono confirmó haber recibido esa alerta, explicando que de inmediato pasaron los polígonos por una herramienta de anti-traslape que habían desarrollado recientemente y confirmaron que en efecto había un problema. Masbosques señaló que se enteró del traslape por un correo de Cercarbono el 15 de junio y que, al día siguiente, se reunió con la certificadora y con su auditora Ruby Canyon Environmental para corroborarlo.

La ONG antioqueña dice no explicarse aún cómo ocurrió el traslape. Mediante una respuesta escrita, señaló que inició diálogos sobre el proyecto de carbono con la asociación indígena local Asatrimig en 2020 y que firmó contratos con los tres resguardos en noviembre de 2021, que ratificó siete meses después. Estructurar el proyecto, dice, le tomó en total dos años, entre 2020 y 2022. “Masbosques parte del principio de buena fe, en el que se confía plenamente en lo manifestado por las comunidades y su representante legal, quienes indicaron no estar en otra iniciativa Redd+”, añadió. (Puede ver sus respuestas completas acá).

Como parte de ese proceso, Masbosques dice que comprobó en Renare, la plataforma estatal de iniciativas de mitigación, que no hubiese traslapes y que corroboró esa información mediante una revisión manual de las plataformas de las distintas certificadoras, encontrando cuatro proyectos en Guaviare pero ninguno en su área de interés. “A abril de 2021, fecha en la que se registró el proyecto en Ecoregistry bajo el estándar de Cercarbono, no se detectó un posible traslape”, argumentó, añadiendo que tiene un soporte de no traslape generado por la herramienta gubernamental.

Sin embargo, su proyecto no llegó a la fase de certificación sino hasta año y medio después. Y en ese lapso de tiempo Dabucury ya había nacido y vendido sus primeros resultados ambientales, sin que Masbosques, Ruby Canyon o Cercarbono se enteraran.

 

Pantallazo proporcionado por Masbosques mostrando que su consulta en febrero de 2022 arrojó la no existencia de un traslape. Fuente: Masbosques.

La solución al traslape

El 9 de agosto de 2023, mes y medio tras descubrir el traslape, los impulsores de ambos proyectos se reunieron en persona, con Cercarbono en el rol de mediador. Tras reconocer la existencia del problema, acordaron una solución. “Se decidió retirar voluntariamente las áreas traslapadas (…) con el fin de que esta situación no fuera motivo de disputas y divisiones al interior de la comunidad”, explicó Masbosques a esta alianza periodística.

Dos semanas después, la representante legal del resguardo Vuelta del Alivio desistió formalmente del proyecto y el polígono del proyecto en el registro público de Cercarbono fue redibujado. Jocū Bucūrō Apūrō perdió así cuatro quintas partes de su área, pasando de 51.646 hectáreas a solo 10.776 (aunque los documentos de Jocū Bucūrō Apūrō, sin embargo, siguen incluyendo a Vuelta del Alivio).

Acto seguido, Cercarbono propuso otra solución para resolver el segundo problema que tenían todos: el de la doble contabilidad en los bonos ya vendidos. Los créditos emitidos por Jocū Bucūrō Apūrō para ese territorio se descontarían de una reserva (también llamada buffer) que mantiene cada certificadora y a la que todos los proyectos aportan para cubrir —a la manera de un seguro— posibles riesgos como incendios o fugas de la deforestación hacia tierras aledañas. Más específicamente, Cercarbono cubrió los bonos traslapados con su reserva colectiva, que se nutre con un porcentaje de bonos de todas las iniciativas que ha certificado. De ese modo buscaban evitar que el proyecto Jocū Bucūrō Apūrō —y todos ellos— pudieran ser responsabilizados de haber permitido la doble venta de un mismo resultado ambiental. Luego Masbosques se comprometió a reponer esos bonos a la certificadora con otros, algo que la ONG dice haber hecho ya “mediante la compra de créditos de otros proyectos de otros desarrolladores”.

“El área ha sido ajustada, eliminando del proyecto referido la superficie correspondiente al traslape existente”, dijo a esta alianza periodística Alex Saer, el gerente de Cercarbono que fue director de cambio climático del Ministerio de Ambiente durante el gobierno de Iván Duque, entre julio de 2021 y agosto de 2022. Explicó que la certificadora siguió el procedimiento que esbozó para este tipo de casos de doble contabilidad, donde un número de bonos se registran en dos estándares distintos, y que subsanó esa doble emisión mediante dos sanciones que llama mínima y moderada. Esos pasos, sumados al acuerdo entre las partes, significan que a juicio de Saer “actualmente no se puede hablar de doble contabilidad, toda vez que los créditos emitidos de las áreas traslapadas fueron soportados por créditos de la reserva colectiva y a su vez compensados por créditos que adquirió el proyecto para su reemplazo”. (Ver respuestas de Cercarbono acá.)

Esa decisión satisfizo a los promotores de Dabucury. “El problema ya tuvo solución”, dice Ortiz, explicando que su proyecto acaba de pasar una nueva ronda de auditoría con Icontec y que esperaron tener certeza absoluta de su resolución para emitir y vender esa nueva tanda de bonos a partir de noviembre de este año.

Consultada por esta alianza periodística sobre cuántos bonos resultaron afectados, Masbosques señaló que fueron 95.292 — o el 82,5% del total emitido por su proyecto. Respecto al manejo de esos ingresos, dijo que “no hubo afectación, teniendo en cuenta que los recursos no se habían girado”.

Delta Airlines explicó a esta alianza periodística que su estrategia de sostenibilidad cambió en 2022, "dejando de invertir en compensaciones y centrándose, en cambio, en descarbonizar las operaciones de nuestra aerolínea mediante esfuerzos que incluyen la inversión en combustible de aviación sostenible, la renovación de nuestra flota por aviones más eficientes en el consumo de combustible y la reducción de las emisiones globales mediante la aplicación de eficiencias operativas". 

La aerolínea añadió que, aunque ya no emplea compensaciones para alcanzar su objetivo de carbono neutralidad, mientras lo hizo trató de "asegurar compensaciones de alta calidad para lograr su impacto previsto y significativo". Su forma de garantizarlo, explicó, había sido trabajar con "registros establecidos del mercado de carbono que validan las compensaciones con la debida diligencia y credibilidad en su base". En cuanto al problema con el proyecto Jocū Bucūrō Apūrō, Delta dijo que "en este caso, el registro -Cercarbono- aplicó créditos de reserva para resolver el traslape y, por lo tanto, el proceso funcionó según lo previsto”. (Ver respuesta completa de Delta).

Además de Miraflores y el Pirá Paraná, Delta ha comprado bonos a otros dos proyectos Redd+ impulsados por Masbosques: en diciembre de 2021 usó 300 mil bonos de Makaro Ap+ro en Vaupés y un año después, al tiempo que los de Jocū Bucūrō Apūrō, lo hizo con casi un millón de Awakadaa Matsiadali en Guainía.

Todos apuntan la culpa al Gobierno

Si bien los promotores y avaladores de Jocū Bucūrō Apūrō reconocen el traslape, descargan en el Gobierno colombiano la responsabilidad principal de no haber podido detectar ellos mismos un cruce con otra iniciativa.

En su informe de auditoría, Ruby Canyon explicó que buscó verificar en la plataforma estatal pero que “a la fecha de elaboración del presente informe, la plataforma web del Renare no estuvo en funcionamiento, por lo cual no fue posible realizar esta verificación”. Algo similar argumentó Masbosques en su PDD, explicando que el proyecto estaba registrado en el Renare, pero que “a la fecha de presentación de este documento y, desde el pasado mes de marzo de 2022, la plataforma se encuentra fuera de funcionamiento”. A la pregunta de cuál fue la última fecha en que cotejó, respondió que febrero de 2022 y que lo intentó de nuevo “en los meses siguientes pero la página web se presentaba en estado de mantenimiento”.

Ambos se refieren a una herramienta digital del Renare que permite identificar de manera automática cruces entre los polígonos inscritos en el espacio, el tiempo o en sus actividades. En caso de detectar una superposición, podría declarar una iniciativa como “no compatible” para evitar una doble contabilidad. Un proyecto con esa situación, advierte la resolución que regula al mercado, “en ningún caso podrá verificar y cancelar reducciones de emisiones o remociones” de gases de efecto invernadero.

En efecto, el Renare está actualmente fuera de servicio, pero no desde marzo de 2022 como señala Masbosques, sino desde el 9 agosto de 2022. Como contó el CLIP en otro reportaje, esto se debió a una suma de factores que incluyeron un mantenimiento y una sentencia del Consejo de Estado que ordenó suspenderlo mientras resuelve una demanda. Consultado por esa inconsistencia en las fechas, Masbosques respondió que en efecto la plataforma está caída desde la segunda mitad de 2022, pero que “desde el primer trimestre del año (…) presentaba errores de ejecución”.

Incluso, los promotores de Dabucury tienen una perspectiva similar de que la responsabilidad primaria recae en el Gobierno colombiano. “Si el Estado tiene una herramienta andando, ¿uno por qué va a desconfiar de ella?”, pregunta Federico Ortiz de Terra Commodities. “Es como el que dirige el tránsito, que por lo general no se involucra. Tiene que haber un ente neutral que no sea juez y parte”.

Aún así, Ortiz reconoce que a sus competidores les faltó debida diligencia. “Cuando nosotros empezamos un proyecto, aunque no nos compete, siempre hacemos un sondeo de quiénes son los vecinos, quiénes están desarrollando proyectos por ahí y que no haya traslapes”, dice. Sobre todo porque en ausencia del Renare hay otras formas de comprobar si existe un posible traslape, como buscar en las plataformas de las cuatro certificadoras que operan en Colombia qué proyectos había en Guaviare. A octubre de este año, según una verificación manual hecha por esta alianza periodística, había fichas de otras 12 iniciativas, solo una de las cuales está activa y vendiendo bonos.

El promotor de Dabucury también señala que los indígenas de Vuelta del Alivio han debido saber que no podían firmar dos contratos distintos —que suelen tener cláusulas de exclusividad— para un mismo tipo de proyecto. En sus palabras, “firmaron con los otros teniendo uno andando, seguramente para beneficiar su comunidad y sin saber que estaban metiendo la pata”. Ese es un problema, añade, que se soluciona con un fortalecimiento gradual de sus capacidades de gobernanza.

Auditoría al sobrevuelo

Una mirada al proceso de aprobación del proyecto de Masbosques y Soluciones Proambiente muestra un problema que pudo haber incidido en que el traslape pasara desapercibido: los auditores de Ruby Canyon Environmental que lo validaron no visitaron el resguardo de Vuelta del Alivio, ni tampoco se reunieron con su comunidad en persona.

Sus dos empleadas no lograron llegar, explica su informe, “debido a circunstancias particulares que se presentaron en el área del proyecto y sus alrededores, relacionadas con la actividad de grupos armados y delictivos que generaron violencia durante un período que incluyó las fechas de la visita a sitio”. Eso significó que, según el documento, “la visita tuvo que ajustarse y realizarse de manera que incluyó dos actividades principales”: una reunión en febrero de 2022, en la capital departamental de San José del Guaviare, con uno de los líderes de la iniciativa y sobrevuelos al área del proyecto.

Únicamente se vieron con Isidro Lomelin Gil, presidente de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas de Miraflores Guaviare (Asatrimig) a la que están afiliados los resguardos de la zona, dado que —según el informe— “debido a problemas logísticos, el resto de los líderes de las comunidades no pudo ser entrevistado en persona”. Por ese motivo, sostuvieron llamadas telefónicas con ellos, aunque el informe no dice con cuántos ni quiénes.

 

La selva de Miraflores y el río Vaupés observados por los auditores en sobrevuelo. Fuente: imágenes tomadas del informe de verificación de Ruby Canyon Environmental.

Esa falla del auditor pone en evidencia, según el Instituto Sinchi estatal, que “la verificación y auditoría está omitiendo las salvaguardas sociales y culturales”.

La imposibilidad de Ruby Canyon de llegar a Vuelta del Alivio contrasta con las visitas a campo que hicieron los dos auditores externos que ha tenido el proyecto Dabucury, tanto antes como después de que fuera validado su proyecto rival. Primero, en mayo de 2021, un auditor de la empresa Verifit estuvo durante seis días en la zona de Miraflores, bajando por el río Vaupés hasta Vuelta del Alivio y reuniéndose con la comunidad, según consta en su informe de verificación.

 

Mapa de la primera visita en sitio de los auditores del proyecto Dabucury. Fuente: Informe de auditoría de Verifit.

 

Luego en diciembre de 2022, diez meses tras el trabajo de campo de Ruby Canyon sobre Jocū Bucūrō Apūrō, un segundo equipo de auditores de la empresa colombiana Icontec consignó en su informe haber hecho una visita de casi dos semanas a Miraflores. Recorrieron el río Vaupés hasta los asentamientos de Alivio y Vivero, donde se reunieron, según el documento, con 21 personas de la comunidad.

 

Mapa de la segunda visita en sitio de los auditores del proyecto Dabucury. Fuente: Informe de auditoría de Icontec.

Ruby Canyon no respondió a un correo preguntándole por las circunstancias que le impidieron visitar Vuelta del Alivio, si intentó realizar un nuevo viaje y las razones por las que sus rivales sí pudieron ir.

 

Curiosamente, las palabras que aparecen en el informe de Ruby para explicar las razones por las que no pudo hacer una visita de sitio son —como mostró la investigación del CLIP— textualmente las mismas que aparecen en otro documento hecho por la misma auditora para el proyecto en el Pirá Paraná en febrero de 2022, un hecho que pudo contribuir a que no se percatara del agudo conflicto que la iniciativa de Masbosques ya había generado allí y que la Corte Constitucional está próxima a resolver.

 

 

 

 

 

 

Los auditores de Ruby Canyon Environmental no visitaron en persona el resguardo de Vuelta del Alivio, según muestra su informe de auditoría, por motivos de seguridad. Su auditoría del proyecto Baka Rokarire muestra una situación similar. Fuente: Informes de auditoría de los proyectos Jocū Bucūrō Apūrō y Baka Rokarire.

 

 

Consultado sobre por qué Cercarbono tampoco detectó el traslape, su gerente Alex Saer explicó que la certificadora lo analiza siempre usando “la información públicamente disponible y de la documentación soporte” y que Jocū Bucūrō Apūrō “cumplía con los requisitos de Cercarbono”. Añadió que hoy cuentan con una herramienta anti-traslape, que describe como “un software de última generación para realizar una revisión con mayor precisión” y “única en su tipo”, pero que en aquel momento no existía aún. “Nadie podría haberlo detectado con los elementos disponibles”, dijo Saer, quien en su anterior cargo de director de cambio climático del Ministerio de Ambiente fue el responsable gubernamental de monitorear el mercado de carbono en el país.

 

Para los promotores del proyecto afectado, la ausencia de visita de campo incidió en que el traslape no fuese identificado a tiempo. Según Federico Ortiz, de Terra Commodities, “cualquiera que entre se da cuenta de la implementación del proyecto” porque hay señales visibles, como indígenas usando gorras del proyecto o guardabosques ataviados con chalecos marcados que usan en sus rondas de vigilancia del territorio. 

“Ellos explican que la debida diligencia fue difícil por el tema de orden público. Y tienen razón: es difícil. Pero el hecho de que lo sea no quiere decir que se puedan excusar y no hacerla”, dice. No reveló cuánto cuesta una auditoría, pero dijo que “es lo suficientemente costoso como para uno ser muy exigente”.

 

Mismos actores, otros problemas

 

El de Miraflores no es el primer proyecto de Masbosques que deja preguntas abiertas.

Como contamos anteriormente, en julio de 2022, el Consejo Indígena del Pirá Paraná interpuso una acción de tutela solicitando que se protejan tres derechos fundamentales que, a su juicio, les violaron tanto Masbosques como las tres empresas que promovieron o validaron el proyecto Baka Rokarire (Cercarbono, Ruby Canyon y Soluciones Proambiente), así como una de las autoridades nacionales que debería velar por el buen funcionamiento de este tipo de soluciones climáticas. “Sus acciones y omisiones en el registro, formulación, validación, verificación, certificación, monitoreo y seguimiento de la iniciativa”, escribieron las autoridades del Pirá Paraná en su acción judicial, “están vulnerando de manera grave nuestros derechos fundamentales a la integridad cultural, la autodeterminación, al gobierno propio y al territorio”.

La Corte Constitucional decidió en abril de este año seleccionar el caso, después de que jueces de primera y segunda instancia lo negaran a finales de 2022. El máximo tribunal colombiano en asuntos constitucionales consideró que cumple con dos de sus criterios de selección: por un lado, mirarán si los jueces han observado o desconocido su jurisprudencia y, por otro, lo ven como un asunto constitucional novedoso. Su decisión, que podría sentar precedentes para el mercado voluntario de carbono, debería anunciarse en los próximos meses.

Ese proyecto en Vaupés tenía otras dos peculiaridades, ligadas a otros dos actores que intervinieron en la cadena de valor de los bonos de carbono.

En primer lugar, la empresa consultora que aparece en los documentos como apoyo para la formulación de la iniciativa en el Pirá Paraná, llamada Soluciones Proambiente S.A.S., era además su financiadora y recibía hasta un 40 por ciento de los ingresos que el proyecto Baka Rokarire generaba, según explicaron en su momento empleados de Masbosques al CLIP. Los líderes indígenas críticos del proyecto dijeron que ese carácter de socio capitalista de la empresa —fundada en Itagüí por Mauricio Fernández Posada como único accionista en junio de 2020— no les había sido comunicado por la ONG que lo lidera.

Esa empresa también aparece en el PDD de Jocū Bucūrō Apūrō en Guaviare como “formulador del proyecto” y en el informe de auditoría como quien contrató a Ruby Canyon. Consultada, Masbosques confirmó que Soluciones Proambiente es su “aliado financiador” en Guaviare —como parte de una alianza que bautizaron Sumare— y que le corresponde el 40 por ciento de los ingresos menos los costos operativos.

La segunda peculiaridad de Baka Rokarire es que sus bonos no fueron comprados desde un inicio por Delta Airlines, sino por una empresa tecnológica llamada Latin Checkout que no los usó. Los tres accionistas fundadores de Latin Checkout eran a su vez, como mostró el CLIP, los mismos que estaban al frente de la certificadora Cercarbono, con lo cual quienes comercializaron los bonos de un proyecto con posibles problemas terminaron siendo los mismos que lo habían certificado. En esa ocasión, Latin Checkout no respondió a quién vendió los créditos ni en qué otros proyectos ha jugado el mismo rol de intermediario. (Un acta de Latin Checkout, de marzo de 2023, muestra que ahora figuran dos de ellos, Andrés Correa y Alejandro Celis, como accionistas, habiendo salido Carlos Trujillo. Las más recientes actas de Cercarbono disponibles públicamente, de febrero de 2021, mostraban a los tres como accionistas de esa empresa).

Esta alianza periodística preguntó a Masbosques si dicha empresa compró o vendió bonos de Jocū Bucūrō Apūrō, pero la ong respondió que “lamentablemente no podemos brindar la información solicitada por cuanto existen acuerdos de confidencialidad y reserva sobre la misma”. El gerente de Cercarbono, Alex Saer, también se negó a revelar si Latin Checkout —que opera su plataforma Ecoregistry— vendió bonos del proyecto traslapado. “Cercarbono no es responsable de la comercialización de los créditos de carbono y por tanto no tiene comunicación con los usuarios finales de estos”, dijo, añadiendo que “no existe ninguna relación societaria con Ecoregistry y, por tanto, las suposiciones indicadas no son aplicables al momento actual”. Andrés Correa, de Latin Checkout, no respondió a dos correos haciéndole la pregunta. Delta Airlines tampoco respondió preguntas sobre a quién compró los créditos.

Del lado del proyecto perjudicado, al menos una iniciativa de Carbo Sostenible y Terra Commodities en la Amazonia colombiana ha tenido problemas. Sus dos proyectos en el resguardo Monochoa en el medio río Caquetá excluyeron a dos comunidades indígenas que históricamente han formado parte de éste, pero —como contamos en esta investigación— incluyó el territorio que habitan dentro de sus iniciativas. De este modo, las marginaron de los beneficios que generaba y al mismo tiempo les impedían participar en otra iniciativa distinta. Carbo Sostenible y Yauto, una tercera empresa promotora de esos proyectos, reconocieron la exclusión y explicaron que ya habían llegado a un acuerdo con esas dos comunidades para sumarlas. Los líderes de esas dos comunidades, Aménani y Monochoa, confirmaron el arreglo. Las empresas prometieron que los documentos técnicos serían corregidos para reflejar ese cambio durante 2023, algo que no había ocurrido a la fecha de publicación de este reportaje.

Un segundo grupo de proyectos impulsados por esas mismas empresas en la Amazonia de Brasil, llamados Jutaí-1, Jutaí-2 y Río Biá, fue señalado por una investigación de Infoamazonia de no haber realizado la consulta previa con las comunidades indígenas locales y desconocer las directrices de la autoridad indigenista del Estado brasileño (FUNAI) sobre proyectos de carbono en territorios étnicos. Las empresas argumentan que fueron invitados por los indígenas para desarrollar esos proyectos y que lo han hecho con conocimiento de la oficina local de la FUNAI del gobierno brasileño.

Un problema de credibilidad

Los promotores de ambos proyectos insisten en que el problema del traslape está resuelto y lo ven como un tropiezo normal en una industria en consolidación de la que Colombia es pionera.

“Mucha gente se mató en los primeros 40 años del automóvil hasta que se inventó el cinturón [de seguridad] y seguramente Henry Ford tuvo una cantidad de problemas que poco a poco fue enderezando”, dice Federico Ortiz, de Terra Commodities. “Todas las industrias cuando comienzan tienen ese tipo de fallas, pero van quedando atrás los que no cumplen y perduran los que trabajan bien”.

En efecto, hay mucho por corregir para que este mercado, nacido de las buenas intenciones, no termine desprestigiado. El caso de Miraflores deja varias alertas que pueden afectar la reputación del mercado de carbono colombiano. Del lado del Estado, la no disponibilidad del Renare, desde hace más de un año, dificulta sus esfuerzos hasta ahora magros de llenar los vacíos regulatorios que existen, monitorear el mercado e investigar posibles irregularidades. El Ministerio de Ambiente tiene listo un borrador de resolución con el que busca ponerlo de nuevo en pie, aunque no hay aún un cronograma claro de cuándo podría ocurrir. Del lado de los desarrolladores, auditores y certificadores quedan preguntas sobre qué tanto están cumpliendo su deber de detectar traslapes y servir de contrapesos entre sí. Y del lado del comprador Delta Airlines, su compromiso de usar sólo "compensaciones de alta calidad" podría haber sido socavado por su confianza en "registros establecidos del mercado de carbono que validan las compensaciones con debida diligencia y credibilidad", pero que no detectaron el traslape. A eso se suma la falta de transparencia en toda la cadena de valor sobre por cuánto se venden los bonos de carbono y quiénes intervienen en esas transacciones.

En últimas, fallas como éstas minan la credibilidad del mercado de carbono de Colombia y permitieron un traslape de dos proyectos que emitieron bonos en un mismo territorio al mismo tiempo y por una misma actividad. Al hacerlo, dieron vía libre a los promotores para que monetizaran dos veces un mismo resultado positivo ambiental y que empresas lo reclamasen también por partida doble como compensaciones, al menos hasta que detectaron el problema y se sentaron a resolverlo.

Actualizado el: Mié, 12/06/2023 - 09:20

Mujeres que han trabajado el campo, que han huido de él tras amenazas, asesinatos y desplazamientos. Mujeres que volvieron. Mujeres que protegen el territorio, pero que no cuentan con documentos que las acrediten como propietarias de las parcelas que trabajan, del solar que habitan. Siempre ha sido la tierra. 

 

Magaly Belalcazar, una lideresa campesina que habita la región amazónica, en el departamento de Caquetá, al sur de Colombia, enfatiza que ellas, las mujeres, son las que menos tienen derechos y acceso a la tierra. Los datos oficiales confirman su afirmación.

 

En Colombia, donde el 52.1 % de toda la población son mujeres que viven en la ruralidad, el 64 % de la propiedad de la tierra se encuentra en manos de los hombres, según el Departamento Nacional de Estadística (DANE). Y solo el 1 % de los predios mayores a 200 hectáreas están en manos de las mujeres. Además de tener un limitado acceso a la tierra, los terrenos que ellas poseen son menos fértiles y están lejos de centros poblados.

 

En el informe Reflexiones sobre el acceso a la tierra en América Latina, publicado en 2011 por la Fundación Tierra, organización no gubernamental dedicada a temas de mujer y tierra, se señala que las mujeres tienen un papel determinante en la agricultura y en el cuidado de sus familias a través de la alimentación. Sin embargo, en el acceso y control productivo encuentran una importante brecha: “Las mujeres tienen menos tierra, de peor calidad y su tenencia muchas veces es insegura. Esta inequidad es un obstáculo para el manejo sostenible de recursos naturales y para el desarrollo rural”. 

 

En esta misma línea, Grupo Género en la Paz, organización no gubernamental que ha velado porque se incluya y se dé cumplimiento al enfoque de género en el Acuerdo de Paz en Colombia, afirmó que existe un sesgo anticampesino reforzado en razón al género, lo que ha traído consecuencias palpables, que se traducen en el acceso de menos tierra y de menor calidad para las campesinas.

 

Tener acceso a la tierra juega un papel determinante para la agricultura, el cuidado de los ecosistemas, la seguridad alimentaria, acceso a otros recursos naturales como el agua y una independencia económica. Sin embargo, como lo explica la lideresa Magaly Belalcazar, las mujeres tienen aún más obstáculos para acceder a la propiedad en la región Amazónica, pues “las vacas tienen más derechos que las mujeres” y “cada vez más, la manigua-selva- se ha talado para negocios”.

 

El tener acceso a la tierra garantiza otros derechos, sobre todo para las mujeres, como lo advierten varios expertos en el tema.  

 

Como lo resalta el informe de la Fundación Tierra, tener tierra propia en manos de las mujeres garantiza un mejor nivel de vida para la familia. Y, tener tierra puede garantizar a las mujeres una independencia económica que les permita salir de entornos violentos. “Cuando una mujer tiene un ingreso permite mantener a sus hijos, empezar un proyecto de vida nuevo, mejorar su nivel de vida. Es necesario que las mujeres tengan ingresos para tener opciones de vida que les permita tomar decisiones”, afirma Mariela Álvarez, lideresa de Florencia, en el departamento de Caquetá. 

 

Rutas del Conflicto y Mongabay Latam hablaron con representantes de tres organizaciones que buscan la defensa de los derechos de otras mujeres, que impulsan acciones para propiciar la independencia económica, el empoderamiento, el restablecimiento de derechos y la defensa del territorio. 

 

Las tres organizaciones reúnen a mujeres que le apostaron a acceder a la tierra y a lograr una integralidad que les permita un proyecto de vida tras el conflicto armado y las nuevas oleadas de violencia que han deteriorado la región que habitan. 

 

Mariela Álvarez, Magaly Belalcázar, en el Caquetá; y Paola Chindoy, en Putumayo, decidieron, desde las organizaciones que representan —Asociación Mujeres Sueños del Mañana (Asuldema), Asociación Mujeres Amazonia y Paz (Funmapaz) y Asociación de Mujeres Indígenas Chagra de la Vida (Asomi), respectivamente—, alzar la voz y defender a las mujeres del Amazonas. 

Actualizado el: Jue, 11/30/2023 - 20:57

Mario Erazo tiene 42 años. Es gobernador del resguardo Buenavista del pueblo ziobain o siona en Putumayo y también cuiracua, es decir, guardia indígena. Junto a sus compañeros, se levanta muy temprano en las mañanas para recorrer su territorio. Antes de salir, desde el mandato del legado ancestral de su pueblo, toman yagé, la medicina tradicional y espiritual, para que su yai bain (que traduce gente tigre, como se les dice a los taitas mayores) los cure, dándoles fuerza y fortaleza para caminar. 

Durante el espacio ceremonial, con la toma del yagé, los cuiracuas visualizan cómo se encuentra el territorio y piden permiso a sus espíritus ancestrales para entrar con cuidado al recorrido previsto. Posteriormente, se aseguran de llevar GPS y celulares que tengan un programa que permite marcar puntos y así construir mapas del resguardo.

Erazo y sus compañeros forman parte de un grupo de indígenas de esta comunidad que se han educado en el uso de tecnología para la construcción de mapas que les permitan tener insumos documentales y sustentar sus reclamos ante las instituciones públicas.

El resguardo Buenavista es una de las 12 comunidades que conforman el pueblo siona. En 1974, la zona fue declarada reserva indígena y nueve años después, en 1983, la comunidad logró que el Estado, mediante el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), les titulara el resguardo con la resolución 045 del 21 de julio de ese año. Inicialmente, consiguieron el título de 4.500 hectáreas, pero desde 2017, con una solicitud de restitución de tierras, han pedido que les amplíen el territorio a 52.029 hectáreas. Dicha solicitud aún se encuentra en estudio por la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Después de los recorridos, Erazo y el resto de los cuiracuas ingresan la información recopilada en un sistema especial de procesamiento de datos llamada QGIS, que permite, en la cartografía, señalar lugares identificados como zonas afectadas por deforestación, sitios sagrados, fuentes de agua y quebradas, entre otros. Todo enmarcado desde la construcción de mapas narrativos que nacen del sentir y el conocimiento de sus abuelos.

(Lea la entrevista que le hizo Brigitte Escobar a Mario Erazo aquí). 

De esta manera, los cuiracuas generan conocimiento para el beneficio colectivo, una práctica que, al ser construida por la misma comunidad, les da la confianza de saber que la información se va a quedar con ellos en territorio desde el sentir y el hacer.

El censo actualizado de la comunidad señala que su población es de 730 personas y 235 familias. Su mai coca (lengua materna) desciende del tukano occidental y sus prácticas de identidad cultural se basan en la chagra. Este es un espacio de educación en donde sus mayoras y mayores les enseñan a sus hijos a cuidar y sembrar en su territorio plantas medicinales y de alimentos para subsistir, así como la espiritualidad por medio de la toma del sagrado remedio del yagé.

La historia de los cuiracuas de la comunidad siona se remonta a 2012, cuando comenzó un conflicto con la petrolera Amerisur Exploración Colombia Ltda., filial en el país de la británica Amerisur. Esta empresa luego pasó a llamarse La Nueva Amerisur, una vez Geopark la adquirió en 2020. La compañía comenzó una exploración petrolera en una zona que la comunidad considera su territorio ancestral, aunque quedaba fuera del resguardo delimitado en 1983.

Como lo cuenta el reportaje ‘La larga lucha de los siona en defensa de su territorio ancestral’, del medio Verdad Abierta, la empresa hizo entre 2014 y 2015 una consulta previa para buscar el respaldo de la comunidad a la exploración petrolera. Este es un requisito que obliga la ley colombiana cuando se busca realizar un proyecto extractivista en una comunidad étnica.

En la investigación de Verdad Abierta se señala que existieron varias irregularidades en la consulta. “No contó con el acompañamiento ni de la Dirección de Asunto Étnicos (del Ministerio del Interior), ni de la Defensoría, ni la Procuraduría”, señala el reportaje. Aunque la comunidad decidió, en la consulta previa, rechazar el proyecto petrolero, Amerisur continúo trabajando en la zona.

En 2015, Armando Maniguaje, un líder de la comunidad, viajó a Lago Agrio, Ecuador, y con el apoyo de Alianza Ceibo, una organización que reúne a cuatro pueblos indígenas, comenzó el proceso denominado Defensores Territoriales. En ese lugar, varios miembros de la guardia indígena comenzaron a capacitarse en cartografía, comunicación y derechos humanos. “Ahí, Armando conoció a una abogada, y con su apoyo iniciamos a reclamar nuestros derechos e impulsamos el proceso de restitución de tierras. Todo esto fue en 2016, cuando desde el resguardo les enviamos resoluciones al Gobierno y a la petrolera”, cuenta Erazo.

Para esa misma época, comenzó el proceso de solicitud ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT), con una caracterización del terreno. La comunidad había hecho un trabajo previo entre 2008 y 2011, recorriendo lo que considera su territorio ancestral y quería usar esta información en el proceso. “Nosotros recorrimos todo el territorio ancestral solicitado, pero la URT quería delimitarlo de forma satelital”, cuenta Erazo.

En ese momento, los cuiracuas, utilizando todo lo que habían aprendido, recorrieron todo el territorio que iban a solicitar en restitución, con el apoyo de Alianza Ceibo. En ese momento, determinaron que, con la ampliación, el predio era de 52.029 hectáreas. 

Los cuiracuas cuentan que, hasta 2019, cada año recorrían todo lo que ellos consideran su territorio ancestral, caminando por lugares que son sagrados para la comunidad. Adiela Mera, lideresa cuiracua, cuenta que recogen los puntos para construir los mapas en sitios en los que encuentran sus plantas sagradas, sus alimentos y sus fuentes de agua. “Ser cuiracua es un legado de nuestros ancestros. En la actualidad, nos encontramos de forma física para salvaguardar y defender nuestro territorio por la vida y pervivencia de nuestro pueblo siona”, afirmó Mera, quien lleva el proceso de fortalecimiento cultural por medio de la danza con niños/as, jóvenes y adolescentes siona del resguardo Buenavista.

Angie Rivera es geógrafa y coordinadora del área de Geografía y Territorio del Observatorio de Derechos Territoriales de los pueblos Indígenas, de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, una organización que sirve como espacio de concertación entre los pueblos originarios y el Gobierno nacional. Rivera señala que los territorios son muy complejos y no se reducen a la descripción que puede tener un predio de un particular. “No solo es su casa, también están los ríos, los sitios sagrados, los cerros, los lugares de peregrinación para sus rituales. Así estos elementos no aparezcan en los documentos que definen los límites del resguardo, forman parte de la identificación y de la cosmología de cada pueblo”, explica Rivera.

El gobernador Erazo cuenta que entre 2015 y 2019, los cuiracua recorrieron hasta cuatro veces por año todo su territorio ancestral y lograron “caracterizar a través de mapas” todo lo que encontraron. “En 2019 tuvimos que parar por la presencia de grupos armados en la zona y recibimos muchas amenazas. Nuestra última entrada fue en el año 2019, cuando la empresa Amerisur abrió trochas con el fin de realizar sísmica en el territorio que hoy seguimos peleando jurídicamente. En aquel entonces, encontramos taladros, cables y otra maquinaria”, cuenta el gobernador.

Con toda la información que recogieron los cuiracuas, en 2017, el resguardo solicitó ante la URT la restitución de lo que consideran su territorio ancestral. La entidad aceptó la petición y, como indica la Ley 1448 de 2011, envió el proceso a un juez de tierras. En ese momento, la URT asumió la representación de la comunidad en el caso y en conjunto solicitaron medidas cautelares ante el Juzgado Primero Civil Especializado Restitución de Tierras de Mocoa.

Lo que se buscaba era que, con una decisión judicial, se protegiera el territorio solicitado, mientras se definía el proceso de restitución de tierras en los tribunales. Estas medidas fueron otorgadas en el Auto Interlocutorio 531 del 21 de agosto de 2018, en donde emitieron 15 órdenes a instituciones del Estado para resguardar todo lo que ha pedido la comunidad hasta se tenga una sentencia definitiva. 

Las medidas cautelares ordenaron suspender la toma de decisiones en procesos administrativos y judiciales sobre el territorio ancestral solicitado por los siona y las actividades de exploración y explotación petrolera hasta que se dicte la sentencia que defina la solicitud de restitución de tierras. Además, también parar el proceso de la constitución de resguardo a favor del cabildo Kwesx Kiwe, una comunidad indígena nasa que llegó al territorio hace más de tres décadas y que también reclama la propiedad de la tierra.

Los siona llevaron el caso también ante instancias internacionales, específicamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en 2018 otorgó medidas cautelares con la resolución 53 MC 395-18, para proteger su territorio.

En 2019, el resguardo decidió quitarle su representación en el proceso a la URT y asignárselo a la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), una organización de la sociedad civil que representa a víctimas de violaciones de derechos humanos y de otra serie de afectaciones del conflicto armado. Según el gobernador Erazo, esta decisión se tomó porque la comunidad no quería verse representada por una entidad del Estado, que en el pasado no ha hecho valer sus derechos.

Precisamente, Angie Rivera, de la CNTI, señala que el hecho de que los indígenas siona hayan tenido que aprender herramientas digitales para construir mapas con el fin de sustentar sus reclamos es una muestra de la falta de conciencia desde el Estado a la hora de aplicar los derechos territoriales de estos pueblos. “Las entidades públicas deberían hacer un reconocimiento y una identificación del territorio que las comunidades siempre han habitado, e incluirlas en el proceso”, señala Rivera.

La geógrafa explica que, si bien hay resguardos como Buenavista, que ha logrado formarse por su cuenta para crear sus propios mapas, hay casos de comunidades con entornos más vulnerables, o que no han podido encontrar apoyo en esta vía. “Todo esto afecta a la comunidad. Cuando solo dependen del trabajo del Estado, son años los que duran estos procedimientos sin que haya un reconocimiento de su territorio”, dice Rivera.

Nury Martínez, coordinadora del área de Tierras y Derecho territoriales de la CCJ, explicó que el juez insiste en que en el proceso judicial se deben agotar varias actividades antes de iniciar la fase probatoria, incluyendo la notificación a terceros que se declaren interesados en el territorio objeto del proceso. Desde 2018, cuando la demanda fue admitida por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Mocoa, hasta la actualidad se sigue en la etapa de notificación y no se ha logrado abrir la etapa probatoria.

La CCJ interpuso una acción de tutela en octubre de 2021 para exigir la celeridad del proceso y la apertura de la fase de pruebas, el asunto llegó a revisión a la Corte Constitucional y mediante la sentencia T-341 de 2022 ordenó al despacho que lleva el caso y a los entes de control tres medidas particulares para que avance el proceso, entre ellas la culminación de notificación a terceros para pasar a etapa probatoria. El 18 de julio de 2023 se adelantaron actividades ordenadas por el juez para notificar a terceros interesados, esta actividad fue desarrollada coordinadamente entre la URT, la Defensoría del Pueblo y la CCJ. “Sabemos que todavía nos demoramos en esta etapa debido a la gran cantidad de personas vinculadas e interesadas en ser partícipes del proceso. Esto no culmina con la sentencia, se busca reconocer al sujeto colectivo como víctima del conflicto armado, acreditando la existencia de los problemas territoriales para garantizar la reparación colectiva”, cuenta Martínez, de la CCJ.

Además de la petrolera y de la otra comunidad indígena, en el territorio reclamado por el resguardo siona Buenavista también viven varios campesinos que llegaron y que en la actualidad insisten en la construcción de una carretera, esto en contra de la voluntad de los indígenas, lo que hace más complejo el proceso judicial.

Mientras avanza el proceso judicial, la comunidad espera que se actualice la información que tiene la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y Unidad de Restitución de Tierras (URT) en cuanto al territorio constituido. Existe una falta de coherencia entre los mapas de las instituciones del Estado y el territorio que se describió con la creación del resguardo en 1983 y la realidad actual. Durante estas cuatro décadas, el resguardo compró nuevos predios para sumarlos al territorio colectivo y dentro de la solicitud de restitución, la comunidad pide que la ANT amplíe el resguardo, teniendo en cuenta estas propiedades.

Además, ante la solicitud de un juez, la comunidad espera trabajar junto a las entidades para construir mapas que muestren el estado de la deforestación del territorio y los predios en los que viven los campesinos y la comunidad nasa en la zona de ampliación que piden los siona. 

La abogada Martínez, de la CCJ, señala que el fortalecimiento de las autoridades territoriales de la comunidad ha sido clave y se da desde varios puntos: “Conociendo el territorio, caminándolo y cuidándolo; entendiendo los procesos que se hacen para cuidarlo frente a los terceros y compartiendo con la comunidad y vinculándola a esos procesos”. 

Martínez agrega que las actividades que se han hecho para identificar las zonas protegidas para la comunidad se hacen desde su cultura, desde sus conocimientos ancestrales, desde su espiritualidad. “Son recorridos que han permitido identificar geográficamente puntos estratégicos para poder brindarles herramientas a las instituciones del Estado que se encuentran en una mora de poder garantizar la claridad de los territorios”, cuenta la funcionaria de la CCJ.

Los cuiracuas dicen que todo este proceso de aprendizaje les ha aportado, además, en la construcción de un gobierno propio que les da mayor autoridad para ejercer su autonomía en el territorio. Este grupo de indígenas resaltan la importancia de sus conocimientos transgeneracionales que los ha identificado culturalmente como ziobain, el aprender a leer el territorio desde las herramientas ancestrales. 

También son conscientes de la importancia de capacitarse en todos los ámbitos de estudio con herramientas tecnológicas que les permitan seguir cuidando y defendiendo el territorio para la pervivencia de su pueblo bajo sus propias formas de vida. “El territorio habla por sí solo y su conexión espiritual es base fundamental. Tener registro de ello es importante”, concluye el gobernador del resguardo.

 

Esta historia fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción (CdR) y la Fundación Konrad Adenauer (KAS) como parte de la segunda edición del proyecto ‘CdR/Lab Periodismo para cubrir los conflictos por la tierra’. Los textos que aquí se publican son de exclusiva responsabilidad de los autores y no expresan necesariamente el pensamiento ni la posición de estas organizaciones.

Actualizado el: Vie, 11/24/2023 - 15:22