Por: Andrés Bermúdez Liévano (CLIP)

En septiembre de 2022, la aerolínea estadounidense Delta Airlines compró 1,3 millones de créditos de carbono de un proyecto en la Amazonia colombiana tan conflictivo que su suerte tendrá que ser decidida por la Corte Constitucional de ese país.

El caso llegó al máximo tribunal constitucional en Colombia después de que un grupo de líderes indígenas del selvático territorio del Pirá Paraná que lo alberga interpusieron un recurso judicial contra el proyecto Baka Rokarire, argumentando que violó sus derechos fundamentales y que como era un asunto novedoso ameritaba que la Corte lo examinara. 

Los indígenas demandantes denunciaron que el contrato que sustenta la iniciativa fue firmado por un líder indígena que había sido retirado de la representación legal de ese territorio, en el departamento de Vaupés, y que nunca pasó por la máxima instancia de gobernanza del Pirá Paraná. Aún antes de que el caso llegara a la Corte, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) había develado los detalles de este conflicto.

La aerolínea compradora no se pronunció en aquel momento, pero cuatro meses más tarde reconoció que había una “disputa local sobre quién autorizó el proyecto”. Aún así, Delta subrayó su compromiso con comprar “compensaciones de carbono de alta calidad”, en línea con el plan que anunció en 2020 de convertirse en la primera aerolínea carbono neutral de Estados Unidos. Esta meta, según la definió la empresa, implicaba invertir en combustibles menos contaminantes, aviones más eficientes y, hasta un cambio en su estrategia de sostenibilidad el año pasado, también en la preservación de bosques —como el Pirá Paraná— donde las emisiones evitadas al reducir la tala compensan las de los aviones.

Sin embargo, ese no es el único proyecto del mercado de carbono con posibles irregularidades al que Delta ha comprado bonos. El 15 de diciembre de 2022, casi dos meses después de que se publicara el reportaje que advertía sobre los problemas del proyecto en Vaupés y cinco meses desde que los líderes indígenas presentaran la acción judicial, la aerolínea compró 115 mil créditos a un segundo proyecto con problemas en otro rincón de la Amazonia colombiana.

Ese nuevo proyecto, llamado Jocū Bucūrō Apūrō, está en el sur de Guaviare y fue aprobado en septiembre de 2022. Tuvo luz verde a pesar de que uno de los tres resguardos indígenas que lo alberga ya formaba parte de otro proyecto de carbono distinto, Redd+ Dabucury, que estaba activo y había vendido cientos de miles de bonos en 2021. 

Estos son los hallazgos de una investigación hecha por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP),  como parte de la alianza periodística Carbono Opaco que reúne a 13 medios de ocho países para indagar cómo está funcionando el mercado de carbono en América Latina.

Al formar parte de dos proyectos del mercado de carbono que estuvieron activos simultáneamente, ese territorio indígena y sus empresas promotoras vendieron un mismo resultado ambiental dos veces – algo que, en el mundo de las compensaciones de carbono, se conoce como una forma de doble contabilidad. En la práctica el problema es que, al transarse dos veces un mismo resultado ambiental por parte de dos proyectos diferentes, se genera una suerte de engaño a la atmósfera y puede inducir a creer que se redujo el doble de emisiones de las que en verdad se redujeron. Esto podría poner en entredicho la integridad de un esquema financiero que fue diseñado para conectar a empresas privadas que buscan compensar su huella ambiental con comunidades locales que cuidan bosques para mitigar la crisis climática global. También es una alerta para el Estado colombiano, cuya herramienta digital para identificar traslapes de proyectos está fuera de servicio desde agosto de 2022, coincidiendo con el lapso de tiempo en el que Jocū Bucūrō Apūrō se aprobó.

Un desarrollador al frente de cada uno de los proyectos, al igual que la certificadora del más nuevo de los dos y la aerolínea que compró los bonos, reconocieron a esta alianza periodística que el traslape ocurrió. Argumentan, no obstante, que el segundo proyecto ya excluyó ese resguardo de su polígono y que juntos encontraron una solución que les permitió ya evitar la doble contabilidad. A pesar de ello, este reportaje encontró que persisten preguntas sin respuesta sobre la debida diligencia que realizaron varios actores en la cadena de valor de esos bonos de carbono, sobre la millonaria venta que ya se había hecho y sobre cómo puede afectar la credibilidad del mercado de carbono colombiano.

El resguardo indígena con dos proyectos

En el centro de este conflicto está el resguardo indígena Vuelta del Alivio. Creado en 1998 y habitado por unos 850 indígenas el pueblo wanano, está en un corredor selvático que conecta dos parques nacionales amazónicos. Uno de ellos, el Parque Nacional Serranía de Chiribiquete, es el más grande de Colombia y también el más extenso de selva húmeda tropical en el mundo, considerado patrimonio de la humanidad por su riqueza natural y por las milenarias pinturas rupestres que el etnobotánico y explorador Wade Davis bautizó como “la Capilla Sixtina de la Amazonia”.

También es una zona donde la tala ha ido en aumento en años recientes. El selvático municipio de Miraflores, atravesado por el río Vaupés y con presencia de las disidencias de la ex guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que optaron por no entrar en el acuerdo de paz, aparece con frecuencia como punto caliente de deforestación en las alertas tempranas que publica el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Entre abril de 2021 y marzo de 2022, perdió 2.742 hectáreas de bosques, según la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

Esa combinación de factores lo hace perfecto para un proyecto de carbono. Se trata de un esquema que fue incorporado a la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para conectar a gobiernos nacionales que están frenando la deforestación con otros que quieren pagar por esos resultados, pero que luego fue ampliado para incluir proyectos privados. Desde entonces estos proyectos, conocidos como Redd+, se han expandido por los bosques tropicales de la Amazonia y del Pacífico colombianos.

Tres razones explican esa bonanza. La primera es que el gobierno colombiano creó en 2017 un incentivo tributario que permite a las empresas que usan combustibles fósiles reducir el impuesto al carbono si compran estos bonos. La segunda es que gran parte de las selvas y bosques de Colombia —que suman 600 mil kilómetros cuadrados, un área equivalente al tamaño de Ucrania— está custodiada por comunidades indígenas y afrodescendientes que suelen tener titularidad colectiva y gobernanza efectiva de sus territorios, razón por la que muchas empresas empezaron a buscarlas para impulsar proyectos privados del mercado voluntario de carbono. A esas se suma una tercera: la posibilidad de obtener una alta rentabilidad, más cuando se están desarrollando sin mayor supervisión estatal de los proyectos en lo técnico, lo social y lo ambiental.

En este sentido, las condiciones del resguardo de la Vuelta del Alivio parecen haber sido tan perfectas para un proyecto de carbono que los terminaron eligiendo dos grupos de empresas casi al tiempo.

Los dos proyectos en tensión

El proyecto más antiguo, Redd+ Dabucury, tomó forma y fue aprobado durante 2021. Promovido por las empresas colombianas Carbo Sostenible, Terra Commodities y Plan Ambiente, engloba tres resguardos indígenas contiguos en el sur del Guaviare: el de Yavilla II, el de Puerto Nare y el de Lagos El Dorado, Lagos del Paso y El Remanso, además de Vuelta del Alivio. A futuro, la iniciativa —que forma parte de la alianza CommunityRedd+— contempla incluir un quinto resguardo llamado Barranquillita.

El segundo, Jocū Bucūrō Apūrō, se cristalizó durante 2022. Lo impulsa la Corporación Masbosques, una ONG ambiental de Antioquia que tiene a varias entidades públicas como socias, en llave con la empresa Soluciones Proambiente. Además de Vuelta del Alivio, incluye a dos resguardos más al norte, el de Puerto Viejo y Puerto Esperanza y el de Centro Miraflores cerca de la cabecera del municipio.

Ambas iniciativas fueron registradas y certificadas tras un proceso de validación. Dabucury lo surtió primero: recibió el visto bueno de la auditora colombo-brasilera Verifit en octubre de 2021 y fue registrado por la certificadora colombiana BioCarbon Registry (antes conocida como ProClima) ese mismo mes. A los cinco días de ser aprobado, el 20 de octubre de 2021, su primera cosecha de 700 mil bonos fue canjeada por la distribuidora de gasolina Primax Colombia. En los dos meses siguientes, la distribuidora de gas Petrobras Colombia declaró haber utilizado 138.000 bonos y Biomax otros 5.601 bonos. En total, hasta principios de 2023, había vendido unos 843 mil bonos.

Casi un año después, Jocū Bucūrō Apūrō le siguió los pasos: en septiembre de 2022 fue validado por el auditor estadounidense Ruby Canyon Environmental y en octubre fue registrado por la certificadora colombiana Cercarbono. Dos meses después, la totalidad de los bonos que le fueron aprobados fue canjeada por Delta Airlines.

 

Los documentos que los sustentan muestran que hay un traslape entre ambos, en el espacio, en el tiempo y en la misma actividad de evitar la deforestación y la degradación del bosque.

Los dos proyectos incluyen el mismo polígono del resguardo Vuelta del Alivio –408 kilómetros cuadrados, o el tamaño del país caribeño de Barbados— como parte de sus áreas. Según el documento de diseño de proyecto (o PDD, en la jerga del sector) de Dabucury, ese proyecto se realiza en 81 mil hectáreas de bosques, una cuarta parte de las cuales corresponde a Vuelta del Alivio. Mientras tanto, el documento que sustenta a Jocū Bucūrō Apūrō muestra que abarca 51 mil hectáreas, un 80% de las cuales están en Vuelta del Alivio.

 Mapas de los documentos de diseño de proyecto de Redd+ Dabucury (izquierda) y Jocū Bucūrō Apūrō (derecha) muestran a Vuelta del Alivio a la derecha. Fuente: PDDs de Redd+ Dabucury y Jocū Bucūrō Apūrō disponibles en los registros de BioCarbon Registry y Cercarbono, respectivamente.​

 

Algo similar ocurre con las ventas hechas por ambos proyectos. Los certificados emitidos para los bonos vendidos por Dabucury muestran que se trata de resultados ambientales de los años 2019 a 2020, mientras los de Jocū Bucūrō Apūrō corresponden a enero de 2018 a diciembre de 2021. A eso se suma que ambos proyectos tienen como actividad la reducción de la deforestación y la degradación de los bosques, y que citan como representante de Vuelta del Alivio a la misma líder indígena, Martha Lucía Pedroza.

 

Imágenes de los PDDs de los dos proyectos, en donde se repite el nombre de la líder indígena Martha Lucía Pedroza del resguardo Vuelta del Alivio. Fuente: PDDs de Redd+ Dabucury y Jocū Bucūrō Apūrō disponibles en registros de BioCarbon Registry y Cercarbono.

 

Al menos una entidad del Estado colombiano, el Instituto Sinchi de investigaciones amazónicas,  alertó sobre la coincidencia del resguardo en ambas iniciativas en su informe sobre proyectos Redd+ en la Amazonia lanzado en julio.

Desarrolladores de los dos proyectos, así como la certificadora Cercarbono, reconocieron a esta alianza periodística que el traslape ocurrió y que no fue detectado sino hasta mediados de este año, ocho meses tras ser certificada la segunda iniciativa y seis después de vender su cosecha inaugural de bonos. 

La líder indígena Martha Lucía Pedroza de Vuelta del Alivio no respondió mensajes de Whatsapp preguntándole por qué firmó dos contratos para proyectos casi idénticos y por qué no informó a los promotores de ambos de ese hecho.

Federico Ortiz, uno de los promotores del proyecto Dabucury, relató que en junio de este año se percataron del traslape y notificaron a Cercarbono, la certificadora con quienes ellos también han trabajado. Ésta, a su vez, informó a Masbosques. “Quedamos aturdidos. Ellos no se habían dado cuenta”, dijo el director y accionista de Terra Commodities. “Es que cuando firman por segunda vez, el proyecto nuestro ya estaba caminando, había implementación y había actividades”.

Cercarbono confirmó haber recibido esa alerta, explicando que de inmediato pasaron los polígonos por una herramienta de anti-traslape que habían desarrollado recientemente y confirmaron que en efecto había un problema. Masbosques señaló que se enteró del traslape por un correo de Cercarbono el 15 de junio y que, al día siguiente, se reunió con la certificadora y con su auditora Ruby Canyon Environmental para corroborarlo.

La ONG antioqueña dice no explicarse aún cómo ocurrió el traslape. Mediante una respuesta escrita, señaló que inició diálogos sobre el proyecto de carbono con la asociación indígena local Asatrimig en 2020 y que firmó contratos con los tres resguardos en noviembre de 2021, que ratificó siete meses después. Estructurar el proyecto, dice, le tomó en total dos años, entre 2020 y 2022. “Masbosques parte del principio de buena fe, en el que se confía plenamente en lo manifestado por las comunidades y su representante legal, quienes indicaron no estar en otra iniciativa Redd+”, añadió. (Puede ver sus respuestas completas acá).

Como parte de ese proceso, Masbosques dice que comprobó en Renare, la plataforma estatal de iniciativas de mitigación, que no hubiese traslapes y que corroboró esa información mediante una revisión manual de las plataformas de las distintas certificadoras, encontrando cuatro proyectos en Guaviare pero ninguno en su área de interés. “A abril de 2021, fecha en la que se registró el proyecto en Ecoregistry bajo el estándar de Cercarbono, no se detectó un posible traslape”, argumentó, añadiendo que tiene un soporte de no traslape generado por la herramienta gubernamental.

Sin embargo, su proyecto no llegó a la fase de certificación sino hasta año y medio después. Y en ese lapso de tiempo Dabucury ya había nacido y vendido sus primeros resultados ambientales, sin que Masbosques, Ruby Canyon o Cercarbono se enteraran.

 

Pantallazo proporcionado por Masbosques mostrando que su consulta en febrero de 2022 arrojó la no existencia de un traslape. Fuente: Masbosques.

La solución al traslape

El 9 de agosto de 2023, mes y medio tras descubrir el traslape, los impulsores de ambos proyectos se reunieron en persona, con Cercarbono en el rol de mediador. Tras reconocer la existencia del problema, acordaron una solución. “Se decidió retirar voluntariamente las áreas traslapadas (…) con el fin de que esta situación no fuera motivo de disputas y divisiones al interior de la comunidad”, explicó Masbosques a esta alianza periodística.

Dos semanas después, la representante legal del resguardo Vuelta del Alivio desistió formalmente del proyecto y el polígono del proyecto en el registro público de Cercarbono fue redibujado. Jocū Bucūrō Apūrō perdió así cuatro quintas partes de su área, pasando de 51.646 hectáreas a solo 10.776 (aunque los documentos de Jocū Bucūrō Apūrō, sin embargo, siguen incluyendo a Vuelta del Alivio).

Acto seguido, Cercarbono propuso otra solución para resolver el segundo problema que tenían todos: el de la doble contabilidad en los bonos ya vendidos. Los créditos emitidos por Jocū Bucūrō Apūrō para ese territorio se descontarían de una reserva (también llamada buffer) que mantiene cada certificadora y a la que todos los proyectos aportan para cubrir —a la manera de un seguro— posibles riesgos como incendios o fugas de la deforestación hacia tierras aledañas. Más específicamente, Cercarbono cubrió los bonos traslapados con su reserva colectiva, que se nutre con un porcentaje de bonos de todas las iniciativas que ha certificado. De ese modo buscaban evitar que el proyecto Jocū Bucūrō Apūrō —y todos ellos— pudieran ser responsabilizados de haber permitido la doble venta de un mismo resultado ambiental. Luego Masbosques se comprometió a reponer esos bonos a la certificadora con otros, algo que la ONG dice haber hecho ya “mediante la compra de créditos de otros proyectos de otros desarrolladores”.

“El área ha sido ajustada, eliminando del proyecto referido la superficie correspondiente al traslape existente”, dijo a esta alianza periodística Alex Saer, el gerente de Cercarbono que fue director de cambio climático del Ministerio de Ambiente durante el gobierno de Iván Duque, entre julio de 2021 y agosto de 2022. Explicó que la certificadora siguió el procedimiento que esbozó para este tipo de casos de doble contabilidad, donde un número de bonos se registran en dos estándares distintos, y que subsanó esa doble emisión mediante dos sanciones que llama mínima y moderada. Esos pasos, sumados al acuerdo entre las partes, significan que a juicio de Saer “actualmente no se puede hablar de doble contabilidad, toda vez que los créditos emitidos de las áreas traslapadas fueron soportados por créditos de la reserva colectiva y a su vez compensados por créditos que adquirió el proyecto para su reemplazo”. (Ver respuestas de Cercarbono acá.)

Esa decisión satisfizo a los promotores de Dabucury. “El problema ya tuvo solución”, dice Ortiz, explicando que su proyecto acaba de pasar una nueva ronda de auditoría con Icontec y que esperaron tener certeza absoluta de su resolución para emitir y vender esa nueva tanda de bonos a partir de noviembre de este año.

Consultada por esta alianza periodística sobre cuántos bonos resultaron afectados, Masbosques señaló que fueron 95.292 — o el 82,5% del total emitido por su proyecto. Respecto al manejo de esos ingresos, dijo que “no hubo afectación, teniendo en cuenta que los recursos no se habían girado”.

Delta Airlines explicó a esta alianza periodística que su estrategia de sostenibilidad cambió en 2022, "dejando de invertir en compensaciones y centrándose, en cambio, en descarbonizar las operaciones de nuestra aerolínea mediante esfuerzos que incluyen la inversión en combustible de aviación sostenible, la renovación de nuestra flota por aviones más eficientes en el consumo de combustible y la reducción de las emisiones globales mediante la aplicación de eficiencias operativas". 

La aerolínea añadió que, aunque ya no emplea compensaciones para alcanzar su objetivo de carbono neutralidad, mientras lo hizo trató de "asegurar compensaciones de alta calidad para lograr su impacto previsto y significativo". Su forma de garantizarlo, explicó, había sido trabajar con "registros establecidos del mercado de carbono que validan las compensaciones con la debida diligencia y credibilidad en su base". En cuanto al problema con el proyecto Jocū Bucūrō Apūrō, Delta dijo que "en este caso, el registro -Cercarbono- aplicó créditos de reserva para resolver el traslape y, por lo tanto, el proceso funcionó según lo previsto”. (Ver respuesta completa de Delta).

Además de Miraflores y el Pirá Paraná, Delta ha comprado bonos a otros dos proyectos Redd+ impulsados por Masbosques: en diciembre de 2021 usó 300 mil bonos de Makaro Ap+ro en Vaupés y un año después, al tiempo que los de Jocū Bucūrō Apūrō, lo hizo con casi un millón de Awakadaa Matsiadali en Guainía.

Todos apuntan la culpa al Gobierno

Si bien los promotores y avaladores de Jocū Bucūrō Apūrō reconocen el traslape, descargan en el Gobierno colombiano la responsabilidad principal de no haber podido detectar ellos mismos un cruce con otra iniciativa.

En su informe de auditoría, Ruby Canyon explicó que buscó verificar en la plataforma estatal pero que “a la fecha de elaboración del presente informe, la plataforma web del Renare no estuvo en funcionamiento, por lo cual no fue posible realizar esta verificación”. Algo similar argumentó Masbosques en su PDD, explicando que el proyecto estaba registrado en el Renare, pero que “a la fecha de presentación de este documento y, desde el pasado mes de marzo de 2022, la plataforma se encuentra fuera de funcionamiento”. A la pregunta de cuál fue la última fecha en que cotejó, respondió que febrero de 2022 y que lo intentó de nuevo “en los meses siguientes pero la página web se presentaba en estado de mantenimiento”.

Ambos se refieren a una herramienta digital del Renare que permite identificar de manera automática cruces entre los polígonos inscritos en el espacio, el tiempo o en sus actividades. En caso de detectar una superposición, podría declarar una iniciativa como “no compatible” para evitar una doble contabilidad. Un proyecto con esa situación, advierte la resolución que regula al mercado, “en ningún caso podrá verificar y cancelar reducciones de emisiones o remociones” de gases de efecto invernadero.

En efecto, el Renare está actualmente fuera de servicio, pero no desde marzo de 2022 como señala Masbosques, sino desde el 9 agosto de 2022. Como contó el CLIP en otro reportaje, esto se debió a una suma de factores que incluyeron un mantenimiento y una sentencia del Consejo de Estado que ordenó suspenderlo mientras resuelve una demanda. Consultado por esa inconsistencia en las fechas, Masbosques respondió que en efecto la plataforma está caída desde la segunda mitad de 2022, pero que “desde el primer trimestre del año (…) presentaba errores de ejecución”.

Incluso, los promotores de Dabucury tienen una perspectiva similar de que la responsabilidad primaria recae en el Gobierno colombiano. “Si el Estado tiene una herramienta andando, ¿uno por qué va a desconfiar de ella?”, pregunta Federico Ortiz de Terra Commodities. “Es como el que dirige el tránsito, que por lo general no se involucra. Tiene que haber un ente neutral que no sea juez y parte”.

Aún así, Ortiz reconoce que a sus competidores les faltó debida diligencia. “Cuando nosotros empezamos un proyecto, aunque no nos compete, siempre hacemos un sondeo de quiénes son los vecinos, quiénes están desarrollando proyectos por ahí y que no haya traslapes”, dice. Sobre todo porque en ausencia del Renare hay otras formas de comprobar si existe un posible traslape, como buscar en las plataformas de las cuatro certificadoras que operan en Colombia qué proyectos había en Guaviare. A octubre de este año, según una verificación manual hecha por esta alianza periodística, había fichas de otras 12 iniciativas, solo una de las cuales está activa y vendiendo bonos.

El promotor de Dabucury también señala que los indígenas de Vuelta del Alivio han debido saber que no podían firmar dos contratos distintos —que suelen tener cláusulas de exclusividad— para un mismo tipo de proyecto. En sus palabras, “firmaron con los otros teniendo uno andando, seguramente para beneficiar su comunidad y sin saber que estaban metiendo la pata”. Ese es un problema, añade, que se soluciona con un fortalecimiento gradual de sus capacidades de gobernanza.

Auditoría al sobrevuelo

Una mirada al proceso de aprobación del proyecto de Masbosques y Soluciones Proambiente muestra un problema que pudo haber incidido en que el traslape pasara desapercibido: los auditores de Ruby Canyon Environmental que lo validaron no visitaron el resguardo de Vuelta del Alivio, ni tampoco se reunieron con su comunidad en persona.

Sus dos empleadas no lograron llegar, explica su informe, “debido a circunstancias particulares que se presentaron en el área del proyecto y sus alrededores, relacionadas con la actividad de grupos armados y delictivos que generaron violencia durante un período que incluyó las fechas de la visita a sitio”. Eso significó que, según el documento, “la visita tuvo que ajustarse y realizarse de manera que incluyó dos actividades principales”: una reunión en febrero de 2022, en la capital departamental de San José del Guaviare, con uno de los líderes de la iniciativa y sobrevuelos al área del proyecto.

Únicamente se vieron con Isidro Lomelin Gil, presidente de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas de Miraflores Guaviare (Asatrimig) a la que están afiliados los resguardos de la zona, dado que —según el informe— “debido a problemas logísticos, el resto de los líderes de las comunidades no pudo ser entrevistado en persona”. Por ese motivo, sostuvieron llamadas telefónicas con ellos, aunque el informe no dice con cuántos ni quiénes.

 

La selva de Miraflores y el río Vaupés observados por los auditores en sobrevuelo. Fuente: imágenes tomadas del informe de verificación de Ruby Canyon Environmental.

Esa falla del auditor pone en evidencia, según el Instituto Sinchi estatal, que “la verificación y auditoría está omitiendo las salvaguardas sociales y culturales”.

La imposibilidad de Ruby Canyon de llegar a Vuelta del Alivio contrasta con las visitas a campo que hicieron los dos auditores externos que ha tenido el proyecto Dabucury, tanto antes como después de que fuera validado su proyecto rival. Primero, en mayo de 2021, un auditor de la empresa Verifit estuvo durante seis días en la zona de Miraflores, bajando por el río Vaupés hasta Vuelta del Alivio y reuniéndose con la comunidad, según consta en su informe de verificación.

 

Mapa de la primera visita en sitio de los auditores del proyecto Dabucury. Fuente: Informe de auditoría de Verifit.

 

Luego en diciembre de 2022, diez meses tras el trabajo de campo de Ruby Canyon sobre Jocū Bucūrō Apūrō, un segundo equipo de auditores de la empresa colombiana Icontec consignó en su informe haber hecho una visita de casi dos semanas a Miraflores. Recorrieron el río Vaupés hasta los asentamientos de Alivio y Vivero, donde se reunieron, según el documento, con 21 personas de la comunidad.

 

Mapa de la segunda visita en sitio de los auditores del proyecto Dabucury. Fuente: Informe de auditoría de Icontec.

Ruby Canyon no respondió a un correo preguntándole por las circunstancias que le impidieron visitar Vuelta del Alivio, si intentó realizar un nuevo viaje y las razones por las que sus rivales sí pudieron ir.

 

Curiosamente, las palabras que aparecen en el informe de Ruby para explicar las razones por las que no pudo hacer una visita de sitio son —como mostró la investigación del CLIP— textualmente las mismas que aparecen en otro documento hecho por la misma auditora para el proyecto en el Pirá Paraná en febrero de 2022, un hecho que pudo contribuir a que no se percatara del agudo conflicto que la iniciativa de Masbosques ya había generado allí y que la Corte Constitucional está próxima a resolver.

 

 

 

 

 

 

Los auditores de Ruby Canyon Environmental no visitaron en persona el resguardo de Vuelta del Alivio, según muestra su informe de auditoría, por motivos de seguridad. Su auditoría del proyecto Baka Rokarire muestra una situación similar. Fuente: Informes de auditoría de los proyectos Jocū Bucūrō Apūrō y Baka Rokarire.

 

 

Consultado sobre por qué Cercarbono tampoco detectó el traslape, su gerente Alex Saer explicó que la certificadora lo analiza siempre usando “la información públicamente disponible y de la documentación soporte” y que Jocū Bucūrō Apūrō “cumplía con los requisitos de Cercarbono”. Añadió que hoy cuentan con una herramienta anti-traslape, que describe como “un software de última generación para realizar una revisión con mayor precisión” y “única en su tipo”, pero que en aquel momento no existía aún. “Nadie podría haberlo detectado con los elementos disponibles”, dijo Saer, quien en su anterior cargo de director de cambio climático del Ministerio de Ambiente fue el responsable gubernamental de monitorear el mercado de carbono en el país.

 

Para los promotores del proyecto afectado, la ausencia de visita de campo incidió en que el traslape no fuese identificado a tiempo. Según Federico Ortiz, de Terra Commodities, “cualquiera que entre se da cuenta de la implementación del proyecto” porque hay señales visibles, como indígenas usando gorras del proyecto o guardabosques ataviados con chalecos marcados que usan en sus rondas de vigilancia del territorio. 

“Ellos explican que la debida diligencia fue difícil por el tema de orden público. Y tienen razón: es difícil. Pero el hecho de que lo sea no quiere decir que se puedan excusar y no hacerla”, dice. No reveló cuánto cuesta una auditoría, pero dijo que “es lo suficientemente costoso como para uno ser muy exigente”.

 

Mismos actores, otros problemas

 

El de Miraflores no es el primer proyecto de Masbosques que deja preguntas abiertas.

Como contamos anteriormente, en julio de 2022, el Consejo Indígena del Pirá Paraná interpuso una acción de tutela solicitando que se protejan tres derechos fundamentales que, a su juicio, les violaron tanto Masbosques como las tres empresas que promovieron o validaron el proyecto Baka Rokarire (Cercarbono, Ruby Canyon y Soluciones Proambiente), así como una de las autoridades nacionales que debería velar por el buen funcionamiento de este tipo de soluciones climáticas. “Sus acciones y omisiones en el registro, formulación, validación, verificación, certificación, monitoreo y seguimiento de la iniciativa”, escribieron las autoridades del Pirá Paraná en su acción judicial, “están vulnerando de manera grave nuestros derechos fundamentales a la integridad cultural, la autodeterminación, al gobierno propio y al territorio”.

La Corte Constitucional decidió en abril de este año seleccionar el caso, después de que jueces de primera y segunda instancia lo negaran a finales de 2022. El máximo tribunal colombiano en asuntos constitucionales consideró que cumple con dos de sus criterios de selección: por un lado, mirarán si los jueces han observado o desconocido su jurisprudencia y, por otro, lo ven como un asunto constitucional novedoso. Su decisión, que podría sentar precedentes para el mercado voluntario de carbono, debería anunciarse en los próximos meses.

Ese proyecto en Vaupés tenía otras dos peculiaridades, ligadas a otros dos actores que intervinieron en la cadena de valor de los bonos de carbono.

En primer lugar, la empresa consultora que aparece en los documentos como apoyo para la formulación de la iniciativa en el Pirá Paraná, llamada Soluciones Proambiente S.A.S., era además su financiadora y recibía hasta un 40 por ciento de los ingresos que el proyecto Baka Rokarire generaba, según explicaron en su momento empleados de Masbosques al CLIP. Los líderes indígenas críticos del proyecto dijeron que ese carácter de socio capitalista de la empresa —fundada en Itagüí por Mauricio Fernández Posada como único accionista en junio de 2020— no les había sido comunicado por la ONG que lo lidera.

Esa empresa también aparece en el PDD de Jocū Bucūrō Apūrō en Guaviare como “formulador del proyecto” y en el informe de auditoría como quien contrató a Ruby Canyon. Consultada, Masbosques confirmó que Soluciones Proambiente es su “aliado financiador” en Guaviare —como parte de una alianza que bautizaron Sumare— y que le corresponde el 40 por ciento de los ingresos menos los costos operativos.

La segunda peculiaridad de Baka Rokarire es que sus bonos no fueron comprados desde un inicio por Delta Airlines, sino por una empresa tecnológica llamada Latin Checkout que no los usó. Los tres accionistas fundadores de Latin Checkout eran a su vez, como mostró el CLIP, los mismos que estaban al frente de la certificadora Cercarbono, con lo cual quienes comercializaron los bonos de un proyecto con posibles problemas terminaron siendo los mismos que lo habían certificado. En esa ocasión, Latin Checkout no respondió a quién vendió los créditos ni en qué otros proyectos ha jugado el mismo rol de intermediario. (Un acta de Latin Checkout, de marzo de 2023, muestra que ahora figuran dos de ellos, Andrés Correa y Alejandro Celis, como accionistas, habiendo salido Carlos Trujillo. Las más recientes actas de Cercarbono disponibles públicamente, de febrero de 2021, mostraban a los tres como accionistas de esa empresa).

Esta alianza periodística preguntó a Masbosques si dicha empresa compró o vendió bonos de Jocū Bucūrō Apūrō, pero la ong respondió que “lamentablemente no podemos brindar la información solicitada por cuanto existen acuerdos de confidencialidad y reserva sobre la misma”. El gerente de Cercarbono, Alex Saer, también se negó a revelar si Latin Checkout —que opera su plataforma Ecoregistry— vendió bonos del proyecto traslapado. “Cercarbono no es responsable de la comercialización de los créditos de carbono y por tanto no tiene comunicación con los usuarios finales de estos”, dijo, añadiendo que “no existe ninguna relación societaria con Ecoregistry y, por tanto, las suposiciones indicadas no son aplicables al momento actual”. Andrés Correa, de Latin Checkout, no respondió a dos correos haciéndole la pregunta. Delta Airlines tampoco respondió preguntas sobre a quién compró los créditos.

Del lado del proyecto perjudicado, al menos una iniciativa de Carbo Sostenible y Terra Commodities en la Amazonia colombiana ha tenido problemas. Sus dos proyectos en el resguardo Monochoa en el medio río Caquetá excluyeron a dos comunidades indígenas que históricamente han formado parte de éste, pero —como contamos en esta investigación— incluyó el territorio que habitan dentro de sus iniciativas. De este modo, las marginaron de los beneficios que generaba y al mismo tiempo les impedían participar en otra iniciativa distinta. Carbo Sostenible y Yauto, una tercera empresa promotora de esos proyectos, reconocieron la exclusión y explicaron que ya habían llegado a un acuerdo con esas dos comunidades para sumarlas. Los líderes de esas dos comunidades, Aménani y Monochoa, confirmaron el arreglo. Las empresas prometieron que los documentos técnicos serían corregidos para reflejar ese cambio durante 2023, algo que no había ocurrido a la fecha de publicación de este reportaje.

Un segundo grupo de proyectos impulsados por esas mismas empresas en la Amazonia de Brasil, llamados Jutaí-1, Jutaí-2 y Río Biá, fue señalado por una investigación de Infoamazonia de no haber realizado la consulta previa con las comunidades indígenas locales y desconocer las directrices de la autoridad indigenista del Estado brasileño (FUNAI) sobre proyectos de carbono en territorios étnicos. Las empresas argumentan que fueron invitados por los indígenas para desarrollar esos proyectos y que lo han hecho con conocimiento de la oficina local de la FUNAI del gobierno brasileño.

Un problema de credibilidad

Los promotores de ambos proyectos insisten en que el problema del traslape está resuelto y lo ven como un tropiezo normal en una industria en consolidación de la que Colombia es pionera.

“Mucha gente se mató en los primeros 40 años del automóvil hasta que se inventó el cinturón [de seguridad] y seguramente Henry Ford tuvo una cantidad de problemas que poco a poco fue enderezando”, dice Federico Ortiz, de Terra Commodities. “Todas las industrias cuando comienzan tienen ese tipo de fallas, pero van quedando atrás los que no cumplen y perduran los que trabajan bien”.

En efecto, hay mucho por corregir para que este mercado, nacido de las buenas intenciones, no termine desprestigiado. El caso de Miraflores deja varias alertas que pueden afectar la reputación del mercado de carbono colombiano. Del lado del Estado, la no disponibilidad del Renare, desde hace más de un año, dificulta sus esfuerzos hasta ahora magros de llenar los vacíos regulatorios que existen, monitorear el mercado e investigar posibles irregularidades. El Ministerio de Ambiente tiene listo un borrador de resolución con el que busca ponerlo de nuevo en pie, aunque no hay aún un cronograma claro de cuándo podría ocurrir. Del lado de los desarrolladores, auditores y certificadores quedan preguntas sobre qué tanto están cumpliendo su deber de detectar traslapes y servir de contrapesos entre sí. Y del lado del comprador Delta Airlines, su compromiso de usar sólo "compensaciones de alta calidad" podría haber sido socavado por su confianza en "registros establecidos del mercado de carbono que validan las compensaciones con debida diligencia y credibilidad", pero que no detectaron el traslape. A eso se suma la falta de transparencia en toda la cadena de valor sobre por cuánto se venden los bonos de carbono y quiénes intervienen en esas transacciones.

En últimas, fallas como éstas minan la credibilidad del mercado de carbono de Colombia y permitieron un traslape de dos proyectos que emitieron bonos en un mismo territorio al mismo tiempo y por una misma actividad. Al hacerlo, dieron vía libre a los promotores para que monetizaran dos veces un mismo resultado positivo ambiental y que empresas lo reclamasen también por partida doble como compensaciones, al menos hasta que detectaron el problema y se sentaron a resolverlo.

Actualizado el: Mié, 12/06/2023 - 09:20

Mujeres que han trabajado el campo, que han huido de él tras amenazas, asesinatos y desplazamientos. Mujeres que volvieron. Mujeres que protegen el territorio, pero que no cuentan con documentos que las acrediten como propietarias de las parcelas que trabajan, del solar que habitan. Siempre ha sido la tierra. 

 

Magaly Belalcazar, una lideresa campesina que habita la región amazónica, en el departamento de Caquetá, al sur de Colombia, enfatiza que ellas, las mujeres, son las que menos tienen derechos y acceso a la tierra. Los datos oficiales confirman su afirmación.

 

En Colombia, donde el 52.1 % de toda la población son mujeres que viven en la ruralidad, el 64 % de la propiedad de la tierra se encuentra en manos de los hombres, según el Departamento Nacional de Estadística (DANE). Y solo el 1 % de los predios mayores a 200 hectáreas están en manos de las mujeres. Además de tener un limitado acceso a la tierra, los terrenos que ellas poseen son menos fértiles y están lejos de centros poblados.

 

En el informe Reflexiones sobre el acceso a la tierra en América Latina, publicado en 2011 por la Fundación Tierra, organización no gubernamental dedicada a temas de mujer y tierra, se señala que las mujeres tienen un papel determinante en la agricultura y en el cuidado de sus familias a través de la alimentación. Sin embargo, en el acceso y control productivo encuentran una importante brecha: “Las mujeres tienen menos tierra, de peor calidad y su tenencia muchas veces es insegura. Esta inequidad es un obstáculo para el manejo sostenible de recursos naturales y para el desarrollo rural”. 

 

En esta misma línea, Grupo Género en la Paz, organización no gubernamental que ha velado porque se incluya y se dé cumplimiento al enfoque de género en el Acuerdo de Paz en Colombia, afirmó que existe un sesgo anticampesino reforzado en razón al género, lo que ha traído consecuencias palpables, que se traducen en el acceso de menos tierra y de menor calidad para las campesinas.

 

Tener acceso a la tierra juega un papel determinante para la agricultura, el cuidado de los ecosistemas, la seguridad alimentaria, acceso a otros recursos naturales como el agua y una independencia económica. Sin embargo, como lo explica la lideresa Magaly Belalcazar, las mujeres tienen aún más obstáculos para acceder a la propiedad en la región Amazónica, pues “las vacas tienen más derechos que las mujeres” y “cada vez más, la manigua-selva- se ha talado para negocios”.

 

El tener acceso a la tierra garantiza otros derechos, sobre todo para las mujeres, como lo advierten varios expertos en el tema.  

 

Como lo resalta el informe de la Fundación Tierra, tener tierra propia en manos de las mujeres garantiza un mejor nivel de vida para la familia. Y, tener tierra puede garantizar a las mujeres una independencia económica que les permita salir de entornos violentos. “Cuando una mujer tiene un ingreso permite mantener a sus hijos, empezar un proyecto de vida nuevo, mejorar su nivel de vida. Es necesario que las mujeres tengan ingresos para tener opciones de vida que les permita tomar decisiones”, afirma Mariela Álvarez, lideresa de Florencia, en el departamento de Caquetá. 

 

Rutas del Conflicto y Mongabay Latam hablaron con representantes de tres organizaciones que buscan la defensa de los derechos de otras mujeres, que impulsan acciones para propiciar la independencia económica, el empoderamiento, el restablecimiento de derechos y la defensa del territorio. 

 

Las tres organizaciones reúnen a mujeres que le apostaron a acceder a la tierra y a lograr una integralidad que les permita un proyecto de vida tras el conflicto armado y las nuevas oleadas de violencia que han deteriorado la región que habitan. 

 

Mariela Álvarez, Magaly Belalcázar, en el Caquetá; y Paola Chindoy, en Putumayo, decidieron, desde las organizaciones que representan —Asociación Mujeres Sueños del Mañana (Asuldema), Asociación Mujeres Amazonia y Paz (Funmapaz) y Asociación de Mujeres Indígenas Chagra de la Vida (Asomi), respectivamente—, alzar la voz y defender a las mujeres del Amazonas. 

Actualizado el: Jue, 11/30/2023 - 20:57

Mario Erazo tiene 42 años. Es gobernador del resguardo Buenavista del pueblo ziobain o siona en Putumayo y también cuiracua, es decir, guardia indígena. Junto a sus compañeros, se levanta muy temprano en las mañanas para recorrer su territorio. Antes de salir, desde el mandato del legado ancestral de su pueblo, toman yagé, la medicina tradicional y espiritual, para que su yai bain (que traduce gente tigre, como se les dice a los taitas mayores) los cure, dándoles fuerza y fortaleza para caminar. 

Durante el espacio ceremonial, con la toma del yagé, los cuiracuas visualizan cómo se encuentra el territorio y piden permiso a sus espíritus ancestrales para entrar con cuidado al recorrido previsto. Posteriormente, se aseguran de llevar GPS y celulares que tengan un programa que permite marcar puntos y así construir mapas del resguardo.

Erazo y sus compañeros forman parte de un grupo de indígenas de esta comunidad que se han educado en el uso de tecnología para la construcción de mapas que les permitan tener insumos documentales y sustentar sus reclamos ante las instituciones públicas.

El resguardo Buenavista es una de las 12 comunidades que conforman el pueblo siona. En 1974, la zona fue declarada reserva indígena y nueve años después, en 1983, la comunidad logró que el Estado, mediante el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), les titulara el resguardo con la resolución 045 del 21 de julio de ese año. Inicialmente, consiguieron el título de 4.500 hectáreas, pero desde 2017, con una solicitud de restitución de tierras, han pedido que les amplíen el territorio a 52.029 hectáreas. Dicha solicitud aún se encuentra en estudio por la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Después de los recorridos, Erazo y el resto de los cuiracuas ingresan la información recopilada en un sistema especial de procesamiento de datos llamada QGIS, que permite, en la cartografía, señalar lugares identificados como zonas afectadas por deforestación, sitios sagrados, fuentes de agua y quebradas, entre otros. Todo enmarcado desde la construcción de mapas narrativos que nacen del sentir y el conocimiento de sus abuelos.

(Lea la entrevista que le hizo Brigitte Escobar a Mario Erazo aquí). 

De esta manera, los cuiracuas generan conocimiento para el beneficio colectivo, una práctica que, al ser construida por la misma comunidad, les da la confianza de saber que la información se va a quedar con ellos en territorio desde el sentir y el hacer.

El censo actualizado de la comunidad señala que su población es de 730 personas y 235 familias. Su mai coca (lengua materna) desciende del tukano occidental y sus prácticas de identidad cultural se basan en la chagra. Este es un espacio de educación en donde sus mayoras y mayores les enseñan a sus hijos a cuidar y sembrar en su territorio plantas medicinales y de alimentos para subsistir, así como la espiritualidad por medio de la toma del sagrado remedio del yagé.

La historia de los cuiracuas de la comunidad siona se remonta a 2012, cuando comenzó un conflicto con la petrolera Amerisur Exploración Colombia Ltda., filial en el país de la británica Amerisur. Esta empresa luego pasó a llamarse La Nueva Amerisur, una vez Geopark la adquirió en 2020. La compañía comenzó una exploración petrolera en una zona que la comunidad considera su territorio ancestral, aunque quedaba fuera del resguardo delimitado en 1983.

Como lo cuenta el reportaje ‘La larga lucha de los siona en defensa de su territorio ancestral’, del medio Verdad Abierta, la empresa hizo entre 2014 y 2015 una consulta previa para buscar el respaldo de la comunidad a la exploración petrolera. Este es un requisito que obliga la ley colombiana cuando se busca realizar un proyecto extractivista en una comunidad étnica.

En la investigación de Verdad Abierta se señala que existieron varias irregularidades en la consulta. “No contó con el acompañamiento ni de la Dirección de Asunto Étnicos (del Ministerio del Interior), ni de la Defensoría, ni la Procuraduría”, señala el reportaje. Aunque la comunidad decidió, en la consulta previa, rechazar el proyecto petrolero, Amerisur continúo trabajando en la zona.

En 2015, Armando Maniguaje, un líder de la comunidad, viajó a Lago Agrio, Ecuador, y con el apoyo de Alianza Ceibo, una organización que reúne a cuatro pueblos indígenas, comenzó el proceso denominado Defensores Territoriales. En ese lugar, varios miembros de la guardia indígena comenzaron a capacitarse en cartografía, comunicación y derechos humanos. “Ahí, Armando conoció a una abogada, y con su apoyo iniciamos a reclamar nuestros derechos e impulsamos el proceso de restitución de tierras. Todo esto fue en 2016, cuando desde el resguardo les enviamos resoluciones al Gobierno y a la petrolera”, cuenta Erazo.

Para esa misma época, comenzó el proceso de solicitud ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT), con una caracterización del terreno. La comunidad había hecho un trabajo previo entre 2008 y 2011, recorriendo lo que considera su territorio ancestral y quería usar esta información en el proceso. “Nosotros recorrimos todo el territorio ancestral solicitado, pero la URT quería delimitarlo de forma satelital”, cuenta Erazo.

En ese momento, los cuiracuas, utilizando todo lo que habían aprendido, recorrieron todo el territorio que iban a solicitar en restitución, con el apoyo de Alianza Ceibo. En ese momento, determinaron que, con la ampliación, el predio era de 52.029 hectáreas. 

Los cuiracuas cuentan que, hasta 2019, cada año recorrían todo lo que ellos consideran su territorio ancestral, caminando por lugares que son sagrados para la comunidad. Adiela Mera, lideresa cuiracua, cuenta que recogen los puntos para construir los mapas en sitios en los que encuentran sus plantas sagradas, sus alimentos y sus fuentes de agua. “Ser cuiracua es un legado de nuestros ancestros. En la actualidad, nos encontramos de forma física para salvaguardar y defender nuestro territorio por la vida y pervivencia de nuestro pueblo siona”, afirmó Mera, quien lleva el proceso de fortalecimiento cultural por medio de la danza con niños/as, jóvenes y adolescentes siona del resguardo Buenavista.

Angie Rivera es geógrafa y coordinadora del área de Geografía y Territorio del Observatorio de Derechos Territoriales de los pueblos Indígenas, de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, una organización que sirve como espacio de concertación entre los pueblos originarios y el Gobierno nacional. Rivera señala que los territorios son muy complejos y no se reducen a la descripción que puede tener un predio de un particular. “No solo es su casa, también están los ríos, los sitios sagrados, los cerros, los lugares de peregrinación para sus rituales. Así estos elementos no aparezcan en los documentos que definen los límites del resguardo, forman parte de la identificación y de la cosmología de cada pueblo”, explica Rivera.

El gobernador Erazo cuenta que entre 2015 y 2019, los cuiracua recorrieron hasta cuatro veces por año todo su territorio ancestral y lograron “caracterizar a través de mapas” todo lo que encontraron. “En 2019 tuvimos que parar por la presencia de grupos armados en la zona y recibimos muchas amenazas. Nuestra última entrada fue en el año 2019, cuando la empresa Amerisur abrió trochas con el fin de realizar sísmica en el territorio que hoy seguimos peleando jurídicamente. En aquel entonces, encontramos taladros, cables y otra maquinaria”, cuenta el gobernador.

Con toda la información que recogieron los cuiracuas, en 2017, el resguardo solicitó ante la URT la restitución de lo que consideran su territorio ancestral. La entidad aceptó la petición y, como indica la Ley 1448 de 2011, envió el proceso a un juez de tierras. En ese momento, la URT asumió la representación de la comunidad en el caso y en conjunto solicitaron medidas cautelares ante el Juzgado Primero Civil Especializado Restitución de Tierras de Mocoa.

Lo que se buscaba era que, con una decisión judicial, se protegiera el territorio solicitado, mientras se definía el proceso de restitución de tierras en los tribunales. Estas medidas fueron otorgadas en el Auto Interlocutorio 531 del 21 de agosto de 2018, en donde emitieron 15 órdenes a instituciones del Estado para resguardar todo lo que ha pedido la comunidad hasta se tenga una sentencia definitiva. 

Las medidas cautelares ordenaron suspender la toma de decisiones en procesos administrativos y judiciales sobre el territorio ancestral solicitado por los siona y las actividades de exploración y explotación petrolera hasta que se dicte la sentencia que defina la solicitud de restitución de tierras. Además, también parar el proceso de la constitución de resguardo a favor del cabildo Kwesx Kiwe, una comunidad indígena nasa que llegó al territorio hace más de tres décadas y que también reclama la propiedad de la tierra.

Los siona llevaron el caso también ante instancias internacionales, específicamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en 2018 otorgó medidas cautelares con la resolución 53 MC 395-18, para proteger su territorio.

En 2019, el resguardo decidió quitarle su representación en el proceso a la URT y asignárselo a la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), una organización de la sociedad civil que representa a víctimas de violaciones de derechos humanos y de otra serie de afectaciones del conflicto armado. Según el gobernador Erazo, esta decisión se tomó porque la comunidad no quería verse representada por una entidad del Estado, que en el pasado no ha hecho valer sus derechos.

Precisamente, Angie Rivera, de la CNTI, señala que el hecho de que los indígenas siona hayan tenido que aprender herramientas digitales para construir mapas con el fin de sustentar sus reclamos es una muestra de la falta de conciencia desde el Estado a la hora de aplicar los derechos territoriales de estos pueblos. “Las entidades públicas deberían hacer un reconocimiento y una identificación del territorio que las comunidades siempre han habitado, e incluirlas en el proceso”, señala Rivera.

La geógrafa explica que, si bien hay resguardos como Buenavista, que ha logrado formarse por su cuenta para crear sus propios mapas, hay casos de comunidades con entornos más vulnerables, o que no han podido encontrar apoyo en esta vía. “Todo esto afecta a la comunidad. Cuando solo dependen del trabajo del Estado, son años los que duran estos procedimientos sin que haya un reconocimiento de su territorio”, dice Rivera.

Nury Martínez, coordinadora del área de Tierras y Derecho territoriales de la CCJ, explicó que el juez insiste en que en el proceso judicial se deben agotar varias actividades antes de iniciar la fase probatoria, incluyendo la notificación a terceros que se declaren interesados en el territorio objeto del proceso. Desde 2018, cuando la demanda fue admitida por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Mocoa, hasta la actualidad se sigue en la etapa de notificación y no se ha logrado abrir la etapa probatoria.

La CCJ interpuso una acción de tutela en octubre de 2021 para exigir la celeridad del proceso y la apertura de la fase de pruebas, el asunto llegó a revisión a la Corte Constitucional y mediante la sentencia T-341 de 2022 ordenó al despacho que lleva el caso y a los entes de control tres medidas particulares para que avance el proceso, entre ellas la culminación de notificación a terceros para pasar a etapa probatoria. El 18 de julio de 2023 se adelantaron actividades ordenadas por el juez para notificar a terceros interesados, esta actividad fue desarrollada coordinadamente entre la URT, la Defensoría del Pueblo y la CCJ. “Sabemos que todavía nos demoramos en esta etapa debido a la gran cantidad de personas vinculadas e interesadas en ser partícipes del proceso. Esto no culmina con la sentencia, se busca reconocer al sujeto colectivo como víctima del conflicto armado, acreditando la existencia de los problemas territoriales para garantizar la reparación colectiva”, cuenta Martínez, de la CCJ.

Además de la petrolera y de la otra comunidad indígena, en el territorio reclamado por el resguardo siona Buenavista también viven varios campesinos que llegaron y que en la actualidad insisten en la construcción de una carretera, esto en contra de la voluntad de los indígenas, lo que hace más complejo el proceso judicial.

Mientras avanza el proceso judicial, la comunidad espera que se actualice la información que tiene la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y Unidad de Restitución de Tierras (URT) en cuanto al territorio constituido. Existe una falta de coherencia entre los mapas de las instituciones del Estado y el territorio que se describió con la creación del resguardo en 1983 y la realidad actual. Durante estas cuatro décadas, el resguardo compró nuevos predios para sumarlos al territorio colectivo y dentro de la solicitud de restitución, la comunidad pide que la ANT amplíe el resguardo, teniendo en cuenta estas propiedades.

Además, ante la solicitud de un juez, la comunidad espera trabajar junto a las entidades para construir mapas que muestren el estado de la deforestación del territorio y los predios en los que viven los campesinos y la comunidad nasa en la zona de ampliación que piden los siona. 

La abogada Martínez, de la CCJ, señala que el fortalecimiento de las autoridades territoriales de la comunidad ha sido clave y se da desde varios puntos: “Conociendo el territorio, caminándolo y cuidándolo; entendiendo los procesos que se hacen para cuidarlo frente a los terceros y compartiendo con la comunidad y vinculándola a esos procesos”. 

Martínez agrega que las actividades que se han hecho para identificar las zonas protegidas para la comunidad se hacen desde su cultura, desde sus conocimientos ancestrales, desde su espiritualidad. “Son recorridos que han permitido identificar geográficamente puntos estratégicos para poder brindarles herramientas a las instituciones del Estado que se encuentran en una mora de poder garantizar la claridad de los territorios”, cuenta la funcionaria de la CCJ.

Los cuiracuas dicen que todo este proceso de aprendizaje les ha aportado, además, en la construcción de un gobierno propio que les da mayor autoridad para ejercer su autonomía en el territorio. Este grupo de indígenas resaltan la importancia de sus conocimientos transgeneracionales que los ha identificado culturalmente como ziobain, el aprender a leer el territorio desde las herramientas ancestrales. 

También son conscientes de la importancia de capacitarse en todos los ámbitos de estudio con herramientas tecnológicas que les permitan seguir cuidando y defendiendo el territorio para la pervivencia de su pueblo bajo sus propias formas de vida. “El territorio habla por sí solo y su conexión espiritual es base fundamental. Tener registro de ello es importante”, concluye el gobernador del resguardo.

 

Esta historia fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción (CdR) y la Fundación Konrad Adenauer (KAS) como parte de la segunda edición del proyecto ‘CdR/Lab Periodismo para cubrir los conflictos por la tierra’. Los textos que aquí se publican son de exclusiva responsabilidad de los autores y no expresan necesariamente el pensamiento ni la posición de estas organizaciones.

Actualizado el: Vie, 11/24/2023 - 15:22

Por Juan Andrés Romero, Sabrina Bastidas y Fernanda Barbosa

La historia de Juan Andrés Romero, amenazado cuando tenía 17 años, muestra que las instituciones no brindan las garantías necesarias. El entonces estudiante de bachillerato hacía parte de la misión médica que acompañaba las manifestaciones del Paro Nacional en Pasto, en 2021. Recibió amenazas por las redes sociales y hasta presencialmente, cuando personas desconocidas escribieron “AUC HP” en el portón de la casa donde descansaba.

El estudiante denunció su caso ante la Fiscalía General de la Nación, y solicitó protección, pero solo tuvo acceso a la protección preventiva por parte de la Policía. Las respuestas que recibió en la época señalaron un posible vacío legal: mientras el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Policía dijeron que la Unidad Nacional de Protección (UNP) tenía esta responsabilidad, la UNP la atribuyó al ICBF.

Juan Andrés y Rutas del Conflicto nos unimos para contar, a través de su historia, cuáles son los derechos de la infancia y de la juventud en el país, los riesgos en casos de amenazas a menores activistas, los límites para su protección y las respuestas de las instituciones.

Derechos en jaque

El 28 de mayo de 2021, en medio del Paro Nacional, recibí una amenaza por mensaje en Instagram, desde una cuenta sin foto, con solamente un seguidor, llamada “Muerte a los campesinos”. Parecía falsa. “Mocoso Siga (sic) marchando y vera como su único alimento será la mierda que su culo produce. (...) La cura de esta enfermedad que tiene el país es la muerte de estos muertos de hambre que para lo unico que sirven es consumir oxigeno!! (...) #AbajoElParo #ESMADEjecutalos #DesinfeccionDeLadrones #ElQueMarcheEsTerrosita”, decía el mensaje, textualmente. En esa época, yo hacía parte de la misión médica que, en Pasto, acompañaba a los manifestantes. 

Amenaza recibida por la red social Instagram

El mensaje tenía, además, información sobre una de mis profesiones y mis aspectos físicos. Tenía 17 años. Recuerdo que estaba con mi madre y con los amigos de ella. El mensaje llegó en la noche, por Instagram. Tuve esa sensación entre susto y risa nerviosa. Se la mostré a mi madre, y nos dimos cuenta de que sí era grave. Comúnmente, como por el susto, tendía a normalizarlo. Pensaba “ay no, pues de pronto fue alguien jodiéndome la existencia y nada más”. Pero, después, nos dimos cuenta de que sí era una amenaza. Ahí decidí bajar mi perfil, disminuyendo el número de mis publicaciones en redes sociales y mi presencia en las protestas.

En la misma época, pasé a recibir llamadas que parecían hacer un puente entre dos celulares diferentes, o en las que se escuchaba un ruido de fondo, pero sin que nadie hablara nada. Ahí el dilema se intensificó. Era bastante raro. Empecé a sentir ese miedo… ¿Será que sí estaba pasando algo? 

Aún tenía 17 años cuando empecé a percibir las persecuciones de personas, carros y motos. A mí me gusta mucho caminar, andar por la calle tranquilo. Pero ya no lo podía hacer. Cuando empezamos el proceso judicial debido a las amenazas, una de las recomendaciones de la policía fue nunca andar solo. Siempre debía estar en carros y, si iba a ir en taxi, debía pedirlo por teléfono o aplicación. Estaba en undécimo grado, y mi costumbre era salir, tomar un café con los amigos. Mi mamá se volvió casi como mi escolta. 

Una de las situaciones más complejas que viví ocurrió una vez que estaba con mi mejor amigo. Las personas más cercanas a mí también sabían las recomendaciones: si caminábamos yo me metía hacia la parte de adentro de la acera y ellos hacia la calle. Esa vez íbamos caminando, cuando pasó una moto. Se metió en contravía y dio la vuelta para devolverse hacia donde yo estaba, en la esquina. El conductor gritó algo, nunca entendí qué. De ahí nos empezó a seguir, acompañando despacio nuestro caminar. 

Menos mal estábamos muy cerca de la casa de una amiga, entonces nos metimos allá.  Nos detuvimos a pensar… Dentro de todo, a veces nos cagábamos de risa y dudábamos. ¿Será mentira? ¿Será verdad? A veces llorábamos juntos también. Y esta vez sí se sintió real.

Las amenazas no quedaron solo en Pasto, y me acompañaron también a Bogotá. En noviembre de 2021, iba caminando con dos amigas cuando recibí un mensaje por Instagram. “Te vimos por Avenida Chile”, y precisamente había pasado por allá. Al principio me lo tomé muy a chiste, pero mi amiga me hizo caer en cuenta de que no era algo normal. En ese tiempo, era candidato a los Consejos Municipales de Juventud, y reporté el hecho a la lista de candidatos del movimiento político del que participaba. 

Días después, en mi casa de descanso en Cundinamarca, también pasó algo grave. En ese lugar escribieron “AUC HP” en el portón, pero nunca supimos quienes fueron. Ya no estaba allá, y me comentaron lo que había sucedido mientras abordaba el avión para Pasto. Llamé a contactos que tenía en la Policía debido a la primera denuncia de las amenazas…  No les pareció un hecho cualquiera: me recomendaron enviarles la placa del carro de mi mamá, que me recogería en el aeropuerto. De ahí, todos los CAIs y los lugares donde había policías estarían pendientes hasta que llegáramos a casa. 

Era una situación que podía afectar no solo a mí, sino también a mi familia y a otras personas. Me desesperé y lloré.

***

Una responsabilidad constitucional

La Constitución, en su Artículo 44, les otorga a los niños los derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la seguridad social, la alimentación equilibrada, el nombre, la nacionalidad y el tener una familia. Se menciona también la protección contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y los trabajos riesgosos. La responsabilidad de su protección es de la familia, de la sociedad y del Estado.

El Código de la Infancia y Adolescencia, creado en 2006, declara que los niños, niñas y adolescentes son “sujetos de derechos”, que deben ser cumplidos y garantizados. El artículo 40 de este Código añade que se deben “asegurar las condiciones para el ejercicio de los derechos y prevenir su amenaza o afectación a través del diseño y la ejecución de políticas públicas sobre infancia y adolescencia”. No obstante, existen violaciones a estos derechos.

El niño ambientalista Francisco Vera también recibió una amenaza de muerte en 2021, cuando tenía 11 años e hizo un video pidiendo un mejor acceso a la educación durante la pandemia. Según reportaje del periódico El Tiempo, la Policía se comunicó con la madre de Francisco para notificarle del inicio de un protocolo de inteligencia de delitos informáticos. Tras la amenaza, el activista salió del país.

Los grupos armados ilegales también generan riesgos a los menores de edad en Colombia. Entre 2011 y 2021, 822 niñas, niños y adolescentes ingresaron a un proceso de restablecimiento de derechos en el ICBF debido a amenazas a su vida por estos grupos. Los datos fueron enviados por el instituto en respuesta a solicitud del entonces representante a la Cámara Mauricio Toro, en noviembre de 2021. En el mismo período, 468 menores de edad estaban amenazados de reclutamiento forzado inminente, según el ICBF.

Los registros de violación de los derechos de la infancia y de la juventud han seguido en 2023. En el pasado mes de mayo, la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) denunció el asesinato de cuatro niños y adolescentes indígenas que habían sido reclutados forzadamente por el Frente Carolina Ramírez, grupo residual de la exguerrila de las Farc, y que intentaban escapar. En el mismo mes, 39 niños, niñas y adolescentes se vieron en medio de un enfrentamiento entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Frente Dagoberto Ramos, otro grupo residual de las antiguas Farc. La comunidad del resguardo Pioyá, en el Norte del Cauca, denunció que los estudiantes se quedaron cerca de 32 horas confinados en un colegio. La misma comunidad lideró a los niños hasta un lugar seguro en compañía de la guardia indígena, mencionó en Twitter el consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Eduin Capaz.

La falta de garantías de seguridad en el Norte del Cauca también se pudo ver en el resguardo Guadualito, donde la comunidad negoció directamente con actores armados para la liberación de menores de edad, según reportaje publicado en abril por Rutas del Conflicto.

“No hay un respeto ni un gozo efectivo para el derecho a la vida y en ese sentido, se ha fallado muchísimo. Ya se han pasado alertas e informes manifestando que la niñez está en peligro y no se ha avanzado nada”, afirmó a Rutas del Conflicto Yiner Quiguantar Cortés, encargado de la red departamental de jóvenes del Cauca y vocero de la minga suroccidental de jóvenes.

Hilda Molano, coordinadora de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado (Coalico), afirmó que, debido a la falta de respuesta institucional, se hace importante el apoyo desde las organizaciones sociales. “Hay una necesidad de generar mecanismos de búsqueda activa cuando los niños han sido reclutados”, añadió.

¿Quién responde por la protección de menores amenazados? “No se les garantiza [a los menores de edad] la protección para que su vida siga prevaleciendo, la Unidad Nacional de Protección [UNP] falla muchas veces”, añadió Quiguantar Cortés.

***

Protección a medias

Después de la primera amenaza en Instagram, decidí denunciar los hechos ocurridos ante la Fiscalía. Más que encontrar un culpable, estaba interesado en la protección estatal. La idea de andar con un chaleco o con escoltas no me convencía totalmente, pero lo pensé… Mi integridad era más importante que mi privacidad. 

Una defensora de derechos humanos me recomendó hablar con un grupo de abogados en Pasto. Ese grupo me acompañó en el proceso de la denuncia en la Fiscalía sin cobrar nada, su trabajo era voluntario en estos temas. La denuncia penal se radicó en junio de 2021 ante la Fiscalía. La entidad se encargó de contactar a la Policía para iniciar una protección preventiva y un proceso ante la UNP.

Ninguno de nosotros sabía que la UNP no respondería a mi caso.

Poco más de un mes después, la Policía llegó a la casa. Los agentes se presentaron como los encargados de la protección preventiva. Me dieron sus números para que pudiera contactarlos. También revisaron la seguridad residencial: qué rutas tomaba, cómo me transportaba, si había celador o no en el edificio. Nos dieron recomendaciones, como cambiar frecuentemente las rutas utilizadas para ir al colegio o visitar familiares. También debía pedir los taxis por radio, para que hubiera un registro de la llegada y la salida del conductor ante la empresa.

Con esta protección preventiva activa, mi caso fue enviado a la UNP. La Unidad me pidió algunos documentos, como la certificación de líder social y de la misión médica que hice parte en el Paro Nacional.

Tras la denuncia, el ICBF fue accionado, porque era menor de edad. Me llamaron dos veces, siempre con la presencia de una psicóloga, una defensora de familia y un funcionario del ICBF para Pasto. Me hicieron muchas preguntas. ¿Qué comía? ¿Con quién vivía? ¿Estaba o no estudiando? ¿Cuántas veces iba al baño al día? Querían verificar la veracidad de mi denuncia o si había maltrato en el hogar.

Luego, me citaron en las instalaciones del ICBF con mi madre. Me pesaron, me midieron, y me pasaron a consulta con una psicóloga. Solamente en el último paso, con la psicóloga, se trató el tema de la violencia política. Ella me dijo que esta era la primera vez que el ICBF en Nariño recibía un caso de amenazas a menores de edad.

En ese entonces, estaba a seis meses de cumplir 18 años, y ya había decidido ser candidato al Consejo Municipal de Juventud. Hice mi inscripción en agosto y, en septiembre, se realizó un análisis de seguridad en mi casa. A la reunión acudieron la comisaria de Familia del ICBF y tres agentes de Policía: el intendente encargado de la seguridad en las elecciones del consejo y otros dos agentes de la seccional de Protección y Servicios Especiales, además de mi madre y yo. Los policías de protección, encargados del contacto con UNP, nos explicaron que yo estaba en un vacío legal.

Le preguntaron a mi madre si ella estaba amenazada, porque podrían pedir protección de UNP a ella, por ser mayor de edad, y a mí, por ser su hijo. Este no era mi caso… No podían pedir la protección directamente para un menor de 18 años, según nos informaron.

Ya la Policía era responsable por brindar protección para personas que ejercían un cargo público. Este tampoco era mi caso…

Mi madre y yo pedimos que nos enviaran un documento con esa información detallada, por escrito. Nunca lo recibimos. A pocos meses de cumplir 18 años, la UNP no me podía brindar protección. El ICBF tampoco, por no tener un sistema de seguridad integrado a sus funciones. La Policía lo hacía, siguiendo con el plan preventivo empezado por la denuncia en la Fiscalía. Pero era una protección a medias, ya que no había garantías de un acompañamiento permanente.

De todas formas, el intendente remitió mi caso a la UNP unos días después. Nunca tuve una respuesta. Me preocupé, pero no solo por mí, sino por los liderazgos jóvenes de todo el país.

Por el sistema preventivo que tenía, iba una patrulla a mi casa, los policías me daban un documento con recomendaciones de seguridad y decían que iban a estar pendientes. Regresaban cada 15 o 20 días a preguntar si todo estaba bien. Hacían un seguimiento constante, entonces sabían en qué parte estaba, qué estaba haciendo. De igual manera, tenía contacto directo con policías y, en caso de emergencia, podía llamarlos.

Se puede decir que había una seguridad, pero aún así dejé de caminar en la calle. Cuando lo hacía, sentía mucho miedo. En ese entonces, ya había tomado la decisión de irme a estudiar en Bogotá. Cuando me mudé, sin embargo, todo fue más difícil. Nunca pude solicitar el cambio de residencia de la protección preventiva. El fiscal encargado de mi caso en Pasto no contestó a mis llamadas y correos.

Desistí.

Más de un año después, descubrí que la Fiscalía había archivado mi denuncia.

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¿Un vacío legal?

La experiencia de Juan Andrés Romero motivó a que el joven y el entonces representante a la Cámara Mauricio Toro enviaran una serie de solicitudes de información a la UNP, al ICBF y a la Policía, en 2021. Las respuestas señalaron un posible vacío legal: mientras el Instituto y la Policía dijeron que la responsabilidad por la protección de menores de edad era de la UNP, la Unidad la atribuyó al ICBF.

“Cuando un niño, una niña o un adolescente sea víctima de cualquier acto que vulnere sus derechos de protección, de su integridad personal, o sea víctima de un delito (…) deberán vincularse a un programa de atención especializada (…). Los programas deberán (…) ser formulados en el marco de las políticas públicas de infancia y adolescencia dentro del Sistema Nacional de Bienestar Familiar”, afirmó la UNP, citando el artículo 60 de la Ley 1098 del 2006.

Cuestionada directamente sobre las razones por las que no brindaba protección a menores de edad, la Unidad contestó que el ICBF y el Código de la Infancia y la Adolescencia eran los que dictaban las reglas para esa población.

Rutas del Conflicto volvió a consultar la entidad este año, y la respuesta fue diferente. “Cualquier colombiano o residente en Colombia tiene el derecho a acceder al Programa de Prevención y Protección que lidera la UNP, siempre y cuando el ciudadano se encuentre dentro de las poblaciones objeto de la entidad, y el riesgo tenga conexidad con su actividad”, informó, en respuesta a un derecho de petición. Dentro de los lineamientos de la UNP está la “protección de personas en situación de riesgo extraordinario o extremo” de poblaciones priorizadas, que incluyen activistas de organizaciones de derechos humanos, sociales, cívicas, comunales o campesinas, además de víctimas de violaciones a los derechos humanos. Los niños, niñas y adolescentes no son citados directamente, ni como una población priorizada, ni como excluida de la protección.

Rutas del Conflicto solicitó a la entidad tanto el número de personas menores de 18 años actualmente con protección como el número de solicitudes de protección realizadas por esa población. La UNP contestó, vía oficina de prensa, que no podría dar datos precisos porque estos “gozan de reserva legal, y solamente se puede expedir información mediante solicitud de autoridad judicial”. La entidad añadió que, en los casos relacionados con menores de edad, “activa sus procedimientos internos a solicitud del ICBF” (Haz clic para ver la respuesta de la UNP a Rutas del Conflicto).

La Policía Nacional respondió, en noviembre de 2021, que “no cuenta con la competencia para la asignación de medidas de protección de NNA [niños, niñas y adolescentes], pues ésta recae sobre la Unidad Nacional de Protección. No obstante, la Institución presta seguridad en el marco de acciones preventivas (…)”, como ocurrió en el caso de Juan Andrés.

En el mismo mes, la respuesta del ICBF señalaba que “es competencia de la Unidad Nacional de Protección -UNP-evaluar y adoptar las medidas de protección, ante las situaciones de riesgo extraordinario de los niños, niñas y adolescentes que reciben amenazas a su vida e integridad.” Según el instituto, sus medidas “no tienen como finalidad valorar el riesgo por amenazas que afecten la vida, la integridad física y libertad de un niño, niña y adolescente”, por lo que no cuenta con mecanismos de seguridad física, como escoltas, cámaras de seguridad o vehículos blindados.

El ICBF volvió a atribuir a la UNP la protección de menores de edad amenazados, en respuesta a un derecho de petición enviado este año. El instituto agregó, sin embargo, que la garantía de los derechos se debe realizar de “manera conjunta y mancomunada” entre las entidades del Estado. Las Comisarías de Familia son otro ejemplo de institución encargada de la protección a los menores de edad, pero exclusivamente en casos de violencia “relacionada con el contexto familiar”, según la Secretaría de Integración Social en Bogotá. La Fiscalía General de la Nación también fue cuestionada sobre el tema por Rutas del Conflicto, pero no contestó.

Mauricio Toro, excongresista que acompañó el caso de Juan Andrés y actualmente es presidente del ICETEX, no considera que haya un vacío legal, sino que hubo una “falta de voluntad de funcionarios de la UNP” durante el gobierno del expresidente Iván Duque (2018-2022).

“La UNP es la entidad encargada de dar protección a los colombianos que la requieran por sus funciones o por su activismo, lo que incluye a menores de edad, no hay razones ni fundamento para su exclusión (…). Valdría la pena hacer una mención expresa en la ley, pero creo que hoy las normas son suficientes y lo que se necesita es verdadera voluntad política de proteger a los menores”, afirmó (haz clic para ver la entrevista).

Protagonistas y sujetos políticos

La participación política de los jóvenes se ha fortalecido en Colombia en los últimos años, con escenarios como los consejos de juventudes y los espacios autónomos o apoyados por otras organizaciones. Sin embargo, este reconocimiento “no pasa ni trasciende al sujeto político, que es lo que hace que, como cualquier defensor o defensora de derechos humanos en un contexto como el colombiano, se presenten riesgos”, afirmó Sinthya Rubio, doctora en Estudios Avanzados en Derechos Humanos. “Hay que comenzar a comprender a los niños, niñas y adolescentes dentro de su protagonismo como sujetos políticos”, añadió.

A pesar de la existencia de diferentes entidades encargadas de la infancia y de la juventud en el país, la ruta de protección en casos de amenaza aun no es clara. “A un menor se la da la protección solamente cuando a sus papás o las personas mayores de edad encargadas de ese menor hayan sido amenazados. El esquema de protección no es para él, sino para su familia. No tiene que ver con la situación de riesgo en la que se encuentre específicamente el niño”, explicó Hilda Molano, coordinadora de Coalico.

La falta de una garantía de protección trae consecuencias tanto al activismo como a la vida personal de los menores en riesgo. Juan Andrés afirma que, tras el inicio de las amenazas, fue diagnosticado con trastorno de pánico, ansiedad y depresión leve. “Llegó un punto en el que toqué fondo. Acudí al psicólogo y al psiquiatra, y les conté todo. Me di cuenta que había muchas cosas que parecían no ser amenazantes, pero que lo eran. Incluso creo que hasta ahorita tengo ese trastorno de pánico, obviamente ya más camuflado”, relató.

Jimena Patiño, mamá de Juan Andrés, agregó que el vacío legal sobre la protección le generó más incertidumbre, y la hizo actuar para protegerlo. “Decidí acompañarlo en las últimas marchas, tenerlo allí al lado mío. Era una parte de tranquilidad porque sentía que yo lo iba a proteger”, afirmó a Rutas del Conflicto.

Tras el trasteo del hijo a Bogotá, Patiño sintió miedo de represalias hacia él. Juan Andrés ya cumplió los 18 años, pero sigue con el activismo en defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. “Ojalá se pueda cumplir la ley y que haya protección para los menores de edad”, agregó la mamá.

Actualizado el: Jue, 11/16/2023 - 10:46

Por:Alejandra Cetina 

Esta organización tiene como objetivo la preservación de los saberes, tradiciones e identidades de las mujeres, sus territorios y el fortalecimiento organizativo. Las mujeres del Putumayo se organizaron para la defensa del territorio, sus tradiciones, su cultura y sus prácticas ancestrales. Soportaron y siguen resistiendo las violencias de los actores armados y esperan poder seguir transmitiendo su conocimiento y evitar el exterminio del pueblo siona en la región amazónica 

Paola Margarita Chindoy es una joven de gran sonrisa, piel trigueña y pelo liso y es una de las mujeres indígenas que lidera Asomi. Su labor es la de liderar el proceso en conjunto con las directivas, pertenecer al comité Juntas para tejer y hacer el relacionamiento público.  Como la mayoría de las lideresas que pertenecen a la Asociación, ella heredó los conocimientos y el  mandato de su madre Rosario Chicunque.

Paola Chindoy arengando en la Plaza de Mocoa, Putumayo. Ricardo Sánchez Gómez

“Ha sido un proceso de legado muy bonito en el que honro el camino de mi abuelita mamá Conchita y el de taita Santiago. Mamá Conchita fue una de las fundadoras de Asomi. Y en una ida al territorio para transmitir los conocimientos trajo a mi mamá, a mamá Charito y ella en ese mismo proceso nos empezó a traer a mi hermanita y a mí. He ido caminando ese sentir, ese pensar y esas palabras de las mamitas que inicialmente estuvieron y me vieron aquí chiquita”, cuenta Paola. 

En un ambiente en el que las mujeres no participaban tanto en los espacios de toma de decisiones y en medio de la sobrecarga del trabajo de cuidado en los hogares, nació Asomi, como una respuesta para enriquecer y practicar  los conocimientos y saberes ancestrales. 

La asociación se ha convertido en un ejemplo de resistencia frente a las violencias que se ejercieron sobre las comunidades indígenas durante el conflicto armado y como una propuesta de conservación ancestral y del territorio.  Como lo relata Paola Chindoy, la creación de la asociación nació de la visión de un taita, máxima autoridad dentro de los territorio indígenas, y han sido las mujeres, generación tras generación, las que, apropiándose de este espacio, lo han sacado adelante durante 20 años. 

El trabajo de Asomi se extiende a diversos territorios de los departamentos de Putumayo y Caquetá. Sus actividades se desarrollan en los municipios de Santiago, Colón, Sibundoy y San Francisco del Alto Putumayo, Mocoa y los resguardos Inga Kamëntša y Yunguillo del Medio Putumayo. Mientras que en la zona del bajo Putumayo tienen presencia en Santa Rosa, ubicado en el Valle de Guamuez, Buena Vista y Nuevo Amanecer, en Puerto Asís. Además hay varias mujeres que pertenecen a la Asociación, en el resguardo Yurayaco, situado en Florencia, Caquetá.

Como parte de sus labores, entre el 18 y el 20 de agosto de 2023, Asomi en compañía de otras organizaciones de la sociedad civil convocó al Festival del Agua, la Montaña y la Vda. Este evento fue el momento perfecto para que las mamitas sabedoras, la guardia y los jóvenes de los pueblos indígenas se reunieran por la defensa del territorio, por la preservación de sus tradiciones y por la transmisión de sus conocimientos. El evento tenía como objetivo sensibilizar a las instituciones estatales y a la ciudadanía sobre la defensa del territorio amenazado por proyectos extractivistas de cobre, petróleo y otros recursos naturales.

Al festival asistieron comunidades indígenas de toda la región, además de organizaciones y líderes ambientales de la amazonía. Ricardo Sánchez Gómez

 

Las mamitas fundadoras

Asomi nació luego de que en 2004 se creara la Unión de Médicos Indígenas Yageceros de la Amazonía Colombiana, para fortalecer la medicina tradicional y preservar el conocimiento ancestral. En ese momento el taita del Pueblo Siona del Resguardo Buenavista, Francisco Piaguaje, visionó que las mujeres también deberían organizarse con el mismo propósito pero desde la mirada femenina y promoviendo el autocuidado.

En ese mismo contexto, el taita  hizo énfasis en la importancia de que además las mayoras tuvieran un espacio para continuar transmitiendo su sabiduría a las generaciones más jóvenes. Y es que por el conflicto armado y el desplazamiento, las chagras, es decir lugares sagrados en donde se preserva la cultura y la soberanía alimentaria, se fueron debilitando. 

Según la Comisión de la Verdad, entre 2001 y 2008 fueron desplazadas en el departamento 28.775 personas. Las comunidades indígenas no solo fueron expulsadas de sus territorios sino que fueron confinadas. En palabras de la Comisión, esto o afecta la sobrevivencia de los pueblos indígenas y el desarrollo de su cultura en el territorio, al atentar contra las prácticas de alimentación (caza, pesca y cosecha de alimentos) y el uso de las plantas medicinales, y restringir el acceso a los sitios sagrados, así como a espacios fundamentales en la vida cotidiana, como los ríos, los caminos y los sembrados. Lo que trae como consecuencia un un desarraigo y una desprotección del territorio. 

En los primeros días de octubre de 2023, se conoció que la comunidades indígena Siona llevaba más de dos semanas confinadas y desplazadas de su territorio en los resguardos de Buenavista y del Piñuña Blanco, en Puerto Asís, Putumayo. Las comunidades denunciaron que los hechos violentos se dieron por la confrontación  entre dos grupos disidentes de las antiguas FARC-EP, el Frente 1 Carolina Ramírez y los Comandos de la Frontera. “Las familias confinadas, según los comunicados, tuvieron bloqueado el acceso a sus chagras (cultivos de subsistencia), mientras persistía el paso de actores armados ilegales y del Ejército por el territorio, además del toque de queda desde las 18:00 h y la suspensión de servicio público fluvial y terrestre. 

La situación de amenaza a estas comunidades no es nueva. Por medio del Auto 004 de 2009: ‘Planes Salvaguarda’ para comunidades y pueblos indígenas de Colombia, el Ministerio del Interior ratificó las condiciones de exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas del Putumayo y del Caquetá, además de las del resto del país.  Los daños ambientales derivados de los cultivos de uso ilícito, contaminación de las fuentes de agua por la minería ilegal y las actividades petroleros en ríos como el Putumayo, el deterioro social por la presencia de grupos armados, las disputas territoriales interétnicas, instituciones estatales débiles y asesinatos a líderes y lideresas indígenas son situaciones que el Auto menciona como factores determinantes en el exterminio. 

Brigitte Escobar, es una joven de apenas 18 años que tuvo que salir de su territorio por el conflicto armado. Tras su retorno al resguardo indígena Buenavista empezó un proceso de apropiación cultural que la llevó a pertenecer a la directiva de su resguardo y al semillero Raíces Ancestrales de Jóvenes que tiene Asomi.

Brigitte Escobar es indígena siona. Es lideresa de su comunidad e integrante de Asomi. Ricardo Sánchez Gómez. 

“Mi proceso de apropiación tiene que ver con el cuestionamiento al decir soy indígena, pero no conozco mi cultura. Eso vincula un poco el l semillero de jóvenes que se llevan en Asomi ya que le damos la importancia de seguir fortaleciendo, estos trabajos como de conocerme a mí misma, conocer mi identidad, cómo cuido mi cuerpo que es mi primer territorio para seguir cuidando nuestro entorno biodiverso y cultural”, asegura Brigitte. 

Son varios los jóvenes que al retornar a su territorio se han interesado en recuperar sus costumbres culturales y sus saberes ancestrales a través del semillero de la organización, como lo explica Brigitte. Según cuenta Paola Chindoy, esta iniciativa surge también de la necesidad de estar en constante comunicación con los resguardos y con las necesidades que estos tienen. “Son niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres que están en este camino de fortalecimiento y de empezar a vincularse con la representación de cada territorio. Esto nos permite siempre estar como en esa comunicación”, añadió la líderesa. 

La chagra

Las mujeres indígenas de Putumayo pasan su vida muy cerca de las chagras, allí es en donde siembran su alimento, recogen las plantas medicinales, cuidan a su familia y se transmite el conocimiento. Es el lugar en donde convergen las mujeres, el territorio y la sabiduría. Eso hace que su relación con el territorio sea ancestral y poderosa.

La cascada surte de agua a familias del resguardo indígena Kamëntsá. Ricardo Sánchez Gómez

En el caso de Asomi, una larga colina de más de 52 hectáreas se convirtió en su espacio sagrado. Allí yacen cientos de árboles amazónicos altos y frondosos, una cascada que alimenta todo el territorio y cientos de animales que encuentran allí el único lugar preservado, seguro y alejado de la intervención humana. El lugar, que es una reserva de la sociedad civil y está en trámite para constituirse como una reserva ambiental, tiene como propósito preservar el territorio que había sido deteriorado por la ganadería y así cuidar los saberes y costumbres ancestrales. 

Con carnavales, cantos y bailes, durante el festival del Agua, la Vida y la Montaña, Asomi, varias instituciones educativas y otros colectivos le hicieron frente a estas problemáticas y le dijeron “no” a todas esas afectaciones territoriales en  el Putumayo. “Que feo, que feo, que feo debe ser, destruir nuestras montañas y no poder comer”, era una de las arengas de niños, jóvenes y adultos gritaban a medio día en la avenida principal de Mocoa. 

 

“En este proceso nos hemos dado cuenta que todas estas afectaciones ambientales también tienen un impacto en nuestras formas de vida. Ha sido como ir en ese paralelo de entender que, para defender nuestros saberes, para continuar viviendo de acuerdo a la enseñanza de nuestros abuelos y abuelas, es necesario defender el territorio y tener el territorio”, aseguró Paola.

Desde el 2016, Asomi ha fortalecido las chagras asociadas por medio de procesos como el reconocimiento e inventariado de especies y variedades de plantas que cada mujer tiene en su chagra, la protección y reproducción de las mismas y la transmisión de los conocimientos. Para mamita Francisca Jacanamijoy, una de las mujeres mayores de Asomi que tiene conocimientos de medicina ancestral que heredó de sus padres, esto es un avance en su territorio porque “las otras personas están recibiendo nuestras sugerencias, nuestros saberes. Están aprendiendo y ellas son las mujeres del mañana que van a van a defender lo que nosotros tenemos”.

Como parte de sus luchas territoriales la Asociación participó activamente en la  creación del Plan de Salvaguardias para las Comunidades Indígenas de Putumayo en el que se incitó a comunidades y autoridades estatales a implementar medidas de precaución para la protección de los derechos humanos, la autonomía territorial y la integridad cultural. En 2008, contribuyó en la creación de las áreas ambientalmente protegidas de Orito Iyu Ande, el Parque Nacional Los Churumbelos  y en el  plan de cogestión para el Parque Nacional Alto Fragua IndiWasi. 

Esta estrecha conexión fue precisamente la razón por la cual, dentro de los eventos del Festival del Agua, la Montaña y la Vida, se incorporó una travesía a través de una porción del territorio de Asomi. Durante un recorrido de cerca de 45 minutos, visitantes, jóvenes indígenas, mujeres y niños disfrutaron de la montaña, aprendieron de los caminos, de las plantas y de las aves y la importancia del territorio para las comunidades indígenas. Dentro de los objetivos trazados por la Asociación, se encuentra la apropiación profunda de su espacio mediante el conocimiento. Como dicen las mujeres sabedoras "para aprender, es necesario recorrer el territorio".

Sentipensar

Para las comunidades indígenas el fuego es el lugar de encuentro. Allí se “siembran” las placentas de las mujeres luego de dar a luz, se dialoga, y se transmiten conocimientos y saberes. Es el lugar en donde jóvenes, mamitas y taitas dialogan y toman decisiones. “Es el espacio de diálogo de consejo de escucha de reflexión de orientación de  juntarnos como comunidad como familia para para poder tejer la  palabra”, afirmó Paola. Asomi se plantea ser precisamente el fuego, el punto de encuentro de las mujeres de los pueblos indígenas Sionas, Kofanes, Koreguajes, Ingas y Kamëntsá. 

“Lo vemos como una gran fortaleza. Que nuestras mujeres estén en los territorios significa que las acciones que hace Asomi pueden tener un mayor impacto y una mayor visibilización. También nos ha permitido entender cómo están las problemáticas ambientales en todos los resguardos. Uno a veces hace un ejercicio rápido con las mujeres y dice, bueno, en el Alto Putumayo están contaminando el río y eso explica porqué al Medio o al Bajo llega tan mal”, explica la líder.

Uno de los mayores retos para la Asociación es el de transmitir y difundir  los conocimientos y las experiencias de los mayores a través de los dos departamentos. Es por eso, que espacios como el Festival , son el momento oportuno para que lleguen mujeres de todos los resguardos, se compartan los saberes e incluso reciban capacitación profesional de los ingenieros, biólogos y otras asociaciones que llegan hasta Mocoa para ayudar con el proceso. 

Mamita Yolanda, es otra de las mujeres mayores que empezó el proceso en Asomi gracias a la herencia de sus ancestras. Ella cuenta que al crear la asociación una de las necesidades que detectó su madre y que logró minimizar con la creación de una escuela indígena y con la fundación de la asociación, fue la falta de formación de los niños y jóvenes de los resguardos indígenas. Para la mamita sabedora estar en el proceso de formación de Asomi es una oportunidad para que los más pequeños aprendan sus conocimientos y ella obtenga unos nuevos de las otras mujeres de la asociación. 

A Yolanda se le suma la mamita Francisca. Ella, en Asomi, encuentra la oportunidad de que los niños se interesen en sus conocimientos de medicina ancestral y además de capacitarse en nuevas técnicas o plantas de otros territorios que también tengan propiedades curativas. Son varias personas las que, por ejemplo, se acercaron a ella durante el Festival de la Montaña, el Agua y a la Vida buscando aliviarse de dolores de cabeza, afecciones estomacales e incluso (en el caso de las mujeres) problemas en el útero. “Tiene que hacerlo con fe” dice cada que receta algún medicamento o “cura” algún amuleto.

 

Reconocimiento

Las mujeres coinciden en que de sus mayores preocupaciones es el cuidado y la tenencia del territorio. Muchos de los resguardos indígenas han perdido extensiones de tierra e iniciativas como Asomi luchan en contra de los problemas ambientales que rodean al municipio por la llegada de personas interesadas en sus tierras. Para mamita Yolanda, la máxima prioridad de las mujeres es la preservación de su territorio. Según ella, en él reside la vitalidad, la esencia misma de su cultura, las plantas medicinales y el agua, que es fundamental para la existencia humana, de las plantas y del territorio. 

Y es que, según la plataforma Global Forest Watch,  desde 2001 hasta 2022, el departamento de Putumayo perdió 169 hectáreas de bosque primario húmedo.

“Una amenaza para los pueblos indígenas han sido las minerías ilegales que están detrás del petróleo, atrás del oro o atrás del carbón, detrás de todo lo que tiene que ver con los recursos naturales. Por eso decidimos no dejar entrar a estas maquinaria. Somos una organización, la única diferencia es que nosotros no somos de armas, sino de bastón de lucha”, añade mamita Yolanda

En el último año, los habitantes del Putumayo no solo se han tenido que enfrentar a la minería ilegal. Hace un tiempo que Libero Cobre (filial de la empresa canadiense Libero Copper and Gold) mostró su interés en el territorio ya que aseguran que hay una amplia cantidad de cobre mineral clave en  la transición energética, ya que se usa en la fabricación de baterías. Sin embargo, tanto las mujeres indígenas de Asomi, como las personas del casco urbano de Mocoa les preocupa los intereses de la empresa. 

El alcalde del municipio, Jhon Jairo Imbachi, le aseguró a Revista Semana que  “tanto las comunidades indígenas como las veedurías ciudadanas, los jóvenes y las mujeres han dicho que no quieren esta explotación minera para unos ecosistemas tan frágiles como son los de Mocoa, ya hemos vivido experiencias fuertes por no respetar la naturaleza, por no respetar a los ríos, entre ellas la avalancha del 2017 y no queremos que esto vuelva a pasar”.

Además, la mamita Francisca asegura que para proteger las costumbres y saberes ancestrales incluido el medio ambiente, es necesario contar con fuentes de empleo dignas. “La principal necesidad que hay es el trabajo. No hay un trabajito para que las mujeres se desempeñen libremente y puedan aportar bien a la familia porque hay escasez, no hay buenos trabajos. Algunas mujeres jóvenes lo único que han podido aprender es a hacer artesanías”, cuenta Francisca. 

Las jóvenes como Brigitte y Paola se preocupan porque las nuevas generaciones puedan formarse dentro de las mismas comunidades que aquellos que decidan salir de ellas para recibir formación profesional decidan volver a implementar sus conocimientos en los resguardos y se apropien de sus territorios, de su cultura y de sus saberes. 

Brigitte señala que el mensaje es que se conozcan a ellos mismos y se acepten tal como son, que conozcan su historia, sus orígenes, sus lineamientos y procesos.

“Es clave que esto se desarrolle también desde la educación propia, no desde una educación tan estructurada o profesional, sino de vincular los procesos de concientización de formación de recorrer el territorio. Que entendamos que si me preparo no es sólo para estar en los espacios externos sino para pensar sobre lo que estoy haciendo y puedo aportar en mi territorio”, concluye Brigitte. 

 

 

 

 

 

 

Actualizado el: Mar, 10/31/2023 - 14:48

Por: Juan Carlos Granados Tuta

La delicada situación humanitaria que se vivió el 2 de marzo de 2023 en la que fallecieron dos campesinos y un policía obligó a la institucionalidad colombiana a prestar atención a las problemáticas en la inspección de Los Pozos, un sector del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá. Sin embargo, los reclamos de las comunidades siguen sin ser atendidos y afrontan una estigmatización reforzada por el cubrimiento de varios medios de comunicación, que relacionaron a la población con grupos armados y que, inclusive, desinformaron, responsabilizando a la guardia indígena de los hechos violentos que ocurrieron ese día.

Actualizado el: Vie, 10/27/2023 - 12:28

Fábio Bispo - InfoAmazonia

La promesa de una universidad exclusiva para los pueblos indígenas de la región de Alto Solimões, en el estado brasileño de Amazonas, que convenció a líderes de al menos seis territorios de firmar precontratos con empresas colombianas para generar créditos de carbono, ha desafiado las directrices de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI) estatal y del Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil.

El proyecto, que originalmente cruzó la frontera hacia tierras indígenas brasileñas promovido por un ciudadano colombiano llamado José Antonio Pérez Manrique, prevé la financiación de una unidad de enseñanza superior con la venta de créditos de carbono. Las comunidades luego firmaron un precontrato con la empresa colombiana Concepto Carbono para desarrollar esa iniciativa de carbono que posteriormente comenzó a ser planeada por otras tres empresas colombianas aliadas: Carbo Sostenible, Terra Commodities y Yauto. Sin embargo, a la fecha no existe autorización alguna de las autoridades brasileñas para la creación de la universidad, ni tampoco para el desarrollo de proyectos de créditos de carbono en la región. Ese proceso, en el que estuvieron involucradas las cuatro empresas y Pérez Manrique,  podría haber llevado a los dirigentes a firmar documentos con cláusulas posiblemente abusivas y a avanzar en proyectos que hasta hoy no están cumpliendo la obligación de consulta previa contenida  en un convenio internacional sobre derechos indígenas adoptada por Brasil.

En agosto del año pasado, la FUNAI negó la entrada a representantes de las empresas Carbo Sostenible, Terra Commodities y Yauto a los territorios del Alto Solimões y les aconsejó a éstos no firmar acuerdos debido a la falta de reglamentación del mercado de carbono en Brasil. Tres meses después, el 6 de noviembre de 2022, se firmaron al menos seis "cartas de exclusividad" con Concepto Carbono que autorizaban a la empresa a implantar un proyecto de secuestro de carbono en los bosques de las Tierras Indígenas de Riozinho, Rio Biá, Estrela da Paz, Macarrão, Espírito Santo y Acapuri de Cima. El acuerdo, que es una especie de precontrato en el que las partes ya tienen obligaciones, incluía tierras que ni siquiera han sido aprobadas por el gobierno federal.

La FUNAI dice no tener conocimiento de las "cartas de exclusividad" firmadas por los líderes indígenas, pero afirma que "todos los contratos firmados corren el riesgo de ser cancelados, en vista de las cuestiones técnicas y jurídicas sobre la viabilidad, los procedimientos necesarios y el cumplimiento de las salvaguardias socioambientales, incluido el derecho a la consulta libre, previa e informada [CLPI]".

En agosto de 2022, la Oficina de Coordinación de la FUNAI informó de que había denegado a empresas la entrada a tierras indígenas en el Alto Solimões para tratar proyectos de carbono. Reproducción/Funai 

La consulta previa es una de las obligaciones impuestas por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y trata del derecho de las comunidades tradicionales a ser consultadas sobre acciones que impacten en sus territorios y formas de vida. En julio de este año, el Ministerio Público Federal (MPF) publicó una Nota Técnica para orientar a los fiscales federales sobre proyectos de carbono en territorios indígenas. El documento hace hincapié en la necesidad de contar con el apoyo técnico del Estado y advierte que "la consulta previa debe tener lugar en la fase de planificación y antes de tomar cualquier decisión".

Los proyectos firmados con Concepto Carbono abarcan 1,6 millones de hectáreas de tierras indígenas en los municipios de Jutaí, Fonte Boa, Carauari y Juruá, todos en el estado de Amazonas, cerca de la triple frontera con Colombia y Perú, en territorios ocupados por los pueblos kokama, katukina, miraña, kambeba, tikuna, kanamari y kulina. Los seis acuerdos firmados por los jefes de los pueblos dieron paso a tres proyectos de créditos de carbono, denominados Jutaí-1, Jutaí-2 y Río Biá, que figuran en fase de desarrollo en la cartera de CommunityRedd+, una alianza de empresas colombianas que llevan a cabo proyectos de compensación ambiental en comunidades tradicionales de Colombia y, más recientemente, de Perú y Brasil.

Además de estos seis precontratos en Solimões, esta alianza también tiene un proyecto de carbono en la Tierra Indígena Enawenê Nawê, en el estado brasileño de Mato Grosso, donde también hay pueblos en aislamiento voluntario. En ese proyecto participa una empresa brasileña, JGP Consultoria e Participacoes Ltda. Según informa CommunityRedd+ en su sitio web, este proyecto también se encuentra en fase de desarrollo.

En una carta enviada a su Coordinación Regional de Alto Solimões (CR-AS) en agosto de 2022, la oficina principal de FUNAI en Brasilia explicó que "la transacción de créditos de carbono en tierras indígenas tiene peculiaridades que plantean dudas y apuntan a la necesidad de una definición específica, dado que se trata de tierras de propiedad federal destinadas a la posesión y usufructo permanente de los indígenas".

Según el Ministerio Público de la FUNAI, cualquier proyecto de carbono en tierras indígenas requiere autorización del Gobierno Federal, lo que no ha ocurrido en los acuerdos firmados en Alto Solimões o Mato Grosso

Aldea de Bugaio, en la Tierra Indígena de la Estrela da Paz. Christian Braga/InfoAmazonia. 

 

 En septiembre de este año, InfoAmazonia visitó las comunidades del Alto Solimões y descubrió que el proyecto de créditos de carbono llegó a la región con la promesa de crear la llamada Universidad Indígena Diferenciada de los Pueblos Amazónicos (UIDPA), una idea que cautivó a las comunidades y se convirtió en el principal motor para que los líderes aceptaran el acuerdo con Concepto Carbono. 

En ninguno de los proyectos se han realizado consultas previas en el sentido del convenio 169 de la OIT, y las decisiones se han restringido a los caciques y líderes con quienes los empresarios tienen contacto. Hasta el momento, los proyectos son prácticamente desconocidos por la gran mayoría de las comunidades.

En los acuerdos firmados, los líderes indígenas se comprometen a guardar total confidencialidad sobre "la carta de intención", so pena de incumplir lo pactado: "todas las negociaciones comerciales y acuerdos entre las partes serán confidenciales", dice un extracto del documento firmado por los líderes indígenas con Juan Eduardo Hernández de Concepto Carbono.

También se restringe a los indígenas iniciar, adelantar o firmar cualquier otro proyecto de "reducción de emisiones" sin autorización de Concepto Carbono, ya que cada territorio sólo puede vender una vez los resultados de deforestación evitada y, por tanto, no puede haber otros proyectos allí.

Además, el acuerdo prevé que las partes designen un tribunal de arbitraje en Bogotá. Según expertos consultados por el reportaje, dicha cláusula podría considerarse abusiva porque presenta "desigualdad económica entre las partes y dificultad de acceso al poder judicial", como explica la abogada Brenda Brito, doctora en derecho de la Universidad de Stanford e investigadora asociada de la organización Imazon. "Creo que este contrato sería fácilmente declarado nulo si se llevara a los tribunales brasileños", señala Brito.

Los términos de los precontratos firmados por los indígenas exigen la confidencialidad sobre el proyecto en tierras federales y establecen un tribunal de arbitraje en Bogotá para resolver los conflictos. Reproducción/Precontrato.

Los documentos afirman que los indígenas se quedarían con hasta el 70% del valor de la venta de los créditos negociados. Sin embargo, no está claro qué costo les supondría mantener intacta la superficie forestal del proyecto -sin deforestación- ni cómo invertirían ese dinero.

Aunque los precontratos sólo están firmados con Concepto Carbono, otros documentos obtenidos por InfoAmazonia, como el modelo de negocio y la propuesta de trabajo para el desarrollo del programa, muestran que el proyecto presentado a los indígenas incluye a otras tres empresas que operan en el mercado de carbono colombiano: Carbo Sostenible, Terra Commodities y Yauto, que junto a Visso Consultores y Plan Ambiente conforman la alianza Comunidad Redd+. Las empresas que la integran dicen tener importantes clientes globales en otros proyectos, como Coca-Cola y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El folleto entregado a los líderes indígenas incluye los logotipos de las cuatro empresas.

En el proyecto entregado a los indígenas figuran cuatro empresas colombianas, aunque sólo una de ellas, Concepto Carbono, aparece firmando el precontrato. Fábio Bispo/InfoAmazonia. 

En marzo de este año, el Centro Latinoamericano de Periodismo Investigativo (CLIP) reveló que las mismas empresas involucradas en proyectos de carbono en Solimões (Carbo Sostenible, Terra Commodities y Yauto), vinculadas a CommunityRedd+, excluyeron a indígenas locales de participar en los resultados de un proyecto de carbono desarrollado en el resguardo indígena de Monochoa, en la Amazonia colombiana. Según el reportaje, dos de las seis comunidades del territorio fueron excluidas del proyecto de carbono, a pesar de que las tierras que habitan estaban dentro del área incluida por las empresas, por lo que esas dos aldeas indígenas no se beneficiaban de los créditos de carbono que se vendían en el mercado voluntario y no podían participar en otros proyectos de compensación ambiental.

Por estar aún en fase de desarrollo, los proyectos en las tierras indígenas de Solimões y Mato Grosso aún no han generado créditos de carbono certificados para su venta en el mercado. Tras estructurarse con las comunidades locales, un auditor independiente deberá evaluar la calidad del proyecto y luego la norma de certificación lo aprobaría. Este sello de calidad es lo que permite vender los créditos en el mercado, que suelen comprar empresas que buscan compensar su uso intensivo de combustibles fósiles. Cada crédito equivale a una tonelada de dióxido de carbono -uno de los gases de efecto invernadero causantes del cambio climático- que dejaría de liberarse a la atmósfera como resultado del esfuerzo de conservación.

Las tierras indígenas de Brasil se encuentran entre los territorios que mejor preservan los ecosistemas amazónicos. En los últimos 30 años, estos territorios étnicos han sufrido la deforestación del 1% de sus bosques, mientras que en las zonas privadas la pérdida fue del 20,6%, según datos de la red Mapbiomas. Esto explica el atractivo para quienes buscan promover proyectos privados de carbono en estos territorios.  

En el sitio web de CommunityRedd+, el proyecto de TI Enawenê Nawê, en Mato Grosso, menciona a la organización Verra como responsable de certificar los créditos de carbono que se generarán. Pero Verra, que es la mayor certificadora de créditos de carbono del mundo, no tiene constancia del proyecto desarrollado en TI Enawenê Nawê. El sitio web de CommunityRedd+ no dice quién certificará los tres proyectos de Solimões.

Concepto Carbono fue creada en 2021 y está liderada por el biólogo colombiano Juan Eduardo Hernández Orozco, quien también aparece como coordinador técnico de la alianza CommunityRedd+, de la que forman parte las empresas que figuran en el documento de presentación de los proyectos de Solimões y Mato Grosso. Entre las figuras más visibles de esta alianza está el abogado Pedro Santiago Posada, líder y accionista de Yauto, quien ha ocupado los dos cargos más altos del Estado colombiano en la protección de los derechos indígenas: fue director de asuntos indígenas del Ministerio del Interior durante ocho años, entre 2008 y 2016, durante los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, y defensor para indígenas y minorías étnicas de la Defensoría del Pueblo de Colombia (2016-18).

InfoAmazonia se puso en contacto con las cuatro empresas colombianas implicadas en los proyectos de créditos de carbono en el Alto Solimões. 

Por mensaje de whatsapp, Juan Eduardo Hernández, gerente de Concepto Carbono y coordinador de CommunityRedd+, dijo que no respondería a las preguntas porque “ustedes están mal informados” y “el enfoque de las preguntas desconoce el contexto de un proyecto REDD+”. Explicó que “los dueños del proyecto son las comunidades, ellos le pueden dar razón y aclarar sus dudas” y rebatió la información de la FUNAI citada por esta investigación, diciendo que "la oficina de la FUNAI que consultaron no tiene jurisdicción en el área de trabajo".

Federico Ortiz, accionista y director de Terra Commodities insistió, también en un mensaje, que "el proyecto pertenece a los indígenas y ellos solicitan y reciben las autorizaciones directamente de la autoridad competente". Ortiz, quien también es director comercial de la alianza CommunityRedd+, reconoció que “entendemos que no hay claridad jurídica con la autoridad ambiental para comenzar con el desarrollo de proyectos, así que todos quienes van a participar en el desarrollo (como Universidades etc.) deben esperar a que se pueda tomar camino para desarrollar”. También dijo que los proyectos aún no están en desarrollo, como señala la página web de CommunityRedd+, sino en fase de presentación. “Por ahora solamente estamos en etapa de informar a la base para que decidan más adelante cuando se sepa cuál es el camino legal a tomar”, añadió.

Yauto y Carbo Sostenible no respondieron a las preguntas ni a nuestras solicitudes de entrevista

Proyectos de carbono en tierras indígenas de Brasil. Reproducción/Community Redd+.

Empresa nombra a Verra como certificadora para proyecto en tierras indígenas en Brasil. Reproducción/Community Redd+.

Community Redd + Comunidad Redd+ es una alianza de empresas colombianas que trabajan juntas para desarrollar proyectos en tierras indígenas. Reproducción/Community Redd+

Los proyectos de carbono en tierras indígenas brasileñas están en la plataforma CommunityRedd+. Reproducción/CommunityRedd+.

Universidad no mencionada en los documentos

A pesar de ser el principal argumento esgrimido en las comunidades para la implantación del proyecto de carbono, en los documentos firmados por los líderes indígenas de los Solimões con Concepto Carbono no se menciona la Universidad Indígena Diferenciada de los Pueblos Amazónicos (UIDPA).

InfoAmazonia ha sabido por fuentes locales que Concepto llegó a financiar el proyecto de universidad en los primeros meses del año pasado y que los indígenas tomaron clases en la supuesta universidad, pagando incluso a profesores indígenas de su propia comunidad.

Sin embargo, tras la firma del contrato con Concepto, los indígenas afirman que se suspendieron las transferencias de dinero y las clases, con la promesa de que volverían tras la puesta en marcha del proyecto de carbono.

Las comunidades han guardado la fecha: 5 de enero de 2024. Ese día, la promesa es que las clases se reanudarán en la UIDPA. 

A pesar de las incertidumbres, los líderes tienen grandes esperanzas en el proyecto. 

En la aldea de Boa Vista, en la Tierra Indígena de Estrela da Paz, el simpático cacique Afonso Maricaua anunció la llegada de nuestro equipo a través de un megáfono instalado en el centro de la comunidad. El cacique dijo que había firmado el precontrato para el proyecto de carbono porque cree que la universidad es una "oportunidad para los jóvenes de la comunidad" y "para ayudar a preservar la selva".

El jefe Afonso. Christian Braga/InfoAmazonia. 

En el día a día de las huertas que cultivan o en las lagunas, donde los hombres manejan el pirarucú, los indígenas sueñan con que todo allí pueda cambiar, principalmente porque no se sienten seguros e independientes en sus territorios, en una región de la Amazonia, en la triple frontera, donde el mercurio de la minería contamina los ríos, los madereros avanzan en los territorios y el crimen organizado se extiende.

Según los propios indígenas, más de un centenar de balsas mineras operan en el alto Jutaí desde los años 90, utilizando mercurio y amenazando a las comunidades indígenas de la región.

"Siempre esperamos que las cosas mejoren, lo que esperamos es que todo esto traiga más oportunidades a nuestros pueblos", dijo la indígena Francieti Estevão Santiago, de 30 años, de la Tierra Indígena Acapuri de Cima, que aún no había sido reconocida en noviembre de 2022, cuando su área entró en el proyecto de carbono.

Por otro lado, los relatos de los indígenas con los que hablamos muestran que saben poco sobre el proyecto de carbono que se está negociando - y aún menos sobre las directrices de FUNAI y otras organizaciones.

Hasta el momento, ni FUNAI ni el Ministerio de Educación han solicitado la regularización de la universidad indígena para los pueblos de Jutaí. Y no hay expectativas de que el proyecto se implemente realmente antes de enero de 2024 para el prometido inicio de clases.

FUNAI desconocía la existencia de precontratos

En el mismo mes de septiembre en que estuvimos en las tierras indígenas de Jutaí, el coordinador de la Comunidad Redd+ y director de Concepto Carbono, Juan Eduardo Hernández, también estuvo en los territorios del municipio, según los indígenas, para "definir las áreas del proyecto", y una vez más sin ningún seguimiento ni autorización del órgano indígena brasileño.

A pesar de haber sido convocada en agosto de 2022 por los propios empresarios colombianos, la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI) no se ha pronunciado sobre los proyectos de carbono en la región de Solimões desde septiembre del año pasado, cuando pidió a la Coordinación Regional que aconsejara a las comunidades no firmar contratos antes de que se regule el mercado de carbono en tierras indígenas.

A la izquierda, Juan Eduardo Hernández, director de Concepto Carbono y coordinador de la Comunidad Redd+, con João Braz, del Consejo de los Pueblos Indígenas de Jutaí, durante su visita a la región en septiembre de este año. Archivo personal/João Braz (Copiju).

El 23 de agosto de 2022, las empresas Yauto, Terra Commodities y Carbo Sostenible (Carbo-Terra-Yauto) enviaron una carta a la agencia titulada "Modelo de Negocios para el Desarrollo de Proyectos REDD+ con Comunidades Indígenas de Brasil en el Estado de Amazonas".

El documento indica la posibilidad de al menos cinco proyectos de carbono en tierras indígenas de la región de Solimões y solicita "el apoyo y la participación de FUNAI", pero no menciona los nombres de las tierras indígenas.

"Queremos presentar nuestro enfoque de los proyectos de REDD+ directamente a las autoridades comunitarias, con el apoyo y la participación de FUNAI, con el fin de acercar a los pueblos indígenas y nuestras empresas", dice la carta firmada por Juan Andrés López de Carbo Sostenible, Alicia Micolta de Yauto y Federico Ortiz de Terra Commodities.

En marzo de este año, esta vez en una carta firmada sólo por Concepto Carbono, la empresa solicitó autorización para llevar un representante de Funai a Bogotá para "reconocer la estructura de las empresas que están apoyando la implementación del proyecto Jutaí REDD+, revisar los esquemas de trabajo". La solicitud fue enviada a la presidencia de la FUNAI, pero no hay constancia de que la presidencia haya respondido a la solicitud. Sin embargo, el 24 de marzo de este año, un representante de FUNAI viajó a Bogotá a petición de los indígenas. Los gastos del viaje fueron cubiertos en su totalidad por las empresas.

La presidencia de FUNAI fue informada del viaje de los indígenas a Bogotá en una carta en la que se "reconoce el importante papel" del organismo indígena en la elaboración del proyecto. La FUNAI dice no tener conocimiento de los precontratos. Reproducción/Funai

Contactada por InfoAmazonia, FUNAI dijo que hubo una "solicitud para entrar en Tierras Indígenas para presentar un proyecto de carbono, pero sin identificar cuáles eran las Tierras Indígenas de interés". 

El organismo indígena reiteró que su recomendación siempre ha sido "que no se firmen contratos para la comercialización de créditos de carbono en tierras indígenas hasta que se regule la cuestión". El organismo estatal también dijo que no tenía conocimiento de la situación actual de los proyectos en las tierras indígenas del Alto Solimões y que desconocía la existencia de precontratos firmados.

"La Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI) no tiene conocimiento de contratos de carbono firmados en las Tierras Indígenas de Riozinho, Rio Biá, Estrela da Paz, Macarrão, Espírito Santo y Acapuri de Cima. Hay un proceso en la FUNAI que trata de una solicitud de la ONG Carbo-Terra para entrar en una tierra indígena con el fin de presentar proyectos de créditos de carbono, sin identificar, sin embargo, cuáles son las tierras indígenas de interés", dijo la agencia. A pesar de informarnos de que el pedido provenía de una ONG, las tres empresas colombianas son empresas privadas y no Organizaciones No Gubernamentales (ONG), como las clasificó la FUNAI.

Sueño universitario

"La universidad indígena beneficiará a varias comunidades. Hoy, nuestros estudiantes terminan el bachillerato y no tienen cómo continuar sus estudios, por eso creemos que el proyecto del carbono nos ayudará mucho a realizar este sueño". Las palabras del profesor Francisco Romão resonaban en la cabaña donde nos reunimos con los líderes indígenas de la aldea de Bugaio, en la Tierra Indígena de Estrela da Paz, a principios de septiembre de este año. 

Romão, uno de los principales defensores del proyecto universitario, sueña con la posibilidad de trabajar con libros en lengua kokama en las aulas y cree que se trata de un punto de inflexión para los indígenas de Solimões. 

La cabaña estaba llena de gente. Los indígenas sirvieron pajuaru, una bebida alcohólica tikuna fermentada a partir de un tipo específico de mandioca, y contaron sus planes y sueños con la llegada del proyecto del carbono.

El jefe de la aldea, Vanildo Romão da Silva, continuó con sus preocupaciones sobre la educación, y dijo que la comunidad ya tiene un plan para utilizar el dinero del proyecto de carbono. 

"Nuestro proyecto incluye escuelas de calidad para nuestra comunidad, un centro de salud, transporte, sostenibilidad, energía solar y protección forestal. Necesitamos educación superior para nuestros hijos", afirmó el jefe, quejándose de la falta de apoyo de FUNAI. "Llevamos nuestras demandas a la FUNAI y casi nunca nos contestan, aquí estamos olvidados".

Jefe Vanildo. Christian Braga/InfoAmazonia

João Braz, del Consejo de los Pueblos Indígenas Jutaí (Copiju), dice que sigue el desarrollo del proyecto de carbono con cautela y una dosis de esperanza. "Creemos en él porque nuestro pueblo necesita una mejor calidad de vida. Queremos creer que funcionará".

Cuando le preguntamos si conocía las directrices de FUNAI, dijo que sabía que los organismos habían sido informados sobre el proyecto, pero que la comunidad nunca había recibido directrices en contra.

Los opositores al proyecto temen represalias

No todo el mundo está de acuerdo con cómo se han llevado las cosas en la región. Durante nuestra visita a los pueblos, escuchamos críticas e incluso resistencia al proyecto del carbono y cómo se ha usado la idea de una universidad indígena para impulsar los procesos. Los que están en contra prefieren no dar la cara por miedo a represalias.

En una de las comunidades, un indígena se acercó a nuestro equipo y preguntó: "¿Está bien que dejen entrar a los colombianos en nuestra tierra sin avisarnos?".

Otra fuente expresó su preocupación por la situación irregular de la universidad: "Los jefes ya decían que sus hijos serían médicos, muchas madres y padres también creen en el proyecto, sueñan con una vida mejor para sus hijos. Pero ellos [la universidad] no tenían nada, empezaron a dar clases sin ningún criterio", dijo otra persona que no quiso ser identificada.

Colombiano excluido del proyecto dice que hubo un "acuerdo"

En 2021, el colombiano José Antonio Pérez Manrique apareció en la región de Jutaí con el proyecto de universidad indígena. Se presenta como voluntario, asesor de los indígenas y coordinador general de una organización llamada Guardia Ambiental Indígena Internacional de la Amazonía, que, según él, gestiona universidades indígenas en Brasil, Colombia y Perú, y que aglutina al pueblo tikuna.

En Benjamín Constant, también en la triple frontera, hay un movimiento para crear la Universidad Indígena Diferenciada de la Alta Amazonia, que Pérez Manrique cita como uno de los proyectos de su organización. Pero según el cacique Eli Tikuna, que coordina el proyecto, el colombiano no tiene ninguna relación actual con la universidad, pero confirma que ha estado en la región y que la "experiencia no fue buena". 

"Ha estado aquí en nuestra región, ha trabajado con nosotros, pero no lo recomiendo especialmente. Él tenía la idea de un proyecto de carbono para financiar la universidad, pero no lo llevamos adelante", dijo sin querer dar más detalles.

Pérez Manrique dijo a InfoAmazonia que el modelo educativo financiado con créditos de carbono permitiría a los indígenas poner en marcha sus planes de vida. La propuesta incluye la construcción de lo que él llama "ecoaldeas" y una serie de promesas para mejorar la vida de las comunidades. Y debe incluir un proyecto de carbono.

"Asesoramos a las comunidades en la creación de sus planes de vida basados en nuestra filosofía de proteger, conservar, restaurar y defender el bosque. Dentro del plan de vida creamos la universidad, y todo el proyecto se financia con créditos de carbono", explicó.

Pérez Manrique impartió clases como actividad de la universidad indígena en 2022. Publicidad/UIDPA

Pérez Manrique cuenta que viajó con los indígenas de Jutaí a Bogotá, la capital de Colombia, donde presentó a los emprendedores vinculados a CommunityRedd+ a los indígenas. Preguntado por la autorización de la FUNAI o del Gobierno brasileño para desarrollar los proyectos, afirma que los caciques "son las autoridades" para aprobar estos proyectos: "no hay ningún problema con eso, porque los indígenas pueden hacerlo".

José Antonio Pérez Manrique, de chaleco azul, durante un acto en las comunidades indígenas de Jutaí. Archivo personal/José Antonio Pérez.

Según Pérez Manrique, el proyecto de carbono en Solimões está avanzado y debería generar créditos de carbono en breve. Sin embargo, dice que fue excluido del proceso por Concepto Carbono y acusa a los empresarios de traición. 

"No me dejaron supervisar y fiscalizar el proyecto, ese fue el pacto que hicimos. Si no quieren hacer las cosas bien, hablaré con los jefes y cambiaremos de empresa", dice, y asegura que denunciará a los empresarios.

"Han suspendido el dinero para el proyecto universitario. Los alumnos tienen que estudiar, este año hemos perdido clases, pero el año que viene se reanudarán. Si es necesario, los denunciaremos. Están sobornando a los indígenas", dijo, pero sin aportar ninguna prueba a nuestro reportaje.

Consultado por su relación con Pérez Manrique, Juan Eduardo Hernández de Concepto Carbono dijo que "él no entiende qué es y cómo se desarrolla un proyecto REDD+. No vamos a aclarar algo que no necesita aclaración".

El recién creado Ministerio de Pueblos Indígenas (MPI) respondió que está recopilando información sobre todos los proyectos de carbono en tierras indígenas para que su Fiscalía Jurídica los analice. El organismo también afirma que la falta de reglamentación sobre el tema ha dificultado la acción de las 

entidades indígenas, que muchas veces no son correctamente informadas sobre la realización de estos proyectos.

* Andrés Bermúdez Liévano (CLIP) colaboró con este reportaje. 

 

 

 

Actualizado el: Mar, 10/24/2023 - 17:35