Por: Juan Carlos Granados 

Emilia Coronado, una de las habitantes del corregimiento de Juan Frío, recuerda que cuando llegaron los ‘paras’ los gritos se escuchaban por todas partes. Los adultos corrían buscando refugio. Los niños no podían vocalizar lo que estaban viendo. Después de respirar y encontrar cobijo en sus padres, lograron describir la masacre de la que sobrevivieron 

El 24 de septiembre del 2000, un grupo aproximado de 30 ‘paras’ llegaron a Juan Frío, ubicado en Villa del Rosario, Norte de Santander, y mataron a seis personas. Las víctimas, un conductor de un bus intermunicipal y cinco campesinos de la zona, murieron frente a sus familiares y sus cuerpos fueron abandonados en las calles. Esta masacre ocurrió un año después de que los paramilitares llegaron a la región del Catatumbo en 1999 desde Urabá. En el informe Paramilitarismo, balance del CNMH al esclarecimiento histórico elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, se explica que los ‘paras’ fueron enviados por Vicente y Carlos Castaño para apoderarse del control del narcotráfico que tenía la guerrilla en el departamento.

El 10 de octubre del 2008, Jorge Iván Laverde, alias ‘El Iguano’, comandante del Frente Fronteras, escuadrón paramilitar radicado en Cúcuta, confesó ante la Fiscalía que en 2001 sus hombres incineraron 98 cadáveres en unos trapiches ubicados en Juan Frío que fueron transformados por los paramilitares en hornos crematorios. Laverde dijo que hicieron esto para evitar que las autoridades encontraran las fosas comunes en donde habían enterrado los cuerpos de sus víctimas. Además, en la finca Pacolandia, ubicada en el corregimiento de Banco de Arena, en Puerto Santander, Norte de Santander, también se construyó otro horno. Laverde se estableció en Pacolandia mientras fue comandante del Frente Fronteras. 

En el libro Me hablarás del fuego, el periodista Javier Osuna explica que por lo menos 560 personas fueron incineradas. Osuna le contó a Rutas del Conflicto que ha habido problemas en la forma en como se ha comunicado el trabajo que realizó la UBPD en Juan Frío. “No se trata de unos nuevos hornos. La Unidad de Búsqueda intervino el mismo predio del que se ha hablado desde 2008. No se trata de un hallazgo sino de una respuesta tardía del Estado ante un crímen de lesa humanidad del que se tiene conocimiento desde hace años”, cuenta el periodista.

Juan Frío está ubicado al límite de la frontera colombo-venezolana, solo el río Táchira separa al corregimiento de San Antonio del Táchira, Venezuela. La gente en Norte de Santander solía ir a Juan Frío a comer pescado, pero tras la entrada del paramilitarismo y sobre todo después de que se supiera que estaban incinerando personas en lo que se conoció como los hornos crematorios de Juan Frío nada volvió a ser igual. “A pesar de que en Villa del Rosario era vox populi lo que ocurría, las autoridades no investigaron nada. Fue hasta que los ‘paras’ comenzaron a hablar de eso en Justicia y Paz que ya no se pudo ocultar”, comenta Jhon Jácome, periodista que investigó por años el paramilitarismo en Norte de Santander mientras trabajaba en La Opinión, medio de comunicación de Cúcuta.

“Juan Frío se convirtió en la oficina de ellos. Después de que nos enteramos de cómo desaparecieron a la gente en los hornos y en el río Táchira fue muy complejo volver a vivir igual. Caminar por los cerros y acordarse que allí incineraron personas o ir a bañarse al río y saber que allí arrojaron restos humanos fue realmente duro”, comenta Ruth Cotamo, lideresa del corregimiento que ha estado al frente de procesos de acompañamiento psicosocial que han realizado la Unidad para las Víctimas y la Comisión de la Verdad.

Desde el 2013, la comunidad de Juan Frío fue reconocida como sujeto de reparación colectiva por la Unidad para las Víctimas y tras esto se ha llevado a cabo un proceso social para que el corregimiento deje de ser estigmatizado. “Han surgido grupos juveniles musicales y de literatura para homenajear a las víctimas, pero también para hacer catarsis y lograr expresar todo el dolor a través del arte”, cuenta Ruth. 

Las víctimas siguen buscando a sus seres queridos

Cuando se enteró de que supuestamente habían asesinado a su hijo, Emilia sintió que no podía respirar. Angustiada, le preguntó a su hija que cómo estaba tan segura de eso. Ella le respondió que se lo dijo un señor que era ‘paraco’. Sin pensarlo dos veces fue en busca del comandante paramilitar de la zona para preguntarle qué había pasado con su hijo, pero este no le contestó.

Le han dicho que han visto a su hijo trabajando en Cúcuta, en San Cristóbal, Venezuela, pero ella sabe que esos comentarios son mentira porque si él estuviera vivo y tan cerca no dudaría en ir a visitarla y contarle que está bien. Su hijo, Jorge Enrique Cotamo Coronado, tenía 24 años y desapareció el 28 de septiembre del 2004. Emilia lo buscó en San Cristóbal, San Antonio, Villa del Rosario y Cúcuta, en cualquier lugar en donde le decían que podía hallar una pista.

 

Laverde dijo en una audiencia de Justicia y Paz que si una persona desapareció durante los años en que los hornos crematorios estuvieron activos probablemente nunca iba a ser encontrada. Emilia cuenta que lo dicho por ‘El Iguano’ fue un golpe muy fuerte para las víctimas, pero aun así siguen buscando a sus familiares y conformaron un grupo llamado Tejedores y Tejedoras para reconstruir el tejido social de Juan Frío. 

En medio del dolor, la escritura ha sido una aliada de Emilia en el proceso de sanación. Unas estrofas escritas por ella han significado dejar plasmado en papel una tristeza de años que no se olvida, pero se aprende a convivir con ella, dice Emilia. Escribir le permitió redireccionar su sufrimiento y convertirlo en un símbolo de resistencia frente a lo sucedido.

Para cada una de las víctimas, Emilia escribió estas estrofas sobre Juan Frío porque después de tantos años lo único que desea es sanar y perdonar.

“Juan Frío,

un caserío pequeño,

 pero muy acogedor, 

cuando llegamos aquí, 

tenía un clima mejor. 

Hoy queremos perdonar, 

no queremos recordar, 

lo que un día pasó que fue de inmenso dolor. 

Un domingo muy alegre cuando muchos celebraban, 

todo se hizo confusión por los hombres que llegaban. 

Parecía un enjambre de abejas asustadas,

 los del caserío corrían, gritaban y lloraban

 mientras que los hombres que llegaron solo reían y mataban. 

Fue un milagro de mi Dios,

estoy muy agradecida porque nos dio protección y también nos salvó la vida. 

Sin Dios no podemos hacer nada, 

él es nuestro amparo y fortaleza, 

el único capaz de quitar la ignorancia del hombre y convertirla en piedad, 

esperanza, amor, perdón y paz”. 

Fragmento de Un Gran Tesoro, el libro de poesía hecho por Emilia.

 

 

Actualizado el: Mar, 10/10/2023 - 13:03

Por Juan Andrés Romero

Después de siete años de la firma del Acuerdo de Paz con la entonces guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), las víctimas de diferentes actores armados en un conflicto de más de 50 años evocan la memoria desde las artes y la cultura. 

 Los retratos de Virgelina y Malú. Junto a ellas, la obra icónica de Tejidos Chakana para María José Pizarro, senadora de la República. Crédito: fotografías 1 y 2: Juan Andrés Romero; fotografía 3: Twitter María José Pizarro.
 

Virgelina Chará es defensora de derechos humanos y constructora de la memoria a través de la práctica de la costura. Mary Luz López es escritora y rememora el conflicto a través de sus letras. Pero no solo las víctimas utilizan las artes para construir paz. Mateo Perea, historiador, fundó Tejidos Chakana, un emprendimiento colombiano que vincula a firmantes del Acuerdo de Paz y víctimas, quienes, a través del tejido en mostacilla, crean piezas que guardan memorias y recrean historias de personajes que vivieron el conflicto.

Estas tres personas le han apostado a las artes y la cultura como método de construcción de paz.

¿Quiénes son y cómo construyen paz?

Retrato de Virgelina Chará en la Casa de la Paz. Crédito: Juan Andrés Romero

Lideresa, víctima, madre y costurera: Virgelina Chará es originaria de Suárez, Cauca, y fue nominada por un colectivo internacional de la sociedad civil al Premio Nobel de la Paz en 2005. Es lideresa de la Unión de Costurero, que ha arropado diferentes edificios públicos en Colombia. Es decir, ha sobrepuesto sobre ellos telares gigantes cosidos con temas sobre memoria del conflicto armado y defensa de los derechos humanos.  

Los arropamientos más conocidos se realizaron en el Palacio de Justicia, en el Memorial del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y en la Cancillería de Colombia. Virgelina también fundó la Fundación ASOMUJER y Trabajo, y preserva las tradiciones de los pueblos afrocolombianos a través de la gastronomía, los cantos y las bebidas tradicionales. 

Retrato de Malú en la presentación de su libro “La guerra me hizo puta” en la Feria del Libro de Bogotá de 2023. Crédito: Juan Andrés Romero

Mary Luz López, o "Malú" como le gusta que le digan, es una mujer antioqueña con vivencias que estremecen la piel. Fue reclutada, secuestrada y víctima de desaparición forzada. Actualmente, es defensora de derechos humanos, escritora y gestora de paz y cultura. Ha creado los libros "Alzo mi Voz" y "La Guerra Me Hizo Puta", en los que presenta su historia de vida e intenta sanar su cuerpo y alma. Presentó su último libro en la FILBO 2023, donde describió su infancia. “Una niña en el campo, pero también en la ciudad. Una niña soltando los muñecos de plástico, cogiendo un fusil y luego cogiendo los muñecos de carne", expresó. Malú a través de las Casas de la Memoria en Medellín apoya a trabajadoras sexuales y a mujeres víctimas del conflicto armado y de abuso sexual. En estas casas también hace pedagogía con niños sobre la paz, para prevenir el reclutamiento. 

Mateo Perea es historiador de profesión, pero tejedor de oficio. Ha trabajado con las telas por más de 14 años, desde el tejido en hilo hasta la mostacilla. Es el fundador de Tejidos Chakana, un emprendimiento colombiano que le apuesta a la paz y a la reconciliación a través del oficio de tejer memoria. Sus piezas rememoran la historia de vida de personajes como Jaime Garzón, Carlos Pizarro, Manuel Gustavo Chacón y muchos más. "Tejidos Chakana es una iniciativa que nace desde la sociedad civil, en el año 2020, saliendo de la pandemia", según Mateo. En 2023, presentaron la exposición "Urdiendo la vida para tejer la Paz" en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y en la Cancillería. 

Paz, memoria y reconciliación

Virgelina, Malú y Mateo son un ejemplo de cómo las artes y la cultura pueden utilizarse como herramientas para la construcción de paz y reconciliación. A través de sus proyectos, han logrado preservar tradiciones y crear espacios de diálogo entre personas con distintas experiencias.

La construcción de la paz a través de las artes y la cultura ha sido explicada desde muchas perspectivas en la academia. Todas coinciden en que hay un aporte relevante. Según el Centro de Paz y Justicia de Venezuela (CEPAZ) “el alcance social que puede tener el arte también lo convierte en una forma de generar espacios y alternativas para construir la paz”.  

Sin embargo, el uso de las artes para alcanzar un país mejor no solo se ha implementado después de la firma del Acuerdo de Paz, en 2016. En los años setenta, cuando el conflicto comenzaba a intensificarse, líderes sindicales y sociales utilizaron las artes como herramienta política. Un ejemplo de ello es la vida de Manuel Gustavo Chacón, sindicalista, líder campesino, estudiantil, poeta, músico y artesano. “Siempre hemos creído en la cultura como una forma […] de bajar el tono a la violencia. […] Por eso él era tan activo en la cultura”, afirmó María Elisa Uribe de Chacón, su esposa. Las poesías de Manuel Gustavo, añadió, no se componían con “florecitas”, sino que expresaban las vivencias y el sentir del pueblo colombiano. “Esa era una de las armas que él manejaba y por la que lo asesinaron.”

Uriel Cárdenas, profesor de la Universidad del Rosario y director del semillero de investigación Colectivo Imaginarios por la Paz, apuesta por la inclusión en las artes como un método para implementar la paz. “¿Qué pasaría si aprendemos a vivir con los otros, pero a los otros no los tratamos como medios para mis fines? Sino que valen por sí mismos, y por el solo hecho de ser seres humanos merecen todo mi respeto”, afirmó. Virgelina, a través de Unión de Costurero, promueve la inclusión social y el respeto de la comunidad. “[Aquí] viene el gay, aquí viene el negro, aquí viene el indígena, aquí viene el mestizo, viene el rico, viene el pobre, viene el militar, viene el firmante de los acuerdos, viene el exparamilitar”, dijo. 

Mateo, con Tejidos Chakana, también ha utilizado diferentes formas de expresión que transmiten un mensaje para detener el conflicto. “[Tejer es] llevar un mensaje a la sociedad, un mensaje que las víctimas, que los excombatientes, que estas poblaciones que han estado vinculadas históricamente al conflicto tienen también otras formas de expresarse”, afirmó. 

Construir la paz también implica sanar y canalizar las emociones vividas en el conflicto para llegar a la reparación y la memoria. “Muchos símbolos como esculturas, pinturas, dibujos, […] e incluso expresiones musicales han sido creados a lo largo de la historia para catalizar el impacto de los hechos violentos sobre la psique humana”, afirmó la abogada Carolina Estupiñán en artículo presentado como tesis de la maestría en Reconciliación y Convivencia en la Universidad Libre. 

Malú enfatizó la ayuda que ha tenido a través de las letras y las palabras. “Fue encontrarme con el dolor por medio de relatos, la niña, el reclutamiento, la violencia sexual. […] Es un libro que no quería escribir. Porque no quería hablar de esa mujer que tanto me duele, que aún estoy en construcción del perdón con el cuerpo. Así hice con este [indica el libro “Alzo mi voz”], cuando traje todo a mí, ya lo pude leer tranqui”. En sus libros ella también habla sobre su pareja, que hasta hoy está desaparecida, sobre la niñez y la mujer de la actualidad. Así, Malú también sana su dolor y sana a las personas que se identifican con el relato. 

Estas tres personas desde sus labores también construyen cultura de paz, que es "una batería para cargar pilas a la sociedad civil, a sus conciencias y a sus posibilidades de actuación, para rebelarse, conquistar el alma y derrotar cultural y espiritualmente a la violencia” según la Escuela de Cultura de Paz​ de España. Es decir, la cultura de paz se da cuando la sociedad apuesta por la paz en todas sus relaciones y valora la vida que “para el presente actual no es más que una oportunidad. Porque todavía no tenemos cultura de paz. Porque la cultura no es un enunciado solamente, la cultura es un modo de vida”, según Uriel Cárdenas. 

Malú, Virgelina y Mateo han encontrado en su talento una forma de sanar, reconciliarse, pero sobre todo de construir paz, memoria y cultura de paz. Lo han encontrado principalmente desde sus propias iniciativas, con poco o casi nulo apoyo institucional.

¿Hay apoyo institucional?

“No hay ningún apoyo institucional más allá de las convocatorias del Distrito”, afirmó Mateo. Sin embargo, añade que no considera las convocatorias como un apoyo, sino como una oferta cultural para toda la ciudad. Así mismo, Virgelina habla que recibió poco apoyo. “Eran las dos, era Alta Consejería y era Unidad de Víctimas que me apoyaban ahí entre dientes, pero me prestaban las sillas, me prestaban la carpa, pero bueno, lo hacían a última hora, pero lo hacían”. Hoy, después de varios arropamientos, el Gobierno Nacional, y las Alcaldías Locales se han articulado y apoyan el Costurero. 

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) afirmó a Rutas del Conflicto que ha desembolsado recursos para proyectos productivos de firmantes de la paz, incluyendo siete en artes y cultura. El Ministerio de Cultura respondió que ha invertido 850 millones de pesos en regiones afectadas por el conflicto, promoviendo formación, participación, becas y circulación de las artes. En Bogotá, la Secretaría de Cultura y el Instituto Distrital de Artes (Idartes) también impulsaron programas para la paz. La Secretaría benefició a 386 víctimas, mientras que Idartes tuvo siete iniciativas enfocadas en paz, memoria y reconciliación.

Además del apoyo institucional a las artes y la cultura, la exigencia que hacen Malú y Virgelina a través de sus expresiones artísticas va más allá: es la restauración de derechos.

Restauración de derechos

En Colombia se presentan múltiples problemas que afectan los derechos humanos, de acuerdo con el último informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, del 2022. Entre estos, la desigualdad que “afecta principalmente a mujeres, personas en zonas rurales, pueblos indígenas y afrodescendientes y habitantes en condiciones de pobreza de las grandes ciudades”. 

“La magnitud de los desafíos es abrumadora: los conflictos y la violencia que han durado décadas, las desigualdades estructurales profundamente arraigadas, la discriminación y la exclusión, y la débil o inexistente presencia del Estado en muchas de las zonas rurales afectadas por los conflictos”, afirmó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en visita a Colombia este año.

“Cuando estamos haciendo estos arropamientos, estamos en una exigencia de restauración de derechos”, afirmó Virgelina. Malú también exige restauración de derechos para ella y quienes han vivido el conflicto y han ejercido el trabajo sexual en Colombia. “Soy víctima y no voy a dejar de ser víctima hasta que a mí no se me restablezcan todos los derechos”, afirmó.

Restaurar los derechos también hace parte de la construcción de la Cultura de Paz. Desde sus proyectos artísticos, Virgelina, Malú y Mateo exigen memoria, reconciliación, paz y sanación. Mientras divulgan su arte, a través de la aguja y la pluma, permiten que más personas conozcan la realidad que vivieron y se sumen en la construcción de un país mejor.

Actualizado el: Mié, 10/04/2023 - 14:17

Por: Óscar Parra, director de Rutas del Conflicto.

Fábricas de ‘URL’ y de sensacionalismo disfrazado de investigación. A eso se ha reducido un amplio sector del periodismo, especialmente el de grandes medios de comunicación, que buscan ser virales a toda costa. Para este entorno laboral ya no se necesitan reporteros que duden de las fuentes oficiales, que busquen diversas voces para contar una historia, que tengan el menor sentido de la ética.

Son dos recetas que no fallan: producir tanta información como la audiencia pueda consumir de un tema de interés momentáneo, aunque irrelevante, o saciar los prejuicios sociales y políticos más oscuros a punta de mentiras o ‘testimonios explosivos’ que no tienen ningún tipo de respaldo. Luego vienen los millones de usuarios, los clics, las bodegas y las redes sociales que se frotan las manos con la viralidad.

No sé si en algún momento los pénsum de periodismo cambien, si lo que comenzarán a formar las universidades será a ‘productores de contenido’ con cuotas mínimas de noticias al día que garanticen un alto tráfico de audiencia. O dóciles reporteros que descubran minas de indignación a cualquier precio y le vendan el alma a la mentira a cambio de fama y poder.

Es muy difícil ver a la cara a los estudiantes de periodismo en estos días. Todo lo que ofrece este entorno de producir contenido tiene un fuerte problema de abuso laboral, que además, terminará por prescindir de la mayoría de redactores. Recién graduados, mal pagos, pasan sus jornadas escribiendo decenas de notas de tres o cuatro párrafos sin ninguna fuente, con un titular para redes sociales que ni siquiera tiene que ver con el texto. Pronto la inteligencia artificial los dejará sin trabajo. 

He escuchado a muchos egresados cansados y desencantados de lo que ahora les ofrecen estos medios. Y sí, hay que hablar en plural, porque no se puede hablar únicamente de Semana, que se ha convertido en un ‘estándar’ para señalar estas malas prácticas. En su afán por ser parte del imparable tren de la coyuntura, por la obsesión de la viralidad, varios medios han ido recorriendo caminos similares.

Es un lugar común decir que la gente ya no cree en el periodismo y que el responsable de ese descrédito es la misma prensa, pero las cifras de tráfico muestran a unas audiencias voraces que consumen masivamente el contenido que quieren, que les ofrecen los mismos medios que tanto se critican. Ese mismo contenido que les refuerza sus sesgos, sus prejuicios, que les entrega toneladas de información vacía y que llena las horas viendo sus celulares.

Afortunadamente queda un reducto en el oficio que insiste en el rigor. Aunque lejos de las cifras de tráfico con millones de usuarios únicos, decenas de medios alternativos hacen muy buen periodismo en Colombia, al igual que varios reporteros de grandes medios, que reman en contra de una corriente cada vez más fuerte. Por eso, y a pesar de todo, es importante insistir desde las aulas de las universidades en las buenas prácticas, en cuidar al periodismo, pero también en cuidar al periodista, en su entorno laboral. No permitir que esta ‘industria’ lo convierta en un dispensador de información sin valor para la sociedad.

Actualizado el: Dom, 10/01/2023 - 10:29

Desde hace dos semanas, cerca de 265 familias y 745 de indígenas permanecen confinados y desplazados de su territorio en los resguardos de Buenavista y del Piñuña Blanco, en Puerto Asís, Putumayo. El pueblo siona ha denunciado públicamente que esto se dio debido a una confrontación entre dos grupos disidentes de las antiguas Farc-EP, el Frente 1 Carolina Ramírez y los Comandos de la Frontera. La población de ambos resguardos es beneficiaria de medidas cautelares dentro de un proceso de restitución y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que piden al Estado colombiano salvaguardar la vida y la integridad personal de la comunidad y sus líderes. Según afirman, las órdenes judiciales aún no fueron implementadas. 

Los enfrentamientos entre los grupos y el confinamiento empezaron desde el 15 de septiembre, según comunicados divulgados por la comunidad del resguardo Buenavista. Un día después, siete familias fueron desplazadas de Puerto Silencio (en el mismo resguardo), y más de 400 personas urgen atención humanitaria. En Piñuña Blanco, ese mismo día hubo el desplazamiento de 19 familias, y otras 192 personas necesitaban atención humanitaria. Las personas desplazadas también se encontraban en condición de hacinamiento y falta de servicios básicos. 

Las familias confinadas, según los comunicados, tuvieron bloqueado el acceso a sus chagras (cultivos de subsistencia), mientras persistía el paso de actores armados ilegales y del Ejército por el territorio, además del toque de queda desde las 18:00 h y la suspensión de servicio público fluvial y terrestre. Aún de acuerdo con el último comunicado, divulgado el 21 de septiembre, las denuncias públicas a las autoridades competentes no habían tenido respuesta.

Una líder del pueblo siona asegura que la situación de riesgo ya estaba en conocimiento del gobierno nacional. Entre el 5 y 8 de septiembre ella y otros líderes de la comunidad viajaron a Bogotá para exigir la implementación de las medidas cautelares ordenadas por la CIDH, pero regresaron sin una respuesta contundente del gobierno que les garantizara su cumplimiento. 

El 17 de septiembre las autoridades del pueblo siona se desplazaron hasta Puerto Silencio, en el resguardado Buenavista, donde les contaron que a media hora del lugar se escuchaban los enfrentamientos entre los grupos armados. En el perfil de la comunidad en la red social X, antes Twitter, hay videos testimoniales de personas que han sido desplazadas, en los que relatan cómo esto ha impactado su estabilidad física y psicológica. Lina María Espinosa, abogada de derechos humanos de la ONG Amazon Frontline, le contó a Rutas del Conflicto que la mayoría de los desplazados tras los enfrentamientos se concentran en el centro del resguardo Buenavista, en la caseta comunal.

En videos, comunicados y entrevistas, los siona han denunciado que en sus territorios han habido sobrevuelos constantes de aviones de combate, presencia de ambos grupos armados, falta de atención por parte del estado colombiano, reclutamiento forzado de jóvenes, quema de casas y toques de queda. También divulgaron que hay tiendas a las que se les prohibió atender, tierra en la que no se puede trabajar y ríos en los que no se puede transitar. 

En los comunicados públicos, la comunidad solicita presencia humanitaria inmediata por parte del Estado y de organizaciones de derechos humanos, y que la Defensoría del Pueblo emita una Alerta Temprana para que la situación sea tenida en cuenta por las instituciones. También pide la presencia de brigadas para tratar a los adultos mayores y a la salud mental de los habitantes de los resguardos. 

El Ministerio del Interior informó a Rutas del Conflicto que fue enviada una misión humanitaria al resguardo Buenavista y que se realizó una misión médica el 23 de septiembre. También aseguró que se acordó la apertura de un nuevo corredor humanitario para llevar ayuda, incluyendo kits de alimentación, para el fin de semana del 30 de septiembre. Según el ministerio, se estableció que el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas apoye las acciones de emergencia humanitaria. 

Los gobernadores de los resguardos de Buenavista y Piñiña Blanco han requerido combustible para la movilización en el territorio y dotaciones para la guarda indígena y para un espacio comunitario en Puerto Asís, para el caso de que se incrementen los combates y sea necesario desplazar a la comunidad, informa el ministerio. La Dirección de Derechos Humanos de la entidad participó en un consejo de seguridad sobre la confrontación armada en el territorio el 16 de septiembre y contó con la presencia de la Alcaldía de Puerto Asís en el Subcomité Nacional de Prevención, realizado el 18 de septiembre (haz clic para ver la respuesta completa del Ministerio de Interior).

La reiterativa violencia contra el pueblo Siona

El Auto 004 del 2009 de la Corte Constitucional enfatiza que el pueblo siona está en peligro de ser exterminado. La Corte señala que la comunidad ha sido víctima de violaciones de derechos fundamentales individuales, colectivos y del Derecho Internacional Humanitario. 

Según la abogada Nury Martínez, de la Comisión Colombiana de Juristas, que representa al resguardo Buenavista en el proceso de restitución de tierras, existen varias decisiones judiciales que le han ordenado al Estado proteger de diversas maneras a esta comunidad y su territorio. “Hay unas medidas cautelares dentro del proceso de restitución de derechos territoriales que blindan la propiedad de la tierra y ordenan la protección de los indígenas del resguardo en varios niveles. También está la sentencia T341 de 2022 de la Corte Constitucional, que no solo ordenó agilizar el proceso de restitución, sino que sirvió para establecer un plan de descongestión de estos casos en todo el país”, señala Martínez.

Anteriormente el pueblo siona había tenido tensiones con la multinacional petrolera británica Amerisur Exploración Colombia Limited, filial de Amerisur. Incluso, el 22 de agosto de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor de la comunidad del resguardo Santa Cruz de Piñuña Blanco en una acción de tutela contra la empresa. 

En esta decisión se le ordenó a Amerisur suspender los estudios de sísmica y se instó a las partes a conformar una mesa de conciliación para resolver la disputa. El tribunal también le solicitó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) realizar una visita para determinar los límites geográficos del resguardo y entender si el área donde se realizaron los estudios estaba dentro del territorio indígena.  

 

 

 

 

 

 

Actualizado el: Lun, 10/02/2023 - 08:09

En las comunidades indígenas de La Guajira, donde la cultura y la tradición están arraigadas en el tejido social, las mujeres wayúu tienen un rol esencial como guardianas del conocimiento ancestral y el cuidado del territorio. Sin embargo, según las voces de las mujeres entrevistadas para este reportaje, su presencia ha sido marginada y minimizada en las negociaciones con las empresas interesadas en la implementación de campos eólicos en la región.

Durante los últimos seis meses, este territorio ha estado en el debate político nacional. Su potencial energético renovable ha hecho que los ojos sean puestos, nuevamente, sobre estas tierras desérticas. Aquello que parecía una promesa de desarrollo económico y social, se convirtió en la fuente de discordia entre la comunidad, sobre todo, en un obstáculo que afecta a las mujeres y sus liderazgos. 

Mientras el gobierno nacional y las empresas que tienen proyectos de campos eólicos en el departamento piden aceleración en la consolidación y formalización de estos procesos, las lideresas solicitan diálogos amplios e incluyentes. Para las mujeres wayúu es importante sentarse a hablar con todos los actores afectados por la transición energética de La Guajira, pero, sobre todo, están pidiendo que toda la comunidad tenga conocimiento amplio y la información necesaria sobre los procesos que intervienen en su territorio. 

El viento que quiebra: las afectaciones de las discusiones eólicas en el trabajo de las lideresas. 

Los parques eólicos de La Guajira son vistos como el gran proyecto colombiano de transición energética. Son capaces de generar más de 24.000 watios por día. Existen 17 empresas que buscan poner en marcha sus proyectos para llegar a generar energía a 4,1 millones de personas en todo el país. Un proyecto estratégico para el desarrollo económico y social de media y alta Guajira que ha generado grandes fricciones y quebrantamientos en las comunidades. 

“Se ha fragmentado esto. Los lazos del pueblo Wayúu se han roto. El tejido social del que se habla con el pueblo, de verdad, está en su peor momento”, narra Ismenia Iguarán, lideresa indígena de Uribia, en La Guajira. Se refiere a los problemas internos que se han generado tras las negociaciones de permitir en los territorios ancestrales la entrada de estas empresas. 

Joanna Barney, investigadora de la organización Indepaz y autora de Por el mar y la tierra guajiros vuela el viento Wayúu, afirma que la llegada de estos proyectos energéticos se tradujo en pugnas comunitarias. “Las empresas no tuvieron en cuenta las decisiones de las comunidades, las afectaciones a la medicina tradicional que ejercen las mujeres, que se traduce en economía y sostenimiento familiar”, señaló Barney. 

La llegada de los negocios de transición energética ha puesto en disputa a varios clanes del pueblo Wayúu. Son alrededor de 50 proyectos, de los cuales 21 tienen problemas sociales asociados, según la organización Indepaz. El más recurrente es la legitimidad de las autoridades indígenas que entran en procesos de consulta previa o que suscriben acuerdos con las empresas. 

Por una parte, está la autoridad ancestral que puede negociar los proyectos que se realicen en el territorio, según sus usos y costumbres y en acuerdo con la Corte Constitucional y, por otra parte, está la autoridad certificada por la Dirección de Consulta Previa. 

Como lo recopila el informe ‘‘Por el mar y la tierra guajiros vuela el viento Wayúu", a la fecha van nueve líderes asesinados en hechos relacionados con los parques eólicos y seis comunidades desplazadas tras amenazas de muerte. 

Para las mujeres indígenas wayúu, el panorama no es muy distinto. Jackeline Romero, de Fuerza Mujeres Wayúu, afirmó que las mesas de negociación entre las autoridades de la zona y las empresas no contemplan la presencia de ninguna mujer. “Son negociaciones asimétricas porque la empresa viene  de comunidad en comunidad, convenciendo a los hombres y las autoridades de que nosotras no hacemos parte de esta conversación”, afirma Romero. 

Además, señala que varias de estas compañíashan logrado desestimar todo lo que este grupo de mujeres han logrado colocar en la discusión. “No vale hacer resistencia y demostrar que nuestras opiniones son importantes, porque simplemente no nos quieren escuchar”, explicó.  

En palabras de Ismenia Iguarán, una lideresa wayuú que lleva desde muy joven trabajando por el territorio y los derechos de las comunidades indígenas, las mujeres son ignoradas, olvidadas y hasta censuradas de los espacios de negociación.  

“Yo pienso que, como mujer, hemos sentido el desconocimiento desde el primer momento de la consulta previa por parte de las empresas”. Para muchas de las mujeres indígenas, ese desconocimiento nace de  no reconocer su rol dentro de las comunidades y no verlas como parte fundamental en la construcción de la comunidad. 

Las lideresas dicen son señaladas de ser un obstáculo permanente en los procesos de negociación y “culpables” de impedir que lleguen las promesas que hicieron las empresas al permitir su llegada al territorio, como lo son tanques de agua, soberanía alimentaria o empleos. Las estrategias de las empresas, que denuncian las comunidades , no sólo desconocen las dinámicas del territorio, sino que sacan a flote tensiones internas y, por lo tanto, aumenta la división y rompen el tejido social. 

El pasado habla, pero nadie lo escucha 

Las comunidades Wayúu han sido víctimas durante décadas de proyectos económicos que han llegado a su territorio. Uno de los que más tienen presente las mujeres wayúu es la minería a cielo abierto, pues reconocen todos los problemas que estas operaciones extractivas han suscitado en la comunidad. 

La empresa Cerrejón ha sido la encargada de la actividad minera desde 1985 y ahora tiene la explotación carbonífera a cielo abierto más grande del mundo. Desde entonces el Estado colombiano la ha presentado como una muestra de desarrollo y orgullo. 

Sin embargo, para gran parte de la comunidad wayúu, la presencia de la explotación de carbón en el territorio ha significado la desarmonía de la comunidad. Desde su llegada, se han presentado casos de desplazamiento forzado, desapariciones, presencias de grupos armados, deterioros en el tejido social y daños ambientales. 

Así lo relata en su informe de comunidades étnicas, ‘Resistir no es aguantar’, de la Comisión de la Verdad al narrar los hechos de la masacre de Rodeíto El Pozo en 2001, cuando cuenta a través de varios testimonios que la familia asesinada había sido desplazada a raíz de la llegada de la empresa el Cerrejón. 

Aleida Tiller Uriana, socióloga y lideresa wayúu, recuerda todos los atropellos que vivió la comunidad cuando se estaba consolidando el proyecto de Cerrejón en la Guajira. De todo lo vivido con esta empresa de minería, según Tiller, se han tomado algunos aprendizajes desde la parte cultural y jurídica. En el momento en que había comenzado el proyecto minero, no existía un reconocimiento de las comunidades indígenas en la Constitución, lo que complicaba su participación en las decisiones del territorio. 

La situación con la llegada de los parques eólicos es diferente, ya que existen leyes y tratados internacionales, firmados por Colombia, que protegen a las comunidades indígenas. En 1991, el país se comprometió a preservar los derechos culturales y territoriales de pueblos indígenas y tribales a razón del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la que es parte Colombia. 

Sin embargo, como lo manifestaron varias mujeres Wayúu y los informes generados por Indepaz sobre estos proyectos de energía renovable, poco o nada se ha cumplido en la protección de su pueblo y especialmente en la consulta previa. Un ejemplo de ello, como lo relata el informe, es que durante la pandemia el entonces presidente Iván Duque autorizó al Ministerio de Interior realizar las consultas de manera virtual.

Aunque el mismo Ministerio derogó la circular, quedó en la memoria de las comunidades wayuú que el gobierno estaba interesado en cumplir con el requisito a como fuera lugar. Incluso, sin importarle que las comunidades no tuviesen un verdadero proceso de consulta, pues en el territorio no había ni energía ni Internet. 

También se ha presentado otras irregularidades, como las que se relatan sobre los proyectos offshore, campos eólicos que se encuentran costa afuera. A pesar de que van adelantados en las solicitudes de permisos con la autoridad ambiental, Corpoguajira, varios de estos no cuentan con la socialización del proyecto y mucho menos con la consulta previa. “Los proyectos se ven ya “maduros” y ya solicitaron las torres de medición ante Corpoguajira, pero las comunidades Wayúu de esas áreas de influencia ignoran lo que ha estado sucediendo”, se lee en el informe de Indepaz. 

Para Tiller lo que está pasando con la llegada de los parques eólicos es una repetición de los problemas que se vivieron desde la llegada de Cerrejón. Promesas irreales, datos poco rigurosos y falta de claridad en los detalles de los proyectos. 

“Yo le preguntaba a los ancianos, que en su momento eran los jóvenes de esa época de Cerrejón, y a ellos les decían: ‘El agua ya no te va a faltar, te va a llegar por tuberías y también tendrás luz. Llegaban en helicópteros en nuestra pista de carrera de caballos. Pero, ¿hoy que tenemos? Estamos más pobres que cuando llegó Cerrejón’”. Para la socióloga y lideresa wayúu las afectaciones también han traído lecciones aprendidas que espera que las comunidades indígenas apliquen con los proyectos eólicos. 

El trabajo de las mujeres en la protección de su territorio

De acuerdo con Tiller Uriana, la función de la mujer Wayúu es proteger el territorio, mantener el equilibrio y la armonía familiar. No obstante, en los últimos años especialmente las mujeres más jóvenes han levantado su voz para preguntar, analizar y discutir sobre lo que sucede en su comunidad, saliéndose del escenario meramente doméstico al que algunos hombres las han intentado encasillar.

Durante la firma del Pacto por la Transición Energética Justa, Rafael López, líder de la comunidad Tankamana, aseguró que las mujeres no tienen porqué estar en la discusión de estos diálogos sobre el territorio.  “Hay guerras entre nosotros, pero la mayoría no es por las empresas, algunas razones tienen que ver con la representatividad en los municipios, ya que en estos se posesionan mujeres Wayúu. Las mujeres son sagradas, pero no pueden ejercer la autoridad dentro de nuestro sistema. Ellas solo son consejeras entre sus Clanes”, afirmó el palabrero. (ver video)

Para Tiller, estas palabras son una demostración de lo que sucede dentro de la comunidad. “Cuando los hombres se sienten en peligro por el trabajo que hacemos para defender el territorio, empiezan a señalar la esencia de la mujer Wayuú, apelando que solo estamos para la cocina y para obedecer”, afirmó Tiller.

Para la socióloga esto es clave para entender el actuar de las empresas. De acuerdo con las denuncias de varias lideresas, estas organizaciones se aprovechan de estos discursos para excluirlas de las discusiones. Sin medir palabra, las empresas llegan al territorio a hablar directamente con el hombre. 

“A nosotras nos excluyen porque saben que siempre vamos a pensar en los beneficios comunitarios. Los hombres, algunos, pueden tranzar con el dinero que les ofrece la empresa”, señala una de ellas. 

Para Jakeline Romero Epiayu, defensora wayúu de derechos humanos en el departamento de La Guajira, es necesario que las mujeres de su pueblo no sean vistas solamente como un ser sagrado que esté en armonía con el pueblo y el territorio, sino que esto se traduzca en que ellas puedan tomar decisiones en las comunidades. 

“A mí no me interesa usurpar el papel del tío materno porque ese va a ser el papel histórico, social, cultural y político. A mí lo que me importa es que ahora, en estos tiempos y en estas dinámicas nuevas, se entienda que las mujeres también aportamos a la cultura”, señaló Romero. 

Tras la violencia paramilitar a comienzos de los 2000,  las afectaciones en el territorio y en la salud por la minería, las mujeres decidieron comenzar procesos organizativos para cuidar y defender  al pueblo Wayúu. De este proceso, nace Mujeres Fuerza Wayúu en 2006 como una forma de visibilizar y denunciar las violaciones de derechos humanos.  

“Una oportunidad de formación política de mujeres y una forma de incidencia para la participación y para elevar la voz de las mujeres como una voz más en las comunidades, no como una representante de ellas”, afirmó Jakeline Romero. 

No solo se han enfrentado a las tradiciones del pueblo Wayúu, a las afectaciones por el conflicto armado o a las luchas por la protección ambiental del territorio. También lo han hecho, desde hace algún tiempo, con las empresas que han llegado a los territorios con proyectos de parques eólicos. Fue así que, Fuerza Mujeres Wayúu comenzó su trabajo de la mano de las comunidades, escuchándolas luego de los diálogos que se tenían con las empresas. 

Desde las primeras conversaciones con las empresas que llegaron al territorio, esta organización ha intentado participar en los procesos., las cuales hicieron un ejercicio netamente con la comunidad. “Nosotras nos acercamos después de esos diálogos para hacer una protocolización y para escuchar las voces de la comunidad”, explicó Romero Epiayu. Desde ese momento, comenzaron a notarse algunas controversias, pues se hablaba de promesas de empleo y de 'desarrollo', pero poco se tocaba las afectaciones al territorio. 

Además, también identificaron otra problemática. “En cada proceso, las mujeres eran una voz muy importante internamente en su comunidad, en organizar, en orientar las conversaciones. Pero, a la hora de tomar decisiones, de firmar actas, de protocolizar acuerdos, las mujeres no estaban, eran solo autoridades masculinas”, dijo Romero Epiayu.

Luego de percatarse de estas falencias, decidieron crear espacios de conversación, principalmente con mujeres, para que fuesen ellas las que pudiesen tener la capacidad de intervenir en las discusiones con las empresas, de acuerdo con las necesidades de cada una de sus rancherías y familias. 

A esta iniciativa se le llamó ‘Mujeres Amigas del Viento’, creada de la mano de la organización Oxfam. Se trataron de encuentros con lideresas de varias partes del departamento en los que se informaba y denunciaba los inconvenientes que cada una vivía en su comunidad respecto a los proyectos eólicos. Esto permitió destacar las prácticas machistas e irregulares de muchas empresas, reflexiones que han sido importantes en la discusión general sobre las actuaciones de estas empresas en el territorio guajiro. 

Después de las promesas, ¿llegará la calma? 

Durante la primera semana de julio, el presidente Gustavo Petro estuvo en La Guajira para atender la crisis social que vive el departamento. La falta de servicios de salud, la escasez de agua potable y la desnutrición infantil son algunas de las problemáticas con las que lidian las comunidades desde hace años y que buscaron ser atendidas mediante decretos planteados en esos encuentros. 

El Gobierno Nacional expidió un total de 11 mandatos de ley para atender el estado de emergencia económica, social y ecológica que vive el departamento. Con ellos, se promete una atención prioritaria a la educación, salud y alimentación de toda la población Wayúu, especialmente de los niños, niñas y jóvenes. Sin embargo, durante la visita, también hubo un interés por aclarar el futuro de la transición energética en La Guajira. 

Esto se ve reflejado en el decreto 1276 del 2023, por medio del cual se toman medidas para ampliar el acceso al servicio de energía eléctrica y “preservar los medios de subsistencia de la población a través del rescate de la transición energética”. Según el decreto, esta medida se toma con el fin de superar la crisis humanitaria y el estado de cosas inconstitucionales. 

En el documento se señala, con preocupación, el atraso que están teniendo los proyectos de energía renovable, como los campos eólicos. “Actualmente, existen 17 proyectos de generación de energía renovable en la región y únicamente 2 de estos proyectos han cumplido con el cronograma trazado a tiempo. Es decir, el 82% de los proyectos están atrasados”, se afirma en el escrito del decreto.

Para el Ministerio de Minas, la falta de desarrollo, los problemas financieros y las dificultades de operación que han tenido las empresas durante la ejecución de los proyectos han puesto en riesgo la subsistencia de las familias. Según se afirma en el decreto, el fracaso de estos proyectos de transición energética en la región causaría la pérdida de bienes, servicios y empleos pensados para la comunidad. 

Sin embargo, las lideresas afirman que, si bien estos proyectos pueden significar una fuente de beneficios para la comunidad, deben hacerse conversaciones donde prime el consentimiento informado y la participación simétrica de la comunidad. De lo contrario, estos proyectos seguirán exacerbando las diferencias entre clanes y siendo fuente de conflicto que pone a la mujer en riesgo. 

“El nivel de conflicto se agudizó totalmente con la llegada de los parques, entonces no han sido tan limpios en comparación con algunas manchas de sangre, que ya ha corrido en el territorio”, afirmó Aleida Tiller. De acuerdo con la lideresa Wayúu, las falsas expectativas de las empresas y el Estado causan más conflicto. 

Joanna Barney, investigadora de Indepaz, señaló las preocupaciones que tiene sobre estos decretos. “Muchas promesas pintan un gran paisaje, pero se nota que a esos decretos les hace falta territorio, hace falta aterrizarlos. Hay muchos huecos, en muchas partes, que generan más preguntas que respuestas”, dijo en el diálogo con CINEP, ‘La Guajira en emergencia: Un debate impostergable’.

 

Actualizado el: Mié, 08/30/2023 - 13:17

Por: Rutas del Conflicto con apoyo de La Liga Contra el Silencio

 

Por lo menos 112 cuerpos en el cementerio de Cocorná, en el Oriente Antioqueño, están marcados con las letras P.N.I. (persona no identificada), y 13 de ellos tienen la etiqueta “FARC”. A una hora de allí, en el camposanto del municipio de San Luis, hay registros de otros 85 cuerpos con las mismas siglas, o con las letras N.N. (ningún nombre). 

 

Otros cementerios de municipios de la zona, como Granada y San Carlos, se acostumbraron a las tumbas sin dolientes. La historia de un número indeterminado de esos cuerpos que reposan en las bóvedas es solo una pieza más del rompecabezas judicial que, poco a poco, va construyendo la verdadera dimensión del horror: el Oriente Antioqueño es, según las cifras de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la zona con más víctimas de los llamados ‘falsos positivos’, y su principal responsable es el Batallón Jorge Eduardo Sánchez (BAJES), de la IV Brigada, ubicado en Medellín.

Actualizado el: Mar, 08/29/2023 - 07:24

En la serranía del Perijá, en los límites entre los departamentos del Cesar y La Guajira, ha vivido por décadas el pueblo yukpa, indígenas recolectores, cazadores, pescadores y agricultores.  Antes de la colonización española habitaban un territorio entre el río Cesar y Maracaibo, Venezuela, sin embargo, con la independencia de los dos países, su tierra quedó dividida en dos naciones. 

Los indígenas han logrado sobrevivir a pesar de la pobreza, la falta de presencia integral del Estado, de la disputa de actores armados y la minería a cielo abierto  de empresas como la estadounidense Drummond y la suiza Prodeco, que destruyó parte de su territorio . Los yukpa se mantienen firme la lucha que han ganado en los estrados judiciales para proteger lo que les queda.  

Desde 2017 comenzaron una lucha jurídica para que el Estado y las empresas respetaran lo que consideran su territorio y  su gobernanza. Llevaron a los máximos tribunales colombianos la petición de hacer consulta previa para cualquier proyecto en lo que consideran su territorio.  Tras la sentencia de la Corte Constitucional y el fallo del Consejo de Estado poco se ha cumplido. Los seis resguardos de los yukpa siguen a la espera que sanen y delimiten el territorio que están solicitando mientras como lo explica uno de los gobernadores “ya no queda territorio por la contaminación de las mineras y el conflicto armado que no solo acabó con muchos de nosotros sino con la tierra”. 

Continúa la espera

Llegar hasta allí fue un camino largo pero que el pueblo yukpa vio necesario tras ver violentados sus derechos y no ser reconocidos como habitantes ancestrales de la Serranía del Perijá. La sentencia de la Corte Constitucional de 2017 recoge tres situaciones en las que el Estado no los tuvo en cuenta a la hora de tomar decisiones en lo que el pueblo indígena considera su territorio.  No se realizó la consulta previa. La primera, la implementación de una Zona Veredal Transitoria de Normalización en el municipio de La Paz para excombatientes de Farc.  La segunda, la posible constitución de Zonas de Reserva Campesinas en la Serranía que afectará sus territorios ancestrales. La tercera,  la sustracción de un pedazo de la  reserva forestal Los Motilones para hacer un botadero estéril- basurero de residuos de la exploración del carbón- y manejo de aguas de un proyecto minero llamado La Jagua Botadero el Palomo.

En la sentencia, la Corte reconoce las tensiones históricas por la tierra entre los yukpa y latifundistas, campesinos, colonos, ganaderos, palmicultores y mineros, “a lo que se sumó la situación de violencia padecida en razón de la presencia de grupos armados al margen de la ley. Lo anterior implicó que el pueblo Yukpa fuera confinado a vivir en las partes altas de la Serranía del Perijá en pequeños resguardos, donde se dificultan las labores de cultivo, caza, recolección y pesca debido a la fragilidad del ecosistema, en detrimento de su condición de seminómadas”, se lee en el fallo de la Corte.

Fue por ello, que la sentencia paró cualquier trámite, tanto la consolidación de la Zona de Reserva Campesina como Zona Veredal Transitoria, hasta que la Agencia Nacional de Tierras no delimite el territorio. Además, la Corte le pidió a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior entre otras entidades, desarrollar el proceso de consulta previa para verificar los impactos que las explotaciones mineras pueden llegar a causar en la comunidad indígena.  

Los magistrados resolvieron que en un año la Agencia Nacional de Tierras (ANT) debía aclarar la delimitación y clarificación del territorio ancestral de los yukpa y al Ministerio de Ambiente atender y tramitar con celeridad las inquietudes del pueblo indigena sobre la sustracción y creación del botadero para las mineras. Han pasado seis años desde esta decisión sin que el Estado la cumpla.

La comunidad no se quedó quieta esperando las respuestas de las entidades tras el pronunciamiento de la Corte, sino que interpusieron una tutela que falló a su favor, pero las mineras decidieron apelar la decisión y esta llegó al Consejo de Estado.  El 3 de marzo de 2020 este tribunal administrativo  ratificó un fallo de tutela del Tribunal Administrativo del Cesar, en el que impidió la consolidación del basurero minero, que se desarrollaría en el área sustraída de la Zona Reserva Los Motilones y el río Magdalena por no cumplir con la consulta previa con el pueblo yukpa. Es decir, que impedía que el Ministerio de Ambiente levantara la figura juridica de protección ambiental, como lo es la Ley 2 de 1959, de un pedazo de tierra para poder desarrollar un proyecto.   Además de pedirle al Ministerio del Interior que tramitara la consulta y que no se otorgarán otros contratos mineros hasta que no se definiera el territorio ancestral: 

“Esta Sala no desconoce la gran importancia que tiene el sector minero para el desarrollo de la Nación, pese a ello, el presente asunto amerita otorgar prevalencia a los derechos a la consulta previa y diversidad étnica de la comunidad Yukpa, ante el grado de indefinición de los beneficios que podría traer la actividad minera de disposición de material estéril y manejo de aguas de escorrentía al conjunto de la población, incluyendo a los pueblos indígenas”.

Para los yukpa todo se ha quedado en el papel mientras que muchas familias han tenido que desplazarse forzosamente a las ciudades, lejos de las formas que les permiten sobrevivir, por los impactos en el territorio por la actividad minera y la presencia de grupos armados históricamente en estas tierras. 

Para darle cumplimiento a la sentencia de la Corte, en abril de 2018 se creó una mesa de trabajo entre el pueblo yukpa y el gobierno nacional del entonces presidente Iván Duque, en el que el Ministerio de Ambiente suspende la solicitud de sustracción de un área de la Reserva Forestal Serranía de los Motilones, que iba a ser usada como botadero y para la construcción de canales y piscinas de sedimentación, que permita el desarrollo del proyecto Minero La Jagua. La solicitd fue hecha por las sociedades Carbones de La Jagua S.A.,Consorcio Minero Unido S.A., y Carbones El Tesoro S.A  hasta tanto no se tenga certeza de la ampliación y el saneamiento del territorio ancestral.

Prodeco, subsidiaria de la multinacional Glencore, en una movida rápida pidió  renunciar a cinco títulos mineros alegando los bajos precios del carbón y a la sustracción de la Reserva hasta que no se cumplan las órdenes dadas por el alto tribunal. No es una tarea sencilla ese trámite porque el Estado debe aceptar la devolución y la empresa garantizar el trabajo de quienes por más de 30 años dependen de la actividad minera.

Sin embargo, todo cambió rápidamente cuando el Ministerio del Interior certificó que no hay presencia del pueblo yukpa en el área del proyecto minero. La Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, del  Ministerio de Ambiente, ordenó continuar con el trámite que les otorgaba los permisos a las empresas mineras,  lo que llevó a sustraer las 10 mil hectáreas para el botadero y las  92,29 hectáreas de la reserva forestal donde habitan. Además de ignorar que la Reserva La Motilona y las pretensiones de territorio ancestral se solapan en 191 mil hectáreas. 

Un vocero de la comunidad califica el actuar de las entidades estatales como un despojo, una forma de arrebatar su territorio pese a las victorias judiciales que impedían la creación del basurero. 

Tras casi cuatro años de la sentencia de la Corte, el Estado solo ha aceptado tres títulos a Prodeco en 2021, empresa que produce aproximadamente el 21% del carbón nacional, según la Asociación Colombiana de Minería. Es decir, que la empresa todavía ante el Estado tiene licencias activas de explotación en La Jagua, mientras el pueblo sigue esperando que la Dirección de Consulta Previa cumpla con el requisito de  haber sustraído esa zona para el basurero. 

“No hay comida, no hay agua. No hay nada sin territorio”

El pueblo yukpa cansado de no ver resultados que esperaban y  pese a las órdenes de la Corte Constitucional presentaron el 3 de septiembre de 2020  una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el incumplimiento de la órdenes judiciales para la protección y así evitar el exterminio de los indígenas de la serranía del Perijá. 

En un texto de más de 150 páginas narraron cómo el Estado colombiano les ha dado largas en la delimitación de su territorio y por qué es de suma importancia tener tierra para una comunidad que vive de los cultivos de pancoger, la pesca y la caza, además de la responsabilidad de las empresas mineras en el detrimento ambiental del territorio ancestral y la violencia en contra de los indígenas yukpa.  “Nosotros no hemos podido volver a pescar porque los ríos están contaminados por las mineras. El territorio ha cambiado”, dice un vocero de la comunidad. 

Uno de los casos que más se menciona en la solicitud a la Comisión es el incumplimiento de la ANT tras compromisos adquiridos en 2018. Según los indígenas, la entidad no ha cumplido con las órdenes de la Corte. El entonces director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper Strauss, priorizo el caso de los yukpa y la entidad trazó un cronograma para adquirir predios, sanear otros y ampliar los resguardos para garantizar así la soberanía alimentaria y  sobre el territorio, sin embargo, el pueblo indígena no siente que se haya avanzado.  

Rutas del Conflicto le preguntó a la ANT sobre la orden de la Corte en 2017 de delimitar el territorio. La entidad respondió que ha podido “espacializar el área pretendida por el pueblo Yukpa. Asimismo, se realizó la determinación preliminar de los predios inmersos en la pretensión”, como se muestra en la siguiente tabla

La Agencia afirma que de acuerdo a los recursos presupuestales y la capacidad técnica y operativa han podido analizar el 64% de los predios que están en el área solicitada por los indígenas. Al preguntarles por el compromiso que adquirieron en 2018, cuando se trazó un cronograma, respondió que “se ha adelantado desde la ANT un ejercicio acucioso de análisis predial, con miras a determinar los requerimientos y tiempos necesarios para adelantar el procedimiento de protección de la posesión del territorio ancestral. Lo cual implica una cantidad significativa de recursos financieros, humanos y administrativos, por cuanto la pretensión territorial abarca un área muy extensa que recae en 11 municipios del departamento del Cesar”. 

Además, la entidad agregó que en el proceso se debe notificar a las personas titulares de los predios pretendidos por los yukpa. Es decir que implica una gestión de buscar a 4.009 personas que han sido identificadas como propietarias en las primera fase de análisis. 

Respecto a la ampliación de los seis resguardos en miras de la protección de las comunidades y la soberanía alimentaria, la Agencias Nacional de Tierras advirtió que avanzó con la identificación y análisis de los predios inmersos en las pretensiones de los indígenas del pueblo Yukpa para los cuales necesitaban aclarar la naturaleza de 7.002 predios. Es decir, determinar si eran baldíos de Nación o eran propiedad privada. Sin embargo a marzo de 2023, la entidad ha podido comprar apenas 12 predios para la ampliación de los seis resguardos

 

“En 2021 se adelantaron visitas a territorio para recabar insumos tendientes al avance del procedimiento de ampliación y, específicamente, a la elaboración de los Estudios Socioeconómicos Jurídicos y de Tenencia de Tierras. Por otra parte, se levantó lo correspondiente a los censos para los resguardos indígenas de Caño Padilla, La Laguna-El Coso-Cinco Caminos y El Rosario- Bellavista-Yucatán”, se lee en la respuesta al cuestionario que envió Rutas del Conflicto a la Agencia. Así fue que, en 2023 se instauró una mesa de trabajo para darle celeridad a la solicitud de los yukpa como también fuera un espacio de articulaciones y concertaciones respecto a las tensiones por la tierra entre campesinos, colonos e indígenas. 

Aunque la entidad de tierras no ha resuelto el problema en su totalidad, es claro para los indígenas que no es el único responsable. En la solicitud que hacen a la Comisión ponen sobre la mesa una pregunta: en qué se ha gastado el Estado el dinero de regalías del cordón minero de la sierra del Perijá. Según el Dane, el 48% de los ingresos del Cesar provienen de la minería y sin embargo no hay acueducto, vías terciarias, electrificación ni centros de salud. Tampoco, como lo pudo constatar el asesor jurídico de los yukpa, en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se han radicado proyectos para garantizar agua potable no solo para los indígenas sino para la población que vive en la zona minera. 

Los yukpa no se han quedado esperando con los brazos cruzados, ante el incumplimiento de las sentencia de la Corte ni la del Consejo de Estado. El pueblo indígena interpuso al  Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar iniciar un incidente de desacato a la orden de la sentencia T 713 DE 2017, sin embargo son conscientes que este proceso puede tardar años o décadas y por ello buscan que la CIDH brinde medidas cautelares urgentes. 

Mientras se esperan los pronunciamientos de la justicia nacional e internacional, la Defensoría del Pueblo alerta la situación del pueblo yukpa, señalando que sus prácticas económicas tradicionales, la soberanía alimentaria  y su movilidad siguen en riesgo. “Seguimos peleando por nuestro territorio, por lo que fue de nosotros, por los niños que mueren de hambre porque no tenemos dónde sembrar”, afirmó uno de los indigenenas yukpa.  

 

Actualizado el: Lun, 07/31/2023 - 10:02

Hoy en día, Robert Daza es senador por el partido Polo Democrático y ha dedicado más de 40 años a la lucha campesina en el departamento de Nariño. Fue desplazado por el bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia y en 2013 fue uno de los voceros de la Cumbre Agraria, un proceso de unidad popular y unión de varios procesos organizativos tras el paro agrario de 2013. Sin embargo, su vida ha estado constantemente en riesgo, no solo por las amenazas ocasionales, sino también porque en 2020 fue capturado junto al líder de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, Teófilo Acuña.

En la Operación Santa Marta, que se llevó acabado durante el 16 y 17 de diciembre de 2020,  dirigida por la Policía y la Fiscalía en los departamentos de Nariño, Meta y  Bolívar capturaron a Daza bajo el alias ‘Nacor’, quien supuestamente era un apoyo del Comando Central y conducción de Masas del ELN. Decían las autoridades que el líder social recibía órdenes directas del comandante de la guerrilla Pablo Beltrán.  A Teofilo Acuña lo capturaron bajo la premisa de “instrumentalizar a integrantes de organizaciones sociales” e infiltrar a los armados en las manifestaciones. 

Los dos líderes fueron puestos en libertad a los pocos días. La jueza de control de garantías de Pasto determinó que no representaban un riesgo y pidió que investigaran a los funcionarios por presuntas irregularidades en el caso. Para Robert Daza esa situación fue un caso de  “falsos positivos judiciales porque los líderes se han convertido en una molestia para el estado”. 

La situación de estos defensores no es muy distinta a la historia de Nini Cardoza, lideresa y coordinadora de la Mesa de Víctimas de Arauca o la de Héctor Sanchez en la vereda Rubiales de Puerto Gaitán, Meta. Rutas del Conflicto construyó una base de datos de 140 líderes y lideresas que han enfrentado procesos judiciales y da cuenta de varias patrones que siguen estos casos como lo son: la estigmatización, la judicialización,  la criminalización de defensa de los derechos humanos y el asesinato. 

Después del proceso judicial que enfrentaron en diciembre de 2020, a principios de 2022 fue asesinado Teofilo Acuña junto a su compañero de liderazgo Jorge Tafur y  menos de  seis meses después asesinaron al otro líder social, José Luis Quiñonez.

Los tres pertenecían a la Comisión de Interlocución, luchaban por la tierra para el campesino y la protección del complejo cenagoso de la Zapatosa.  Como se explica en el informe  Criminalización de la defensa de los derechos humanos, hecho por La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), “el homicidio de Acuña es un claro ejemplo del patrón que siguen varios casos, para crear las condiciones propicias que justifican un ataque paramilitar que finaliza con sus vidas”

Como también lo manifestó el congresista Daza, “el asesinato de Acuña fue producto de la estigmatización. Los ‘paras’ decidieron declararlo un objetivo militar para acabar con su vida y continuar con las amenazas a los demás líderes”. 

Por ejemplo, Ruth Alicia López Guisa era una lideresa de derechos humanos, proveniente de Dabeiba, Antioquia, quien hacía parte de las organizaciones sociales Coordinadora Nacional Agraria y Cumbre Agraria en el departamento del Chocó. Desarrollaba proyectos de soberanía alimentaria con las comunidades. Junto a su familia, sobrevivientes de la Unión Patriótica (UP), habían sido desplazados por años debido a sus labores de liderazgo. Antes de llegar al Chocó estuvo coordinando varios procesos en la comuna 7 de Medellín, sin embargo, fue capturada y puesta en prisión durante un año al ser acusada de pertenecer a las milicias urbanas tras la Operación Orión. 

Fue dejada en libertad al no poder comprobarse ningún vínculo, pero su nombre quedó tachado y al regresar a Medellín tuvo que desplazarse nuevamente. En 2017, fue asesinada y mientras se llevaba a cabo el velorio, la directora seccional de Fiscalías Medellín declaró que “se pudo determinar que en el pasado Alicia era de las milicias y comandos armados”. Después de su muerte seguía siendo acusada de un delito sobre el que la justicia ya había determinado su inocencia. 

Robert Daza señala que la huella que deja sobre los líderes y las lideresas enfrentar un proceso judicial no se borra con declararlos inocentes o dejarlos en libertad. El congresista señala que  esto implica acabar con sus procesos organizativos, sus proyectos de vida y destruir el tejido social que han construido y además terminar con la credibilidad que tienen frente a su comunidad. “No hay medidas de protección para los líderes, toca crear medidas de autoprotección porque el Estado no nos protege”, explica Daza. Además, afirmó que enfrentar procesos judiciales interrumpe con los procesos organizativos y de formación que tienen con las comunidades. 

El desprestigio a la defensa de los derechos humanos

La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) determinó que entre junio de 2019 y noviembre de 2021 86 defensores fueron detenidos. En cuanto al tipo de liderazgos se encontró que  un 74% de las personas criminalizadas eran defensores ambientales, seguido por quienes promueven el ejercicio de la protesta social, especialmente en los llamados paros agrarios y en las mingas indígenas. 

La base de datos de Rutas del Conflicto muestra que la mayoría de los líderes empezó su trabajo en la lucha campesina. Y como lo afirmaron varios de los líderes entrevistados para este reportaje,  se sigue construyendo la narrativa del enemigo interno. Es decir, que los líderes son vistos desde las instituciones como el ‘otro’ que hay que acabar o neutralizar.  Así también lo muestra el Informe Final de la Comisión de la Verdad en su tomo Colombia adentro que describe como un patrón histórico, el hecho de que al campesinado se le haya asociado con actores criminales, y que se difunda más esta idea cuando hay manifestaciones o protestas sociales. 

“Desde el inicio de las movilizaciones, empezó un proceso de criminalización. La fuerza pública señalaba a líderes y lideresas de la organización de ser miembros o colaboradores del Frente Bolcheviques del Líbano del ELN”, dice el informe de la Comisión, haciendo referencia al paro cafetero de 1995. Para la Comisión de la Verdad el campesinado fue  la principal víctima del conflicto armado interno. Durante la guerra, a los habitantes de las zonas rurales los despojaron de sus tierras, los torturaron, asesinaron, secuestraron, extorsionaron, reclutaron forzosamente, invisibilizaron, violentaron sexualmente, marginaron y criminalizaron. 

Según el informe del CSPP, la estigmatización ha sido el primer paso para la criminalización de los defensores de derechos humanos. “Se recurrió a la construcción del enemigo interno para justificar mecanismos de represión cada vez más violentos, se le otorgó un mayor protagonismo a la clasificación del “vándalo”, como ese enemigo al que hay que combatir, y los “actos vandálicos” como un tipo penal al que se da vida en los pronunciamientosde altos funcionarios y medios de comunicación”, señala el documento. 

Daza no solo ha enfrentado la detención del 2020 sino también en 2008 y 2012. En ninguna la Fiscalía ha podido mostrar al juez alguna prueba en su contra. Para el defensor, las judicializaciones se dan después de coyunturas de movilizaciones. “Vemos líderes judicializados en las jornadas de indignación, de paros, de cumbres o de las movilizaciones. Nosotros no somos guerrilleros o terroristas como quieren hacerle creer a la opinión pública”, afirmó el senador. 

La estigmatización hacia los líderes también se da cuando ejercen oposición a proyectos  minero energéticos o agroindustriales. Se les ve como el ‘enemigo’ que obstaculiza el desarrollo de la región.   No es gratuito que en las regiones donde hay más líderes judicializados haya más convenios de cooperación entre el Ministerio de Defensa con empresas del sector extractivo.  

La plataforma Centro Oriente, que reúne a varias organizaciones sociales, en voz de la abogada Marcela Cruz, afirmó que las capturas a los líderes sociales se dan no solo en marco de las movilizaciones a las empresas extractivas sino también cuando las comunidades exigen el mantenimiento de la infraestructura vial que utilizan las empresas. 

El CSPP determinó que entre 2019 y 2021 estaban en ejecución 365 convenios entre empresas del sector minero energético, la fuerza pública y la Fiscalía en 27 de los 32 departamentos. Antioquia es el departamento con más convenios, que a su vez tiene más líderes judicializados,  seguido de Meta , Tolima y Casanare. En su investigación la organización determinó que “    Estos convenios han contribuido a la militarización de los territorios y a la judicialización de defensores de derechos humanos que se oponen a las consecuencias de las economías extractivas”.

Es el caso de Hector Sanchez, un líder comunal y sindical en la vereda Rubiales, que cuenta con el complejo petrolero más grande de los Llanos Orientales. Sanchéz ha tenido que enfrentar por más de una década procesos penales. Rutas del Conflicto y La liga Contra el Silencio contó la historia de este líder en 2018, en que narró cómo había impactado la vida de este líder. Sin embargo en 2020 fue nuevamente capturado. 

Tanto el caso de Sanchez como Daza han sido casos mediáticos y como lo muestra CSPP, los medios de comunicación han sido una pieza fundamental para fortalecer la estigmatización a las labores de liderazgo. En muchas ocasiones, como lo afirma la defensoría jurídica de Centro Oriente, la prensa ha divulgado las capturas y proceso judiciales de líderes sin tener en cuenta los contextos y los antecedentes de los casos. 

“Según el registro de liderazgos y personas defensoras de derechos humanos judicializadas desde agosto de 2019 a octubre de 2021, de los 86 casos documentados, en el 61,6% hubo cubrimiento del proceso jurídico por parte de algún medio de comunicación, y en el 56,9% el medio de comunicación violó el derecho a la honra y del buen nombre de las personas acusadas, dando por hecho su culpabilidad frente a los cargos imputados”, dice el informe. Lo que trae consigo obstáculos en la defensa de los defensores, dejando su nombre y su trabajo en entredicho y desincentivando la labor social. 

Los procesos judiciales toman años para tener una sentencia y en algunos casos el proceso se vence y el líder social no puede demostrar su inocencia. En otros casos, los líderes deciden enfrentarse nuevamente a la justicia para lograr la reparación.  Más de 29 personas en Arauca que fueron capturadas masivamente el 12 de noviembre de 2002 y que permanecieron en la carcel hasta el 12 de febrero de 2004 piden que se declare administrativamente y patrimonialmente responsable al Estado y a la Fiscalía por la violación al derecho a la honra. 

Como lo muestra el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, en el gobierno de Álvaro Uribe se presentaron varios episodios de detenciones masivas.or ejemplo, en Congreso Anual Cafetero del 10 diciembre de 2003, en su instalación el entonces presidente dijo que, “la semana pasada le dije al General Castro Castro que en esa zona (Arauca)  no podíamos seguir con capturas masivas de 40 o de 50 todos los domingos, sino de 200, para acelerar el encarcelamiento de los terroristas y golpear estas organizaciones. Esas capturas han sido masivas, pero no arbitrarias. Se han ajustado plenamente al ordenamiento jurídico. Se han hecho sobre el examen cuidadoso de un acervo probatorio”.

En 2007, el Juzgado 41 Penal de Bogotá absolvió a los detenidos por el delito de rebelión. Desde ese momento empezó la lucha jurídica por mostrar la inocencia y buscar la reparación por parte del Estado. Después de más de 10 años siguen a la expectativa de entender por qué fueron declarados como enemigos.  

Los líderes y lideresas sociales no solo deben enfrentarse a las constantes amenazas en razón de su labor sino deben enfrenfretar al Estado que los estigmatiza y los judicializa, y aún más cuando deciden exigir reparación.

 

Actualizado el: Mié, 07/26/2023 - 20:28

Por: Fernanda Barbosa

El campo petrolero de Caño Limón está ubicado en el humedal del Lipa, un ecosistema inundable en los municipios de Arauca y Arauquita. Reconocido por ser rico en agua, fauna y flora, el humedal es parte del territorio ancestral de los hitnü y sagrado para otros pueblos indígenas de los Llanos Orientales. Actualmente está transformado por la explotación del hidrocarburo. 

“En septiembre de 1983 se produjo la mejor noticia para la historia de Ecopetrol y una de las mejores para Colombia: el descubrimiento del Campo Caño Limón, en asocio con OXY [la compañía estadounidense Occidental de Colombia]”, afirma Ecopetrol en la descripción de su historia empresarial, en la página web. Debido a este yacimiento, con reservas estimadas en 1.100 millones de barriles, Colombia volvió a exportar petróleo. La estructura construida también fue imponente: desde sus instalaciones parte el segundo oleoducto más largo de Colombia, el Caño Limón-Coveñas. En 2003, un nuevo contrato permitió la explotación en el estero mayor, es decir, en la laguna más grande del humedal. La plataforma Chipirón T.B. es la única offshore (alejada de la costa, generalmente en el mar) continental del país, construida en el centro del cuerpo de agua.  

Tras casi 40 años de explotación petrolera, el estero mayor se ha secado, según líderes locales, y estudios señalan la presencia de metales pesados en el agua. Pobladores señalan afectaciones a la salud de las personas y de los animales, incluyendo enfermedades en la piel, gastritis crónica y muerte del ganado. “Hay evidencias audiovisuales testimoniales, pero nuestra solvencia jurídica es muy inferior y no tenemos la capacidad para realizar estudios científicos”, afirma Orlando Barahona, presidente de Asojuntas (Asociación de Juntas Comunales) del municipio de Arauca. 

Monitoreos realizados por Corporinoquia (Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía) en 2017, 2018 y 2022 indicaron la presencia de metales pesados en el agua aledaño al campo petrolero, según Álvaro Hernández, integrante de la Fundación por la Defensa del Agua, la Naturaleza y el Territorio Araucano (Danta). Cuestionada por Rutas del Conflicto vía derecho de petición y tutela, Corporinoquia no informó el resultado de los monitoreos. 

Una investigación del Observatorio de Conflictos Ambientales (OCA) de la Universidad Nacional de Colombia muestra que el análisis de la corporación en 2017 detectó niveles de bario por encima del máximo aceptable alrededor de la plataforma Chipirón, en el agua y en el suelo, además de contaminación por hidrocarburos. En la medición de 2018, Corporinoquia volvió a encontrar bario en aguas subterráneas, según el OCA. La corporación afirmó que desarrolla el monitoreo de sitios de interés establecidos en la mesa de diálogo con los campesinos, pero que “los resultados no pueden analizarse de manera general, ya que la incidencia de la temporada seca y la temporada de lluvia son factores determinantes”. 

En un informe de 2000, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ya había llamado la atención para muestras de agua con “ligeros aumentos en algunas variables fisicoquímicas” en las corrientes naturales, que podrían “llegar a alterar” los ecosistemas del Lipa. En la vereda Sinaí, toda el agua disponible está contaminada con los vertimientos, afirma Hernández. Los pobladores han relatado la muerte de peces y enfermedades y malformaciones del ganado, incluyendo nacidos muertos entre los becerros. 

El investigador Alejandro Pulido, ingeniero químico y magíster en medio ambiente y desarrollo, registró metales pesados en aguas subterráneas de la vereda en 2021. Aún no existen estudios sobre los impactos del agua de Caño Limón en la salud humana, sin embargo, pobladores relataron a Pulido la recurrencia de problemas neurodegenerativos.

Además de la presencia de metales pesados, el humedal del Lipa ha sufrido un cambio en la dinámica de los cuerpos de agua. La alteración hídrica afectó por lo menos cuatro lagunas, 15 caños, dos depresiones inundables o conjunto de esteros y dos ríos, según el Environmental Justice Atlas (Atlas de la Justicia Ambiental, un proyecto internacional que documenta conflictos ambientales, coordinado desde la Universidad de Barcelona).  Específicamente en las veredas Bocas del Ele, Cañas Bravas, San José del Lipa y Alto Primores hubo taponamientos de caños y esteros realizados desde el inicio de la explotación petrolera, afirmaron las comunidades durante diálogo con la Federación Luterana Mundial y con el Centro de Información Sobre Empresas y Derechos Humanos, que realizaron una investigación sobre el Lipa. 

La preocupación por la dinámica del agua no es reciente en el departamento. Un derecho de petición enviado por la Procuraduría Agraria y Ambiental a la ANLA (Agencia Nacional de Licencias Ambientales) en enero de 2023 menciona la inquietud de la agencia, en 1989, con la legalización del uso del agua impactada por los vertimientos de la producción. También cita que el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (Inderena) llamó la atención por el impacto en la dinámica hidráulica en 1992. 

El año siguiente, el instituto pidió la revisión de la viabilidad ambiental del campo Caño Limón debido a “graves daños al ecosistema de los esteros”. Pulido considera que hay una “intencionalidad humana” en la extracción de agua del humedal. “La empresa fue canalizando ríos, bloqueando caños para que no pase el agua, construyendo carreteras que funcionan como muros de contención. Es un acumulado de infraestructura que ha hecho que el estero esté seco”, afirma.

La compañía SierraCol Energy opera Caño Limón desde 2020, cuando OXY vendió el activo al fondo de inversión The Carlyle Group. En ese entonces, Sierracol pidió un nuevo permiso para realizar los vertimientos y, como parte del proceso, ha dialogado con los pobladores este año. Entre las peticiones está el tratamiento de la totalidad del agua de los vertimientos, la construcción de un acueducto que lleve agua potable a las veredas y la reapertura de los caños. También defienden una restauración de los bosques a partir de la contratación de habitantes del Lipa para preservarlos, explica Hernández. Según Corporinoquia, los aportes de las comunidades están en análisis técnico, cuyos resultados se darán a conocer en una audiencia pública. 

La extracción de petróleo en el Lipa no solo afecta el agua, sino también se relaciona con violaciones a los derechos humanos, al trabajo y a la participación en las decisiones sobre el territorio, según el informe “Empresas y derechos humanos desde un enfoque comunitario: el caso del sector hidrocarburos en Arauca”, aún no publicado. La investigación, que realizó diálogos con pobladores en 2021, fue desarrollada por la Federación Luterana Mundial, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – Capítulo Arauca, la Fundación Joel Sierra y el Centro de Información Sobre Empresas y Derechos Humanos.

La vulneración al territorio, explica el informe, ha ocurrido tras el desplazamiento forzado, la falta de titulación de la tierra y el cierre del acceso a la laguna del Lipa, ancestral para los pueblos indígenas hitnü, sikuani, makaguán, betoy y u’wa, según el documento. El derecho al trabajo se irrespeta en la medida en que la explotación de petróleo solo ofrece empleos por temporadas, exige experiencia laboral que los pobladores de la región no poseen y afecta la agricultura y la pesca con la contaminación del agua. Ya la participación se niega cuando los pobladores solo se enteran de los proyectos de explotación después que ya han empezado, y no tienen sus reivindicaciones consideradas, según el documento.

Cuestionada por Rutas del Conflicto, SierraCol afirma que “no vierte aguas residuales de sus operaciones, sino aguas tratadas que cumplen ampliamente con la normatividad ambiental colombiana y los instrumentos ambientales aplicables”. La empresa agrega que pasa por seguimiento y control periódicos de las autoridades ambientales competentes, y que ha mantenido un diálogo abierto, constante y transparente con las comunidades vecinas. 

Conceptos técnicos de la ANLA de 2020 y 2022 señalan que la empresa cumplió con su plan ambiental, incluyendo las medidas para el manejo de residuos y de aguas. Entre 2013 y 2018, Corporinoquia registró 11 procesos de investigación contra la OXY, pero no hay reportes de ninguna infracción por parte de la empresa o de Sierracol. La corporación consideró como cumplidas las medidas de compensación y mitigación implementadas en Caño Limón en 2009 y 2017. 

Familias campesinas reivindican territorio

Por lo menos mil familias viven actualmente en seis veredas dentro del área de Caño Limón, de acuerdo con líderes locales. A pesar de que las casas y ranchos no están en estructura de producción de petróleo, algunas se encuentran cercanas a los pozos. Otras 22 veredas se ubican alrededor del campo, en el área del humedal. Como no poseen títulos de propiedad, las familias campesinas temen perder sus tierras o ser expropiadas, según expresaron en los diálogos con la Federación Luterana Mundial y el Centro de Información Sobre Empresas y Derechos Humanos, en 2021. Si bien la población creció exponencialmente, ya había pobladores cuando se encontró el yacimiento petrolero.

El humedal del Lipa, parte del territorio histórico de los indígenas hitnü, recibió colonos a fines del siglo XIX, pero principalmente en los años 1960, impulsados por la expansión de la frontera agrícola promovida por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), disuelto en 2003. “En Arauca, es posible identificar una sucesión de ciclos extractivistas, empezando por las plumas de garza y otros productos de animales silvestres, a principios del siglo XX, y la extracción de petróleo, desde la década de los ochenta”, afirma Estefanía Montoya, socióloga e investigadora del OCA. 

En 1976, el Inderena decretó la zona como reserva forestal, debido a la importancia del humedal del Lipa y de sus especies de flora y fauna. Siete años después, en septiembre de 1983, derogó la condición de área protegida de toda la reserva. En el mismo mes, la compañía estadounidense OXY anunció que había encontrado el yacimiento en Caño Limón. 

La llegada de la petrolera tuvo como consecuencia el acaparamiento de la tierra, afirma Montoya. “El estero mayor del Lipa era una zona donde los hitnü tenían una fuente de provisión de proteína animal, porque pescaban. Inclusive, los usos culturales [del estero] estaban asociados a mitos alrededor de lo que ellos denominaban la laguna. Y eso se pierde porque estas zonas que eran sus medios de vida quedan dentro del complejo de la extracción”, explica. La socióloga añade que, aunque ya existieran conflictos con los colonos, los indígenas no habían perdido el acceso al territorio antes de la explotación de petróleo. 

Los pueblos sikuani, makaguán, betoy y hitnü realizaban en la laguna del Lipa sus rituales, danzas y cantos, explica Lorena Acevedo, jefe regional Arauca-Casanare de la Federación Luterana Mundial. Con la presencia de la petrolera, la unidad espiritual y cultural de los pueblos ha sido afectada. Los makaguán, incluso, han perdido su lengua originaria. 

“La laguna del Lipa era nuestra riqueza. Todo un proceso de lucha indígena ancestral. Es allí donde nació el primer indígena del departamento de Arauca. De allí fuimos desplazadas todas las comunidades (…). Hubo asesinatos, violaciones a mujeres y niñas, pérdida de la identidad cultural cuando fuimos desplazados de este hermoso territorio”, afirmó una autoridad indígena makaguán perteneciente a la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas del Departamento de Arauca (Ascaditar), durante diálogo con la Federación Luterana Mundial (FLM).

En el momento de la firma del contrato de concesión a la OXY, 151 familias campesinas vivían en el área de Caño Limón y fueron desplazadas, según estudio de la FLM publicado en 2015. Álvaro Hernández, de la Fundación Danta, explica que las familias tenían trámites en proceso en el Incora, pero que aún no habían firmado escrituras. Por eso, la negociación con la empresa se hizo con base en su trabajo de mejoras en los predios. De las 151 familias, solamente 58 fueron reubicadas. “La gente se cansó de esperar y volvió a su tierra en Caño Limón”, afirma. Los desplazados a Arauca y Arauquita eran campesinos, y no estaban acostumbrados a la lógica de una ciudad. Algunos relataron haber estado en situación de calle, afirma Lorena Acevedo. 

Debido a los incumplimientos, por lo menos 84 familias ocupaban, en 2010, las veredas La Osa, el Vivero, Corralito y Líbano de Arauquita. La OXY solicitó un proceso de desalojo, según el informe de la federación. Sin embargo, el Consejo de Estado falló en favor de las familias en abril de 2011, y determinó que el Incoder (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, liquidado en 2016 y que había reemplazado al Incora) las reubicara. Otras dos decisiones judiciales, una de ellas de la Suprema Corte de Justicia, reconocerían en 2014 a las familias como desplazadas forzosamente, evitando su desalojo. Desde entonces, la población de Caño Limón creció. 

“No solamente fueron esas [familias], sus hijos y sus nietos que ya habían crecido. Vino mucha gente colombiana que se había ido para Venezuela y, por la mala situación allá, se regresó y paró en Caño Limón. También, familias que no tenían trabajo aquí en Arauca y en Arauquita, o de los municipios más cercanos”, afirma Hernández. Orlando Barahona agrega que la actividad petrolera motivó la migración hacia Caño Limón, en busca de trabajo y que, después de 2016, llegaron también migrantes venezolanos. 

La organización de los pobladores para permanecer en el territorio culminó en procesos como la iniciativa comunitaria Territorio Campesino Agroalimentario Laguna del Lipa, en el que el campesino “respeta las especies, no deforesta y cuida la fauna”, según Barahona. La apuesta es por generar un marco legal, que considere el gobierno propio, el cuidado de lo ambiental, el derecho internacional humanitario y la soberanía alimentaria, agrega el presidente de Asojuntas. 

SierraCol afirma que migración hacia la zona “corresponde a varios procesos de transformación comunitaria” y que “en ningún caso hay personas viviendo en situación de riesgo asociado a actividades de la compañía”. El aumento de la seguridad en la zona tras la firma del acuerdo de paz de 2016 entre la entonces guerrilla de las Farc y el Gobierno nacional también puede haber atraído migrantes, considera Alejandro Pulido, investigador del OCA. 

En los municipios de Arauca y Arauquita, diferentes actores han hecho presencia históricamente, incluyendo las Farc (hasta 2016), el Eln, los paramilitares del Bloque Vencedores de Arauca y bandas criminales. Como están en la frontera con Venezuela, los actores armados han disputado el contrabando y las rutas de narcotráfico. Por un lado, con la OXY llegó la fuerza pública a la zona, como un nuevo actor. En la investigación Convenios de Fuerza y Justicia, Rutas del Conflicto documentó tres contratos de cooperación entre la empresa y las fuerzas militares, siendo dos con el Ejército y uno con la Armada. Por otro lado, el complejo de Caño Limón y los oleoductos han sufrido varios ataques a su infraestructura, principalmente realizados por el Eln.

El impacto ambiental

La explotación petrolera ha transformado el humedal del Lipa, un ecosistema rico en fuentes hídricas, que está cada vez más seco. La importancia del humedal se puede ver en la diversidad de flora y fauna. Una investigación del Instituto Humboldt y de la Fundación Orinoquía Biodiversa registró 675 especies en 2017, entre plantas, peces, mamíferos, anfibios, reptiles y aves. Según la organización ambiental BirdLife International, en el humedal hay 259 especies de aves y 450 de plantas. “Los ecosistemas estratégicos como los humedales y páramos son ecosistemas que se tienen que proteger”, afirma Juan Manuel Rengifo, geógrafo e investigador del OCA.

El estero mayor llegó a tener más de 10 kilómetros de extensión y hasta siete metros de profundidad. Para cruzar el estero, se llevaba hasta 12 horas en barco. Actualmente, durante el verano se puede recorrer el mismo camino por carretera, en un trayecto de 20 minutos entre la población La Pesquera y el municipio de Panamá de Arauca, relata Álvaro Hernández. 

Las imágenes satelitales muestran la transformación de la cobertura natural del humedal del Lipa. En la imagen de 2001, se ve el predominio de coberturas naturales o moderadamente intervenidas de humedales, sabanas y bosques. En la de 2022, la expansión de la frontera agrícola y la fragmentación de las coberturas naturales. Fuente: Análisis de caso “En busca del Lipa. Conflicto ambiental en la llanura inundable” (2022), realizada por el Observatorio de Conflictos Ambientales (OCA), del Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) de la Universidad Nacional de Colombia

Chipirón T.B., la plataforma construida en el estero mayor del Lipa, profundizó el problema. Con más tierra fértil disponible tras la disminución del volumen del estero, aumentó el cultivo de arroz, que también drena el agua. “La laguna se fue desapareciendo y los cultivadores de arroz corrieron sus cercas”, agrega el integrante de la Fundación Danta. La explotación petrolera también fue una impulsora directa e indirecta de la deforestación en el área, tanto con la construcción de la infraestructura como con el impulso para la llegada de nuevos colonos, afirma Rengifo. 

Las comunidades indígenas consideran que hubo un ecocidio, es decir, una destrucción del ambiente, y “que la laguna perdió su ser, que perdió incluso su espíritu”, afirma Lorena Acevedo, de la FLM. 

Cuestionado sobre la conservación del humedal, Parques Nacionales Naturales de Colombia afirma que adelanta un proceso de conformación de Nueva Área Protegida de Ámbito Nacional en los municipios aledaños al Lipa. Sin embargo, la posibilidad de recuperación del humedal y del estero mayor no es unánime entre los investigadores y líderes locales. “Lamentablemente, no veo manera de recuperarla [a la laguna], yo soy escéptico. Cuando llegué allá, yo lo vi y lo caminé y dije: ‘El estero se secó’”, afirma Pulido. 

La comunidad defiende la instauración de una zona de restauración en el Lipa, pero la situación es compleja: además del campo petrolero, hay familias que habitan la antigua zona inundable. Aunque se lograra recuperar el curso de los caños y el volumen de los esteros, las veredas podrían resultar inundadas, generando un nuevo desplazamiento para los campesinos. “Nosotros queremos que, por lo menos en partes, se dé retorno a lo que era la laguna. Porque, en este momento, se están desapareciendo los animales, los chigüiros, los tigres, los pumas… Allá ya no se consigue un pescado para un remedio, cuando esa era la gran riqueza de toda la unión que estaba en esa laguna”, cuenta Hernández. 

Rengifo también entiende que hay espacio para la recuperación del humedal. “Nunca va a ser lo que era, pero creo que las condiciones están dadas: la depresión sigue estando, los ríos se siguen desbordando y las inundaciones se siguen presentando. Pienso que la intervención física podría ser de alguna forma sencilla para restituir los mecanismos naturales de inundación”. El geógrafo considera importante que se haga un censo poblacional, para entender cuántas personas están en el área, y que el Estado estudie la expropiación de las tierras, ya que la producción petrolera en el campo viene en declive y que hay una discusión internacional sobre la sustitución de la energía del petróleo por otras, más sostenibles. 

Cuestionada sobre el tema, SierraCol afirma que “no es cierto que el estero El Lipa se haya secado”, tampoco que realice acciones que puedan “resultar en la desecación de ese ecosistema”. Según la empresa, el volumen hídrico del lugar es variable, y depende de las temporadas de lluvia o de sequía propias de la Orinoquía. Además, cita intervenciones hechas por otros actores que afectan al humedal. En concepto técnico de 2020, la ANLA señaló que la laguna presentaba una lámina de agua cubierta por vegetación flotante.

Ecopetrol afirma que la estrategia de manejo ambiental en Caño Limón es una obligación del contrato con SierraCol, que prevé “la conservación de un ambiente sano, tomando las precauciones necesarias para proteger el medio ambiente, la vida humana y la propiedad de otros, y prevenir la contaminación del área contratada”. SierraCol también informa que ha aportado importantes “beneficios económicos, laborales y sociales al departamento de Arauca y al país”, incluyendo conexión eléctrica, servicios de salud y de educación, vivienda e infraestructura comunitaria, además de la generación de empleo, del desarrollo del tejido empresarial y de la inversión voluntaria que realiza en el departamento. Rutas del Conflicto ha contactado a la empresa OXY en Estados Unidos por correo, pero no obtuvo respuesta.

Actualizado el: Dom, 07/23/2023 - 09:28

Por Fernanda Barbosa

El área de influencia de la Marginal de la Selva y de la carretera Calamar-Miraflores ubicó al Guaviare y al sur del Meta como el segundo mayor núcleo de pérdida de bosques del país en 2021, con 15,7% de la deforestación nacional, según datos del Ideam (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales). La expansión de vías no planificadas facilitó “la conversión de los bosques en pastizales para acaparar tierras o para la expansión de prácticas ganaderas no sostenibles”, informa el sistema de monitoreo del instituto, que también identificó talas realizadas para el autoconsumo y para cultivos de coca. En visita a Calamar en febrero de este año, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad instó a la Fiscalía General de la Nación a investigar los “terratenientes fantasmas” que compran tierras ilegalmente en área de reserva forestal en Guaviare.

La Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) también documentó un crecimiento de las vías ilegales alrededor de las carreteras. En el caso de la Marginal de la Selva, la deforestación ha afectado el Resguardo Indígena Llanos del Yari – Yaguará II y veredas aledañas a él, en San José del Guaviare y La Macarena (Meta), según el Ideam. Los indígenas del resguardo han visto con preocupación el avance de la carretera, y han trabajado en procesos para detener la deforestación de la mano de diferentes organizaciones, según reportaje de Rutas del Conflicto. La pérdida de bosques a lo largo de la vía Calamar-Miraflores se ha dado en la zona de reserva forestal de la Amazonía, establecida por la Ley Segunda, de 1959. 

Las dos carreteras tienen historias diferentes, pero ambas ocuparon el noticiero nacional en los últimos años. La Marginal de la Selva es parte de un proyecto internacional de transporte e hizo parte de la apuesta del gobierno de Juan Manuel Santos para la infraestructura nacional. En 2018, el entonces presidente afirmó en entrevista que ya no se construiría la infraestructura de la carretera, debido al riesgo ambiental. La vía sin pavimentar sigue siendo el principal corredor de transporte entre San José del Guaviare y el noroccidente del departamento. 

La carretera entre Calamar y Miraflores ganó los titulares en 2019 cuando, debido a la falta de permisos ambientales para las obras, los alcaldes de ambos municipios fueron judicializados e imputados por deforestación. La justicia cerró la obra en 2019, la reabrió el año siguiente durante la pandemia de covid-19 y la volvió a obstruir en marzo de 2021. Ese mismo mes, el área de influencia de la carretera figuraba en la alerta temprana de deforestación del Ideam. La vía, también destapada, es el único medio de transporte terrestre entre Miraflores, en el sur del Guaviare, y la capital del departamento. 

“Las carreteras son un agente de transformación quizá de los más fuertes que existen frente a la a los ecosistemas que aún están conservados. Alrededor de las carreteras surgen predios, surgen parcelaciones, surge especulación de la tierra, surgen nuevas poblaciones, nuevos asentamientos. Si eso no se controla, va a haber una afectación mayor a los ecosistemas”, afirma Juan Manuel Rengifo, investigador del Observatorio de Conflictos Ambientales (OCA), de la Universidad Nacional de Colombia. 

Entre 2018 y 2021, el Guaviare perdió un promedio anual de casi 25 mil hectáreas de bosque, según datos del Ideam. La deforestación llegó a su pico en los años anteriores, tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno nacional y la entonces guerrilla de las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), que dejó de tener el control sobre el territorio. Entre 2016 y 2017 se perdieron más de 38 mil hectáreas y, entre 2017 y 2018, más de 34 mil. Un video de la FCDS de 2018 ya mostraba imágenes aéreas de la deforestación alrededor de la Marginal de la Selva. 

Si bien la construcción de las carreteras es un factor de deforestación, también es una demanda histórica de los pobladores de áreas lejanas a los grandes centros del país. Sin buenas vías, les vuelve más caro transportar sus cosechas, lo que ha afectado su calidad de vida. En la región del Guayabero, la falta de infraestructura ha dificultado el éxito de proyectos de sustitución de cultivos de uso ilícito, según pobladores. En Miraflores, es por la carrera desde Calamar que llega el agua potable y los alimentos que no se producen localmente. También es por la vía que se tiene un acceso más rápido a hospitales, ya que el tiquete de avión no siempre cabe en el bolsillo de los campesinos. 

“Si tú hablas con la gente de Miraflores, te va a decir que quiere la carretera; si tú hablas con la gente Calamar, te va a decir que quiere la carretera”, afirma Javier Revelo Rebolledo, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. El profesor defiende que se entiendan los contextos locales desde su complejidad, sin invisibilizar las necesidades de las poblaciones rurales. 

Las vías son un elemento importante de conectividad para el país, y no deben ser estigmatizadas, agrega Maryi Serrano, coordinadora de ordenamiento territorial y planeación del desarrollo en la FCDS. Sin embargo, su estructura debe ser adecuada a cada lugar. “¿Las comunidades que viven allá necesitan una vida con cuatro carriles y velocidad de 80 kilómetros por hora, o una vía que les permita sacar sus productos y tener acceso a servicios públicos?”, cuestiona. 

La discusión sobre las carreteras se da en un contexto histórico de conflicto en el Guaviare. Javier Rebolledo afirma que el Estado ha estigmatizado a los campesinos y colonos que han reclamado la formalización de sus tierras, primero considerándolos como insurgentes, después como narcotraficantes y, ahora, como deforestadores. “Hay una relación muy tensionante entre el Estado y los campesinos”, explica. 

Las protestas de los campesinos en la región del Guayabero, por donde pasa la Marginal de la Selva, se intensificaron en junio de 2020, tras operativos de las fuerzas militares para la erradicación forzada de coca. Los pobladores denunciaron la violación de derechos humanos durante los operativos, retención del ganado y procesos en contra de pobladores, por tala irregular. Según la Fundación DHOC, se han realizado diálogos directamente con la Fiscalía sobre la judicialización de 130 campesinos. 

En marzo de este año, tras 43 días de manifestación en Los Pozos, Caquetá, y de enfrentamientos que resultaron en tres muertos (dos campesinos y un agente de la policía), el Gobierno ha llegado a acuerdos con los campesinos de Meta, Caquetá y Guaviare. Entre ellos está el establecimiento de una comisión mixta de derechos humanos, la suspensión de la prohibición del ganado en áreas de parques naturales hasta 31 de marzo de 2024 y un compromiso de las comunidades para frenar la deforestación en la Amazonía. 

Por los caminos de la colonización en los Llanos

El trayecto de la Marginal de la Selva en el Guaviare pasa por dos sustracciones de la reserva forestal de la Amazonía. Es decir, 483 mil hectáreas que fueron parte del área protegida, pero, después de resoluciones del Inderena (Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente), se destinaron a la colonización. 

“Esas sustracciones tenían el fin de dotar de tierra a los campesinos que venían en los proyectos de colonización. El problema es que las promesas del Estado no se cumplieron: no llegaron los equipamientos, no llegaron los servicios públicos, no llegó la institucionalidad que iba a garantizar una serie de derechos”, agrega Rengifo. Las sustracciones de las áreas de reserva dinamizaron el mercado de tierras en el Guaviare a finales de la década de 1980. Los primeros colonos vendieron los predios a nuevos actores, incluyendo terratenientes y narcotraficantes, según estudio sobre la deforestación realizado por Rengifo y Jenny Santander, también investigadora del OCA. 

Después de 1987, solamente 2,9% de la superficie de la sustracción estaba en las manos de los fundadores, y 97,1% con nuevos compradores, de acuerdo con informe publicado en 1999 por el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi). Así, se aceleró “la colonización fuera de los límites legales” y se incentivó “el mercado de las tierras mejor localizadas y susceptibles de legalización”, según la publicación. El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, del gobierno Santos, consideraba al Guaviare como como parte de la región de los Llanos, para la que se destinaban proyectos económicos agrícolas. La ganadería y los cultivos de cacao y caucho se han hecho presentes tanto en la zona de reserva campesina como fuera de sus fronteras, en la reserva forestal, según el estudio de Rengifo y Santander.  

“La deforestación ocurre en zonas de difícil control estatal, pero, al mismo tiempo, históricamente lo que ha ocurrido es que la transformación del paisaje es el primer paso para un proceso de construcción de Estado. La deforestación va ampliando la frontera política, no solo la agrícola”, afirma el profesor Javier Rebolledo. En el departamento del Guaviare, políticos que buscaban votos llevaron recursos y maquinaria para apoyar a las Juntas de Acción Comunal en la ampliación de carreteras en zonas de reserva forestal, retrató Rutas del Conflicto en reportaje sobre carreteras en el resguardo Nukak. 

Actualmente hay tres nuevas áreas de sustracción del área de la reserva en evaluación, una de 3.621 hectáreas en Miraflores y dos, que superan las 93 mil hectáreas, en San José del Guaviare, todas solicitadas por la URT (Unidad de Restitución de Tierras) para reparar víctimas del conflicto armado, según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Marginal de la Selva: Un proyecto transnacional

La Marginal de la Selva es un proyecto planeado desde la década de 1960 para conectar la región amazónica y permitir un nuevo camino entre Ecuador, Colombia y Venezuela. La carretera es parte de una agenda común de doce países, la llamada Iniciativa de la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). En Colombia, integró la apuesta de la presidencia Santos para el crecimiento de la infraestructura del país en veinte años, presentada en el Plan Maestro del Transporte Intermodal (2015-2035). El apoyo institucional a la vía también está en el Plan de Desarrollo Departamental del Guaviare 2016-2019, realizado bajo el gobierno del entonces gobernador Nebio Echeverry, que cita a la vía como parte del valor turístico del departamento.

La construcción de infraestructura en el tramo entre San José del Guaviare y San Vicente del Caguán (Caquetá), sin embargo, causó controversias ambientales. Estudios realizados en 2015 “detectaron los alto riesgos ambientales que implicaba la intervención de ese corredor”, debido a que “se encuentra muy cerca de las áreas de influencia del Parque Nacional de la Macarena y de la Reserva Forestal Protectora de la Lindosa y además atraviesa sectores selváticos de alto valor ambiental”, según el Invias (Instituto Nacional de Vías). 

El trayecto de la carretera es parte del piedemonte amazónico, un corredor ecológico que conecta la selva con los ecosistemas andinos, y que ya está deforestado. “Prácticamente el último lugar donde esa conexión ocurre está entre el Parque Nacional de La Macarena y el Parque Nacional del Chiribiquete, y justamente por ahí pasa la Marginal de la Selva. Entonces, si se vuelve una vía nacional, esa última conexión quedaría rota”, afirma Rengifo. Datos de la FCDS muestran que los 295 kilómetros de la Marginal de la Selva en el Guaviare fueron constantemente deforestados en los últimos años. Se perdieron 5.942 hectáreas de bosque entre 2018 y 2019; 5.626 hectáreas entre 2019 y 2020, 4.696 entre 2020 y 2021; y 5.500 entre 2021 y 2022, considerando un perímetro de 5 kilómetros a los márgenes de la vía. 

La deforestación alrededor de la vía no se restringe al departamento del Guaviare y se ha intensificado después de la firma del acuerdo de paz entre la exguerrilla de las Farc y el Gobierno nacional, en 2016. La deforestación en el corredor Andes-Amazonía, que incluye los departamentos de Putumayo, Caquetá y Guaviare, además de sur del Meta, creció un 65,8% (129.717 hectáreas) entre 2017 y 2018, según el estudio de Rengifo y Santander. 

La expectativa generada por el acuerdo de paz y los anuncios de inversión nacional atrajo a compradores de tierras al lado de la vía. “En cualquier lugar donde uno diga ‘aquí voy a montar un proyecto auspiciado por el Gobierno’, pues obviamente se dispara el valor de la tierra, y llega gente a comprar”, afirma Angélica Rojas, coordinadora regional de la FCDS en el Guaviare.

Considerando el impacto ambiental, el entonces presidente Santos afirmó a la Revista Semana en 2018 que el tramo de la vía entre San Vicente del Caguán y San José del Guaviare no se construiría, y que otras 12 carreteras clandestinas serían destruidas. Sin embargo, la deforestación ha continuado. Cuestionado por Rutas del Conflicto, el Invias afirmó que La vía San Vicente del Caguán – San José del Guaviare “correspondería en un futuro” a la Ruta 65, cómo se denomina oficialmente la Marginal de la Selva, y que, actualmente, el tramo no está a cargo del instituto. 

Calamar-Miraflores: “vía de la legitimidad”

La construcción de la carretera Calamar-Miraflores empezó en los años 1980, como un camino abierto por caucheros con brújula en manos, según pobladores locales. Las familias asentadas, algunas productoras de coca y otras de diferentes cultivos agrícolas, siguieron abriendo la vía. Campesinos narran el trabajo comunitario realizado en la carretera en el documental “La carretera prohibida de Colombia. Una experiencia reveladora”, de CaminanTres y Dignidad Estereo, publicado en abril de este año.

“Esta es la vía de la legitimidad, hecha por el pueblo, pero también es una vía satanizada”, afirma José Beltrán Poveda, presidente de la Junta de Acción Comunal de La Esperanza y secretario de Asojuntas (Asociación de Juntas Comunales) de Miraflores. Sin la carretera, los costos de transporte de los víveres triplican, según el poblador. Por la vía, un viaje desde Miraflores hasta San José del Guaviare dura cerca de diez horas, y cuesta 130 mil pesos. En avioneta, el trayecto es rápido, pero el costo llega a 450 mil pesos por tramo. El transporte fluvial hasta Calamar es también una opción, pero más cara y más larga que por carretera. Dependiendo del peso, se puede gastar las mismas diez horas en barco, más dos horas en carro hasta San José, con un costo estimado de 180 mil pesos, según Beltrán Poveda.  

Desde 2015, en el contexto de las negociaciones para el acuerdo de paz, nuevos actores llegaron al territorio, con recursos para comprar tierras alrededor de la carretera. “Si fuera el campesinado el que llega con dinero a negociar esas fincas, no pasaría las necesidades que pasan. No hay una relación entre lo que se tumba y lo que tiene el campesino”, afirma William Tribales, integrante de la Asociación Digital Cobosques y del canal Pipe Quida. 

El tamaño de los lotes, su expansión y el aumento de la deforestación son los factores que indican que hay un acaparamiento de tierras “asociado con grandes capitales”, afirma Maryi Serrano, de la FCDS. “Para un pequeño campesino, es muy difícil hacer una deforestación de una zona de 100 hectáreas en un solo año, porque eso cuesta. Se necesita dinero para poder deforestar 100 hectáreas y se necesita dinero para poder hacer una carretera, entonces eso necesariamente no está asociado a una economía campesina”, agrega.

Debido a la falta de licencias ambientales, la Justicia prohibió las obras en la carretera en 2019, y la reabrió el año siguiente en medio a la pandemia de covid-19. En ese entonces, la vía recibió recursos nacionales para su mantenimiento que superaron los 878 millones de pesos, según Invias. Una nueva decisión judicial, de marzo de 2021, volvió a cerrar la vía, pero la prohibición no detuvo la deforestación. La pérdida de bosques entre 2021 y 2022 fue de 2.225 hectáreas, ante 1.721 en el período anterior, según estudio de la FCDS, que consideró el tramo de 60 kilómetros de la vía y un perímetro de cinco kilómetros a los márgenes. 

“En la época de pandemia, se asumía que no iba a haber mayor movimiento, pero no fue así, se siguió deforestando”, explica Angélica Rojas, coordinadora de la FCDS en el Guaviare. Entre 2019 y 2020, la deforestación también fue significativa, con 1.890 hectáreas perdidas y, entre 2018 y 2019, aún más grande: 2.148 hectáreas. 

“Estaban metiendo camiones grandes, tractomulas, cisternas… eso requiere abrir más la carretera. Queremos algo básico, una trocha ecológica, pero nadie nos ha parado bolas”, agrega Beltrán Poveda.

Guardianes de la vía 

Para conciliar la necesidad de la vía con la protección del área de reserva forestal, Beltrán Poveda defiende una gestión entre la institucionalidad y los campesinos. “Queremos pensar en un proyecto de largo plazo. Proponemos ser guardianes de la vía queremos reforestar lado y lado de la carretera y hacer caminos para los animales”, afirma. Según el líder, Miraflores está esperando una visita de la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible para dialogar sobre la propuesta. 

William Tribales coincide en que es importante que la institucionalidad encuentre a una solución pactada con los pobladores. “Es llegar al territorio y escuchar a esas personas que de verdad están comprometidas, que tienen una vivencia y una experiencia”, afirma. El ambientalista defiende que se realicen alianzas con investigadores y universidades, para buscar una “transformación de gran impacto” para las carreteras. 

“En un área tan sensible como la Amazonía, se necesita mirar si las vías están cumpliendo con los criterios ambientales”, afirma Maryi Serrano, de la FCDS. Desde 2019, la Fundación ha promovido los Lineamientos de Infraestructura Verde Vial en Colombia para prevenir, mitigar y corregir los impactos negativos de las vías para las personas y los ecosistemas. 

Dentro de los lineamientos está la formación de miembros de las comunidades como gestores viales, para que participen de los diagnósticos sobre los efectos de las vías y de la implementación de criterios de preservación. También se realiza la instalación de cámaras para mirar el comportamiento de los animales y la adecuación de la infraestructura para preservar sus corredores. Las carreteras verdes se incorporaron en dos documentos CONPES, en procesos de adjudicación de Invias y en requerimientos pedidos por la Agencia Nacional de Infraestructura. 

Para preservar el entorno de las carreteras, también es necesario identificar a los acaparadores de tierras en el Guaviare. Beltrán Poveda defiende medidas por parte del Gobierno nacional y la realización de veedurías al lado de las Juntas de Acción Comunal. Juan Manuel Rengifo, investigador del OCA, afirma que la deforestación es un síntoma de la expansión de la frontera agrícola, que ha sido motivada por el Estado. Por eso, sería necesario reunir voluntad política y económica para repensar esta expansión. “Es como si la deforestación ocurriera a espaldas del Estado, pero el Estado tiene una gran responsabilidad”, explica. 

 

 

Actualizado el: Mié, 07/19/2023 - 14:32