Mujeres del Caquetá que enfrentan el machismo y defienden la Amazonía

En el Caquetá, uno de los departamentos de la región amazónica, viven tres mujeres que le apostaron la vida al liderazgo, en un territorio marcado por el conflicto, la bonanza del caucho y la coca, la ganadería y la deforestación. 

 

Mariela Álvarez, Nubia Chacón y Magaly Belalcazar, tres líderes y representantes legales de organizaciones de mujeres y por mujeres en el Caquetá, son los ejemplos de las movilizaciones y organizaciones en defensa de derechos de género. Aunque todas le apuestan a la comunicación desde distintos ángulos, tienen como objetivo el empoderamiento femenino y la defensa del territorio amazónico. 

Mujeres que han alzado su voz, que han ido en contra de una sociedad que las marginó de los asuntos públicos y que las estigmatiza por su labor. Y ahora, luchan  por la vida, por ser reconocidas, ser visibles, por un espacio que puedan habitar sin miedo. Defienden la Amazonía y con todo lo que habitan en ella. 

Caquetá tiene una de las mayores producciones de carnes y lácteos del país. Según el Instituto Colombiano Agropecuario, existen aproximadamente 2 millones de cabezas de bovinos y más de 225 búfalos en lo que va del  2023. Cifra que contrasta con la recopilación de Global Forest Watch, donde se ha perdido en la última década el 75% de los bosques entre primarios y húmedos. 

La historia de colonización del Caquetá está marcada por la violencia y el conflicto armado. Una colonización espontánea a raíz de la violencia bipartidista, otra hecha por la Caja Agraria, que solo benefició a un grupo pequeño de campesinos; y en los años 60 el antiguo Incora adjudicó el 15 % de la tierra disponible para la reforma agraria  de las más de 20 mil personas que migraron al Caquetá. Esto provocó una ocupación desbordada hacia la selva. 

La llegada de familias de Huila, Tolima y Antioquia marcaron la historia de Caquetá como una cultura que se hizo a punta de retazos de otras regiones. También fue marcada por convertir a la mujer en elemento de intercambio en medio de la colonización. “Se decía que los hombres necesitaban un machete, un perro y una mujer, en ese orden, para abrir paso entre la selva”, narra Nelson Hoyos, fundador de Corpomanigua, una de las organizaciones que construyen paz en el territorio. 

No solo las mujeres debieron padecer ser la moneda de cambio en la colonización, sino que sufrieron los estragos de la guerra. La consolidación de las guerrillas y la llegada de los paramilitares, propició el desplazamiento forzado,  la violencia sexual, la tortura y el asesinato fueran las mujeres. “Vimos a muchas mujeres llegar con sus hijos a Florencia. Ahora debían ser las responsables de mantener sus casas mientras superaban lo que les había pasado”, afirma Fanny Gaviria, directora del programa mujeres de Corpomanigua. 

Las defensoras

Los azares de la vida de Mariela Alvarez, de cabello oscuro y de sonrisa amplia, la llevaron a conocer a una decena de mujeres con la que conformaría la Asociación Mujeres Sueños del Mañana, Asudelma. Una organización donde el hilo y la tela son la excusa y el vehículo para contar sus experiencias de vida, sus dolores, sus traumas, pero aún más son una forma de sanar. 

A unas pocas calles donde está el taller de Asudelma se encuentran en un pequeño piso, ocho mujeres que se reúnen cada semana para impulsar la Escuela Audiovisual de la organización Mujeres, Amazonía y Paz, Funmapaz. Un trabajo que gira alrededor de la comunicación, una forma de contarle al territorio lo que sufren las mujeres, pero también una forma de conectarse con la selva, con el ecosistema, con la tierra y con ellas mismas. Mujeres muy jóvenes, la mayoría no supera los 25 años,  cuentan -entre risas y voces tímidas- como este espacio se ha convertido en un lugar para pensar cómo viven y habitan el territorio. 

No es gratuito, como lo expresaron la decena de mujeres entrevistadas por Rutas del Conflicto, que esa huella no haya desaparecido y el surgimiento de iniciativas que propician la independencia económica, el reclamo y establecimiento de derechos de la mujer y la defensa del territorio. 

A unas pocas calles donde está el taller de Asudelma se encuentran en un pequeño piso, ocho mujeres que se reúnen cada semana para impulsar la Escuela Audiovisual de la organización Mujeres, Amazonía y Paz, Funmapaz. Un trabajo que gira alrededor de la comunicación, una forma de contarle al territorio lo que sufren las mujeres, pero también una forma de conectarse con la selva, con el ecosistema, con la tierra y con ellas mismas. Mujeres muy jóvenes, la mayoría no supera los 25 años,  cuentan -entre risas y voces tímidas- como este espacio se ha convertido en un lugar para pensar cómo viven y habitan el territorio.

En esta zona del país, muchas veces olvidada por el Estado, pero escenario de la violencia paramilitar y la consolidación de la guerrilla de las FARC, se encuentra Nubia Cachón, directora ejecutiva de Corpomanigua. Ella mueve sus manos al ritmo que habla sobre los caminos que se tejieron en la vida de las nueve personas que fundaron y permanecen después de 22 años, para conformar la corporación, un espacio que le apuesta a la construcción de paz desde la soberanía alimentaria, la protección del medio ambiente y la equidad de género.

El hilo que une historias 

En una casa amplia que se esconde del sol de Florencia vive Mariela Álvarez, una mujer que defiende los derechos de las mujeres caqueteñas y lucha por la autonomía económica de ellas. Hoy, representa la organización Asuldema, compuesta por 16 mujeres que por coincidencias de la vida terminaron en una capacitación de cómo hacer empresa. Decidieron juntarse y crear una asociación que, a través de la confección de sábanas bordadas, pintadas y hechas con retazos, les permitiera reflexionar sobre cómo viven y a qué se enfrentan las mujeres del Amazonas. 

Asudelma tiene mujeres entre los 13  a los 75 años, la mayoría ha sido víctima del conflicto armado. Según la Unidad de Atención Integral a las Víctimas, en el periodo 2002-2012 se produjo el desplazamiento masivo de cerca de 1.860 familias en el Caquetá. Sumado a los hechos victimizantes, para las mujeres estar confinadas a una dependencia económica y a los asuntos privados, las ha marginado de la defensa del territorio y de la vida. 

“Nosotras somos familia. Asudelma es eso, familia. Yo crecí sentada en una máquina de coser escuchando las historias de esta mujeres, cómo han sobrevivido y resistido después de ser desplazadas, de que les mataran a los hermanos”, recuerda Yuliana Castro, que ha acompañado desde que nació a su mamá Mariela en la defensa de los derechos humanos.

Yuliana y su mama Mariela le han apostado al empoderamiento de las mujeres del Caquetá, un relevo generacional en la defensa de los derechos. Por : Ricardo Sáncez Gómez 

En 2009, gracias a la iniciativa “Mujeres ahorradoras en Acción”, que dirigía el Departamento para la Prosperidad Social, con el objetivo de fortalecer procesos empresariales de mujeres en situaciones de vulneración, nació Asudelma. Entre venta de tamales, rifas y la compra de sábanas para venderlas nuevamente, nació la idea de confeccionar sus propia lencería hecha 100% de algodón. “Logramos aprender a hacer las sábanas, toallas higiénicas ecológicas y también sacar una línea de lencería elaborada con retazos de tela que sobran de otras producciones”, afirmó Mariela. 

Esta organización se ha convertido en la oportunidad de escucharse entre ellas, de contar sus experiencias y cómo entre todas poder solucionar lo que les está pasando. Mientras cosen las sábanas, que tienen motivos alusivos a la Amazonía, tejen sus historias, se reconocen en la otra. Asudelma les ha permitido no solo ganar económicamente algún recurso y mejorar la calidad de vida de ellas y sus familias, sino también les ha dado la posibilidad de ayudar a otras mujeres. 

‘Las tardes de barrio’ fue un espacio que la pandemia acabó, pero era la oportunidad para hablar con mujeres que no conocían de la organización y mucho menos de los derechos que tiene como mujer.  Durante unas dos horas, las mujeres a través de coser retazos de tela para formar una colcha contaban sus historias. Se hacían en grupos de cinco o seis para hablar  mientras la aguja pasaba de un lado al otro, reconocían y aprendían que lo que estaban viviendo les pasaba a otras mujeres y que eso era violencia.  

“Hicimos eso unas tres veces en diferentes barrios, donde nos encontrábamos a hablar de las violencias basadas en género. Atendimos a unas 300 mujeres. También logramos hacer un libro, el cual tiene las rutas de atención a las mujeres, qué cosas o situaciones son violentas, qué hacer en esos casos”, afirma Mariela. 

Traer el taller de costura, que está en el segundo piso de su casa, a la calle significa también enfrentarse a actores desconocidos que las amenazaban. En palabras de Mariela era “sentir miedo como si estuviéramos haciendo algo malo, pero no lo estamos haciendo”. Se refiere a las múltiples amenazas que le han hecho. Desde la Plataforma de Mujeres del Caquetá, a la que pertenece y ha defendido por más de 20 años, le recomendaron salir del territorio, pero para ella no es una opción. Asuldema es familia y no se puede ir sin ellas. 

Con miras a fortalecer tanto la autonomía económica y la defensa de los derechos de las mujeres, empezaron junto Oxfam un proyecto de comunicación. “Al principio creíamos que iban a enseñar, a manejar cámaras y equipos, pero nos mostraron que nosotras tejemos palabras con las sábanas, que eso también era comunicación”, afirmó Yuliana

Para ellas, a pesar de que las situaciones en el territorio contra  las mujeres no cambian tan rápidamente, están salvando vidas. “Cuando les mostramos a las mujeres cómo salir de situaciones que las están violentando o cuándo las ayudamos a despertar”. 

Por ello, la comunicación les ha permitido fortalecer sus procesos en dos vías. La primera, como lo afirma Yulima “que no sientan miedo al hablar, que se sientan seguras de lo quedicen, que tiene mucho que decir,  que sus historias valen”. Lo segundo, que puedan explotar el talento y la habilidad que han cultivado 16 años cuando fundaron Asuldema en la confección de sabanas con nuevas técnicas, como usar tintes de las platas amazónicas. Para ellas, el trasfondo de todo es poder convertirse en empresarias, que su lencería viaje por el mundo, soñar, volar y vivir una vida libre en el Caquetá. 

Por la defensa de la vida

La voz de las mujeres ha estado ausente de los medios regionales y locales. Según la radiografía de un país silenciado, hecho por la Fundación para la Libertad de Prensa, el 81% de la población del departamento del Caquetá vive en municipios donde no se producen noticias locales. Además, de los 44 medios de comunicación que hay en el departamento, entre emisoras comerciales y medios nacionales, el 9% son emisoras de la fuerza pública. 

Tatiana Orosco, una de las fundadoras de Funmapaz, narra que hicieron un diagnóstico del territorio, en el que encontraron que no había una oferta de medios audiovisuales que respondiera a la lucha y la defensa de las mujeres. “Aquí no hay un medio audiovisual dirigido por mujeres o hecho por mujeres. Ahí vimos una necesidad. Era fundamental encontrar un espacio donde lo que tú o yo dijéramos quedara registrado, un espacio que le apuntara a nuestro enfoque ecofeminista”. 

 

Así empezó la Escuela Audiovisual, como la oportunidad de aprender, de comunicar, de replicar los mensajes, pero también de encontrar un ingreso económico que les permitiera fortalecer la fundación y sus economías familiares. En voz de la representante de Funmapaz, Magaly Belalcázar, crear la Escuela era la oportunidad de generar una comunicación amplia, precisa, armoniosa, pero sobre todo colectiva. 

Y es que lo colectivo es el núcleo de Funmapaz. Un espacio para construir, para generar un diálogo sobre las violencias simbólicas y físicas que hay en el territorio.  Juntas, mujeres desde los 13 años hasta los 60, se reúnen cada semana  para aprender sobre el lenguaje audiovisual, sobre el uso de los equipos, sobre planos, pero también es la oportunidad para cuestionar, cuestionarse, preguntar y aprender sobre las violencias a las que han estado expuestas. 

“Ahora uno mira todo con otros ojos. A ver situaciones que para nosotras eran normales. Por ejemplo, escuchar y también decir “mire cómo maneja, eso fijo es una mujer”. Ahora es ver lo violento de esas palabras y que no es cierto tampoco. Ahora le puedo decir a mi familia que no diga eso por estas razones”, lo afirma Paula, una de las integrantes de la Escuela. 

A la voz de Paula se suma la de Daisy Carvajal, profesora de inglés y participante de la Escuela Audiovisual, “Sí, vemos con otros ojos. Vemos el poder de las imágenes, de cómo tomamos la foto y de lo que transmite, cómo pensamos la fotografía”. Haciendo referencia a uno de los ejercicios de sus clases, que tiene todas las semanas, en las que analizaron una fotografía de una parte de la Amazonía deforestada y su relación con las mujeres.“

Era preguntarse cómo viven las mujeres, cómo vivimos los extractivismos, cómo usan el territorio o cómo usan las mujeres. Cómoenfrentamos los problemas, cómo lo enfrenta la amazonía. La imagen representa muchas cosas y eso me ha llevado también a ser más observadora”, Daisy. Para Tatiana, tener una cámara ha sido la oportunidad para elaborar sus propios productos audiovisuales y llegar a emplear la comunicación audiovisual como una forma de prevención de violencias basadas en género y una forma, también, de visibilizar el trabajo de las mujeres en el departamento. 

La Escuela Audiovisual nació en 2020, hoy con apoyo de Oxfam han podido fortalecer y ampliar sus conocimientos a través de clases semanales. “Tenemos una monitora que nos ayuda con las indicaciones que nos da el profe virtualmente y vamos aprendiendo. Tenemos clases seis horas semanales”, afirmó Daisy Carvajal. Este proyecto les ha permitido llevar a cabo el sueño de que a través de la comunicación puedan expresar la conexión que existe entre la selva, el agua, el ecosistema y el territorio que habitan. 

 Poder tener un espacio para aprender del lenguaje audiovisual y cómo comunicar ha sido el  resultado de décadas de liderazgo. Sus fundadoras, Magaly y Tatiana, llevan varios años apostando y trabajando en la Plataforma Social y Política para la Paz e Incidencia de las Mujeres del Caquetá. Lograron hacer el primer encuentro de Mujeres Cuidadoras de la Amazonía, invitando a defensoras de Brasil y Bolivia al departamento. Un escenario para reflexionar sobre lo que vive la Amazonía. “Aquí no hay solo árboles que defender. Somos mujeres de la resistencia, que protegemos la vida”, afirmó Magaly Belalcazar.

Funmapaz fue la encargada de la logística del evento. También lograron con la Plataforma y la fundación formar la primera Mesa de Justicia de Género en Caquetá y así construir una hoja de ruta desde cuatro orillas: la prevención de violencias, la atención, la judicialización e investigaciones de hechos violentos a razón de ser mujeres. 

Sin embargo, estos espacios evidenciaron las violencias para mujeres lideresas. “Nos ha visibilizado, ha permitido que se conozca a nivel departamental y nacional el trabajo que hacemos las mujeres. Pero, a nivel local, no ha traído roces con algunos actores”, afirmó Tatianaq.  Las mujeres tomaron la decisión de no dejar entrar a medios locales y organizaciones que no fueran de base, querían un espacio seguro para hablar y que comprendiera sus exigencias y su situación. Como lo manifestó una de las mujeres partícipes de la Escuela: “Queríamos llegar con la comunicación a espacios que fueron vetados históricamente a las mujeres”. 

Para las lideresas el ser visibles les ha traído problemas a su seguridad. Así como Mariela  Álvarez ha sido amenazada por los compañeros sentimentales de las mujeres costureras y otros actores, también lo han sido las mujeres como Magaly. Mujeres que alzaron la voz al Estado exigiendo transparencia y atención efectiva en los derechos de las mujeres, como también a los distintos actores económicos y armados del departamento.

“Aquí lo ven a una como una loca”; “Nos dicen, usted por qué habla”, “Por qué no se queda mejor callada”, son palabras que reciben todo el tiempo las mujeres que lideran procesos organizativos en pro de otras mujeres y el territorio. Según el último informe de Global Witness, Colombia sigue siendo el primer país con más líderes asesinados, seguido de Mexico. Para la organización Front Line, los mayores ataques contra los liderazgos son en Latinoamérica, empezando con Colombia y para el 2022, el informe de la organización Somos Defensores, documentó 186 asesinatos. La recopilación de todos los datos manejados por estas organizaciones, quienes tienen los mayores ataques son defensores del medio ambiente, la tierra y el territorio, y las mujeres.  Para Tatiana, estas situaciones afectan la vida en familia, su seguridad y la de otras mujeres, pero “uno aguanta por el amor que hay de transformar”. 

“Nos atrapó la manigua”

El desplazamiento ha marcado la historia del departamento del Caquetá. Las mujeres, en su mayoría, llegan a las zonas urbanas sobreviviendo de la guerra. Deben encargarse del cuidado y sostenimiento de sus hijos. Lejos de su tierra llegan a Florencia y no hay dónde cultivar.  De esa necesidad de atender el desplazamiento nace la Corporación Manigua, una organización liderada por mujeres que defienden la amazonía, y que trabaja por la promoción de los derechos, la equidad de género, la autonomía y soberanía alimentaria.

Nubia Chacon es la representante legal de Corpomanigua, asumió ese cargo hace cuatro años al ser elegida por los demás fundadores. Son siete mujeres y dos hombres. Con distintas profesiones: contadores, administradores, químicos, comunicadores y agropecuarios llegaron a atender la situación de desplazamiento por separado “Nos unió un proyecto de Diakonie, que atendió la emergencia. Después de eso decidimos organizarnos y crear Corpomanigua hace 22 años”. 

“El primer enfoque que vimos y el tema a tratar fueron las mujeres”, afirmó Fanny Gaviria. Las mujeres en el Caquetá son mujeres trabajadoras, que han enfrentado la guerra y muchas han sobrevivido. Pero como también lo dice, son mujeres que les cuesta mirar hacia el futuro tras el horror del conflicto y se dedican a sobrevivir el presente. 

 

Fanny Gaviria en la sede de CorpoManigua. Organización que fundó y actualmente integra.

Sin comida, sin su tierra, violentadas, tal vez sin sueños y llevando las ausencias de quienes murieron, las mujeres del Caquetá con la Corporación Manigua han llevado procesos para trabajar en colectivo. La organización se encarga de buscar alianzas con colectivos y asociaciones de mujeres para trabajar en cultivos urbanos, en aprender sobre las violencias basadas en género, en la construcción de paz y  en la implementación del Acuerdo de Paz. 

El Caquetá, según el Dane, importa el 85% de los alimentos que produce. A la par que encabeza las listas anuales de deforestación en Colombia. Según las cifras oficiales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), esta región perdió 38 383 hectáreas de bosque en 2021; 5 861 más que en 2020, lo que representó el mayor aumento en el país.

Las planicies amazónicas se convirtieron en sembrados de pasto para la ganadería. A los lados de las carreteras que recorren el departamento hay vacas y más vacas. Por ello, Corpomanigua de la mano de mujeres y familias campesinas le ha apostado a los cultivos de semillas originarias de la amazonia. Dónde las mujeres cuidan el territorio con prácticas mucho más amigables con la tierra. 

 Rio en Florencia, Caquetá. Ricardo Sánchez Gómez

 

“Para nosotros es importante el trabajo colectivo, el compartir saberes, el rescatar la vida campesina y no que nos convirtamos en empresarios del campo”, afirmó Nelson Hoyos, cofundador de Corpomanigua y el director de la línea de soberanía alimentaria. 

A su vez, Fanny Gaviria, es la encargada de llevar a cabo los proyectos de equidad de género. Aunque sea un eje transversal en las otras líneas de trabajo, en esta le apuestan por construir espacio para avanzar en política pública con un enfoque diferencial. Donde las mujeres encuentran un espacio para actuar en favor de otras mujeres, para crear redes de apoyo y mejorar las condiciones de vida de las mujeres campesinas. 

Corpomanigua trabaja en nueve de los 16 municipios del departamento: San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá. Puerto Rico, Florencia, La Montañita, Doncello, Solano y Belén de los Andaquíes y San José del Fragua. Ha podido llegar a las comunidades a pesar de la presencia de actores armados ilegales. “Hemos llegado donde el Estado no ha podido y no ha querido llegar. Lo hacemos porque las comufnidades nos respaldan, porque llegamos a aportar y a cooperar con familias que habitan el territorio”

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Para llevar los procesos y proyectos a las comunidades ha sido clave pensarse, no solo en las líneas de trabajo de soberanía alimentaria y equidad de género, sino en la comunicación como un eje transversal de la organización. “Empezamos un proyecto con OXFAM, en el que es esencial diseñar planes estratégicos para poder hacer una mayor incidencia en distintos escenarios para seguir transformando el territorio”. 

Para Nubia, fortalecer  la comunicación les permite mejorar la capacidad local de las organizaciones que acompaña Corpomanigua. También fortalecer la comunicación que permita comunicar y conectar la naturaleza con las mujeres. La forma de hablar del territorio como también hablar del cuerpo. “Poder hablar sin miedo, de expresar las necesidades que las mujeres tienen como mujer, como mujer caqueteña y amazónica”, afirmó Nelson al referirse al proyecto de ‘soberanía y comunicarte’. 

Las mujeres de Asudelma, Funmapaz y Corpomanigua le seguirán apostando a la lucha por la equidad de género, por poder habitar el territorio con libertad, por defender la Amazonía, por la vida. “Hay una violencia permanente por la Amazonía y por la mujeres pero resistiremos”. 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

Actualizado el: Lun, 10/23/2023 - 16:51

La defensa amazónica con rostro de mujer

El 71 % de los asesinatos de defensoras ambientales, de la tierra  el territorio se concentran en los departamentos del Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Putumayo.

Por: Rutas del Conflicto

En Caquetá viven varias mujeres de distintas organizaciones que le han apostado a la defensa de la vida, la Amazonía y las mujeres. En Putumayo habita y defiende el territorio un colectivo de lideresas indígenas de los pueblos  Siona, Kofan, Koreguaje, Inga y Kamëntsá. Estas mujeres amazónicas han enfrentado la guerra, el narcotráfico, la minería,  además de la constante presencia de grupos armados que cambian su nombre, pero no los repertorios que las violentan. Sumado a ello, deben luchar por salir del espacio privado, de sus casas, de la dependencia económica. Defender sus derechos y su vida. 

 En Mocoa, Putumayo, se celebró el Festival del Agua, la Montaña y la Vida. Una iniciativa para defender la Amazonía. Ricardo Sánchez Gómez.

“Nos están matando”; “En el Amazonas viven más que árboles, viven mujeres” “Somos mujeres que resistimos” fueron algunas de las consignas que repitieron una decena de lideresas en Caquetá y Putumayo, que entrevistó Rutas del Conflicto. Todas llegaron a la misma conclusión: el conflicto armado y la violencia les arrebató su proyecto de vida, pero el machismo y las violencias basadas en género les obstaculizan construir el futuro de mujeres amazónicas y defensoras del territorio . 

Fanny Gaviria, lideresa y fundadora de la organización Corpomanigua, afirma que “es muy difícil soñar con el futuro para una mujer cuando en el pasado fue violentada y en el presente lucha por sobrevivir”. Las violencias contra las lideresas y defensoras de derechos humanos han aumentado en los últimos años. Más de tres cuartas partes de los ataques registrados ocurrieron en América Latina. En Brasil, Perú y Venezuela, el 78 % de los ataques se produjeron en la Amazonía, según Global Witness en 2022. 

Fanny Gaviria relata los retos de las mujeres caqueteñas. Por: Ricardo Sánchez Gómez

La organización Somos Defensores,  documentó en 2022, que el 71 % de los asesinatos de defensoras de la tierra, el medio ambiente y el territorio se concentran en los departamentos del Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Putumayo. En estos lugares hay presencia del Clan del Golfo, ELN y disidencias de la extinta guerrilla de las FARC; como también de bandas criminales y cárteles del narcotráfico como ‘Sinaloa’.

Sumado a ello, entre el 1 de enero de 2022 al 7 de marzo de 2023, el Observatorio para la Defensa de la Vida documentó 20 asesinatos contra lideresas y defensoras de derechos humanos.  Según datos recopilados por Pares, la Unidad Nacional de Protección recibió la solicitud de 12.267 mujeres en todo el país durante este mismo periodo. Somos Defensores, en su ultimo reporte que comprende de enero a marzo de 2023, tiene registrados 70 agresiones a defensoras, de las cuales una es el asesinato a razón del género. En este mismo informe, se documentaron dos casos de agresiones hacia defensoras en Putumayo y Caquetá. 

A las agresiones por su liderazgo y ser disruptivas en los roles establecidos por las lógicas patriarcales, las mujeres deben enfrentar otras violencias por la razón de ser mujer. En Caquetá se han presentado 136 casos y en Putumayo 64  de violencia intrafamiliar en el primer semestre del año, según el Informe de Medicina Legal. 

Mariela Álvarez, Nubia Chacón, Magaly Belalcázar en el Caquetá y Paola Chindoy en Putumayo decidieron desde las organizaciones que representan Asudelma, Copomanigua, Funmapaz y Asomi, respectivamente, alzar la voz y defender a las mujeres del Amazonas. El rol del cuidado, que históricamente se les ha otorgado a las mujeres, fue también el impulso para salir del espacio familiar y privado para cuidar el territorio y a las mujeres que viven en él. Como lo dijo una de las lideresas, “la región amazónica tiene nombre de mujer, la Amazonía es vida y vida son las mujeres”. 

Los obstáculos en la defensa de la vida y el territorio 

La “mamita sabedora” Francisca Jacanamijoy, una de las mayoras de la comunidad, cuenta que aunque tenía mucha convicción por formarse y transmitir sus conocimientos de la medicina ancestral, a su esposo no le gustaba que fuera a reunirse con las demás mujeres de la asociación porque era “perder el tiempo”. “Yo le respondía que yo me iba porque yo me quería preparar, quería conocer los problemas que tenemos como comunidad, quería trabajar, e independizarme. Yo me iba con todos los hijos para que él no se quejara”, cuenta.

Francisca Jacanamijoy es una mujer sabedora que conoce de plantas medicinales y medicina tradicional, también es integrante de Asomi. Ricardo Sánchez Gómez

Las mujeres han tenido que enfrentarse a los roles que les fueron asignados  solo por ser mujeres. Así lo relata una de las fundadoras y representante legal de Asudelma,  Asociación Mujeres Sueños del Mañana, Mariela Álvarez,  que se dedica a la promoción de los derechos de las mujeres y a la confección de lencería en busca de la independencia económica de las mujeres caqueteñas. “A los esposos o parejas de muchas de las mujeres no les gusta que ellas asistan a estos espacios, les da miedo de lo que ellas puedan aprender y conocer”, comenta Álvarez.  

No solo las lideresas deben buscar estrategias para que otras mujeres puedan asistir a los espacios de capacitación y formación, y luchar contra su propia familia para poder reunirse. También deben enfrentar la estigmatización y apelativos cuando se manifiestan.  Es el caso de Mujeres, Amazonía y Paz, Funmapaz con su escuela audiovisual, y Asudelma, que pertenecen a la Plataforma de Mujeres del Caquetá,  creada en 2012 y que reúne a más de 25 organizaciones de base.

 

Mujeres integrantes de Funmapaz en su sede en Florencia, Caquetá. Ricardo Sánchez Gómez

“A nosotras nos llaman las locas porque salimos a protestar cuando asesinan a una mujer”, afirma Álvarez. En Caquetá ocurrieron siete feminicidios en 2022. 

La ultima vez que salieron a las calles de Florencia con pancartas y arengas, rechazando la violencia contra las mujeres fue el pasado mes de junio de 2023. Milena Molano Urquina, fue asesinada y desaparecida por su pareja sentimental, un exoficial del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y jefe de seguridad de la cárcel el Cunduy, que ya fue condenado por el crimen. “Nosotras salimos al mediodía para parar el tráfico, es la única manera que la gente vea que nos asesinan, que nos matan, que nos violentan”, cuenta Álvarez

Como lo expresaron varias de las mujeres del Caquetá, las violencias de género tienen una raíz en la cultura de este departamento, donde “la ganadería y la economía tienen una mayor importancia que la defensa de la vida” según Nelson Hoyos, uno de los fundadores de Corpomanigua. El líder relata que desde los distintos momentos de colonización del Caquetá, la mujer ha sido vista como un elemento de intercambio. “Ahora se ve que en este departamento hay más veterinarios que ginecólogos. Si una mujer quiere una cita con un especialista debe trasladarse a otra ciudad porque aquí se mira primero a la vaca”, señala Hoyos. 

La situación no es diferente en Putumayo, este es uno de los 10 departamentos en los que más se presentan hechos de violencia basada en género. Según la Defensoría del Pueblo, desde 2021 y hasta marzo de 2023, se atendieron 455 casos de violencia de los 9.027 que se registraron a nivel nacional.

Según cuenta Paola Chindoy, históricamente “el machismo y el patriarcado” han estado presentes en toda la sociedad y eso incluye a las comunidades indígenas del Putumayo. Desde Asomi han estado fortaleciendo el tema espiritual para hacer entender a los hombres y a las mujeres de las comunidades la importancia de la dualidad. “Si nosotros logramos entender el territorio que es dual, que está el Sol y la Luna y todo así para que sea un equilibrio. Nosotros también hacemos parte de ese equilibrio”, afirma la lideresa.

Paola Chindoy es indígena Kamëntsá y lideresa de Asomi.Ricardo Sánchez Gómez

Asomi es una asociación que nace de una visión que tuvo el tatita Francisco Piguaje durante la conformación de la Unión de Médicos Indígenas Yageceros de la Amazonía Colombiana. Paola Chindoy explica que en 2007, “el taita Piguaje y los taitas de otros pueblos visionaron este camino para que las mujeres también tuviéramos nuestro espacio. Un lugar para que las mamitas compartan su conocimiento. Para empezar a hablar de autocuidado y para visibilizar la fuerza espiritual y sanadora de las mujeres. Es por eso que las fundadoras fueron las esposas de los taitas que se reunían cada que ellos lo hacían”.

Paola Chindoy, lideresa de Asomi, relata cómo el machismo impacta la vida de las mujeres. Ricardo Sánchez Gómez

A diferencia de Asomi, que fue impulsada por los hombres de la comunidad, Funmapaz con su escuela audiovisual, y Asudelma nacieron de las experiencias de vida de las mujeres fundadoras. Tanto la organización indigena del Putumayo como las mujeres caqueteñas trabajan por defensa de sus derechos en un contexto que las violenta constantemente. 

La independencia 

“En el Caquetá las vacas tienen más derechos que las mujeres”, suelen repetir Magaly Belalcázar y  otras lideresas al hablar de cómo los caqueteños ponen  sus ojos casi únicamente a la vocación ganadera del departamento. El ganado tiene una tierra más asegurada que una mujer rural, afirmaron varias de las mujeres entrevistadas. La ganadería extensiva les ha costado sus derechos y los de la selva amazónica. 

Una mujer indígena del Putumayo lleva a su hijo por el sendero sagrado de la Casa de Encuentro Chagra de la Vida. Mocoa, Putumayo. Ricardo Sánchez Gómez

Como lo explica la organización Semillas en su informe ‘Mujeres campesinas sin tierra’, la tierra es el activo productivo  más importante para la población campesina y negar a la mujer rural el derecho de propiedad  representa continuar en una dependencia económica de los hombres y este es  aún más complejo en  un contexto de conflicto armado. A pesar de que la legislación ha avanzado desde la reforma agraria de 1994 y de la expedición en 2002 de la Ley de Mujer Rural, la cual dispuso garantizar la titularidad de tierra a mujeres, no es muy claro cuánto se ha avanzado. Para las mujeres sigue siendo una forma de violencia no poder acceder a la tierra y por ende depender económicamente del hombre. 

Las organizaciones en el Caquetá no solo trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres sino también en brindar estrategias que permiten mejorar la calidad de vida de ellas y  sus familias. Corpomanigua lleva varios procesos en lo que está presente la soberanía alimentaria, en que las mujeres pueden adquirir nuevos conocimientos que les permitirá explotar la tierra de una manera adecuada con el ambiente y que les otorgará beneficios económicos. Sobre todo cuando son desplazadas a la ciudad, están sin tierra y deben enfrentarse a ser las jefes del hogar.  En Asudelma, en Florencia, las mujeres alejadas de la tierra para cultivar, encontraron en la costura una forma de aprender a subsistir económicamente. Un cúmulo de herramientas que les permite mejorar su calidad de vida y salir de los entornos violentos

Mariela Álvarez es una de las fundadoras y la representante legal de Asudelma, en Florencia, Caquetá. Ricardo Sánchez Gómez

En el informe Retos para la igualdad de género en Florencia y Caquetá, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, se asegura que para 2018, el 42,6% de las mujeres del Caquetá realizan oficios del hogar como actividad principal, frente a 3,8% de los hombres del departamento. Este panorama es muy parecido al que viven las mujeres en Putumayo. Según este mismo documento, el 39% de las mujeres del Putumayo se dedicaban a esta actividad.

Las mujeres indígenas de Asomi han buscado, también, la forma de mejorar su calidad de vida a través de un proyecto turístico. Además de ser una forma de sustento para la asociación, es el lugar de encuentro y hospedaje de las mujeres y comunidades indígenas que llegan hasta Mocoa para intercambiar saberes e incluso semillas. El lugar llamado Casa de Encuentro Chagra de la Vida se encuentra en la vereda Planadas de Mocoa. 

 Recorrido por el sendero sagrado de la Casa de Encuentro Chagra de la Vida, de Asomi. En Mocoa, Putumayo Ricardo Sánchez Gómez

En ese territorio, de unas 52 hectáreas que queda a tan solo unos minutos de la cabecera municipal de la capital del Putumayo, Asomi pretende garantizar la soberanía alimentaria y la preservación del medio ambiente. Allí llevan varios procesos de reforestación en las zonas que fueron afectadas por la ganadería extensiva además de promover el conocimiento sobre plantas medicinales. 

El relevo generacional 

Yuliana Castro, una mujer de 20 años en Caquetá, se ha formado toda la vida para la defensa de los derechos de las mujeres al lado de su mamá Mariela Álvarez, la representante de Asudelma. A 244 kilometros, se encuentra  Brigitte Escobar, una  jóven líder indígena de 19 años,  de la comunidad Siona en el Putumayo. Ambas han visto a sus mayoras enfrentar los retos de liderar los procesos organizativos y ahora ya trabajan activamente por la defensa del territorio. 

Es claro que las más jóvenes no son ajenas a los problemas de género en sus territorios. Brigitte Escobar asegura que una de las grandes preocupaciones que tiene sobre la apropiación de su cultura por parte de los más jóvenes, es la falta de oportunidades que tienen dentro del resguardo y la poca formación en los conocimientos ancestrales. Ella cuenta que, en el departamento, se tienen que buscar espacios de liderazgo y educación que ayuden a sanar las cicatrices que dejó el conflicto armado en las mujeres. 

“Aunque pasamos el conflicto armado y tuvimos una situación de vulnerabilidad que nos dejó cicatrices y heridas, tenemos que saber cómo comenzar a sanar y generar esa sororidad con mis otras compañeras indígenas de que no tener ese recelo, sino de decir, amiga, compañera venga, vamos, construyamos y sigamos tejiendo para el bien colectivo”, asegura Brigitte. 

La lideresa no solo es parte de los directivos del resguardo Siona, sino que también es comunicadora social. Con su corta edad, pero amplia experiencia, se ha dedicado a denunciar las problemáticas que tiene su pueblo, como el confinamiento y el desplazamiento por el conflicto armado e incluso el desarraigo al que están siendo sometidos los niños de la comunidad por la misma situación. Para la joven, su entrada a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia fue la oportunidad perfecta para además, emprender caminos de autocuidado y de apropiación de sus costumbres y con esto luchar por un mejor acceso a la educación y por el rescate de los saberes ancestrales.

Yuliana Castro que también está en la universidad, estudiando ingeniería de sistemas, desde el Caquetá, habla con propiedad que ahora es tiempo de poner en práctica todo lo que le ha enseñado su mamá Mariela y las mujeres de Asudelma y de la plataforma. “En la universidad o en la calle veo injusticias, veo machismo y debo pararme y decir no”. 

Desde hace un tiempo se involucró activamente en la organización. Absorbe las experiencias de las mujeres que pasan por su casa, un lugar de refugio en casos de violencia. Yuliana transmite a más mujeres jóvenes qué hacer en caso de sentirse víctima, qué pasa, cómo activar la ruta y sobre todo, acompaña en identificar esas violencias simbólicas, que sus amigas y compañeras ven normales. 

Yuliana Castro estudia ingeniería de sistemas y es integrante de Asudelma. Posa con una de las prendas elaboradas por la Asociación. Ricardo Sánchez Gómez

Para Asuldema la llegada de Yuliana ha significado dos cosas: la primera,  captar la atención de mujeres jóvenes como ella y que quieren aprender sobre género; la segunda, ha sido quien ha impulsado varios procesos de comunicación, diseño y difusión en redes sociales sobre el trabajo de costura que realizan. “Ahora podemos compartir lo que hacen las mujeres en redes sociales, que más personas conozcan el trabajo que realiza Asudelma”, sentenció Yuliana. 

Tanto Yuliana como Brigitte desde niñas han estado al frente de la defensa por los derechos de las mujeres amazónicas y del territorio. Saben que el camino puede no ser fácil, que hay mucho en lo que trabajar pero también conocen la satisfacción de poder ayudar a otra mujer a salir de la violencia y de recuperar un territorio violentado, maltratado y quemado.

A pesar de las dificultades, el arraigo a su tierra es más fuerte. La lucha de las mujeres ha surgido, se han unido , se han fortalecido y no va  a desfallecer pronto. Asomi logró crear una reserva de la sociedad civil y esperan que pronto se formalice como una reserva ambiental natural manejada por las mismas mujeres de las comunidades indígenas. Mientras que las mujeres que componen Asudelma, Funmapaz y Corpomanigua sueñan con que en  Caquetá no las asesinen y tampoco les quiten los sueños que la guerra les quitó.

 

*Una investigación con el apoyo de OXFAM COLOMBIA 

 


 

Actualizado el: Jue, 10/19/2023 - 16:34

Parque Sierra de La Macarena: guardaparques declarados objetivos militares por grupos ilegales no pueden ingresar al área protegida

*Los guardabosques tienen prohibida la entrada al Parque Sierra de La Macarena desde hace dos años por órdenes de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

*El Parque Sierra de La Macarena es el segundo parque nacional amazónico de Colombia con mayor deforestación acumulada entre 2015 y 2022 con 22 146 hectáreas perdidas, solo detrás del Parque Tinigua. 

*Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, la ganadería extensiva y el acaparamiento de tierras son las principales causas de la deforestación en el Parque Sierra de La Macarena. Desde el 2016 se incrementaron en 80,87% las cabezas de ganado en los municipios que comprenden al parque. 

 

Por: Juan Carlos Granados Tuta con reportería de Ana Rodríguez Ortiz. Este reportaje es parte de una alianza periodística entre Mongabay Latam y Rutas del Conflicto de Colombia

Cada mes llega el avión militar llamado Hércules al municipio de La Macarena, Meta, con provisiones para las personas de la zona. Esta portentosa pieza de ingeniería anuncia su llegada con antelación. Con el fuerte sonido de sus turbinas logra opacar el constante ruido de los pitidos de las motos que abundan en el lugar. La motocicleta es el medio de transporte más usado en la región porque le permite a los habitantes movilizarse con más facilidad por las vías, especialmente en la zona rural.

Uno de los caminos que más utiliza la gente de La Macarena es la llamada “Trocha ganadera”, recientemente bautizada como Sendero Ecológico por la Paz. Esta carretera de 139 kilómetros fue ampliada por las FARC en 2003 y es la opción más rápida para llegar a Vistahermosa, municipio en el que muchos acceden a servicios de salud y se abastecen de comida. Sin embargo, esta vía atraviesa también al Parque Nacional Natural (PNN) Sierra de La Macarena y es uno de los principales focos de deforestación de esta área protegida. 

Un equipo de Rutas del Conflicto y Mongabay Latam viajó a La Macarena para investigar la situación que se vive en el PNN. Recogió el testimonio de líderes campesinos y ambientales y recorrió un tramo de la “Trocha ganadera”. Árboles caídos y ganado, una de las principales causas de deforestación de este parque nacional, son la fotografía de un área protegida que no deja de perder su bosque. En algunas partes del trayecto la tala ha sido tan extensa que da la impresión de que ese es el estado natural del ecosistema, pero después reaparecen árboles frondosos y es justo en ese momento donde se logra dimensionar la gravedad de la situación ambiental.

La ganadería extensiva es una de las amenazas que enfrenta el Parque Nacional Sierra de la Macarena. Las reses de la foto están al lado de la Trocha Ganadera. Créditos: Ana Rodríguez Ortiz para Rutas del Conflicto y Mongabay Latam.

La deforestación en el Parque Sierra de La Macarena se agudizó tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las antiguas FARC en 2016. En ese año se perdieron en este PNN 1499 hectáreas y al año siguiente 3576. En 2020, la deforestación en Sierra de la Macarena alcanzó su pico de los últimos años con un total de 3629 hectáreas. Sin embargo, comparando la deforestación del 2021 respecto a la del 2022, hubo una reducción del 15,02%, pasando de 3222 hectáreas tumbadas a 2738, según las cifras del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). En 2023, según el sistema de monitoreo de bosques en línea Global Forest Watch, en el PNN Sierra de La Macarena se han presentado 29.585 alertas de deforestación entre el 1 de enero al 15 de septiembre. 

La expansión de la ganadería a gran escala, así como el acaparamiento de tierras asociado no da tregua a esta importante área protegida que hace parte de un corredor de biodiversidad junto a los parques Tinigua y Picachos permitiendo la conectividad andinoamazónica. Sin embargo, monitorear la situación hoy es prácticamente imposible para Parques Nacionales. Los guardaparques tienen prohibida la entrada al área protegida desde el año 2021. Además, un año más tarde la situación empeoró cuando el 15 de mayo de 2022 circuló por WhatsApp un panfleto en el que las disidencias de las FARC declaraban objetivos militares a las autoridades ambientales encargadas de las áreas protegidas. 

Parques Nacionales le aseguró a Rutas del Conflicto y a Mongabay Latam que este 2023 grupos armados le manifestaron a líderes de las comunidades de San Juan de Arama y La Macarena, dos municipios donde está parte del PNN Sierra de La Macarena, que sigue restringido el ingreso y prohibido todo vínculo con el personal de la institución. 

¿Cómo proteger un parque cuando el equipo de guardaparques ha sido declarado objetivo militar por un grupo armado ilegal? ¿Qué está pasando en el territorio y qué medidas ha tomado el Estado?

Panfleto de 2022 de las disidencias de las FARC-EP en el que prohíben el ingreso a la zona de La Macarena a los guardaparques y funcionarios ambientales. Crédito: imagen entregada por Parques Nacionales.​

El riesgo de oponerse a la destrucción ambiental

Los guardaparques y funcionarios ambientales están  bajo constante amenaza por su oposición a la deforestación y la vigilancia de estas actividades. En 2008 a José Martín Duarte, guardaparques del PNN Sierra de la Macarena, un grupo armado le disparó por la espalda y el crimen nunca se esclareció. Diez años más tarde, en mayo de 2018, personas no identificadas quemaron la cabaña del centro de visitantes en Caño Cristales, un atractivo turístico conocido como el río de los siete colores. 

El 3 de diciembre de 2020 Javier Francisco Parra Cubillos, coordinador regional de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena), fue asesinado. Parra se encontraba en el municipio de La Macarena cuando dos personas que iban en moto le dispararon y huyeron del lugar rápidamente. En julio de 2021, el expresidente Iván Duque anunció que alias 'El Negro' y alias 'Milton' fueron capturados por ser los presuntos asesinos de Parra. Según sostuvo el exmandatario, estas dos personas pertenecían a la estructura ‘Jorge Briceño’ de las disidencias de las FARC.

Parches de deforestación en zona de La Macarena fotografiados desde un avión. Crédito: Ana María Rodríguez Ortiz para Mongabay Latam y Rutas del Conflicto.

Todos estos hechos describen lo que significa ser un guardaparques del PNN Sierra de la Macarena y las razones por las que este grupo de funcionarios no puede poner un solo pie en ciertas zonas del área protegida. Lo trágico es que algunos de estos casos no sorprendieron a quienes los conocían. “El asesinato de 'Pacho' fue una tragedia anunciada. Todos en el municipio de La Macarena sabíamos que le iba a pasar algo porque se estaba oponiendo fuertemente a las disidencias (de las FARC) y aun así (el Estado) no lo protegió. Se opuso con vehemencia a lo que estaba ocurriendo en la zona desde su rol como autoridad ambiental”, comenta Fernando Sacristán, exfuncionario de Cormacarena. Sacristán cuenta que en el momento en que asesinaron a Francisco Parra las dinámicas deforestadoras en la zona estaban aumentando considerablemente y que el coordinador de Cormacarena era consciente del riesgo que corría, pero aun así decidió quedarse en la región. 

La principal causa de deforestación dentro del PNN Sierra de La Macarena, según el IDEAM, es la ganadería extensiva. Y de acuerdo con los datos del Instituto Agrícola Colombiano (ICA), el aumento progresivo de la ganadería en la zona se ha dado desde el 2016. En 2016, los municipios que comprenden al PNN Sierra de La Macarena (La Macarena, Mesetas, Puerto Rico, Puerto Concordia, San Juan de Arama y Vistahermosa) reportaron, en conjunto, 407 293 bovinos y en 2022 un total de 736 653, lo que significa un aumento del 80,87% en este periodo de tiempo. Cabe precisar que no todas las reses están al interior del área protegida.

La ganadería, además, viene acompañada de un segundo problema: el acaparamiento de tierras. Carlos Rodríguez, un líder campesino y ambiental de La Macarena, cuenta que la ganadería a gran escala no es posible para los campesinos del común y que hay intereses de grandes deforestadores. “A la gente que vive dentro del parque les pagan por tumbar árboles. No sabemos quién, pero no son personas de la región. Además, al ser una zona de parque le compran el pedazo de tierra al campesino a precios bajísimos y así van acumulando el terreno sin que nadie se entere”, relata el líder social. Según la respuesta de Parques Nacionales a una solicitud de información de esta alianza, hasta el 2019 la entidad había registrado que dentro del PNN Sierra de La Macarena vivían 664 familias. 

Además, de acuerdo con el IDEAM, “el acaparamiento de tierras que se realiza a través de la praderización, incluso al interior de las áreas protegidas, se encuentra dinamizado por la expansión de la infraestructura de transporte no planificada y la tala ilegal”. Parques Nacionales le dijo a esta alianza que según las bases de datos que el ICA les ha aportado, durante el segundo ciclo de la vacunación contra la Fiebre Aftosa que se realizó entre noviembre y diciembre de 2021 se registraron 88 predios pecuarios con 5506 animales inoculados dentro del PNN Sierra de La Macarena. En la resolución 3379 del presente año, el ICA estableció que los titulares de los predios que desarrollan la actividad bovina dentro de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales tienen hasta el 31 de marzo del 2024 para retirar a los animales de las zonas protegidas. 

Una persona que ha trabajado en el área del parque nacional que prefirió no ser citada por razones de seguridad, asegura que las zonas más afectadas por la deforestación en este parque se encuentran a las orillas de los ríos, quebradas, caños y en las partes donde se han trazado carreteras. “Las vías surgen de las trochas que comunican puntos poblados, escuelas, puertos sobre los ríos”, dice y explica que “la tala ocurre en estas partes porque al margen de los afluentes se establecieron los sistemas de transporte y las fincas dentro del PNN”.

En la carretera que conecta a La Macarena con Vistahermosa las personas conducen de memoria. Todos sortean sin dificultades las complicaciones de la trocha, como por ejemplo los charcos que se generan cuando llueve. Es tanto el abandono estatal que durante el trayecto hay peajes comunitarios en el que cada motociclista paga dos mil pesos para el mejoramiento del sendero. En esta vía no hay presencia de miembros de la fuerza pública. Al preguntarle a un habitante de La Macarena quién custodia el camino respondió que “en algunas ocasiones aparecen miembros de las disidencias de las FARC. La mayoría son jóvenes, tienen menos de 30 años”. 

De hecho, según Parques Nacionales hay “una dinámica de ocupación desde el municipio de Vistahermosa, por la ruta denominada Trocha ganadera (actualmente sendero por la Paz), hacia el municipio de La Macarena, llegando al río Guayabero aguas abajo margen izquierdo, hasta la confluencia con el río Cafre, aguas arriba margen izquierdo”. Además, la entidad manifestó que otro sector con apertura de frontera agrícola es la parte norte de la Sierra de la Macarena entre los municipios de San Juan de Arama y Mesetas.

Rodríguez Ortiz.

“En este parque hay mercados de tierras, ganadería, fincas, centros poblados, tumba de selva, cultivos de coca. Esto ha sido incentivado por la colonización promovida por el Estado, la guerrilla y de manera espontánea por las bonanzas de la región”, afirma la persona que trabajó en la zona del PNN Sierra de La Macarena.

Pero la ganadería extensiva no es el único problema que enfrenta el parque. En 2017 y 2018, fue el área protegida con mayor cantidad de cultivos de uso ilícito con 2832 y 1840 hectáreas de coca respectivamente y en 2019 fue la segunda con 1104. En 2021, fue el cuarto parque con más cultivos de coca con 1248 hectáreas y en 2022 fue el quinto con 1284, detrás de los parques Paramillo, La Paya, Nukak y Catatumbo, representando el 12,08% de la totalidad de los cultivos de coca en los parques nacionales.

Todos estos problemas ponen en riesgo al parque nacional. Sin embargo, no pueden ser examinados por la entidad porque “los trabajadores de Parques no pueden ir a las zonas en donde se supone que suceden las dinámicas de praderización dentro del PNN”, explica una fuente entrevistada en terreno a la que protegemos por seguridad. 

Aviso a la entrada de la vereda La Florida, cerca del Parque Nacional Sierra de la Macarena donde se advierte de no cazar con perros, no movilizar ganado entre las 6 pm y 6 am. Créditos: Ana Rodríguez Ortiz para Rutas del Conflicto y Mongabay Latam. 

Disidencias prohíben la entrada de guardaparques al área protegida

Uno de los hechos que agudizó la situación de seguridad de los guardaparques y funcionarios del PNN Sierra de la Macarena fue la Operación Artemisa, la campaña militar del presidente Iván Duque contra la deforestación que aumentó la tensión social y el rechazo a los funcionarios de Parques Nacionales. “Durante las acciones militares de Artemisa en 2021, desde el Gobierno se dijo que Parques Nacionales respaldó estos operativos, entonces después de las capturas de campesinos y la destrucción de viviendas en el PNN Sierra de La Macarena, la gente no quiso volver a saber de la entidad y las disidencias declaró a Parques su enemigo permanente por supuestamente avalar los operativos del Ejército”, relata la persona en terreno.

Las acciones de la Operación Artemisa, en las que se capturaron a 13 personas presuntamente responsables de deforestar al interior del parque, llevaron a que las disidencias de las FARC declararan objetivo militar a los funcionarios de Parques Nacionales. "Está prohibido tener relación con los guardabosques, estos temen por su vida y ya no pueden ingresar a la Sierra de La Macarena. También se comentó que las disidencias planeaban colocar una bomba al lado de la sede de Parques, pero que al estar al lado de la escuela prefirieron no hacerlo", dice la fuente del territorio a la que protegemos por su seguridad.

Parques Nacionales le especificó a esta alianza periodística que los guardaparques no tienen acceso al “sector Cabra Yarumales, sector Cafre, y sector Guayabero por amenazas por el ejercicio de la autoridad ambiental, cultivos ilícitos, presencia y accionar de grupos armados ilegales”.

 

Cascada El Mirador en el Parque Sierra de La Macarena. Créditos: Ana Rodríguez Ortiz para Rutas del Conflicto y Mongabay Latam.

 

De acuerdo con los datos de la Unidad de Víctimas referidos por la ONG Parques Cómo Vamos, organismo que se creó en 2011 para atender y reparar a las víctimas del conflicto armado en Colombia, en los municipios que comprenden el PNN Sierra de La Macarena fueron desplazadas 122 201 personas, se realizaron 1370 actos terroristas y hubo 755 víctimas de minas antipersonas. Pero a pesar del Acuerdo de Paz en 2016 con las FARC, la presencia de grupos armados no ha cesado en el área protegida.

Según Parques Nacionales, el Bloque Suroriental de las disidencias de las FARC es uno de los grupos armados que más presencia tiene en el PNN Sierra de La Macarena. Además, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo también hacen presencia en la zona junto a la estructura narcoparamilitar Bloque Meta. Parques Nacionales mencionó que estos grupos sucesores del paramilitarismo han hecho recorridos esporádicos por San Juan de Arama, Vistahermosa y cabeceras municipales. 

Ante este panorama, en 2023 la Defensoría del Pueblo, que evalúa el nivel de riesgo sobre las labores de los defensores de derechos humanos, alertó que los seis municipios en los que el PNN Sierra de La Macarena tiene jurisdicción se encuentran en un nivel de riesgo alto. 

La fuente local a la que protegemos su idntidad explica que los encargados de cuidar el PNN Sierra de La Macarena solo pueden entrar a ciertas partes del área protegida, por ejemplo, El Raudal. Justamente esta es una de las principales zonas donde actualmente Parques Nacionales realiza trabajos de ecoturismo. 

Hoy Parques también puede realizar monitoreo satelital de focos de calor —que podrían sugerir eventos de incendios forestales con fines de deforestación— para determinar cuántas hectáreas se están perdiendo. La fuente señala que los casos de deforestación o quemas son informados a las alcaldías, debido a que estas sí pueden ingresar a las zonas afectadas.

Los municipios que comprenden al PNN Sierra de La Macarena reportaron, en conjunto en 2022, un total de 736 653 reses. No todas están al interior del área protegida. Créditos: Ana Rodríguez Ortiz para Rutas del Conflicto y Mongabay Latam.

Trabajar en la zona, sin embargo, es extremadamente difícil debido a las condiciones de inseguridad. “En este parque hay muchas complicaciones porque si un funcionario inicia trabajos ambientales con un líder comunitario durante un tiempo no se sabe si se va a poder continuar porque pueden que lo asesinen o le toque irse de la zona”, afirma la fuente en terreno. Pese a esto, los guardaparques de esta área han logrado realizar 738 recorridos de vigilancia y prevención desde 2016 a 2023.

La persona en el territorio explica que ha habido acercamientos entre las comunidades y los guardaparques tras la llegada del gobierno de Gustavo Petro, pero dice que no ha sido posible restaurar la confianza entre los campesinos que viven dentro del PNN y la entidad debido a la situación de seguridad. “A algunas comunidades les gustaría dialogar con Parques, pero ellos no les pueden garantizar protección a los guardabosques porque las disidencias son las que controlan el territorio y para ellos la entidad es un enemigo”, asevera la fuente. 

Parques Nacionales le dijo a Rutas del Conflicto y Mongabay Latam que la situación de deforestación en el PNN Sierra de La Macarena ha disminuido considerablemente en 2023. Según un líder social de La Macarena que no es citado para preservar su seguridad, desde finales del año pasado las disidencias de las FARC ordenaron detener el ritmo de la tala de bosque que se venía presentando. “La guerrilla estableció ese mandato y la deforestación se redujo considerablemente gracias a diálogos de las comunidades que han intercedido en este proceso”, cuenta. Además, como “las disidencias son la autoridad en la región ante la ausencia estatal, nadie se atreve a llevarles la contraria”, agrega.

Vista desde el Parque Sierra de la Macarena en el sector El Mirador, como lo llaman los guías turísticos. Créditos: Ana Rodríguez Ortiz para Rutas del Conflicto y Mongabay Latam.

El líder comenta que tras la orden de las disidencias de no deforestar nadie tumba más bosque de lo permitido. “No ha habido anuncios de la guerrilla sobre las consecuencias de talar más de lo establecido, pero en la región sabemos que si no se acata la orden puede pasar algo grave, entonces nadie se arriesga a tumbar más de la cuenta”, relata el líder.

Para la fuente local consultada, la orden de las disidencias de disminuir la deforestación le permite al respirar un poco al medio ambiente. No obstante, comenta que esto es una muestra de las dificultades y barreras del estado y Parques Nacionales para ejercer su autoridad. “Ahora la situación está mucho más tranquila en términos de deforestación, pero la guerrilla puede decir que se reanuda el derribamiento de bosque en algún momento y no hay forma de controlarlo”, afirma.

*Imagen principal: Vista panorámica desde el sector El Mirador del Parque Nacional Sierra de la Macarena. Créditos: Ana Rodríguez Ortiz para Rutas del Conflicto y Mongabay Latam.


 

Actualizado el: Mar, 10/17/2023 - 17:56

Parque Nacional Amacayacu: rodeado por la minería ilegal y controlado por grupos armados que restringen el ingreso de guardaparques

  • Los guardaparques del departamento del Amazonas, incluidos los del Parque Nacional Amacayacu, no pueden hacer presencia constante en las áreas protegidas desde que fueron desplazados en 2020. El río.

  • Purité, tanto del lado de Brasil como el de Colombia, tiene presencia de minería ilegal. En el último sobrevuelo de julio realizado por la Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro, una coalición de organizaciones y entidades estatales, se contaron cerca de 16 dragas en ambos países

  • El territorio de las comunidades tikuna se superpone con el del Parque Nacional Amacayacu. Esta comunidad a través del ecoturismo busca proteger y conservar el territorio

Por: Pilar Puentes. Este reportaje hace parte de una alianza periodística Mongabay Latam y Rutas del Conflicto

Entre los ríos Putumayo y Amazonas se encuentra el Parque Nacional Natural (PNN) Amacayacu. Esta área protegida, que en lengua quechua quiere decir “tierra de las hamacas”, se extiende por unas 267 300 hectáreas de selva húmeda tropical cálida y bosques inundables, que representan casi el 40 % de la superficie total del Trapecio Amazónico, nombre con el cual se conoce a la zona de la triple frontera entre Colombia, Perú y Brasil. Amacayacu fue la primera área natural protegida declarada en la región de la Amazonía colombiana, en 1975, y su territorio se superpone con el 18% de tres resguardos indígenas mayoritariamente tikunas.

Para los científicos, expertos de la zona y las comunidades indígenas que lo habitan, el Parque Nacional Amacayacu está dividido en dos. El norte, que se extiende desde el río Cotuhé, está marcado por la minería ilegal, el narcotráfico y la presencia de grupos armados que mantienen desde el 2020 restringido el acceso a funcionarios de Parques Nacionales. El sur, que está en las desembocaduras del río Amacayacu y la quebrada Matamatá, a una hora y media de Leticia —la capital del departamento de Amazonas—, es un territorio que le apuesta al ecoturismo, a la conservación y preservación del bosque. 

Un equipo de periodistas de Mongabay Latam y Rutas del Conflicto viajó a la zona sur del parque, la única a la que por razones de seguridad es posible acceder, y navegó el imponente río Amazonas, donde los delfines nadan tranquilamente cerca de las embarcaciones, para acceder a dos de los tres resguardos indígenas. Allí, levantó testimonios de sus habitantes y de autoridades tradicionales, de expertos y otras fuentes conocedoras de la zona para conocer cuáles son las amenazas que afectan a esta área protegida, a sus guardaparques y a las comunidades que habitan en ella.

Un aviso de Amacayacu señala que la tala ilegal y la contaminación están prohibidas. No obstante, la minería ilegal afecta el norte del área protegida, según la reportería realizada. Crédito: Juan Carlos Contreras para Rutas del Conflicto y Mongabay Latam.

Sin guardaparques 

El departamento del Amazonas cuenta con tres parques nacionales naturales: Amacayacu, Río Puré y Cahuinarí. También alberga una parte del Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis. Sin embargo, en la única de estas áreas protegidas donde puede existir una presencia constante de los funcionarios de Parques Nacionales Naturales (PNN), la entidad que en Colombia tiene a cargo la administración y la protección del sistema nacional de parques y la coordinación de áreas protegidas, es Amacayacu, pero no en todo su territorio sino únicamente en la parte sur. 

Todo cambió en febrero de 2020. Ese año los funcionarios del parque nacional fueron citados por las disidencias de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para advertirles que debían salir del territorio en pocas horas. En ese encuentro les quitaron a los funcionarios las balsas, los motores, la gasolina, los GPS, los computadores y los radios que llevaban. Desde ese evento se han presentado hasta la fecha cuatro amenazas a funcionarios que protegen Amacayacu, según fuentes consultadas en la zona. En Leticia, capital del departamento del Amazonas, una fuente que conoce el área —de quien se omite su nombre por temas de seguridad— asegura que las disidencias han hecho pública su presencia en la zona y hoy restringen la movilidad de los guardaparques.

En el territorio, sin la presencia física de los funcionarios de PNN, los ríos han quedado abiertos a la ilegalidad y sin puntos de control. Uno de los voceros de la Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro —coalición de  organizaciones que investiga los impactos de la minería y la contaminación por mercurio—, quien pidió la protección de su nombre, asegura que tras la salida de los guardaparques, las operaciones de minería y narcotráfico se incrementaron en el lado norte de Amacayacu.

Estas actividades, sumadas al comercio ilegal de madera y el aumento de cultivos ilícitos de coca en la zona fronteriza con Perú, han puesto en riesgo no sólo los ecosistemas, sino también la salud y las formas de vida de las comunidades indígenas que viven entre Colombia, Perú y Brasil.

En voz de un exfuncionario de PNN e investigador de la Alianza, los guardaparques no solo cumplían la función de protección y vigilancia ambiental en el territorio, sino también una labor social. “Cuando el guardaparque se va, también se le quita esa especie de referente a los niños que solo ven al narcotraficante o al minero como un modelo a seguir”. 

Actualmente, para los funcionarios de Parques Nacionales es imposible acceder a la parte norte del parque, considerando las constantes amenazas y la presencia de actores armados que exigen que nadie use en el territorio uniformes o el logo de la entidad que vela por el área protegida, como lo relataron investigadores en terreno que pidieron por seguridad la protección de sus nombres.

Amacayacu cuenta con tres cabañas o puestos de control y vigilancia de PNN, más la sede operativa ubicada en Leticia. Sin embargo, solo una continúa operando con toda su capacidad. La primera, Lorena, ubicada sobre el río Cotuhé, no cuenta con funcionarios debido a la presencia de grupos armados y, según entrevistas hechas en terreno a fuentes locales, es usada incluso por estas agrupaciones ilegales en algunas ocasiones. 

La segunda cabaña, Yewae, que es el centro de visitantes al parque, también está inactiva aunque una pequeña área es utilizada para actividades investigativas y recibir a visitantes. La tercera, Matamata Amacayacu, una pequeña cabaña blanca con tejas verdes desgastadas, que ven los turistas al pasar en las pequeñas embarcaciones para llegar a las comunidades de  Mocagua, Palmeras y San Martín. La cabaña es usada como puesto de control y es el sitio más cercano que tienen los indígenas para contactarse con los funcionarios de parques.

Hasta el 2019, eran 33 los funcionarios a cargo de la protección del parque. Hoy esta área protegida sólo cuenta con 18 personas para encargarse de las 267 240 hectáreas, confirmó PNN a Mongabay Latam y Rutas del Conflicto.

Desde que la presencia de Parques Nacionales se vio reducida, según una alerta emitida por la Defensoría del Pueblo este año, las comunidades del Resguardo indígena río Cotuhé-Putumayo, que se encuentran cercanos al caserío de Tarapacá y que son vecinas del PNN Amacayacu por el lado norte, quedaron a merced del crimen organizado.

Fronteras porosas 

La triple frontera entre Perú, Brasil y Colombia se ha convertido en un punto que atrae a mineros ilegales que operan con total impunidad, aseguran expertos. “La Armada hace operativos para sacar a las mafias y combatir la minería. Se hace el operativo, pero cuando se acaba salen nuevamente los mineros y todo queda como si no hubiera pasado nada”, manifestó una fuente entrevistada en terreno a la que protegemos por seguridad. 

La dificultad para combatir este delito se debe, en parte, a que la minería que existe en la zona es fundamentalmente fluvial, realizada por dragas instaladas sobre embarcaciones que se van desplazando a lo largo y ancho de los ríos. Rastrear y detener estas dragas que se esconden con facilidad en los caños de los ríos y que rápidamente penetran en las fronteras de otro país es un reto difícil de sortear. “Hay una violación de frontera de lado a lado. Es como jugar al gato y al ratón. Si se hace un operativo en el lado brasilero, los mineros se pasan al costado colombiano. Si se hace en el lado peruano, se pasan a Colombia y viceversa”, afirmó la vocería de la Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro.

El coronel retirado Miguel Tunjano y analista de políticas públicas explica que la minería y las economías ilegales presentes en el trapecio amazónico se deben principalmente a que los grupos armados e ilegales pueden movilizarse con cierta libertad por el territorio dada la debilidad institucional y al acceso “sencillo” a tres países por vías fluviales poco vigiladas.  Según un estudio hecho por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), en junio de 2023, la mayor actividad minera se presentaba en el río Purité,  al límite oriental del PNN Amacayacu. 

Así pudo comprobarlo también la Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro cuando hizo un sobrevuelo a comienzos de julio de este año en el que registró alrededor de 200 dragas en la frontera del departamento de Amazonas con Brasil. De estas, 13 se encontraban en el río Purité que nace en el PNN Amacayacu. Además, pudo comprobar la presencia de tres dragas en la frontera de Perú y Colombia en el río Cotuhé. El problema, insiste la vocería de la Alianza, es que si “hay un operativo en cualquiera de los dos países, (para los mineros ilegales) es solo prender el motor y pasarse al otro”. 

Juan Felipe Guhl, coordinador del programa de investigación dinámicas socioambientales del Instituto Sinchi, dependiente del Estado, concuerda en que “la frontera es porosa, lo que hace que los operativos sean muy complejos de hacer” y el problema, sostiene, es que  “no hay una coordinación entre los tres países”.

Además, aquello tiene impactos sobre las comunidades que quedan a merced de la minería ilegal, agrega un informe del Instituto Sinchi publicado en 2020. En un inicio, dice el estudio, la minería “fue externa a las comunidades, como producto de la llegada de balseros brasileños y peruanos y después de colombianos que hicieron suya la tecnología. Los líderes y las comunidades aceptaron en un principio la presencia de balseros y se fueron vinculando progresivamente a las actividades de minería ilegal y la convirtieron en fuente de ingresos”. Sin embargo, la llegada masiva de balseros tras la pandemia y la presencia de armados tras la firma del Acuerdo de Paz, crearon condiciones adversas de seguridad para las comunidades indígenas y cambios en su cultura. 

La comunidad Tikuna Mocagua vive en su resguardo que se superpone con el área del Parque Nacional Amacayacu. Los indígenas y los guardaparques protegen Amacayacu. Crédito: Juan Carlos Contreras para Rutas del Conflicto y Mongabay Latam.

Por ejemplo, algunos pobladores indígenas se vuelven trabajadores en las balsas y dragas, asegura Juan Felipe Guhl y “deben enfrentarse a jornadas laborales prolongadas, sin descansos, sacando arena y todo del fondo de los ríos”. Las mujeres, por su parte, encuentran trabajo en la cocina y lavando la ropa de los mineros. Otras quedan embarazadas de mineros que nunca más vuelven a ver y cuando hay operativos y son exitosos, las cocineras también son judicializadas, asegura el investigador. De esa manera, las economías ilegales fragmentan el tejido social de estas comunidades, explica.

Otro de los problemas identificados tanto por la Alianza como por Guhl, son los altos índices de mercurio en los ríos amazónicos. Según el Instituto Nacional de Salud (INS), una persona expuesta al mercurio no debería tener más de 15 microgramos del metal por litro en la sangre. El problema es que, por lo menos en la cuenca media del río Caquetá que desemboca en el río Puré, ya se comprobó que aquel límite se supera ampliamente. Se encontró que sus habitantes registraron hasta 100 microgramos de mercurio por litro de sangre, más de seis veces el máximo permitido.

Además, el dragado de los ríos que realizan los mineros para obtener el oro hace que aumente la cantidad de sedimentos, afectando a la pesca. Esto ocurre en dos momentos: cuando se remueve el material del suelo y es arrastrado por la corriente. Y cuando el material extraído es lavado en tolvas, un contenedor parecido a un embudo, y el conjunto de partículas que quedaron en el fondo del recipiente se vierte en el agua. En concreto, lo que ocurre es que el incremento de la turbidez impide que el sol llegue a las plantas y microorganismos afectando la vida bajo el agua. Por eso, a las comunidades se les dificulta encontrar grandes peces y si lo hacen seguramente tendrán altos niveles de mercurio, aseguran las investigaciones proporcionadas por el Sinchi. 

Las comunidades indígenas ubicadas al sur de Amacayacu se transportan a través del río Amazonas. Se han dedicado a proyectos sostenibles y la protección de los micos. Crédito: Juan Carlos Contreras para Rutas del Conflicto y Mongabay Latam.

La coca, otro problema de ilegalidad en la triple frontera 

La región del Bajo Amazonas donde está el PNN Amacayacu no solo es afectada por la presencia de grupos armados, la minería ilegal y la imposibilidad de los guardaparques de volver a toda su área. En la región cercana al parque, aunque no directamente dentro de este, hay un aumento de los cultivos de coca, principalmente en el vecino país de Perú. Esta situación también afecta a las comunidades que habitan el trapecio amazónico, como la de Buenos Aires, ubicada sobre el río Cotuhé, que bordea el sector Lorena del parque. Muchos de sus habitantes se han ido a trabajar al lado peruano en los cultivos de uso ilícito, otros se fueron y nunca más se supo de ellos al cruzar la frontera, según varios testimonios recolectados en terreno y entrevistas a expertos de la zona. “Las familias no tienen muy claro qué pasó con su familiar al cruzar la frontera. Los indígenas se enfrentan a jornadas muy largas de trabajo, incomunicados de todo”, manifiesta una de las fuentes.

Además, en la zona los grupos armados han instaurado un toque de queda “por el cual los indígenas no pueden salir a navegar después de las cinco de la tarde, comunidades con vocación pesquera”, asegura la vocería de la Alianza. En otras comunidades como Caña Brava, al borde del río Cotuhé, señala el vocero, las personas no pueden habitar sus casas porque son usadas por los actores armados ilegales.

Tres comunidades indígenas se superponen en el sur del Parque Amacayacu. La comunidad de San Martín, Mocagua y Las Palmas. Esta foto es de San Martín de Amacayacu. Crédito: Juan Carlos Contreras para Rutas del Conflicto y Mongabay Latam.

Los cultivos de coca y el transporte de droga y armas por los ríos están en la región, principalmente en los ríos que bordean al Parque Nacional Amacayacu. Aunque no se ha detectado cultivos de coca dentro del área protegida, según los monitoreos de la ONU y el Ministerio del Interior es una situación que preocupa a las comunidades indígenas e investigadores. Uno de los científicos entrevistados por esta alianza periodística afirmó que para entender lo que ocurre en Amacayacu es necesario tener en cuenta las dinámicas presentes en Perú y Brasil, los países fronterizos, sobre todo dado que los ríos  se conectan. Desde 2021, la Defensoría del Pueblo y organizaciones en el territorio han advertido que los cultivos ilícitos en el lado peruano han aumentado. 

El Monitoreo de cultivos de coca 2022 de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas Perú (DeVida), resaltó que el Bajo Amazonas es la tercera zona de producción de arbustos de hoja de coca en el país, ya que concentra el 9,2% del total nacional. Además, el 68% de la superficie con coca de esta zona, que equivale a unas 4144 hectáreas, se concentra en el departamento de Loreto -que limita con Colombia -, en la parte no inundable del río Yavarí, que se conecta con el río Amazonas. 

El Foro Brasileño de Seguridad, organización no gubernamental dedicada a contribuir con las transparencia de información en temas de seguridad, advierte que “el déficit en la gobernabilidad y estructura del aparato de seguridad pública, especialmente en la capacidad de investigación de los delitos cometidos en la región”, permitieron que el trapecio amazónico quedara en manos de las dinámicas de los grupos armados y su influencia en delitos ambientales.

El equipo periodístico pudo observar a los delfines amazónicos en el Caño Matamatá, cerca a la cabaña del Parque Amacayacu en el sur del área protegida. Crédito: Juan Carlos Contreras para Rutas del Conflicto y Mongabay Latam.

Según relataron investigadores en terreno y fuentes de la zona, “el oro, la coca, armas y todo tipo de mercados ilegales se mueve en las mismas balsas, esquivando puestos de control y violando las fronteras”. Y es que según explica el coronel Tunjano, la diversificación de los mercados ilegales, en la que los actores combinan mercados de droga con minería ilegal o tráfico de especies silvestres, “ofrece a las organizaciones criminales nuevas y valiosas fuentes de ingresos”.

Toda esta oscura actividad ocurre con total impunidad porque “quién hable es tildado de sapo”, afirma uno de los investigadores de las organizaciones que trabajan en la zona. Además, “al ser comunidades tan pequeñas es muy fácil identificar quién habló”, agrega. Según datos de la Unidad de Víctimas referidos por la organización civil Parques Cómo Vamos, de 1985 a 2022, se tiene registro de 1500 víctimas de desplazamiento forzado en áreas cercanas al PNN Amacayacu.

De acuerdo con testimonios recolectados en terreno por esta alianza periodística y por investigadores en la zona, los actores armados buscan un culpable cuando ocurren operativos porque consideran que la comunidad los delató con las autoridades. Por eso, cuando se realizan operativos y hay incautaciones, las comunidades indígenas se dispersan, se desplazan forzosamente y se aíslan, asegura un experto que trabaja en la zona. También los actores armados emplean a los pobladores indígenas como guías en terreno para saber cómo orientarse en los ríos y en la selva y evitar los puestos de control. 

Según relataron investigadores en terreno y funcionarios de la zona, “el oro, la coca, armas y todo tipo de mercados ilegales se mueve en las mismas balsas, esquivando puestos de control y violando las fronteras”.

La minería ilegal, los cultivos de uso ilícito, la presencia y disputa de grupos armados permiten en cierta parte que otros delitos ambientales queden en la sombra, como lo es la deforestación, según la vocería de la Alianza. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el Parque Nacional Amacayacu registra como el área protegida de menor deforestación con 304 hectáreas de 2013 a 2022, sin embargo, existen 2.690 alertas de deforestación entre el 1 de enero al 15 de septiembre de 2023, según Global Forest Watch. La mayor concentración de las alertas se da en la parte noreste, cerca al resguardo Río Cotuhé-Putumayo, y en la parte sur del área protegida, colindando con el río Amazonas y la frontera con Perú. 

Las comunidades de los resguardos San Martín y Mocagua trabajan de la mano con Parques Nacionales en la protección de Amacayacu. Crédito: Juan Carlos Contreras para Rutas del Conflicto y Mongabay Latam.

Las comunidades indígenas le apuestan a la conservación

Mientras que la parte norte de Amacayacu sigue resistiendo el actuar del crimen organizado, la contaminación por mercurio, la tala, el control social de las comunidades al borde del río Cotuhé, las comunidades tikuna al sur esperan estar preparadas en caso lleguen los problemas a esta zona.

“Nosotros hemos fortalecido nuestra guardia indígena y nuestra guardia ambiental, porque desde hace un tiempo se nos han acercado para hacer minería ilegal al territorio. Estamos pendientes de quién está llegando y con qué intenciones”, afirmó Orlando Noriega, autoridad del resguardo de San Martín, que se solapa con PNN Amacayacu.  Los tikuna realizan mayor vigilancia en los distintos cuerpos de agua, recorren su resguardo varias veces al día, están alertas cuando llegan turistas a su territorio. 

Al estar ubicada la parte sur del PNN Amacayacu entre los dos municipios del Amazonas, Leticia y Puerto Nariño,  hay una mayor presencia del Estado y de un  trabajo colectivo entre los funcionarios de PNN, que sí pueden acceder a esta parte del área protegida, y las comunidades. De hecho, las tres comunidades tikuna que se ubican en esta zona adaptaron parte de su territorio para recibir a visitantes, mostrarles su cultura y la manigua como llaman ellos a la selva. Rutas del Conflicto y Mongabay Latam visitaron dos de esas comunidades:  San Martín de Amacayacu y Mocagua, donde conocieron de primera mano las actividades de conservación y ecoturismo. 

Desde 2017 firmaron un acuerdo entre PNN y las comunidades de los resguardos San Martín y Mocagua, en cinco puntos para trabajar de manera conjunta en el territorio, el gobierno propio, la cultura, el turismo, la salud y educación. Durante el proyecto se dieron cuenta de que el acuerdo o el Plan de Manejo tenía los mismos propósitos que el Plan de Vida de las comunidades. Donde no es solo cuidar la selva, sino también protegerla de los “extraños”, que pueden traer los negocios ilegales que vive la parte norte del Parque.

 

 

 

 

 

 

Actualizado el: Mar, 10/17/2023 - 16:18

Violencia en la Amazonía de Colombia: guardaparques desplazados y 14 áreas protegidas disputadas por grupos armados ilegales

“En este parque hay muchas complicaciones porque si un funcionario inicia trabajos ambientales con un líder comunitario durante un tiempo, no se sabe si se va a poder continuar porque puede que lo asesinen o le toque irse de la zona”, dice una fuente local que conoce de cerca el trabajo del área protegida a quien por seguridad protegemos en esta publicación. Testimonios como este se repiten en muchas de las áreas protegidas amazónicas del país donde las constantes amenazas han terminado replegando del territorio a la primera línea de defensa de la biodiversidad de Colombia.

 

Por: David Tarazona * Mongabay Latam

De hecho, los eventos de violencia hacen imposible que los guardaparques transiten por al menos 21 áreas protegidas nacionales, incluidos las 14 amazónicas. “Los grupos armados y economías ilícitas que impulsan y patrocinan la deforestación permanecen en el territorio, lo que pone en riesgo al personal”, le dijo Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) a Mongabay Latam en una respuesta a una solicitud de información.

Los guardaparques que protegen los ecosistemas más representativos de la Amazonía colombiana pueden vigilar sólo algunas zonas muy específicas. Las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), agrupadas en distintos grupos armados ilegales que están en disputa, han declarado a varios de estos funcionarios objetivos militares y eso implica que si ponen un pie en el lugar donde operan, los matan. Uno de los equipos periodísticos que llegó hasta el Parque Nacional Natural La Paya se topó con un retén armado de los Comandos de Frontera en el río Putumayo, quienes vestidos de negro, armados con fusiles y demás indumentarias militares se apuraron en dejar un mensaje: no son ellos los que deforestan, sino los del Frente Primero ‘Carolina Ramírez’, otra disidencia de las FARC. Esta declaración pone en evidencia la pelea vigente y constante por el territorio entre los grupos armados ilegales, disputa que se da muchas veces alrededor o dentro de los resguardos indígenas y con los bosques de la Amazonía como testigos.

Panfleto de 2022 de las disidencias de las FARC-EP en el que prohíben el ingreso a la zona de La Macarena a los guardaparques y funcionarios ambientales. Crédito: imagen entregada por Parques Nacionales

“No hay garantías para ingresar a todos los sectores del área protegida. Hay un riesgo de ser asesinados tal cual se señala en los comunicados de grupos armados y en las conversaciones que se tienen con actores locales”, señala PNN. Además, agrega que “después de la operación Artemisa —una iniciativa militar lanzada por el gobierno de Iván Duque en abril de 2019— se amenazó gravemente a tres funcionarios, motivo por el cual dos de ellos renunciaron a la entidad y la otra persona (quedó) en grave riesgo”. 

La prohibición de ingreso de los guardaparques a sus áreas de trabajo, como consecuencia de las acciones militares de Artemisa, afectó por lo menos la vigilancia y monitoreo en los parques Tinigua, La Paya, Sierra de la Macarena y Serranía de Chiribiquete.

El resultado de estas restricciones y de la sostenida escalada de violencia se puede ver en las cifras de deforestación. En 2022, se perdieron 10 299 hectáreas de bosque dentro de las áreas protegidas de la Amazonía colombiana. Esa extensión corresponde al 82 % de toda la deforestación registrada en áreas protegidas a nivel nacional, según las cifras del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) que podrían incluso ser mayores, como indican algunos expertos que han analizado la data publicada.

¿Cómo proteger las áreas protegidas de la Amazonía de Colombia con tantas prohibiciones y restricciones de movilidad para sus funcionarios? Mongabay Latam en alianza con Rutas del Conflicto y La Silla Vacía investigaron los eventos de violencia, las restricciones de ingreso para los funcionarios de PNN y los peligros para la biodiversidad en las 14 áreas protegidas de la Amazonía colombiana. Los problemas detectados van desde las amenazas y avance de varios delitos ambientales hasta la falta de presupuesto y logística para atender los ecosistemas clave del país, como pudimos corroborar en las bases de datos construidas para esta serie a partir de pedidos oficiales de información. Los periodistas, además, visitaron tres parques que reciben menos atención mediática y estatal, pero que están en grave riesgo: La Paya, Sierra de la Macarena y Amacayacu.

Un aviso del Parque Amacayacu señala que la tala ilegal y la contaminación están prohibidas. No obstante, la minería ilegal afecta el norte del área protegida, según la reportería realizada. Crédito: Juan Carlos Contreras.

Defender las áreas protegidas con la vida

Para tener una idea de la complejidad y la magnitud de la violencia en las áreas protegidas, basta mencionar que sólo las disidencias de la FARC están presentes en 33 de los 39 municipios y zonas no municipalizadas donde se encuentran las 14 áreas protegidas amazónicas de Colombia. Según los expertos consultados, estos grupos armados, además, son el motor de las economías ilegales que han deforestado las áreas protegidas.

Distintos estudios académicos han confirmado, en los últimos años, el incremento significativo en esta deforestación tras la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Entre 2015 y 2016, antes del acuerdo, la cifra anual de pérdida de bosque en las áreas protegidas de la Amazonía no superaba las 5336 hectáreas. Pero, a partir de 2017, el paisaje empezó a cambiar. La cantidad de hectáreas deforestadas ese año se disparó a 10 152 hectáreas y un año más tarde, casi se duplicó hasta alcanzar las 19 553.

Si sumamos la pérdida de bosque en las áreas amazónicas de Colombia entre 2015 y 2022, la superficie arrasada equivale al tamaño de Singapur. Estamos hablando de 86 828 hectáreas deforestadas, sólo a partir de sumar las cifras proporcionadas por el IDEAM.

Clara Solano, directora de la Fundación Natura y presidenta del Consejo Directivo de la organización civil veedora de las áreas protegidas Parques Cómo Vamos, explica que “la salida de las FARC implicó un vacío de gobernanza en algunos territorios y hubo personas dispuestas a ocupar esos espacios”. A su vez, si bien la existencia del conflicto armado ayudó a que ciertos sitios se conservaran, como explica Carlos Mauricio Herrera, especialista en Áreas Protegidas en la organización de WWF Colombia, tras las consecuencias inesperadas del Acuerdo de Paz, la situación se degeneró. “Lo que causa la violencia actualmente es la pérdida de gobernabilidad sobre las áreas, así como el aumento de las actividades ilícitas”, dice Herrera. 

Parches de deforestación en zona de la Macarena fotografiados desde un avión por los reporteros que visitaron el Parque Sierra de la Macarena. Crédito: Ana María Rodríguez Ortiz para Mongabay Latam y Rutas del Conflicto.

Actualmente, los funcionarios de Parques Nacionales Naturales sólo pueden visitar espacios muy específicos.

En el Parque Sierra de la Macarena no pueden entrar al sector Cabra Yarumales, Café y Guayabero, debido a amenazas y la presencia de grupos armados ilegales relacionados con la siembra de cultivos ilícitos.

En Tinigua, a través de panfletos distribuidos en el área, se anunció que los guardaparques tienen prohibido visitar los sectores de Uribe y Macarena. Mientras que en Cordillera de los Picachos, las zonas de Platanillo y Uribe están cerradas, desde 2018, por amenazas.

Los funcionarios de PNN no pueden ingresar tampoco a la parte norte del Parque Amacayacu, es decir, a las zonas de los ríos Cotuhé y Putumayo por la presencia de grupos armados ilegales. En Chiribiquete solo pueden entrar a uno de seis sectores, y en La Paya y Serranía de los Churumbelos también hay zonas vetadas.

Esta información entregada por las autoridades de PNN de Colombia confirma esta vigilancia fragmentada en la que muchas veces a los funcionarios solo les queda ser testigos de cómo las áreas protegidas son arrasadas. Si deciden intervenir, las consecuencias pueden ser fatales.

 

En 2008, José Martín Duarte del Parque Serranía de la Macarena fue asesinado por un grupo armado con disparos por la espalda. En 2011, murió el guardaparque Jaime Girón Portilla en el Parque Serranía de los Churumbelos a causa de una mina antipersonal. Entre 2011 y 2023, en el Parque Cordillera de los Picachos, al menos tres funcionarios fueron trasladados para otras áreas protegidas por temas de seguridad y otro funcionario del Parque Tinigua corrió con la misma suerte. En los parques nacionales Yaigojé Apaporis y La Paya, la situación es la misma: siete funcionarios han sido trasladados del primero y uno del segundo.

El procurador ambiental Gustavo Guerrero dice que el gobierno podría hacer más para garantizar la presencia de los guardaparques. “Se podría hacer mucho más para poder garantizar el regreso permanente del personal en parques como Tinigua, La Macarena y la Reserva Nacional Natural Nukak, áreas protegidas de gran importancia en nuestro país y para la Amazonía en general, donde se presentan grandes problemas asociados a la deforestación y a las comunidades que los habitan”. Agrega que las visitas esporádicas de los funcionarios a las áreas protegidas no son suficientes para un buen manejo. También señala que la gobernabilidad debe ser el resultado de la acción del Estado, “no de los actores al margen de la ley.”

El sector del río Guayabero ha sido afectado por la deforestación que se desprende de la construcción de la carretera ilegal Trocha Ganadera por parte de las FARC. Crédito: Ana María Rodríguez Ortiz.

En el Parque Sierra de la Macarena, fuentes de la zona le dijeron a los reporteros que la operación militar Artemisa del gobierno de Iván Duque incrementó la situación de riesgo de los guardaparques. Explicaron que los operativos en territorio, en las que se logró capturar al menos a 13 personas presuntamente responsables de deforestar al interior del parque, fueron el detonante para que las disidencias de las FARC declararan objetivo militar a los funcionarios de Parques Nacionales. “Prohibieron totalmente la entrada de los guardaparques a la Sierra de la Macarena. La gente no quiso volver a saber de ellos y las disidencias declararon a la entidad Parques su enemigo permanente por supuestamente avalar los operativos del Ejército. (...) También se comentó que las disidencias planeaban colocar una bomba al lado de la sede de Parques, pero que al estar al lado de la escuela prefirieron no hacerlo”, dice la fuente del territorio a la que protegemos por su seguridad.

Parques Nacionales le confirmó a Mongabay Latam que han registrado 12 hechos de amenazas contra guardaparques, entre 2019 y 2023, en las áreas protegidas de la Amazonía de Colombia. Todos estos eventos, según indicaron, fueron reportados por la entidad a la Fiscalía General para su investigación. Cinco amenazas ocurrieron en 2019, tres en 2022, dos en el 2021 y dos más en el 2022. Los funcionarios del parque Sierra de la Macarena, Tinigua y La Paya son los más amenazados, en el primero la autoridad tiene registrados cuatro casos y en los otros dos en total tres casos. A estos eventos de violencia se suman tres casos más recogidos en la reportería en terreno por el equipo periodístico.

Los líderes indígenas de los resguardos que se superponen con el Parque La Paya rechazan la deforestación asociada al cultivo ilícito de coca. Crédito: Sergio Alejandro Melgarejo.​

Puestos quemados y poca infraestructura

Las pérdidas materiales también dificultan las tareas de vigilancia. Entre 2017 y 2020, tres puestos de control fueron quemados. 

Además, las amenazas, los saqueos y los hurtos en los puestos de control son otro de los problemas reportados por la autoridad. En 2019, ocurrió un saqueo en la cabaña Naranjal del Parque La Paya en Putumayo. Un año más tarde, en febrero de 2020, en el parque Cahuinarí personas desconocidas irrumpieron en tres cabañas. Los atacantes se identificaron como miembros de las disidencias de las FARC y les prohibieron a los guardaparques continuar con sus labores. 

Las lagunas del Parque La Paya son parte de sus ecosistemas biodiversos. Hoy en el área protegida no hay acceso a los guardaparques, a excepción de algunos funcionarios indígenas. Crédito: Sergio Alejandro Melgarejo.​

En las 11 áreas protegidas, manejadas a través de la Dirección Territorial Amazónica de Parques Nacionales, hay 33 sedes de la entidad. De estas, sólo 22 están en funcionamiento y hay muchos sectores que por temas de seguridad no pueden contar con la presencia permanente de guardaparques. 

En términos de instrumentos de transporte, la Dirección Territorial Amazónica no cuenta con aviones o helicópteros pese a que sus once áreas protegidas cubren más de 9 millones 700 mil hectáras y, según los datos entregados a Mongabay Latam, solo ha contratado tres sobrevuelos para vigilar las áreas protegidas entre 2021 y 2022, por un total de 70 millones de pesos (17 499 dólares). “Deberían tener una avioneta, no tienen nada. Estas áreas protegidas tienen millones de hectáreas (para vigilar)”, dice Solano de la Fundación Natura y Parques Cómo Vamos.

 El procurador ambiental Guerrero añade que toda la flota de vehículos, tecnología y personal de los áreas protegidas debe ser mejorada. En especial, resalta, para las áreas protegidas de la Amazonía que “necesitan medios de transporte fluvial y son de gran extensión”.

Las comunidades indígenas del sur del Parque Nacional Amacayacu han realizado labores de conservación con Parques Nacionales, lo que ha permitido la protección de especies de fauna. Crédito: Juan Carlos Contreras.

Grupos armados en las áreas protegidas de la Amazonía

Indepaz ha podido identificar qué grupos armados operan en la Amazonía de Colombia. Las disidencias de las FARC, por ejemplo, son los actores con mayor presencia, ya que están en 33 de los 35 municipios que albergan áreas protegidas amazónicas. De estos grupos exFARC, el que tiene más presencia es el Bloque Suroriental, presente en 20 municipios; seguido de su rival la Segunda Marquetalia, en siete, y otro heredero de la guerrilla denominado Comando Coordinador de Occidente que está en tres. Según Indepaz, los grupos Bloque Suroriental y el Comando Coordinador de Occidente ahora conforman un solo grupo denominado Estado Mayor Central (EMC), al mando de alias ‘Iván Mordisco’, facción enemiga de la Segunda Marquetalia, liderada por alias ‘Iván Márquez’. Este último fue un exnegociador del Acuerdo de Paz y miembro del Secretariado de las FARC que volvió a las armas.

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La guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), por su parte, está presente en cinco municipios y los herederos de los paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) se encuentran en nueve. El exministro de Ambiente Manuel Rodríguez comenta que no ve que la situación de violencia vaya a cambiar pronto. “Colombia tiene más territorio que Estado y ese parece ser el caso de las áreas protegidas amazónicas”, señala.

En el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo, donde está el Parque La Paya, operan la Segunda Marquetalia y el Bloque Suroriental o Estado Mayor Central (EMC), este último a través del Frente Carolina Ramírez. Los periodistas de La Silla Vacía y Mongabay Latam que viajaron para investigar la situación de esta área protegida confirmaron de primera mano que hay presencia y controles del grupo armado ilegal Comandos de la Frontera, que responde a la Segunda Marquetalia.

Esta distribución de los actores armados en el territorio ha sido recientemente abordada en la publicación periodística Amazon Underworld, que documentó la presencia de múltiples actores armados en la Amazonía colombiana, incluyendo el Estado Mayor Central, el Frente Carolina Ramírez y Comandos de la Frontera.

El grupo armado ilegal Comandos de la Frontera apareció en el recorrido de los reporteros de La Silla Vacía y Mongabay Latam que visitaron la zona del Parque La Paya. Crédito: Santiago Rodríguez.

Las economías ilegales asociadas a estos grupos armados también están presentes en las áreas protegidas amazónicas. En 2022, se detectaron 4807 hectáreas de cultivos ilícitos de coca en las áreas protegidas amazónicas, un aumento de 45 % respecto a 2021, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Ministerio de Justicia. La Paya registraba 1840 hectáreas, seguida de la Reserva Nukak con 1622 y Sierra de la Macarena con 1284. Además, las rutas del narcotráfico también atraviesan las áreas protegidas. Entre 2017 y 2022, tras la firma del Acuerdo de Paz, 2.4 toneladas de cocaína fueron decomisadas en áreas protegidas de la Amazonía, según el conteo de incautaciones de cocaína en áreas protegidas del Ministerio de Defensa al que Mongabay Latam tuvo acceso tras una solicitud de información. Las cifras las encabeza la Reserva Nukak con una incautación de 1005 kilogramos en 2017, junto con otra de 249 kilogramos en 2020. La Paya tuvo la segunda mayor incautación con 800 kilogramos en 2020, seguido por la Serranía de Chiribiquete con 399 en 2018 y Sierra de la Macarena con 25 en 2022.

Sobre la presencia del narcotráfico en las áreas protegidas, Candice Welsch, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur, dice que “los grupos ilegales sacan ventaja de las reglas que hay en las zonas de manejo especial, donde el principal interés es la protección ambiental y donde hay restricciones para atacar los cultivos, como ocurrió en su momento con la aspersión aérea”. La experta añade que un foco clave de presencia de cultivos de coca es el departamento del Putumayo y la zona de frontera, así como el Parque Nacional La Paya. Welsch comenta que el caso de Putumayo está conectado a las áreas de cultivos ilegales en Perú, así como de rutas del narcotráfico que conectan ambos países y considera que “son los mismos grupos ilegales que están haciendo exactamente la misma actividad en ambos lados de la frontera y usan el río Putumayo para facilitar el tráfico, pasándolo por Ecuador hasta llegar a los puertos”.

En una carta enviada a Mongabay Latam, la subdirectiva amazónica del sindicato Sintrambiente Parques Nacionales declaró que los guardaparques son los primeros afectados por esta situación de inseguridad. “Las personas vinculadas a Parques Nacionales (tienen) una vulnerabilidad muy grande frente a intereses particulares y redes ilegales en la región”, dice el sindicato.

Además, Herrera de WWF agrega que en algunas áreas protegidas, como Sierra de la Macarena, el conflicto armado ha tenido una mayor duración. “Los sitios de mayor biodiversidad en nuestro país coinciden en muchos casos también con esos lugares en donde ha estado más presente y vigente la guerra”, explica.

En Amacayacu hay más de 5000 especies de plantas, 468 de aves, 150 de mamíferos y reptiles como los caimanes, anacondas, boas y tortugas. Crédito: Juan Carlos Contreras para Rutas del Conflicto y Mongabay Latam.

Minería ilegal y deforestación: dos enemigos de las áreas protegidas

Las cifras más recientes indican que hay una reducción de la deforestación en Colombia y las áreas protegidas para el año 2022. Sin embargo, para muchos expertos, como Clara Solano, “falta entender qué está pasando ahí, por ejemplo, estudiar si las reglas de los grupos armados ilegales que multan la deforestación tuvieron que ver u otros factores”. 

El exministro de Ambiente Manuel Rodríguez señala que no es razonable que el gobierno de Gustavo Petro se atribuya todo el éxito de la disminución, ya que pudieron incidir otros factores que desincentivan la tumba y quema de bosques, como las lluvias intensificadas debido al fenómeno de La Niña. Además, no se sabe “si realmente hubo una tregua de los grupos armados ilegales para detener la deforestación”, agrega.

El aumento, sin embargo, sí se hizo evidente en cuatro áreas protegidas de la Amazonía colombiana: Cahuinarí, Río Puré, Serranía de los Churumbelos y Yaigojé Apaporis. En el primero, se pasó de tres hectáreas deforestadas en 2021 a 101 en 2022. En el parque Río Puré, donde en 2021 no se registró ni una sola hectárea deforestada, en 2022 se desmontaron 24 hectáreas. Mientras que en el Parque Serranía de los Churumbelos aumentó de 25 a 34 hectáreas y en el Yaigojé Apaporis pasó de 128 en 2021 a 143 en 2022.

Estos cuatro parques nacionales tienen algo en común: son afectados por la minería ilegal. Para el procurador Guerrero, el Parque Río Puré merece una especial atención debido a la presencia de minería ilegal que “provoca problemas sociales y ambientales importantes como la contaminación de los cuerpos de agua”. En el caso de esta área protegida, al menos 39 kilómetros del río Puré presentan una densidad media de extracción minera ilegal, según datos de 2021 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). También, en 118 kilómetros del río Apaporis, colindante a los parques nacionales Serranía de Chiribiquete y Yaigoje Apaporis, hay una densidad media de actividades de minería ilegal. A esta lista de parques con presencia de minería se suman la Reserva Nacional Puinawai y el Parque Nacional Amacayacu. 

Aviso a la entrada de la vereda La Florida, cerca del Parque Nacional Sierra de la Macarena donde se advierte de no cazar con perros, no movilizar ganado entre las 6 p.m. y 6 a.m. Crédito: Ana María Rodríguez Ortiz.

Precisamente sobre este último, un estudio reciente de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), publicado en junio de 2023, señala que uno de los focos centrales de la minería ilegal está en el río Purité, justo en el límite del parque Amacayacu. Y esta información tiene un correlato con un sobrevuelo realizado por los expertos de la Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro, mediante el cual pudieron observar, al menos, 13 dragas operando en el Purité.

Lo complicado, le dijo uno de los expertos de la Alianza a una periodista de Rutas del Conflicto, es que extraen oro en una zona de frontera y eso complica una posible intervención. “Si hay un operativo en cualquiera de los dos países, (para los mineros ilegales) es solo prender el motor y pasarse al otro”. 

Para el exministro Manuel Rodríguez, "todos los países de la cuenca amazónica han fracasado en controlarla (la minería ilegal), no solo Colombia” y añade que en un área con tan poco control estatal, lo que ocurre es que “terminan imponiéndose los intereses económicos ilegales". 

Debido a que “hay economías ilegales como los cultivos ilícitos y la del acaparamiento de tierras que subsidian la deforestación, que son protegidas por grupos armados, se hace muy difícil la gobernanza de las áreas protegidas”, agrega el biólogo colombiano e investigador de la Universidad de Queensland en Australia, Pablo Negret. Por lo mismo, dice, “Parques Nacionales no puede resolver todo, necesita apoyo del resto del Estado”.

Durante su recorrido por las distintas áreas protegidas, los reporteros documentaron las acciones ilegales que las afectan. En el Parque Sierra de la Macarena, por ejemplo, los periodistas recogieron testimonios sobre la presencia de coca y ganadería, pero justamente es en esas zonas donde los guardaparques tienen prohibido entrar a verificar la situación. “Los trabajadores de Parques no pueden ir a las zonas en donde se supone que sucede eso”, explica una fuente entrevistada en terreno a la que protegemos por seguridad. 

En La Paya, líderes indígenas que hablaron con los reporteros de La Silla Vacía dejaron en claro que la deforestación asociada a las economías criminales no respeta su cosmogonía ni el área protegida. “Nosotros los indígenas siona no queremos que haya más tala de bosque. Nosotros obtenemos de él la alimentación, la medicina y eso no lo queremos más en nuestro resguardo”, dice Javier, un líder de la zona al que protegemos su verdadero nombre. 

Presupuesto para conservar

Aunque algunas áreas protegidas tienen las mayores pérdidas de bosque, estas no necesariamente se ubican en los primeros lugares para la asignación de recursos dentro del presupuesto de Parques Nacionales Naturales. Es el caso del Parque Nacional Tinigua que tiene la mayor deforestación acumulada de 2015 a 2022 con 37 840 hectáreas. Este parque, que concentra el 43 % de la pérdida de bosque en las áreas protegidas amazónicas, en asignación presupuestal acumulada para el periodo 2015-2022, ocupa el octavo lugar entre las 14 áreas protegidas que componen la Amazonía. Chiribiquete tuvo la tercera mayor pérdida de bosque con 8 711 hectáreas, pero ocupó el quinto lugar en asignación presupuestal.

"Si hay un parque como Tinigua que ha perdido más del 10 % de su bosque desde 2000, pero tiene el sexto u octavo presupuesto de la Amazonía, entonces cabe preguntarse ¿en qué se basa la asignación?", comenta Negret.

Desde Parques Nacionales explicaron que la asignación de recursos de un área protegida depende de su plan de manejo, es decir, de sus objetivos prioritarios de conservación y de las amenazas más graves que enfrenta, pero que lamentablemente también incide la imposibilidad de realizar todas las tareas necesarias de cuidado ambiental debido a la situación de orden público. “Para la asignación del recurso al PNN Tinigua, se ha tomado como herramienta el plan de manejo y la revisión de las dinámicas del territorio (escenarios de conflictos por grupos ilegales) con el fin de garantizar el cumplimiento de sus compromisos institucionales y sociales en el territorio”, señala Parques. Agregan que las dinámicas territoriales han jugado un rol importante, teniendo en cuenta que “el ingreso de los funcionarios es limitado”. Y señalan que el presupuesto es acorde a las acciones que “se han logrado ejecutar en coordinación con los actores sociales e institucionales” para avanzar en la contención de las presiones que afectan al área.

Para el procurador Guerrero, la deforestación debe ser enfrentada con medidas de control efectivas y eso no se puede lograr si “el presupuesto de los parques de la Amazonía es bajo”. De hecho explica que a pesar de que existe una sentencia de 2018 de la Corte Suprema que prohíbe la ganadería en áreas protegidas de la Amazonía y ordena el aumento de recursos a parques, esto no ha sucedido.

La subdirectiva amazónica del sindicato Sintrambiente Parques Nacionales confirma que el presupuesto asignado a las áreas protegidas del país no les alcanza. “El presupuesto asignado a los Parques en el país es insuficiente para todas las acciones que requieren la administración y el manejo de las áreas protegidas. Cubren los mínimos de funcionamiento. En la mayoría de casos, varias líneas de los planes de manejo se encuentran desfinanciadas”. Además, critican la creación de nuevas áreas protegidas sin el presupuesto necesario para poder dotarlas de personal y un manejo adecuado, lo que las hace “áreas protegidas de papel”.

Deforestación cerca de la Trocha Ganadera, a su vez parte del sector Guayanero cercano al Parque Sierra de la Macarena. Crédito: Ana María Rodríguez Ortiz.

También añaden un tema que afecta a muchas de las áreas protegidas de la cuenca amazónica: el número de guardaparques versus la cantidad de hectáreas que deben conservar. “En el país la relación ya pasó de ser de 1 Guardaparque por cada 40 000 hectáreas, cuando el promedio internacional es de 1 Guardaparque por cada 6 000 hectáreas”.

Pese a que el estado colombiano sostiene que la deforestación disminuyó en el país y en la Amazonía, la situación de seguridad de los guardaparques de las catorce áreas protegidas de este ecosistema aún no mejora. Las escenas vistas en la reportería de este trabajo lo demuestran, como el retén de Comandos de la Frontera en La Paya. O los testimonios recogidos cerca del Parque Sierra de la Macarena, donde la carretera que conecta al municipio de La Macarena con Vistahermosa no cuenta con presencia de miembros de la fuerza pública, sino de otros grupos ilegales. Al preguntarle a un habitante de La Macarena quién custodia el camino respondió que “en algunas ocasiones aparecen miembros de las disidencias de las FARC. La mayoría son jóvenes, tienen menos de 30 años”.

Edición general: Alexa Vélez y María Isabel Torres. Editores: Michelle Carrere, Juanita León de La Silla Vacía, Óscar Parra de Rutas del Conflicto y David Tarazona. Coordinación periodística: David Tarazona. Investigación y análisis de base de datos: Gabriela Quevedo, David Tarazona y Vanessa Romo. Análisis geoespacial: Juan Julca. Equipo periodístico: Pilar Puentes y Juan Carlos Granados de Rutas del Conflicto y Santiago Rodríguez de La Silla Vacía. Montaje y corrección de estilo: Mayra Castillo. Visualización de datos y diseño gráfico: Richard Romero, Manuela Galvis de La Silla Vacía, Fernando Pano y David Tarazona.  Producción de videos: Richard Romero. Fotografía y videos: Ana Rodríguez Ortiz y Juan Carlos Contreras de Rutas del Conflicto junto con Alejandro Melgarejo para Mongabay Latam. Programación: Alejandra Franco. Audiencias y redes sociales: Dalia Medina, Richard Romero y Kimberly Vega de Rutas del Conflicto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualizado el: Mar, 10/17/2023 - 18:11

Las víctimas de Juan Frío buscan reconstruir su tejido social

El 27 de septiembre del 2023, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) realizó una intervención en un trapiche de la vereda La Uchema, en el corregimiento de Juan Frío, Norte de Santander, utilizado por los paramilitares para incinerar a sus víctimas. 

 

Por: Juan Carlos Granados 

Emilia Coronado, una de las habitantes del corregimiento de Juan Frío, recuerda que cuando llegaron los ‘paras’ los gritos se escuchaban por todas partes. Los adultos corrían buscando refugio. Los niños no podían vocalizar lo que estaban viendo. Después de respirar y encontrar cobijo en sus padres, lograron describir la masacre de la que sobrevivieron 

El 24 de septiembre del 2000, un grupo aproximado de 30 ‘paras’ llegaron a Juan Frío, ubicado en Villa del Rosario, Norte de Santander, y mataron a seis personas. Las víctimas, un conductor de un bus intermunicipal y cinco campesinos de la zona, murieron frente a sus familiares y sus cuerpos fueron abandonados en las calles. Esta masacre ocurrió un año después de que los paramilitares llegaron a la región del Catatumbo en 1999 desde Urabá. En el informe Paramilitarismo, balance del CNMH al esclarecimiento histórico elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, se explica que los ‘paras’ fueron enviados por Vicente y Carlos Castaño para apoderarse del control del narcotráfico que tenía la guerrilla en el departamento.

El 10 de octubre del 2008, Jorge Iván Laverde, alias ‘El Iguano’, comandante del Frente Fronteras, escuadrón paramilitar radicado en Cúcuta, confesó ante la Fiscalía que en 2001 sus hombres incineraron 98 cadáveres en unos trapiches ubicados en Juan Frío que fueron transformados por los paramilitares en hornos crematorios. Laverde dijo que hicieron esto para evitar que las autoridades encontraran las fosas comunes en donde habían enterrado los cuerpos de sus víctimas. Además, en la finca Pacolandia, ubicada en el corregimiento de Banco de Arena, en Puerto Santander, Norte de Santander, también se construyó otro horno. Laverde se estableció en Pacolandia mientras fue comandante del Frente Fronteras. 

En el libro Me hablarás del fuego, el periodista Javier Osuna explica que por lo menos 560 personas fueron incineradas. Osuna le contó a Rutas del Conflicto que ha habido problemas en la forma en como se ha comunicado el trabajo que realizó la UBPD en Juan Frío. “No se trata de unos nuevos hornos. La Unidad de Búsqueda intervino el mismo predio del que se ha hablado desde 2008. No se trata de un hallazgo sino de una respuesta tardía del Estado ante un crímen de lesa humanidad del que se tiene conocimiento desde hace años”, cuenta el periodista.

Juan Frío está ubicado al límite de la frontera colombo-venezolana, solo el río Táchira separa al corregimiento de San Antonio del Táchira, Venezuela. La gente en Norte de Santander solía ir a Juan Frío a comer pescado, pero tras la entrada del paramilitarismo y sobre todo después de que se supiera que estaban incinerando personas en lo que se conoció como los hornos crematorios de Juan Frío nada volvió a ser igual. “A pesar de que en Villa del Rosario era vox populi lo que ocurría, las autoridades no investigaron nada. Fue hasta que los ‘paras’ comenzaron a hablar de eso en Justicia y Paz que ya no se pudo ocultar”, comenta Jhon Jácome, periodista que investigó por años el paramilitarismo en Norte de Santander mientras trabajaba en La Opinión, medio de comunicación de Cúcuta.

“Juan Frío se convirtió en la oficina de ellos. Después de que nos enteramos de cómo desaparecieron a la gente en los hornos y en el río Táchira fue muy complejo volver a vivir igual. Caminar por los cerros y acordarse que allí incineraron personas o ir a bañarse al río y saber que allí arrojaron restos humanos fue realmente duro”, comenta Ruth Cotamo, lideresa del corregimiento que ha estado al frente de procesos de acompañamiento psicosocial que han realizado la Unidad para las Víctimas y la Comisión de la Verdad.

Desde el 2013, la comunidad de Juan Frío fue reconocida como sujeto de reparación colectiva por la Unidad para las Víctimas y tras esto se ha llevado a cabo un proceso social para que el corregimiento deje de ser estigmatizado. “Han surgido grupos juveniles musicales y de literatura para homenajear a las víctimas, pero también para hacer catarsis y lograr expresar todo el dolor a través del arte”, cuenta Ruth. 

Las víctimas siguen buscando a sus seres queridos

Cuando se enteró de que supuestamente habían asesinado a su hijo, Emilia sintió que no podía respirar. Angustiada, le preguntó a su hija que cómo estaba tan segura de eso. Ella le respondió que se lo dijo un señor que era ‘paraco’. Sin pensarlo dos veces fue en busca del comandante paramilitar de la zona para preguntarle qué había pasado con su hijo, pero este no le contestó.

Le han dicho que han visto a su hijo trabajando en Cúcuta, en San Cristóbal, Venezuela, pero ella sabe que esos comentarios son mentira porque si él estuviera vivo y tan cerca no dudaría en ir a visitarla y contarle que está bien. Su hijo, Jorge Enrique Cotamo Coronado, tenía 24 años y desapareció el 28 de septiembre del 2004. Emilia lo buscó en San Cristóbal, San Antonio, Villa del Rosario y Cúcuta, en cualquier lugar en donde le decían que podía hallar una pista.

 

Laverde dijo en una audiencia de Justicia y Paz que si una persona desapareció durante los años en que los hornos crematorios estuvieron activos probablemente nunca iba a ser encontrada. Emilia cuenta que lo dicho por ‘El Iguano’ fue un golpe muy fuerte para las víctimas, pero aun así siguen buscando a sus familiares y conformaron un grupo llamado Tejedores y Tejedoras para reconstruir el tejido social de Juan Frío. 

En medio del dolor, la escritura ha sido una aliada de Emilia en el proceso de sanación. Unas estrofas escritas por ella han significado dejar plasmado en papel una tristeza de años que no se olvida, pero se aprende a convivir con ella, dice Emilia. Escribir le permitió redireccionar su sufrimiento y convertirlo en un símbolo de resistencia frente a lo sucedido.

Para cada una de las víctimas, Emilia escribió estas estrofas sobre Juan Frío porque después de tantos años lo único que desea es sanar y perdonar.

“Juan Frío,

un caserío pequeño,

 pero muy acogedor, 

cuando llegamos aquí, 

tenía un clima mejor. 

Hoy queremos perdonar, 

no queremos recordar, 

lo que un día pasó que fue de inmenso dolor. 

Un domingo muy alegre cuando muchos celebraban, 

todo se hizo confusión por los hombres que llegaban. 

Parecía un enjambre de abejas asustadas,

 los del caserío corrían, gritaban y lloraban

 mientras que los hombres que llegaron solo reían y mataban. 

Fue un milagro de mi Dios,

estoy muy agradecida porque nos dio protección y también nos salvó la vida. 

Sin Dios no podemos hacer nada, 

él es nuestro amparo y fortaleza, 

el único capaz de quitar la ignorancia del hombre y convertirla en piedad, 

esperanza, amor, perdón y paz”. 

Fragmento de Un Gran Tesoro, el libro de poesía hecho por Emilia.

 

 

Actualizado el: Mar, 10/10/2023 - 13:03

La aguja y la pluma: herramientas culturales para construir la paz en Colombia

"Coser porque tenemos un país roto", dijo Virgelina Chará mientras arropaba el Palacio de Justicia en 2022. "Creo que soy una arquitecta de la paz. Construyo ciudades de paz", afirmó Mary Luz López durante presentación en la Feria del Libro de Bogotá (FILBO) de 2023. Ambas son víctimas del conflicto armado que han encontrado en las artes y la cultura una forma de hacer memoria, construir paz y reconciliarse con el otro.

Por Juan Andrés Romero

Después de siete años de la firma del Acuerdo de Paz con la entonces guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), las víctimas de diferentes actores armados en un conflicto de más de 50 años evocan la memoria desde las artes y la cultura. 

 Los retratos de Virgelina y Malú. Junto a ellas, la obra icónica de Tejidos Chakana para María José Pizarro, senadora de la República. Crédito: fotografías 1 y 2: Juan Andrés Romero; fotografía 3: Twitter María José Pizarro.
 

Virgelina Chará es defensora de derechos humanos y constructora de la memoria a través de la práctica de la costura. Mary Luz López es escritora y rememora el conflicto a través de sus letras. Pero no solo las víctimas utilizan las artes para construir paz. Mateo Perea, historiador, fundó Tejidos Chakana, un emprendimiento colombiano que vincula a firmantes del Acuerdo de Paz y víctimas, quienes, a través del tejido en mostacilla, crean piezas que guardan memorias y recrean historias de personajes que vivieron el conflicto.

Estas tres personas le han apostado a las artes y la cultura como método de construcción de paz.

¿Quiénes son y cómo construyen paz?

Retrato de Virgelina Chará en la Casa de la Paz. Crédito: Juan Andrés Romero

Lideresa, víctima, madre y costurera: Virgelina Chará es originaria de Suárez, Cauca, y fue nominada por un colectivo internacional de la sociedad civil al Premio Nobel de la Paz en 2005. Es lideresa de la Unión de Costurero, que ha arropado diferentes edificios públicos en Colombia. Es decir, ha sobrepuesto sobre ellos telares gigantes cosidos con temas sobre memoria del conflicto armado y defensa de los derechos humanos.  

Los arropamientos más conocidos se realizaron en el Palacio de Justicia, en el Memorial del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y en la Cancillería de Colombia. Virgelina también fundó la Fundación ASOMUJER y Trabajo, y preserva las tradiciones de los pueblos afrocolombianos a través de la gastronomía, los cantos y las bebidas tradicionales. 

Retrato de Malú en la presentación de su libro “La guerra me hizo puta” en la Feria del Libro de Bogotá de 2023. Crédito: Juan Andrés Romero

Mary Luz López, o "Malú" como le gusta que le digan, es una mujer antioqueña con vivencias que estremecen la piel. Fue reclutada, secuestrada y víctima de desaparición forzada. Actualmente, es defensora de derechos humanos, escritora y gestora de paz y cultura. Ha creado los libros "Alzo mi Voz" y "La Guerra Me Hizo Puta", en los que presenta su historia de vida e intenta sanar su cuerpo y alma. Presentó su último libro en la FILBO 2023, donde describió su infancia. “Una niña en el campo, pero también en la ciudad. Una niña soltando los muñecos de plástico, cogiendo un fusil y luego cogiendo los muñecos de carne", expresó. Malú a través de las Casas de la Memoria en Medellín apoya a trabajadoras sexuales y a mujeres víctimas del conflicto armado y de abuso sexual. En estas casas también hace pedagogía con niños sobre la paz, para prevenir el reclutamiento. 

Mateo Perea es historiador de profesión, pero tejedor de oficio. Ha trabajado con las telas por más de 14 años, desde el tejido en hilo hasta la mostacilla. Es el fundador de Tejidos Chakana, un emprendimiento colombiano que le apuesta a la paz y a la reconciliación a través del oficio de tejer memoria. Sus piezas rememoran la historia de vida de personajes como Jaime Garzón, Carlos Pizarro, Manuel Gustavo Chacón y muchos más. "Tejidos Chakana es una iniciativa que nace desde la sociedad civil, en el año 2020, saliendo de la pandemia", según Mateo. En 2023, presentaron la exposición "Urdiendo la vida para tejer la Paz" en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y en la Cancillería. 

Paz, memoria y reconciliación

Virgelina, Malú y Mateo son un ejemplo de cómo las artes y la cultura pueden utilizarse como herramientas para la construcción de paz y reconciliación. A través de sus proyectos, han logrado preservar tradiciones y crear espacios de diálogo entre personas con distintas experiencias.

La construcción de la paz a través de las artes y la cultura ha sido explicada desde muchas perspectivas en la academia. Todas coinciden en que hay un aporte relevante. Según el Centro de Paz y Justicia de Venezuela (CEPAZ) “el alcance social que puede tener el arte también lo convierte en una forma de generar espacios y alternativas para construir la paz”.  

Sin embargo, el uso de las artes para alcanzar un país mejor no solo se ha implementado después de la firma del Acuerdo de Paz, en 2016. En los años setenta, cuando el conflicto comenzaba a intensificarse, líderes sindicales y sociales utilizaron las artes como herramienta política. Un ejemplo de ello es la vida de Manuel Gustavo Chacón, sindicalista, líder campesino, estudiantil, poeta, músico y artesano. “Siempre hemos creído en la cultura como una forma […] de bajar el tono a la violencia. […] Por eso él era tan activo en la cultura”, afirmó María Elisa Uribe de Chacón, su esposa. Las poesías de Manuel Gustavo, añadió, no se componían con “florecitas”, sino que expresaban las vivencias y el sentir del pueblo colombiano. “Esa era una de las armas que él manejaba y por la que lo asesinaron.”

Uriel Cárdenas, profesor de la Universidad del Rosario y director del semillero de investigación Colectivo Imaginarios por la Paz, apuesta por la inclusión en las artes como un método para implementar la paz. “¿Qué pasaría si aprendemos a vivir con los otros, pero a los otros no los tratamos como medios para mis fines? Sino que valen por sí mismos, y por el solo hecho de ser seres humanos merecen todo mi respeto”, afirmó. Virgelina, a través de Unión de Costurero, promueve la inclusión social y el respeto de la comunidad. “[Aquí] viene el gay, aquí viene el negro, aquí viene el indígena, aquí viene el mestizo, viene el rico, viene el pobre, viene el militar, viene el firmante de los acuerdos, viene el exparamilitar”, dijo. 

Mateo, con Tejidos Chakana, también ha utilizado diferentes formas de expresión que transmiten un mensaje para detener el conflicto. “[Tejer es] llevar un mensaje a la sociedad, un mensaje que las víctimas, que los excombatientes, que estas poblaciones que han estado vinculadas históricamente al conflicto tienen también otras formas de expresarse”, afirmó. 

Construir la paz también implica sanar y canalizar las emociones vividas en el conflicto para llegar a la reparación y la memoria. “Muchos símbolos como esculturas, pinturas, dibujos, […] e incluso expresiones musicales han sido creados a lo largo de la historia para catalizar el impacto de los hechos violentos sobre la psique humana”, afirmó la abogada Carolina Estupiñán en artículo presentado como tesis de la maestría en Reconciliación y Convivencia en la Universidad Libre. 

Malú enfatizó la ayuda que ha tenido a través de las letras y las palabras. “Fue encontrarme con el dolor por medio de relatos, la niña, el reclutamiento, la violencia sexual. […] Es un libro que no quería escribir. Porque no quería hablar de esa mujer que tanto me duele, que aún estoy en construcción del perdón con el cuerpo. Así hice con este [indica el libro “Alzo mi voz”], cuando traje todo a mí, ya lo pude leer tranqui”. En sus libros ella también habla sobre su pareja, que hasta hoy está desaparecida, sobre la niñez y la mujer de la actualidad. Así, Malú también sana su dolor y sana a las personas que se identifican con el relato. 

Estas tres personas desde sus labores también construyen cultura de paz, que es "una batería para cargar pilas a la sociedad civil, a sus conciencias y a sus posibilidades de actuación, para rebelarse, conquistar el alma y derrotar cultural y espiritualmente a la violencia” según la Escuela de Cultura de Paz​ de España. Es decir, la cultura de paz se da cuando la sociedad apuesta por la paz en todas sus relaciones y valora la vida que “para el presente actual no es más que una oportunidad. Porque todavía no tenemos cultura de paz. Porque la cultura no es un enunciado solamente, la cultura es un modo de vida”, según Uriel Cárdenas. 

Malú, Virgelina y Mateo han encontrado en su talento una forma de sanar, reconciliarse, pero sobre todo de construir paz, memoria y cultura de paz. Lo han encontrado principalmente desde sus propias iniciativas, con poco o casi nulo apoyo institucional.

¿Hay apoyo institucional?

“No hay ningún apoyo institucional más allá de las convocatorias del Distrito”, afirmó Mateo. Sin embargo, añade que no considera las convocatorias como un apoyo, sino como una oferta cultural para toda la ciudad. Así mismo, Virgelina habla que recibió poco apoyo. “Eran las dos, era Alta Consejería y era Unidad de Víctimas que me apoyaban ahí entre dientes, pero me prestaban las sillas, me prestaban la carpa, pero bueno, lo hacían a última hora, pero lo hacían”. Hoy, después de varios arropamientos, el Gobierno Nacional, y las Alcaldías Locales se han articulado y apoyan el Costurero. 

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) afirmó a Rutas del Conflicto que ha desembolsado recursos para proyectos productivos de firmantes de la paz, incluyendo siete en artes y cultura. El Ministerio de Cultura respondió que ha invertido 850 millones de pesos en regiones afectadas por el conflicto, promoviendo formación, participación, becas y circulación de las artes. En Bogotá, la Secretaría de Cultura y el Instituto Distrital de Artes (Idartes) también impulsaron programas para la paz. La Secretaría benefició a 386 víctimas, mientras que Idartes tuvo siete iniciativas enfocadas en paz, memoria y reconciliación.

Además del apoyo institucional a las artes y la cultura, la exigencia que hacen Malú y Virgelina a través de sus expresiones artísticas va más allá: es la restauración de derechos.

Restauración de derechos

En Colombia se presentan múltiples problemas que afectan los derechos humanos, de acuerdo con el último informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, del 2022. Entre estos, la desigualdad que “afecta principalmente a mujeres, personas en zonas rurales, pueblos indígenas y afrodescendientes y habitantes en condiciones de pobreza de las grandes ciudades”. 

“La magnitud de los desafíos es abrumadora: los conflictos y la violencia que han durado décadas, las desigualdades estructurales profundamente arraigadas, la discriminación y la exclusión, y la débil o inexistente presencia del Estado en muchas de las zonas rurales afectadas por los conflictos”, afirmó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en visita a Colombia este año.

“Cuando estamos haciendo estos arropamientos, estamos en una exigencia de restauración de derechos”, afirmó Virgelina. Malú también exige restauración de derechos para ella y quienes han vivido el conflicto y han ejercido el trabajo sexual en Colombia. “Soy víctima y no voy a dejar de ser víctima hasta que a mí no se me restablezcan todos los derechos”, afirmó.

Restaurar los derechos también hace parte de la construcción de la Cultura de Paz. Desde sus proyectos artísticos, Virgelina, Malú y Mateo exigen memoria, reconciliación, paz y sanación. Mientras divulgan su arte, a través de la aguja y la pluma, permiten que más personas conozcan la realidad que vivieron y se sumen en la construcción de un país mejor.

Actualizado el: Mié, 10/04/2023 - 14:17

No enseñar a mentir

Fábricas de ‘URL’ y de sensacionalismo disfrazado de investigación. A eso se ha reducido un amplio sector del periodismo, especialmente el de grandes medios de comunicación, que buscan ser virales a toda costa. Para este entorno laboral ya no se necesitan reporteros que duden de las fuentes oficiales, que busquen diversas voces para contar una historia, que tengan el menor sentido de la ética.

Por: Óscar Parra, director de Rutas del Conflicto.

Fábricas de ‘URL’ y de sensacionalismo disfrazado de investigación. A eso se ha reducido un amplio sector del periodismo, especialmente el de grandes medios de comunicación, que buscan ser virales a toda costa. Para este entorno laboral ya no se necesitan reporteros que duden de las fuentes oficiales, que busquen diversas voces para contar una historia, que tengan el menor sentido de la ética.

Son dos recetas que no fallan: producir tanta información como la audiencia pueda consumir de un tema de interés momentáneo, aunque irrelevante, o saciar los prejuicios sociales y políticos más oscuros a punta de mentiras o ‘testimonios explosivos’ que no tienen ningún tipo de respaldo. Luego vienen los millones de usuarios, los clics, las bodegas y las redes sociales que se frotan las manos con la viralidad.

No sé si en algún momento los pénsum de periodismo cambien, si lo que comenzarán a formar las universidades será a ‘productores de contenido’ con cuotas mínimas de noticias al día que garanticen un alto tráfico de audiencia. O dóciles reporteros que descubran minas de indignación a cualquier precio y le vendan el alma a la mentira a cambio de fama y poder.

Es muy difícil ver a la cara a los estudiantes de periodismo en estos días. Todo lo que ofrece este entorno de producir contenido tiene un fuerte problema de abuso laboral, que además, terminará por prescindir de la mayoría de redactores. Recién graduados, mal pagos, pasan sus jornadas escribiendo decenas de notas de tres o cuatro párrafos sin ninguna fuente, con un titular para redes sociales que ni siquiera tiene que ver con el texto. Pronto la inteligencia artificial los dejará sin trabajo. 

He escuchado a muchos egresados cansados y desencantados de lo que ahora les ofrecen estos medios. Y sí, hay que hablar en plural, porque no se puede hablar únicamente de Semana, que se ha convertido en un ‘estándar’ para señalar estas malas prácticas. En su afán por ser parte del imparable tren de la coyuntura, por la obsesión de la viralidad, varios medios han ido recorriendo caminos similares.

Es un lugar común decir que la gente ya no cree en el periodismo y que el responsable de ese descrédito es la misma prensa, pero las cifras de tráfico muestran a unas audiencias voraces que consumen masivamente el contenido que quieren, que les ofrecen los mismos medios que tanto se critican. Ese mismo contenido que les refuerza sus sesgos, sus prejuicios, que les entrega toneladas de información vacía y que llena las horas viendo sus celulares.

Afortunadamente queda un reducto en el oficio que insiste en el rigor. Aunque lejos de las cifras de tráfico con millones de usuarios únicos, decenas de medios alternativos hacen muy buen periodismo en Colombia, al igual que varios reporteros de grandes medios, que reman en contra de una corriente cada vez más fuerte. Por eso, y a pesar de todo, es importante insistir desde las aulas de las universidades en las buenas prácticas, en cuidar al periodismo, pero también en cuidar al periodista, en su entorno laboral. No permitir que esta ‘industria’ lo convierta en un dispensador de información sin valor para la sociedad.

Actualizado el: Dom, 10/01/2023 - 10:29

Más de 700 indígenas siona siguen confinados y desplazados en medio de combates de grupos ilegales

El pueblo siona espera la ayuda humanitaria ante la emergencia causada por la confrontación entre dos grupos disidentes de las antiguas Farc-EP.

 

Desde hace dos semanas, cerca de 265 familias y 745 de indígenas permanecen confinados y desplazados de su territorio en los resguardos de Buenavista y del Piñuña Blanco, en Puerto Asís, Putumayo. El pueblo siona ha denunciado públicamente que esto se dio debido a una confrontación entre dos grupos disidentes de las antiguas Farc-EP, el Frente 1 Carolina Ramírez y los Comandos de la Frontera. La población de ambos resguardos es beneficiaria de medidas cautelares dentro de un proceso de restitución y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que piden al Estado colombiano salvaguardar la vida y la integridad personal de la comunidad y sus líderes. Según afirman, las órdenes judiciales aún no fueron implementadas. 

Los enfrentamientos entre los grupos y el confinamiento empezaron desde el 15 de septiembre, según comunicados divulgados por la comunidad del resguardo Buenavista. Un día después, siete familias fueron desplazadas de Puerto Silencio (en el mismo resguardo), y más de 400 personas urgen atención humanitaria. En Piñuña Blanco, ese mismo día hubo el desplazamiento de 19 familias, y otras 192 personas necesitaban atención humanitaria. Las personas desplazadas también se encontraban en condición de hacinamiento y falta de servicios básicos. 

Las familias confinadas, según los comunicados, tuvieron bloqueado el acceso a sus chagras (cultivos de subsistencia), mientras persistía el paso de actores armados ilegales y del Ejército por el territorio, además del toque de queda desde las 18:00 h y la suspensión de servicio público fluvial y terrestre. Aún de acuerdo con el último comunicado, divulgado el 21 de septiembre, las denuncias públicas a las autoridades competentes no habían tenido respuesta.

Una líder del pueblo siona asegura que la situación de riesgo ya estaba en conocimiento del gobierno nacional. Entre el 5 y 8 de septiembre ella y otros líderes de la comunidad viajaron a Bogotá para exigir la implementación de las medidas cautelares ordenadas por la CIDH, pero regresaron sin una respuesta contundente del gobierno que les garantizara su cumplimiento. 

El 17 de septiembre las autoridades del pueblo siona se desplazaron hasta Puerto Silencio, en el resguardado Buenavista, donde les contaron que a media hora del lugar se escuchaban los enfrentamientos entre los grupos armados. En el perfil de la comunidad en la red social X, antes Twitter, hay videos testimoniales de personas que han sido desplazadas, en los que relatan cómo esto ha impactado su estabilidad física y psicológica. Lina María Espinosa, abogada de derechos humanos de la ONG Amazon Frontline, le contó a Rutas del Conflicto que la mayoría de los desplazados tras los enfrentamientos se concentran en el centro del resguardo Buenavista, en la caseta comunal.

En videos, comunicados y entrevistas, los siona han denunciado que en sus territorios han habido sobrevuelos constantes de aviones de combate, presencia de ambos grupos armados, falta de atención por parte del estado colombiano, reclutamiento forzado de jóvenes, quema de casas y toques de queda. También divulgaron que hay tiendas a las que se les prohibió atender, tierra en la que no se puede trabajar y ríos en los que no se puede transitar. 

En los comunicados públicos, la comunidad solicita presencia humanitaria inmediata por parte del Estado y de organizaciones de derechos humanos, y que la Defensoría del Pueblo emita una Alerta Temprana para que la situación sea tenida en cuenta por las instituciones. También pide la presencia de brigadas para tratar a los adultos mayores y a la salud mental de los habitantes de los resguardos. 

El Ministerio del Interior informó a Rutas del Conflicto que fue enviada una misión humanitaria al resguardo Buenavista y que se realizó una misión médica el 23 de septiembre. También aseguró que se acordó la apertura de un nuevo corredor humanitario para llevar ayuda, incluyendo kits de alimentación, para el fin de semana del 30 de septiembre. Según el ministerio, se estableció que el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas apoye las acciones de emergencia humanitaria. 

Los gobernadores de los resguardos de Buenavista y Piñiña Blanco han requerido combustible para la movilización en el territorio y dotaciones para la guarda indígena y para un espacio comunitario en Puerto Asís, para el caso de que se incrementen los combates y sea necesario desplazar a la comunidad, informa el ministerio. La Dirección de Derechos Humanos de la entidad participó en un consejo de seguridad sobre la confrontación armada en el territorio el 16 de septiembre y contó con la presencia de la Alcaldía de Puerto Asís en el Subcomité Nacional de Prevención, realizado el 18 de septiembre (haz clic para ver la respuesta completa del Ministerio de Interior).

La reiterativa violencia contra el pueblo Siona

El Auto 004 del 2009 de la Corte Constitucional enfatiza que el pueblo siona está en peligro de ser exterminado. La Corte señala que la comunidad ha sido víctima de violaciones de derechos fundamentales individuales, colectivos y del Derecho Internacional Humanitario. 

Según la abogada Nury Martínez, de la Comisión Colombiana de Juristas, que representa al resguardo Buenavista en el proceso de restitución de tierras, existen varias decisiones judiciales que le han ordenado al Estado proteger de diversas maneras a esta comunidad y su territorio. “Hay unas medidas cautelares dentro del proceso de restitución de derechos territoriales que blindan la propiedad de la tierra y ordenan la protección de los indígenas del resguardo en varios niveles. También está la sentencia T341 de 2022 de la Corte Constitucional, que no solo ordenó agilizar el proceso de restitución, sino que sirvió para establecer un plan de descongestión de estos casos en todo el país”, señala Martínez.

Anteriormente el pueblo siona había tenido tensiones con la multinacional petrolera británica Amerisur Exploración Colombia Limited, filial de Amerisur. Incluso, el 22 de agosto de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor de la comunidad del resguardo Santa Cruz de Piñuña Blanco en una acción de tutela contra la empresa. 

En esta decisión se le ordenó a Amerisur suspender los estudios de sísmica y se instó a las partes a conformar una mesa de conciliación para resolver la disputa. El tribunal también le solicitó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) realizar una visita para determinar los límites geográficos del resguardo y entender si el área donde se realizaron los estudios estaba dentro del territorio indígena.  

 

 

 

 

 

 

Actualizado el: Lun, 10/02/2023 - 08:09

Luchas contra el viento y el machismo

Las mujeres Wayúu llevan una batalla histórica por buscar el reconocimiento de sus liderazgos en su comunidad. A pesar de sus  avances en este trabajo, varias lideresas señalan que algunas   empresas con proyectos de energías renovables en La Guajira han entorpecido estos procesos, causando conflictos violentos entre clanes y poniendo en riesgo la vida de las mujeres que luchan por defender su territorio.  

 

En las comunidades indígenas de La Guajira, donde la cultura y la tradición están arraigadas en el tejido social, las mujeres wayúu tienen un rol esencial como guardianas del conocimiento ancestral y el cuidado del territorio. Sin embargo, según las voces de las mujeres entrevistadas para este reportaje, su presencia ha sido marginada y minimizada en las negociaciones con las empresas interesadas en la implementación de campos eólicos en la región.

Durante los últimos seis meses, este territorio ha estado en el debate político nacional. Su potencial energético renovable ha hecho que los ojos sean puestos, nuevamente, sobre estas tierras desérticas. Aquello que parecía una promesa de desarrollo económico y social, se convirtió en la fuente de discordia entre la comunidad, sobre todo, en un obstáculo que afecta a las mujeres y sus liderazgos. 

Mientras el gobierno nacional y las empresas que tienen proyectos de campos eólicos en el departamento piden aceleración en la consolidación y formalización de estos procesos, las lideresas solicitan diálogos amplios e incluyentes. Para las mujeres wayúu es importante sentarse a hablar con todos los actores afectados por la transición energética de La Guajira, pero, sobre todo, están pidiendo que toda la comunidad tenga conocimiento amplio y la información necesaria sobre los procesos que intervienen en su territorio. 

El viento que quiebra: las afectaciones de las discusiones eólicas en el trabajo de las lideresas. 

Los parques eólicos de La Guajira son vistos como el gran proyecto colombiano de transición energética. Son capaces de generar más de 24.000 watios por día. Existen 17 empresas que buscan poner en marcha sus proyectos para llegar a generar energía a 4,1 millones de personas en todo el país. Un proyecto estratégico para el desarrollo económico y social de media y alta Guajira que ha generado grandes fricciones y quebrantamientos en las comunidades. 

“Se ha fragmentado esto. Los lazos del pueblo Wayúu se han roto. El tejido social del que se habla con el pueblo, de verdad, está en su peor momento”, narra Ismenia Iguarán, lideresa indígena de Uribia, en La Guajira. Se refiere a los problemas internos que se han generado tras las negociaciones de permitir en los territorios ancestrales la entrada de estas empresas. 

Joanna Barney, investigadora de la organización Indepaz y autora de Por el mar y la tierra guajiros vuela el viento Wayúu, afirma que la llegada de estos proyectos energéticos se tradujo en pugnas comunitarias. “Las empresas no tuvieron en cuenta las decisiones de las comunidades, las afectaciones a la medicina tradicional que ejercen las mujeres, que se traduce en economía y sostenimiento familiar”, señaló Barney. 

La llegada de los negocios de transición energética ha puesto en disputa a varios clanes del pueblo Wayúu. Son alrededor de 50 proyectos, de los cuales 21 tienen problemas sociales asociados, según la organización Indepaz. El más recurrente es la legitimidad de las autoridades indígenas que entran en procesos de consulta previa o que suscriben acuerdos con las empresas. 

Por una parte, está la autoridad ancestral que puede negociar los proyectos que se realicen en el territorio, según sus usos y costumbres y en acuerdo con la Corte Constitucional y, por otra parte, está la autoridad certificada por la Dirección de Consulta Previa. 

Como lo recopila el informe ‘‘Por el mar y la tierra guajiros vuela el viento Wayúu", a la fecha van nueve líderes asesinados en hechos relacionados con los parques eólicos y seis comunidades desplazadas tras amenazas de muerte. 

Para las mujeres indígenas wayúu, el panorama no es muy distinto. Jackeline Romero, de Fuerza Mujeres Wayúu, afirmó que las mesas de negociación entre las autoridades de la zona y las empresas no contemplan la presencia de ninguna mujer. “Son negociaciones asimétricas porque la empresa viene  de comunidad en comunidad, convenciendo a los hombres y las autoridades de que nosotras no hacemos parte de esta conversación”, afirma Romero. 

Además, señala que varias de estas compañíashan logrado desestimar todo lo que este grupo de mujeres han logrado colocar en la discusión. “No vale hacer resistencia y demostrar que nuestras opiniones son importantes, porque simplemente no nos quieren escuchar”, explicó.  

En palabras de Ismenia Iguarán, una lideresa wayuú que lleva desde muy joven trabajando por el territorio y los derechos de las comunidades indígenas, las mujeres son ignoradas, olvidadas y hasta censuradas de los espacios de negociación.  

“Yo pienso que, como mujer, hemos sentido el desconocimiento desde el primer momento de la consulta previa por parte de las empresas”. Para muchas de las mujeres indígenas, ese desconocimiento nace de  no reconocer su rol dentro de las comunidades y no verlas como parte fundamental en la construcción de la comunidad. 

Las lideresas dicen son señaladas de ser un obstáculo permanente en los procesos de negociación y “culpables” de impedir que lleguen las promesas que hicieron las empresas al permitir su llegada al territorio, como lo son tanques de agua, soberanía alimentaria o empleos. Las estrategias de las empresas, que denuncian las comunidades , no sólo desconocen las dinámicas del territorio, sino que sacan a flote tensiones internas y, por lo tanto, aumenta la división y rompen el tejido social. 

El pasado habla, pero nadie lo escucha 

Las comunidades Wayúu han sido víctimas durante décadas de proyectos económicos que han llegado a su territorio. Uno de los que más tienen presente las mujeres wayúu es la minería a cielo abierto, pues reconocen todos los problemas que estas operaciones extractivas han suscitado en la comunidad. 

La empresa Cerrejón ha sido la encargada de la actividad minera desde 1985 y ahora tiene la explotación carbonífera a cielo abierto más grande del mundo. Desde entonces el Estado colombiano la ha presentado como una muestra de desarrollo y orgullo. 

Sin embargo, para gran parte de la comunidad wayúu, la presencia de la explotación de carbón en el territorio ha significado la desarmonía de la comunidad. Desde su llegada, se han presentado casos de desplazamiento forzado, desapariciones, presencias de grupos armados, deterioros en el tejido social y daños ambientales. 

Así lo relata en su informe de comunidades étnicas, ‘Resistir no es aguantar’, de la Comisión de la Verdad al narrar los hechos de la masacre de Rodeíto El Pozo en 2001, cuando cuenta a través de varios testimonios que la familia asesinada había sido desplazada a raíz de la llegada de la empresa el Cerrejón. 

Aleida Tiller Uriana, socióloga y lideresa wayúu, recuerda todos los atropellos que vivió la comunidad cuando se estaba consolidando el proyecto de Cerrejón en la Guajira. De todo lo vivido con esta empresa de minería, según Tiller, se han tomado algunos aprendizajes desde la parte cultural y jurídica. En el momento en que había comenzado el proyecto minero, no existía un reconocimiento de las comunidades indígenas en la Constitución, lo que complicaba su participación en las decisiones del territorio. 

La situación con la llegada de los parques eólicos es diferente, ya que existen leyes y tratados internacionales, firmados por Colombia, que protegen a las comunidades indígenas. En 1991, el país se comprometió a preservar los derechos culturales y territoriales de pueblos indígenas y tribales a razón del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la que es parte Colombia. 

Sin embargo, como lo manifestaron varias mujeres Wayúu y los informes generados por Indepaz sobre estos proyectos de energía renovable, poco o nada se ha cumplido en la protección de su pueblo y especialmente en la consulta previa. Un ejemplo de ello, como lo relata el informe, es que durante la pandemia el entonces presidente Iván Duque autorizó al Ministerio de Interior realizar las consultas de manera virtual.

Aunque el mismo Ministerio derogó la circular, quedó en la memoria de las comunidades wayuú que el gobierno estaba interesado en cumplir con el requisito a como fuera lugar. Incluso, sin importarle que las comunidades no tuviesen un verdadero proceso de consulta, pues en el territorio no había ni energía ni Internet. 

También se ha presentado otras irregularidades, como las que se relatan sobre los proyectos offshore, campos eólicos que se encuentran costa afuera. A pesar de que van adelantados en las solicitudes de permisos con la autoridad ambiental, Corpoguajira, varios de estos no cuentan con la socialización del proyecto y mucho menos con la consulta previa. “Los proyectos se ven ya “maduros” y ya solicitaron las torres de medición ante Corpoguajira, pero las comunidades Wayúu de esas áreas de influencia ignoran lo que ha estado sucediendo”, se lee en el informe de Indepaz. 

Para Tiller lo que está pasando con la llegada de los parques eólicos es una repetición de los problemas que se vivieron desde la llegada de Cerrejón. Promesas irreales, datos poco rigurosos y falta de claridad en los detalles de los proyectos. 

“Yo le preguntaba a los ancianos, que en su momento eran los jóvenes de esa época de Cerrejón, y a ellos les decían: ‘El agua ya no te va a faltar, te va a llegar por tuberías y también tendrás luz. Llegaban en helicópteros en nuestra pista de carrera de caballos. Pero, ¿hoy que tenemos? Estamos más pobres que cuando llegó Cerrejón’”. Para la socióloga y lideresa wayúu las afectaciones también han traído lecciones aprendidas que espera que las comunidades indígenas apliquen con los proyectos eólicos. 

El trabajo de las mujeres en la protección de su territorio

De acuerdo con Tiller Uriana, la función de la mujer Wayúu es proteger el territorio, mantener el equilibrio y la armonía familiar. No obstante, en los últimos años especialmente las mujeres más jóvenes han levantado su voz para preguntar, analizar y discutir sobre lo que sucede en su comunidad, saliéndose del escenario meramente doméstico al que algunos hombres las han intentado encasillar.

Durante la firma del Pacto por la Transición Energética Justa, Rafael López, líder de la comunidad Tankamana, aseguró que las mujeres no tienen porqué estar en la discusión de estos diálogos sobre el territorio.  “Hay guerras entre nosotros, pero la mayoría no es por las empresas, algunas razones tienen que ver con la representatividad en los municipios, ya que en estos se posesionan mujeres Wayúu. Las mujeres son sagradas, pero no pueden ejercer la autoridad dentro de nuestro sistema. Ellas solo son consejeras entre sus Clanes”, afirmó el palabrero. (ver video)

Para Tiller, estas palabras son una demostración de lo que sucede dentro de la comunidad. “Cuando los hombres se sienten en peligro por el trabajo que hacemos para defender el territorio, empiezan a señalar la esencia de la mujer Wayuú, apelando que solo estamos para la cocina y para obedecer”, afirmó Tiller.

Para la socióloga esto es clave para entender el actuar de las empresas. De acuerdo con las denuncias de varias lideresas, estas organizaciones se aprovechan de estos discursos para excluirlas de las discusiones. Sin medir palabra, las empresas llegan al territorio a hablar directamente con el hombre. 

“A nosotras nos excluyen porque saben que siempre vamos a pensar en los beneficios comunitarios. Los hombres, algunos, pueden tranzar con el dinero que les ofrece la empresa”, señala una de ellas. 

Para Jakeline Romero Epiayu, defensora wayúu de derechos humanos en el departamento de La Guajira, es necesario que las mujeres de su pueblo no sean vistas solamente como un ser sagrado que esté en armonía con el pueblo y el territorio, sino que esto se traduzca en que ellas puedan tomar decisiones en las comunidades. 

“A mí no me interesa usurpar el papel del tío materno porque ese va a ser el papel histórico, social, cultural y político. A mí lo que me importa es que ahora, en estos tiempos y en estas dinámicas nuevas, se entienda que las mujeres también aportamos a la cultura”, señaló Romero. 

Tras la violencia paramilitar a comienzos de los 2000,  las afectaciones en el territorio y en la salud por la minería, las mujeres decidieron comenzar procesos organizativos para cuidar y defender  al pueblo Wayúu. De este proceso, nace Mujeres Fuerza Wayúu en 2006 como una forma de visibilizar y denunciar las violaciones de derechos humanos.  

“Una oportunidad de formación política de mujeres y una forma de incidencia para la participación y para elevar la voz de las mujeres como una voz más en las comunidades, no como una representante de ellas”, afirmó Jakeline Romero. 

No solo se han enfrentado a las tradiciones del pueblo Wayúu, a las afectaciones por el conflicto armado o a las luchas por la protección ambiental del territorio. También lo han hecho, desde hace algún tiempo, con las empresas que han llegado a los territorios con proyectos de parques eólicos. Fue así que, Fuerza Mujeres Wayúu comenzó su trabajo de la mano de las comunidades, escuchándolas luego de los diálogos que se tenían con las empresas. 

Desde las primeras conversaciones con las empresas que llegaron al territorio, esta organización ha intentado participar en los procesos., las cuales hicieron un ejercicio netamente con la comunidad. “Nosotras nos acercamos después de esos diálogos para hacer una protocolización y para escuchar las voces de la comunidad”, explicó Romero Epiayu. Desde ese momento, comenzaron a notarse algunas controversias, pues se hablaba de promesas de empleo y de 'desarrollo', pero poco se tocaba las afectaciones al territorio. 

Además, también identificaron otra problemática. “En cada proceso, las mujeres eran una voz muy importante internamente en su comunidad, en organizar, en orientar las conversaciones. Pero, a la hora de tomar decisiones, de firmar actas, de protocolizar acuerdos, las mujeres no estaban, eran solo autoridades masculinas”, dijo Romero Epiayu.

Luego de percatarse de estas falencias, decidieron crear espacios de conversación, principalmente con mujeres, para que fuesen ellas las que pudiesen tener la capacidad de intervenir en las discusiones con las empresas, de acuerdo con las necesidades de cada una de sus rancherías y familias. 

A esta iniciativa se le llamó ‘Mujeres Amigas del Viento’, creada de la mano de la organización Oxfam. Se trataron de encuentros con lideresas de varias partes del departamento en los que se informaba y denunciaba los inconvenientes que cada una vivía en su comunidad respecto a los proyectos eólicos. Esto permitió destacar las prácticas machistas e irregulares de muchas empresas, reflexiones que han sido importantes en la discusión general sobre las actuaciones de estas empresas en el territorio guajiro. 

Después de las promesas, ¿llegará la calma? 

Durante la primera semana de julio, el presidente Gustavo Petro estuvo en La Guajira para atender la crisis social que vive el departamento. La falta de servicios de salud, la escasez de agua potable y la desnutrición infantil son algunas de las problemáticas con las que lidian las comunidades desde hace años y que buscaron ser atendidas mediante decretos planteados en esos encuentros. 

El Gobierno Nacional expidió un total de 11 mandatos de ley para atender el estado de emergencia económica, social y ecológica que vive el departamento. Con ellos, se promete una atención prioritaria a la educación, salud y alimentación de toda la población Wayúu, especialmente de los niños, niñas y jóvenes. Sin embargo, durante la visita, también hubo un interés por aclarar el futuro de la transición energética en La Guajira. 

Esto se ve reflejado en el decreto 1276 del 2023, por medio del cual se toman medidas para ampliar el acceso al servicio de energía eléctrica y “preservar los medios de subsistencia de la población a través del rescate de la transición energética”. Según el decreto, esta medida se toma con el fin de superar la crisis humanitaria y el estado de cosas inconstitucionales. 

En el documento se señala, con preocupación, el atraso que están teniendo los proyectos de energía renovable, como los campos eólicos. “Actualmente, existen 17 proyectos de generación de energía renovable en la región y únicamente 2 de estos proyectos han cumplido con el cronograma trazado a tiempo. Es decir, el 82% de los proyectos están atrasados”, se afirma en el escrito del decreto.

Para el Ministerio de Minas, la falta de desarrollo, los problemas financieros y las dificultades de operación que han tenido las empresas durante la ejecución de los proyectos han puesto en riesgo la subsistencia de las familias. Según se afirma en el decreto, el fracaso de estos proyectos de transición energética en la región causaría la pérdida de bienes, servicios y empleos pensados para la comunidad. 

Sin embargo, las lideresas afirman que, si bien estos proyectos pueden significar una fuente de beneficios para la comunidad, deben hacerse conversaciones donde prime el consentimiento informado y la participación simétrica de la comunidad. De lo contrario, estos proyectos seguirán exacerbando las diferencias entre clanes y siendo fuente de conflicto que pone a la mujer en riesgo. 

“El nivel de conflicto se agudizó totalmente con la llegada de los parques, entonces no han sido tan limpios en comparación con algunas manchas de sangre, que ya ha corrido en el territorio”, afirmó Aleida Tiller. De acuerdo con la lideresa Wayúu, las falsas expectativas de las empresas y el Estado causan más conflicto. 

Joanna Barney, investigadora de Indepaz, señaló las preocupaciones que tiene sobre estos decretos. “Muchas promesas pintan un gran paisaje, pero se nota que a esos decretos les hace falta territorio, hace falta aterrizarlos. Hay muchos huecos, en muchas partes, que generan más preguntas que respuestas”, dijo en el diálogo con CINEP, ‘La Guajira en emergencia: Un debate impostergable’.

 

Actualizado el: Mié, 08/30/2023 - 13:17