Por Juan Andrés Romero, Sabrina Bastidas y Fernanda Barbosa

La historia de Juan Andrés Romero, amenazado cuando tenía 17 años, muestra que las instituciones no brindan las garantías necesarias. El entonces estudiante de bachillerato hacía parte de la misión médica que acompañaba las manifestaciones del Paro Nacional en Pasto, en 2021. Recibió amenazas por las redes sociales y hasta presencialmente, cuando personas desconocidas escribieron “AUC HP” en el portón de la casa donde descansaba.

El estudiante denunció su caso ante la Fiscalía General de la Nación, y solicitó protección, pero solo tuvo acceso a la protección preventiva por parte de la Policía. Las respuestas que recibió en la época señalaron un posible vacío legal: mientras el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Policía dijeron que la Unidad Nacional de Protección (UNP) tenía esta responsabilidad, la UNP la atribuyó al ICBF.

Juan Andrés y Rutas del Conflicto nos unimos para contar, a través de su historia, cuáles son los derechos de la infancia y de la juventud en el país, los riesgos en casos de amenazas a menores activistas, los límites para su protección y las respuestas de las instituciones.

Derechos en jaque

El 28 de mayo de 2021, en medio del Paro Nacional, recibí una amenaza por mensaje en Instagram, desde una cuenta sin foto, con solamente un seguidor, llamada “Muerte a los campesinos”. Parecía falsa. “Mocoso Siga (sic) marchando y vera como su único alimento será la mierda que su culo produce. (...) La cura de esta enfermedad que tiene el país es la muerte de estos muertos de hambre que para lo unico que sirven es consumir oxigeno!! (...) #AbajoElParo #ESMADEjecutalos #DesinfeccionDeLadrones #ElQueMarcheEsTerrosita”, decía el mensaje, textualmente. En esa época, yo hacía parte de la misión médica que, en Pasto, acompañaba a los manifestantes. 

Amenaza recibida por la red social Instagram

El mensaje tenía, además, información sobre una de mis profesiones y mis aspectos físicos. Tenía 17 años. Recuerdo que estaba con mi madre y con los amigos de ella. El mensaje llegó en la noche, por Instagram. Tuve esa sensación entre susto y risa nerviosa. Se la mostré a mi madre, y nos dimos cuenta de que sí era grave. Comúnmente, como por el susto, tendía a normalizarlo. Pensaba “ay no, pues de pronto fue alguien jodiéndome la existencia y nada más”. Pero, después, nos dimos cuenta de que sí era una amenaza. Ahí decidí bajar mi perfil, disminuyendo el número de mis publicaciones en redes sociales y mi presencia en las protestas.

En la misma época, pasé a recibir llamadas que parecían hacer un puente entre dos celulares diferentes, o en las que se escuchaba un ruido de fondo, pero sin que nadie hablara nada. Ahí el dilema se intensificó. Era bastante raro. Empecé a sentir ese miedo… ¿Será que sí estaba pasando algo? 

Aún tenía 17 años cuando empecé a percibir las persecuciones de personas, carros y motos. A mí me gusta mucho caminar, andar por la calle tranquilo. Pero ya no lo podía hacer. Cuando empezamos el proceso judicial debido a las amenazas, una de las recomendaciones de la policía fue nunca andar solo. Siempre debía estar en carros y, si iba a ir en taxi, debía pedirlo por teléfono o aplicación. Estaba en undécimo grado, y mi costumbre era salir, tomar un café con los amigos. Mi mamá se volvió casi como mi escolta. 

Una de las situaciones más complejas que viví ocurrió una vez que estaba con mi mejor amigo. Las personas más cercanas a mí también sabían las recomendaciones: si caminábamos yo me metía hacia la parte de adentro de la acera y ellos hacia la calle. Esa vez íbamos caminando, cuando pasó una moto. Se metió en contravía y dio la vuelta para devolverse hacia donde yo estaba, en la esquina. El conductor gritó algo, nunca entendí qué. De ahí nos empezó a seguir, acompañando despacio nuestro caminar. 

Menos mal estábamos muy cerca de la casa de una amiga, entonces nos metimos allá.  Nos detuvimos a pensar… Dentro de todo, a veces nos cagábamos de risa y dudábamos. ¿Será mentira? ¿Será verdad? A veces llorábamos juntos también. Y esta vez sí se sintió real.

Las amenazas no quedaron solo en Pasto, y me acompañaron también a Bogotá. En noviembre de 2021, iba caminando con dos amigas cuando recibí un mensaje por Instagram. “Te vimos por Avenida Chile”, y precisamente había pasado por allá. Al principio me lo tomé muy a chiste, pero mi amiga me hizo caer en cuenta de que no era algo normal. En ese tiempo, era candidato a los Consejos Municipales de Juventud, y reporté el hecho a la lista de candidatos del movimiento político del que participaba. 

Días después, en mi casa de descanso en Cundinamarca, también pasó algo grave. En ese lugar escribieron “AUC HP” en el portón, pero nunca supimos quienes fueron. Ya no estaba allá, y me comentaron lo que había sucedido mientras abordaba el avión para Pasto. Llamé a contactos que tenía en la Policía debido a la primera denuncia de las amenazas…  No les pareció un hecho cualquiera: me recomendaron enviarles la placa del carro de mi mamá, que me recogería en el aeropuerto. De ahí, todos los CAIs y los lugares donde había policías estarían pendientes hasta que llegáramos a casa. 

Era una situación que podía afectar no solo a mí, sino también a mi familia y a otras personas. Me desesperé y lloré.

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Una responsabilidad constitucional

La Constitución, en su Artículo 44, les otorga a los niños los derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la seguridad social, la alimentación equilibrada, el nombre, la nacionalidad y el tener una familia. Se menciona también la protección contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y los trabajos riesgosos. La responsabilidad de su protección es de la familia, de la sociedad y del Estado.

El Código de la Infancia y Adolescencia, creado en 2006, declara que los niños, niñas y adolescentes son “sujetos de derechos”, que deben ser cumplidos y garantizados. El artículo 40 de este Código añade que se deben “asegurar las condiciones para el ejercicio de los derechos y prevenir su amenaza o afectación a través del diseño y la ejecución de políticas públicas sobre infancia y adolescencia”. No obstante, existen violaciones a estos derechos.

El niño ambientalista Francisco Vera también recibió una amenaza de muerte en 2021, cuando tenía 11 años e hizo un video pidiendo un mejor acceso a la educación durante la pandemia. Según reportaje del periódico El Tiempo, la Policía se comunicó con la madre de Francisco para notificarle del inicio de un protocolo de inteligencia de delitos informáticos. Tras la amenaza, el activista salió del país.

Los grupos armados ilegales también generan riesgos a los menores de edad en Colombia. Entre 2011 y 2021, 822 niñas, niños y adolescentes ingresaron a un proceso de restablecimiento de derechos en el ICBF debido a amenazas a su vida por estos grupos. Los datos fueron enviados por el instituto en respuesta a solicitud del entonces representante a la Cámara Mauricio Toro, en noviembre de 2021. En el mismo período, 468 menores de edad estaban amenazados de reclutamiento forzado inminente, según el ICBF.

Los registros de violación de los derechos de la infancia y de la juventud han seguido en 2023. En el pasado mes de mayo, la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) denunció el asesinato de cuatro niños y adolescentes indígenas que habían sido reclutados forzadamente por el Frente Carolina Ramírez, grupo residual de la exguerrila de las Farc, y que intentaban escapar. En el mismo mes, 39 niños, niñas y adolescentes se vieron en medio de un enfrentamiento entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Frente Dagoberto Ramos, otro grupo residual de las antiguas Farc. La comunidad del resguardo Pioyá, en el Norte del Cauca, denunció que los estudiantes se quedaron cerca de 32 horas confinados en un colegio. La misma comunidad lideró a los niños hasta un lugar seguro en compañía de la guardia indígena, mencionó en Twitter el consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Eduin Capaz.

La falta de garantías de seguridad en el Norte del Cauca también se pudo ver en el resguardo Guadualito, donde la comunidad negoció directamente con actores armados para la liberación de menores de edad, según reportaje publicado en abril por Rutas del Conflicto.

“No hay un respeto ni un gozo efectivo para el derecho a la vida y en ese sentido, se ha fallado muchísimo. Ya se han pasado alertas e informes manifestando que la niñez está en peligro y no se ha avanzado nada”, afirmó a Rutas del Conflicto Yiner Quiguantar Cortés, encargado de la red departamental de jóvenes del Cauca y vocero de la minga suroccidental de jóvenes.

Hilda Molano, coordinadora de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado (Coalico), afirmó que, debido a la falta de respuesta institucional, se hace importante el apoyo desde las organizaciones sociales. “Hay una necesidad de generar mecanismos de búsqueda activa cuando los niños han sido reclutados”, añadió.

¿Quién responde por la protección de menores amenazados? “No se les garantiza [a los menores de edad] la protección para que su vida siga prevaleciendo, la Unidad Nacional de Protección [UNP] falla muchas veces”, añadió Quiguantar Cortés.

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Protección a medias

Después de la primera amenaza en Instagram, decidí denunciar los hechos ocurridos ante la Fiscalía. Más que encontrar un culpable, estaba interesado en la protección estatal. La idea de andar con un chaleco o con escoltas no me convencía totalmente, pero lo pensé… Mi integridad era más importante que mi privacidad. 

Una defensora de derechos humanos me recomendó hablar con un grupo de abogados en Pasto. Ese grupo me acompañó en el proceso de la denuncia en la Fiscalía sin cobrar nada, su trabajo era voluntario en estos temas. La denuncia penal se radicó en junio de 2021 ante la Fiscalía. La entidad se encargó de contactar a la Policía para iniciar una protección preventiva y un proceso ante la UNP.

Ninguno de nosotros sabía que la UNP no respondería a mi caso.

Poco más de un mes después, la Policía llegó a la casa. Los agentes se presentaron como los encargados de la protección preventiva. Me dieron sus números para que pudiera contactarlos. También revisaron la seguridad residencial: qué rutas tomaba, cómo me transportaba, si había celador o no en el edificio. Nos dieron recomendaciones, como cambiar frecuentemente las rutas utilizadas para ir al colegio o visitar familiares. También debía pedir los taxis por radio, para que hubiera un registro de la llegada y la salida del conductor ante la empresa.

Con esta protección preventiva activa, mi caso fue enviado a la UNP. La Unidad me pidió algunos documentos, como la certificación de líder social y de la misión médica que hice parte en el Paro Nacional.

Tras la denuncia, el ICBF fue accionado, porque era menor de edad. Me llamaron dos veces, siempre con la presencia de una psicóloga, una defensora de familia y un funcionario del ICBF para Pasto. Me hicieron muchas preguntas. ¿Qué comía? ¿Con quién vivía? ¿Estaba o no estudiando? ¿Cuántas veces iba al baño al día? Querían verificar la veracidad de mi denuncia o si había maltrato en el hogar.

Luego, me citaron en las instalaciones del ICBF con mi madre. Me pesaron, me midieron, y me pasaron a consulta con una psicóloga. Solamente en el último paso, con la psicóloga, se trató el tema de la violencia política. Ella me dijo que esta era la primera vez que el ICBF en Nariño recibía un caso de amenazas a menores de edad.

En ese entonces, estaba a seis meses de cumplir 18 años, y ya había decidido ser candidato al Consejo Municipal de Juventud. Hice mi inscripción en agosto y, en septiembre, se realizó un análisis de seguridad en mi casa. A la reunión acudieron la comisaria de Familia del ICBF y tres agentes de Policía: el intendente encargado de la seguridad en las elecciones del consejo y otros dos agentes de la seccional de Protección y Servicios Especiales, además de mi madre y yo. Los policías de protección, encargados del contacto con UNP, nos explicaron que yo estaba en un vacío legal.

Le preguntaron a mi madre si ella estaba amenazada, porque podrían pedir protección de UNP a ella, por ser mayor de edad, y a mí, por ser su hijo. Este no era mi caso… No podían pedir la protección directamente para un menor de 18 años, según nos informaron.

Ya la Policía era responsable por brindar protección para personas que ejercían un cargo público. Este tampoco era mi caso…

Mi madre y yo pedimos que nos enviaran un documento con esa información detallada, por escrito. Nunca lo recibimos. A pocos meses de cumplir 18 años, la UNP no me podía brindar protección. El ICBF tampoco, por no tener un sistema de seguridad integrado a sus funciones. La Policía lo hacía, siguiendo con el plan preventivo empezado por la denuncia en la Fiscalía. Pero era una protección a medias, ya que no había garantías de un acompañamiento permanente.

De todas formas, el intendente remitió mi caso a la UNP unos días después. Nunca tuve una respuesta. Me preocupé, pero no solo por mí, sino por los liderazgos jóvenes de todo el país.

Por el sistema preventivo que tenía, iba una patrulla a mi casa, los policías me daban un documento con recomendaciones de seguridad y decían que iban a estar pendientes. Regresaban cada 15 o 20 días a preguntar si todo estaba bien. Hacían un seguimiento constante, entonces sabían en qué parte estaba, qué estaba haciendo. De igual manera, tenía contacto directo con policías y, en caso de emergencia, podía llamarlos.

Se puede decir que había una seguridad, pero aún así dejé de caminar en la calle. Cuando lo hacía, sentía mucho miedo. En ese entonces, ya había tomado la decisión de irme a estudiar en Bogotá. Cuando me mudé, sin embargo, todo fue más difícil. Nunca pude solicitar el cambio de residencia de la protección preventiva. El fiscal encargado de mi caso en Pasto no contestó a mis llamadas y correos.

Desistí.

Más de un año después, descubrí que la Fiscalía había archivado mi denuncia.

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¿Un vacío legal?

La experiencia de Juan Andrés Romero motivó a que el joven y el entonces representante a la Cámara Mauricio Toro enviaran una serie de solicitudes de información a la UNP, al ICBF y a la Policía, en 2021. Las respuestas señalaron un posible vacío legal: mientras el Instituto y la Policía dijeron que la responsabilidad por la protección de menores de edad era de la UNP, la Unidad la atribuyó al ICBF.

“Cuando un niño, una niña o un adolescente sea víctima de cualquier acto que vulnere sus derechos de protección, de su integridad personal, o sea víctima de un delito (…) deberán vincularse a un programa de atención especializada (…). Los programas deberán (…) ser formulados en el marco de las políticas públicas de infancia y adolescencia dentro del Sistema Nacional de Bienestar Familiar”, afirmó la UNP, citando el artículo 60 de la Ley 1098 del 2006.

Cuestionada directamente sobre las razones por las que no brindaba protección a menores de edad, la Unidad contestó que el ICBF y el Código de la Infancia y la Adolescencia eran los que dictaban las reglas para esa población.

Rutas del Conflicto volvió a consultar la entidad este año, y la respuesta fue diferente. “Cualquier colombiano o residente en Colombia tiene el derecho a acceder al Programa de Prevención y Protección que lidera la UNP, siempre y cuando el ciudadano se encuentre dentro de las poblaciones objeto de la entidad, y el riesgo tenga conexidad con su actividad”, informó, en respuesta a un derecho de petición. Dentro de los lineamientos de la UNP está la “protección de personas en situación de riesgo extraordinario o extremo” de poblaciones priorizadas, que incluyen activistas de organizaciones de derechos humanos, sociales, cívicas, comunales o campesinas, además de víctimas de violaciones a los derechos humanos. Los niños, niñas y adolescentes no son citados directamente, ni como una población priorizada, ni como excluida de la protección.

Rutas del Conflicto solicitó a la entidad tanto el número de personas menores de 18 años actualmente con protección como el número de solicitudes de protección realizadas por esa población. La UNP contestó, vía oficina de prensa, que no podría dar datos precisos porque estos “gozan de reserva legal, y solamente se puede expedir información mediante solicitud de autoridad judicial”. La entidad añadió que, en los casos relacionados con menores de edad, “activa sus procedimientos internos a solicitud del ICBF” (Haz clic para ver la respuesta de la UNP a Rutas del Conflicto).

La Policía Nacional respondió, en noviembre de 2021, que “no cuenta con la competencia para la asignación de medidas de protección de NNA [niños, niñas y adolescentes], pues ésta recae sobre la Unidad Nacional de Protección. No obstante, la Institución presta seguridad en el marco de acciones preventivas (…)”, como ocurrió en el caso de Juan Andrés.

En el mismo mes, la respuesta del ICBF señalaba que “es competencia de la Unidad Nacional de Protección -UNP-evaluar y adoptar las medidas de protección, ante las situaciones de riesgo extraordinario de los niños, niñas y adolescentes que reciben amenazas a su vida e integridad.” Según el instituto, sus medidas “no tienen como finalidad valorar el riesgo por amenazas que afecten la vida, la integridad física y libertad de un niño, niña y adolescente”, por lo que no cuenta con mecanismos de seguridad física, como escoltas, cámaras de seguridad o vehículos blindados.

El ICBF volvió a atribuir a la UNP la protección de menores de edad amenazados, en respuesta a un derecho de petición enviado este año. El instituto agregó, sin embargo, que la garantía de los derechos se debe realizar de “manera conjunta y mancomunada” entre las entidades del Estado. Las Comisarías de Familia son otro ejemplo de institución encargada de la protección a los menores de edad, pero exclusivamente en casos de violencia “relacionada con el contexto familiar”, según la Secretaría de Integración Social en Bogotá. La Fiscalía General de la Nación también fue cuestionada sobre el tema por Rutas del Conflicto, pero no contestó.

Mauricio Toro, excongresista que acompañó el caso de Juan Andrés y actualmente es presidente del ICETEX, no considera que haya un vacío legal, sino que hubo una “falta de voluntad de funcionarios de la UNP” durante el gobierno del expresidente Iván Duque (2018-2022).

“La UNP es la entidad encargada de dar protección a los colombianos que la requieran por sus funciones o por su activismo, lo que incluye a menores de edad, no hay razones ni fundamento para su exclusión (…). Valdría la pena hacer una mención expresa en la ley, pero creo que hoy las normas son suficientes y lo que se necesita es verdadera voluntad política de proteger a los menores”, afirmó (haz clic para ver la entrevista).

Protagonistas y sujetos políticos

La participación política de los jóvenes se ha fortalecido en Colombia en los últimos años, con escenarios como los consejos de juventudes y los espacios autónomos o apoyados por otras organizaciones. Sin embargo, este reconocimiento “no pasa ni trasciende al sujeto político, que es lo que hace que, como cualquier defensor o defensora de derechos humanos en un contexto como el colombiano, se presenten riesgos”, afirmó Sinthya Rubio, doctora en Estudios Avanzados en Derechos Humanos. “Hay que comenzar a comprender a los niños, niñas y adolescentes dentro de su protagonismo como sujetos políticos”, añadió.

A pesar de la existencia de diferentes entidades encargadas de la infancia y de la juventud en el país, la ruta de protección en casos de amenaza aun no es clara. “A un menor se la da la protección solamente cuando a sus papás o las personas mayores de edad encargadas de ese menor hayan sido amenazados. El esquema de protección no es para él, sino para su familia. No tiene que ver con la situación de riesgo en la que se encuentre específicamente el niño”, explicó Hilda Molano, coordinadora de Coalico.

La falta de una garantía de protección trae consecuencias tanto al activismo como a la vida personal de los menores en riesgo. Juan Andrés afirma que, tras el inicio de las amenazas, fue diagnosticado con trastorno de pánico, ansiedad y depresión leve. “Llegó un punto en el que toqué fondo. Acudí al psicólogo y al psiquiatra, y les conté todo. Me di cuenta que había muchas cosas que parecían no ser amenazantes, pero que lo eran. Incluso creo que hasta ahorita tengo ese trastorno de pánico, obviamente ya más camuflado”, relató.

Jimena Patiño, mamá de Juan Andrés, agregó que el vacío legal sobre la protección le generó más incertidumbre, y la hizo actuar para protegerlo. “Decidí acompañarlo en las últimas marchas, tenerlo allí al lado mío. Era una parte de tranquilidad porque sentía que yo lo iba a proteger”, afirmó a Rutas del Conflicto.

Tras el trasteo del hijo a Bogotá, Patiño sintió miedo de represalias hacia él. Juan Andrés ya cumplió los 18 años, pero sigue con el activismo en defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. “Ojalá se pueda cumplir la ley y que haya protección para los menores de edad”, agregó la mamá.

Actualizado el: Jue, 11/16/2023 - 10:46

Por:Alejandra Cetina 

Esta organización tiene como objetivo la preservación de los saberes, tradiciones e identidades de las mujeres, sus territorios y el fortalecimiento organizativo. Las mujeres del Putumayo se organizaron para la defensa del territorio, sus tradiciones, su cultura y sus prácticas ancestrales. Soportaron y siguen resistiendo las violencias de los actores armados y esperan poder seguir transmitiendo su conocimiento y evitar el exterminio del pueblo siona en la región amazónica 

Paola Margarita Chindoy es una joven de gran sonrisa, piel trigueña y pelo liso y es una de las mujeres indígenas que lidera Asomi. Su labor es la de liderar el proceso en conjunto con las directivas, pertenecer al comité Juntas para tejer y hacer el relacionamiento público.  Como la mayoría de las lideresas que pertenecen a la Asociación, ella heredó los conocimientos y el  mandato de su madre Rosario Chicunque.

Paola Chindoy arengando en la Plaza de Mocoa, Putumayo. Ricardo Sánchez Gómez

“Ha sido un proceso de legado muy bonito en el que honro el camino de mi abuelita mamá Conchita y el de taita Santiago. Mamá Conchita fue una de las fundadoras de Asomi. Y en una ida al territorio para transmitir los conocimientos trajo a mi mamá, a mamá Charito y ella en ese mismo proceso nos empezó a traer a mi hermanita y a mí. He ido caminando ese sentir, ese pensar y esas palabras de las mamitas que inicialmente estuvieron y me vieron aquí chiquita”, cuenta Paola. 

En un ambiente en el que las mujeres no participaban tanto en los espacios de toma de decisiones y en medio de la sobrecarga del trabajo de cuidado en los hogares, nació Asomi, como una respuesta para enriquecer y practicar  los conocimientos y saberes ancestrales. 

La asociación se ha convertido en un ejemplo de resistencia frente a las violencias que se ejercieron sobre las comunidades indígenas durante el conflicto armado y como una propuesta de conservación ancestral y del territorio.  Como lo relata Paola Chindoy, la creación de la asociación nació de la visión de un taita, máxima autoridad dentro de los territorio indígenas, y han sido las mujeres, generación tras generación, las que, apropiándose de este espacio, lo han sacado adelante durante 20 años. 

El trabajo de Asomi se extiende a diversos territorios de los departamentos de Putumayo y Caquetá. Sus actividades se desarrollan en los municipios de Santiago, Colón, Sibundoy y San Francisco del Alto Putumayo, Mocoa y los resguardos Inga Kamëntša y Yunguillo del Medio Putumayo. Mientras que en la zona del bajo Putumayo tienen presencia en Santa Rosa, ubicado en el Valle de Guamuez, Buena Vista y Nuevo Amanecer, en Puerto Asís. Además hay varias mujeres que pertenecen a la Asociación, en el resguardo Yurayaco, situado en Florencia, Caquetá.

Como parte de sus labores, entre el 18 y el 20 de agosto de 2023, Asomi en compañía de otras organizaciones de la sociedad civil convocó al Festival del Agua, la Montaña y la Vda. Este evento fue el momento perfecto para que las mamitas sabedoras, la guardia y los jóvenes de los pueblos indígenas se reunieran por la defensa del territorio, por la preservación de sus tradiciones y por la transmisión de sus conocimientos. El evento tenía como objetivo sensibilizar a las instituciones estatales y a la ciudadanía sobre la defensa del territorio amenazado por proyectos extractivistas de cobre, petróleo y otros recursos naturales.

Al festival asistieron comunidades indígenas de toda la región, además de organizaciones y líderes ambientales de la amazonía. Ricardo Sánchez Gómez

 

Las mamitas fundadoras

Asomi nació luego de que en 2004 se creara la Unión de Médicos Indígenas Yageceros de la Amazonía Colombiana, para fortalecer la medicina tradicional y preservar el conocimiento ancestral. En ese momento el taita del Pueblo Siona del Resguardo Buenavista, Francisco Piaguaje, visionó que las mujeres también deberían organizarse con el mismo propósito pero desde la mirada femenina y promoviendo el autocuidado.

En ese mismo contexto, el taita  hizo énfasis en la importancia de que además las mayoras tuvieran un espacio para continuar transmitiendo su sabiduría a las generaciones más jóvenes. Y es que por el conflicto armado y el desplazamiento, las chagras, es decir lugares sagrados en donde se preserva la cultura y la soberanía alimentaria, se fueron debilitando. 

Según la Comisión de la Verdad, entre 2001 y 2008 fueron desplazadas en el departamento 28.775 personas. Las comunidades indígenas no solo fueron expulsadas de sus territorios sino que fueron confinadas. En palabras de la Comisión, esto o afecta la sobrevivencia de los pueblos indígenas y el desarrollo de su cultura en el territorio, al atentar contra las prácticas de alimentación (caza, pesca y cosecha de alimentos) y el uso de las plantas medicinales, y restringir el acceso a los sitios sagrados, así como a espacios fundamentales en la vida cotidiana, como los ríos, los caminos y los sembrados. Lo que trae como consecuencia un un desarraigo y una desprotección del territorio. 

En los primeros días de octubre de 2023, se conoció que la comunidades indígena Siona llevaba más de dos semanas confinadas y desplazadas de su territorio en los resguardos de Buenavista y del Piñuña Blanco, en Puerto Asís, Putumayo. Las comunidades denunciaron que los hechos violentos se dieron por la confrontación  entre dos grupos disidentes de las antiguas FARC-EP, el Frente 1 Carolina Ramírez y los Comandos de la Frontera. “Las familias confinadas, según los comunicados, tuvieron bloqueado el acceso a sus chagras (cultivos de subsistencia), mientras persistía el paso de actores armados ilegales y del Ejército por el territorio, además del toque de queda desde las 18:00 h y la suspensión de servicio público fluvial y terrestre. 

La situación de amenaza a estas comunidades no es nueva. Por medio del Auto 004 de 2009: ‘Planes Salvaguarda’ para comunidades y pueblos indígenas de Colombia, el Ministerio del Interior ratificó las condiciones de exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas del Putumayo y del Caquetá, además de las del resto del país.  Los daños ambientales derivados de los cultivos de uso ilícito, contaminación de las fuentes de agua por la minería ilegal y las actividades petroleros en ríos como el Putumayo, el deterioro social por la presencia de grupos armados, las disputas territoriales interétnicas, instituciones estatales débiles y asesinatos a líderes y lideresas indígenas son situaciones que el Auto menciona como factores determinantes en el exterminio. 

Brigitte Escobar, es una joven de apenas 18 años que tuvo que salir de su territorio por el conflicto armado. Tras su retorno al resguardo indígena Buenavista empezó un proceso de apropiación cultural que la llevó a pertenecer a la directiva de su resguardo y al semillero Raíces Ancestrales de Jóvenes que tiene Asomi.

Brigitte Escobar es indígena siona. Es lideresa de su comunidad e integrante de Asomi. Ricardo Sánchez Gómez. 

“Mi proceso de apropiación tiene que ver con el cuestionamiento al decir soy indígena, pero no conozco mi cultura. Eso vincula un poco el l semillero de jóvenes que se llevan en Asomi ya que le damos la importancia de seguir fortaleciendo, estos trabajos como de conocerme a mí misma, conocer mi identidad, cómo cuido mi cuerpo que es mi primer territorio para seguir cuidando nuestro entorno biodiverso y cultural”, asegura Brigitte. 

Son varios los jóvenes que al retornar a su territorio se han interesado en recuperar sus costumbres culturales y sus saberes ancestrales a través del semillero de la organización, como lo explica Brigitte. Según cuenta Paola Chindoy, esta iniciativa surge también de la necesidad de estar en constante comunicación con los resguardos y con las necesidades que estos tienen. “Son niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres que están en este camino de fortalecimiento y de empezar a vincularse con la representación de cada territorio. Esto nos permite siempre estar como en esa comunicación”, añadió la líderesa. 

La chagra

Las mujeres indígenas de Putumayo pasan su vida muy cerca de las chagras, allí es en donde siembran su alimento, recogen las plantas medicinales, cuidan a su familia y se transmite el conocimiento. Es el lugar en donde convergen las mujeres, el territorio y la sabiduría. Eso hace que su relación con el territorio sea ancestral y poderosa.

La cascada surte de agua a familias del resguardo indígena Kamëntsá. Ricardo Sánchez Gómez

En el caso de Asomi, una larga colina de más de 52 hectáreas se convirtió en su espacio sagrado. Allí yacen cientos de árboles amazónicos altos y frondosos, una cascada que alimenta todo el territorio y cientos de animales que encuentran allí el único lugar preservado, seguro y alejado de la intervención humana. El lugar, que es una reserva de la sociedad civil y está en trámite para constituirse como una reserva ambiental, tiene como propósito preservar el territorio que había sido deteriorado por la ganadería y así cuidar los saberes y costumbres ancestrales. 

Con carnavales, cantos y bailes, durante el festival del Agua, la Vida y la Montaña, Asomi, varias instituciones educativas y otros colectivos le hicieron frente a estas problemáticas y le dijeron “no” a todas esas afectaciones territoriales en  el Putumayo. “Que feo, que feo, que feo debe ser, destruir nuestras montañas y no poder comer”, era una de las arengas de niños, jóvenes y adultos gritaban a medio día en la avenida principal de Mocoa. 

 

“En este proceso nos hemos dado cuenta que todas estas afectaciones ambientales también tienen un impacto en nuestras formas de vida. Ha sido como ir en ese paralelo de entender que, para defender nuestros saberes, para continuar viviendo de acuerdo a la enseñanza de nuestros abuelos y abuelas, es necesario defender el territorio y tener el territorio”, aseguró Paola.

Desde el 2016, Asomi ha fortalecido las chagras asociadas por medio de procesos como el reconocimiento e inventariado de especies y variedades de plantas que cada mujer tiene en su chagra, la protección y reproducción de las mismas y la transmisión de los conocimientos. Para mamita Francisca Jacanamijoy, una de las mujeres mayores de Asomi que tiene conocimientos de medicina ancestral que heredó de sus padres, esto es un avance en su territorio porque “las otras personas están recibiendo nuestras sugerencias, nuestros saberes. Están aprendiendo y ellas son las mujeres del mañana que van a van a defender lo que nosotros tenemos”.

Como parte de sus luchas territoriales la Asociación participó activamente en la  creación del Plan de Salvaguardias para las Comunidades Indígenas de Putumayo en el que se incitó a comunidades y autoridades estatales a implementar medidas de precaución para la protección de los derechos humanos, la autonomía territorial y la integridad cultural. En 2008, contribuyó en la creación de las áreas ambientalmente protegidas de Orito Iyu Ande, el Parque Nacional Los Churumbelos  y en el  plan de cogestión para el Parque Nacional Alto Fragua IndiWasi. 

Esta estrecha conexión fue precisamente la razón por la cual, dentro de los eventos del Festival del Agua, la Montaña y la Vida, se incorporó una travesía a través de una porción del territorio de Asomi. Durante un recorrido de cerca de 45 minutos, visitantes, jóvenes indígenas, mujeres y niños disfrutaron de la montaña, aprendieron de los caminos, de las plantas y de las aves y la importancia del territorio para las comunidades indígenas. Dentro de los objetivos trazados por la Asociación, se encuentra la apropiación profunda de su espacio mediante el conocimiento. Como dicen las mujeres sabedoras "para aprender, es necesario recorrer el territorio".

Sentipensar

Para las comunidades indígenas el fuego es el lugar de encuentro. Allí se “siembran” las placentas de las mujeres luego de dar a luz, se dialoga, y se transmiten conocimientos y saberes. Es el lugar en donde jóvenes, mamitas y taitas dialogan y toman decisiones. “Es el espacio de diálogo de consejo de escucha de reflexión de orientación de  juntarnos como comunidad como familia para para poder tejer la  palabra”, afirmó Paola. Asomi se plantea ser precisamente el fuego, el punto de encuentro de las mujeres de los pueblos indígenas Sionas, Kofanes, Koreguajes, Ingas y Kamëntsá. 

“Lo vemos como una gran fortaleza. Que nuestras mujeres estén en los territorios significa que las acciones que hace Asomi pueden tener un mayor impacto y una mayor visibilización. También nos ha permitido entender cómo están las problemáticas ambientales en todos los resguardos. Uno a veces hace un ejercicio rápido con las mujeres y dice, bueno, en el Alto Putumayo están contaminando el río y eso explica porqué al Medio o al Bajo llega tan mal”, explica la líder.

Uno de los mayores retos para la Asociación es el de transmitir y difundir  los conocimientos y las experiencias de los mayores a través de los dos departamentos. Es por eso, que espacios como el Festival , son el momento oportuno para que lleguen mujeres de todos los resguardos, se compartan los saberes e incluso reciban capacitación profesional de los ingenieros, biólogos y otras asociaciones que llegan hasta Mocoa para ayudar con el proceso. 

Mamita Yolanda, es otra de las mujeres mayores que empezó el proceso en Asomi gracias a la herencia de sus ancestras. Ella cuenta que al crear la asociación una de las necesidades que detectó su madre y que logró minimizar con la creación de una escuela indígena y con la fundación de la asociación, fue la falta de formación de los niños y jóvenes de los resguardos indígenas. Para la mamita sabedora estar en el proceso de formación de Asomi es una oportunidad para que los más pequeños aprendan sus conocimientos y ella obtenga unos nuevos de las otras mujeres de la asociación. 

A Yolanda se le suma la mamita Francisca. Ella, en Asomi, encuentra la oportunidad de que los niños se interesen en sus conocimientos de medicina ancestral y además de capacitarse en nuevas técnicas o plantas de otros territorios que también tengan propiedades curativas. Son varias personas las que, por ejemplo, se acercaron a ella durante el Festival de la Montaña, el Agua y a la Vida buscando aliviarse de dolores de cabeza, afecciones estomacales e incluso (en el caso de las mujeres) problemas en el útero. “Tiene que hacerlo con fe” dice cada que receta algún medicamento o “cura” algún amuleto.

 

Reconocimiento

Las mujeres coinciden en que de sus mayores preocupaciones es el cuidado y la tenencia del territorio. Muchos de los resguardos indígenas han perdido extensiones de tierra e iniciativas como Asomi luchan en contra de los problemas ambientales que rodean al municipio por la llegada de personas interesadas en sus tierras. Para mamita Yolanda, la máxima prioridad de las mujeres es la preservación de su territorio. Según ella, en él reside la vitalidad, la esencia misma de su cultura, las plantas medicinales y el agua, que es fundamental para la existencia humana, de las plantas y del territorio. 

Y es que, según la plataforma Global Forest Watch,  desde 2001 hasta 2022, el departamento de Putumayo perdió 169 hectáreas de bosque primario húmedo.

“Una amenaza para los pueblos indígenas han sido las minerías ilegales que están detrás del petróleo, atrás del oro o atrás del carbón, detrás de todo lo que tiene que ver con los recursos naturales. Por eso decidimos no dejar entrar a estas maquinaria. Somos una organización, la única diferencia es que nosotros no somos de armas, sino de bastón de lucha”, añade mamita Yolanda

En el último año, los habitantes del Putumayo no solo se han tenido que enfrentar a la minería ilegal. Hace un tiempo que Libero Cobre (filial de la empresa canadiense Libero Copper and Gold) mostró su interés en el territorio ya que aseguran que hay una amplia cantidad de cobre mineral clave en  la transición energética, ya que se usa en la fabricación de baterías. Sin embargo, tanto las mujeres indígenas de Asomi, como las personas del casco urbano de Mocoa les preocupa los intereses de la empresa. 

El alcalde del municipio, Jhon Jairo Imbachi, le aseguró a Revista Semana que  “tanto las comunidades indígenas como las veedurías ciudadanas, los jóvenes y las mujeres han dicho que no quieren esta explotación minera para unos ecosistemas tan frágiles como son los de Mocoa, ya hemos vivido experiencias fuertes por no respetar la naturaleza, por no respetar a los ríos, entre ellas la avalancha del 2017 y no queremos que esto vuelva a pasar”.

Además, la mamita Francisca asegura que para proteger las costumbres y saberes ancestrales incluido el medio ambiente, es necesario contar con fuentes de empleo dignas. “La principal necesidad que hay es el trabajo. No hay un trabajito para que las mujeres se desempeñen libremente y puedan aportar bien a la familia porque hay escasez, no hay buenos trabajos. Algunas mujeres jóvenes lo único que han podido aprender es a hacer artesanías”, cuenta Francisca. 

Las jóvenes como Brigitte y Paola se preocupan porque las nuevas generaciones puedan formarse dentro de las mismas comunidades que aquellos que decidan salir de ellas para recibir formación profesional decidan volver a implementar sus conocimientos en los resguardos y se apropien de sus territorios, de su cultura y de sus saberes. 

Brigitte señala que el mensaje es que se conozcan a ellos mismos y se acepten tal como son, que conozcan su historia, sus orígenes, sus lineamientos y procesos.

“Es clave que esto se desarrolle también desde la educación propia, no desde una educación tan estructurada o profesional, sino de vincular los procesos de concientización de formación de recorrer el territorio. Que entendamos que si me preparo no es sólo para estar en los espacios externos sino para pensar sobre lo que estoy haciendo y puedo aportar en mi territorio”, concluye Brigitte. 

 

 

 

 

 

 

Actualizado el: Mar, 10/31/2023 - 14:48

Por: Juan Carlos Granados Tuta

La delicada situación humanitaria que se vivió el 2 de marzo de 2023 en la que fallecieron dos campesinos y un policía obligó a la institucionalidad colombiana a prestar atención a las problemáticas en la inspección de Los Pozos, un sector del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá. Sin embargo, los reclamos de las comunidades siguen sin ser atendidos y afrontan una estigmatización reforzada por el cubrimiento de varios medios de comunicación, que relacionaron a la población con grupos armados y que, inclusive, desinformaron, responsabilizando a la guardia indígena de los hechos violentos que ocurrieron ese día.

Actualizado el: Vie, 10/27/2023 - 12:28

Fábio Bispo - InfoAmazonia

La promesa de una universidad exclusiva para los pueblos indígenas de la región de Alto Solimões, en el estado brasileño de Amazonas, que convenció a líderes de al menos seis territorios de firmar precontratos con empresas colombianas para generar créditos de carbono, ha desafiado las directrices de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI) estatal y del Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil.

El proyecto, que originalmente cruzó la frontera hacia tierras indígenas brasileñas promovido por un ciudadano colombiano llamado José Antonio Pérez Manrique, prevé la financiación de una unidad de enseñanza superior con la venta de créditos de carbono. Las comunidades luego firmaron un precontrato con la empresa colombiana Concepto Carbono para desarrollar esa iniciativa de carbono que posteriormente comenzó a ser planeada por otras tres empresas colombianas aliadas: Carbo Sostenible, Terra Commodities y Yauto. Sin embargo, a la fecha no existe autorización alguna de las autoridades brasileñas para la creación de la universidad, ni tampoco para el desarrollo de proyectos de créditos de carbono en la región. Ese proceso, en el que estuvieron involucradas las cuatro empresas y Pérez Manrique,  podría haber llevado a los dirigentes a firmar documentos con cláusulas posiblemente abusivas y a avanzar en proyectos que hasta hoy no están cumpliendo la obligación de consulta previa contenida  en un convenio internacional sobre derechos indígenas adoptada por Brasil.

En agosto del año pasado, la FUNAI negó la entrada a representantes de las empresas Carbo Sostenible, Terra Commodities y Yauto a los territorios del Alto Solimões y les aconsejó a éstos no firmar acuerdos debido a la falta de reglamentación del mercado de carbono en Brasil. Tres meses después, el 6 de noviembre de 2022, se firmaron al menos seis "cartas de exclusividad" con Concepto Carbono que autorizaban a la empresa a implantar un proyecto de secuestro de carbono en los bosques de las Tierras Indígenas de Riozinho, Rio Biá, Estrela da Paz, Macarrão, Espírito Santo y Acapuri de Cima. El acuerdo, que es una especie de precontrato en el que las partes ya tienen obligaciones, incluía tierras que ni siquiera han sido aprobadas por el gobierno federal.

La FUNAI dice no tener conocimiento de las "cartas de exclusividad" firmadas por los líderes indígenas, pero afirma que "todos los contratos firmados corren el riesgo de ser cancelados, en vista de las cuestiones técnicas y jurídicas sobre la viabilidad, los procedimientos necesarios y el cumplimiento de las salvaguardias socioambientales, incluido el derecho a la consulta libre, previa e informada [CLPI]".

En agosto de 2022, la Oficina de Coordinación de la FUNAI informó de que había denegado a empresas la entrada a tierras indígenas en el Alto Solimões para tratar proyectos de carbono. Reproducción/Funai 

La consulta previa es una de las obligaciones impuestas por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y trata del derecho de las comunidades tradicionales a ser consultadas sobre acciones que impacten en sus territorios y formas de vida. En julio de este año, el Ministerio Público Federal (MPF) publicó una Nota Técnica para orientar a los fiscales federales sobre proyectos de carbono en territorios indígenas. El documento hace hincapié en la necesidad de contar con el apoyo técnico del Estado y advierte que "la consulta previa debe tener lugar en la fase de planificación y antes de tomar cualquier decisión".

Los proyectos firmados con Concepto Carbono abarcan 1,6 millones de hectáreas de tierras indígenas en los municipios de Jutaí, Fonte Boa, Carauari y Juruá, todos en el estado de Amazonas, cerca de la triple frontera con Colombia y Perú, en territorios ocupados por los pueblos kokama, katukina, miraña, kambeba, tikuna, kanamari y kulina. Los seis acuerdos firmados por los jefes de los pueblos dieron paso a tres proyectos de créditos de carbono, denominados Jutaí-1, Jutaí-2 y Río Biá, que figuran en fase de desarrollo en la cartera de CommunityRedd+, una alianza de empresas colombianas que llevan a cabo proyectos de compensación ambiental en comunidades tradicionales de Colombia y, más recientemente, de Perú y Brasil.

Además de estos seis precontratos en Solimões, esta alianza también tiene un proyecto de carbono en la Tierra Indígena Enawenê Nawê, en el estado brasileño de Mato Grosso, donde también hay pueblos en aislamiento voluntario. En ese proyecto participa una empresa brasileña, JGP Consultoria e Participacoes Ltda. Según informa CommunityRedd+ en su sitio web, este proyecto también se encuentra en fase de desarrollo.

En una carta enviada a su Coordinación Regional de Alto Solimões (CR-AS) en agosto de 2022, la oficina principal de FUNAI en Brasilia explicó que "la transacción de créditos de carbono en tierras indígenas tiene peculiaridades que plantean dudas y apuntan a la necesidad de una definición específica, dado que se trata de tierras de propiedad federal destinadas a la posesión y usufructo permanente de los indígenas".

Según el Ministerio Público de la FUNAI, cualquier proyecto de carbono en tierras indígenas requiere autorización del Gobierno Federal, lo que no ha ocurrido en los acuerdos firmados en Alto Solimões o Mato Grosso

Aldea de Bugaio, en la Tierra Indígena de la Estrela da Paz. Christian Braga/InfoAmazonia. 

 

 En septiembre de este año, InfoAmazonia visitó las comunidades del Alto Solimões y descubrió que el proyecto de créditos de carbono llegó a la región con la promesa de crear la llamada Universidad Indígena Diferenciada de los Pueblos Amazónicos (UIDPA), una idea que cautivó a las comunidades y se convirtió en el principal motor para que los líderes aceptaran el acuerdo con Concepto Carbono. 

En ninguno de los proyectos se han realizado consultas previas en el sentido del convenio 169 de la OIT, y las decisiones se han restringido a los caciques y líderes con quienes los empresarios tienen contacto. Hasta el momento, los proyectos son prácticamente desconocidos por la gran mayoría de las comunidades.

En los acuerdos firmados, los líderes indígenas se comprometen a guardar total confidencialidad sobre "la carta de intención", so pena de incumplir lo pactado: "todas las negociaciones comerciales y acuerdos entre las partes serán confidenciales", dice un extracto del documento firmado por los líderes indígenas con Juan Eduardo Hernández de Concepto Carbono.

También se restringe a los indígenas iniciar, adelantar o firmar cualquier otro proyecto de "reducción de emisiones" sin autorización de Concepto Carbono, ya que cada territorio sólo puede vender una vez los resultados de deforestación evitada y, por tanto, no puede haber otros proyectos allí.

Además, el acuerdo prevé que las partes designen un tribunal de arbitraje en Bogotá. Según expertos consultados por el reportaje, dicha cláusula podría considerarse abusiva porque presenta "desigualdad económica entre las partes y dificultad de acceso al poder judicial", como explica la abogada Brenda Brito, doctora en derecho de la Universidad de Stanford e investigadora asociada de la organización Imazon. "Creo que este contrato sería fácilmente declarado nulo si se llevara a los tribunales brasileños", señala Brito.

Los términos de los precontratos firmados por los indígenas exigen la confidencialidad sobre el proyecto en tierras federales y establecen un tribunal de arbitraje en Bogotá para resolver los conflictos. Reproducción/Precontrato.

Los documentos afirman que los indígenas se quedarían con hasta el 70% del valor de la venta de los créditos negociados. Sin embargo, no está claro qué costo les supondría mantener intacta la superficie forestal del proyecto -sin deforestación- ni cómo invertirían ese dinero.

Aunque los precontratos sólo están firmados con Concepto Carbono, otros documentos obtenidos por InfoAmazonia, como el modelo de negocio y la propuesta de trabajo para el desarrollo del programa, muestran que el proyecto presentado a los indígenas incluye a otras tres empresas que operan en el mercado de carbono colombiano: Carbo Sostenible, Terra Commodities y Yauto, que junto a Visso Consultores y Plan Ambiente conforman la alianza Comunidad Redd+. Las empresas que la integran dicen tener importantes clientes globales en otros proyectos, como Coca-Cola y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El folleto entregado a los líderes indígenas incluye los logotipos de las cuatro empresas.

En el proyecto entregado a los indígenas figuran cuatro empresas colombianas, aunque sólo una de ellas, Concepto Carbono, aparece firmando el precontrato. Fábio Bispo/InfoAmazonia. 

En marzo de este año, el Centro Latinoamericano de Periodismo Investigativo (CLIP) reveló que las mismas empresas involucradas en proyectos de carbono en Solimões (Carbo Sostenible, Terra Commodities y Yauto), vinculadas a CommunityRedd+, excluyeron a indígenas locales de participar en los resultados de un proyecto de carbono desarrollado en el resguardo indígena de Monochoa, en la Amazonia colombiana. Según el reportaje, dos de las seis comunidades del territorio fueron excluidas del proyecto de carbono, a pesar de que las tierras que habitan estaban dentro del área incluida por las empresas, por lo que esas dos aldeas indígenas no se beneficiaban de los créditos de carbono que se vendían en el mercado voluntario y no podían participar en otros proyectos de compensación ambiental.

Por estar aún en fase de desarrollo, los proyectos en las tierras indígenas de Solimões y Mato Grosso aún no han generado créditos de carbono certificados para su venta en el mercado. Tras estructurarse con las comunidades locales, un auditor independiente deberá evaluar la calidad del proyecto y luego la norma de certificación lo aprobaría. Este sello de calidad es lo que permite vender los créditos en el mercado, que suelen comprar empresas que buscan compensar su uso intensivo de combustibles fósiles. Cada crédito equivale a una tonelada de dióxido de carbono -uno de los gases de efecto invernadero causantes del cambio climático- que dejaría de liberarse a la atmósfera como resultado del esfuerzo de conservación.

Las tierras indígenas de Brasil se encuentran entre los territorios que mejor preservan los ecosistemas amazónicos. En los últimos 30 años, estos territorios étnicos han sufrido la deforestación del 1% de sus bosques, mientras que en las zonas privadas la pérdida fue del 20,6%, según datos de la red Mapbiomas. Esto explica el atractivo para quienes buscan promover proyectos privados de carbono en estos territorios.  

En el sitio web de CommunityRedd+, el proyecto de TI Enawenê Nawê, en Mato Grosso, menciona a la organización Verra como responsable de certificar los créditos de carbono que se generarán. Pero Verra, que es la mayor certificadora de créditos de carbono del mundo, no tiene constancia del proyecto desarrollado en TI Enawenê Nawê. El sitio web de CommunityRedd+ no dice quién certificará los tres proyectos de Solimões.

Concepto Carbono fue creada en 2021 y está liderada por el biólogo colombiano Juan Eduardo Hernández Orozco, quien también aparece como coordinador técnico de la alianza CommunityRedd+, de la que forman parte las empresas que figuran en el documento de presentación de los proyectos de Solimões y Mato Grosso. Entre las figuras más visibles de esta alianza está el abogado Pedro Santiago Posada, líder y accionista de Yauto, quien ha ocupado los dos cargos más altos del Estado colombiano en la protección de los derechos indígenas: fue director de asuntos indígenas del Ministerio del Interior durante ocho años, entre 2008 y 2016, durante los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, y defensor para indígenas y minorías étnicas de la Defensoría del Pueblo de Colombia (2016-18).

InfoAmazonia se puso en contacto con las cuatro empresas colombianas implicadas en los proyectos de créditos de carbono en el Alto Solimões. 

Por mensaje de whatsapp, Juan Eduardo Hernández, gerente de Concepto Carbono y coordinador de CommunityRedd+, dijo que no respondería a las preguntas porque “ustedes están mal informados” y “el enfoque de las preguntas desconoce el contexto de un proyecto REDD+”. Explicó que “los dueños del proyecto son las comunidades, ellos le pueden dar razón y aclarar sus dudas” y rebatió la información de la FUNAI citada por esta investigación, diciendo que "la oficina de la FUNAI que consultaron no tiene jurisdicción en el área de trabajo".

Federico Ortiz, accionista y director de Terra Commodities insistió, también en un mensaje, que "el proyecto pertenece a los indígenas y ellos solicitan y reciben las autorizaciones directamente de la autoridad competente". Ortiz, quien también es director comercial de la alianza CommunityRedd+, reconoció que “entendemos que no hay claridad jurídica con la autoridad ambiental para comenzar con el desarrollo de proyectos, así que todos quienes van a participar en el desarrollo (como Universidades etc.) deben esperar a que se pueda tomar camino para desarrollar”. También dijo que los proyectos aún no están en desarrollo, como señala la página web de CommunityRedd+, sino en fase de presentación. “Por ahora solamente estamos en etapa de informar a la base para que decidan más adelante cuando se sepa cuál es el camino legal a tomar”, añadió.

Yauto y Carbo Sostenible no respondieron a las preguntas ni a nuestras solicitudes de entrevista

Proyectos de carbono en tierras indígenas de Brasil. Reproducción/Community Redd+.

Empresa nombra a Verra como certificadora para proyecto en tierras indígenas en Brasil. Reproducción/Community Redd+.

Community Redd + Comunidad Redd+ es una alianza de empresas colombianas que trabajan juntas para desarrollar proyectos en tierras indígenas. Reproducción/Community Redd+

Los proyectos de carbono en tierras indígenas brasileñas están en la plataforma CommunityRedd+. Reproducción/CommunityRedd+.

Universidad no mencionada en los documentos

A pesar de ser el principal argumento esgrimido en las comunidades para la implantación del proyecto de carbono, en los documentos firmados por los líderes indígenas de los Solimões con Concepto Carbono no se menciona la Universidad Indígena Diferenciada de los Pueblos Amazónicos (UIDPA).

InfoAmazonia ha sabido por fuentes locales que Concepto llegó a financiar el proyecto de universidad en los primeros meses del año pasado y que los indígenas tomaron clases en la supuesta universidad, pagando incluso a profesores indígenas de su propia comunidad.

Sin embargo, tras la firma del contrato con Concepto, los indígenas afirman que se suspendieron las transferencias de dinero y las clases, con la promesa de que volverían tras la puesta en marcha del proyecto de carbono.

Las comunidades han guardado la fecha: 5 de enero de 2024. Ese día, la promesa es que las clases se reanudarán en la UIDPA. 

A pesar de las incertidumbres, los líderes tienen grandes esperanzas en el proyecto. 

En la aldea de Boa Vista, en la Tierra Indígena de Estrela da Paz, el simpático cacique Afonso Maricaua anunció la llegada de nuestro equipo a través de un megáfono instalado en el centro de la comunidad. El cacique dijo que había firmado el precontrato para el proyecto de carbono porque cree que la universidad es una "oportunidad para los jóvenes de la comunidad" y "para ayudar a preservar la selva".

El jefe Afonso. Christian Braga/InfoAmazonia. 

En el día a día de las huertas que cultivan o en las lagunas, donde los hombres manejan el pirarucú, los indígenas sueñan con que todo allí pueda cambiar, principalmente porque no se sienten seguros e independientes en sus territorios, en una región de la Amazonia, en la triple frontera, donde el mercurio de la minería contamina los ríos, los madereros avanzan en los territorios y el crimen organizado se extiende.

Según los propios indígenas, más de un centenar de balsas mineras operan en el alto Jutaí desde los años 90, utilizando mercurio y amenazando a las comunidades indígenas de la región.

"Siempre esperamos que las cosas mejoren, lo que esperamos es que todo esto traiga más oportunidades a nuestros pueblos", dijo la indígena Francieti Estevão Santiago, de 30 años, de la Tierra Indígena Acapuri de Cima, que aún no había sido reconocida en noviembre de 2022, cuando su área entró en el proyecto de carbono.

Por otro lado, los relatos de los indígenas con los que hablamos muestran que saben poco sobre el proyecto de carbono que se está negociando - y aún menos sobre las directrices de FUNAI y otras organizaciones.

Hasta el momento, ni FUNAI ni el Ministerio de Educación han solicitado la regularización de la universidad indígena para los pueblos de Jutaí. Y no hay expectativas de que el proyecto se implemente realmente antes de enero de 2024 para el prometido inicio de clases.

FUNAI desconocía la existencia de precontratos

En el mismo mes de septiembre en que estuvimos en las tierras indígenas de Jutaí, el coordinador de la Comunidad Redd+ y director de Concepto Carbono, Juan Eduardo Hernández, también estuvo en los territorios del municipio, según los indígenas, para "definir las áreas del proyecto", y una vez más sin ningún seguimiento ni autorización del órgano indígena brasileño.

A pesar de haber sido convocada en agosto de 2022 por los propios empresarios colombianos, la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI) no se ha pronunciado sobre los proyectos de carbono en la región de Solimões desde septiembre del año pasado, cuando pidió a la Coordinación Regional que aconsejara a las comunidades no firmar contratos antes de que se regule el mercado de carbono en tierras indígenas.

A la izquierda, Juan Eduardo Hernández, director de Concepto Carbono y coordinador de la Comunidad Redd+, con João Braz, del Consejo de los Pueblos Indígenas de Jutaí, durante su visita a la región en septiembre de este año. Archivo personal/João Braz (Copiju).

El 23 de agosto de 2022, las empresas Yauto, Terra Commodities y Carbo Sostenible (Carbo-Terra-Yauto) enviaron una carta a la agencia titulada "Modelo de Negocios para el Desarrollo de Proyectos REDD+ con Comunidades Indígenas de Brasil en el Estado de Amazonas".

El documento indica la posibilidad de al menos cinco proyectos de carbono en tierras indígenas de la región de Solimões y solicita "el apoyo y la participación de FUNAI", pero no menciona los nombres de las tierras indígenas.

"Queremos presentar nuestro enfoque de los proyectos de REDD+ directamente a las autoridades comunitarias, con el apoyo y la participación de FUNAI, con el fin de acercar a los pueblos indígenas y nuestras empresas", dice la carta firmada por Juan Andrés López de Carbo Sostenible, Alicia Micolta de Yauto y Federico Ortiz de Terra Commodities.

En marzo de este año, esta vez en una carta firmada sólo por Concepto Carbono, la empresa solicitó autorización para llevar un representante de Funai a Bogotá para "reconocer la estructura de las empresas que están apoyando la implementación del proyecto Jutaí REDD+, revisar los esquemas de trabajo". La solicitud fue enviada a la presidencia de la FUNAI, pero no hay constancia de que la presidencia haya respondido a la solicitud. Sin embargo, el 24 de marzo de este año, un representante de FUNAI viajó a Bogotá a petición de los indígenas. Los gastos del viaje fueron cubiertos en su totalidad por las empresas.

La presidencia de FUNAI fue informada del viaje de los indígenas a Bogotá en una carta en la que se "reconoce el importante papel" del organismo indígena en la elaboración del proyecto. La FUNAI dice no tener conocimiento de los precontratos. Reproducción/Funai

Contactada por InfoAmazonia, FUNAI dijo que hubo una "solicitud para entrar en Tierras Indígenas para presentar un proyecto de carbono, pero sin identificar cuáles eran las Tierras Indígenas de interés". 

El organismo indígena reiteró que su recomendación siempre ha sido "que no se firmen contratos para la comercialización de créditos de carbono en tierras indígenas hasta que se regule la cuestión". El organismo estatal también dijo que no tenía conocimiento de la situación actual de los proyectos en las tierras indígenas del Alto Solimões y que desconocía la existencia de precontratos firmados.

"La Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI) no tiene conocimiento de contratos de carbono firmados en las Tierras Indígenas de Riozinho, Rio Biá, Estrela da Paz, Macarrão, Espírito Santo y Acapuri de Cima. Hay un proceso en la FUNAI que trata de una solicitud de la ONG Carbo-Terra para entrar en una tierra indígena con el fin de presentar proyectos de créditos de carbono, sin identificar, sin embargo, cuáles son las tierras indígenas de interés", dijo la agencia. A pesar de informarnos de que el pedido provenía de una ONG, las tres empresas colombianas son empresas privadas y no Organizaciones No Gubernamentales (ONG), como las clasificó la FUNAI.

Sueño universitario

"La universidad indígena beneficiará a varias comunidades. Hoy, nuestros estudiantes terminan el bachillerato y no tienen cómo continuar sus estudios, por eso creemos que el proyecto del carbono nos ayudará mucho a realizar este sueño". Las palabras del profesor Francisco Romão resonaban en la cabaña donde nos reunimos con los líderes indígenas de la aldea de Bugaio, en la Tierra Indígena de Estrela da Paz, a principios de septiembre de este año. 

Romão, uno de los principales defensores del proyecto universitario, sueña con la posibilidad de trabajar con libros en lengua kokama en las aulas y cree que se trata de un punto de inflexión para los indígenas de Solimões. 

La cabaña estaba llena de gente. Los indígenas sirvieron pajuaru, una bebida alcohólica tikuna fermentada a partir de un tipo específico de mandioca, y contaron sus planes y sueños con la llegada del proyecto del carbono.

El jefe de la aldea, Vanildo Romão da Silva, continuó con sus preocupaciones sobre la educación, y dijo que la comunidad ya tiene un plan para utilizar el dinero del proyecto de carbono. 

"Nuestro proyecto incluye escuelas de calidad para nuestra comunidad, un centro de salud, transporte, sostenibilidad, energía solar y protección forestal. Necesitamos educación superior para nuestros hijos", afirmó el jefe, quejándose de la falta de apoyo de FUNAI. "Llevamos nuestras demandas a la FUNAI y casi nunca nos contestan, aquí estamos olvidados".

Jefe Vanildo. Christian Braga/InfoAmazonia

João Braz, del Consejo de los Pueblos Indígenas Jutaí (Copiju), dice que sigue el desarrollo del proyecto de carbono con cautela y una dosis de esperanza. "Creemos en él porque nuestro pueblo necesita una mejor calidad de vida. Queremos creer que funcionará".

Cuando le preguntamos si conocía las directrices de FUNAI, dijo que sabía que los organismos habían sido informados sobre el proyecto, pero que la comunidad nunca había recibido directrices en contra.

Los opositores al proyecto temen represalias

No todo el mundo está de acuerdo con cómo se han llevado las cosas en la región. Durante nuestra visita a los pueblos, escuchamos críticas e incluso resistencia al proyecto del carbono y cómo se ha usado la idea de una universidad indígena para impulsar los procesos. Los que están en contra prefieren no dar la cara por miedo a represalias.

En una de las comunidades, un indígena se acercó a nuestro equipo y preguntó: "¿Está bien que dejen entrar a los colombianos en nuestra tierra sin avisarnos?".

Otra fuente expresó su preocupación por la situación irregular de la universidad: "Los jefes ya decían que sus hijos serían médicos, muchas madres y padres también creen en el proyecto, sueñan con una vida mejor para sus hijos. Pero ellos [la universidad] no tenían nada, empezaron a dar clases sin ningún criterio", dijo otra persona que no quiso ser identificada.

Colombiano excluido del proyecto dice que hubo un "acuerdo"

En 2021, el colombiano José Antonio Pérez Manrique apareció en la región de Jutaí con el proyecto de universidad indígena. Se presenta como voluntario, asesor de los indígenas y coordinador general de una organización llamada Guardia Ambiental Indígena Internacional de la Amazonía, que, según él, gestiona universidades indígenas en Brasil, Colombia y Perú, y que aglutina al pueblo tikuna.

En Benjamín Constant, también en la triple frontera, hay un movimiento para crear la Universidad Indígena Diferenciada de la Alta Amazonia, que Pérez Manrique cita como uno de los proyectos de su organización. Pero según el cacique Eli Tikuna, que coordina el proyecto, el colombiano no tiene ninguna relación actual con la universidad, pero confirma que ha estado en la región y que la "experiencia no fue buena". 

"Ha estado aquí en nuestra región, ha trabajado con nosotros, pero no lo recomiendo especialmente. Él tenía la idea de un proyecto de carbono para financiar la universidad, pero no lo llevamos adelante", dijo sin querer dar más detalles.

Pérez Manrique dijo a InfoAmazonia que el modelo educativo financiado con créditos de carbono permitiría a los indígenas poner en marcha sus planes de vida. La propuesta incluye la construcción de lo que él llama "ecoaldeas" y una serie de promesas para mejorar la vida de las comunidades. Y debe incluir un proyecto de carbono.

"Asesoramos a las comunidades en la creación de sus planes de vida basados en nuestra filosofía de proteger, conservar, restaurar y defender el bosque. Dentro del plan de vida creamos la universidad, y todo el proyecto se financia con créditos de carbono", explicó.

Pérez Manrique impartió clases como actividad de la universidad indígena en 2022. Publicidad/UIDPA

Pérez Manrique cuenta que viajó con los indígenas de Jutaí a Bogotá, la capital de Colombia, donde presentó a los emprendedores vinculados a CommunityRedd+ a los indígenas. Preguntado por la autorización de la FUNAI o del Gobierno brasileño para desarrollar los proyectos, afirma que los caciques "son las autoridades" para aprobar estos proyectos: "no hay ningún problema con eso, porque los indígenas pueden hacerlo".

José Antonio Pérez Manrique, de chaleco azul, durante un acto en las comunidades indígenas de Jutaí. Archivo personal/José Antonio Pérez.

Según Pérez Manrique, el proyecto de carbono en Solimões está avanzado y debería generar créditos de carbono en breve. Sin embargo, dice que fue excluido del proceso por Concepto Carbono y acusa a los empresarios de traición. 

"No me dejaron supervisar y fiscalizar el proyecto, ese fue el pacto que hicimos. Si no quieren hacer las cosas bien, hablaré con los jefes y cambiaremos de empresa", dice, y asegura que denunciará a los empresarios.

"Han suspendido el dinero para el proyecto universitario. Los alumnos tienen que estudiar, este año hemos perdido clases, pero el año que viene se reanudarán. Si es necesario, los denunciaremos. Están sobornando a los indígenas", dijo, pero sin aportar ninguna prueba a nuestro reportaje.

Consultado por su relación con Pérez Manrique, Juan Eduardo Hernández de Concepto Carbono dijo que "él no entiende qué es y cómo se desarrolla un proyecto REDD+. No vamos a aclarar algo que no necesita aclaración".

El recién creado Ministerio de Pueblos Indígenas (MPI) respondió que está recopilando información sobre todos los proyectos de carbono en tierras indígenas para que su Fiscalía Jurídica los analice. El organismo también afirma que la falta de reglamentación sobre el tema ha dificultado la acción de las 

entidades indígenas, que muchas veces no son correctamente informadas sobre la realización de estos proyectos.

* Andrés Bermúdez Liévano (CLIP) colaboró con este reportaje. 

 

 

 

Actualizado el: Mar, 10/24/2023 - 17:35

Mariela Álvarez, Nubia Chacón y Magaly Belalcazar, tres líderes y representantes legales de organizaciones de mujeres y por mujeres en el Caquetá, son los ejemplos de las movilizaciones y organizaciones en defensa de derechos de género. Aunque todas le apuestan a la comunicación desde distintos ángulos, tienen como objetivo el empoderamiento femenino y la defensa del territorio amazónico. 

Mujeres que han alzado su voz, que han ido en contra de una sociedad que las marginó de los asuntos públicos y que las estigmatiza por su labor. Y ahora, luchan  por la vida, por ser reconocidas, ser visibles, por un espacio que puedan habitar sin miedo. Defienden la Amazonía y con todo lo que habitan en ella. 

Caquetá tiene una de las mayores producciones de carnes y lácteos del país. Según el Instituto Colombiano Agropecuario, existen aproximadamente 2 millones de cabezas de bovinos y más de 225 búfalos en lo que va del  2023. Cifra que contrasta con la recopilación de Global Forest Watch, donde se ha perdido en la última década el 75% de los bosques entre primarios y húmedos. 

La historia de colonización del Caquetá está marcada por la violencia y el conflicto armado. Una colonización espontánea a raíz de la violencia bipartidista, otra hecha por la Caja Agraria, que solo benefició a un grupo pequeño de campesinos; y en los años 60 el antiguo Incora adjudicó el 15 % de la tierra disponible para la reforma agraria  de las más de 20 mil personas que migraron al Caquetá. Esto provocó una ocupación desbordada hacia la selva. 

La llegada de familias de Huila, Tolima y Antioquia marcaron la historia de Caquetá como una cultura que se hizo a punta de retazos de otras regiones. También fue marcada por convertir a la mujer en elemento de intercambio en medio de la colonización. “Se decía que los hombres necesitaban un machete, un perro y una mujer, en ese orden, para abrir paso entre la selva”, narra Nelson Hoyos, fundador de Corpomanigua, una de las organizaciones que construyen paz en el territorio. 

No solo las mujeres debieron padecer ser la moneda de cambio en la colonización, sino que sufrieron los estragos de la guerra. La consolidación de las guerrillas y la llegada de los paramilitares, propició el desplazamiento forzado,  la violencia sexual, la tortura y el asesinato fueran las mujeres. “Vimos a muchas mujeres llegar con sus hijos a Florencia. Ahora debían ser las responsables de mantener sus casas mientras superaban lo que les había pasado”, afirma Fanny Gaviria, directora del programa mujeres de Corpomanigua. 

Las defensoras

Los azares de la vida de Mariela Alvarez, de cabello oscuro y de sonrisa amplia, la llevaron a conocer a una decena de mujeres con la que conformaría la Asociación Mujeres Sueños del Mañana, Asudelma. Una organización donde el hilo y la tela son la excusa y el vehículo para contar sus experiencias de vida, sus dolores, sus traumas, pero aún más son una forma de sanar. 

A unas pocas calles donde está el taller de Asudelma se encuentran en un pequeño piso, ocho mujeres que se reúnen cada semana para impulsar la Escuela Audiovisual de la organización Mujeres, Amazonía y Paz, Funmapaz. Un trabajo que gira alrededor de la comunicación, una forma de contarle al territorio lo que sufren las mujeres, pero también una forma de conectarse con la selva, con el ecosistema, con la tierra y con ellas mismas. Mujeres muy jóvenes, la mayoría no supera los 25 años,  cuentan -entre risas y voces tímidas- como este espacio se ha convertido en un lugar para pensar cómo viven y habitan el territorio. 

No es gratuito, como lo expresaron la decena de mujeres entrevistadas por Rutas del Conflicto, que esa huella no haya desaparecido y el surgimiento de iniciativas que propician la independencia económica, el reclamo y establecimiento de derechos de la mujer y la defensa del territorio. 

A unas pocas calles donde está el taller de Asudelma se encuentran en un pequeño piso, ocho mujeres que se reúnen cada semana para impulsar la Escuela Audiovisual de la organización Mujeres, Amazonía y Paz, Funmapaz. Un trabajo que gira alrededor de la comunicación, una forma de contarle al territorio lo que sufren las mujeres, pero también una forma de conectarse con la selva, con el ecosistema, con la tierra y con ellas mismas. Mujeres muy jóvenes, la mayoría no supera los 25 años,  cuentan -entre risas y voces tímidas- como este espacio se ha convertido en un lugar para pensar cómo viven y habitan el territorio.

En esta zona del país, muchas veces olvidada por el Estado, pero escenario de la violencia paramilitar y la consolidación de la guerrilla de las FARC, se encuentra Nubia Cachón, directora ejecutiva de Corpomanigua. Ella mueve sus manos al ritmo que habla sobre los caminos que se tejieron en la vida de las nueve personas que fundaron y permanecen después de 22 años, para conformar la corporación, un espacio que le apuesta a la construcción de paz desde la soberanía alimentaria, la protección del medio ambiente y la equidad de género.

El hilo que une historias 

En una casa amplia que se esconde del sol de Florencia vive Mariela Álvarez, una mujer que defiende los derechos de las mujeres caqueteñas y lucha por la autonomía económica de ellas. Hoy, representa la organización Asuldema, compuesta por 16 mujeres que por coincidencias de la vida terminaron en una capacitación de cómo hacer empresa. Decidieron juntarse y crear una asociación que, a través de la confección de sábanas bordadas, pintadas y hechas con retazos, les permitiera reflexionar sobre cómo viven y a qué se enfrentan las mujeres del Amazonas. 

Asudelma tiene mujeres entre los 13  a los 75 años, la mayoría ha sido víctima del conflicto armado. Según la Unidad de Atención Integral a las Víctimas, en el periodo 2002-2012 se produjo el desplazamiento masivo de cerca de 1.860 familias en el Caquetá. Sumado a los hechos victimizantes, para las mujeres estar confinadas a una dependencia económica y a los asuntos privados, las ha marginado de la defensa del territorio y de la vida. 

“Nosotras somos familia. Asudelma es eso, familia. Yo crecí sentada en una máquina de coser escuchando las historias de esta mujeres, cómo han sobrevivido y resistido después de ser desplazadas, de que les mataran a los hermanos”, recuerda Yuliana Castro, que ha acompañado desde que nació a su mamá Mariela en la defensa de los derechos humanos.

Yuliana y su mama Mariela le han apostado al empoderamiento de las mujeres del Caquetá, un relevo generacional en la defensa de los derechos. Por : Ricardo Sáncez Gómez 

En 2009, gracias a la iniciativa “Mujeres ahorradoras en Acción”, que dirigía el Departamento para la Prosperidad Social, con el objetivo de fortalecer procesos empresariales de mujeres en situaciones de vulneración, nació Asudelma. Entre venta de tamales, rifas y la compra de sábanas para venderlas nuevamente, nació la idea de confeccionar sus propia lencería hecha 100% de algodón. “Logramos aprender a hacer las sábanas, toallas higiénicas ecológicas y también sacar una línea de lencería elaborada con retazos de tela que sobran de otras producciones”, afirmó Mariela. 

Esta organización se ha convertido en la oportunidad de escucharse entre ellas, de contar sus experiencias y cómo entre todas poder solucionar lo que les está pasando. Mientras cosen las sábanas, que tienen motivos alusivos a la Amazonía, tejen sus historias, se reconocen en la otra. Asudelma les ha permitido no solo ganar económicamente algún recurso y mejorar la calidad de vida de ellas y sus familias, sino también les ha dado la posibilidad de ayudar a otras mujeres. 

‘Las tardes de barrio’ fue un espacio que la pandemia acabó, pero era la oportunidad para hablar con mujeres que no conocían de la organización y mucho menos de los derechos que tiene como mujer.  Durante unas dos horas, las mujeres a través de coser retazos de tela para formar una colcha contaban sus historias. Se hacían en grupos de cinco o seis para hablar  mientras la aguja pasaba de un lado al otro, reconocían y aprendían que lo que estaban viviendo les pasaba a otras mujeres y que eso era violencia.  

“Hicimos eso unas tres veces en diferentes barrios, donde nos encontrábamos a hablar de las violencias basadas en género. Atendimos a unas 300 mujeres. También logramos hacer un libro, el cual tiene las rutas de atención a las mujeres, qué cosas o situaciones son violentas, qué hacer en esos casos”, afirma Mariela. 

Traer el taller de costura, que está en el segundo piso de su casa, a la calle significa también enfrentarse a actores desconocidos que las amenazaban. En palabras de Mariela era “sentir miedo como si estuviéramos haciendo algo malo, pero no lo estamos haciendo”. Se refiere a las múltiples amenazas que le han hecho. Desde la Plataforma de Mujeres del Caquetá, a la que pertenece y ha defendido por más de 20 años, le recomendaron salir del territorio, pero para ella no es una opción. Asuldema es familia y no se puede ir sin ellas. 

Con miras a fortalecer tanto la autonomía económica y la defensa de los derechos de las mujeres, empezaron junto Oxfam un proyecto de comunicación. “Al principio creíamos que iban a enseñar, a manejar cámaras y equipos, pero nos mostraron que nosotras tejemos palabras con las sábanas, que eso también era comunicación”, afirmó Yuliana

Para ellas, a pesar de que las situaciones en el territorio contra  las mujeres no cambian tan rápidamente, están salvando vidas. “Cuando les mostramos a las mujeres cómo salir de situaciones que las están violentando o cuándo las ayudamos a despertar”. 

Por ello, la comunicación les ha permitido fortalecer sus procesos en dos vías. La primera, como lo afirma Yulima “que no sientan miedo al hablar, que se sientan seguras de lo quedicen, que tiene mucho que decir,  que sus historias valen”. Lo segundo, que puedan explotar el talento y la habilidad que han cultivado 16 años cuando fundaron Asuldema en la confección de sabanas con nuevas técnicas, como usar tintes de las platas amazónicas. Para ellas, el trasfondo de todo es poder convertirse en empresarias, que su lencería viaje por el mundo, soñar, volar y vivir una vida libre en el Caquetá. 

Por la defensa de la vida

La voz de las mujeres ha estado ausente de los medios regionales y locales. Según la radiografía de un país silenciado, hecho por la Fundación para la Libertad de Prensa, el 81% de la población del departamento del Caquetá vive en municipios donde no se producen noticias locales. Además, de los 44 medios de comunicación que hay en el departamento, entre emisoras comerciales y medios nacionales, el 9% son emisoras de la fuerza pública. 

Tatiana Orosco, una de las fundadoras de Funmapaz, narra que hicieron un diagnóstico del territorio, en el que encontraron que no había una oferta de medios audiovisuales que respondiera a la lucha y la defensa de las mujeres. “Aquí no hay un medio audiovisual dirigido por mujeres o hecho por mujeres. Ahí vimos una necesidad. Era fundamental encontrar un espacio donde lo que tú o yo dijéramos quedara registrado, un espacio que le apuntara a nuestro enfoque ecofeminista”. 

 

 

 

 

Actualizado el: Lun, 10/23/2023 - 16:51

Por: Rutas del Conflicto

En Caquetá viven varias mujeres de distintas organizaciones que le han apostado a la defensa de la vida, la Amazonía y las mujeres. En Putumayo habita y defiende el territorio un colectivo de lideresas indígenas de los pueblos  Siona, Kofan, Koreguaje, Inga y Kamëntsá. Estas mujeres amazónicas han enfrentado la guerra, el narcotráfico, la minería,  además de la constante presencia de grupos armados que cambian su nombre, pero no los repertorios que las violentan. Sumado a ello, deben luchar por salir del espacio privado, de sus casas, de la dependencia económica. Defender sus derechos y su vida. 

 En Mocoa, Putumayo, se celebró el Festival del Agua, la Montaña y la Vida. Una iniciativa para defender la Amazonía. Ricardo Sánchez Gómez.

“Nos están matando”; “En el Amazonas viven más que árboles, viven mujeres” “Somos mujeres que resistimos” fueron algunas de las consignas que repitieron una decena de lideresas en Caquetá y Putumayo, que entrevistó Rutas del Conflicto. Todas llegaron a la misma conclusión: el conflicto armado y la violencia les arrebató su proyecto de vida, pero el machismo y las violencias basadas en género les obstaculizan construir el futuro de mujeres amazónicas y defensoras del territorio . 

Fanny Gaviria, lideresa y fundadora de la organización Corpomanigua, afirma que “es muy difícil soñar con el futuro para una mujer cuando en el pasado fue violentada y en el presente lucha por sobrevivir”. Las violencias contra las lideresas y defensoras de derechos humanos han aumentado en los últimos años. Más de tres cuartas partes de los ataques registrados ocurrieron en América Latina. En Brasil, Perú y Venezuela, el 78 % de los ataques se produjeron en la Amazonía, según Global Witness en 2022. 

Fanny Gaviria relata los retos de las mujeres caqueteñas. Por: Ricardo Sánchez Gómez

La organización Somos Defensores,  documentó en 2022, que el 71 % de los asesinatos de defensoras de la tierra, el medio ambiente y el territorio se concentran en los departamentos del Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Putumayo. En estos lugares hay presencia del Clan del Golfo, ELN y disidencias de la extinta guerrilla de las FARC; como también de bandas criminales y cárteles del narcotráfico como ‘Sinaloa’.

Sumado a ello, entre el 1 de enero de 2022 al 7 de marzo de 2023, el Observatorio para la Defensa de la Vida documentó 20 asesinatos contra lideresas y defensoras de derechos humanos.  Según datos recopilados por Pares, la Unidad Nacional de Protección recibió la solicitud de 12.267 mujeres en todo el país durante este mismo periodo. Somos Defensores, en su ultimo reporte que comprende de enero a marzo de 2023, tiene registrados 70 agresiones a defensoras, de las cuales una es el asesinato a razón del género. En este mismo informe, se documentaron dos casos de agresiones hacia defensoras en Putumayo y Caquetá. 

A las agresiones por su liderazgo y ser disruptivas en los roles establecidos por las lógicas patriarcales, las mujeres deben enfrentar otras violencias por la razón de ser mujer. En Caquetá se han presentado 136 casos y en Putumayo 64  de violencia intrafamiliar en el primer semestre del año, según el Informe de Medicina Legal. 

Mariela Álvarez, Nubia Chacón, Magaly Belalcázar en el Caquetá y Paola Chindoy en Putumayo decidieron desde las organizaciones que representan Asudelma, Copomanigua, Funmapaz y Asomi, respectivamente, alzar la voz y defender a las mujeres del Amazonas. El rol del cuidado, que históricamente se les ha otorgado a las mujeres, fue también el impulso para salir del espacio familiar y privado para cuidar el territorio y a las mujeres que viven en él. Como lo dijo una de las lideresas, “la región amazónica tiene nombre de mujer, la Amazonía es vida y vida son las mujeres”. 

Los obstáculos en la defensa de la vida y el territorio 

La “mamita sabedora” Francisca Jacanamijoy, una de las mayoras de la comunidad, cuenta que aunque tenía mucha convicción por formarse y transmitir sus conocimientos de la medicina ancestral, a su esposo no le gustaba que fuera a reunirse con las demás mujeres de la asociación porque era “perder el tiempo”. “Yo le respondía que yo me iba porque yo me quería preparar, quería conocer los problemas que tenemos como comunidad, quería trabajar, e independizarme. Yo me iba con todos los hijos para que él no se quejara”, cuenta.

Francisca Jacanamijoy es una mujer sabedora que conoce de plantas medicinales y medicina tradicional, también es integrante de Asomi. Ricardo Sánchez Gómez

Las mujeres han tenido que enfrentarse a los roles que les fueron asignados  solo por ser mujeres. Así lo relata una de las fundadoras y representante legal de Asudelma,  Asociación Mujeres Sueños del Mañana, Mariela Álvarez,  que se dedica a la promoción de los derechos de las mujeres y a la confección de lencería en busca de la independencia económica de las mujeres caqueteñas. “A los esposos o parejas de muchas de las mujeres no les gusta que ellas asistan a estos espacios, les da miedo de lo que ellas puedan aprender y conocer”, comenta Álvarez.  

No solo las lideresas deben buscar estrategias para que otras mujeres puedan asistir a los espacios de capacitación y formación, y luchar contra su propia familia para poder reunirse. También deben enfrentar la estigmatización y apelativos cuando se manifiestan.  Es el caso de Mujeres, Amazonía y Paz, Funmapaz con su escuela audiovisual, y Asudelma, que pertenecen a la Plataforma de Mujeres del Caquetá,  creada en 2012 y que reúne a más de 25 organizaciones de base.

 

Mujeres integrantes de Funmapaz en su sede en Florencia, Caquetá. Ricardo Sánchez Gómez

“A nosotras nos llaman las locas porque salimos a protestar cuando asesinan a una mujer”, afirma Álvarez. En Caquetá ocurrieron siete feminicidios en 2022. 

La ultima vez que salieron a las calles de Florencia con pancartas y arengas, rechazando la violencia contra las mujeres fue el pasado mes de junio de 2023. Milena Molano Urquina, fue asesinada y desaparecida por su pareja sentimental, un exoficial del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y jefe de seguridad de la cárcel el Cunduy, que ya fue condenado por el crimen. “Nosotras salimos al mediodía para parar el tráfico, es la única manera que la gente vea que nos asesinan, que nos matan, que nos violentan”, cuenta Álvarez

Como lo expresaron varias de las mujeres del Caquetá, las violencias de género tienen una raíz en la cultura de este departamento, donde “la ganadería y la economía tienen una mayor importancia que la defensa de la vida” según Nelson Hoyos, uno de los fundadores de Corpomanigua. El líder relata que desde los distintos momentos de colonización del Caquetá, la mujer ha sido vista como un elemento de intercambio. “Ahora se ve que en este departamento hay más veterinarios que ginecólogos. Si una mujer quiere una cita con un especialista debe trasladarse a otra ciudad porque aquí se mira primero a la vaca”, señala Hoyos. 

La situación no es diferente en Putumayo, este es uno de los 10 departamentos en los que más se presentan hechos de violencia basada en género. Según la Defensoría del Pueblo, desde 2021 y hasta marzo de 2023, se atendieron 455 casos de violencia de los 9.027 que se registraron a nivel nacional.

Según cuenta Paola Chindoy, históricamente “el machismo y el patriarcado” han estado presentes en toda la sociedad y eso incluye a las comunidades indígenas del Putumayo. Desde Asomi han estado fortaleciendo el tema espiritual para hacer entender a los hombres y a las mujeres de las comunidades la importancia de la dualidad. “Si nosotros logramos entender el territorio que es dual, que está el Sol y la Luna y todo así para que sea un equilibrio. Nosotros también hacemos parte de ese equilibrio”, afirma la lideresa.

Paola Chindoy es indígena Kamëntsá y lideresa de Asomi.Ricardo Sánchez Gómez

Asomi es una asociación que nace de una visión que tuvo el tatita Francisco Piguaje durante la conformación de la Unión de Médicos Indígenas Yageceros de la Amazonía Colombiana. Paola Chindoy explica que en 2007, “el taita Piguaje y los taitas de otros pueblos visionaron este camino para que las mujeres también tuviéramos nuestro espacio. Un lugar para que las mamitas compartan su conocimiento. Para empezar a hablar de autocuidado y para visibilizar la fuerza espiritual y sanadora de las mujeres. Es por eso que las fundadoras fueron las esposas de los taitas que se reunían cada que ellos lo hacían”.

Paola Chindoy, lideresa de Asomi, relata cómo el machismo impacta la vida de las mujeres. Ricardo Sánchez Gómez

A diferencia de Asomi, que fue impulsada por los hombres de la comunidad, Funmapaz con su escuela audiovisual, y Asudelma nacieron de las experiencias de vida de las mujeres fundadoras. Tanto la organización indigena del Putumayo como las mujeres caqueteñas trabajan por defensa de sus derechos en un contexto que las violenta constantemente. 

La independencia 

“En el Caquetá las vacas tienen más derechos que las mujeres”, suelen repetir Magaly Belalcázar y  otras lideresas al hablar de cómo los caqueteños ponen  sus ojos casi únicamente a la vocación ganadera del departamento. El ganado tiene una tierra más asegurada que una mujer rural, afirmaron varias de las mujeres entrevistadas. La ganadería extensiva les ha costado sus derechos y los de la selva amazónica. 

Una mujer indígena del Putumayo lleva a su hijo por el sendero sagrado de la Casa de Encuentro Chagra de la Vida. Mocoa, Putumayo. Ricardo Sánchez Gómez

Como lo explica la organización Semillas en su informe ‘Mujeres campesinas sin tierra’, la tierra es el activo productivo  más importante para la población campesina y negar a la mujer rural el derecho de propiedad  representa continuar en una dependencia económica de los hombres y este es  aún más complejo en  un contexto de conflicto armado. A pesar de que la legislación ha avanzado desde la reforma agraria de 1994 y de la expedición en 2002 de la Ley de Mujer Rural, la cual dispuso garantizar la titularidad de tierra a mujeres, no es muy claro cuánto se ha avanzado. Para las mujeres sigue siendo una forma de violencia no poder acceder a la tierra y por ende depender económicamente del hombre. 

Las organizaciones en el Caquetá no solo trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres sino también en brindar estrategias que permiten mejorar la calidad de vida de ellas y  sus familias. Corpomanigua lleva varios procesos en lo que está presente la soberanía alimentaria, en que las mujeres pueden adquirir nuevos conocimientos que les permitirá explotar la tierra de una manera adecuada con el ambiente y que les otorgará beneficios económicos. Sobre todo cuando son desplazadas a la ciudad, están sin tierra y deben enfrentarse a ser las jefes del hogar.  En Asudelma, en Florencia, las mujeres alejadas de la tierra para cultivar, encontraron en la costura una forma de aprender a subsistir económicamente. Un cúmulo de herramientas que les permite mejorar su calidad de vida y salir de los entornos violentos

Mariela Álvarez es una de las fundadoras y la representante legal de Asudelma, en Florencia, Caquetá. Ricardo Sánchez Gómez

En el informe Retos para la igualdad de género en Florencia y Caquetá, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, se asegura que para 2018, el 42,6% de las mujeres del Caquetá realizan oficios del hogar como actividad principal, frente a 3,8% de los hombres del departamento. Este panorama es muy parecido al que viven las mujeres en Putumayo. Según este mismo documento, el 39% de las mujeres del Putumayo se dedicaban a esta actividad.

Las mujeres indígenas de Asomi han buscado, también, la forma de mejorar su calidad de vida a través de un proyecto turístico. Además de ser una forma de sustento para la asociación, es el lugar de encuentro y hospedaje de las mujeres y comunidades indígenas que llegan hasta Mocoa para intercambiar saberes e incluso semillas. El lugar llamado Casa de Encuentro Chagra de la Vida se encuentra en la vereda Planadas de Mocoa. 

 Recorrido por el sendero sagrado de la Casa de Encuentro Chagra de la Vida, de Asomi. En Mocoa, Putumayo Ricardo Sánchez Gómez

En ese territorio, de unas 52 hectáreas que queda a tan solo unos minutos de la cabecera municipal de la capital del Putumayo, Asomi pretende garantizar la soberanía alimentaria y la preservación del medio ambiente. Allí llevan varios procesos de reforestación en las zonas que fueron afectadas por la ganadería extensiva además de promover el conocimiento sobre plantas medicinales. 

El relevo generacional 

Yuliana Castro, una mujer de 20 años en Caquetá, se ha formado toda la vida para la defensa de los derechos de las mujeres al lado de su mamá Mariela Álvarez, la representante de Asudelma. A 244 kilometros, se encuentra  Brigitte Escobar, una  jóven líder indígena de 19 años,  de la comunidad Siona en el Putumayo. Ambas han visto a sus mayoras enfrentar los retos de liderar los procesos organizativos y ahora ya trabajan activamente por la defensa del territorio. 

Es claro que las más jóvenes no son ajenas a los problemas de género en sus territorios. Brigitte Escobar asegura que una de las grandes preocupaciones que tiene sobre la apropiación de su cultura por parte de los más jóvenes, es la falta de oportunidades que tienen dentro del resguardo y la poca formación en los conocimientos ancestrales. Ella cuenta que, en el departamento, se tienen que buscar espacios de liderazgo y educación que ayuden a sanar las cicatrices que dejó el conflicto armado en las mujeres. 

“Aunque pasamos el conflicto armado y tuvimos una situación de vulnerabilidad que nos dejó cicatrices y heridas, tenemos que saber cómo comenzar a sanar y generar esa sororidad con mis otras compañeras indígenas de que no tener ese recelo, sino de decir, amiga, compañera venga, vamos, construyamos y sigamos tejiendo para el bien colectivo”, asegura Brigitte. 

La lideresa no solo es parte de los directivos del resguardo Siona, sino que también es comunicadora social. Con su corta edad, pero amplia experiencia, se ha dedicado a denunciar las problemáticas que tiene su pueblo, como el confinamiento y el desplazamiento por el conflicto armado e incluso el desarraigo al que están siendo sometidos los niños de la comunidad por la misma situación. Para la joven, su entrada a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia fue la oportunidad perfecta para además, emprender caminos de autocuidado y de apropiación de sus costumbres y con esto luchar por un mejor acceso a la educación y por el rescate de los saberes ancestrales.

Yuliana Castro que también está en la universidad, estudiando ingeniería de sistemas, desde el Caquetá, habla con propiedad que ahora es tiempo de poner en práctica todo lo que le ha enseñado su mamá Mariela y las mujeres de Asudelma y de la plataforma. “En la universidad o en la calle veo injusticias, veo machismo y debo pararme y decir no”. 

Desde hace un tiempo se involucró activamente en la organización. Absorbe las experiencias de las mujeres que pasan por su casa, un lugar de refugio en casos de violencia. Yuliana transmite a más mujeres jóvenes qué hacer en caso de sentirse víctima, qué pasa, cómo activar la ruta y sobre todo, acompaña en identificar esas violencias simbólicas, que sus amigas y compañeras ven normales. 

Yuliana Castro estudia ingeniería de sistemas y es integrante de Asudelma. Posa con una de las prendas elaboradas por la Asociación. Ricardo Sánchez Gómez

Para Asuldema la llegada de Yuliana ha significado dos cosas: la primera,  captar la atención de mujeres jóvenes como ella y que quieren aprender sobre género; la segunda, ha sido quien ha impulsado varios procesos de comunicación, diseño y difusión en redes sociales sobre el trabajo de costura que realizan. “Ahora podemos compartir lo que hacen las mujeres en redes sociales, que más personas conozcan el trabajo que realiza Asudelma”, sentenció Yuliana. 

Tanto Yuliana como Brigitte desde niñas han estado al frente de la defensa por los derechos de las mujeres amazónicas y del territorio. Saben que el camino puede no ser fácil, que hay mucho en lo que trabajar pero también conocen la satisfacción de poder ayudar a otra mujer a salir de la violencia y de recuperar un territorio violentado, maltratado y quemado.

A pesar de las dificultades, el arraigo a su tierra es más fuerte. La lucha de las mujeres ha surgido, se han unido , se han fortalecido y no va  a desfallecer pronto. Asomi logró crear una reserva de la sociedad civil y esperan que pronto se formalice como una reserva ambiental natural manejada por las mismas mujeres de las comunidades indígenas. Mientras que las mujeres que componen Asudelma, Funmapaz y Corpomanigua sueñan con que en  Caquetá no las asesinen y tampoco les quiten los sueños que la guerra les quitó.

 

*Una investigación con el apoyo de OXFAM COLOMBIA 

 

 

Actualizado el: Jue, 10/19/2023 - 16:34

Por: Juan Carlos Granados Tuta con reportería de Ana Rodríguez Ortiz. Este reportaje es parte de una alianza periodística entre Mongabay Latam y Rutas del Conflicto de Colombia

Cada mes llega el avión militar llamado Hércules al municipio de La Macarena, Meta, con provisiones para las personas de la zona. Esta portentosa pieza de ingeniería anuncia su llegada con antelación. Con el fuerte sonido de sus turbinas logra opacar el constante ruido de los pitidos de las motos que abundan en el lugar. La motocicleta es el medio de transporte más usado en la región porque le permite a los habitantes movilizarse con más facilidad por las vías, especialmente en la zona rural.

Uno de los caminos que más utiliza la gente de La Macarena es la llamada “Trocha ganadera”, recientemente bautizada como Sendero Ecológico por la Paz. Esta carretera de 139 kilómetros fue ampliada por las FARC en 2003 y es la opción más rápida para llegar a Vistahermosa, municipio en el que muchos acceden a servicios de salud y se abastecen de comida. Sin embargo, esta vía atraviesa también al Parque Nacional Natural (PNN) Sierra de La Macarena y es uno de los principales focos de deforestación de esta área protegida. 

Un equipo de Rutas del Conflicto y Mongabay Latam viajó a La Macarena para investigar la situación que se vive en el PNN. Recogió el testimonio de líderes campesinos y ambientales y recorrió un tramo de la “Trocha ganadera”. Árboles caídos y ganado, una de las principales causas de deforestación de este parque nacional, son la fotografía de un área protegida que no deja de perder su bosque. En algunas partes del trayecto la tala ha sido tan extensa que da la impresión de que ese es el estado natural del ecosistema, pero después reaparecen árboles frondosos y es justo en ese momento donde se logra dimensionar la gravedad de la situación ambiental.

La ganadería extensiva es una de las amenazas que enfrenta el Parque Nacional Sierra de la Macarena. Las reses de la foto están al lado de la Trocha Ganadera. Créditos: Ana Rodríguez Ortiz para Rutas del Conflicto y Mongabay Latam.

La deforestación en el Parque Sierra de La Macarena se agudizó tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las antiguas FARC en 2016. En ese año se perdieron en este PNN 1499 hectáreas y al año siguiente 3576. En 2020, la deforestación en Sierra de la Macarena alcanzó su pico de los últimos años con un total de 3629 hectáreas. Sin embargo, comparando la deforestación del 2021 respecto a la del 2022, hubo una reducción del 15,02%, pasando de 3222 hectáreas tumbadas a 2738, según las cifras del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). En 2023, según el sistema de monitoreo de bosques en línea Global Forest Watch, en el PNN Sierra de La Macarena se han presentado 29.585 alertas de deforestación entre el 1 de enero al 15 de septiembre. 

La expansión de la ganadería a gran escala, así como el acaparamiento de tierras asociado no da tregua a esta importante área protegida que hace parte de un corredor de biodiversidad junto a los parques Tinigua y Picachos permitiendo la conectividad andinoamazónica. Sin embargo, monitorear la situación hoy es prácticamente imposible para Parques Nacionales. Los guardaparques tienen prohibida la entrada al área protegida desde el año 2021. Además, un año más tarde la situación empeoró cuando el 15 de mayo de 2022 circuló por WhatsApp un panfleto en el que las disidencias de las FARC declaraban objetivos militares a las autoridades ambientales encargadas de las áreas protegidas. 

Parques Nacionales le aseguró a Rutas del Conflicto y a Mongabay Latam que este 2023 grupos armados le manifestaron a líderes de las comunidades de San Juan de Arama y La Macarena, dos municipios donde está parte del PNN Sierra de La Macarena, que sigue restringido el ingreso y prohibido todo vínculo con el personal de la institución. 

¿Cómo proteger un parque cuando el equipo de guardaparques ha sido declarado objetivo militar por un grupo armado ilegal? ¿Qué está pasando en el territorio y qué medidas ha tomado el Estado?

Panfleto de 2022 de las disidencias de las FARC-EP en el que prohíben el ingreso a la zona de La Macarena a los guardaparques y funcionarios ambientales. Crédito: imagen entregada por Parques Nacionales.​

El riesgo de oponerse a la destrucción ambiental

Los guardaparques y funcionarios ambientales están  bajo constante amenaza por su oposición a la deforestación y la vigilancia de estas actividades. En 2008 a José Martín Duarte, guardaparques del PNN Sierra de la Macarena, un grupo armado le disparó por la espalda y el crimen nunca se esclareció. Diez años más tarde, en mayo de 2018, personas no identificadas quemaron la cabaña del centro de visitantes en Caño Cristales, un atractivo turístico conocido como el río de los siete colores. 

El 3 de diciembre de 2020 Javier Francisco Parra Cubillos, coordinador regional de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena), fue asesinado. Parra se encontraba en el municipio de La Macarena cuando dos personas que iban en moto le dispararon y huyeron del lugar rápidamente. En julio de 2021, el expresidente Iván Duque anunció que alias 'El Negro' y alias 'Milton' fueron capturados por ser los presuntos asesinos de Parra. Según sostuvo el exmandatario, estas dos personas pertenecían a la estructura ‘Jorge Briceño’ de las disidencias de las FARC.

Parches de deforestación en zona de La Macarena fotografiados desde un avión. Crédito: Ana María Rodríguez Ortiz para Mongabay Latam y Rutas del Conflicto.

Todos estos hechos describen lo que significa ser un guardaparques del PNN Sierra de la Macarena y las razones por las que este grupo de funcionarios no puede poner un solo pie en ciertas zonas del área protegida. Lo trágico es que algunos de estos casos no sorprendieron a quienes los conocían. “El asesinato de 'Pacho' fue una tragedia anunciada. Todos en el municipio de La Macarena sabíamos que le iba a pasar algo porque se estaba oponiendo fuertemente a las disidencias (de las FARC) y aun así (el Estado) no lo protegió. Se opuso con vehemencia a lo que estaba ocurriendo en la zona desde su rol como autoridad ambiental”, comenta Fernando Sacristán, exfuncionario de Cormacarena. Sacristán cuenta que en el momento en que asesinaron a Francisco Parra las dinámicas deforestadoras en la zona estaban aumentando considerablemente y que el coordinador de Cormacarena era consciente del riesgo que corría, pero aun así decidió quedarse en la región. 

La principal causa de deforestación dentro del PNN Sierra de La Macarena, según el IDEAM, es la ganadería extensiva. Y de acuerdo con los datos del Instituto Agrícola Colombiano (ICA), el aumento progresivo de la ganadería en la zona se ha dado desde el 2016. En 2016, los municipios que comprenden al PNN Sierra de La Macarena (La Macarena, Mesetas, Puerto Rico, Puerto Concordia, San Juan de Arama y Vistahermosa) reportaron, en conjunto, 407 293 bovinos y en 2022 un total de 736 653, lo que significa un aumento del 80,87% en este periodo de tiempo. Cabe precisar que no todas las reses están al interior del área protegida.

La ganadería, además, viene acompañada de un segundo problema: el acaparamiento de tierras. Carlos Rodríguez, un líder campesino y ambiental de La Macarena, cuenta que la ganadería a gran escala no es posible para los campesinos del común y que hay intereses de grandes deforestadores. “A la gente que vive dentro del parque les pagan por tumbar árboles. No sabemos quién, pero no son personas de la región. Además, al ser una zona de parque le compran el pedazo de tierra al campesino a precios bajísimos y así van acumulando el terreno sin que nadie se entere”, relata el líder social. Según la respuesta de Parques Nacionales a una solicitud de información de esta alianza, hasta el 2019 la entidad había registrado que dentro del PNN Sierra de La Macarena vivían 664 familias. 

Además, de acuerdo con el IDEAM, “el acaparamiento de tierras que se realiza a través de la praderización, incluso al interior de las áreas protegidas, se encuentra dinamizado por la expansión de la infraestructura de transporte no planificada y la tala ilegal”. Parques Nacionales le dijo a esta alianza que según las bases de datos que el ICA les ha aportado, durante el segundo ciclo de la vacunación contra la Fiebre Aftosa que se realizó entre noviembre y diciembre de 2021 se registraron 88 predios pecuarios con 5506 animales inoculados dentro del PNN Sierra de La Macarena. En la resolución 3379 del presente año, el ICA estableció que los titulares de los predios que desarrollan la actividad bovina dentro de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales tienen hasta el 31 de marzo del 2024 para retirar a los animales de las zonas protegidas. 

Una persona que ha trabajado en el área del parque nacional que prefirió no ser citada por razones de seguridad, asegura que las zonas más afectadas por la deforestación en este parque se encuentran a las orillas de los ríos, quebradas, caños y en las partes donde se han trazado carreteras. “Las vías surgen de las trochas que comunican puntos poblados, escuelas, puertos sobre los ríos”, dice y explica que “la tala ocurre en estas partes porque al margen de los afluentes se establecieron los sistemas de transporte y las fincas dentro del PNN”.

En la carretera que conecta a La Macarena con Vistahermosa las personas conducen de memoria. Todos sortean sin dificultades las complicaciones de la trocha, como por ejemplo los charcos que se generan cuando llueve. Es tanto el abandono estatal que durante el trayecto hay peajes comunitarios en el que cada motociclista paga dos mil pesos para el mejoramiento del sendero. En esta vía no hay presencia de miembros de la fuerza pública. Al preguntarle a un habitante de La Macarena quién custodia el camino respondió que “en algunas ocasiones aparecen miembros de las disidencias de las FARC. La mayoría son jóvenes, tienen menos de 30 años”. 

De hecho, según Parques Nacionales hay “una dinámica de ocupación desde el municipio de Vistahermosa, por la ruta denominada Trocha ganadera (actualmente sendero por la Paz), hacia el municipio de La Macarena, llegando al río Guayabero aguas abajo margen izquierdo, hasta la confluencia con el río Cafre, aguas arriba margen izquierdo”. Además, la entidad manifestó que otro sector con apertura de frontera agrícola es la parte norte de la Sierra de la Macarena entre los municipios de San Juan de Arama y Mesetas.

Rodríguez Ortiz.

“En este parque hay mercados de tierras, ganadería, fincas, centros poblados, tumba de selva, cultivos de coca. Esto ha sido incentivado por la colonización promovida por el Estado, la guerrilla y de manera espontánea por las bonanzas de la región”, afirma la persona que trabajó en la zona del PNN Sierra de La Macarena.

Pero la ganadería extensiva no es el único problema que enfrenta el parque. En 2017 y 2018, fue el área protegida con mayor cantidad de cultivos de uso ilícito con 2832 y 1840 hectáreas de coca respectivamente y en 2019 fue la segunda con 1104. En 2021, fue el cuarto parque con más cultivos de coca con 1248 hectáreas y en 2022 fue el quinto con 1284, detrás de los parques Paramillo, La Paya, Nukak y Catatumbo, representando el 12,08% de la totalidad de los cultivos de coca en los parques nacionales.

Todos estos problemas ponen en riesgo al parque nacional. Sin embargo, no pueden ser examinados por la entidad porque “los trabajadores de Parques no pueden ir a las zonas en donde se supone que suceden las dinámicas de praderización dentro del PNN”, explica una fuente entrevistada en terreno a la que protegemos por seguridad. 

Aviso a la entrada de la vereda La Florida, cerca del Parque Nacional Sierra de la Macarena donde se advierte de no cazar con perros, no movilizar ganado entre las 6 pm y 6 am. Créditos: Ana Rodríguez Ortiz para Rutas del Conflicto y Mongabay Latam. 

Disidencias prohíben la entrada de guardaparques al área protegida

Uno de los hechos que agudizó la situación de seguridad de los guardaparques y funcionarios del PNN Sierra de la Macarena fue la Operación Artemisa, la campaña militar del presidente Iván Duque contra la deforestación que aumentó la tensión social y el rechazo a los funcionarios de Parques Nacionales. “Durante las acciones militares de Artemisa en 2021, desde el Gobierno se dijo que Parques Nacionales respaldó estos operativos, entonces después de las capturas de campesinos y la destrucción de viviendas en el PNN Sierra de La Macarena, la gente no quiso volver a saber de la entidad y las disidencias declaró a Parques su enemigo permanente por supuestamente avalar los operativos del Ejército”, relata la persona en terreno.

Las acciones de la Operación Artemisa, en las que se capturaron a 13 personas presuntamente responsables de deforestar al interior del parque, llevaron a que las disidencias de las FARC declararan objetivo militar a los funcionarios de Parques Nacionales. "Está prohibido tener relación con los guardabosques, estos temen por su vida y ya no pueden ingresar a la Sierra de La Macarena. También se comentó que las disidencias planeaban colocar una bomba al lado de la sede de Parques, pero que al estar al lado de la escuela prefirieron no hacerlo", dice la fuente del territorio a la que protegemos por su seguridad.

Parques Nacionales le especificó a esta alianza periodística que los guardaparques no tienen acceso al “sector Cabra Yarumales, sector Cafre, y sector Guayabero por amenazas por el ejercicio de la autoridad ambiental, cultivos ilícitos, presencia y accionar de grupos armados ilegales”.

 

Cascada El Mirador en el Parque Sierra de La Macarena. Créditos: Ana Rodríguez Ortiz para Rutas del Conflicto y Mongabay Latam.

 

De acuerdo con los datos de la Unidad de Víctimas referidos por la ONG Parques Cómo Vamos, organismo que se creó en 2011 para atender y reparar a las víctimas del conflicto armado en Colombia, en los municipios que comprenden el PNN Sierra de La Macarena fueron desplazadas 122 201 personas, se realizaron 1370 actos terroristas y hubo 755 víctimas de minas antipersonas. Pero a pesar del Acuerdo de Paz en 2016 con las FARC, la presencia de grupos armados no ha cesado en el área protegida.

Según Parques Nacionales, el Bloque Suroriental de las disidencias de las FARC es uno de los grupos armados que más presencia tiene en el PNN Sierra de La Macarena. Además, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo también hacen presencia en la zona junto a la estructura narcoparamilitar Bloque Meta. Parques Nacionales mencionó que estos grupos sucesores del paramilitarismo han hecho recorridos esporádicos por San Juan de Arama, Vistahermosa y cabeceras municipales. 

Ante este panorama, en 2023 la Defensoría del Pueblo, que evalúa el nivel de riesgo sobre las labores de los defensores de derechos humanos, alertó que los seis municipios en los que el PNN Sierra de La Macarena tiene jurisdicción se encuentran en un nivel de riesgo alto. 

La fuente local a la que protegemos su idntidad explica que los encargados de cuidar el PNN Sierra de La Macarena solo pueden entrar a ciertas partes del área protegida, por ejemplo, El Raudal. Justamente esta es una de las principales zonas donde actualmente Parques Nacionales realiza trabajos de ecoturismo. 

Hoy Parques también puede realizar monitoreo satelital de focos de calor —que podrían sugerir eventos de incendios forestales con fines de deforestación— para determinar cuántas hectáreas se están perdiendo. La fuente señala que los casos de deforestación o quemas son informados a las alcaldías, debido a que estas sí pueden ingresar a las zonas afectadas.

Los municipios que comprenden al PNN Sierra de La Macarena reportaron, en conjunto en 2022, un total de 736 653 reses. No todas están al interior del área protegida. Créditos: Ana Rodríguez Ortiz para Rutas del Conflicto y Mongabay Latam.

Trabajar en la zona, sin embargo, es extremadamente difícil debido a las condiciones de inseguridad. “En este parque hay muchas complicaciones porque si un funcionario inicia trabajos ambientales con un líder comunitario durante un tiempo no se sabe si se va a poder continuar porque pueden que lo asesinen o le toque irse de la zona”, afirma la fuente en terreno. Pese a esto, los guardaparques de esta área han logrado realizar 738 recorridos de vigilancia y prevención desde 2016 a 2023.

La persona en el territorio explica que ha habido acercamientos entre las comunidades y los guardaparques tras la llegada del gobierno de Gustavo Petro, pero dice que no ha sido posible restaurar la confianza entre los campesinos que viven dentro del PNN y la entidad debido a la situación de seguridad. “A algunas comunidades les gustaría dialogar con Parques, pero ellos no les pueden garantizar protección a los guardabosques porque las disidencias son las que controlan el territorio y para ellos la entidad es un enemigo”, asevera la fuente. 

Parques Nacionales le dijo a Rutas del Conflicto y Mongabay Latam que la situación de deforestación en el PNN Sierra de La Macarena ha disminuido considerablemente en 2023. Según un líder social de La Macarena que no es citado para preservar su seguridad, desde finales del año pasado las disidencias de las FARC ordenaron detener el ritmo de la tala de bosque que se venía presentando. “La guerrilla estableció ese mandato y la deforestación se redujo considerablemente gracias a diálogos de las comunidades que han intercedido en este proceso”, cuenta. Además, como “las disidencias son la autoridad en la región ante la ausencia estatal, nadie se atreve a llevarles la contraria”, agrega.

Vista desde el Parque Sierra de la Macarena en el sector El Mirador, como lo llaman los guías turísticos. Créditos: Ana Rodríguez Ortiz para Rutas del Conflicto y Mongabay Latam.

El líder comenta que tras la orden de las disidencias de no deforestar nadie tumba más bosque de lo permitido. “No ha habido anuncios de la guerrilla sobre las consecuencias de talar más de lo establecido, pero en la región sabemos que si no se acata la orden puede pasar algo grave, entonces nadie se arriesga a tumbar más de la cuenta”, relata el líder.

Para la fuente local consultada, la orden de las disidencias de disminuir la deforestación le permite al respirar un poco al medio ambiente. No obstante, comenta que esto es una muestra de las dificultades y barreras del estado y Parques Nacionales para ejercer su autoridad. “Ahora la situación está mucho más tranquila en términos de deforestación, pero la guerrilla puede decir que se reanuda el derribamiento de bosque en algún momento y no hay forma de controlarlo”, afirma.

*Imagen principal: Vista panorámica desde el sector El Mirador del Parque Nacional Sierra de la Macarena. Créditos: Ana Rodríguez Ortiz para Rutas del Conflicto y Mongabay Latam.

 

Actualizado el: Mar, 10/17/2023 - 17:56

Por: Pilar Puentes. Este reportaje hace parte de una alianza periodística Mongabay Latam y Rutas del Conflicto

Entre los ríos Putumayo y Amazonas se encuentra el Parque Nacional Natural (PNN) Amacayacu. Esta área protegida, que en lengua quechua quiere decir “tierra de las hamacas”, se extiende por unas 267 300 hectáreas de selva húmeda tropical cálida y bosques inundables, que representan casi el 40 % de la superficie total del Trapecio Amazónico, nombre con el cual se conoce a la zona de la triple frontera entre Colombia, Perú y Brasil. Amacayacu fue la primera área natural protegida declarada en la región de la Amazonía colombiana, en 1975, y su territorio se superpone con el 18% de tres resguardos indígenas mayoritariamente tikunas.

Para los científicos, expertos de la zona y las comunidades indígenas que lo habitan, el Parque Nacional Amacayacu está dividido en dos. El norte, que se extiende desde el río Cotuhé, está marcado por la minería ilegal, el narcotráfico y la presencia de grupos armados que mantienen desde el 2020 restringido el acceso a funcionarios de Parques Nacionales. El sur, que está en las desembocaduras del río Amacayacu y la quebrada Matamatá, a una hora y media de Leticia —la capital del departamento de Amazonas—, es un territorio que le apuesta al ecoturismo, a la conservación y preservación del bosque. 

Un equipo de periodistas de Mongabay Latam y Rutas del Conflicto viajó a la zona sur del parque, la única a la que por razones de seguridad es posible acceder, y navegó el imponente río Amazonas, donde los delfines nadan tranquilamente cerca de las embarcaciones, para acceder a dos de los tres resguardos indígenas. Allí, levantó testimonios de sus habitantes y de autoridades tradicionales, de expertos y otras fuentes conocedoras de la zona para conocer cuáles son las amenazas que afectan a esta área protegida, a sus guardaparques y a las comunidades que habitan en ella.

Un aviso de Amacayacu señala que la tala ilegal y la contaminación están prohibidas. No obstante, la minería ilegal afecta el norte del área protegida, según la reportería realizada. Crédito: Juan Carlos Contreras para Rutas del Conflicto y Mongabay Latam.

Sin guardaparques 

El departamento del Amazonas cuenta con tres parques nacionales naturales: Amacayacu, Río Puré y Cahuinarí. También alberga una parte del Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis. Sin embargo, en la única de estas áreas protegidas donde puede existir una presencia constante de los funcionarios de Parques Nacionales Naturales (PNN), la entidad que en Colombia tiene a cargo la administración y la protección del sistema nacional de parques y la coordinación de áreas protegidas, es Amacayacu, pero no en todo su territorio sino únicamente en la parte sur. 

Todo cambió en febrero de 2020. Ese año los funcionarios del parque nacional fueron citados por las disidencias de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para advertirles que debían salir del territorio en pocas horas. En ese encuentro les quitaron a los funcionarios las balsas, los motores, la gasolina, los GPS, los computadores y los radios que llevaban. Desde ese evento se han presentado hasta la fecha cuatro amenazas a funcionarios que protegen Amacayacu, según fuentes consultadas en la zona. En Leticia, capital del departamento del Amazonas, una fuente que conoce el área —de quien se omite su nombre por temas de seguridad— asegura que las disidencias han hecho pública su presencia en la zona y hoy restringen la movilidad de los guardaparques.

En el territorio, sin la presencia física de los funcionarios de PNN, los ríos han quedado abiertos a la ilegalidad y sin puntos de control. Uno de los voceros de la Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro —coalición de  organizaciones que investiga los impactos de la minería y la contaminación por mercurio—, quien pidió la protección de su nombre, asegura que tras la salida de los guardaparques, las operaciones de minería y narcotráfico se incrementaron en el lado norte de Amacayacu.

Estas actividades, sumadas al comercio ilegal de madera y el aumento de cultivos ilícitos de coca en la zona fronteriza con Perú, han puesto en riesgo no sólo los ecosistemas, sino también la salud y las formas de vida de las comunidades indígenas que viven entre Colombia, Perú y Brasil.

En voz de un exfuncionario de PNN e investigador de la Alianza, los guardaparques no solo cumplían la función de protección y vigilancia ambiental en el territorio, sino también una labor social. “Cuando el guardaparque se va, también se le quita esa especie de referente a los niños que solo ven al narcotraficante o al minero como un modelo a seguir”. 

Actualmente, para los funcionarios de Parques Nacionales es imposible acceder a la parte norte del parque, considerando las constantes amenazas y la presencia de actores armados que exigen que nadie use en el territorio uniformes o el logo de la entidad que vela por el área protegida, como lo relataron investigadores en terreno que pidieron por seguridad la protección de sus nombres.

Amacayacu cuenta con tres cabañas o puestos de control y vigilancia de PNN, más la sede operativa ubicada en Leticia. Sin embargo, solo una continúa operando con toda su capacidad. La primera, Lorena, ubicada sobre el río Cotuhé, no cuenta con funcionarios debido a la presencia de grupos armados y, según entrevistas hechas en terreno a fuentes locales, es usada incluso por estas agrupaciones ilegales en algunas ocasiones. 

La segunda cabaña, Yewae, que es el centro de visitantes al parque, también está inactiva aunque una pequeña área es utilizada para actividades investigativas y recibir a visitantes. La tercera, Matamata Amacayacu, una pequeña cabaña blanca con tejas verdes desgastadas, que ven los turistas al pasar en las pequeñas embarcaciones para llegar a las comunidades de  Mocagua, Palmeras y San Martín. La cabaña es usada como puesto de control y es el sitio más cercano que tienen los indígenas para contactarse con los funcionarios de parques.

Hasta el 2019, eran 33 los funcionarios a cargo de la protección del parque. Hoy esta área protegida sólo cuenta con 18 personas para encargarse de las 267 240 hectáreas, confirmó PNN a Mongabay Latam y Rutas del Conflicto.

Desde que la presencia de Parques Nacionales se vio reducida, según una alerta emitida por la Defensoría del Pueblo este año, las comunidades del Resguardo indígena río Cotuhé-Putumayo, que se encuentran cercanos al caserío de Tarapacá y que son vecinas del PNN Amacayacu por el lado norte, quedaron a merced del crimen organizado.

Fronteras porosas 

 

 

Actualizado el: Mar, 10/17/2023 - 16:18

Por: David Tarazona * Mongabay Latam

De hecho, los eventos de violencia hacen imposible que los guardaparques transiten por al menos 21 áreas protegidas nacionales, incluidos las 14 amazónicas. “Los grupos armados y economías ilícitas que impulsan y patrocinan la deforestación permanecen en el territorio, lo que pone en riesgo al personal”, le dijo Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) a Mongabay Latam en una respuesta a una solicitud de información.

Los guardaparques que protegen los ecosistemas más representativos de la Amazonía colombiana pueden vigilar sólo algunas zonas muy específicas. Las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), agrupadas en distintos grupos armados ilegales que están en disputa, han declarado a varios de estos funcionarios objetivos militares y eso implica que si ponen un pie en el lugar donde operan, los matan. Uno de los equipos periodísticos que llegó hasta el Parque Nacional Natural La Paya se topó con un retén armado de los Comandos de Frontera en el río Putumayo, quienes vestidos de negro, armados con fusiles y demás indumentarias militares se apuraron en dejar un mensaje: no son ellos los que deforestan, sino los del Frente Primero ‘Carolina Ramírez’, otra disidencia de las FARC. Esta declaración pone en evidencia la pelea vigente y constante por el territorio entre los grupos armados ilegales, disputa que se da muchas veces alrededor o dentro de los resguardos indígenas y con los bosques de la Amazonía como testigos.

Panfleto de 2022 de las disidencias de las FARC-EP en el que prohíben el ingreso a la zona de La Macarena a los guardaparques y funcionarios ambientales. Crédito: imagen entregada por Parques Nacionales

“No hay garantías para ingresar a todos los sectores del área protegida. Hay un riesgo de ser asesinados tal cual se señala en los comunicados de grupos armados y en las conversaciones que se tienen con actores locales”, señala PNN. Además, agrega que “después de la operación Artemisa —una iniciativa militar lanzada por el gobierno de Iván Duque en abril de 2019— se amenazó gravemente a tres funcionarios, motivo por el cual dos de ellos renunciaron a la entidad y la otra persona (quedó) en grave riesgo”. 

La prohibición de ingreso de los guardaparques a sus áreas de trabajo, como consecuencia de las acciones militares de Artemisa, afectó por lo menos la vigilancia y monitoreo en los parques Tinigua, La Paya, Sierra de la Macarena y Serranía de Chiribiquete.

El resultado de estas restricciones y de la sostenida escalada de violencia se puede ver en las cifras de deforestación. En 2022, se perdieron 10 299 hectáreas de bosque dentro de las áreas protegidas de la Amazonía colombiana. Esa extensión corresponde al 82 % de toda la deforestación registrada en áreas protegidas a nivel nacional, según las cifras del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) que podrían incluso ser mayores, como indican algunos expertos que han analizado la data publicada.

¿Cómo proteger las áreas protegidas de la Amazonía de Colombia con tantas prohibiciones y restricciones de movilidad para sus funcionarios? Mongabay Latam en alianza con Rutas del Conflicto y La Silla Vacía investigaron los eventos de violencia, las restricciones de ingreso para los funcionarios de PNN y los peligros para la biodiversidad en las 14 áreas protegidas de la Amazonía colombiana. Los problemas detectados van desde las amenazas y avance de varios delitos ambientales hasta la falta de presupuesto y logística para atender los ecosistemas clave del país, como pudimos corroborar en las bases de datos construidas para esta serie a partir de pedidos oficiales de información. Los periodistas, además, visitaron tres parques que reciben menos atención mediática y estatal, pero que están en grave riesgo: La Paya, Sierra de la Macarena y Amacayacu.

Un aviso del Parque Amacayacu señala que la tala ilegal y la contaminación están prohibidas. No obstante, la minería ilegal afecta el norte del área protegida, según la reportería realizada. Crédito: Juan Carlos Contreras.

Defender las áreas protegidas con la vida

Para tener una idea de la complejidad y la magnitud de la violencia en las áreas protegidas, basta mencionar que sólo las disidencias de la FARC están presentes en 33 de los 39 municipios y zonas no municipalizadas donde se encuentran las 14 áreas protegidas amazónicas de Colombia. Según los expertos consultados, estos grupos armados, además, son el motor de las economías ilegales que han deforestado las áreas protegidas.

Distintos estudios académicos han confirmado, en los últimos años, el incremento significativo en esta deforestación tras la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Entre 2015 y 2016, antes del acuerdo, la cifra anual de pérdida de bosque en las áreas protegidas de la Amazonía no superaba las 5336 hectáreas. Pero, a partir de 2017, el paisaje empezó a cambiar. La cantidad de hectáreas deforestadas ese año se disparó a 10 152 hectáreas y un año más tarde, casi se duplicó hasta alcanzar las 19 553.

Si sumamos la pérdida de bosque en las áreas amazónicas de Colombia entre 2015 y 2022, la superficie arrasada equivale al tamaño de Singapur. Estamos hablando de 86 828 hectáreas deforestadas, sólo a partir de sumar las cifras proporcionadas por el IDEAM.

Clara Solano, directora de la Fundación Natura y presidenta del Consejo Directivo de la organización civil veedora de las áreas protegidas Parques Cómo Vamos, explica que “la salida de las FARC implicó un vacío de gobernanza en algunos territorios y hubo personas dispuestas a ocupar esos espacios”. A su vez, si bien la existencia del conflicto armado ayudó a que ciertos sitios se conservaran, como explica Carlos Mauricio Herrera, especialista en Áreas Protegidas en la organización de WWF Colombia, tras las consecuencias inesperadas del Acuerdo de Paz, la situación se degeneró. “Lo que causa la violencia actualmente es la pérdida de gobernabilidad sobre las áreas, así como el aumento de las actividades ilícitas”, dice Herrera. 

Parches de deforestación en zona de la Macarena fotografiados desde un avión por los reporteros que visitaron el Parque Sierra de la Macarena. Crédito: Ana María Rodríguez Ortiz para Mongabay Latam y Rutas del Conflicto.

Actualmente, los funcionarios de Parques Nacionales Naturales sólo pueden visitar espacios muy específicos.

En el Parque Sierra de la Macarena no pueden entrar al sector Cabra Yarumales, Café y Guayabero, debido a amenazas y la presencia de grupos armados ilegales relacionados con la siembra de cultivos ilícitos.

En Tinigua, a través de panfletos distribuidos en el área, se anunció que los guardaparques tienen prohibido visitar los sectores de Uribe y Macarena. Mientras que en Cordillera de los Picachos, las zonas de Platanillo y Uribe están cerradas, desde 2018, por amenazas.

Los funcionarios de PNN no pueden ingresar tampoco a la parte norte del Parque Amacayacu, es decir, a las zonas de los ríos Cotuhé y Putumayo por la presencia de grupos armados ilegales. En Chiribiquete solo pueden entrar a uno de seis sectores, y en La Paya y Serranía de los Churumbelos también hay zonas vetadas.

Esta información entregada por las autoridades de PNN de Colombia confirma esta vigilancia fragmentada en la que muchas veces a los funcionarios solo les queda ser testigos de cómo las áreas protegidas son arrasadas. Si deciden intervenir, las consecuencias pueden ser fatales.

 

En 2008, José Martín Duarte del Parque Serranía de la Macarena fue asesinado por un grupo armado con disparos por la espalda. En 2011, murió el guardaparque Jaime Girón Portilla en el Parque Serranía de los Churumbelos a causa de una mina antipersonal. Entre 2011 y 2023, en el Parque Cordillera de los Picachos, al menos tres funcionarios fueron trasladados para otras áreas protegidas por temas de seguridad y otro funcionario del Parque Tinigua corrió con la misma suerte. En los parques nacionales Yaigojé Apaporis y La Paya, la situación es la misma: siete funcionarios han sido trasladados del primero y uno del segundo.

El procurador ambiental Gustavo Guerrero dice que el gobierno podría hacer más para garantizar la presencia de los guardaparques. “Se podría hacer mucho más para poder garantizar el regreso permanente del personal en parques como Tinigua, La Macarena y la Reserva Nacional Natural Nukak, áreas protegidas de gran importancia en nuestro país y para la Amazonía en general, donde se presentan grandes problemas asociados a la deforestación y a las comunidades que los habitan”. Agrega que las visitas esporádicas de los funcionarios a las áreas protegidas no son suficientes para un buen manejo. También señala que la gobernabilidad debe ser el resultado de la acción del Estado, “no de los actores al margen de la ley.”

El sector del río Guayabero ha sido afectado por la deforestación que se desprende de la construcción de la carretera ilegal Trocha Ganadera por parte de las FARC. Crédito: Ana María Rodríguez Ortiz.

En el Parque Sierra de la Macarena, fuentes de la zona le dijeron a los reporteros que la operación militar Artemisa del gobierno de Iván Duque incrementó la situación de riesgo de los guardaparques. Explicaron que los operativos en territorio, en las que se logró capturar al menos a 13 personas presuntamente responsables de deforestar al interior del parque, fueron el detonante para que las disidencias de las FARC declararan objetivo militar a los funcionarios de Parques Nacionales. “Prohibieron totalmente la entrada de los guardaparques a la Sierra de la Macarena. La gente no quiso volver a saber de ellos y las disidencias declararon a la entidad Parques su enemigo permanente por supuestamente avalar los operativos del Ejército. (...) También se comentó que las disidencias planeaban colocar una bomba al lado de la sede de Parques, pero que al estar al lado de la escuela prefirieron no hacerlo”, dice la fuente del territorio a la que protegemos por su seguridad.

Parques Nacionales le confirmó a Mongabay Latam que han registrado 12 hechos de amenazas contra guardaparques, entre 2019 y 2023, en las áreas protegidas de la Amazonía de Colombia. Todos estos eventos, según indicaron, fueron reportados por la entidad a la Fiscalía General para su investigación. Cinco amenazas ocurrieron en 2019, tres en 2022, dos en el 2021 y dos más en el 2022. Los funcionarios del parque Sierra de la Macarena, Tinigua y La Paya son los más amenazados, en el primero la autoridad tiene registrados cuatro casos y en los otros dos en total tres casos. A estos eventos de violencia se suman tres casos más recogidos en la reportería en terreno por el equipo periodístico.

Los líderes indígenas de los resguardos que se superponen con el Parque La Paya rechazan la deforestación asociada al cultivo ilícito de coca. Crédito: Sergio Alejandro Melgarejo.​

Puestos quemados y poca infraestructura

Las pérdidas materiales también dificultan las tareas de vigilancia. Entre 2017 y 2020, tres puestos de control fueron quemados. 

Además, las amenazas, los saqueos y los hurtos en los puestos de control son otro de los problemas reportados por la autoridad. En 2019, ocurrió un saqueo en la cabaña Naranjal del Parque La Paya en Putumayo. Un año más tarde, en febrero de 2020, en el parque Cahuinarí personas desconocidas irrumpieron en tres cabañas. Los atacantes se identificaron como miembros de las disidencias de las FARC y les prohibieron a los guardaparques continuar con sus labores. 

Las lagunas del Parque La Paya son parte de sus ecosistemas biodiversos. Hoy en el área protegida no hay acceso a los guardaparques, a excepción de algunos funcionarios indígenas. Crédito: Sergio Alejandro Melgarejo.​

En las 11 áreas protegidas, manejadas a través de la Dirección Territorial Amazónica de Parques Nacionales, hay 33 sedes de la entidad. De estas, sólo 22 están en funcionamiento y hay muchos sectores que por temas de seguridad no pueden contar con la presencia permanente de guardaparques. 

En términos de instrumentos de transporte, la Dirección Territorial Amazónica no cuenta con aviones o helicópteros pese a que sus once áreas protegidas cubren más de 9 millones 700 mil hectáras y, según los datos entregados a Mongabay Latam, solo ha contratado tres sobrevuelos para vigilar las áreas protegidas entre 2021 y 2022, por un total de 70 millones de pesos (17 499 dólares). “Deberían tener una avioneta, no tienen nada. Estas áreas protegidas tienen millones de hectáreas (para vigilar)”, dice Solano de la Fundación Natura y Parques Cómo Vamos.

 El procurador ambiental Guerrero añade que toda la flota de vehículos, tecnología y personal de los áreas protegidas debe ser mejorada. En especial, resalta, para las áreas protegidas de la Amazonía que “necesitan medios de transporte fluvial y son de gran extensión”.

Las comunidades indígenas del sur del Parque Nacional Amacayacu han realizado labores de conservación con Parques Nacionales, lo que ha permitido la protección de especies de fauna. Crédito: Juan Carlos Contreras.

Grupos armados en las áreas protegidas de la Amazonía

Indepaz ha podido identificar qué grupos armados operan en la Amazonía de Colombia. Las disidencias de las FARC, por ejemplo, son los actores con mayor presencia, ya que están en 33 de los 35 municipios que albergan áreas protegidas amazónicas. De estos grupos exFARC, el que tiene más presencia es el Bloque Suroriental, presente en 20 municipios; seguido de su rival la Segunda Marquetalia, en siete, y otro heredero de la guerrilla denominado Comando Coordinador de Occidente que está en tres. Según Indepaz, los grupos Bloque Suroriental y el Comando Coordinador de Occidente ahora conforman un solo grupo denominado Estado Mayor Central (EMC), al mando de alias ‘Iván Mordisco’, facción enemiga de la Segunda Marquetalia, liderada por alias ‘Iván Márquez’. Este último fue un exnegociador del Acuerdo de Paz y miembro del Secretariado de las FARC que volvió a las armas.

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La guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), por su parte, está presente en cinco municipios y los herederos de los paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) se encuentran en nueve. El exministro de Ambiente Manuel Rodríguez comenta que no ve que la situación de violencia vaya a cambiar pronto. “Colombia tiene más territorio que Estado y ese parece ser el caso de las áreas protegidas amazónicas”, señala.

En el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo, donde está el Parque La Paya, operan la Segunda Marquetalia y el Bloque Suroriental o Estado Mayor Central (EMC), este último a través del Frente Carolina Ramírez. Los periodistas de La Silla Vacía y Mongabay Latam que viajaron para investigar la situación de esta área protegida confirmaron de primera mano que hay presencia y controles del grupo armado ilegal Comandos de la Frontera, que responde a la Segunda Marquetalia.

Esta distribución de los actores armados en el territorio ha sido recientemente abordada en la publicación periodística Amazon Underworld, que documentó la presencia de múltiples actores armados en la Amazonía colombiana, incluyendo el Estado Mayor Central, el Frente Carolina Ramírez y Comandos de la Frontera.

El grupo armado ilegal Comandos de la Frontera apareció en el recorrido de los reporteros de La Silla Vacía y Mongabay Latam que visitaron la zona del Parque La Paya. Crédito: Santiago Rodríguez.

Las economías ilegales asociadas a estos grupos armados también están presentes en las áreas protegidas amazónicas. En 2022, se detectaron 4807 hectáreas de cultivos ilícitos de coca en las áreas protegidas amazónicas, un aumento de 45 % respecto a 2021, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Ministerio de Justicia. La Paya registraba 1840 hectáreas, seguida de la Reserva Nukak con 1622 y Sierra de la Macarena con 1284. Además, las rutas del narcotráfico también atraviesan las áreas protegidas. Entre 2017 y 2022, tras la firma del Acuerdo de Paz, 2.4 toneladas de cocaína fueron decomisadas en áreas protegidas de la Amazonía, según el conteo de incautaciones de cocaína en áreas protegidas del Ministerio de Defensa al que Mongabay Latam tuvo acceso tras una solicitud de información. Las cifras las encabeza la Reserva Nukak con una incautación de 1005 kilogramos en 2017, junto con otra de 249 kilogramos en 2020. La Paya tuvo la segunda mayor incautación con 800 kilogramos en 2020, seguido por la Serranía de Chiribiquete con 399 en 2018 y Sierra de la Macarena con 25 en 2022.

Sobre la presencia del narcotráfico en las áreas protegidas, Candice Welsch, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur, dice que “los grupos ilegales sacan ventaja de las reglas que hay en las zonas de manejo especial, donde el principal interés es la protección ambiental y donde hay restricciones para atacar los cultivos, como ocurrió en su momento con la aspersión aérea”. La experta añade que un foco clave de presencia de cultivos de coca es el departamento del Putumayo y la zona de frontera, así como el Parque Nacional La Paya. Welsch comenta que el caso de Putumayo está conectado a las áreas de cultivos ilegales en Perú, así como de rutas del narcotráfico que conectan ambos países y considera que “son los mismos grupos ilegales que están haciendo exactamente la misma actividad en ambos lados de la frontera y usan el río Putumayo para facilitar el tráfico, pasándolo por Ecuador hasta llegar a los puertos”.

En una carta enviada a Mongabay Latam, la subdirectiva amazónica del sindicato Sintrambiente Parques Nacionales declaró que los guardaparques son los primeros afectados por esta situación de inseguridad. “Las personas vinculadas a Parques Nacionales (tienen) una vulnerabilidad muy grande frente a intereses particulares y redes ilegales en la región”, dice el sindicato.

Además, Herrera de WWF agrega que en algunas áreas protegidas, como Sierra de la Macarena, el conflicto armado ha tenido una mayor duración. “Los sitios de mayor biodiversidad en nuestro país coinciden en muchos casos también con esos lugares en donde ha estado más presente y vigente la guerra”, explica.

En Amacayacu hay más de 5000 especies de plantas, 468 de aves, 150 de mamíferos y reptiles como los caimanes, anacondas, boas y tortugas. Crédito: Juan Carlos Contreras para Rutas del Conflicto y Mongabay Latam.

Minería ilegal y deforestación: dos enemigos de las áreas protegidas

Las cifras más recientes indican que hay una reducción de la deforestación en Colombia y las áreas protegidas para el año 2022. Sin embargo, para muchos expertos, como Clara Solano, “falta entender qué está pasando ahí, por ejemplo, estudiar si las reglas de los grupos armados ilegales que multan la deforestación tuvieron que ver u otros factores”. 

El exministro de Ambiente Manuel Rodríguez señala que no es razonable que el gobierno de Gustavo Petro se atribuya todo el éxito de la disminución, ya que pudieron incidir otros factores que desincentivan la tumba y quema de bosques, como las lluvias intensificadas debido al fenómeno de La Niña. Además, no se sabe “si realmente hubo una tregua de los grupos armados ilegales para detener la deforestación”, agrega.

El aumento, sin embargo, sí se hizo evidente en cuatro áreas protegidas de la Amazonía colombiana: Cahuinarí, Río Puré, Serranía de los Churumbelos y Yaigojé Apaporis. En el primero, se pasó de tres hectáreas deforestadas en 2021 a 101 en 2022. En el parque Río Puré, donde en 2021 no se registró ni una sola hectárea deforestada, en 2022 se desmontaron 24 hectáreas. Mientras que en el Parque Serranía de los Churumbelos aumentó de 25 a 34 hectáreas y en el Yaigojé Apaporis pasó de 128 en 2021 a 143 en 2022.

Estos cuatro parques nacionales tienen algo en común: son afectados por la minería ilegal. Para el procurador Guerrero, el Parque Río Puré merece una especial atención debido a la presencia de minería ilegal que “provoca problemas sociales y ambientales importantes como la contaminación de los cuerpos de agua”. En el caso de esta área protegida, al menos 39 kilómetros del río Puré presentan una densidad media de extracción minera ilegal, según datos de 2021 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). También, en 118 kilómetros del río Apaporis, colindante a los parques nacionales Serranía de Chiribiquete y Yaigoje Apaporis, hay una densidad media de actividades de minería ilegal. A esta lista de parques con presencia de minería se suman la Reserva Nacional Puinawai y el Parque Nacional Amacayacu. 

Aviso a la entrada de la vereda La Florida, cerca del Parque Nacional Sierra de la Macarena donde se advierte de no cazar con perros, no movilizar ganado entre las 6 p.m. y 6 a.m. Crédito: Ana María Rodríguez Ortiz.

Precisamente sobre este último, un estudio reciente de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), publicado en junio de 2023, señala que uno de los focos centrales de la minería ilegal está en el río Purité, justo en el límite del parque Amacayacu. Y esta información tiene un correlato con un sobrevuelo realizado por los expertos de la Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro, mediante el cual pudieron observar, al menos, 13 dragas operando en el Purité.

Lo complicado, le dijo uno de los expertos de la Alianza a una periodista de Rutas del Conflicto, es que extraen oro en una zona de frontera y eso complica una posible intervención. “Si hay un operativo en cualquiera de los dos países, (para los mineros ilegales) es solo prender el motor y pasarse al otro”. 

Para el exministro Manuel Rodríguez, "todos los países de la cuenca amazónica han fracasado en controlarla (la minería ilegal), no solo Colombia” y añade que en un área con tan poco control estatal, lo que ocurre es que “terminan imponiéndose los intereses económicos ilegales". 

Debido a que “hay economías ilegales como los cultivos ilícitos y la del acaparamiento de tierras que subsidian la deforestación, que son protegidas por grupos armados, se hace muy difícil la gobernanza de las áreas protegidas”, agrega el biólogo colombiano e investigador de la Universidad de Queensland en Australia, Pablo Negret. Por lo mismo, dice, “Parques Nacionales no puede resolver todo, necesita apoyo del resto del Estado”.

Durante su recorrido por las distintas áreas protegidas, los reporteros documentaron las acciones ilegales que las afectan. En el Parque Sierra de la Macarena, por ejemplo, los periodistas recogieron testimonios sobre la presencia de coca y ganadería, pero justamente es en esas zonas donde los guardaparques tienen prohibido entrar a verificar la situación. “Los trabajadores de Parques no pueden ir a las zonas en donde se supone que sucede eso”, explica una fuente entrevistada en terreno a la que protegemos por seguridad. 

En La Paya, líderes indígenas que hablaron con los reporteros de La Silla Vacía dejaron en claro que la deforestación asociada a las economías criminales no respeta su cosmogonía ni el área protegida. “Nosotros los indígenas siona no queremos que haya más tala de bosque. Nosotros obtenemos de él la alimentación, la medicina y eso no lo queremos más en nuestro resguardo”, dice Javier, un líder de la zona al que protegemos su verdadero nombre. 

Presupuesto para conservar

Aunque algunas áreas protegidas tienen las mayores pérdidas de bosque, estas no necesariamente se ubican en los primeros lugares para la asignación de recursos dentro del presupuesto de Parques Nacionales Naturales. Es el caso del Parque Nacional Tinigua que tiene la mayor deforestación acumulada de 2015 a 2022 con 37 840 hectáreas. Este parque, que concentra el 43 % de la pérdida de bosque en las áreas protegidas amazónicas, en asignación presupuestal acumulada para el periodo 2015-2022, ocupa el octavo lugar entre las 14 áreas protegidas que componen la Amazonía. Chiribiquete tuvo la tercera mayor pérdida de bosque con 8 711 hectáreas, pero ocupó el quinto lugar en asignación presupuestal.

"Si hay un parque como Tinigua que ha perdido más del 10 % de su bosque desde 2000, pero tiene el sexto u octavo presupuesto de la Amazonía, entonces cabe preguntarse ¿en qué se basa la asignación?", comenta Negret.

Desde Parques Nacionales explicaron que la asignación de recursos de un área protegida depende de su plan de manejo, es decir, de sus objetivos prioritarios de conservación y de las amenazas más graves que enfrenta, pero que lamentablemente también incide la imposibilidad de realizar todas las tareas necesarias de cuidado ambiental debido a la situación de orden público. “Para la asignación del recurso al PNN Tinigua, se ha tomado como herramienta el plan de manejo y la revisión de las dinámicas del territorio (escenarios de conflictos por grupos ilegales) con el fin de garantizar el cumplimiento de sus compromisos institucionales y sociales en el territorio”, señala Parques. Agregan que las dinámicas territoriales han jugado un rol importante, teniendo en cuenta que “el ingreso de los funcionarios es limitado”. Y señalan que el presupuesto es acorde a las acciones que “se han logrado ejecutar en coordinación con los actores sociales e institucionales” para avanzar en la contención de las presiones que afectan al área.

Para el procurador Guerrero, la deforestación debe ser enfrentada con medidas de control efectivas y eso no se puede lograr si “el presupuesto de los parques de la Amazonía es bajo”. De hecho explica que a pesar de que existe una sentencia de 2018 de la Corte Suprema que prohíbe la ganadería en áreas protegidas de la Amazonía y ordena el aumento de recursos a parques, esto no ha sucedido.

La subdirectiva amazónica del sindicato Sintrambiente Parques Nacionales confirma que el presupuesto asignado a las áreas protegidas del país no les alcanza. “El presupuesto asignado a los Parques en el país es insuficiente para todas las acciones que requieren la administración y el manejo de las áreas protegidas. Cubren los mínimos de funcionamiento. En la mayoría de casos, varias líneas de los planes de manejo se encuentran desfinanciadas”. Además, critican la creación de nuevas áreas protegidas sin el presupuesto necesario para poder dotarlas de personal y un manejo adecuado, lo que las hace “áreas protegidas de papel”.

Deforestación cerca de la Trocha Ganadera, a su vez parte del sector Guayanero cercano al Parque Sierra de la Macarena. Crédito: Ana María Rodríguez Ortiz.

También añaden un tema que afecta a muchas de las áreas protegidas de la cuenca amazónica: el número de guardaparques versus la cantidad de hectáreas que deben conservar. “En el país la relación ya pasó de ser de 1 Guardaparque por cada 40 000 hectáreas, cuando el promedio internacional es de 1 Guardaparque por cada 6 000 hectáreas”.

Pese a que el estado colombiano sostiene que la deforestación disminuyó en el país y en la Amazonía, la situación de seguridad de los guardaparques de las catorce áreas protegidas de este ecosistema aún no mejora. Las escenas vistas en la reportería de este trabajo lo demuestran, como el retén de Comandos de la Frontera en La Paya. O los testimonios recogidos cerca del Parque Sierra de la Macarena, donde la carretera que conecta al municipio de La Macarena con Vistahermosa no cuenta con presencia de miembros de la fuerza pública, sino de otros grupos ilegales. Al preguntarle a un habitante de La Macarena quién custodia el camino respondió que “en algunas ocasiones aparecen miembros de las disidencias de las FARC. La mayoría son jóvenes, tienen menos de 30 años”.

Edición general: Alexa Vélez y María Isabel Torres. Editores: Michelle Carrere, Juanita León de La Silla Vacía, Óscar Parra de Rutas del Conflicto y David Tarazona. Coordinación periodística: David Tarazona. Investigación y análisis de base de datos: Gabriela Quevedo, David Tarazona y Vanessa Romo. Análisis geoespacial: Juan Julca. Equipo periodístico: Pilar Puentes y Juan Carlos Granados de Rutas del Conflicto y Santiago Rodríguez de La Silla Vacía. Montaje y corrección de estilo: Mayra Castillo. Visualización de datos y diseño gráfico: Richard Romero, Manuela Galvis de La Silla Vacía, Fernando Pano y David Tarazona.  Producción de videos: Richard Romero. Fotografía y videos: Ana Rodríguez Ortiz y Juan Carlos Contreras de Rutas del Conflicto junto con Alejandro Melgarejo para Mongabay Latam. Programación: Alejandra Franco. Audiencias y redes sociales: Dalia Medina, Richard Romero y Kimberly Vega de Rutas del Conflicto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualizado el: Mar, 10/17/2023 - 18:11