“Pasado un año de que acabara la Comisión, las experiencias de mis colegas fueron difíciles y muchos de ellos tuvieron que cambiar de vida. Además, surge en nosotros la pregunta de por qué no ha existido una reflexión de qué significa trabajar en el mundo de los derechos en Colombia”, afirma Daniel Marín, abogado que trabajó en la Comisión de la Verdad. 

Un florero que se rompe es un libro que recopila poemas y escritos de ocho personas. De este proceso hicieron parte: Andrés Celis, Nohora Cabellero Culma, Sara Malagón, Juan Gabriel Acosta, Anascas Del Río, María Paula Herrera, AF, María Valbuena y Daniel Marín López. 

Después de su paso por la Comisión de la Verdad, ellos tomaron la  decisión de  reunirse para iniciar un proceso de sanación mediante la escritura. 

 

La iniciativa fue de Daniel Marín, quien en un viaje encontró una forma de procesar diversas emociones. “En ese viaje a Chicago, “Daniel” conoció a un profesor que estudiaba el comportamiento de quienes trabajaban en justicia transicional y el poder de la escritura como una forma de transitar por ese sentir”, afirma Carolina Guitierrez, quien fue parte de la organización de los talleres que hicieron posible la construcción del texto final. 

 

Aun en estos tiempos poco se habla del informe final de la Comisión de la Verdad, una serie de documentos que trajo, en su construcción, varios retos para quienes trabajaron en ella. Sin embargo, la historia parece haberlos olvidado, al igual que aquella guerra de la que es difícil hablar. Su trabajo fue impulsado por encontrar esa verdad que el país necesitaba, y la justicia que las víctimas directas merecían. 

 

Sin embargo, el trabajo en la Comisión de la Verdad trajo consigo múltiples retos para sus vidas personales. Algunos fueron diagnosticados con estrés postraumático y tuvieron que poner su vida laboral relacionada con derechos humanos en pausa. Carolina Gutiérrez afirma que el paso por ese trabajo “fue un ejercicio que evolucionó, para muchas personas era un sueño estar en la comisión, era una posibilidad única de en tres años reconstruir la verdad del país, pero con el paso de los años se convirtió en una carga”. 

 

Los factores que generaron un gran cambio en la vida de los investigadores fueron muchos, aunque todos coinciden en el tiempo. Para la entrega del informe se tenía una fecha concreta, la cual era corta e hizo que muchos de los funcionarios tuvieran que agilizar el trabajo y sacrificar cosas en el proceso. 

Juan Gabriel Acosta, abogado y uno de los autores del libro, contó que fue “una experiencia transformadora, agotante, exigente y contra el tiempo” que los ponía, en algunas ocasiones, en situaciones difíciles. Los talleres de escritura jugaron un papel importante, dentro del proceso, que los ayudó a entender que hay una vida después de la Comisión y esto lo refleja en su escrito - Con el tiempo - un texto que se concentra en imaginar un escenario que no hubiera sido posible sin la firma del acuerdo. 

 

Andrés Celis fue investigador de la Comisión y autor del libro y a noviembre de 2024 se encuentra exiliado por amenazas que surgieron durante su trabajo en la entidad. Para él fue una experiencia distinta y la escritura fue una forma de comunicar todo lo que estaba sintiendo. Andrés es el autor del texto - Vientos de agosto - que enmarca una de las muchas experiencias que tuvo trabajando en la Comisión. Un pequeño escrito que logra reflejar lo que sentía en aquellos momentos. 

 

Carolina Guitiérrez señala que “el dolor es una sensación incomprensible y que puede llegar a tener muchas caras. El proceso de sanar no es fácil para ninguna persona, pero mediante la escritura y los diferentes talleres encontraron la manera de exteriorizar todo lo que estaban sintiendo”. Además, también dice que, “nos inventamos una metodología que nos permitiera llevar a esas preguntas de qué había pasado en sus mentes después de su paso por la comisión”, afirma Gutiérrez. 

 

Este trabajo trae consigo una serie de matices detrás de la escucha que tienen repercusiones en la salud mental. Ángela Fiorela Cruz, psicóloga especialista en clínica,  ha trabajado con derechos sociales y aclara sus afectaciones en la persona: “Este tipo de trabajo en derechos humanos siempre van a implicar un riesgo de salud mental y tiene que ver con la exposición al dolor y al trabajo bajo presión”.

 

Cruz señala que el impacto que se recibe es gracias al permanente contacto con el dolor humano que trae consigo la escucha y la empatía que con el tiempo genera desesperanza. Además, aclara que hay ciertos rasgos que aparecen en quienes se ven afectados: “Se empiezan a ver afectaciones en el sueño, en la alimentación, se presenta fatiga, los cuales se unen con síntomas de ansiedad y depresión dependiendo de la persona”.

 

La psicóloga agrega que todo esto ocurre, porque se cae en un error y es la no separación del espacio personal del profesional y  se presenta una dificultad para reconocer esas afectaciones, porque se piensa que la persona no es apta para el trabajo y se limita a pedir ayuda. Síntomas que también puede ser de tipo somático, que se expresan en el cuerpo, de problemas gastrointestinales y musculares, afirma Cruz. 

 

Juan Gómez Peña, periodista de Rutas del Conflicto que lleva investigando historias relacionadas con derechos humanos desde hace 12 años, entiende ese dolor. “El mismo trabajo nos ayuda a sanar, hay belleza en ese sentir y se ve cuando se busca trascender la investigación, aunque el tiempo esté en contra”, explica el periodista. 

 

Gómez también señala que este es un momento en el que se habla más de la salud mental, a pesar de haber más personas acogidas por el dolor. Además, es un trabajo de día a día y quienes hacen parte del oficio deben tener cuidado con esas pequeñas caídas que puede traer consigo el sentir. 

 

Esas posibles caídas se pueden trabajar si la persona, por medio de diferentes medios como lo es la escritura, se exterioriza el sentir. La psicóloga Cruz señala que junto a un ejercicio de vaciado de información, el cual no es olvidar la historia, si no es escribir o  hablar con otras personas sobre el impacto que ha generado la escucha y es un ejercicio que debe hacerse permanentemente. 

 

El libro Un florero que se rompe es la muestra del cuidado y las implicaciones que puede llegar a tener el trabajo con enfoque social, en el cual se escuchan historias llenas de dolor todos los días. Y aunque esa verdad no la comparten todos los que trabajaron en la Comisión de la Verdad, sí es una buena base para comprender los retos del oficio. 

 

El trabajo de la Comisión, al igual que oficios afines como lo es el periodismo, tienden a tener repercusiones en la vida de las personas. Para evitar que esto ocurra se deben tomar diversas medidas y asumir responsabilidades. Cruz explica que estos deberes deben venir desde el mismo Estado:“Diferentes políticas y estrategias formales definidas por una entidad que sirven para proteger a las personas que desarrollan labores de escucha”.

 

El investigador Marín cuenta que en un principio no se tenía pensado que los escritos iban a ser publicados. Sin embargo, en aquellos textos encontraron una verdad que se pasaba por alto y que tenía que ser escuchada, porque así se completa la historia. “Es un tema que aún es muy silenciado y cualquier mínimo de apertura es ganancia”, afirma Marín. 

 

El libro fue publicado el 24 de agosto de 2024, al lanzamiento fueron 70 personas y pudieron conocer de primera mano los once relatos de los autores que por medio de la escritura dejaron salir sus sentir después de su paso por la Comisión de la Verdad. Procesos que, cada día, recobran un nuevo sentido.

Actualizado el: Lun, 12/09/2024 - 18:13

 

Julio Daniel Chaparro está en Villavicencio. Su familia apenas lo ha visto: lleva tres días encerrado en el apartamento de su amigo Jaime Fernández, dedicado a terminar su tercer libro de poesía, que quiere publicar antes de cumplir 30 años. Hace algunos años, junto a Jaime y otros compañeros, fundó revistas como Oriente y la editorial Entreletras, una patria de la amistad bajo un lema constitucional: “Lo mejor de la poesía son los amigos poetas”.

El libro ya tiene fecha de lanzamiento: será el 5 de mayo de 1991, en la Feria del Libro de Bogotá. Sin embargo, Julio Daniel está haciendo ajustes de última hora para corregir lo que llama “los inevitables errores de dedografía, insalvables cuando de chuzografía se trata”.

Su agenda reciente ha sido agotadora: Tumaco, Volador, el río Güejar, El Carmen, Tacueyó... Viaja mucho como periodista de El Espectador y es el alma peripatética de la serie Lo que la violencia se llevó. Este proyecto, lanzado por el periódico en su renovación centenaria, busca ser nacional y resistir, con vida, las múltiples formas de muerte que ha enfrentado ese periódico en su historia reciente: amenazas, atentados, el asesinato de su director Guillermo Cano hace cinco años, una bomba en su sede principal en 1989, el estrangulamiento económico y la persecución implacable de las mafias y el narcotráfico. El Espectador es, según Julio Daniel, “un espejo necesario que pocos quieren mirar”.

En esa serie de reportajes, Julio Daniel recorre pueblos que han sido escenario de masacres perpetradas por distintos actores armados. Su intención es sencilla pero poderosa: respirar los paisajes, hablar con las personas y sentir el clima emocional del lugar. “Desde esta sección de Vida Colombiana puedes ver cómo es realmente el país, sus realidades”, nos dice. Añade que algo que sorprende a los habitantes de esos sitios es “ver a un periodista de la capital”.

Julio Daniel tiene un hoyuelo en la barbilla y casi siempre lleva una mochila al hombro. En ella carga un lápiz pequeño y un diminuto cuaderno donde anota todo lo que ve, no importa si está en modo poesía, periodismo, en un rincón apartado del país o en una fiesta en el Café Libro o el Bilongo. Entre risas y gozo pagano puede alargar la fiesta hasta el amanecer, o retomar al día siguiente el hilo de su texto donde lo dejó.

Su carisma natural es innegable: de sonrisa franca y timbre de voz imponente. Combina el porte relajado de un Tom Selleck criollo con las gafas de un Héctor Lavoe de los años 70. Desde joven ha sido un líder: en el colegio luchó por los derechos de sus profesores, lo que le valió la expulsión. Pero eso no detuvo su aprendizaje autodidacta, alternando lecturas de Marx y Nietzsche, con los cómics de Mafalda y Condorito. En casa, creció escuchando los discos de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés que su padre traía de Cuba, regalos que le traía a su hijo especial al que se refería como “el chino”. Mal jugador de fútbol y, como su padre, hincha de Santa Fe.

¿Cómo se llama el libro de poesía que lanzará en la próxima Feria del Libro?

Se llama Árbol Ávido.

¿Y de dónde surge ese nombre?

Algo tendrá que ver con mi familia, donde hay de todo: pintores, músicos, teatreros, cineastas, poetas, periodistas y algún otro dedicado a las Ciencias Sociales. Somos una especie de tribu nómada, una cultura de narradores. Mi abuelo Julio fue el pintor ebrio de Tunja; el abuelo Daniel Hurtado, liberal, cargaba la herencia de la violencia, vendió chicha y nos legó, quizás por eso, nuestra inclinación a la degustación de la cerveza en sociedad. A los liberales los expulsaron de Boyacá y él terminó en los Llanos, en San Juan de Arama, como alcalde. De ahí, por el trabajo en radio de mi padre, que es locutor y periodista deportivo, el destino nos llevó por Valledupar, Duitama, Sogamoso, Cali… En mi familia siempre ha habido esta tendencia a ser como árboles ávidos. No sé qué extraña mezcla de nutrimentos genéticos y culturales nos impulsa, pero tenemos esa avidez por la vida, ese deseo de apurarla con intensidad. Para nosotros, vivir en la resignación o en la superficie nunca ha sido una opción.

En sus crónicas recorre desde el Llano hasta el Eje Cafetero, las dos costas, las montañas del Cauca y los campos y lagunas de Boyacá. Aquí, en Villavicencio, recuerdan una crónica de hace años en la que dio voz a las prostitutas y causó cierto revuelo. Recientemente, optó por conversar con el portero de la Asamblea Constituyente en Bogotá, en vez de entrevistar a los constituyentes. En otra crónica, se encuentra con un paisano llanero con alma de nihilista que, como policía en Medellín, es objetivo militar de Pablo Escobar. En otra da cuenta de una rumba de salsa en el emperifollado Teatro Colón con su amigo Fernando Linero al piano. En otra hace un boceto muy acertado en un diálogo fugaz con José Agustín Goytisolo. ¿Cómo percibe que esos vasos comunicantes entre literatura, periodismo y poesía le ayudan a ser fiel a los hechos?

No sé… [piensa un momento antes de responder y lo hace como si le llegara un fogonazo]. Pasamos de la poesía convertida en prosa a la prosa que se transforma en denuncia, luego en testimonio y, al final, en el testigo hecho periodista.

¿Y cómo describiría el periodismo que usted hace?

En El Espectador, mi colega Luz Marina Giraldo dice que hago una especie de etnografía: cuidadosa en la descripción no solo de los colores de las imágenes, sino también de sus sonidos, vientos y olores. Sin embargo, editores veteranos como José Salgar opinan que periodismo y poesía no deberían mezclarse. Creen que eso “almibara” el periodismo. Incluso, con cariño y humor, me dicen que soy la reencarnación retórica de Julio Flórez y su romanticismo tardío. Nacho Gómez se burla de los largos párrafos de mis crónicas, donde puedo pasar horas mordiéndome las uñas con la indecisión de dejar o no una coma, y los llama “danielescos”. Pero esto no es invento mío. En Estados Unidos, escritores como Truman Capote, Tom Wolfe, Gay Talese y Susan Sontag han utilizado recursos de la ficción para enriquecer el periodismo. Y en estas latitudes tenemos a García Márquez, Rodolfo Walsh, Alma Guillermo Prieto, Juan José Hoyos, Germán Castro Caycedo y Alfredo Molano, quienes también han elevado el periodismo al nivel del arte.

¿El periodismo le roba espacio a la poesía? ¿Pasa esta última a un segundo plano?

Es una pregunta recurrente, y mi respuesta siempre es la misma: el periodismo es otra manera de ver la vida. Me nutre, porque mi poesía se inspira en las realidades concretas que intento reflejar. Lo que digo en una crónica me enriquece literaria y poéticamente. Así que no hay conflicto. Si estuviera escribiendo narrativa, tal vez podría haber confrontación, pero no siento que el periodismo limite mi poesía.

¿Cómo describiría su poesía?

Mis poemas responden a un proyecto estético que ha evolucionado en sus formas, pero mantiene un eje constante: escribir como escribe el viento, si parafraseamos a Ezra Pound. Intento que mi poesía sea una inquieta certidumbre, donde el lirismo convive con la realidad, abordándola desde la sensación, no desde la descripción superficial. Mi acercamiento a la poesía comenzó con el rock y la música popular, que fueron mi puerta de entrada. En Colombia muchas veces se dicta qué es poesía y quién puede ser considerado poeta, convirtiéndolo en un círculo cerrado. Esto podría ocurrir, por ejemplo, en el Magazín Dominical de El Espectador. No creo que haya mala intención detrás; simplemente es una forma tradicional y excluyente de operar. Yo no soy parte de los que crean o promueven carreras literarias bajo esa lógica. Como dijera Germán Vargas Cantillo, “ser poeta es la mejor forma de ser algo”.

¿Cree que ha habido una respuesta interesante a esa "dictadura del silencio"?

Sí, absolutamente. La respuesta ha sido una multiplicación de publicaciones y experiencias culturales en Colombia, pequeñas, pero intelectualmente muy ricas. Como la de mi amiga Eugenia Sánchez con el programa Página Impar de la Radiodifusora Nacional de Colombia o lo que pasa en la Revista Ulrika. Los jóvenes poetas y escritores están expresándose con fuerza, reflexionando en voz alta y apuntando a metas mucho más ambiciosas que las de generaciones anteriores. Es un momento esperanzador para nuestra literatura.

¿Qué balance puede hacer de lo que han hecho?

Somos pocos y menores; no lo hacemos tan mal, pero tampoco muy bien que digamos. Ningún libro editado en los últimos diez años merece una memoria de cita o comentario. Nuestros novelistas han tomado la ruta más fácil: no recrean, sino que literalizan la realidad; no nominan, sino que inventan. Con pocas excepciones, nuestros poetas apenas balbucean. Como autores de hechos estéticos, nadie los conoce. Ese paisaje visto y no vivido, esa falta de interiorización, esa negativa a afirmar que paisaje y hombre son un todo, un poema, son los elementos que hacen que la mayoría de nuestra literatura sea un folio más, poco importante. Incluyo en este análisis, por supuesto, mis propios libros. Mi tío Barbini, el actor, dice que mis primeros balbuceos poéticos son producto de la urgencia de querer comunicar un mundo interior, pero que he ido afilando mis instrumentos.

En el ensayo Generación emboscada, que me compartió en fotocopias, habla de este momento en específico.

Sí, tal vez sea pronto para afirmarlo, pero digámoslo: la creación de los poetas más jóvenes, quienes precisamente integran lo que hemos llamado "una generación emboscada", constituye un juicio auténtico al país reciente, su asunción y su exorcismo. Esa obra en marcha ha sido elaborada desde el silencio, es decir, desde la sinceridad. Quizá por eso permite tantas lecturas. Quizá, por eso mismo, por venir de donde viene y como viene, demuestra que quienes son colombianos y además poetas jóvenes —doble riesgo mortal, no cabe duda— son incapaces de matar, pero no de matarse. Si no hay país, por lo menos hay paisaje. Si no hay barriadas ni muchachos, al menos ha quedado algo entre las huellas. Si hay muerte, también existe el amor: precario, incapaz, pero acaso suficiente.

¿Tiene miedo?

Aquí hasta ser poeta es un peligro. Hace unos años, con los “Poetébrios” —Andrés Romero, Jaime Fernández, Agustín Murcia y el fotógrafo Constantino Castelblanco— lanzamos el primer libro que editamos de mi querido "El Ebrio" Rosero desde el edificio más alto de Villavicencio. Desde ahí tiramos un ejemplar que cayó justo en un carro de bomberos que pasaba. Hicimos ruido, madreamos al alcalde y al bajar, nos esperaba la Policía. Casi no salimos de esa.

Con Nacho en El Espectador y en esa misión casi suicida de hacer periodismo en este país, inventamos el esquizofrenómetro, un medidor del ánimo diario en la sala de redacción. Variables como el redentor tipo Simón Bolívar, el miedo al desempleo, la vanidad personal, las ganas de fama, la adicción a la adrenalina, el periodismo como deporte de alto riesgo o la persona en situación de periodismo. En nuestro rango tolerable está el honor de ser cronista en el periódico que tuvo entre sus filas a García Márquez, o de llegar a ser investigador delegado por Don Guillermo Cano, con la ambición de hacer historia. Aunque claro, en este país te pasan a la historia por derecha, para que dejes de hacer periodismo.

¿Cómo ve a Bogotá?

Desde acá, es evidente: la gente allá en Los Andes no sabe lo que es el horizonte. 

El 24 de abril de 1991, al comienzo de la noche, son asesinados Julio Daniel Chaparro y el fotógrafo Jorge Torres en Segovia, un pequeño pueblo antioqueño enclavado en la cordillera central. Ese mismo pueblo había sido escenario, tres años antes, de una masacre cometida por el grupo paramilitar Muerte a Revolucionarios del Nordeste liderado por Fidel Castaño (a quién Julio Daniel había mencionado en un reportaje previo para El Espectador). El 11 de noviembre de 1988, una caravana de camionetas con hombres armados disparó ráfagas y lanzó granadas a todo lo que se movía, asesinó a más de 40 personas y dejó a otras 50 heridas; la Policía y el Ejército no hicieron nada. 

Julio Daniel y Jorge llegaron en avión al aeropuerto de Remedios y se registraron en el control militar. Al llegar a Segovia, fueron al hotel Fujiyama, dejaron sus maletas y, después de hacer una llamada desde el teléfono de la recepción, salieron a recorrer las calles. Torres fue visto tomando fotografías en lugares como el cementerio, la plaza principal, el monumento a María y el parque. Según el expediente de una investigación policial y judicial deficiente, minutos antes de ser asesinados, una patrulla militar detuvo a los periodistas de El Espectador para interrogarlos sobre su presencia en Segovia y los dejaron continuar su camino.

El testimonio de Julio Daniel sobre los momentos previos a su asesinato, cuando recibió tres disparos en la cara, sobrevivió en tres hojas de su libreta de apuntes que, en algún momento del proceso legal, alguien fotocopió antes de que la Fiscalía la incinerara, junto con el resto de sus pertenencias por considerarlas un "grave peligro para la salud" de sus funcionarios por estar “impregnadas de sangre y suciedad”. Sus anotaciones muestran que, al final de la tarde, estuvieron en un estadero donde tomaron cerveza, escucharon música y Jorge tomó fotos de la mujer que los atendió. Entre sus últimas palabras, Julio Daniel escribió: “SANDRA: Me voy, esto está muy miedoso”. Luego salieron en busca de algo o de alguien. Lo último que se conserva de sus notas es una línea de un poema: “Asoma el blanco sol de abril”.

 

 

*Sala de redacción de ausentes es un homenaje a los periodistas colombianos cuya labor ha sido silenciada por la violencia. Impulsada por la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, esta campaña busca honrar la memoria de aquellos periodistas que, desde 1977 hasta hoy, han sido asesinados por realizar labores informativas en Colombia. El objetivo es revivir esas voces y explorar el impacto que tuvieron en la historia y la huella que sus ausencias dejaron en la sociedad colombiana.

Uno de los pilares de esta iniciativa son las Entrevistas imaginadas, una metodología que da vida a voces ausentes a través de diálogos ficticios basados en testimonios, lecturas y archivos. Para la segunda entrega de este proyecto, curado por el artista Lucas Ospina, se ha reconstruido una entrevista imaginada con Julio Daniel Chaparro, periodista asesinado en 1991, quien se destacó por su sólido periodismo narrativo y por una prometedora propuesta poética. El diálogo con amigos, colegas y poetas cercanos a su vida y obra, como Evelio Rosero, Jaime Fernández, Fernando Linero, y Daniel Chaparro, permite aproximarnos a su perspectiva y preservar su legado. 

A esta campaña se suma la Asociación de Medios Impresos, AMI, y medios como El Tiempo, El Espectador, La Silla Vacía, Publimetro, La Patria, Vanguardia, El Diario, La Nueva Crónica, El Colombiano, Rutas del Conflicto, Cerosetenta y La Liga contra el Silencio. Esta alianza contribuye en la construcción de un museo de la memoria que hace eco del silencio impuesto a quienes fueron asesinados en el ejercicio de su oficio. 

Toda la información en: www.memoriasdelperiodismo.co

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Julio Daniel Chaparro (1962-1991) fue un joven poeta y periodista que logró, en el breve paso que le permitieron tener en este mundo, establecer un sólido periodismo narrativo. Su propuesta poética no maduró tan rápido como su crónica, y jamás sabremos el avance final de sus poemas, aunque su nombre se incluya en antologías de poesía colombiana. Cuando lo asesinaron estaba haciendo una serie de crónicas que tituló “lo que la violencia se llevó”, para el diario El Espectador, último medio para el que laboró.

Sala de redacción de ausentes: en Colombia, desde 1977 hasta 2024, han sido asesinados 167 periodistas por realizar labores informativas. Cada uno de estos asesinatos ha generado una censura que cuesta medir, pero que nos acompaña día tras día. Las censuras de hoy también son producto de la que vivimos ayer. Para entender la palabra silenciada que nos habita, visite la “Sala de redacción de ausentes”, conozca sus periodistas, crónicas, entrevistas, metodologías y objetivos en el oficio, y junto a su trabajo, explore el vacío que dejaron sus asesinatos y la huella impuesta tras su partida. 

 

Esta iniciativa de la Fundación para la Libertad de Prensa hace museo de esa memoria y eco de ese silencio.

 

www.memoriasdelperiodismo.co 

Actualizado el: Sáb, 11/23/2024 - 12:48

El 4 de octubre del 2000 Luis Hernán Almeida venía de realizar un mandado para su familia; hablaba sobre fútbol y su vida cotidiana con otros tres jóvenes, cuando hombres armados en un carro los asesinaron. Unas cuadras adelante, los mismos sujetos entraron a un bar y les dispararon a otras dos personas y también a un joven que se movilizaba en una moto de 16 años. En total fueron asesinadas indiscriminadamente seis personas, en su mayoría, menores de edad.  

El entonces paramilitar John Alexander Vásquez, alias ‘Pepo’, que fue trabajador temporal de Ecopetrol entre 1999 y 2005 fue uno de los responsables de los asesinatos. Rutas del Conflicto pudo establecer que alias “Pepo”, fue condenado en 2011 a 155 meses de prisión por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir por su participación en la masacre, que fue perpetrada durante los años en los que estuvo vinculado a la empresa petrolera. 

En una audiencia reservada de la Jurisdicción Especial para la Paz, en la que participaron cerca de 50 víctimas y sus abogados acreditados en el proceso, se escucharon las declaraciones de John Alexander Vásquez quien narró parte de la incursión paramilitar en Barrancabermeja. Vásquez dio detalles de su paso por las Autodefensas Campesinas de Santander y el sur del Cesar (AUSAC) y posteriormente por el Bloque Central Bolívar. El primer grupo fue cooptado por el segundo desde finales de 1999, cuando Carlos Castaño ordenó el asesinato de su antiguo aliado Guillermo Cristancho, alias ‘Camilo Morantes’ y sus aliados se quedaron con su estructura criminal. 

En la audiencia, reiteró la información de una investigación realizada por el medio de comunicación Rutas del Conflicto y publicada por Colombia +20 de El Espectador el 12 de noviembre de 2024 en la que se puso en evidencia que Ecopetrol contrató a Vásquez apenas dos meses después de que participara en la masacre del 28 de febrero de 1999 en el que fueron asesinadas ocho personas y otras dos fueron secuestradas para desaparecerlas. El trabajo periodístico de Rutas del Conflicto también mostró la infiltración de alias ‘Pepo’ en la Unión Sindical Obrera (USO) y su coordinada por el exjefe de seguridad de la petrolera, José Eduardo González Sánchez.  

En su declaración, el exparamilitar señaló que entre 1999 y 2005 tuvo varios contratos como empleado temporal de Ecopetrol. Rutas del Conflicto le había consultado a la empresa petrolera información de dichos contratos, a lo que la compañía contestó confirmado el vínculo laboral, pero se negó a entregar detalles de fechas y cargos, señalando que era información reservada. 

Según una de las víctimas de la masacre de 1998, el testimonio de Vásquez solo reitera que el objetivo de la incursión paramilitar era proteger el oleoducto. “Lo que se dijo aquí apunta a lo mismo, las garantías brindadas por el Batallón contraguerilla No.45 Héroes de Majagual consistían en asegurar la estructura de Ecopetrol. Eso fue lo que permitió su llegada, pues todas las reuniones fueron en instalaciones de la refinería coordinadas por funcionarios y jefes de seguridad de la empresa”, señaló. 

La víctima aseguró que escuchar el testimonio de alias ‘Pepo’ le permitió confirmar realidades sociales que, aunque ya conocían, no tenían la información suficiente para probarlas judicialmente: “Cada vez hay más pruebas de la participación de la Policía, el Ejército, comerciantes y paramilitares con su relación con Ecopetrol, pero nos quedan muchas preguntas todavía. ¿Dónde están los desaparecidos de todos estos años?”. 

En la audiencia también participó el mayor retirado Oswaldo Prada Escobar, que fue jefe de inteligencia del Batallón de Artillería Nueva Granada entre 1997 y 1998. En su testimonio, Prada detalló la planeación y ejecución de la incursión paramilitar que tuvo como resultado la masacre del 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja y el rol en estos hechos de José Eduardo González Sánchez, exjefe de seguridad de Ecopetrol. 

Prada contó cómo la plana mayor del Batallón de Artillería no solo colaboró con la entrada de los paramilitares a Barrancabermeja al inhabilitar los puestos de control, sino también omitió los reclamos de los familiares de las víctimas que esa misma noche se dirigieron a la unidad militar a pedir ayuda. 

Alias ‘Pepo’ explicó en la audiencia que después de la desaparición de las AUSAC, comenzó a recibir órdenes de Gustavo Alarcón, líder del Bloque Central Bolívar. Según la víctima entrevistada, este engranaje entre grupos paramilitares supone una “transición progresiva y logística de la violencia que tiene como eje transversal a Ecopetrol e incluye, no solo actores fuera del margen de la ley, sino también a funcionarios de la misma estructura”.  

Las víctimas coinciden en que aún hace falta información para conocer la verdad sobre la incursión paramilitar en Barrancabermeja, y exigen a Ecopetrol asumir responsabilidad sobre los hechos presentados, además de verdad y reparación. La empresa le dijo a Rutas del Conflicto como respuesta a su investigación que todas sus actividades se han llevado a cabo conforme a la ley y en respeto de los derechos humanos. 

Actualizado el: Vie, 11/15/2024 - 14:52

Los reportajes sonoros presentados en este proyecto son el resultado de un proceso de aprendizaje y enseñanza mutua construido por Consejo de Redacción, Rutas del Conflicto, la Diócesis de Tumaco y habitantes de este municipio.

Este proceso comenzó con una serie de encuentros talleres en los que los jóvenes compartieron las historias que deseaban contar y los periodistas de las organizaciones aportaron sus conocimientos en la forma en que se podrían contar esas mismas historias: a través de la fotografía, del sonido, del video. Se definió que se construirían dos historias, una alrededor de las quejas de la comunidad por la construcción de un nuevo parque principal en el pueblo y la otra sobre la falta de agua potable en el casco urbano.

Las dos historias tenían un trasfondo que mostraba la falta de oportunidades para los jóvenes de Salahonda en medio de un nuevo ciclo de violencia, en el que el reclutamiento forzado por parte de grupos armados está presente a diario y en el Estado no llega integralmente para atender a la población. Situaciones que agravan el entorno de vulnerabilidad histórica en el que han vivido los habitantes de esta zona del país. 

Los dos reportajes sonoros y las piezas de difusión en redes sociales que se presentan a continuación fueron producidos en conjunto por periodistas de las tres organizaciones y los jóvenes de Salahonda. Un ejemplo de producción periodística en conjunto con comunidades que tienen mucho que contar y aportar a la construcción de paz.

Actualizado el: Jue, 11/14/2024 - 15:25

 

Ilustración: Kimberly Vega

El 28 de febrero de 1999, un grupo de las llamadas Autodefensas Campesinas de Santander y el Sur del Cesar (Ausac) entró a Barrancabermeja, en el Magdalena Medio colombiano, e hizo un recorrido por varios barrios del puerto petrolero. El resultado: ocho personas asesinadas y dos más que se llevaron para desaparecerlas. 

En 2016, dentro del proceso de Justicia y Paz, en el que paramilitares confesaron sus crímenes a cambio de penas alternativas, John Alexander Vásquez, alias ‘Pepo’ aceptó ser uno de los sicarios que perpetró la masacre. ‘Pepo’, que para el momento de los crímenes, hacía parte de la Ausac, contó que, apenas un par de meses después de los asesinatos, Ecopetrol lo contrató y lo incluyó en su nómina.

Según el testimonio del exsubjefe de seguridad de la compañía, José Eduardo González Sánchez, ‘Pepo’ y dos soldados profesionales retirados, que posteriormente se convirtieron en jefes paramilitares, ingresaron a la petrolera con la misión específica de infiltrar a la Unión Sindical Obrera (USO). González Sánchez les ordenó hacer inteligencia dentro de la USO, para identificar supuestos colaboradores de la guerrilla, en medio de una fuerte estigmatización que sufrían los trabajadores que se unían al sindicato.

González Sánchez es un capitán retirado del Ejército que afronta varios procesos judiciales por hacer parte de grupos paramilitares. El militar retirado fue aceptado en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en enero de 2024, donde ha hecho varios señalamientos que involucran a funcionarios de la petrolera con las Autodefensas Campesinas de Santander y el Sur del Cesar (Ausac), y los responsabiliza por la violencia contra la población de Barrancabermeja y los miembros de la USO desde mediados de los años 90.

Rutas del Conflicto pudo constatar que, desde la década pasada, desmovilizados de los paramilitares que han entregado información dentro del proceso de Justicia y Paz que coincide con que ha dado González Sánchez en la JEP. En los testimonios se señala cómo varios altos funcionarios de Ecopetrol, la mayor empresa petrolera del país, que para la época pertenecía en su totalidad al Estado colombiano, fueron parte del entramado paramilitar que se consolidó en Barrancabermeja.

Las versiones de González Sánchez y la de ‘Pepo’ señalan que se conocieron en 1996, cuando Vásquez trabajaba para una empresa de seguridad que era contratista de Ecopetrol. ‘Pepo’ narra que dos años después, mientras manejaba un taxi, fue contactado nuevamente por el entonces subjefe de seguridad de la petrolera para que le sirviera de informante. Rápidamente, ‘Pepo’ pasó a ser miembro activo del grupo paramilitar, como se puede ver en la línea de tiempo a continuación en la que se muestran los crímenes que admitió a la Fiscalía en el proceso de Justicia y Paz.

Entre 1998 y 1999, según ‘Pepo’, se hicieron varias reuniones entre el entonces subdirector de seguridad de Ecopetrol, miembros de la fuerza pública y paramilitares de la Ausac. “Se realizó otra masacre el 28 de febrero también coordinada por ellos dos, es decir, por los dos capitanes Gónzalez y Herrera, pero antes de esa incursión, me fui con los dos capitanes (...) a San Rafael a coordinar con ‘Camilo Morantes’. El capitán Herrera le llevó 40 camuflados americanos y munición, el señor Camilo le canceló en efectivo 8.000.000 de pesos al capitán”, dijo el paramilitar desmovilizado.

En su testimonio, ‘Pepo’ no aclara el nombre del capitán Herrera, y no se sabe si se refiere a los oficiales del Ejército Édgar Román Herrera Fetecua o Jesús Herrera García, los dos con procesos penales por esta masacre. Cuando menciona a ‘Camilo Morantes’, habla del alias de Guillermo Cristancho, principal jefe de las Ausac, que fue asesinado a finales de 1999 por órdenes de los hermanos Carlos y Vicente Castaño, quienes absorbieron la estructura criminal dentro del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Según ‘Pepo’, después de la masacre, González Sánchez le entregó un carné de Ecopetrol para que comenzara a ir a las reuniones de la USO y el 26 de abril de 1999 fue contratado por la empresa petrolera hasta 2005. 

Ecopetrol le respondió un derecho de petición a Rutas del Conflicto, en el que confirma que John Alexander Vásquez fue empleado de la empresa, pero se negó a dar detalles de la contratación. “Se reitera que las personas citadas, registraron con vínculo laboral o pensional directo con Ecopetrol, por lo tanto sus actividades se sujetan a las disposiciones del derecho privado, y sus actuaciones no están cobijadas por el Derecho Administrativo”, dice la respuesta de la compañía.

De empleados de Ecopetrol a jefes del paramilitarismo

Carlos Piedrahita Zabala y Leocadio Bohórquez son los dos soldados profesionales mencionados por González Sánchez que fueron contratados por Ecopetrol, según confirmó la misma empresa petrolera y que rápidamente se convirtieron en comandantes paramilitares. Según el exsubjefe de seguridad de la compañía, los dos fueron empleados de la empresa petrolera entre 1996 y 1997, en el área de mantenimiento, exclusivamente para que se infiltraran en la USO. 

González Sánchez mencionó ante la JEP que Piedrahita, una vez dejó de ser empleado de Ecopetrol, había dirigido junto a Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’ un grupo paramilitar vinculado a una cooperativa de seguridad (Convivir), en Yarumal, Antioquia , conocido como Los 12 Apóstoles. Por vínculos con dicho grupo, Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, enfrenta un proceso penal que a finales de 2024, completa casi una década. 

Según una sentencia de Justicia y Paz, Piedrahita Zabala, alias ‘David’, pasó luego a ser el tercero al mando del Bloque Central Bolívar en 1999 en el Magdalena Medio y para el 2001 se convirtió en el comandante del Frente Andaquíes en el Caquetá. Allí, ordenó una serie de torturas y crímenes contra la población, que luego terminaron en fosas comunes como lo documentó el Centro Nacional de Memoria Histórica en su informe Textos Corporales de la Verdad. “El Frente Sur Andaquíes estuvo conformado por patrulleros organizados en escuadras y distribuidos estratégicamente en la zona bajo las órdenes directas de Carlos Alberto Piedrahita, alias David (...) Allí, las personas eran interrogadas con torturas mediante las cuales se buscaba obtener información ”, dice el informe del CNMH.

En el documento, el Centro de Memoria Histórica señaló que para el 2014 se desconocía el paradero de Piedrahita. En 2012 la Fiscalía señaló que varios paramilitares del Bloque Central Bolívar habrían fingido su muerte en 2008 para escapar de la justicia, con partidas de defunción firmadas por un mismo médico, entre ellos Carlos Piedrahita. Rutas del Conflicto revisó la cédula del exempleado de Ecopetrol en la base de datos de la Registraduría Nacional y encontró que el documento aparece vigente, señalando que para el Estado, se encuentra con vida.

De acuerdo con una sentencia de Justicia y Paz en contra el Bloque Central Bolívar, el otro paramilitar, Leocadio Bohórquez, tan pronto salió de Ecopetrol, en 1999, pasó a ser uno de los jefes del Bloque Central Bolívar entre Barrancabermeja y el sur del departamento de Bolívar, en donde fue responsable de varios asesinatos y desplazamientos. 

La persecusión a la USO

Los testimonios de ‘Pepo’ y de González Sánchez muestran el estigma que vivían los miembros del sindicato, señalados de ser posibles guerrilleros o colaboradores de la subversión por quienes hacían parte del entramado criminal: los paramilitares, los militares y funcionarios de la misma empresa. 

Según Fabián León, director de la oficina Colombia del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, una organización que investiga los impactos en los derechos humanos de las operaciones empresariales, históricamente Ecopetrol ha tenido una sistemática y fuerte confrontación con el movimiento sindical, en medio la una fuerte militarización de la industria petrolera. “Como lo muestra la Comisión de la Verdad, en medio de estas circunstancia se tiene un movimiento sindical debilitado por la estigmatización y la violencia”, explica León.

La Comisión de la Verdad, en su informe Reconfiguración Territorial de Barrancabermeja, muestra cómo desde la década de los setenta, con los paros de 1975 y 1977, aumentó la estigmatización del movimiento social en la ciudad, en medio de la fuerte presencia de las guerrillas de FARC, el ELN y el M-19. La Comisión señala que en 1988 comenzó un plan para exterminar a los miembros de la USO por parte de paramilitares y miembros de la Red de Inteligencia de la Armada No. 7. “En el periodo entre 1988 y 1993 fueron asesinados 71 de sus miembros. Los años más violentos fueron 1992 con 19 asesinatos, 1991 con 17 homicidios y 1988 con 14, dentro de un total de 106 asesinatos entre 1987 a 2001”, dice el informe.

El documento también señala que desde 1991 aumentó la persecución judicial contra los miembros del sindicato y 30 de ellos terminaron en la cárcel “acusados de vínculos con los grupos guerrilleros”. Todo este contexto muestra la fuerte estigmatización que sufrían los miembros de la USO en los años previos a los hechos que rodearon la entrada del paramilitarismo en 1998.

Rutas del Conflicto habló con un investigador que hace parte de la USO, que ha documentado la violencia que ha sufrido la organización y que mantiene su nombre en el anonimato por cuestiones de seguridad. Señaló que la estigmatización que sufría el sindicato desde la fuerza pública, era la misma desde los encargados de seguridad de la empresa. “Aquí hay algo de fondo que es muy grave, es que el aparato de seguridad de Ecopetrol ha sido dirigido por militares retirados con una fuerte lógica contrainsurgente. Sabíamos que el Programa de Seguridad Industrial (PRI) de la compañía nos hacía inteligencia”, dice el investigador.

El profesor de la Universidad de Los Andes, Daniel Marín López, que investiga desde hace años la relación de las empresas con el conflicto armado en Colombia (Ver investigación de su coautoría sobre el tema, publicada en 2024), y fue asesor de la Comisión de la Verdad, señala que desde los años ochenta hasta la primera década del siglo XXI, grandes empresas extractivistas asumieron un modelo de seguridad corporativa basada en la doctrina contrainsurgente que tenían los mismos militares. “En el sector petrolero, históricamente se ha visto como una buena práctica los vínculos de las empresas con la fuerza pública y esto es muy problemático porque adaptaron la lógica del enemigo interno”, dice Marín.

En el caso de Ecopetrol, la relación con la fuerza pública era tan estrecha, que desde los noventa, existía un batallón dentro de las instalaciones de la refinería en Barrancabermeja. La petrolera también comenzó a entregar recursos directamente al Ejército, a través de convenios de cooperación para que cuidara su infraestructura en los años previos a la infiltración de los paramilitares al sindicato.

El investigador de la USO explica que, durante los años de la infiltración, continuaron las amenazas y los asesinatos contra el movimiento sindical. En 2016 la Fiscalía le preguntó a ‘Pepo’ si se había utilizado la información que “llevaba de las reuniones de la USO al capitán González” para asesinar a alguien, a lo que el exparamilitar respondió que sí, señalando el caso de Rafael Jaimes Torrá, un líder del sindicato cuyo crímen fue perpetrado en 2002 en Barrancabermeja. ‘Pepo’ aclaró que para ese entonces el exsubjefe de seguridad de Ecopetrol, González Sánchez ya no se encontraba en la ciudad, ya que había ingresado de lleno en la estructura paramilitar y se encontraba delinquiendo en el sur de Santander.

La devastación de las masacres y las desapariciones

Manuela Sidray ha buscado a su hijo Édgar Sierra durante 25 años. La última vez que lo vio fue el 28 de febrero de 1999, cuando unos paramilitares lo subieron a una camioneta y se lo llevaron, en medio de la masacre que perpetraban por varias calles de Barrancabermeja. Édgar tenía apenas 17 años y cursaba el grado noveno. “Cuando comenzaron los gritos, yo salí y ví cuando lo subieron a ese carro. Yo corrí y les rogué que no se lo llevaran, lo tuve muy cerca, pero no pude hacer nada”, cuenta Manuela.

‘Pepo’ le contó a la Fiscalía en 2016 que la masacre fue planeada por el exjefe de seguridad de Ecopetrol, el capitán del Ejército de apellido Herrera y ‘Camilo Morantes’. “Ingresamos en tres camionetas al sector nororiental de Barranca (...) se dio de baja a una o dos personas no recuerdo bien. Salimos por el barrio La Esperanza, llegamos a un punto que se llama obras públicas. Ahí, uno que iba con nosotros capturó a un muchacho y lo echó a una de las camionetas (...) Antes de salir de ese sector había una base militar (...) Nos estaban esperando, habían cuadrado con el comandante de esa base para que nos dejaran posar”, dice el documento de la Fiscalía.

Manuela Sidray junto a una fotografía de su hijo Édgar Sierra. Foto: Samara Díaz.

La vida de Manuela cambió para siempre esa tarde de domingo: sus días, llenos de incertidumbre los dedicó, uno tras otro a preguntar por su hijo, a exigir la verdad. Vendía los enseres de la casa para recorrer el Magdalena Medio siguiendo alguna pista sobre el paradero de su muchacho, mientras recibía amenazas para que dejara la búsqueda. Inclusive tuvo que abandonar Barrancabermeja ante los hostigamientos. “Muchas veces tuve que dejar a mis otras tres hijas solas. Hubo un tiempo en que me enfermé debido a todo este dolor y a la incertidumbre”, cuenta la madre de Édgar. 

Leidy Barroso Amaya es una abogada defensora de víctimas de la organización Credhos en Barrancabermeja que también fue víctima de esta masacre. Tenía tan solo tres años en 1999, cuando los paramilitares, entre los que se encontraba ‘Pepo’, asesinaron a su padre César Manuel Barroso ese 28 de febrero. Un año después, en febrero del año 2000,  

Leidy y su madre María Yesenia Amaya fueron secuestradas por los ‘paras’ como represalia por la búsqueda de la verdad sobre el asesinato. “A ella la desaparecieron y a mí me liberaron unos días después, claramente todo esto me cambió la vida. Yo hago parte de la segunda generación, la de los hijos de las víctimas, estamos en ese constante proceso de búsqueda, de verdad y de construcción de memoria”, dice Barroso.

La abogada cuenta que están a la espera de que alias ‘Pepo’ responda muchas de sus preguntas en una audiencia que tiene programada la Jurisdicción Especial para la Paz en noviembre de 2024.”Lo que está demostrado es que lo contrataron cuándo era un paramilitar, apenas un tiempo después de perpetrar la masacre. Quisiéramos saber cómo entró a Ecopetrol, porque él no fue empleado como un obrero si3no como un paramilitar, entonces nos gustaría preguntar qué funciones tenía, cuál era el sueldo que recibió”, explica Barroso.

Las víctimas de las masacres del 28 de febrero no son las únicas que buscan verdad tras los testimonios de González Sánchez y ‘Pepo’. El entramado criminal que han descrito, y que está involucrado con empleados y recursos de Ecopetrol, estuvo detrás de las 14 masacres cometidas por paramilitares entre 1998 y 2000, según la base de datos del CNMH, entre ellas las del 16 de mayo (siete asesinados y 25 desaparecidos) y el 2 de agosto de 1998 (11 asesinados) y la del 4 de octubre de 2000 (seis asesinados). Durante esos años, según la misma base de datos, fueron desaparecidas 262 personas.

El paramilitar Mario Jaimes Mejía señaló en varias ocasiones, dentro del proceso de Justicia y Paz que las víctimas de estas masacres fueron seleccionadas, la mayoría de las veces, al azar y no tenían nada que ver con la guerrilla. Según el informe Telarañas de la impunidad: las voces de la resiliencia frente a la violencia estatal-paramilitar en el Magdalena Medio, del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que ha investigado estos crímenes, la estrategia de los victimarios era producir terror generalizado entre la población, especialmente en las comunas que eran estigmatizadas como colaboradoras de la subversión. 

Por ejemplo, el otro desaparecido en la masacre del 28 de febrero, Luis Miguel Cifuentes, era un taxista que tuvo la mala fortuna de pasar con su carro por el sitio en el que los paramilitares cometían uno de los crímenes. Su esposa Alix Vélez ha tenido que vivir estos 25 años en medio de la incertidumbre, luchando por la verdad, limpiando el nombre de su esposo, señalado falsamente como guerrillero.

Lo mismo ocurre con Manuela Sidray. Cada vez que cuenta la historia de su hijo Édgar hace todo lo posible para mostrar que no tenía nada que ver con la guerrilla. Ella señala que no entiende por qué funcionarios de una empresa como Ecopetrol, con todo el poder del Estado, terminaron orquestando una masacre en la que desaparecieron a su muchacho, un jóven de noveno grado que nada tenía que ver con la guerra.

En todos estos hechos criminales los paramilitares actuaron con sevicia para sembrar el pánico entre los habitantes: hubo decapitaciones públicas e incluso, en la del 2 de agosto, una mujer embarazada fue golpeada brutalmente para que perdiera a su hijo. “Como lo expresó unos de los familiares de las víctimas del 28 de febrero: ‘Yo empecé a sentir miedo por esas personas que cometieron esta masacre a gente inocente porque pensé que me iba a pasar lo mismo’”, dice el informe del José Alvear Restrepo.

Leidy Barroso señala que la incursión paramilitar con toda esta violencia en Barrancabermeja ocurrió para proteger los intereses de la industria petrolera, por encima de los derechos humanos y la integridad de las personas que vivían en el territorio. “Toda la violencia ocurre al servicio de Ecopetrol y del mismo Estado. Toda la persecusión a las víctimas para que no se investigara, para que retiraran las denuncias, toda el sufrimiento causado por intereses económicos es lo que lo hace más triste y que desde Ecopetrol se prestara para todo esto, es denigrante”, dice la abogada y víctima de los crímenes.

La responsabilidad de Ecopetrol

Conmemoración de la masacre del 28 de febrero de 1999. Foto: Samara Díaz.

Es un hecho que la petrolera terminó contratando a miembros de grupos ilegales que, además, infiltraron el sindicato de trabajadores de la empresa. González Sánchez también ha señalado a otros altos funcionarios de crear las condiciones para el ingreso de los paramilitares al puerto petrolero, entre ellos a su propio tío, Antonio Sánchez Vargas, director de seguridad nacional de Ecopetrol; Marco Tulio Restrepo, director corporativo de seguridad y su jefe directo; y el coronel Oscar Virgüez, jefe de seguridad de la refinería de Barrancabermeja.

Toda esta información describe el involucramiento de funcionarios de distintos niveles, el uso de infraestructura y recursos de la empresa para perfilar sindicalistas, además de planear y ejecutar la entrada y consolidación del paramilitarismo en la región. Las situaciones descritas por González Sánchez y ‘Pepo’ abarcan un periodo de casi nueve años, entre 1996 y 2005, en el que se vivió el pico de violencia en la ciudad, especialmente con la incursión de las Ausac en 1998. Desde ese momento fue evidente el control de la ciudad por parte de los paramilitares, primero bajo órdenes de Camilo Morantes y luego, desde finales de 1999 bajo el control del Bloque Central Bolívar.

Surgen entonces varias preguntas sobre la responsabilidad de Ecopetrol como empresa en todos estos hechos: ¿los vínculos con estos hechos criminales se limitan a unos cuantos funcionarios o eran parte de una política no oficial de la empresa? ¿Si estos funcionarios actuaron por su cuenta, por qué la empresa no se dio cuenta del uso de sus recursos y de la relación de varios de sus funcionarios con la violencia en la ciudad? ¿Qué hizo la compañía para verificar que los militares que estaban dentro de sus instalaciones y recibían sus recursos no violaran derechos humanos?

Fabián León del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos señala que el período posterior al año 2000 es clave para entender las omisiones de diligencia debida en derechos humanos de Ecopetrol y su relación con los crímenes ocurridos antes de esa fecha. En ese año, se crean los Principios Voluntarios sobre Seguridad y DDHH. Esta es una iniciativa internacional a la que se han adherido gobiernos y empresas en todo el mundo que “promueve la implementación de una serie de principios guías para las compañías de hidrocarburos y mineras para proveer seguridad en sus operaciones, en una forma que sea respetuosa de los derechos humanos”. 

León explica que con los hechos ocurridos antes del año 2000, es difícil establecer una responsabilidad jurídica de la empresa en los hechos, ya que no había un instrumento para verificar sus obligaciones. “Con la JEP y con Justicia y Paz se han venido estableciendo unos contextos que, si bien, no generan una responsabilidad jurídica, por lo menos le señala a la empresa una responsabilidad general por la toma de decisiones que contribuyeron al incremento de la violencia”, dice el investigador.

Para el profesor  Daniel Marín, toda la información que ha salido en estas dos décadas muestra indicios de que la empresa tenía consolidada unas prácticas en su operación en las que había una permisividad hacia conductas por fuera de la ley que pudieran realizar sus funcionarios. “Es importante revisar los vínculos entre los funcionarios, que se pueda ver si en las instancias de toma de decisión realmente había un conocimiento de todo lo que estaba pasando”, explica Marín.

Víctimas de las masacres del 16 de mayo de 1998 y el 28 de febrero de 1999. Fuente: organizaciones de víctimas de Barrancabermeja.

El investigador aclara que la situación de la empresa petrolera, respecto a protocolos de derechos humanos es muy diferente en la actualidad, ya que ha certificado altos estándares en ese sentido. “Hicimos un estudio con la Defensoría del Pueblo en 2023 y vimos que la compañía ha tenido un reflejo en su estructura de inclusión de derechos humanos en la actividad empresarial, pero la duda más grande es qué va a hacer frente a la rendición de cuentas de sus deudas anteriores”, dice Marín.

Ante la información expuesta por el exjefe de seguridad González Sánchez, que confirma lo dicho en Justicia y Paz por paramilitares como ‘Pepo’, las víctimas esperan que el trabajo de la JEP contribuya a que se conozca toda la verdad de los hechos y los implicados en los asesinatos y desapariciones de sus familiares, incluyendo los directivos de Ecopetrol.

Rutas del Conflicto buscó una entrevista con los directivos de la empresa para escuchar su respuesta a los señalamientos, pero desde la oficina de prensa indicaron que no había un vocero para hablar de ese tema en particular. Insistieron en que la posición oficial de la compañía era la siguiente: “Ecopetrol nunca ha trabajado con organizaciones paramilitares ni se ha asociado de ninguna manera con tales grupos. Todas las acciones de Ecopetrol se llevan a cabo de acuerdo con la ley y el respeto de los derechos humanos. La Empresa no ha financiado ni patrocinado a ningún grupo ilegal en sus más de 70 años de historia.  No hay procedimientos legales o administrativos contra Ecopetrol, ni ha sido considerada responsable o sancionada por financiar actividades ilegales”.

*Dedicado a don Jaime Peña, que murió en 2021, después de 23 años de buscar la verdad sobre los responsables de la desaparición de su hijo Yesid en la masacre del 16 de mayo de 1998.

**Esta investigación fue realizada con el apoyo de la Heinrich Böll Stiftung en Colombia

Actualizado el: Mar, 11/05/2024 - 06:54

Por: Lucas Ospina
Profesor de la Universidad de los Andes

Dije que iba donde Silvia Duzán y di el número del apartamento. El portero me miró con sorna, ni miró el citófono, se volteó y sacó del casillero un papelito con esa letra de ella; primero redonda, juiciosa, y luego cada vez más recostada, casi ilegible por el afán: “Estoy en el OMA de la 82. Veámonos allá a las 4”. 

Esta entrevista es una colección de papelitos. De encuentros y desencuentros con Silvia desde hace un año y más desde que ella estuvo en Medellín y ahora viaja al Magdalena Medio como productora del documental para el Canal 4 de BBC Londres. Silvia es una lucha contra el caos, tiene que hacer enormes esfuerzos para ajustarse a cualquier orden, su marido, el economista Salomón Kalmanovitz, le dice que no tiene “reloj interno” y que siempre cree que puede hacer dos cosas al tiempo en lugares distintos. 

Salgo de las Torres del Parque hacia la séptima, espero la buseta a Unicentro, me bajo en la 82. Llueve. Atravieso charcos y carros parqueados encima del andén. Entro al OMA, medio café y medio librería, ya sé dónde está Silvia: su risa. 

“Muchacha de risa loca”: la risa de Silvia que también es sarcástica, es defensiva, es munición lanzada al vacío para un desarme sin agresión. Silvia, con sus ojos rasgados, facciones morenas y cara de muñeca; Silvia es sensibilidad en su versión más pura, más extrema y radical, entre el infinito encanto y el infinito riesgo, Silvia siempre es leal a su desmedida esencia.

Ríe en cascadas, sus ojos se achinan, y entre frases manotea sin cesar. Hoy está con dos jóvenes de barrio bajo, que ya no son tan jóvenes, con chaquetas raídas, parches y etiquetas metaleras, con pantalón entubado y zapatos tenis sucios que podrían ser de mejor marca y esos raros peinados nuevos, como de video de Charly García. Ríen, ella hace que sus entrevistados se sientan como reyes, odia regañar, culpar, dañar, su comunicación es franca, intensa, no la quiero interrumpir. Espero un rato, Silvia manotea, se voltea y me ve, se alegra, se levanta, me lleva a la mesa, me dice que ya están por terminar. Ellos se van, se abrazan, chocan manos, tienen las mismas pulseras. Ella guarda su pequeña libreta de hojas rayadas y su esfero en la mochila.

Ahora es su turno: la reportera será la entrevistada. Vamos a ver si se desenvuelve con la misma habilidad que muestra a la hora de escribir, guardar, buscar e imprimir archivos para las entrevistas a sicarios, bazuqueros, ladronzuelos, narcos, traficantes de armas, bandidos de distintos gremios, sepultureros melancólicos, dueños de cine porno y jóvenes de todo tipo de tribus urbanas. No importa que su computador sea el único aparato que sepa dominar o que apriete el tubo de dientes por la mitad y pierda las tapas de todos los frascos, como periodista, no hay otra igual.

¿Cómo va el trabajo en el Magdalena Medio?

Está tenaz, el ejército está bombardeando todo, con lo que dan los gringos dizque para la guerra contra las drogas, hace poco bombardeó una vereda de San Vicente del Chucurí. Pero bien, la “situa” parece caliente, pero es manejable para nosotros como periodistas contratados por un medio extranjero. Con carnets ventiados y cartas de recomendación del Canal 4, la cosa es difícil, pero no imposible. Es un problema de firmeza. De decir todo lo contrario a lo que afirman los militares. 

¿Y no le da miedo?

Acuérdese que yo odio las gallinas, veo una gallina y me pongo fúrica, es el animal más bobo del planeta, camina con miedo, canta como una histérica, no sabe ni para dónde va toda insegura. ¡Ay!, esa bobada de las gallinas…

En serio, Silvia, una cosa es estar en la ciudad, con los códigos que usted conoce, y otra es estar allá, lejos, sin saber en qué se está metiendo…

Hace unos años, yo debía tener como 22 o 23, dejé botada mi carrera de economista en Los Andes —no sirvo para las matemáticas—. Acababa de entrar a trabajar en la revista Semana. Íbamos mucho a fiestas por acá en el norte, luego de los cierres de redacción. A una reunión a la que fui con Olga Troconis y Juana Méndez nos salió un tipo que se llamaba Babel, hermano de Andrés Carne de Res, y nos dijo que tenía una casita divina en La Guajira, en Dibulla, que nos la prestaba y que allá tenía, dijo, un nativo adorable que se la cuidaba, un tal Simón. Con Olga, como las dos éramos ya huérfanas de papá, nos robábamos cosas en desuso de nuestras casas, nos íbamos a venderlas al mercado de las pulgas de la tercera, luego nos íbamos al Goce pagano, a Sopó a comer fresas con crema, y algo pudimos ahorrar para el viaje. Nos fuimos para allá en diciembre de 1984. Cuando llegamos, salió un hombre negro y fornido, parco, pero sorprendido por la visita de esas tres bogotanas. Nos paseamos unos días por el lugar en bikini, hasta que una señora, Juana Peralta, recuerdo, nos dijo: “Muchachas, ¿ustedes qué hacen acá?, este no es un lugar para mujeres solas, piénsenlo, acá pueden pasar muchas cosas”. A las cuatro de la mañana salieron ellas en una flota y yo tuve que esperar en la casa hasta las 7:30 para coger transporte al aeropuerto de Riohacha. Durante ese lapso, Simón se me insinuó varias veces, intentó tocarme, arrinconarme, pero a punta de cuento, de risas, pude torear al tipo. No me pasó nada y salí de esa.

Se salvó de pura Sherezada…

Sí, pero luego, en una fiesta donde Pedro Cote, cuando contamos la aventura, un médico que había hecho su rural allá, dijo: no les pasó nada porque estaban hospedadas en esa casa, protegidas por el tal Simón, el hombre más peligroso de Dibulla.

¿Y el peligro aquí, ahora?

Mi mamá trabaja desde joven, viene de una familia de fortuna venida a menos, nos crio sin miedos. Nos metió en el San Patricio para darnos espacio para que pensáramos más allá de casarnos bien y ser amas de casa. Cuando los del MAS pusieron un petardo en la casa donde vivíamos las tres —en respuesta a los reportajes sobre paramilitarismo en el Magdalena Medio publicados por mi hermana María Jimena—, terminamos en el suelo en medio del humo blanco asfixiante, y mi mamá fue la que nos infundió fuerza para reponernos. 

¿La ciudad es peligrosa?

Le temo más a los editores. Para lo del libro tenía primero que reunirme con los que se acaban de ir, los del sur, de Santa Isabel, que eran los que se agarraban con los de la gallada de Unicentro, hay unos datos que me faltan y el libro está encima, ellos trabajan ahora de jíbaros por esta zona. Uno de ellos era de la banda que robaba a señoras a la salida del Carulla de Pablo Sexto para pagarse los instrumentos del grupo de rock que tenían. A partir del 15 de marzo la cosa se pone grave, tengo que entregar el final del libro y, si no, me tocará esconderme del editor. Tengo un dengue o algo me dio en el Magdalena, deliro al escribir y tampoco ayuda el medio hígado que me queda después de ese paludismo que me dio en el Pacífico. 

¿Y tiene que volver por Cimitarra?

La situación es crítica. Si el Gobierno no manda al cuerpo élite de la Policía, el experimento terminará en fracaso; ya busqué a Rafael Pardo en el gobierno Barco, pero no nos pararon bolas. Me preocupa la seguridad de los campesinos del documental. La vez pasada entrevistamos a un tipo al que le dicen “El Mojao”, antes fue guerrillero, ahora paramilitar, fue entrenado por los mercenarios que trajeron de Israel y con el rostro destapado ante la cámara nos dio a entender que con soldados del ejército del Batallón Rafael Reyes patrullan la zona, les prestan armas en la estación de policía y que hay una posible infiltración en la asociación de campesinos. Nos dejó claro el poder de los narcoparamilitares en la política local en miras a las próximas elecciones. En enero cuando la TCC con lo de las amenazas y asesinatos organizó el foro al que vinieron los asesores de paz del Gobierno, en la noche, en el hotel, me tocó justo en el cuarto de al lado de “El Mojao”, el man estuvo peleando y pegándole toda la noche a una mujer…

Tenaz. ¿El documental es su compromiso?

Yo solo sé que me voy allá como sea, ya quedé con los cuatro tipos para que arranquen desde sus tierras en la India a Cimitarra para vernos en la mañana del lunes y ponernos al día con datos que nos faltan. Ahí en el pueblo estaremos más seguros, no nos van a matar delante de todo el mundo. Toca darles visibilidad a los líderes, ver si se ganan eso del Nobel alternativo de Paz, mostrar que “sale más barato hacer la paz que hacer la guerra”, como lo dijeron acá en Bogotá en la ronda por periódicos que les armamos.

¿Cómo termina un documental?

Con el que más me he entendido es con Miguel Ángel Barajas. Él estudió en la Nacional, llegó a esa zona como agrónomo del Incora y se convenció de la causa que tenían Josué Vargas y Saúl Castañeda para fundar la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare y declararse neutrales ante todos los ejércitos que llevó a estos dos años de calma chicha en la India. Ahora le llevo un libro de Patricia Highsmith, a él también le gusta la novela negra. Voy a esperar a que se hagan las elecciones, porque si Miguel Ángel gana en el Concejo, eso sería el final feliz del documental.

A usted le gusta así, meterse entre la gente, camuflarse ¿por qué un periodismo así, cercano a la reportería, a la antropología, a la literatura?

En Medellín estuve parqueada meses con Alonso Salazar y Víctor Gaviria buscando entrevistar a esos jóvenes, hasta que la logramos, pero luego la publicaron con otros créditos y como si fuera una gran primicia la entrevista del sicario. Yo no pertenezco al mundo de las “chivas”. Yo soy buena para conseguir datos, generosa con mis fuentes, la información es un bien público, sí, pero en esos medios muchas veces se me adelantan sin respetar acuerdos ni dar créditos. Luego mis confidentes iban a creer que los había “vendido”, que los había entregado al negocio, que los había traicionado. Para mí es gravísimo que esas personas cuestionen mi honestidad. 

¿Cómo es escribir como usted escribe, las crónicas en primera persona, eso que llaman “historias de vida”?

En Zona, la revista que hicimos con Ramón Jimeno, Salomón y otros, hablaba mucho con Alfredo Molano de eso de escribir así; decíamos que había que perderle el miedo a ser tildados de “hacer literatura”, y no porque no la hagamos, sino porque tenemos la íntima convicción de que no falsificamos a la gente. Además, la literatura, la poca que pueda existir en los relatos, no me pertenece. Mi trabajo consiste en ponerla al descubierto. Con Alfredo decimos que hay un sabor parecido al de la libertad en este oficio cuando uno lo entiende así.

Además de Molano, ¿a qué otras personas lee en esa sintonía?

Yo leo de todo, lo que me caiga, lo que me suene. El otro día le regalé a un amigo La senda del perdedor de Bukowsky, y él me consiguió a cambio una edición original de El Atravesado, mi favorito de Andrés Caicedo. Es como con la música, en el apartamento pasamos de lo que oyen los hijos de Salomón al casete de Siniestro Total que trajo de España Moncho Jimeno, o ponemos lo que compramos con Eduardo Arias en la caseta de Saul de la 19 y luego en su casa grabamos en casetes The Doors, Triana, Led Zepelin, ACDC, Sui Géneris, The Clash, Men at work, Dire Straits, intercalados con los dos álbumes de Blades de Maestra Vida. Oigo de todo, todo Rolling Stones, casi nada de los Beatles y nada de música de protesta. [Risa]. En el viaje a Israel, con Salo compramos un par de discos de Leonard Cohen.

Pero en su casa desayunaban, almorzaban y comían periodismo…

Mi papá iba todos los sábados al periódico El Espectador a entregar el editorial que él había escrito a máquina luego de hablar con Guillermo Cano, el director. Ese día tocaba entrar por la puerta de atrás, con los camiones parqueados para la edición que salía por la tarde. Recuerdo la inmensa rotativa roja y cómo armaban el periódico en planchas de plomo en un papel brillante y grasoso. Los armadores leían página por página y si al corrector de estilo se le había pasado una coma o un error de ortografía, ellos con un bisturí cortaban la parte que necesitaban remover y luego ponían la nueva con una habilidad y precisión de cirujanos. Con María Jimena y mi hermano dábamos vueltas y cuando mi papá y Guillermo ya se habían puesto al día en cosa de confidenciales, Guillermo se despedía, vencía la timidez y molestaba a mi hermano preguntándole si todavía tenía el mal gusto de ser hincha de Millonarios. Mi hermana y yo siempre decíamos que queríamos ser periodistas.

¿Y con Salomón de qué hablan?

Él dice que yo le prestó mi espontaneidad y él pone el orden.

Pero de verdad, ¿de qué hablan?

Hoy estrenan una de Fellini en Granahorrar y fue con Fellini que una amiga nos cuadró en nuestra primera cita. 

¿Cómo fue?

Yo estaba en Semana, en un semillero de jóvenes periodistas con Gabriel García Márquez, y había puesto una foto de él bajo el vidrio de mi escritorio en la oficina; él escribía de economía y cuando pasó a entregar su columna la vio, y no sabíamos cómo salir de esa turbación. Una amiga, de pura celestina, cuadró para ir los tres a ver La ciudad de las mujeres. De regreso, me le senté al lado. Luego fuimos solos a tomar un café, a él le impactó ese hombre sádico de la película que mantenía a su madre en un pedestal y la adoraba, dijo que las madres sobreprotectoras volvían machistas a sus hijos. Mientras tanto yo lo miraba con ojos enternecidos. Comenzó entonces el romance. Él me llevaba 17 años y advirtió que me iba a dejar viuda. 

No fue así. El lunes 26 de febrero de 1990, Silvia va al aeropuerto con Salomón, pero un trancón le hace perder el vuelo. Baja del carro, corre, reprograma otro vuelo hacia Bucaramanga, avisa que llegará a Cimitarra en bus pasadas las 9 de la noche. Llega al pueblo a las 9:25 p.m., un joven de la asociación la recoge y la acompaña hasta la entrada del bar La Tata y la abandona ahí con una disculpa pueril. Al fondo, la esperan sus tres amigos dirigentes campesinos. Transcurren unos minutos, conversan, en el entusiasmo desestiman advertencias sobre la presencia de "El Mojao" y sus sicarios en la zona. Alguien del pueblo llama a la estación de policía para alertar sobre lo que va a suceder, la respuesta estatal es un acto más de complicidad que se suma a las armas que le acaban de entregar a dos sicarios. Ambos asesinos se aproximan desde lados opuestos a la mesa donde están Josué, Saúl, Miguel Ángel y Silvia, les disparan, les rematan. Huyen en medio de tiros al aire de los hombres de "El Mojao" apostados en la plaza y se resguardan en el batallón militar. Silvia, herida de gravedad con un disparo en la cabeza, sobrevive unas horas más en el centro de salud, muere desangrada por cuatro impactos de bala. Horas luego, el esposo de Silvia y su primo, Carlos Angulo, reclaman el cuerpo en el batallón militar de Cimitarra. Un capitán, de mirada torva, les pregunta si María Jimena Duzán va a venir. En el estrecho espacio de la avioneta de regreso, Carlos recuerda cómo la cabeza de Silvia queda a su lado: "Yo la miré durante casi todo el trayecto: siempre con su cara amable."

*Sala de redacción de ausentes es un homenaje a los periodistas colombianos cuya labor ha sido silenciada por la violencia. Impulsada por la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, esta campaña busca honrar la memoria de aquellos periodistas que, desde 1977 hasta hoy, han sido asesinados por realizar labores informativas en Colombia. El objetivo es revivir esas voces y explorar el impacto que tuvieron en la historia y la huella que sus ausencias dejaron en la sociedad colombiana.

Uno de los pilares de esta iniciativa son las Entrevistas imaginadas, una metodología que da vida a voces ausentes a través de diálogos ficticios basados en testimonios, lecturas y archivos. Para la primera entrega de este proyecto, curado por el artista Lucas Ospina, se ha reconstruido una entrevista imaginada con Silvia Duzán, periodista asesinada en 1990, quien se destacó por su sensibilidad y compromiso con historias y personajes olvidados y marginalizados. El diálogo con figuras cercanas a su vida y obra, como María Jimena Duzán, Salomón Kalmanovitz y Laura Restrepo, permite aproximarnos a su perspectiva y preservar su legado.

A esta campaña se suma la Asociación de Medios Impresos, AMI, y medios como El Tiempo, El Espectador, La Silla Vacía, Publimetro, La Patria, Vanguardia, El Diario, La Nueva Crónica, El Colombiano, Rutas del Conflicto, Cerosetenta y La Liga contra el Silencio. Esta alianza contribuye en la construcción de un museo de la memoria que hace eco del silencio impuesto a quienes fueron asesinados en el ejercicio de su oficio. 

Toda la información en: www.memoriasdelperiodismo.co

Silvia Duzán (1960-1990) tuvo un paso breve por el periodismo, desde 1982 hasta el momento de su asesinato, trabajó para distintos medios de comunicación. La revista Semana, el semanario Zona, o el diario La Prensa, fueron algunos de los medios que contaron con su presencia. Pese a su corta edad, consolidó un estilo, una manera de abordar a fuentes, de escuchar, mirar y entrevistar a las personas la mayoría de las veces ignoradas y marginadas por nuestra sociedad. Nos permitió ver ese país que crece día a día sobre el asfalto con una mirada horizontal que muy pocas personas tienen, y todos necesitaríamos conservar.

Sala de redacción de ausentes: en Colombia, desde 1977 hasta 2024, han sido asesinados 167 periodistas por realizar labores informativas. Cada uno de estos asesinatos ha generado una censura que cuesta medir, pero que nos acompaña día tras día. Las censuras de hoy también son producto de la que vivimos ayer. Para entender la palabra silenciada que nos habita, visite la “Sala de redacción de ausentes”, conozca sus periodistas, crónicas, entrevistas, metodologías y objetivos en el oficio, y junto a su trabajo, explore el vacío que dejaron sus asesinatos y la huella impuesta tras su partida. 

Esta iniciativa de la Fundación para la Libertad de Prensa hace museo de esa memoria y eco de ese silencio.

www.memoriasdelperiodismo.co 

Actualizado el: Sáb, 11/02/2024 - 11:20

 

 

Han pasado 25 años desde cuando comenzaron las violaciones a las mujeres campesinas que se aferraban con sus familias a un pedazo de tierra en Pueblo Viejo, Magdalena. Un cuarto de siglo en el que las víctimas han contado sus historias una y otra vez, recogidas en textos periodísticos, sentencias judiciales e informes de organizaciones sociales y entidades del Estado, y nada ha servido para que los crímenes que sufrieron dejen la impunidad. Ni siquiera, para que se les cumpla la órden judicial que les prometía un suelo propio, ese que cultivaban antes de que la violencia sexual, una de las más crueles formas de agresión, devastara sus cuerpos y sus vidas.

 

A pesar de que hace seis años un tribunal de restitución le ordenó al Estado priorizar a las víctimas de estos hechos, para que accedieran, por fin, a un pedazo de tierra, ellas siguen desplazadas en medio de la pobreza, de las consecuencias físicas y emocionales de las vejaciones que sufrieron, sin saber quién las ordenó y por qué. 

 

Fueron 31 las víctimas de violencia sexual registradas por la Comisión de la Verdad y la Unidad de Restitución de Tierras: 25 mujeres entre los 17 y 53 años; tres niñas; un niño, y dos hombres jóvenes de 17 y 18 años. En su informe, Campesinas, despojo y desplazamiento en Chimborazo, Magdalena, publicado en 2022, la Comisión explica que los paramilitares del Frente William Rivas del Bloque Norte, cometieron varios crímenes en contra de esta comunidad del Magdalena, y usaron la violencia sexual como arma de desplazamiento. Justamente, el horror que vivieron estas personas y sus familias entre los años 1999 y 2000 es uno de los casos en Colombia que visibiliza el uso de la violencia sexual en el despojo de predios.

 

En 1997, varias familias ingresaron a un sector conocido como El Chimborazo, a las fincas Cantagallar, Nigrinis, Chimborazo y Ceibones, que en conjunto suman cerca de 1.500 hectáreas, donde empezaron a construir sus viviendas y a establecer sus cultivos para subsistir. Dos años después, en 1999, se vieron obligados a dejar estas tierras por presión de los paramilitares. A esos predios que trabajaron, no pudieron volver. Tampoco han podido obtener mucha información sobre lo qué pasó con esas tierras, si se vendieron, si se están usando o si quedaron abandonadas. 

 

Sin embargo, Rutas del Conflicto pudo verificar que, en la actualidad, al menos una empresa agrícola figura como propietaria de un porcentaje de las fincas Ceibones y Chimborazo. Una de esas sociedades pertenece a un cuñado del excongresista Fuad Rapag, condenado por ‘parapolítica’ en 2013. 

 

La violencia sexual para despojar

 

Luisa* Es una lideresa de la comunidad que sigue esperando uno de esos terrenos prometidos por la ley colombiana, para compensar el despojo del que fue víctima y, también, como forma de reparación por la violencia extrema sufrida durante los años de la presencia paramilitar. “Todo lo que nos pasó es terrible, aquí nos ayudamos para mostrar esto tan duro, porque queremos que algún día nos den una tierra, que podamos volver a trabajar una finca que sepamos que sea nuestra”, dice la lideresa.

 

Luisa cuenta abiertamente los hechos que tuvieron que vivir ella y sus compañeras, y señala que estos crímenes fueron perpetrados con el deseo expreso de sacar a estas familias de los predios.“‘Desocupa, vete mejor, que lo que viene es peor’, escuchó que le decían los paramilitares a una de las mujeres mientras la violaban”, relata el informe de la Comisión de la Verdad.

 

La lideresa cuenta que inclusive gente que huyó de sus casas no pudo escapar de la violencia, como el caso de una familia que dejó sus pertenencias para irse a una vereda cercana a donde llegaron los paras para asesinar al padre de la familia, violar a la esposa, que estaba embarazada y a sus hijos, un niño de 14 y una niña de 11 años. “Después de todas estas barbaridades, nos reunieron a los que quedábamos, como el 13 de septiembre de 2000, y nos dijeron que teníamos que salir de las fincas. Le dije a los compañeros, ‘nos vamos enseguida’”, recuerda Luisa.

 

Desde entonces, cerca de 100 familias dejaron las fincas para sobrevivir en medio del desplazamiento. Casi 25 años después, las víctimas permanecen unidas apoyándose entre sí y reclamando unas tierras que compensen el daño que sufrieron. “Se nos han muerto siete mujeres con cáncer en la matriz, de todas las maldades que hicieron con nosotras, esto ha sido muy duro. Seguimos esperando que nos den unos predios, no perdemos la esperanza”, dice la lideresa.

 

La abogada Alejandra Coll, que tiene una maestría en estudios de género en la Universidad de Hull e hizo parte del equipo de la Comisión de la Verdad que investigó el caso de los campesinos de estas cuatro fincas en Magdalena, señala que esta comunidad tenía mucha resistencia al desplazamiento por toda la lucha que habían tenido que dar para poder conseguir un lugar en el cual asentarse, y la esperanza de que el Estado les entregara los títulos. “La violencia sexual en estos casos tenía características asociadas a la tortura, fueron hechos ejemplarizantes que buscaban generar pánico. Ellos habían soportado amenazas, trabajo forzado, asesinatos, pero la violencia sexual fue un detonante para decir, nos tenemos que ir”, explica Coll.

 

Luz Piedad Caicedo, codirectora de la organización feminista Humanas, que realizó la investigación Violencia sexual para despojar, la cual sirvió como base para el trabajo de la Comisión de la Verdad sobre los crimenes que sufrió esta comunidad, señala que los paramilitares fueron aumentando la violencia contra la comunidad para sacarlos de la tierra y quitarles un proyecto colectivo que habían construido con mucho esfuerzo. “Comenzaron saboteándoles la producción agrícola, luego obligaron a las mujeres a que les trabajaran con servicios domésticos, después vinieron las amenazas y, finalmente, llegaron con la violencia sexual contra las lideresas y otras personas de la comunidad indiscriminadamente”, explica Caicedo.

 

¿Quiénes son los responsables de la violencia sexual y cuál era su objetivo?

 

Tanto la Comisión de la Verdad como la Unidad de Restitución de Tierras han documentado el evidente uso de la violencia sexual para desplazar a las víctimas de las tierras que habitaban y trabajaban, pero no existe, hasta la fecha, un proceso legal que permita esclarecer la responsabilidad intelectual ni los motivos de los victimarios. Los documentos de las dos entidades describen ampliamente el contexto de los hechos y de los intereses económicos sobre los predios de los que fueron expulsados los campesinos.

 

Inclusive la sentencia del Tribunal de Tierras, que le negó la restitución a la mayoría de los reclamantes porque consideró que no cumplieron con algunos requisitos técnicos necesarios para la restitución, reconoció la violencia sexual y su uso para desplazar a las víctimas. La instancia judicial señaló la necesidad de esclarecer la verdad sobre los crímenes y el despojo de tierras. “Que se cuente quiénes fueron los autores materiales, los determinantes y demás que se beneficiaron con el desplazamiento de dicha comunidad (…) se reconozca públicamente que la comunidad que habita estos predios no eran invasores de tierras ni pertenecían a ningún grupo armado ilegal ni estructura armada que operaba en la zona. Que era una comunidad de campesinos y campesinas”, dice la sentencia.

 

Hasta octubre de 2024, la única decisión judicial que señala a algún responsable de los hechos es la sentencia dentro del proceso de Justicia y Paz, en contra del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso en 2014, por la autoría mediata de algunos de los crímenes relacionados con la violencia sexual en contra de esta comunidad. Mancuso aceptó como jefe del Bloque Norte, que era la estructura en la que se encontraba el Frente William Rivas, cuyos hombres fueron responsables materiales de los hechos.

 

Para Caicedo, la codirectora de Humanas, los altos jefes paramilitares terminaron aceptando que les imputaran todos los delitos que cometieron sus hombres sin aportar ningún tipo de verdad sobre quiénes ordenaron las violaciones o el mismo despojo.”La verdad que se espera en estos casos es sobre si alguien les pagó para perpetrar esos crímenes, o porqué querían esas tierras, si tenían un proyecto económico o simplemente si era un lugar estratégico para la guerra”, explica la investigadora y agrega: “Mancuso dice que en general le dio a la justicia una cantidad de información sobre terceros involucrados y sabemos que hay miles de compulsas de copias a la justicia ordinaria. La justicia debería ver si hay algo de estos casos y verificar si lo que se ha dicho es verdad”. 

 

La Comisión Colombiana de Juristas, que representa a las víctimas de los cuatro predios en el proceso de restitución de tierras, publicó en 2020 la investigación Los silencios del despojo en Zona Bananera, en el que se describe en detalle las circunstancias que rodearon el desplazamiento de las víctimas. El informe recoge sentencias de Justicia y Paz y documentos de contexto de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), y señala que había un interés particular del Bloque Norte para promover el acaparamiento de tierras para proyectos agroindustriales. 

 

El documento explica que la URT encontró que el despojo en las fincas Chimborazo, Ceibones, Cantagallar y Nigrinis, tiene una relación con un abrupto cambio en el uso de la tierra. “(se convirtieron en) fronteras agroindustriales de la subregión: hacia el norte hasta el sector de Sevillano en Ciénega, los monocultivos de banano; y hacia el sur, hasta el municipio de El Retén, los monocultivos de palma”, dice la investigación.

 

Luisa dice que cuando llegó junto con el resto de la comunidad campesina a estos predios, en 1997, las fincas no estaban cultivadas y ellos tuvieron que ‘limpiarlas’ para sembrar maíz y construir sus casas. “No sabemos para qué nos sacaron. No sabemos si alguien estuvo interesado en quedarse con estas tierras para un negocio o si era porque esto era un corredor importante para los paramilitares que los conectaba con la Ciénaga Grande de Santa Marta”, asegura.

 

La Comisión de la Verdad señala en su informe que el exparamilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, exjefe del Bloque Norte, tenía un especial interés en “desarrollar la agroindustria de la palma aceitera” en la zona, pero aclara que existía una diversidad de actores políticos y económicos que buscaron sacar provecho de las tierras en esa región.

La falta de claridad sobre los responsables de la violencia sexual y el despojo de tierras en El Chimborazo sigue siendo un pendiente en el proceso judicial. Aunque se reconoce la participación paramilitar y los intereses económicos detrás de los proyectos agroindustriales, no se ha establecido quiénes ordenaron estos crímenes. Las víctimas, especialmente las mujeres, continúan esperando respuestas, mientras que parte de las tierras que reclamaron han sido transformadas para la agroindustria.

Para muchas mujeres y niñas, esos días dejaron marcas de sufrimiento, abuso y pérdida. A pesar de los esfuerzos de organizaciones de derechos humanos y defensores de género para visibilizar estas violaciones, la respuesta institucional ha sido insuficiente e inadecuada para abordar las necesidades específicas de las sobrevivientes y sus comunidades, pues aunque la sentencia ordenó una atención diferencial, las víctimas sienten que no ha sido suficiente para atender los efectos en la salud mental, física y las afectaciones en sus relaciones interpersonales que les provocó la violencia sexual. “Una compañera se suicidó hace un tiempo, después de vivir con tanto dolor físico. A otras las dejó el esposo cuando se enteraron de la violación, las consecuencias de todo lo que nos hicieron son muy duras”, explica Luisa. 

 

La lucha campesina por esas tierras

 

Panorámica de las tierras de El Chimborazo. Foto: Julián Ríos.

 

Luisa llegó al municipio de Zona Bananera siendo niña y de la mano de sus papás, quienes atraídos por el empleo que generaban las bananeras, decidieron asentarse en esta parte del país. “Mi mamá trabajaba en el mercado vendiendo verduras y ahí nos enseñó a nosotros a trabajar como campesinos. Aquí en el corregimiento de Orihueca se hicieron desde hace años unos comités de personas que querían tener una finca, y yo entré como una de las aspirantes. Empezamos a recoger fondos y empezamos la lucha”, cuenta Luisa. 

 

Es así como para 1997, cerca de 100 familias campesinas de Orihueca, en el municipio de Zona Bananera, Magdalena, se unieron a la Asociación Mixta de Campesinos Obreros de La Victoria (Asomvic), para buscar la adjudicación de tierras para campesinos pobres. Se establecieron en la finca Cantagallar, en el corregimiento Tierra Nueva del vecino municipio Puebloviejo.

 

Ese año, Tomás García y David Viloria, dos líderes de Asomvic le dijeron a los campesinos 

que unos ganaderos de la región estaban interesados en venderle unas fincas al Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), para que se las adjudicara a los labriegos. Los propietarios de los predios eran los hermanos Roberto y Carlos Olarte Loaiza, unos ganaderos de la región que habían adquirido la tierra, cerca de 1500 hectáreas, a finales de los setenta.

 

En el informe de la CCJ se señala que la Unidad de Restitución de Tierras concluyó que en este caso ocurrió una situación frecuente en la zona en esa época: propietarios usaban la presencia de campesinos en sus predios para presionar a que el Incora se los comprara. “Las compras directas (…) de predios no aptos para programas de reforma agraria, porque estaban sin agua, con suelos inapropiados para siembra, de difícil acceso, con condiciones de seguridad críticas. Los propietarios de los predios ofrecían al Incoder y en complicidad con funcionarios que (…) lograban que emitieran un concepto favorable sobre el mismo”, dice el documento. 

 

Para la época en la que los Olarte le ofrecieron el predio al Incora, uno de los dos hermanos estaba pasando por afugias económicas. Según los certificados de tradición y libertad de varios de los predios, las propiedades registran un embargo entre 1997 y 2001, por el porcentaje de derechos que le correspondía a Carlos Loaiza. Este periodo coincide con la época en la que los campesinos ingresaron a la tierra, la trabajaron y luego fueron desplazados de ella.

 

Luego de permanecer cerca de un año y medio en el predio, los campesinos emprendieron un proyecto de cultivo de maíz, coordinado por los líderes Tomás García y David Viloria. Ellos le pidieron a los miembros de la comunidad sus firmas para solicitar apoyo a la Caja Agraria y para avanzar en el proceso de solicitud de adjudicación de tierra en el Incora. Según el informe de la CCJ, Viloria, sin consultar con los labriegos, usó sus firmas para acordar un arriendo con los hermanos Olarte, propietarios de los predios. 

 

“La URT consideró que el acuerdo celebrado entre el campesinado y los hermanos Olarte fue una estrategia ‘de apuesta sin riesgo’ en la que conjuntamente, con la oferta de venta de los predios al Incora, para que en virtud de la posesión campesina fueran compradas, celebraron también un contrato de arrendamiento firmado por David Viloria en el que el campesinado aparecía como un mero tenedor sin expectativas de adjudicación”, dice el documento de la CCJ.

 

El contrato de arrendamiento es clave para entender la posterior decisión del Tribunal de Tierras que le negó la restitución de las víctimas en 2018. La sentencia señala que el contrato demostraba que había un acuerdo entre los campesinos y los hermanos Olarte Loaiza, que tipifica a los primeros como ‘tenedores’ y no ‘poseedores’ de esas tierras. El primer término se usa para señalar a las personas que habitan o trabajan en un inmueble y reconocen como dueño al propietario, mientras que el segundo a quienes ingresan a una propiedad privada y tienen la intención expresa de ser sus dueños y señores. 

 

Los campesinos finalmente cultivaron el maíz en las fincas, pero a la hora de recibir el dinero de la cosecha, los líderes García y Viloria se fueron sin avisar. “No supimos qué pasó con el dinero, hasta la fecha no volvimos a saber de ellos”, dice la lideresa Luisa.

 

A partir de ese momento, todo empeoró para los campesinos. Sin el dinero de la cosecha de maíz tuvieron que soportar la violencia paramilitar que fue aumentando con el tiempo. Al final y luego de los vejámenes y los asesinatos, salieron del predio en 2000. Un año después, se levantó el embargo del porcentaje de algunos de los predios que tenía Carlos Olarte, pero inmediatamente entró un nuevo embargo por su proceso de separación con su exesposa Nury Barahona González, según los certificados de tradición y libertad.

 

Las lideresas campesinas entrevistadas en esta investigación dijeron que luego del desplazamiento no volvieron a los predios por el temor a los paramilitares y que nunca supieron sobre las transacciones comerciales que hicieron los hermanos Olarte con las fincas. Las reclamantes dijeron que no tenían conocimiento sobre proyectos agroindustriales en las tierras, pero Rutas del Conflicto pudo establecer que, al menos en la finca Ceibones, sí hay un cultivo agroindustrial de palma aceitera, de acuerdo con las imágenes satelitales que proporciona la herramienta Google Earth. 

 

Imagen satelital del cultivo de palma en el predio Ceibones. Foto: Google Earth.

 

Los certificados de tradición y libertad muestran que, en 2008, se concretó la separación de bienes entre los esposos Carlos Olarte y Nury Barahona. El predio Ceibones, el más grande de los cuatro, con cerca de 780 hectáreas, quedó con un 50% de derechos a nombre de Roberto Olarte, un 25% a nombre de su hermano Carlos y un 25% a nombre de la exesposa del último. 

 

Desde 2008 hasta la fecha existe una hipoteca por el porcentaje que le corresponde a Nelly Barahona, a nombre de la empresa Sociedad Inversiones La Española S.A., que según sus registros en Cámara de Comercio, se dedica al “cultivo de palma para aceite y otros frutos oleaginosos”. Esta empresa fue una de las opositoras a la solicitud de restitución de tierras de las víctimas que fue negada por el Tribunal en 2018.

 

Rutas del Conflicto pudo establecer que el representante legal de la Sociedad Inversiones La Española S.A. es Dimas Rafael Martínez Morales, quién aparece relacionado en un documento del Consejo de Estado, en un proceso de pérdida de investidura, como socio y cuñado del excongresista Fuad Rapag Matar, condenado en 2013 por vínculos con los paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia y su exjefe ‘Jorge 40’.

 

La otra empresa relacionada con los cultivos de palma en los predios es C.I. Tequendama S.A. que le compró en 2014 al otro hermano, Roberto Olarte, la finca El Chimborazo 2, de 123 hectáreas, según el certificado de tradición y libertad. C.I. Tequendama es una compañía, que según su registro de Cámara de Comercio, se dedica al cultivo de palma y pertenece al poderoso grupo agroindustrial de la costa Caribe Daabon, de la familia Dávila Abondano. El grupo empresarial revirtió la compraventa en 2016, cuando la Unidad de Restitución de tierras emitió una resolución para proteger el predio mientras estaba en el proceso judicial, pero sí aparece como opositora en la sentencia de restitución de tierras.

 

C.I. Tequendama también tenía un proyecto de palma en las tierras de la hacienda Las Pavas, en el sur de Bolívar, que reclaman víctimas de desplazamiento en un caso similar al de los cuatro predios de Pueblo Viejo. 

 

Rutas del Conflicto intentó comunicarse con los hermanos Carlos y Roberto Olarte para conocer su versión de la historia pero no obtuvo respuesta

 

La comunidad campesina, sigue sin tierras

 

Viviendas cerca al predio El Chimborazo. Foto: Julián Ríos.

 

Las comunidades callaron durante años los vejámenes a los que fueron sometidos. No fue sino hasta 2015 que 102 campesinos solicitaron la titularidad de las tierras que los grupos paramilitares les habían arrebatado. “Este es un proceso de restitución de tierras que inició en el año 2016 por el desplazamiento forzado de toda la comunidad campesina”, explica Daniela Paredes, abogada de la Comisión Colombiana de Juristas.

 

El proceso se resolvió en 2018, cuando el Tribunal Superior de Cartagena reconoció los hechos victimizantes en contra de la comunidad, pero decidió negar la solicitud a 89 reclamantes por considerar que eran tenedores y no poseedores de los predios. El Tribunal ordenó la restitución a 15, estos últimos de la finca Negrinis, ya que encontró que esta propiedad era un baldío de la Nación y no de los hermanos Olarte.

 

La sentencia también ordenó que la Agencia Nacional de Tierras, la entidad que en la actualidad tiene las funciones del extinto Incora, buscara predios para entregarles a los campesinos que no obtuvieron la restitución. Sin embargo, seis años después, las familias siguen esperando sin tener una tierra propia. “Logramos que la Unidad de Víctimas nos diera plata para proyectos productivos, pero sin fincas no tenemos cómo arrancar”, cuenta la lideresa Luisa.

 

Las familias campesinas incluso se han capacitado en la producción de harina de plátano y esperan que, cuando les lleguen las tierras, puedan trabajar en el procesamiento de ese alimento. “Incluso hemos buscado fincas por nuestra cuenta, como lo hicimos hace 27 años; hemos conseguido gente que quiere venderle las fincas a la ANT, pero el proceso no avanza”, dice la lideresa.

 

Rutas del Conflicto consultó con una fuente de la ANT, que prefiere mantener el anonimato, quien señaló que infortunadamente existe una larga fila de miles de solicitudes, como la que le hizo el Tribunal, que la entidad debe resolver.

 

La forma en la que el Estado le ha fallado a estas víctimas es tan grave, que inclusive las 15 familias reclamantes que ganaron el proceso de restitución no han podido volver a las tierras. La misma ANT encontró que la sentencia que se emitió en 2018 tuvo un error a la hora de delimitar los predios de cada uno de los campesinos solicitantes, entonces tuvieron que esperar seis años para que el Tribunal modulara su decisión. Hasta septiembre de 2024 se resolvió el error y la ANT, en teoría, debería proceder con la adjudicación de las fincas.

 

A pesar de todos los años de sufrimiento en medio de la ineficiencia estatal, de la falta de verdad y justicia sobre los crímenes que vivieron, las familias de esta comunidad lideradas por Luisa siguen con la esperanza de tener una tierra. “Han pasado los años y muchos ya son mayores, pero seguimos luchando para poder ser campesinos en tierras que sean nuestras. Solo le pedimos al Estado que nos ayude, que ya las decisiones judiciales están tomadas”, concluye Luisa.

Pero su lucha no termina ahí. Las mujeres también esperan la reparación por las torturas que vivieron y que se revele la verdad sobre quiénes ordenaron las violaciones sexuales. No buscan solo tierras, sino justicia por el dolor que les fue impuesto y por las vidas que fueron quebradas.

***Esta nota fue modificada luego de que el grupo Daabon envió información para mostrar que había revertido la compra que había hecho de uno de los predios.

*El nombre fue cambiado por cuestiones de seguridad.

**Esta investigación fue realizada con el apoyo de la Heinrich Böll Stiftung en Colombia

Actualizado el: Lun, 10/07/2024 - 15:13

Ana Sofía Loaiza tenía 16 años cuando se sumó en 2022 a un grupo de personas que impidió la instalación de una plataforma de exploración de la multinacional minera Anglo Gold Ashanti, en Jericó, Antioquia. Como muchos otros habitantes, Ana Sofía ha protestado por la presencia de la empresa sudafricana en su municipio y los posibles impactos ambientales de la extracción de cobre en la región. 

Tanto la empresa, como los propietarios de los predios en los que se realiza la exploración, decidieron querellar a varias personas que participaron en esa manifestación, entre ellas Ana Sofía. No fueron las únicas, desde entonces se han interpuesto estos recursos judiciales en contra de 107 habitantes de Jericó y municipios cercanos que se han opuesto a la exploración de la minera, incluidos el concejal de Támesis, Sergio Ruíz y la monja Elizabeth Rúa, miembro de la congregación de las Lauritas.     

AngloGold Ashanti, la multinacional sudafricana llegó a la subregión del suroeste antioqueño en 2002, con su proyecto Quebradona. Miembros de la Mesa Ambiental del municipio de Jericó cuentan que la empresa afirmó en ese momento que estaban en un proceso de estudio de suelos. y que  nunca les comentaron que estaban buscando un mineral en la región para empezar la etapa de explotación. 

Es evidente la división de la comunidad entre quienes apoyan el proyecto minero porque lo ven como una oportunidad económica y otros, que ven en Quebradona un riesgo para la conservación del ecosistema y de la vida campesina. Además de las querellas que han terminado por marcar quiénes están a favor y en contra de la empresa, organizaciones sociales señalan que la minera presiona a los jóvenes a aceptar su presencia al financiar las actividades deportivas en los colegios e inunda de propaganda a los medios de comunicación locales.

AngloGold logró la licencia de explotación por 30 años en el gobierno de Álvaro Uribe. Sin embargo, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales decidió archivar la solicitud de la multinacional para la explotación de Quebradona en 2022. Como lo explicó Fernando Jaramillo, líder del municipio y de la Mesa Ambiental,  ello no significa que AngloGold se vaya del territorio, pues está en firme todavía la licencia de exploración y además, la de explotación no fue negada, es decir, la empresa puede solicitar nuevamente la licencia tras subsanar los requerimientos de la entidad. 

 

Etapas del proyecto. Recuperado de la pagína oficial de Quebradona

En medio de las disputas y tensiones entre la minera y parte de la población de Jericó, el  presidente Gustavo Petro anunció que detendrá los proyectos mineros que afecten las fuentes hídricas en el municipio de Jericó, Antioquia. “El Gobierno Nacional privilegia el agua y por tanto detiene los proyectos mineros que la ponen en riesgo. Queremos que Jericó y la provincia sean un distrito agrario y ecológico”, indicó el mandatario durante la visita realizada a comienzos de 2024.

La comunidad se está quebrando 

En noviembre de 2022, según Fernando Jaramillo, líder de organización de la sociedad civil Alianza Suroeste, la empresa minera ingresó a una finca con el permiso del propietario para instalar una plataforma de perforación minera con el fin de realizar estudios. 

Líderes de la comunidad señalan que los empleados de la minera no les informaron de la instalación y que, inclusive, ingresaron a la vereda Vallecitos, vestidos como recolectores de café. Ante los hechos, varias personas ingresaron al predio para desmontar la plataforma, según denunció la comunidad a través de un comunicado.  

La empresa y el propietario de la finca, como respuesta, presentaron ante la Fiscalía local querellas contra 46 habitantes que participaron en la protesta. Según Xiomara Mendoza Arroyave, quien hace parte del Observatorio de DD.HH y Paz y representa judicialmente a los querellados, “estas actuaciones estigmatizan, limitan y cuestionan  a líderes que históricamente vienen trabajando en la defensa del territorio”. 

En diciembre de 2023, la empresa y otro propietario repitió la misma estrategia, contra campesinos desmontaron otra plataforma: 61 personas fueron querelladas, incluidos menores de edad y personas de la tercera edad. A septiembre de 2024, según Mendoza, 57 continúan enfrentando el proceso judicial. “Es una situación en la que campesinos y habitantes que ha trabajado toda la vida su tierra se encuentran un escenario violento de intimidación. A las personas les da miedo expresarse y preguntarse por qué están enfrendose a un inspector de Policía que no es garante de sus derechos por defender el agua”, puntualizó. 

Como lo expresó la investigadora del Observatorio de DD.HH una situación que muestra los impactos de la empresa en las comunidades de Jericó se ve en el caso de Ana Sofia Loaiza, la menor de 16 años querellada  y que ha tenido que interponer cinco acciones legales por una serie de hostigamientos y señalamientos debido a su papel como líder juvenil en la defensa del territorio, en la vereda Vallecitos. 

Estos eventos han tenido repercusiones en todo el territorio, con opositores al proyecto preocupados tanto por el daño ambiental como por el impacto social y económico en la comunidad. En 2013, varios habitantes denunciaron la  contaminación de cuerpos de agua y deterioro de los suelos relacionados con la exploración minera. La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) revisó el caso y decidió archivar la investigación. Durante 2024 la Mesa Ambiental de Jericó junto con Corantioquia ha realizado varios recorridos para evaluar la calidad del agua. 

Como lo explica  Fernando Jaramillo, la presencia de la empresa ha dividido a las familias. “Tememos que esto atraiga a la guerrilla, trabajadores externos, desorden social, y elimine la economía basada en la siembra y recolección de café”, manifiesta Jaramillo.

Organizaciones sociales señalan que la empresa sigue intentando silenciar a los líderes opositores, incluidas figuras religiosas como la hermana Elizabeth Rúa, miembro de la congregación de las Lauritas y quien es muy querida en la comunidad, según explica Xiomara Mendoza. La monja Rúa también fue querellada en 2022 junto a la comunidad.

La investigadora del Observatorio señala que el rol del inspector del municipio Mauricio Alejandro Escobar en favor de la empresa ha contribuido al debilitamiento social del municipio. Mendoza Arroyave presentó una denuncia contra el inspector, alegando que favorece a la compañía en el caso de los querellados.

Rutas del Conflicto intentó entrevistar al inspector Mauricio Escobar para conocer su versión de los hechos y el estado de la denuncia. "Lastimosamente no puedo acceder a su solicitud, debido a que al estar resolviendo estas diferentes querellas, no podría hacer ninguna clase de pronunciamiento al respecto ya que no sería bien visto”, respondió Escobar

El inspector agregó que la empresa y propietarios  de algunos de los predios en los que se desmontaron las plataformas interpusieron querellas en el marco de la Ley 1801 de 2016, por una presunta perturbación a la propiedad. “En el momento los querellados presentan sus descargos. Es deber del despacho intentar darle una solución dialogada por medio de la mediación policiva o darle continuidad al trámite en caso de no llegar a un acuerdo entre las partes", explicó Escobar.

Según la investigadora Mendoza, a pesar de la denuncia que existe en contra del inspector, este sigue siendo parte del proceso.

Los colegios en medio del conflicto 

La minera AngloGold Ashanti ha tenido un fuerte impacto en las instituciones educativas de Jericó. Líderes del municipio han señalado que se han utilizado los planteles educativos como plataformas de publicidad del proyecto Quebradona.

En 2016, los  rectores de colegios públicos del municipio:  Didier Alberto Vélez Velásquez, José Bernardo Vélez Villa y Guillermo León Correa viajaron a Brasil con todos los gastos pagos por la empresa para conocer un proyecto minero manejado por AngloGold Ashanti. En respuesta al viaje, sin autorización de la Secretaría Departamental de Educación, la institución decidió trasladar a los rectores tres años después, en 2019. Rutas del Conflicto envió un derecho de petición solicitando información de los procesos disciplinarios por esta situación, pero a la fecha la Secretaria no contestó el cuestionario.

Didier Alberto Vélez Velásquez, rector del Liceo San José,  en 2019 le explicó a Caracol Radio  que los vínculos que ha tenido con la multinacional Anglo Gold Ashanti “se debe a los proyectos que ha adelantado la institución para el beneficio de la comunidad académica, con la empresa privada”. El rector aceptó que sí viajaron a Brasil y que los acercamientos con la empresa se hacían en pro de la calidad educativa. Por ejemplo, explicó que el profesor de inglés era pagado por el proyecto Quebradona. 

Según explica María Fernanda Sierra, líder de la red juvenil y opositora al proyecto minero, los jóvenes del municipio se enfrentan a acoso por parte de sus compañeros por oponerse al proyecto minero. En medio de un ambiente escolar que promueve los beneficios de Quebradona, “los jóvenes no pueden tener perspectivas distintas a las que da la minera o de los beneficios que traería el proyecto sin ir en contravía del colegio”, manifiesta la líder juvenil. Quebradona financia actividades de arte, música, deporte y clases extracurriculares. 

Por ejemplo, en 2022  la empresa patrocinó el programa “Jericó, seguimos contigo”, que incluyó procesos culturales, artísticos y deportivos para niños, niñas y adolescentes. En 2024, AngloGold Ashanti financió a 1.293 deportistas para que participaran en programas deportivos. Para algunos de los adolescentes entrevistados para este artículo y cuyos nombres se omiten en esta publicación, es difícil protestar contra la minería cuando los uniformes deportivos  llevan el logo de la misma empresa. 

Los medios de comunicación en medio del conflicto 

Quebradona Noticias es el programa de televisión de la empresa AngloGold Ashanti en Jericó. Un contenido semanal que le cuenta a los habitantes de los municipios que cubre el proyecto de Quebradona los beneficios y ventajas de la empresa sudafricana del Suroriente antioqueño.  

En el informe de gestión de la empresa de 2023 anunciaron que decidieron cambiar el canal de transmisión. En 2022 el programa era emitido por el canal comunitario de Jericó pero al año siguiente pasaron la programación al nuevo canal Atenas Televisión porque tiene una mayor audiencia con más de tres mil suscriptores y con repetición en Facebook. AngloGold emitió 42 programas en donde explicaba algunos temas técnicos del proyecto y también la experiencia de vida de los empleados y de la comunidad. Por ejemplo, entrevistaron al personal administrativo de la minera y como sus proyectos de vida cambiaron gracias al trabajo que les dio AngloGold. 

“Como buen jericoano tenía la esperanza que me llamaran de la empresa para hacer las cosas bien”

No es muy distinta la situación en la radio. La empresa cada semana en tres emisoras radiales y una online transmite un programa llamado Hablemos de Quebradona. Este programa llega a 125 municipios de los departamentos de Antioquia, Caldas y Chocó. Además, como lo muestran los informes de gestión de la empresa en 2022, patrocinaron varios contenidos en medios regionales y nacionales. También se financiaron 12 números del peridodico local Aldea de Piedras, en cada edición se repartieron cuatro mil ejemplares. 

Como lo explica la investigadora Carolina Perdomo en su paper Minería en el suroeste antioqueño: ¿y qué pasa con los campesinos?, los medios de comunicación cumplen un papel primordial en crear posturas y opiniones y especialmente en momentos de coyuntura como el que se vive en el municipio. “Busca generar expectativas y disuadir a quienes no respaldan la extracción aurífera.  En Jericó se hace visible, la emisora local y el canal apoyan abiertamente la empresa minera y emiten sus contenidos”, afirma la investigadora. 

El trabajo para que la población tenga otras fuentes de información lo asumió Fernando Jaramillo, miembro de la mesa ambiental de Jericó, quien es el director del periodico Despierta Jericó. Un medio de comunicación que se emite mensualmente y se reparte de manera gratuita en el municipio desde febrero de 2013.  Como lo dice su primera edición, las páginas que salen cada mes, nacieron para informar asuntos del municipio y especialmente respecto al proyecto minero. 

 

En 2018 publicaron varias ediciones sobre la situación de la minera y los reparos de varios habitantes a la explotación en el municipio, así como señalamientos que se han hecho a la multinacional en otros países. “Nosotros reprodujimos textos internacionales de los daños ambientales de esta empresa en otros lugares del mundo y denunciamos que estaban ocultando los impactos ambientales en Jericó”, afirmó Fernando Jaramillo.  La respuesta de AngloGold Ashanti fue denunciar al director del periodico por injuria.

El proceso se resolvió a comienzos de 2024, con una sentencia absolutoria que resaltó la libertad de expresión y de prensa y el derecho de cuestionar las actividades que los impacta como habitantes de un territorio en disputa.  “Estas actuaciones de defensa territorial hacen parte de un conflicto socioambiental y no actos delictivos”, afirmó Jaramillo. 

Rutas del Conflicto envió un cuestionario a la minera, la cual respondió con una nota contando sobre su trabajo en Jericó. AngloGold Ashanti resalta las iniciativas de diálogo llamadas ‘Hablando se entiende la gente’ y ‘Miércoles minero’, con el fin de socializar los aspectos técnicos, sociales, económicos y ambientales del proyecto.

 Además la empresa resaltó que, “desde la compañía siempre hemos respetado la protesta social y las manifestaciones públicas que se puedan hacer en contra de cualquier actividad económica, pero rechazamos las vías de hecho que vulneran nuestro derecho al trabajo y a la libre movilidad y tránsito por el territorio. Todo esto ampliamente documentado en nuestras redes sociales y por diferentes medios de comunicación”. (enlace de respuesta completa)

A septiembre de 2024, los querellados siguen a la espera de las audiencias para definir sus procesos judiciales. La fractura de la comunidad cada vez es más amplia mientras se mantienen las acciones de la empresa para publicitar su proyecto y las acciones legales en contra de las voces de quienes se le oponen.

 

 

 

Actualizado el: Mar, 10/01/2024 - 09:39

Las familias campesinas que ocupaban el predio conocido como la hacienda Bellacruz por más de tres décadas siguen esperando la restitución de tierras, volver del exilio y continuar un proyecto de vida que cambió con el desplazamiento y las masacres ocurridas en el sur del Cesar desde 1996.

Las víctimas del conflicto armado en el municipio de La Gloria, donde queda ubicada gran parte de la hacienda, interpusieron una demanda de restitución de tierras para que pudieran retornar al predio del que fueron expulsados o poder volver a tener una tierra en otro lugar y continuar con su vida campesina. Sin embargo, este ha sido un proceso complejo, lleno de obstáculos, que se convirtió en un caso emblemático de la restitución de tierras en el país. 

En el proceso de reclamación de las víctimas se registró como opositora la empresa MR de inversiones S.A.S. que fue creada por los primeros propietarios de la hacienda, la familia Marulanda. En 1996, cuando ocurrió la incursión paramilitar, la hacienda Bellacruz estaba bajo la dirección de los hermanos Francisco y Carlos Arturo Marulanda Ramírez, este último exministro de Desarrollo durante el gobierno de Virgilio Barco, quien fue capturado en España y extraditado a Colombia en 2002 para responder por el caso de La Bellacruz y su presunta participación en el desplazamiento masivo de 1996. Francisco Marulanda había sido condenado en julio de 2003 a 18 años de prisión por estos hechos pero en segunda instancia fue absuelto por el Tribunal Superior de Magdalena. Los hermanos quedaron a cargo tras la muerte del patriarca Alberto Marulanda Grillo, quien según los testimonios recolectados por la Comisión de la Verdad,  con “planos y mapas en sus manos, anunció ser el dueño” de miles de hectáreas de tierras en la década de los treinta.  

Años después de la llegada de los paramilitares, en los noventa, y del desplazamiento masivo de campesinos, MR de Inversiones S.A.S pasó a ser propiedad del grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria, cuyo  representante legal en Colombia es el empresario Germán Efromovich. La empresa llegó a la zona con el objetivo de instalar un proyecto agroindustrial de palma de aceite, que cambió el nombre del predio de hacienda Bellacruz a hacienda La Gloria, tierra que generaciones de campesinos han exigido al Estado que  les titule como suyas, desde hace más de cincuenta años. 

MR de Inversiones ha instaurado varios procesos legales para alargar el proceso de restitución. La empresa interpuso una acción judicial que envía el expediente al Tribunal de Cúcuta, que tiene la competencia de fallar la solicitud de restitución, alegando la violanción al debido proceso porque según la compañia se omitió practicar algunas pruebas. 

Como lo explicó el equipo jurídico de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ),  que lleva el caso de 40 campesinos en el proceso de restitución, la empresa instauró la tutela argumentando que en la etapa judicial se omitió el testimonio de unos solicitantes y del empresario Efromovich. Para las víctimas es indignante este alegato cuando han sido ellos quienes más presionaron en la etapa judicial para que el representante de la empresa fuera a dar su testimonio al juzgado. 

En la primera etapa judicial del caso, un juez escuchó a varias de las víctimas por más de tres años, aunque algunas se abstuvieron de dar sus declaraciones. El juez también citó a Efromovich en distintas oportunidades, pero nunca asistió a las audiencias. Posteriormente, por la normatividad, ante la oposición de la empresa, el caso pasó al Tribunal de Tierras de Cúcuta. Es en esta instancia que el empresario entuteló el proceso, señalando que no había sido escuchado, al igual que las víctimas que se habían negado a hablar.

“Ya estaban suficientemente probados los hechos que pasaron en la hacienda y algunas de las víctimas no quisieron asistir a dar su testimonio en el proceso, pero la ausencia de sus declaraciones no cambia lo que ya se ha probado”, afirmó el abogado de la CCJ. 

La tutela fue conocida en primera instancia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, quien el día 6 de febrero de 2024 decidió denegar lo solicitado por la empresa. Se ratificó la decisión el 28 de febrero en segunda instancia, la magistrada Martha Patricia Guzmán, de la Corte Suprema de Justicia, de la sala de casación civil y agraria. Tanto el Tribunal como la Corte consideraron principalmente que MR pudo controvertir las pruebas que ya se habían agotado, y que el juez de restitución puede limitar la práctica de estas cuando considere que los hechos ya fueron esclarecidos con suficiencia

La comunidad campesina de la hacienda Bellacruz, víctima de despojo, desplazamiento forzado y otras violaciones a sus derechos desde la década de los noventa, exige celeridad en su proceso de restitución después de seis años de litigio.  Esta última acción judicial  interpuesta por MR de Inversiones, según los solicitantes entrevistados, demuestra su interés en dilatar el proceso para truncar la reparación de las víctimas, que ya llevan más de tres décadas lejos de la tierra. Como lo explicó el equipo jurídico de la CCJ, “la decisión de la tutela es pro víctima y garantista. Esperamos que la empresa supere los argumentos espurios y conductas dilatorias”. 

Para el líder Adelfo Segundo Rodríguez, representante legal de la Asociación Campesina Desplazados al Retorno (Asocadar), los recursos legales que han demorado la definición del proceso y la protección de los derechos de los campesinos están relacionados con la poca voluntad política. “La institucionalidad se pelea entre ellos y el problema no se soluciona. Es necesario buscar espacios de diálogo y concertado entre abogados, empresa y comunidad. Sentarse y buscar una salida en el menor tiempo posible porque solo pasan los años y seguimos igual”, dijo Rodríguez. 

Asocadar reúne a varios de los solicitantes de restitución de Bellacruz. La organización se dedica a hacerle seguimiento al cumplimiento de la sentencia SU-235 de 2016 de la Corte Constitucional. Un precedente ordenó la recuperación de baldíos y reconoció al campesinado de la hacienda como sujeto de especial protección constitucional. Pese a los ocho años de la sentencia, las órdenes no se han cumplido y están suspendidas por un trámite que cursa en el Consejo de Estado. 

El entramado de las empresas 

La tutela interpuesta por MR de Inversiones muestra lo complejo que resulta identificar los actores empresariales que están relacionados en el proceso de restitución de tierras.

Cuando se habla del caso de la hacienda Bellacruz, a simple vista no es muy claro qué empresas están involucradas y cómo se relacionan con el empresario Germán Efromovich. Al revisar la historia del predio aparecen la Dolce Vista Estate, MR de Inversiones, Frigorífico La Gloria y el Grupo La Gloria. Cada una cumple un papel determinante en el gran proyecto productivo de palma de aceite en las tierras en disputa. 

Como lo explicó el equipo jurídico de la CCJ, la empresa que se opone a la restitución de los campesinos, donde hoy se desarrolla el proyecto con más de cinco mil hectáreas de palma, conserva las iniciales de la familia Marulanda Ramírez. “No es casualidad que la empresa que representa a las demás compañías se llame MR, es decir que la razón social inicial sigue vigente y cuando uno observa las dinámicas de la familia Marulanda y cómo se hizo a la tierra se da cuenta que  la infraestructura  de alianzas, antes familiares y ahora empresariales, generan un control político y económico en la región”, explicó el abogado de la CCJ. 

La empresa MR de Inversiones fue creada en 1970 por Alberto Marulanda Grillo y su esposa Cecila Ramírez, años después la empresa englobó varios de los predios que componían La hacienda Bellacruz en una sola matrícula inmobiliaria. En 2008, la familia Marulanda realizó una reforma estatutaria de MR, cambió su objeto social  y amplió el patrimonio de la empresa.  

En diciembre de 2008, la sociedad panameña Dolce Vista Estate le compró a los Marulanda la empresa MR, que tenía la propiedad de la hacienda y cambió su representación legal de Carlos Arturo Marulanda a Jan Veldwijk, compañero de negocios de German Efromovich.  La Dolce Vista, empresa panameña creada en 2006,  también les compró a los Marulanda el Frigorífico la Gloria. 

En 2009, se cambió el nombre de la hacienda Bellacruz a hacienda La Gloria. Las 5.833 hectáreas serían destinadas al proyecto de palma de aceite. Germán Efromovich ha dicho en varias oportunidades que “estaba proyectado invertir 160 millones de dólares y se compró la hacienda La Gloria tras haber contratado un estudio de títulos”. 

En 2010, MR transfirió la hacienda en fideicomiso a la Empresa Dolce Vista Inc, administrada por la Fiduciaria Davivienda, para adelantar negocios agroindustriales.  A pesar de las movidas empresariales y nombres en la cadena de producción del proyecto agroindustrial, el proceso de restitución de tierras funge como opositora la empresa que todavía continúa con las iniciales de la familia Marulanda Ramírez.  

Para los campesinos esas iniciales representan la violencia de la que fueron objeto cuando llegaron los Marulanda. Señalan que el nombre es una reafirmación de que esa tierra era de la poderosa familia política, cuando los campesinos ya habitaban esos predios; también de las violencias de los paramilitares en la década de los noventa y ahora del Estado que lleva una década en procesos judiciales mientras MR sigue explotando la tierra que les arrebataron. Como lo explicó el líder Adelfo Rodríguez, la comunidad se siente desgastada de los múltiples obstáculos para volver al territorio que fueron expulsados y violentados. 

 

Actualizado el: Lun, 09/23/2024 - 13:28

En julio del 2023, un juez municipal suspendió un proyecto de bonos de carbono entre los bosques nublados y páramos de Cumbal, un municipio a más de 3 mil metros de altura en los Andes, en la esquina suroccidental de Colombia. Al hacerlo, le dio la razón a doce indígenas pasto del Gran Resguardo de Cumbal, que interpusieron una acción judicial contra la iniciativa ambiental Redd+ Pachamama Cumbal en su territorio argumentando que violó sus derechos a la consulta previa, la participación efectiva y la propiedad colectiva.

En su fallo, que fue ratificado en segunda instancia, el juez ordenó la suspensión del proyecto así como del contrato que lo sustenta hasta tanto sus promotores comprueben si requiere un proceso de consulta libre, previa e informada con la comunidad indígena que lo alberga y lo lleven a cabo. Los obligó asimismo a presentar a los habitantes del resguardo “un informe claro y detallado de la gestión financiera”, incluyendo la cuantía del dinero recibido por la venta de bonos y su destinación. “Surge la duda del paradero actual de dichos recursos y más aún de la finalidad que se le está dando a tales fondos que en teoría estaban destinados a incentivar el cuidado de los ecosistemas y la fauna y la flora del territorio indígena”, escribió. Para cumplir con ese informe, el juez les dio a los promotores un plazo máximo de dos meses.

Un año después de que la decisión judicial quedase en firme, los indígenas demandantes sienten que los proponentes del proyecto de bonos de carbono —la empresa mexicana Global Consulting and Assessment Services S.A. de C.V., su filial colombiana SPV Business S.A.S. y el gobernador del resguardo— no han rendido cuentas a la comunidad en los términos en que se los ordenó el juez.

En cambio, una de esas empresas desarrolladoras del proyecto y la auditora Deutsche Certification Body S.A.S. presentaron denuncias penales por injuria contra varios integrantes del Colectivo Ambiental Cumbal que, como reveló una investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Mongabay Latam publicada en junio de 2023, han venido advirtiendo desde 2022 sobre la opacidad de esa iniciativa de carbono. Fueron esos indígenas justamente quienes interpusieron la acción judicial.

La visibilidad que ha recibido el caso tuvo otra consecuencia: en noviembre de 2023, el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), el ente que acredita a todos los organismos evaluadores de la conformidad del país, decidió suspender la acreditación del la empresa auditora Deutsche Certification Body. Lo hizo después de que esta alianza periodística revelara que personas directivas de esas tres empresas han tenido vínculos de negocios entre sí: la gerente de la desarrolladora mexicana fue socia fundadora y accionista de la auditora, con lo cual quedó en entredicho que el proceso de evaluación en Cumbal fuese imparcial e independiente, como debía ser.

En esta nueva investigación, encontramos que ese no era el único vínculo entre dichas empresas: el principal accionista y presidente de la firma auditora también tuvo nexos con la empresa desarrolladora mexicana, con lo cual se configura un nuevo potencial conflicto de interés. Esto refuerza que el nebuloso negocio de bonos de carbono ejecutado muy cerca de la frontera de Colombia con Ecuador avanzó entre conocidos, en vez de hacerlo con los contrapesos.

Héctor Villacriz, exgobernador del resguardo de Cumbal, señaló que el contrato con Global Consulting fue terminado de común acuerdo y de forma amigable el 24 de noviembre de 2023, cuatro meses después del fallo judicial. Sin embargo, a julio de 2024, el proyecto de bonos de carbono sigue apareciendo en la plataforma del certificador ColCX como  registrado, sin ninguna mención a su suspensión por orden judicial o a una terminación del contrato con una de las comunidades que lo alberga. Más aún, se han canjeado casi 400 mil créditos de la iniciativa después del fallo que lo suspendió y de la fecha de supuesta terminación del contrato. De esos bonos, 289 mil fueron usados por la petrolera estadounidense Chevron, que ya había sido la compradora de 849 mil créditos cuando la iniciativa no era siquiera conocida por la mayoría de indígenas de Cumbal. La empresa argumenta que la nueva compra fue hecha sin su conocimiento.

Estos son algunos de los hallazgos del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Mongabay Latam en esta tercera entrega sobre el caso Cumbal, dentro de la alianza periodística Carbono Opaco que reúne a 14 medios de ocho países para indagar cómo está funcionando el mercado de carbono en América Latina.

A muchos indígenas habitantes del resguardo de Cumbal como a María Jael Cuaical han expresado su sorpresa de que el proyecto de carbono no beneficie iniciativas ambientales locales como el vivero de árboles nativos que ella lidera. Foto: Andrés Bermúdez Liévano.

Una rendición de cuentas que se quedó corta

En la madrugada del 21 de septiembre de 2023 se dio un aviso en la radio comunitaria en las frías veredas montañosas de Cumbal: “Las autoridades de Cumbal invitan de manera específica al colectivo ambiental, a los indígenas que interpusieron la acción de tutela y comunidad en general de las nueve veredas del Resguardo del Gran Cumbal, a que participen del llamado a cumplimiento de la decisión de acción de tutela”, anunciaba la voz. Los convidaba a una asamblea pública de rendición de cuentas del proyecto Pachamama, que se realizaría ese mismo día, tres horas después, en la casa cultural del cabildo de Cumbal.

Varios integrantes del colectivo ambiental llegaron y pidieron al entonces gobernador Héctor Villacriz aplazar la audiencia para hacer una convocatoria más amplia, incluyendo mensajes en otros medios como carteles, redes sociales y perifoneo por el territorio donde viven unos 20 mil indígenas. Su pedido fue desestimado. Acto seguido, Villacriz dio la palabra a su antecesor Ponciano Yamá, quien firmó el contrato que dio pie a la iniciativa y explicó a los presentes que Global Consulting había hecho dos transferencias en dólares a la cuenta bancaria del resguardo, los días 6 y el 16 de diciembre de 2022. Sin embargo, Yamá contó que el 27 de diciembre siguiente “la gerencia nacional del Banco de Bogotá me informa que la transacción de estos giros no fue posible monetizarla en pesos colombianos”, y que por tal fueron rechazados y el dinero retornaría a la cuenta de origen. “En adelante no sé absolutamente nada más. Ni yo ni mi familia ni nadie ha utilizado un peso de la comunidad de este tema”, añadió, según la grabación de la transmisión en vivo de la reunión que integrantes de la comunidad hicieron y que esta alianza periodística vio.

En esa misma reunión habló luego Bárbara Lara Escoto, como representante de la empresa desarrolladora Global Consulting. Conectada por videoconferencia, explicó que el proyecto había vendido 475 mil créditos a esa fecha y que, teniendo en cuenta lo que llamó “las condiciones de comercialización (…) aceptadas por el resguardo”, a Cumbal le correspondían 130.844 créditos. Citando también las dificultades con el banco, señaló que aún no había vuelto a girar el monto y atribuyó el hecho a la sentencia en contra del proyecto: “El pago no se ha realizado de nuevo, entre tanto el resguardo ya estaba arreglando el estado de las cuentas bancarias y luego se suspendió el proyecto por orden judicial, por lo que nos impide ejecutar los pagos asociados al proyecto”, dijo, según la grabación de la reunión.

Villacriz cerró la exposición, subrayando que “es clara la situación” y pidiendo no culpar a nadie de robo. “No ha habido ningún desembolso”, remató.

Bárbara Lara Escoto de Global Consulting habla por videoconferencia durante la audiencia de rendición de cuentas financieras del proyecto Pachamama Cumbal ordenada por un juez. Foto: imagen de transmisión en vivo hecha por el Colectivo Ambiental Cumbal

Esas respuestas de las autoridades tradicionales y las empresas desarrolladoras no resultaron satisfactorias para los indígenas que llevaron el proyecto a la justicia. “No sabemos aún qué ha pasado [con el dinero]. [En la reunión] de la comunidad no había casi nadie. Era imposible acudir en esas condiciones, pero ellos justifican que sí hicieron la convocatoria y el informe”, dice Omar Chiran, abogado y miembro del colectivo ambiental. “Fue tan resumido que no creemos que cumpliera con las condiciones del juez”, añade Álvaro Guadir, otro de los integrantes del colectivo.

Por ese motivo, en octubre de 2023, instauraron una solicitud de incidente de desacato contra las autoridades y las empresas. “No entregaron a la comunidad ninguna documentación de los soportes financieros, como de giros realizados por Chevron, consignaciones bancarias, devoluciones que hicieron los bancos, titulares de las cuentas, estado de las cuentas, cantidad de recursos (…) Fue un informe donde no se garantizó la participación de la comunidad y no fue claro ni documentado”, escribieron al juez de primera instancia.

Ocho meses después, el 29 de julio de 2024, el juzgado promiscuo municipal de Cumbal requirió al gobernador del resguardo y a las empresas demandadas que “procedan dar inmediato cumplimiento al fallo de tutela” o, de lo contrario, se expongan al inicio de un incidente de desacato que podría resultar en una pena carcelaria y una multa. Sin embargo, una semana después, el juez Darío Javier Muñoz (distinto al juez Carlos Alexander Coral que firmó el fallo original) negó la solicitud, por considerar que “los respectivos representantes de las empresas accionadas vienen dando cumplimiento al fallo de tutela”.

Esto pese a que todos –autoridades indígenas, empresa desarrolladora e indígenas accionantes de la tutela- parecen estar de acuerdo en que la comunidad de Cumbal no ha recibido aún peso alguno por la parte que les corresponde de la venta de 849 mil bonos de carbono a Chevron entre 2022 y 2023.

Ni el anterior gobernador Ponciano Yamá —que firmó el contrato— ni su sucesor Héctor Villacriz —que debió ejecutar el proyecto y cumplir los fallos, pero que ya también salió del cargo— respondieron a solicitudes de entrevista de esta alianza periodística sobre el estatus del proyecto y sus finanzas. Yamá dio una fecha para una entrevista, pero luego la cambió y no volvió a responder. El actual gobernador Jorge Humberto Puerres tampoco respondió mensajes solicitando entrevistarlo.

Global Consulting se defendió alegando que “si no fuera por los mecanismos tales como el registro de proyectos Redd+ y el arduo trabajo de empresas especializadas como Global Consulting, estas comunidades no tendrían ningún reconocimiento”.

En respuestas escritas a un cuestionario de esta alianza periodística, enviado a través de la agencia de relaciones públicas Crop, la empresa mexicana Global Consulting señaló que llegó al proyecto en Cumbal “como una empresa con la experiencia y la capacidad suficiente para prestar el servicio de asesoría técnica y comercial en el desarrollo de un proyecto que representara para el Resguardo Indígena de Cumbal un beneficio económico asociado al trabajo de conservación que han realizado sus comunidades”. Explicó que “fue contratada exclusivamente para la prestación de un servicio de asesoría técnica y comercial para el registro del proyecto (…) y la comercialización de los créditos de carbono generados por dicho proyecto”, y que esa contratación “se dio en concordancia con las atribuciones y funciones que competen a las autoridades del Resguardo Indígena de Cumbal, autoridades legítimamente electas y reconocidas por el Ministerio del Interior”. (Lea respuestas completas de Global Consulting acá.)

En su visión, el proyecto Pachamama Cumbal cumple con las salvaguardas sociales y ambientales establecidas para estas iniciativas de carbono. “Global Consulting es respetuosa de la regulación aplicable a cada uno de los proyectos a los que presta sus servicios”, añadió.

La empresa no respondió a preguntas sobre el estatus actual del proyecto tras las dos sentencias adversas, incluyendo si lo considera activo o suspendido, señalando únicamente que “el estado de los créditos de carbono del Resguardo Indígena de Cumbal es ‘reservado’” y que “es una empresa absolutamente respetuosa de la justicia colombiana y de su marco jurídico”. Al preguntarle por las medidas que tomó para cumplir con la orden de rendir cuentas sobre las finanzas de la iniciativa, Global Consulting se limitó a responder que “ha dado cumplimiento a los fallos judiciales, acatando las instrucciones precisas del juzgado y dando respuesta a todos los requerimientos de su despacho”. Sobre los giros de recursos al resguardo, dijo que “la información solicitada hace parte del proceso judicial en curso y no le corresponde a Global Consulting revelar la misma sin orden judicial”.

Una comunidad aún sin documentos del proyecto

No es la única información a la que no ha podido acceder todavía la comunidad. Un año después del fallo judicial, todavía no conocen el documento de diseño de proyecto (PDD, en la jerga del sector) ni el informe de auditoría, los dos documentos básicos de cualquier proyecto Redd+, que son de carácter público en la mayoría de iniciativas ambientales de este tipo.

Hasta mediados de 2023, ColCX —la empresa certificadora que dio su visto bueno al proyecto Pachamama— era el único estándar de certificación en Colombia que no publicaba esos documentos para todos los proyectos que avalaba, como contó el CLIP.

En una entrevista realizada en agosto de 2024, ColCX —cuya empresa matriz Canal Clima forma parte de Valorem, el holding empresarial de la familia Santo Domingo, una de las más ricas y poderosas del país— dijo a esta alianza periodística que el conflicto en Cumbal y los sucesivos fallos abrieron un proceso de autocrítica que le llevó a modificar varios de sus procedimientos. “En parte fue Cumbal, pero también estudiamos lo que pasó en el mercado en otros estándares”, explicó su director Mario Cuasquen, refiriéndose a problemas identificados en iniciativas certificadas por competidores como Cercarbono, Biocarbon Registry o Verra. “La dinámica del mercado ha cambiado y cada vez los procesos son más exigentes, en un mejoramiento continuo que para nosotros no para con Cumbal”, añadió. 

Entre esos cambios, ColCX destacó que, desde agosto de 2023, su metodología para proyectos Redd+ incluyó la necesidad de presentar actas de aprobación de las comunidades locales, así como evidencia de su consentimiento previo, libre e informado. Asimismo, señaló que, desde junio de 2023, los contratos con sus clientes hacen obligatoria la publicación de los PDD e informes de auditoría de los proyectos apenas éstos sean certificados. Ese cambio, sin embargo, no aplica para las iniciativas que ya estaban en curso a menos que los desarrolladores lo autoricen. Global Consulting, señaló Cuasquen, no lo ha hecho.

Cuasquen explicó que ColCX también reforzó sus procedimientos de debida diligencia y transparencia, incluyendo contratar a un oficial de cumplimiento, adherir a los parámetros de debida diligencia del grupo Valorem, del que forma parte, publicar en su plataforma información básica de los proyectos para que cualquier persona pueda hacer comentarios o enviar alertas, previo a la certificación, y diseñar una nueva plataforma más completa en alianza con la empresa XM, que lanzará en septiembre. “Lo que hemos hecho estos meses va alineado con la sentencia”, dice. Sobre el hecho de que su plataforma no menciona la existencia de fallos judiciales adversos al proyecto Pachamama, Cuasquen dijo que “nuestro sistema anterior no tiene un campo explícito donde se trataran este tipo de situaciones”, pero “es un punto que me llevo para conversarlo inmediatamente… Estamos a tiempo para hacer ajustes”, dijo.

Consultada sobre la falta de acceso a los documentos del proyecto para los integrantes de la comunidad, Global Consulting dijo que “es respetuosa de las atribuciones y funciones que competen a las autoridades del Resguardo Indígena de Cumbal, autoridades legítimamente electas y reconocidas por el Ministerio del Interior, a quien corresponde, en todo caso, el manejo de dicha información”. Estas, a su vez, no respondieron a las solicitudes de entrevista.

En el resguardo de Cumbal confluyen ecosistemas sensibles como páramos —con sus características plantas llamadas frailejones— y bosques altoandinos con tierras destinadas a la ganadería lechera. Foto: Andrés Bermúdez Liévano.

Un contrato terminado pero activo

En la consulta previa no hubo avances. El 3 de noviembre de 2023, el exgobernador del resguardo, Héctor Villacriz presentó una solicitud de determinación de procedencia de la consulta previa a la Autoridad Nacional de Consulta Previa, según consta en una carta enviada en abril de 2024 por el subdirector de gestión de esa agencia estatal al actual gobernador Jorge Puerres.

Sin embargo, apenas un mes después, Villacriz envió una nueva comunicación desistiendo de su consulta original. “Me permito comunicar amablemente al señor subdirector técnico de consulta previa que mediante carta de fecha 20 de noviembre de 2023 solicité a la entidad Global Consulting and Assessment Services S.A. de C.V la terminación de común acuerdo y amigable, del contrato de mandato (…) ya que no queremos en el resguardo más altercados, discusiones ni demandas”, escribió el 5 de diciembre, tres semanas antes de dejar su cargo al frente del resguardo. Acto seguido, explicó que a partir del 24 de noviembre “el contrato se considera terminado”, por lo cual ya no sería necesario pensar en la consulta previa.

El 27 de diciembre, la Autoridad Nacional de Consulta Previa confirmó que aceptaba que la comunidad indígena desistiera de seguir el proceso iniciado por orden del juez. Luego, en abril de 2024, el subdirector Wilson Villegas confirmó en una  carta al actual gobernador que esto explicaba por qué su entidad no se había pronunciado finalmente.

Seis meses después, sin embargo, el proyecto Pachamama, que de acuerdo con el fallo judicial tendría que estar suspendido, presentó actividad: apareció un canje de créditos en la plataforma de ColCX. Según la certificadora, el 14 de junio de 2024, Chevron usó 151 mil bonos de Pachamama para ser eximida de parte del pago al Estado colombiano del impuesto al carbono, por el uso de combustibles fósiles. Un mes después, el 12 de julio, ColCX registró otra transacción similar: Chevron canjeó 129.513 bonos, de nuevo para el impuesto al carbono. No fue la única empresa en usar créditos de Cumbal tras su suspensión: entre junio y agosto, la distribuidora de gasolina Zeuss usó 92.500 bonos, mientras Estaciones Innovadoras (Estinsa) — que opera estaciones de Zeuss — usó 13.500 mil, Alberto Ochoa y Cía 1720 y OZ EDS, otros 620.

 

La plataforma de la certificadora ColCX muestra que bonos del proyecto Pachamama Cumbal fueron canjeados entre junio y agosto de 2024.

Al 31 de julio de 2024, la iniciativa Pachamama aparecía en la plataforma de ColCX con “registro completo”. No había notas visibles de que el proyecto estuviese suspendido, como determinó el juez, o de que el contrato que lo sustentaba hubiese sido terminado, como argumentó el exgobernador del resguardo.

La plataforma de la certificadora ColCX mostraba al proyecto Pachamama Cumbal a agosto de 2024 como activo.

 

“En ColCX se refleja que se han hecho transacciones de bonos y que hay empresas que los han usado como usuarios finales, pero no hay trazabilidad de esa plata dónde está. ¿A dónde ha llegado ese dinero? No se sabe nada”, dice John Fredy Alpala, un ingeniero ambiental y sanitario de 33 años que también forma parte del Colectivo Ambiental Cumbal.

Sobre estos bonos recientes del proyecto, Global Consulting señaló que “los créditos de carbono referidos a los meses de junio y julio de 2024 no corresponden al Resguardo Indígena de Cumbal”. Consultada por su fecha de venta y a qué resguardos corresponden dichos resultados ambientales, la empresa repuso que “por nuestras políticas de confidencialidad y tratamiento de datos, Global Consulting no está autorizada a revelar ningún tipo de información relacionada con los contratos suscritos con sus clientes”.

Sin embargo, Global Consulting explicó al juez municipal de Cumbal, en su respuesta a la solicitud de desacato interpuesta por los miembros del colectivo ambiental, que esos bonos correspondían a la empresa. “Los créditos que han sido retirados y comercializados durante el año 2024, es decir, posterior a la sentencia No. AT2-2023-00095-01 de fecha 23 de agosto de 2023, corresponden a los honorarios pactados y generados antes de la orden de suspensión, entre el Cabildo Indígena del Resguardo de Cumbal y Global Consulting and Assessment Services S.A. de C.V., conforme al Contrato de Mandato con Representación No. 002.2022 y no corresponden a los créditos pertenecientes al Resguardo al cual dicen pertenecer los accionantes”, escribió, según consta en el auto del juez negando abrir el desacato.

Irónicamente, ese mismo auto del juzgado promiscuo municipal de Cumbal cita la respuesta del actual gobernador del resguardo, reiterando que no han recibido ningún ingreso del proyecto, ni anteriormente ni este año. “En cuanto a los trámites de certificación, emisión y comercialización de los bonos de carbono realizados en el año 2022 y en el año 2024 la comunidad y el Resguardo de Cumbal como ente territorial desconocen la información sobre los giros de recursos, el valor real de cada giro, y el número y titular de la cuenta o cuentas bancarias a nombre de las empresas accionadas y del Cabildo de Cumbal a las cuales se asignan”, escribió. “Recalcamos que no [hemos] recibido dineros producto de este contrato”.

A las preguntas de si el contrato con Cumbal fue finalizado y si, de ser así, ese hecho fue notificado a alguna entidad de la cadena de valor del carbono, Global Consulting respondió que no está autorizada a responder.

La certificadora ColCX argumentó que no tiene ninguna responsabilidad en las transacciones: según explicó su director Mario Cuasquen, “nos adherimos a detener el proyecto, como dice la sentencia”, y que “en la comercialización no intervenimos en nada: no sabemos el precio ni el día que fueron vendidos, solo la fecha de retiro”. Cuasquen explicó que en su sistema, ColCX tiene separados los bonos que pertenecen a cada socio de un proyecto; en el caso de Pachamama, cuáles corresponden a Cumbal, cuáles a los otros tres resguardos que comparten la iniciativa y cuáles a Global Consulting como desarrolladora. “Gran Cumbal tiene unos 460 mil créditos que no se han tocado. Están reservados”, dijo. Sin embargo, reconoció que la certificadora no hizo ninguna publicación informando de la suspensión de Pachamama por orden judicial. El director de ColCX comprometió durante la entrevista a enviar un desglose de a quiénes correspondían los bonos transados en junio y julio de 2024, pero luego respondió por correo electrónico dos semanas después que “por políticas de confidencialidad con nuestro cliente no es posible hacerlo”. Cuasquen dijo también no estar enterado de la terminación del contrato en Cumbal, explicando que “ellos [el desarrollador] deben informarnos a nosotros”. “No tenemos capacidad técnica para estar encima de todos los contratos”, señaló.

El mayor comprador, Chevron, explicó a esta alianza periodística que desde que se enteró de la acción de tutela decidió suspender el uso de cualquier bono del proyecto Pachamama, pero que la nueva tanda de 289 mil bonos había sido comprada y canjeada sin que la empresa lo supiera. “En junio y julio de este año, nuestro proveedor adquirió sin previo aviso bonos de dicho proyecto para Chevron Colombia, los cuales no fueron advertidos oportunamente en nuestros procesos internos y por error terminaron haciendo parte del proceso de compensación de dicho periodo”, dijo la empresa, añadiendo que “hoy ya no tiene una vinculación contractual con el desarrollador del proyecto, por razones diferentes a las aquí mencionadas”. Al preguntarle por la identidad del proveedor que transó los bonos de Pachamama en su nombre y sin su permiso, Chevron solo respondió que “cuando hablamos de proveedor nos referimos al desarrollador del proyecto” y que “el nombre no podría dártelo, sin autorización de ellos, por razones de confidencialidad en el acuerdo”. (Lea las respuestas completas de Chevron acá).

La petrolera también subrayó que, pese a que el uso de esos bonos en 2024 “no fue una decisión alineada con la directriz tomada por los directivos de Chevron Colombia el año pasado”, el hecho de “aceptar créditos de ese proyecto estuvo alineado con la normatividad vigente, pues ya había sido radicada la solicitud de consulta previa por parte del operador del proyecto, dando cumplimiento a la sentencia de segunda instancia proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Ipiales”. A la pregunta de si sabía que el propio gobernador de Cumbal había desistido de esa solicitud, Chevron dijo que “el proveedor no nos informó del retiro de la solicitud de consulta previa ni de sus implicaciones en el proyecto en cuestión, y tampoco nos compartió lo documentado sobre el tema”.

Por último, la petrolera señaló que puso en marcha una estrategia para “mejorar los procedimientos y salvaguardas internas” y una “revisión interna para garantizar la viabilidad de los proyectos a los cuales se invierte”, incluyendo la asesoría de expertos internacionales de la empresa para evaluarlos.

La gasolinera Zeuss, la segunda mayor usuaria de bonos tras los fallos judiciales en contra del proyecto, no respondió a un cuestionario enviado el 6 de agosto al correo electrónico al que pidieron hacer la consulta. Un mensaje a su presidente Javier Plata, enviado por LinkedIn, tampoco fue respondido.

Entre tanto, las dos decisiones judiciales sobre el caso Cumbal —las primeras de fondo sobre iniciativas del mercado voluntario de carbono en Colombia, antes incluso que la reciente sentencia de la Corte Constitucional sobre el caso del Pirá Paraná— fueron incluidas en la base de datos de litigios climáticos del Centro Sabin de Derecho Ambiental de la Universidad de Columbia, el más conocido de su tipo en el mundo.

El ingeniero civil Miguel Ángel Quilismal fue uno de los integrantes del Colectivo Ambiental Cumbal que fue querellado por injuria tras firmar la acción de tutela que llevó a la suspensión del proyecto Pachamama por orden judicial. Foto: Andrés Bermúdez Liévano.

Indígenas querellados por injuria

La victoria legal sobre el nebuloso proyecto ha traído, sin embargo, costos para los integrantes del colectivo ambiental de Cumbal que denunciaron las irregularidades.

A comienzos de octubre, dos semanas después de la poco publicitada rendición de cuentas y un mes tras el segundo fallo judicial, Diego Fernando Cuaspud, geógrafo de 27 años, recibió una comunicación de la Fiscalía General de la Nación de una denuncia penal en contra suyo por injuria. No informaba quién le denunciaba ni la razón, pero lo citaba a una audiencia de conciliación en la casa de justicia de Mártires, en el centro de Bogotá, a 928 kilómetros de donde vive. “La citación a esta audiencia es obligatoria, pero llegar a un acuerdo solo depende de la voluntad de las partes”, decía el documento, advirtiéndole que, de no asistir a la diligencia judicial, se iniciaría una investigación penal en su contra.

Dos semanas después, logró obtener una copia de la querella, que identificaba a su denunciante: Global Consulting, por medio de su apoderada Bárbara Lara Escoto. En la denuncia, a la que esta alianza periodística tuvo acceso, la desarrolladora del proyecto argumentó que la acción judicial presentada por el colectivo está “colmada de aseveraciones que descalifican la honra de las empresas”. En particular, disputó la afirmación de los indígenas en la acción de tutela de que el proyecto se diseñó y puso en marcha mediante “maniobras y artificios fraudulentos, de mala fe y contrarios a la normatividad para no garantizar la participación activa y efectiva de la comunidad”, que se trató de una “negociación particular con apenas un testigo” con el entonces gobernador del resguardo Ponciano Yamá y que la comunidad aún no conoce la documentación básica de la iniciativa.

En términos generales, la empresa mexicana dice que su proyecto “ha sido planeado, formulado e implementado de manera correcta y sin irregularidad alguna”. Es decir, lo contrario a lo que concluyeron los dos jueces que fallaron sobre el caso. Como contó el CLIP, el juez de primera instancia consideró que “las falencias en la gestión del proyecto Redd+ Pachamama Cumbal afectaron a la comunidad indígena, no a nivel físico en el territorio como se podría pensar sino a nivel de la cohesión social, la equidad y el buen vivir”. En su visión, la iniciativa tuvo una “mínima socialización” y “se inobservaron ampliamente” las salvaguardas socio ambientales obligatorias para proyectos de carbono y pensadas para proteger a comunidades locales, incluyendo reglas sobre consentimiento, participación efectiva y rendición de cuentas. La juez de segunda instancia concordó con él.

En las semanas siguientes, varios colegas de Cuaspud en el colectivo ambiental recibieron mensajes similares. A Diana Puenguenan la citaron a una audiencia de conciliación en la fiscalía del pueblo vecino de Guachucal, a 20 minutos de distancia, para “buscar una solución pacífica”. A Miguel Ángel Quilismal, ingeniero civil de 39 años que lleva una década estudiando la historia de los pastos, también lo citaron en Bogotá. Como en el caso de Cuaspud, las comunicaciones no identificaban a su querellante, ni el motivo de la denuncia.

A hoy, solo dos de ellos han logrado obtener el documento completo de la querella. En ambos casos son textos casi idénticos, desde el lenguaje hasta el paginado. Solo cambia el querellante: mientras a Diego Cuaspud lo denunció Global Consulting, a Miguel Ángel Quilismal lo querelló la auditora Deutsche Certification Body, a través de su representante legal suplente Jorge Andrés Avella Ostos.

El 31 de enero de 2024, varios de ellos fueron a la fiscalía de Guachucal para la audiencia de conciliación, después de que el abogado del grupo, Omar Chiran, lograra trasladar allí las diligencias de todos. Al final, solo se llevó a cabo la audiencia de Puenguenan, pues solo llegó un abogado de los querellantes, sin poder para actuar en los demás casos. Solicitó a la socióloga y administradora pública de 26 años que se retractara y pagara 200 mil dólares de indemnización por los daños que, según él, había causado a Deutsche Certification Body. Era una cifra impagable e incomprensible para un colectivo indígena, a quien la justicia colombiana dio la razón en sus preocupaciones sobre el proyecto opaco en su territorio.

Global Consulting dijo a esta alianza periodística que “a lo largo de los años (…) se ha esforzado por prestar servicios de calidad y con profesionalismo, gracias a lo cual ha desarrollado una vasta experiencia y reputación, en protección de las cuales ha ejercido y ejercerá las acciones que en derecho le correspondan contra quien atente a su buen nombre”. La empresa mexicana, añadió, “no litiga a través de los medios de comunicación, por lo que se reserva la información de procesos legales que se encuentren en curso”.

Siete meses después, los indígenas de Cumbal no han sabido más de esos procesos judiciales, que Omar Chiran describe como “una retaliación y una intimidación”. Varios de ellos — incluida Puenguenan, la única que tuvo audiencia — no tienen siquiera copia de la querella interpuesta en su contra. “Ha afectado psicológicamente al colectivo, porque esas denuncias están latentes y no se han cerrado”, dice John Fredy Alpala.

Un auditor sancionado

El 5 de octubre de 2023, un mes y medio después del segundo fallo judicial contra el proyecto Pachamama y dos meses después de la querella contra Miguel Ángel Quilismal, la auditora Deutsche Certification Body recibió una mala noticia. El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), que acredita a los organismos de evaluación de la conformidad en el país, tomó la decisión de retirarle la acreditación que tenía desde 2021 para evaluar proyectos de reducción de gases de efecto invernadero, incluidos los Redd+ como el de Pachamama Cumbal. Un mes después, el 9 de noviembre, el comité de apelaciones de ONAC confirmó y dejó en firme esa decisión

La plataforma de la ONAC muestra que la acreditación del auditor Deutsche Certification Body fue retirada en noviembre de 2023.

Esto significa que Deutsche Certification Body puede continuar auditando proyectos en Colombia pero, en palabras de la ONAC, “ya no está autorizado para emitir informes ni certificados bajo la condición de acreditado, ni utilizar el símbolo de acreditado, ni hacer referencia a la condición de acreditado en ningún documento o comunicación posterior a la fecha del retiro de la acreditación”.

Las razones por las cuales fue sancionada son menos claras. La ONAC denegó una solicitud de esta alianza periodística de acceder a las actas o al expediente que soportaron la decisión, señalando que “solo podemos compartir información que haya sido publicada oficialmente”, debido a normas internacionales y cláusulas de confidencialidad firmadas con sus acreditados. “No podemos proporcionar detalles sobre las razones o motivos específicos detrás del retiro de la acreditación”, respondió su analista Paula Andrea Tovar.Consultados si recibieron alguna denuncia sobre el caso Cumbal, ONAC repuso por correo electrónico que “no podemos confirmar ni negar la existencia de denuncias específicas”. Su director Alejandro Giraldo explicó luego por mensaje de Whatsapp que “nosotros podemos revisar las acreditaciones que hemos otorgado en cualquier momento, inclusive si no hay denuncia directa, si encontramos indicios (vengan de donde vengan) de que se están incumpliendo las reglas de acreditación”, incluyendo las de imparcialidad. “No le puedo contestar nada concreto relacionado con Deutsche Certification”, dijo el director de la entidad acreditadora, que fue cuestionada por la Corte Constitucional en su reciente sentencia sobre el mercado de carbono por no contar con un protocolo especial para comprobar el cumplimiento de las salvaguardas en este tipo de proyectos. Solo podría entregar información, añadió Giraldo, por orden de una autoridad judicial o administrativa.

Esta alianza periodística buscó a Óscar Gaspar Negrete, presidente y representante legal de Deutsche Certification Body, mediante mensajes a sus correos electrónicos personal y corporativo, así como al teléfono listado en actas de cámara de comercio, pero no respondió. Entre tanto, la página web de la empresa dejó de estar activa en algún momento posterior a abril de 2024.

Las fechas sugieren que la información que llevó a ONAC a suspender la acreditación de la auditora pudo haber sido la que reveló la investigación periodística liderada por CLIP: Bárbara Lara Escoto, gerente de la empresa mexicana Global Consulting y representante legal de la empresa colombiana SPV Business (la que firmó el contrato con los indígenas y luego cedió su posición contractual a la primera en agosto de 2022), figura en actas de cámara de comercio como una de las socias fundadoras de Deutsche Certification Body S.A.S. Al momento de su creación en junio de 2019 en Bogotá, Lara Escoto poseía una cuarta parte de las acciones, mientras Óscar Gaspar Negrete contaba con un número idéntico y Raúl González Mitre con la mitad. Fue justamente Gaspar Negrete quien firmó las declaraciones de validación y de verificación del proyecto Pachamama, de octubre de 2022, que aparecen en la plataforma de ColCX, en nombre de Deutsche Certification Body.

Adicionalmente, Diana Carolina Avella Ostos —quien figuró como representante legal suplente de SPV Business entre marzo de 2021 y noviembre de 2023— ocupó también ese mismo cargo en Deutsche Certification Body entre marzo de 2021 y marzo de 2022, según consta en actas de cámara de comercio de la auditora. Avella Ostos, una ingeniera química que trabajó en el gremio palmero Fedepalma, fue quien firmó el contrato original con el gobernador de Cumbal en abril de 2022 y la primera oferta comercial de compra de bonos en junio de 2022, documentos a los que tuvo acceso esta alianza periodística.

Ambos hechos sugieren que las tres empresas podían tener un doble conflicto de interés, dado que un auditor de proyectos de carbono debe “permanecer imparcial con respecto a la actividad validada o verificada, así como libre de sesgos y conflictos de intereses”, según señala una de las normas internacionales ISO que regulan su trabajo y rige en Colombia. También podrían explicar por qué, al evaluar el proyecto en Cumbal, los auditores de Deutsche Certification Body parecen no haberse percatado de que muchos de los habitantes del Gran Resguardo de Cumbal no sabían siquiera de su existencia y no participaron en su aprobación.

Global Consulting no respondió a la pregunta de esta alianza periodística de por qué eligió a Deutsche Certification Body como auditor, limitándose a señalar que “realizó la contratación del OVV [organismo de validación y verificación] en cumplimiento de sus obligaciones contractuales”. A preguntas por la relación de negocios anterior de Lara Escoto con la empresa auditora y si la pusieron en conocimiento de algún actor de la cadena de valor del carbono, Global Consulting respondió que “no está facultado para dar información de sus empleados, personal o directivos, sin importar el cargo que estos ejerzan” y que “la señora Bárbara Lara, representante legal de Global Consulting y SPV Business, dejó de tener vínculo alguno con Deutsche Certification Body mucho antes de iniciar el proyecto en mención”. Asimismo, la empresa mexicana señaló que “Diana Avella dejó de tener vínculo alguno con Deutsche Certification Body antes de iniciar el proyecto en mención y (…) no tiene ningún cargo en Global Consulting con facultades de contratación”.

Consultada sobre si dichas relaciones podrían configurar un potencial conflicto de interés, Global Consulting dijo que “en todos y cada uno de sus proyectos se asegura de que en la prestación de sus servicios no concurra un impedimento o conflicto de interés que afecte la calidad, certeza y objetividad en la prestación de dichos servicios”.

En sus querellas contra Diego Cuaspud y Miguel Quilismal, tanto Deutsche Certification Body como Global Consulting reconocieron esa relación entre ambas, aunque argumentaron que no les generaba conflictos de interés. “Téngase claridad que la accionista que (…) generaría el conflicto de interés enajenó sus acciones antes de que se realizara la validación y verificación por parte de Deutsche”, escribieron ambos. Por ello, señalaron, “no es cierto lo que manifiestan los accionantes” sobre un posible impedimento.

 

Infografía: Miguel Méndez

Una maraña de posibles conflictos de interés

Esos podrían no ser los únicos vasos comunicantes entre las dos empresas desarrolladoras y la auditora.

En esta nueva investigación periodística, CLIP y Mongabay Latam descubrieron que Óscar Gaspar Negrete, el presidente y accionista único, a junio de 2022, de Deutsche Certification Body que firmó los certificados de validación y verificación del proyecto Pachamama Cumbal, aparece también en dos folios de inscripción en el registro mercantil de Global Consulting and Assessment Services S.A. de C.V. disponibles en el Registro Público de Comercio de México.

Primero, en junio de 2016 figuraba en un folio de constitución de la sociedad como comisario de su órgano de vigilancia, un rol que suele ser escogido por la asamblea de socios. Según ese documento, sus accionistas eran Mónica Lara Escoto (con 4.950 acciones) y Yolanda Escoto Torales (con 50). Luego, en noviembre de 2019, Gaspar aparecía en otro folio como “representante y/o delegado de la asamblea de socios”. En otras palabras, Gaspar Negrete no solo fue socio accionista de Bárbara Lara en la auditora colombiana, sino que también estuvo vinculado a la empresa mexicana que ella gerencia y que desarrolló el proyecto en Cumbal.

Este nuevo hecho sugiere que las desarrolladoras y la auditora del proyecto podrían tener otro potencial conflicto de interés. 

Consultada por la presencia de Gaspar Negrete en el órgano de vigilancia de la empresa mexicana Global Consulting, la empresa mexicana señaló que “ha contado con diversos órganos, entre ellos, órganos relacionados a temas sociales, ambientales, de calidad, etc” y que “en todos y cada uno de sus proyectos, se asegura de que en la prestación de sus servicios no concurra un impedimento o conflicto de interés que afecte la calidad, certeza y objetividad en la prestación de dichos servicios”. “Global Consulting respeta el marco jurídico colombiano y entiende el problema de un conflicto de interés”, añadió.

La certificadora ColCX, que el año pasado dijo a esta alianza periodística no estar enterada de los posibles conflictos de interés cuando aprobó el proyecto, dijo que tras el fallo adverso solicitó a todos los auditores entregar una declaración de ausencia de conflictos de interés, evidencia de su acreditación vigente y documentos corporativos que identifiquen a sus accionistas. “De los señores de Deutsche no tuvimos ninguna respuesta”, dijo su director Mario Cuasquen, por lo que “no está habilitado en este momento para trabajar con ColCX”.

El estándar para certificación de iniciativas de mitigación de ColCX, fechado en julio de 2023, estipula ahora que “en ninguna circunstancia el proponente o titular de una iniciativa de mitigación podrá tener con el [auditor] una relación diferente a la que esté cobijada por el contrato de servicio firmado entre las partes, y que pudiera representar un interés laboral, personal, profesional, familiar o de negocios que pueda afectar el desempeño imparcial y objetivo de sus funciones como evaluador de la conformidad”. En caso de que esto ocurriese, añade el documento, “se considera como un incumplimiento a los criterios del programa, resultando en la suspensión o retiro de la iniciativa de mitigación y la cancelación del contrato que autoriza al [auditor] como evaluador dentro del programa”. Consultado si ColCX ha contemplado o decidido alguna medida de suspensión, retiro o cancelación del contrato en el caso de Pachamama Cumbal, Cuasquen respondió que el protocolo entró en vigencia en julio de 2023 y rige tanto para los nuevos proyectos como para aquellos que entren en proceso de recertificación. “Este proyecto cuenta con certificación a partir de octubre de 2022 y, desde entonces, nosotros no hemos tomado acciones adicionales”, dijo.

ColCX dijo no estar enterado de que el nuevo vínculo entre Deutsche Certification Body y Global Consulting revelado en esta investigación existía en el momento de su certificación original del proyecto. “En ese momento no llevábamos una debida diligencia tan compleja como este año. Quisiéramos corregir cosas, pero lo pasado es pasado. Ahora sí lo estamos haciendo”, dijo Cuasquen en entrevista con esta alianza periodística. Sobre la información recabada en el registro comercial mexicano, el director de ColCX dijo que “estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo de vigilancia, pero hacer investigación en otros países es un trabajo bien complejo”.

Esas no son, sin embargo, las únicas empresas del mercado de carbono en Colombia en las que figura Bárbara Lara Escoto. La empresaria mexicana es la representante legal de otras dos compañías registradas en Bogotá: Suma Pakari S.A.S. y Taita Samay S.A.S. La primera — cuyo nombre significa ‘hermoso amanecer’ en quechua— fue creada en junio de 2019, mientras la segunda —‘descanso del padre’, en quechua— lo fue en octubre de 2019. Ambas listan el mismo objeto de impulsar el “desarrollo de proyectos de reducción, mitigación, captura y/o secuestro de gases de efecto invernadero, pertenecientes a cualquier sector reconocido por la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, así como aquellos reconocidos en los estándares internacionales en materia de carbono”. Ambas tienen, desde el 21 de noviembre de 2019, a Lara Escoto como representante legal.

Esta alianza periodística no encontró información sobre iniciativas de bonos de carbono de Suma Pakari o Taita Samay en marcha en ninguna de las cuatro certificadoras que operan en Colombia, ni tampoco alguna relación con Global Consulting, SPV Business o su trabajo en Cumbal. Sin embargo, la primera es mencionada en un listado de empresas con interés en ese mercado en la Amazonia que publicó el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi gubernamental, en un informe de 2022 sobre conflictos asociados a proyectos Redd+ en el Gran Resguardo del Vaupés.

La socióloga y administradora pública Diana Puenguenan fue otra de las jóvenes profesionales e indígenas pasto que descubrieron los problemas del proyecto Pachamama Cumbal y que fueron querelladas por injuria. Foto: Andrés Bermúdez Liévano.

En contravía de la Corte Constitucional

Aunque Global Consulting insiste en que su proyecto cumple con los estándares sociales que rigen los proyectos de carbono en Colombia, la querella que presentaron contra un miembro del colectivo ambiental de Cumbal deja entrever algunas de sus ideas sobre estas reglas de juego ambientales y sociales.

En su denuncia por injuria argumentan que la iniciativa no requería una consulta libre, previa e informada con los habitantes del resguardo, como solicitaron los indígenas demandantes. “Esa forma de protección aplica cuando se está ante decisiones exógenas a la comunidad (por ejemplo, cuando una empresa minera pretende extraer carbón de un sitio considerado sagrado por una comunidad indígena)”, argumentó Bárbara Lara en la querella, añadiendo que “el proyecto se gestó por el resguardo” y que la empresa que lidera es un “consultor experto” para sacarlo adelante.

Adicionalmente, Lara argumentó que el gobernador Yamá era, como representante legal del resguardo, “el interlocutor legítimo y válido del resguardo” y “estaba plenamente facultado para tomar este tipo de decisiones y celebrar los contratos que esté bien considerase necesarios”. “Al parecer lo que pretenden los accionantes es que toda decisión que se adopte y contrato que se celebre por el representante legal y gobernador del resguardo le sea consultado a los más de 12.000 habitantes”, escribió.

Su visión difiere con la regulación que rige los proyectos Redd+ en Colombia. El Ministerio de Ambiente, en su resolución 1447 de 2018 que regula al sector de carbono, estipula que todas las iniciativas de este tipo deben reportar cómo cumplen las salvaguardas sociales y ambientales de Naciones Unidas. Esas reglas de juego, conocidas como las salvaguardas de Cancún, y obligatorias para los proyectos en Colombia, hablan del respeto por los derechos de los pueblos indígenas, así como de su participación plena y efectiva. El gobierno colombiano hizo luego una ‘interpretación nacional’, centrada en gran medida en cómo deben ser las relaciones entre proyectos y las comunidades locales que los albergan y ejecutan. 

Según esa hoja de ruta publicada en 2018 (pero hecha vinculante apenas hasta 2023), los proyectos deben brindarles información clara sobre su implementación y rendirles cuentas; nunca modificar sus derechos territoriales; garantizar tanto su participación plena y efectiva como su consentimiento libre, previo e informado; reconocer y fortalecer sus estructuras de gobernanza y sus sistemas de conocimiento tradicional; y, claro, distribuir sus ganancias de manera equitativa. Es decir, varias de las cosas que los indígenas que integran el Colectivo Ambiental Cumbal denuncian que en su territorio no se están cumpliendo.

 

Son justamente varios de los puntos centrales en el caso que examinó la Corte Constitucional a raíz de un conflicto similar en un proyecto de carbono en el territorio indígena del Pirá Paraná, en la Amazonia. Ese caso, fallado hace tres meses, resolvió la ambigüedad legal que existía sobre si las iniciativas Redd+ requieren mecanismos formales de consulta previa y cómo se debe obtener el consentimiento. “Si estas comunidades [indígenas] son actores clave en el mercado de carbono, es imperativo garantizar su autonomía mediante la aplicación de estándares cualificados, acceso a información precisa, participación efectiva en las decisiones y consentimiento libre y previo”, dijo el alto tribunal en una sentencia que podría sentar precedente para otras iniciativas similares en territorios donde habitan comunidades indígenas o afrocolombianas.

En esa línea, ordenó a las empresas demandadas en dicho trámite a contar con “estándares mínimos de debida diligencia para la operación de proyectos Redd+ en territorios indígenas”, incluyendo lineamientos claros sobre acceso a información, procedimientos para identificar, prevenir y mitigar impactos negativos de sus operaciones, y mecanismos de seguimiento a esos riesgos. La Corte no fijó el tipo de mecanismo al que deberán acudir para obtener el aval de las comunidades indígenas, pero enfatizó en que aplicaría la consulta previa en casos de posibles afectaciones directas o el estándar más alto de todos, el consentimiento previo, libre e informado (CLPI), si se advierte que podría haber una afectación intensa en lo social, cultural o ambiental, especialmente una que ponga en riesgo su existencia.

En las montañas de Nariño, sin embargo, el proyecto Pachamama Cumbal sigue cosechando resultados en el mercado sin importar los fallos adversos en primera y segunda instancia, pese a las órdenes judiciales de suspensión mientras se clarifica su situación de consulta previa y de rendir cuentas de sus finanzas, pese a la insistencia del ex gobernador de que el contrato fue finiquitado y pese a que su auditor perdió la acreditación del organismo veedor nacional.

Esa contradicción subraya las limitaciones que tiene la justicia para resolver conflictos socio ambientales. “Cumbal da cuenta de las dos caras de lo que llamo la judicialización verde: la justicia puede tomar decisiones con efectos transformadores, pero también regresivas — o, cuando menos, inocuas dado que las dos sentencias parecen no haberse cumplido de fondo”, dice María Adelaida Ceballos Bedoya, una investigadora de la ONG legal Dejusticia y jurista especializada en acceso a la justicia que está escribiendo un libro sobre el caso.

En su visión, que la justicia se haya convertido en el camino predominante para resolverlos puede generar fallos potencialmente trascendentales, como el de la Corte Constitucional, pero también puede resultar en decisiones que no abordan la complejidad de un problema, dan órdenes inadecuadas o son incumplidas por las autoridades interpeladas. También pueden llegar cuando ya es tarde para mitigar un daño a una comunidad vulnerable. Por eso, argumental, se requiere que otras entidades del Estado actúen de manera preventiva y no dejen solas a las comunidades. “Es importante garantizar que las estrategias de protección de las comunidades frente al mercado de carbono no dependan exclusivamente, ni siquiera primeramente, de la vía judicial”, dice.

Ante la pregunta de cómo imagina que se podría resolver el conflicto socio ambiental en Cumbal a raíz del proyecto de carbono, la empresa desarrolladora Global Consulting solo respondió que “no tiene injerencia en la gobernanza, ni en las atribuciones y funciones que competen a las autoridades del Resguardo Indígena de Cumbal, autoridades legítimamente electas y reconocidas por el Ministerio del Interior”.

Un año después de que la justicia colombiana dio la razón a los habitantes del resguardo en que el proyecto Pachamama tiene múltiples irregularidades, el conflicto en Cumbal continúa y una petrolera multinacional como Chevron terminó usando otros 289 mil bonos de lo que ya se sabía era una iniciativa ambiental nebulosa.

 

 

 

 

 

 

 

Actualizado el: Mié, 09/18/2024 - 13:01