Orlando, gracias por conceder esta entrevista. Para empezar, ¿cómo llegó al periodismo?

Llegué casi por casualidad. Un amigo, Gustavo Larrea, viéndome en todo tipo de oficios para alcanzar a duras penas la subsistencia, me recomendó con José Luis Restrepo, el dueño de LA PATRIA, el periódico más importante de la región. Entré a ese kínder con otros jovencitos. Comencé escribiendo columnas culturales. Pronto, sin darme cuenta, estaba enamorado de este oficio. Jorge Tobón, un amigo de infancia, recuerda que escribía hasta en mi ropa, y que redactaba sobre cualquier tema, lo que se me venía a la mente. 

Usted es conocido por su columna Punto de Encuentro. ¿Cómo surgió esa idea?  

Nació de la necesidad de hablar sobre lo que nadie más hablaba. Yo estaba en la sección de cultura, con mis notas, con mi doctorado informal de todo lo que había leído: antologías de Premios Pulitzer, del Nuevo Periodismo en Estados Unidos, de Gay Talese y todo eso que sostiene que el periodismo es el arte de contar, de muchas maneras, lo que otros callan, el arte de nombrar lo que otros ocultan, el arte de encontrarle a cada historia su pulso y un tono para ese pulso. Cuando me propusieron la columna, la vi como una extensión de lo que estaba haciendo en cultura, pero ahora aplicado a la ciudad, la región, la sociedad, la política. Yo quería dar voz a los que no tenían voz, a los humildes, a los olvidados. La columna se convirtió en un espacio para denunciar, pero también para reflexionar. 

Usted era muy crítico con los políticos locales. ¿No tenía miedo de las represalias?  

Claro que tenía miedo. Pero el miedo no puede paralizarnos. Tratar de silenciar los medios de comunicación es un acto doblemente terrorista, porque es infundirle el silencio al miedo. Siempre decía que me sentía valiente detrás de un teclado. Cuando escribía, sabía que estaba haciendo lo correcto. Escribiendo, soy inmune; pero cuando el texto se publica, me vuelvo frágil. Siento que nadie puede hacerme daño mientras las palabras fluyen, pero cuando salen al mundo, ahí sí comienzo a temblar. Es como si la libertad de las palabras escapara del cerco de la vida mundana. 

Usted era muy cercano a la gente, a las fuentes. ¿Cómo lograba ganarse su confianza?  

La clave es tratar a todos por igual. Yo recibía en mi oficina a todo el mundo: desde un campesino hasta un funcionario público. Escuchaba sus historias, sus preocupaciones. Y cuando escribía, siempre usaba nombres propios. No había medias tintas. Si alguien hacía algo mal, lo decía claramente. Eso generaba confianza, pero también enemigos. El periodismo es el arte de escuchar a los que no tienen voz y de callar a los que hablan demasiado. La verdad no necesita adornos, solo valentía para ser contada.

¿Qué opina del periodismo actual?  

El periodismo sigue siendo esencial para la democracia, pero ha cambiado mucho. Ahora hay redes sociales, internet y, con ello, más desinformación. Lo importante es no perder de vista la esencia: contar historias que importen, investigar con rigor y ser independientes. Y, sobre todo, no dejar que el miedo nos impida hacerlo. El periodismo es incómodo por naturaleza y debe seguir siéndolo. Un periodista que no incomoda no está haciendo su trabajo. El periodismo es un espejo que refleja las grietas de la sociedad, aunque a algunos les duela mirarse en él.

¿Y cómo ve la política hoy?

La política hoy es imagológica, es decir, depende más de la imagen que de las ideas. Por eso los periodistas son clave para inflar egos, engrandecer mediocres inteligencias, vender virtudes falsas y convertir la escoria en oro. Ese es todo el cuento. No soy de un partido ni del otro, critico por igual. La imagología busca lograr la aceptación de algo o alguien a través de la imagen, ya sea un político, un detergente, una cantante desafinada o una moda pasajera. Para que funcione, se necesitan medios y, dentro de estos, periodistas. Son ellos quienes construyen ídolos de barro, desenlodan reputaciones o hacen circular mentiras como si fueran moneda valiosa. Por eso, a veces tengo la vaga sensación de que mucho de lo que oímos, vemos y leemos no es del todo verdad. Que en el micrófono, la televisión o la prensa se cuela algo que no corresponde con los hechos y por lo que, tarde o temprano, alguien recibe su tajada. Al final, las mentiras que embellecen lo feo, limpian lo impuro y acallan lo perverso siempre tienen un precio.

Antes de continuar, ¿cómo es la vida de un periodista?  

Mi vida en Manizales era sencilla. Me levantaba temprano, leía los periódicos, revisaba las noticias, revisaba los marcadores de fútbol y luego me sentaba a escribir. Mi oficina en La Patria era un punto de encuentro, un lugar donde llegaba gente de todos los estratos a contarme sus historias. Yo creía en el poder de la palabra, en su capacidad para cambiar las cosas. Tal vez para muchas personas de la alta sociedad grecocaldense yo era percibido como un venido a más dentro de una élite provincial venida a menos. Aunque sabía que mis columnas podían generar reacciones violentas, nunca dejé que el miedo ni el sentirme menos me detuvieran. El periodismo es un acto de fe en la humanidad, a pesar de sus errores. A veces, salgo a caminar hacia el apartamento donde vivo con mi hija, cuando llego le cuento lo que oí por el camino. Si me monto en cualquier buseta, dejo que las historias que veo por la ventana o los relatos de la gente me lleven.

¿Cómo se ve como escritor?

Amigos me dicen que les sorprenden dos cosas de mi escritura: que fluye sin esfuerzo ni pretensiones, y que mi ortografía es un desastre. Cometo errores infantiles, lo admito. No puedo publicar nada sin que alguien lo revise. Pero escribir nunca ha sido para mí un asunto de vanidad, ni de querer verme publicado en letras de molde. Escribir es una necesidad, como respirar, como gritar en silencio. 

¿Por qué escribir?

Escribo porque es mi forma de comprender. Y es mi alarido también. En la redacción de La Patria dicen que mi presencia aún se siente. No me extraña. Pasé tantos años allí, entre libros, libretas de apuntes y noches de desvelo, que es natural que mi sombra siga rondando. Fernando Alonso Ramírez lo recuerda bien. Una vez entró a mi oficina y, sin mirarlo, levanté el brazo pidiéndole que se quedara quieto. Estaba escribiendo un verso. Aceptaba las interrupciones en cualquier momento, menos cuando escribía poesía. Podía estarse cayendo el mundo, pero si alguien me sacaba de ese trance, se metía en un problema. Porque la poesía, cuando llegaba, no admitía distracciones. Era sagrada. Puedo pasar horas en un poema, mientras que la columna la escribo a saltos durante la semana, o incluso en un embate de media hora.

¿Cómo era usted en la sala de redacción?

Una vez me pusieron a un periodista sin experiencia y, como su jefe en la redacción de La Patria, tuve que adiestrarlo. Mi frase de combate era: “No entiendo”. Todo tenía que explicármelo varias veces, hasta que se entendiera. El pobre terminaba corriendo para evitar ganarse un zapatazo. La sala era un constante hervidero, era divertido trabajar allí, menos para el que caía en desgracia. Una vez, un aprendiz me pidió ayuda con una entrevista que no encontraba justa para el entrevistado. La transformé y, cuando la leyó, me gritó: “¡Así no tiene gracia!”. Le respondí: “No entiendo”. Luego me dijo: “La entrevista quedó muy bien, pero no aprendí nada”. Con una entrevista a Vargas Llosa le pedí al aprendiz que desgrabara la entrevista y nos sentamos a trabajar, y aunque a ese escritor lo conocía bien, actué como si no supiera nada de él. Le pregunté cosas obvias y señalé detalles, gestos y emociones para que el lector los viera. Al final, mi aprendiz aprendió y luego fue colega, como tantos otros en la universidad involuntaria de periodismo que es La Patria. Lo importante ha sido no repetir como loros lo que dicen El Tiempo o El Espectador, sino lo que tiene que decir La Patria, lo que nadie más dice. 

Usted mencionó que tenía enemigos. ¿Quiénes eran esos enemigos y por qué lo veían como una amenaza?  

Mis enemigos eran aquellos a quienes les incomodaba la verdad. Políticos corruptos, empresarios sin escrúpulos, gente que abusaba de su poder. Yo no tenía miedo de nombrarlos, de exponer sus actos. Eso despertaba resentimientos. Pero yo siempre creí que mi deber era informar, aunque eso significara poner en riesgo mi vida. El periodismo es un acto de rebeldía contra la impunidad.  

El 30 de enero de 2002, usted fue atacado frente a las instalaciones de La Patria. ¿Qué recuerda de ese día?  

Ese día comenzó como cualquier otro. Terminé mi columna y salí para almorzar con mi hija. Acabábamos de comer, yo iba de vuelta a la oficina y ella a la universidad. Eran casi las dos de la tarde. Estuvimos hablando sobre algo que habíamos leído de Hannah Arendt y haciendo planes para el fin de semana: acampar en el Nevado, por ejemplo. La noche anterior, durmió conmigo como cuando era pequeña, me abrazó como si presintiera que era nuestro último día juntos. Recuerdo también que cuando ella llegó a La Patria a recogerme, la secretaria nos vio tan contentos que dijo: “Así deberían ser los padres con los hijos”. Un rato después, cuando regresábamos, escuché disparos en la esquina frente a la entrada del periódico. Caí al suelo, herido. Lo último que recuerdo es el rostro de un hombre en una moto. Luego, todo fue oscuridad. En el hospital se dieron cuenta de que las heridas eran demasiado graves. Dos días después, murió mi cuerpo, pero no mis ideas. Las balas pueden callar una voz, pero no alcanzan a silenciar la verdad.

Fue un asesinato que conmocionó al país. ¿Cómo fue el proceso judicial y qué papel jugó el político Ferney Tapasco?  

Yo presentía desde hacía tiempo que algo me iba a pasar. Vivíamos en un apartamento grande, muy contentos. Mi hija y yo nos trasnochábamos hasta la una de la mañana tomando café, explicándonos las materias de filosofía de sus cursos. Preparábamos el desayuno juntos. Pero siempre le dije: “Hija, si algún día me pasa algo, solo tengo un enemigo declarado. No soy de enemigos, pero hay uno que de verdad me odia y se llama Ferney Tapasco”. Le añadía: “Recuerda ese nombre. Si me pasa algo, fue Ferney Tapasco”. 

¿Usted conocía a ese político en persona?

No, pero lo conocí. Luego de esas denuncias, ocurrió un episodio en un bar de Manizales, en un claroscuro al fondo del local. De repente, una persona se me acercó por detrás, me quitó las gafas, las tiró al suelo, las pisó y me dijo, palabras más, palabras menos, que se llamaba Ferney Tapasco y que me iba a matar. Me asusté, pero sin perder el control, recogí las gafas y le dije que antes de matarme, tenía que pagar mis gafas. A los dos días, llegaron a La Patria unas gafas nuevas. Me las entregó Tapasco y me pidió disculpas. “La violencia es el arma del que no tiene la razón”, dijo Pascal. Le faltó agregar que también es una forma de prepotencia y soberbia. La investigación reveló, además, que algunos de los asistentes de Tapasco tenían vínculos con grupos criminales y una escuela sicarial en el corregimiento de Arauca, en Palestina. Al final, la justicia llegó. Fue un proceso largo y doloroso, con casi una docena de personas asesinadas en un intento por borrar el rastro que llevaba hasta el autor intelectual. Incluso un vendedor de dulces frente a La Patria, testigo que vio durante dos horas al sicario esperándome, fue suicidado en una quebrada. No fue un proceso fácil. El periódico La Patria y mi familia pidieron justicia por más de 15 años. Tras una primera absolución, la condena de Tapasco fue confirmada: 28 años de prisión. Su condena fue un mensaje claro: la impunidad no puede triunfar. La justicia tarda, pero llega, aunque el esclarecimiento de mi caso sea único en la larga lista de periodistas asesinados en este país.

¿Qué impacto tienen esas muertes en el periodismo colombiano?  

Muchos colegas siguieron mi ejemplo denunciando la corrupción y la injusticia. Aunque el camino es difícil, creo que el periodismo sigue siendo una herramienta poderosa para cambiar la sociedad. Cada palabra escrita es un acto de resistencia y de avanzada contra la barbarie. 

Usted fue asesinado en 2002. ¿Qué mensaje les dejaría a los periodistas de hoy?  

Les diría que no se callen, que investiguen, que pregunten, que no se conformen con la superficie. Que sigan escribiendo, denunciando, contando la verdad. Pero también que cuiden su vida, que no subestimen los riesgos. El periodismo es un oficio noble, pero peligroso. Y a la sociedad le diría que valore a sus periodistas, que los proteja. Porque cuando matan a un periodista, no solo silencian una voz, sino que le roban a la sociedad su derecho a saber. La palabra es el último refugio de la dignidad. Este es el gran mal de este país: la imposibilidad de utilizar la única arma decente de confrontación que existe, que es la palabra. El periodismo no es un trabajo, es una misión.

¿Cómo le gustaría ser recordado?  

(Sonríe) Como un hombre que amó las palabras. Un poeta que encontró en el periodismo una forma de luchar por la igualdad. Y, sobre todo, como alguien que creyó en el poder de la verdad. Si mi trabajo inspiró a otros a seguir este camino, entonces mi vida tuvo sentido. La vida no es más que un simulacro del paraíso, y nuestro deber es hacerla un poco menos imperfecta. Las palabras son semillas, y el periodismo, el campo donde germinan. La verdad no muere, se siembra. Hay que aprender a oír. Hay cosas que todo el mundo sabe, cosas obvias. Hay que decirlas aunque sean pocos los que escuchen. No soy un héroe, los héroes son de mármol; solo soy un hombre que decidió no callar. El domingo antes de que me mataran, apareció en el Papel Salmón, el suplemento cultural de La Patria, un poema mío. Los primeros versos decían:

Yo sé que te impacientas

muerte

con la osadía de los jóvenes 

que su temeridad te excita...

 

• Profesor de la Universidad de los Andes

 

Orlando Sierra Hernández 

(1959-2002). Fue un destacado periodista que llegó a ser subdirector del diario La Patria de Manizales. Su memoria se mantiene activa en el periódico y su ausencia todavía la reciente la ciudad. El suyo es el único caso de periodista asesinado en Colombia en el que se condenó a toda la cadena criminal involucrada en su asesinato.

El dato

En Colombia, desde 1977 hasta 2024, han sido asesinados 168 periodistas por realizar labores informativas. 

 

Ilustración | Santiago Guevara

La Sala de Redacción de Ausentes es un proyecto de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), del que se pueden informar más visitando www.memoriasdelperiodismo.co 

Actualizado el: Dom, 02/02/2025 - 09:27

Actualizado el: Mié, 01/29/2025 - 17:31

Por: Pilar Puentes

En medio de la selva amazónica colombiana viven pueblos indígenas en aislamiento del mundo occidental. En lo profundo de esta región, y lejos de las ciudades, habitan indígenas que se resisten a la llegada de la minería, la deforestación, los grupos armados, el narcotráfico y la religión. Oficialmente, Colombia tiene sólo dos pueblos en aislamiento con presencia confirmada y territorialidad identificada. Sin embargo, desde su descubrimiento y confirmación en 2010 continúan bajo amenaza. 

Las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades indígenas que viven cerca de los aislados han realizado grandes esfuerzos para proteger su territorio y mantenerlos alejados del contacto. La Unidad de Restitución de Tierras (URT) logró que en 2023 el juzgado de Cundinamarca emitiera una medida cautelar para los yurí y los passé, con el fin de protegerlos de la creciente minería en el río Puré, en frontera con Brasil. 

Imagen de una maloca rodeada de árboles de chontaduro. Recuperada del libro de Roberto Franco ‘Cariba malo: episodios de la resistencia de un pueblo aislado del Amazonas

Sin embargo, el avance en la protección de estos pueblos y la confirmación de otros grupos indígenas en aislamiento en la Amazonía colombiana siguen siendo lentos. Según miembros del equipo de Amazon Conservation Team (ACT), una organización que ha dedicado décadas a investigar y proteger a estos pueblos, hay indicios de otros 16 grupos en aislamiento, “pero es fundamental confirmar su existencia para garantizar su conservación y su protección”.

Sin embargo, el avance en la protección de estos pueblos y la confirmación de otros grupos indígenas en aislamiento en la Amazonía colombiana siguen siendo lentos. Según miembros del equipo de Amazon Conservation Team (ACT), una organización que ha dedicado décadas a investigar y proteger a estos pueblos, hay indicios de otros 16 grupos en aislamiento, “pero es fundamental confirmar su existencia para garantizar su conservación y su protección”.

Para expertos y comunidades indígenas que limitan con los aislados, esta situación es una carrera contra el tiempo. Temen que se repita la historia de los nukak, quienes al salir de su aislamiento enfrentaron una serie de amenazas devastadoras. En 1988, un pequeño grupo de nukak llegó al municipio de Calamar, en el departamento del Guaviare y después de ese primer acercamiento con el mundo occidental,  la mitad de su población murió a principios de la década del noventa por gripe y problemas respiratorios. Las presiones por la tierra en la que habitan, los llevó a dejar su vida nómada y concentrarse en un pequeño espacio en San José del Guaviare. La deforestación, el mercado de tierras ilegal, la ganadería, los cultivos de coca y la presencia de grupos armados no les permite retornar libremente al territorio del que fueron expulsados.

Roberto Franco, politólogo y quien era la principal autoridad en temas de pueblos indígenas en aislamiento de la Amazonia colombiana, fue el autor de Cariba Malo, la investigación que llevó a la confirmación de la existencia de los yurí y los passé. En su libro narró lo que hoy sigue siendo vigente: “Los indígenas aislados son un asunto que a pocos interesa, pues si acaso son percibidos como algo folclórico”. Desde su descubrimiento en 2010, el Estado colombiano no ha hecho otro reconocimiento de un pueblo en aislamiento. 

La mirada internacional 

En el mundo hay por lo menos 200 grupos de indígenas en aislamiento o en contacto inicial que desde hace siglos conservan sus culturas, su lengua y modos de vida en lo más profundo de la naturaleza. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que estos pueblos residen en países como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, India, Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Perú y Venezuela. En la región, el país que cuenta con el menor número de pueblos aislados confirmados por el Estado es Colombia, en contraste con Perú que tiene registros de la existencia de al menos 26 pueblos indígenas y otros dos por confirmar, mientras que Brasil con 28 pueblos confirmados y 86 por confirmar, es el país con más aislados.

La identificación, reconocimiento de los pueblos indígenas en aislamiento y su protección efectiva sigue siendo un desafío. Cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y este 2024 fue un llamado para la protección y el respeto al derecho de no contacto. 

La presiones y amenazas a los aislados en Colombia no son muy distintas a las de países vecinos. Por ejemplo, en Ecuador han sido amenazados por la exploración y explotación del petróleo en su territorio. Aunque en agosto del 2023 la ciudadanía ecuatoriana decidió en una consulta popular —con el 58.95 % de los votos— dejar bajo tierra el petróleo del Parque Nacional Yasuní, en el que viven las aislados Tagaeri y Taromenane, y expulsar a las empresas que operan allí, el cumplimiento no se ha hecho efectivo. 

Gráfica de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Reciente. Elaborada por: Observatorio Regional Amazónico.

Los peligros 

“Los pueblos no contactados de la Amazonía no tomaron la decisión de cortar con el resto de la humanidad de una manera voluntaria, lo hicieron obligados, hace cientos de años, por simple supervivencia”, manifestaron los voceros de ACT, que prefieren omitir sus nombres por la difícil situación de seguridad en la Amazonía, al referirse a las distintas amenazas que enfrentan estos pueblos indígenas. Huyeron de los peligros que el  ‘cariba malo’ —hombre blanco— les ofreció desde su llegada a la selva.

Con el tiempo los peligros han cambiado, ya los indígenas no huyen de las caucherías, que desde 1879, y por más de 30 años, esclavizó a los pueblos originarios de la Amazonía hasta diezmarlos. Ahora huyen de la minería ilegal, que no solo navega por los ríos que traspasan fronteras, sino que también les deja mercurio que consumen cada día sin saberlo. Los yurí y los passé habitan en lo más remoto de la Amazonía colombiana, moviéndose por el Parque Nacional Natural Río Puré, un área protegida de cerca de 470 mil hectáreas. Sin embargo, la cuenca del río Puré ha sido históricamente usada para la extracción minera, tanto del lado colombiano como del brasileño.

El Parque Nacional Natural Río Puré está dividido en dos zonas para respetar la determinación de las comunidades indígenas a no ser contactadas. Por: Amazon Conservation Team

Para la Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro —conformada por varias organizaciones sociales como Amazon Conservation Team, Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), la Fundación Gaia Amazonas, WWF y la Sociedad Zoológica de Frankfurt que investiga los impactos y los efectos de la contaminación por mercurio en la zona—, la minería que venía en aumento desde el 2019 se disparó con la salida, en 2020, de los guardaparques de 10 áreas protegidas como los parques Chiribiquete, Cahuinarí, Yaigojé Apaporis, Amacayacu y La Paya, además de la quema de la cabaña del Parque Río Puré en 2021. Estos eventos coincidieron con el incremento de la presencia de dragas en el río.

Como lo explicó uno del equipo de ACT, a partir de los sobrevuelos en la zona se han podido identificar dragas a lo largo del río Puré, tanto en el lado colombiano como brasileño. “Hemos hecho un registro del 2020 a 2023 de dragas y dragones [que aspiran los sedimentos del lecho de los ríos]. Vemos que inicialmente eran unas balsas muy pequeñas, pero ahora uno ve más de 150 dragas de unos 15 o 20 metros sobre el río”, dijo.

Para los investigadores de ACT es evidente el aumento de la minería ilegal. Existen lugares a lo largo del río que parecen “pueblos” donde los mineros se abastecen, se alimentan y duermen. “En imágenes satelitales y en los sobrevuelos tú ves que los mineros se parquean”, afirmó uno de los expertos. A orillas del río se ven las dragas y con ellas las remolcadoras y una tecnología que antes no existía en esta zona. “Por ejemplo, en 2022, de unos 130 kilómetros del río del lado brasilero, en promedio había una draga por cada kilómetro”, explicó.

Los puntos son dragas sobre el río. Por: Para la Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro

El dragado de los ríos que realizan los mineros para obtener el oro hace que aumente la cantidad de sedimentos, afectando a la pesca. Esto ocurre en dos momentos: cuando se remueve el material del suelo y es arrastrado por la corriente, y cuando el material extraído es lavado en tolvas, contenedores parecidos a un embudo, y el conjunto de partículas que queda en el fondo del contenedor se vierte en el agua. 

El incremento de la turbidez impide que el sol llegue a las plantas y microorganismos, afectando la vida bajo el agua. Por eso, a las comunidades se les dificulta encontrar grandes peces, y si lo hacen, es muy probable que presenten altos niveles de mercurio, se explica en la investigación del Instituto Sinchi ‘Minería: impactos sociales en la Amazonía’

Según un estudio hecho por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) en junio de 2023, más de mil personas están involucradas en la minería ilegal en el río Puré. 

Uno de los mayores riesgos para los pueblos indígenas, y aún más para los pueblos en aislamiento, es el mercurio. En 2018, un estudio hecho por Parques Nacionales Naturales, Ministerio de Salud y varias organizaciones sociales, mostró que, por lo menos, en la cuenca media del río Caquetá que desemboca en el río Puré, sus habitantes registraron hasta 100 microgramos de mercurio por litro de sangre, es decir, más de seis veces el máximo permitido. Según el Instituto Nacional de Salud (INS), una persona expuesta al mercurio no debería tener más de 15 microgramos del metal por litro en la sangre.

La FCDS en una investigación de 2023 en los ríos Puré y Cotuhé realizó análisis en peces y llegaron a un hallazgo alarmante. “Las altas concentraciones de mercurio se encuentran en el río Puré, por ejemplo siendo la única localidad de muestreo donde los omnívoros y detritívoros superaron el límite de los 0,5 ppm”, dijo un vocero de FCDS, que trabaja en la zona. Estos datos confirman que los aislados cada vez más están en peligro, no sólo por la presencia de extraños en zonas intangibles, sino por la soberanía alimentaria. Su dieta, que tiene un alto componente en la pesca, está en riesgo por la sedimentación y el mercurio. 

16 pueblos aislados por confirmar en Colombia

Más arriba del río Puré se encuentra el parque Nacional Natural la Serranía del Chiribiquete, el área protegida más grande a nivel continental en Colombia. Desde la confirmación de la presencia los aislados en el río Puré, hay fuertes indicios de otras comunidades en la misma condición en la parte sur del parque, cerca de resguardos indígenas como el Mirití Paraná. 

Roberto Franco ya había escrito que se tenían pistas de otros aislados: “un grupo carijona, entre los ríos Ajaju y Macaya, un grupo carijona o murui, entre los ríos Luisa y Yarí, un grupo Urumi en la parte alta de los ríos Mirití, Yavilla y Meta, y un grupo Murui, entre los ríos Cuemaní y Sainí”.

Dibujo de los indígenas yurí y passé tomada del libro de Roberto Franco ‘Cariba malo: episodios de la resistencia de un pueblo aislado del Amazonas

El parque Chiribiquete ha tenido varias expansiones en su área, que entre otras razones, ha buscado la inclusión de posibles grupos en aislamiento dentro de su zonificación. Como lo explicó Rodrigo Botero, director de FCDS, en una columna publicada en marzo de este año, “es una novedosa forma de reconocer una figura territorial para pueblos en aislamiento, que a diferencia de lo que ocurre en países como Brasil o Perú -donde se crean reservas específicas para aislados- [en las áreas protegidas] se conjugan con la protección a perpetuidad del suelo y subsuelo”.

En el plan de manejo especial del Parque Chiribiquete se advierte que su ampliación en 2018 se debió especialmente a la protección de los indígenas aislados, pues la presencia de colonos campesinos y la expansión de la frontera agrícola amenaza su determinación de no ser contactados. También se suma, como lo explica el documento,  “el posible traslape o cercanía de los territorios de los pueblos aislados con los resguardos constituidos del medio Caquetá y Yaguará II”, territorios indígenas en riesgo por la presencia de actores armados y deforestación. De hecho, los líderes del resguardo Yaguará II fueron exiliados en 2021 tras múltiples amenazas y continúan desplazados por la construcción de un camino ilegal que entra al Parque Chiribiquete.

El Estado intenta proteger a los pueblos indígenas en aislamiento al asegurar su territorio dentro de este parque nacional, mientras que comunidades indígenas como el resguardo Curare Los Ingleses, en la región del Bajo Río Caquetá, entre los parques nacionales naturales Río Puré y Cahuinarí, también intentan mantenerlos alejados de un posible contacto. En 2013 instalaron una cabaña de vigilancia en el sector de Puerto Caimán para controlar que nadie entre a la zona intangible desde el río. Además, los indígenas de Curare Los Ingleses se han propuesto ser el cordón de seguridad de los aislados para respetar su determinación de no ser contactados. 

La protección a pasos de tortuga 

Después del contacto de los indígenas nükak a finales de los ochenta, misioneros evangélicos entraron por el río Putumayo buscando a los yurí y los passé. Años más tarde, excursionistas en el Parque Chiribiquete que buscaban arte rupestre pusieron en peligro a estos grupos. Fue por eso que Colombia en 2013 decidió poner en marcha el primer decreto para la ‘Prevención y Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento’. Era el único país en la región amazónica sin medidas de protección para estos grupos. 

El trabajo de concertación para expedir el decreto 1232 de 2018 duró más de cinco años. Como lo explica Darío Silva, indígena del pueblo cubeo y líder indígena frente al tema, “Colombia nunca había pensado en la protección de los pueblos aislados antes del decreto. Se vuelve un mecanismo novedoso y una norma para proteger, sin embargo, a la fecha no hay una política pública clara de atención de pueblos en aislamiento o en contacto inicial”. 

Esa deuda sigue vigente. Para los indígenas colindantes a los pueblos aislados y a los pendientes por confirmar, la investigación y la protección de los que permanecen alejados de la cultura occidental se convirtió en una responsabilidad únicamente de ellos. 

“Le hemos dado una responsabilidad muy grande a los gobiernos indígenas, porque no sólo deben cuidarse ellos y tratar de hacer cosas para ellos, sino que también deben cuidar a los aislados. Ellos lo hacen desde su cultura, sus tradiciones espirituales y de sanación, pero hay cosas como la minería y el narcotráfico que no están en capacidad de solucionar”, enfatiza una de las voceras de ACT. 

De igual manera, Silva afirma que el decreto de 2018 es importante, pero es necesario una voluntad política de las entidades para cumplir con las tareas que se asignaron en el documento. Allí se fijaron tres etapas para concluir la confirmación de un pueblo en aislamiento: la primera es un estudio oficial, la segunda es un estudio avanzado que confirme su existencia y la tercera es la territorialidad identificada, es decir, establecer la zona geográfica en la que se mueven los aislados.

Mongabay Latam y Rutas del Conflicto enviaron al ministerio un derecho de petición (solicitud formal de información), un recurso de insistencia y un cuestionario al área de prensa para conocer el avance de la entidad en las investigaciones y en las acciones para la confirmación de los otros 16 pueblos en estudio. Hasta el momento de publicación de este reportaje el ministerio no respondió ninguna de las solicitudes. 

“Debería existir un sistema de información que tenga un indicio y  un riesgo identificado. El Ministerio del Interior, según el decreto, debería construir esa base para priorizar zonas de investigación y posterior confirmación”, explica un investigador de ACT. 

Como lo comentaron los expertos y el líder indígena Darío Silva, todo el proceso de protección ha funcionado de manera desordenada por parte del Estado y ha sido gestionado sólo por los indígenas que viven cerca del territorio de los aislados. 

Los resguardos Curare los Ingleses y Mirití Paraná han venido trabajando con ACT desde que Roberto Franco estaba en medio de su investigación. “Nosotros decidimos que nadie los moleste. Los aislados son la cultura natural de los indígenas yukuna. Estamos en el proceso de contingencia si en algún momento deciden salir”, afirma Kelly Johana Yunuca, secretaria de mujeres del Consejo Indígena del Mirití Paraná. Desde el 2012 llevan a cabo procesos de educación propia, acuerdos de manejo de recursos naturales, protección espiritual y monitoreo para la preservación de la fauna en los territorios que colindan con las zonas donde se cree que habitan los indígenas en aislamiento.

El sistema de protección que se estableció en el decreto de 2018 se compone de una Comisión Nacional, Comités Locales y Grupos Técnicos Interculturales encargados de la protección en el territorio. Sin embargo, “el gobierno llega a la Comisión sin nada que mostrar”, dice Silva. 

En seis años, la Comisión sólo ha sido convocada en 2020, 2021 y 2024.  “El país entiende la necesidad de proteger a los pueblos en estado natural [en aislamiento voluntario], pero no hay voluntad política, no hay presupuesto. En la región amazónica no se ha sesionado el comité local, mientras las amenazas a los territorios continúan y ponen en peligro a los indígenas”, afirma el líder.

Este panorama y los riesgos cada vez más latentes, llevaron a que la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentara una medida cautelar para la protección de los yurí passé en el 2023. En noviembre del año pasado fue aceptada por el Juzgado de Tierras de Cundinamarca y este ordenó a 21 entidades acelerar la protección de los pueblos aislados. En resumidas cuentas, la medida le exige al Ministerio del Interior cumplir con el Decreto de 2018, convocar la Comisión Nacional, así como desarrollar el protocolo de registro e identificación de los pueblos en aislamiento voluntario. 

El director de Asuntos Étnicos de la URT, Acxan Duque Gámez, le dice a Mongabay Latam y a Rutas del Conflicto que emplearon distintas fuentes de información para construir el caso y mostrar las amenazas ambientales dadas por la minería ilegal y la deforestación que enfrenta el territorio donde están los aislados. “Son medidas para mitigar los peligros desde afuera -comunidades colindantes- pero que impactan hacia adentro -pueblos aislados-. Son medidas que tienen que crear los ministerios, Corpoamazonia [autoridad ambiental regional] y el Ejército para  proteger los ríos de la minería”, afirma Duque. 

La medida cautelar fue un paso para acelerar la implementación del Decreto y aunque el Ministerio de Defensa ha realizado varios operativos en la zona para frenar la minería ilegal, como el de octubre de 2023 en los ríos Puré y Cotuhé, según informó en la respuesta del derecho de petición enviado por esta alianza periodística, para los expertos y los indígenas esto no es suficiente. “Se destruyen las balsas, las dragas y los dragones pero al otro día ya están funcionando sin problema. Cuando los mineros ven que llega el operativo, se llevan el motor y dejan el resto de la embarcación que es fácilmente construible”, manifestó una fuente que prefiere omitir su nombre. 

Durante el 2024, como asegura el director de Asuntos Étnicos de la URT, algunas entidades como la Unidad Nacional de Protección (UNP) se han acercado a su dirección en busca de entablar diálogos y mesas de concertación para avanzar en el cumplimiento de las medidas. “Hay entidades que nos han preguntado cómo proteger a los aislados, que no conocen del tema y entramos nosotros [URT]  para ayudarlos en el cumplimiento de las órdenes”, menciona Duque. 

Sin embargo, los indígenas de los resguardos colindantes, y las organizaciones no gubernamentales que trabajan con ellos, insisten en que poco se ha visto el avance y el cumpliento de las 21 entidades que tienen obligaciones dentro de lo que ordena la medida cautelar.  “Tenemos que hacer cosas como el cordón sanitario para los aislados. Ese y otros temas están sobre la mesa con las entidades, pero se quedan en el papel”, afirma Silva. 

Duque comenta que todavía queda mucho trabajo por hacer por los aislados. Las órdenes para cumplir con la medida cautelar son un trabajo arduo que no sólo requiere de las comunidades colindantes sino de entidades como el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores, al ser la minería un problema de frontera con Brasil. “Estamos mirando qué actuaciones hacer y cuáles priorizar para las audiencias de seguimiento”, afirma el director de asuntos étnicos de la URT. 

Ya se cumplió un año de un hito en la protección de los yuri y los passé con la medida cautelar, pero las entidades siguen caminando a pasos de tortuga en la confirmación y protección de los otros 16 pueblos aislados, mientras que la minería que recorre el río Puré continúa en aumento. El gobierno colombiano no tiene preparado un protocolo de contingencia en caso que algún pueblo aislado entre en contacto voluntario o involuntario con Occidente y el gran temor es que se repita la misma historia del pueblo nukak hace 36 años. 

 

 

 

 

 

Actualizado el: Jue, 01/23/2025 - 12:30

 

Ganado a orillas del río Caquetá, en el municipio de Solano. Foto: Juan Carlos Contreras.

Es finales de febrero de 2024 y desde la lancha que va selva adentro por el río Caquetá se ve una espesa niebla y se siente un fuerte olor a madera quemada. A medida que se avanza hacia el casco urbano del municipio de Solano, se pueden ver grupos de vacas pastando a la orilla del río y humaredas en el fondo del paisaje.

Como ha ocurrido durante los últimos años, entre enero y marzo, en la mitad de la temporada de menos lluvias en la Amazonía colombiana, aumentan los incendios forestales provocados para ampliar la frontera agrícola y ganadera a costa de la selva. Desde el río Caquetá, hacia el norte y el oriente, hasta los límites con los parque nacionales naturales Serranía de Chiribiquete, Sierra de la Macarena y Tinigua, las vacas pastan en terrenos que se convirtieron en sabanas hace décadas, pero que en otros casos, fueron deforestados en los últimos ocho años.

Parte de este ganado terminará en Bogotá, la capital colombiana, para el consumo humano. El problema es que seguir el rastro exacto de todo su recorrido, para determinar si proviene de zonas deforestadas, es prácticamente imposible. Una investigación de la organización ambiental francesa Envol Vert y expertos de la Universidad de Wisconsin, de los Estados Unidos, muestra que el 25 % de los animales que Bogotá recibió en plantas de sacrificio provenía de municipios en zonas con alta deforestación (ZAD), pero no hay información suficiente para verificar si los predios de los que provienen están vinculados con la destrucción del bosque.

La investigación titulada Lo que las guías de movilización cuentan: un análisis de las tendencias y comportamiento de la cadena de ganado bovino hizo un análisis de los movimientos de ganado registrados por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) durante los años 2018, 2019 y 2020. Dichas guías de movilización registran los municipios en los que se encuentran los predios a los que se llevan los animales, pero no contienen información puntual de la ubicación de las fincas ni los nombres de los dueños.

Daisy Tarrier, fundadora de Envol Vert y coautora de la investigación, señala que, en muchos casos, las empresas que comercializan la carne muestran información de sus proveedores para mostrar que el ganado no está relacionado con la deforestación, pero estos proveedores son sólo el último paso de un largo camino lleno de intermediarios.  “La idea era mostrar que la responsabilidad está esparcida en toda la cadena y que si no hay trazabilidad real, nunca se podrá decir si un ganado es o no sostenible”, explica Tarrier.

La trazabilidad de ganado en Colombia, registrada en estas guías, tiene varias limitaciones, entre ellas la falta de información exacta de los predios y la individualización de cada animal, ya que estos documentos registran únicamente el municipio y los lotes de vacas que se movilizan. “Con los datos que encontramos hemos podido caracterizar a los proveedores, ver que tantos son directos o indirectos y los municipios donde están. Vale la pena aclarar que dentro de las cifras puede haber proveedores en zonas de alta deforestación que no deforesten”, explica la fundadora de Envol Vert.

Solano, en Caquetá, es precisamente uno de estos municipios en la Amazonía en los que se registraron movilizaciones de origen y destino de vacas. Es el segundo municipio más grande de Colombia, tiene un poco más de la mitad de su superficie dentro del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete y extensas zonas de resguardos indígenas, además de otras áreas de protección ambiental. Entre 2011 y 2021 registró 43 664 hectáreas deforestadas.

Mongabay Latam y Rutas del Conflicto hablaron con un pequeño ganadero de Solano, que prefiere no publicar su nombre por la presencia de grupos armados en la zona, que señaló que existe un problema de fondo en el municipio relacionado con la legalidad en el uso de la tierra. “Prácticamente todo Solano es área protegida, entonces las fincas con papeles [títulos de propiedad] son muy pocas. En los últimos años hay deforestación para meter vacas, pero aquí también hay gente que tiene predios grandes que hace rato son sabana. Cuando se mueven las vacas a algunas fincas, todo se mezcla”, cuenta el ganadero.

La situación es más crítica en el vecino municipio de San Vicente del Caguán. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), fue el municipio más deforestado de Colombia entre 2021 y 2022 con 157 364 hectáreas (unas cinco veces el área urbana de Bogotá) y, al mismo tiempo, tuvo una movilización de animales cercana a 1.2 millones de vacas entre 2018 y 2020, la segunda movilización más grande del país.

El recorrido desde las zonas de deforestación hasta las plantas de sacrificio

Ganado dentro del Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena. Foto: Ana Rodríguez.

La investigadora Daisy Tarrier explica que aproximadamente la mitad de animales que se movilizan en las zonas de alta deforestación se mueven, dentro de estos municipios, de una finca a otra en la que los crían o engordan. La otra mitad sale de esas zonas para terminar en plantas de sacrificio en ciudades grandes del país como Bogotá. “Ahí es donde está la dificultad para ver completa la trazabilidad. Los pueden criar [a las vacas] en zonas de alta deforestación, para luego sacarlos de allí a lugares, por ejemplo, más cerca a las ciudades y finalmente venderlos como ganado sin riesgo de deforestación”, explica la fundadora de la organización Envol Vert.

El informe señala que el 8 % de los animales movilizados en el periodo estudiado, es decir, cerca de 4.7 millones, tuvieron como origen 25 municipios con altas cifras de deforestación. La mayoría de estos 25 municipios se encuentra en la Amazonía, pero también están ubicados en los Llanos Orientales, el Catatumbo, el nordeste de Antioquia y el Urabá chocoano y cordobés.

El estudio también concluyó que estos animales llegaron a 672 de los 1103 municipios que tiene el país. Es particular la situación de varios municipios de los departamentos de Valle del Cauca y Huila que reciben en plantas de sacrificio a un alto porcentaje de animales de municipios con alta deforestación. Los casos con mayores cifras son Yumbo y Candelaria, en la zona metropolitana de Cali, y Rivera, muy cerca de la ciudad de Neiva. Entre los tres municipios reciben más del 60 % de las vacas que provienen de zonas de alta deforestación.

Bogotá aparece como el mayor núcleo de concentración de animales para sacrificio, con 1.843.788 cabezas de ganado. El informe señala que un cuarto de ellos proviene de municipios con zonas de alta deforestación como El Retorno, en el Guaviare, muy cerca del parque Nacional Natural Chiribiquete.

Tarrier explicó que la investigación sólo incluye los movimientos de ganado registrados dentro de la legalidad, en las guías que entrega el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y explica que quedan por fuera otras posibles movilizaciones que se ocultan por estar relacionadas con zonas de protección ambiental. “Por ejemplo, si alguien ilegalmente mete durante unos meses unas vacas al parque Chiribiquete para que engorden y luego las vuelve a sacar, pues oficialmente nunca pasaron por ahí, eso no aparece en las guías, eso es invisible”, explica Tarrier.

Una investigadora de una organización ambiental que tiene presencia en esta zona de la Amazonía, y que prefiere mantener su nombre en el anonimato por cuestiones de seguridad, le dijo a Mongabay Latam y Rutas del Conflicto que quienes tienen ganado en zonas que no están permitidas, las mueven temporalmente para que se registren en las guías del ICA y así evadir el control estatal. “En estos días, aquí en el [departamento de] Guaviare, que hay vacunación, todos estos potreros están atestados [llenos], con una cantidad absurda de vacas. Hay una vereda [zona rural] que tiene 10 000 habitantes y registra 30 000 vacas. Uno se pregunta, ¿de dónde salen estos animales?”, dice la investigadora.

Mapa de los municipios de origen del ganado con alta deforestación. Fuente: Informe Envol Vert.

Los municipios de los departamentos del Meta, Caquetá y Guaviare, desde donde salen los animales, están en el centro del corredor que conforman varios parques nacionales y que conectan la cordillera Oriental con la selva amazónica: Tinigua, Cordillera de los Picachos, Sierra de la Macarena y Serranía de Chiribiquete. Especialmente en los tres primeros, y después de la firma del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Estado colombiano ha tenido un fuerte conflicto con comunidades campesinas que viven desde hace más de cincuenta años en el interior de estas áreas protegidas.  

Organizaciones campesinas han denunciado la persecución de actores estatales con operativos militares que buscan frenar la deforestación y la prohibición de la vacunación del ganado dentro de los parques nacionales naturales. Todo esto en medio del aumento de la presencia de grupos de disidencias de las FARC que se enfrentan entre sí y amenazan a las comunidades.

Mongabay Latam y Rutas del Conflicto hablaron con un pequeño ganadero del municipio de San Vicente del Caguán, líder de una de estas comunidades, quien señaló que campesinos dentro de los parques naturales crían ganado con buenas prácticas ambientales,que no están vinculadas a la deforestación, y que para vender sus vacas tienen que moverlas y registrarlas con intermediarios. “Muchos llegaron aquí antes de que estas tierras fueran declaradas parques nacionales y aprendieron a cuidar el monte. Aquí hay que darle matices a las cosas, porque hay pequeños ganaderos dentro de las zonas protegidas que cuidan más la selva que grandes ganaderos que están por fuera”, explica el líder, que prefiere mantener su nombre en el anonimato por cuestiones de seguridad.

A pesar de esto, el líder señaló que hay una ganadería a gran escala dentro de parques como Tinigua, que sí tiene un vínculo con la deforestación. En 2022, según Parques Nacionales Naturales, cerca del 30 % de la superficie de esa área protegida había sido deforestada. “Allá uno ve potreros hasta de 1000 hectáreas con ganado. Un campesino no tiene la capacidad para tumbar todo ese monte, entonces ahí hay gente que tiene mucho recurso económico. Y luego tienen que sacar las vacas de allá para venderlas”, dice el pequeño ganadero de San Vicente del Caguán.

Zona deforestada en el Guaviare, convertida en pastizal para ganado. Foto: fuente en el territorio.

Una cadena de intermediarios que hace difícil la trazabilidad

Otro hallazgo importante de la investigación de Envol Vert y la Universidad de Wisconsin es el gran número de intermediarios que constituyen la cadena de suministro. El estudio clasificó a los proveedores del ganado en directos, aquellos que venden directamente a las plantas de sacrificio y son el 13 %; indirectos, que están al principio de la cadena de producción pero luego venden a otros proveedores y que representan un 65 %; y mixtos, que pueden vender a otros proveedores o directamente a las plantas de sacrificio y que son el 22%.

El estudio encontró que quienes le venden ganado a los proveedores directos de las plantas de sacrificio son los que tienen una mayor relación con la deforestación. Por el contrario, los proveedores directos a las plantas de sacrificio efectivamente tienen una baja relación con la deforestación. Ese suele ser el argumento de las empresas comercializadores de carne que sostienen que el ganado no está relacionado con la deforestación. El problema, es que en esa explicación no se tienen en cuenta los intermediarios, es decir, los actores indirectos donde se pierde trazabilidad.

Además, la investigación también identificó que  el 1 % de los actores mueve el 33 % del ganado en el país. Esta concentración en la movilización se ve reflejada en ocho municipios por los que transita la cuarta parte de todos los bovinos en Colombia. Entre esos municipios destacan Montería en Córdoba, San Vicente del Caguán en Caquetá y Cimitarra en Santander.

Mapas que muestran las tasas de deforestación y la proporción de animales movilizados directa e indirectamente a plantas de sacrificio. Fuente: Informe Envol Vert

La investigadora señala que la información recogida en el estudio es valiosa para mejorar la trazabilidad, ya que identifica los lugares y los actores de la cadena en dónde el Estado podría poner el foco y mejorar el registro de información que permita determinar una relación más exacta entre la producción ganadera y la deforestación. “Esto lo hacemos para impulsar un sistema de trazabilidad del país. Era importante mostrar dónde están los problemas, pero también cómo los puedes resolver, en qué tipos de proveedor debes trabajar, en qué municipios se puede mejorar esa trazabilidad”, concluye Tarrier.

De hecho, los insumos del estudio aportan a una discusión que ha tenido como escenario el Congreso de la República, que en los últimos dos años ha debatido la propuesta de una ley que mejore los procesos de trazabilidad para el ganado en Colombia. Luego de que se hundiera un proyecto de ley en ese sentido en junio de 2024, los congresistas Julia Miranda y Carlos Losada volvieron a insistir y la Comisión Quinta del Senado aprobó en primer debate el proyecto a finales de 2024. 

La propuesta, que aún debe ser debatida y aprobada en una comisión de la Cámara de Representantes y en las plenarias de Cámara y Senado, incluye la integración de varios sistemas de datos del Estado: el actual sistema de trazabilidad del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; los sistemas de monitoreo de bosques y la información catastral. También incluye el fortalecimiento normativo para las certificaciones de producción ganadera libre de deforestación y la creación de zonas de ‘Alta Vigilancia’ en áreas de alta deforestación para controlar la actividad ganadera.

Este equipo periodístico consultó  a la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) por su postura sobre la propuesta de trazabilidad que se discute en el Congreso y en comunicación oficial señalaron que el gremio entiende la trazabilidad como un requisito necesario para el acceso a los mercados. “Cada día más se consolida como un requerimiento de los consumidores y su implementación es necesaria para que Colombia continúe con su proceso de internacionalización del sector cárnico colombiano al mundo”.

Fedegán indicó que el proceso en el país se está estructurando de manera que se logre la identificación y trazabilidad de la totalidad del hato colombiano, incluyendo la Amazonía y la Orinoquía. “Es un proceso que tomará varios años y se hace necesario hacer una priorización de los departamentos del país, en tanto lo complejo del proceso, así como la necesidad de recursos para el efecto”, se lee en la respuesta.

Además de construir un sistema más eficiente para reducir el impacto de la ganadería en los bosques, unas mejores prácticas de trazabilidad le permitirían a los proveedores colombianos tener mejores oportunidades para ingresar a nuevos mercados. 

Según el censo pecuario del ICA, en 2024, Colombia tiene cerca 29 millones de cabezas de ganado (29.194.104). Parte de ese total se exporta a varios países, pero no a la Unión Europea puesto que Colombia no cumple con los requisitos sanitarios del bloque. 

El estudio Colombia frente a la globalización y los tratados de libre comercio para la exportación de carne bovina, escrito por varios investigadores de la Universidad Cooperativa de Colombia en 2022, señala que el potencial del sector ganadero se ve limitado porque no se mejoran las condiciones sanitarias y la misma trazabilidad. “Por regla general los mercados de destino de la carne han sido los de más bajo precio, a consecuencia de la imposibilidad de acceder a mercados con pagos más elevados, como Estados Unidos o la Unión Europea”, dice el informe.

Además, las reglas de importación desde la UE se harán más estrictas cuando  entre en vigencia una normativa aprobada por el Parlamento Europeo en 2023.  Se trata del Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR por sus siglas en inglés), que exige a los proveedores certificaciones que garanticen que las importaciones de productos como cacao, café, aceite de palma —que sí son exportados desde Colombia a la UE—, soya, carne y sus derivados no estén relacionadas con áreas ilegalmente deforestadas desde 2020.

Erik Dhaenens, consejero de Medio Ambiente, Clima y Empleo de la Unión Europea en Colombia le dijo a Mongabay Latam y Rutas del Conflicto que la normativa exige un sistema de trazabilidad que vincule productos exportados con sus parcelas de origen para demostrar que en todo el proceso no hubo deforestación. “Cabe señalar que este requisito de debida diligencia es para los operadores (es decir, quienes introducen los productos en la UE), por lo que no constituye un requisito directo para que los gobiernos implementen un sistema de trazabilidad. Sin embargo, si existe un sistema de trazabilidad de calidad por parte del gobierno, esto podría ayudar”, aseguró el diplomático.

Dhaenens agregó que la Unión Europea tiene el compromiso de proteger y restaurar los bosques del mundo y, en particular, en países socios como Colombia. “La ganadería y el acaparamiento de tierras son, según publicaciones del IDEAM, factores significativos, si no los principales, que impulsan la deforestación en el país. La UE ha adelantado varias acciones de cooperación, para reconvertir los sistemas de producción de ganadería extensiva en sistemas de ganadería regenerativa”, señaló el consejero.

Aunque en un principio el Parlamento ordenó la entrada en vigencia del EUDR al finalizar el 2024, en octubre pasado se pospuso la fecha para grandes empresas hasta el 30 de diciembre de 2025. En el caso de las microempresas, la entrada en vigencia será el 30 de junio de 2026. 

 

Actualizado el: Mar, 12/31/2024 - 09:17

Visto desde el cielo, el terreno del que hablaremos puede parecer la silueta de un ave. O una hoja seca, con sus contornos y vetas. En cualquier caso, para el pasajero de una avioneta o para el nítido lente de un satélite, salta a la vista el particular cultivo de una especie invasora, que sintetiza los problemas del Guaviare en cuanto a ocupación ilegal de terrenos baldíos inadjudicables de alta relevancia ambiental.

Incluso si no fuera tan evidente este parche que aflora en la vereda Charrasquera, parte del complejo natural de Sabanas de La Fuga ubicado en el noreste del departamento, ninguna autoridad podría asegurar que no lo ha visto. En mayo de 2020 la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) reportó su incipiente crecimiento. Más de cuatro años después, crecen impávidas las 300 hectáreas de eucalipto que lo componen.

300 hectáreas son el equivalente a casi tres parques Simón Bolívar de Bogotá y 23 jardines botánicos de Medellín. Su existencia viola las disposiciones de ocupación de baldíos en Zonas de Reserva Forestal, pues el predio no puede ser titulado ni tiene permiso de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para ser explotado. También contraviene la reglamentación de la Ley Segunda de 1959, que regula el desarrollo de proyectos forestales semejantes en dichas zonas de reserva. Además, el eucalipto es una especie introducida y, contrario a buscar sostenibilidad, se trata de un monocultivo o sistema agrícola que consiste en sembrar un mismo tipo de planta en una zona. Esta práctica , según expertos, profundiza las problemáticas ambientales.

Con las coordenadas que halló FCDS, y a través de herramientas gratuitas como Google Earth Engine Timelapse, se aprecia el suelo limpio en 2019, la aparición de corredores en 2020 y la sucesiva deforestación en los alrededores del cultivo hasta 2022, especialmente hacia el sur de la plantación.

El siguiente gráfico compara dos fotos del sembradío tomadas con dos años de diferencia. Registradas por satélites de la plataforma Planet, las imágenes muestran cómo prospera tranquilamente el sembradío ilegal entre el 25 de mayo de 2022 y el 2 de noviembre de 2024.

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Pese a la plena identificación del sembradío de eucalipto, las autoridades estatales no han conseguido detenerlo o transformarlo. Fuentes en tres de las entidades consultadas en San José del Guaviare nos aseguraron que problemas de orden público o el control del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC (EMC), encabezado por Iván Mordisco, han entorpecido o impedido recientemente la vigilancia y la acción en zonas rurales.

Ante la presencia del EMC en el territorio, el Estado luce frágil, tardío e incluso vulnerable. La oficina de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en San José del Guaviare abrió hace poco más de un año. Además, aunque el propio presidente de la República, en un discurso de septiembre pasado calificó de extorsivas las amenazas del jefe guerrillero a las familias que trabajan por frenar la deforestación y lo instó a dejar los negocios ilícitos y a contribuir al desarrollo de la región, varias de las fuentes consultadas coincidieron en que esa guerrilla tiene control de la zona. Incluso, por razones de seguridad nos recomendaron no visitar el cultivo y tomar precauciones durante la reportería en el casco urbano de San José del Guaviare.

Sabanas de La Fuga hace parte del punto medio en el que se encuentran la Orinoquía y la selva amazónica. Lo que los estudiosos del suelo entrevistados para este reportaje denominan ‘corredor de transición’, importante para la circulación de animales y hogar de especies endémicas. ¿Qué impacto puede tener en este ecosistema el monocultivo de eucalipto, conocido por su altísima demanda de recursos, capaz de alterar drásticamente la hidrología de las zonas donde se siembra?

La alianza de Rutas del Conflicto Y CONNECTAS habló en San José del Guaviare con fuentes de cinco entidades públicas, además de líderes indígenas y organizaciones no gubernamentales para conocer la situación del cultivo y las razones de la falta de acción estatal. Varios de sus testimonios aparecen citados a continuación como anónimos, dado que podrían poner en riesgo su integridad.

Plantación e irregularidades

Casi por completo, el departamento Guaviare está dentro de la Zona de Reserva Forestal (ZRF) de la Amazonía, creada con La Ley Segunda de 1959. El monocultivo de eucalipto, una especie exótica introducida, opera sin los permisos necesarios, que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) está avalada para conceder dentro de dicha ZRF a través de figuras como contratos de derecho de uso, actos administrativos de regularización de ocupación y concesiones forestales campesinas. Así lo estipula el artículo 4 del Decreto Ley 2363 de 2015.

Estos permisos existen en tanto el Decreto 2811 de 1974 prohibió adjudicar baldíos cobijados por la Ley Segunda, de manera que el Estado puede ceder y revocar la explotación de dichos terrenos para garantizar que se conserven. A falta de autorización, el cultivo de eucalipto podría configurar una ocupación indebida de baldíos, descrita en el Acuerdo 58 de 2017, cuya investigación estaría hoy a cargo de la misma ANT, como manda la Ley 160 de 1994, tras la extinción del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) y del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder).

Este uso irregular del territorio es una generalidad en el departamento. El Acuerdo 21 de 1971, emitido por el hoy extinto Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (Inderena), sustrajo de la ZRF un área de 455 mil hectáreas en el noroeste del Guaviare para otorgar tierras a colonos y permitir la explotación agrícola. A excepción de esa área, en la que se pueden titular tierras, en los sitios poblados de los cuatro municipios del Guavire hay un latente conflicto de ocupación, en el que participa buena parte de sus 63.000 habitantes.

"Sabemos que estas personas que viven en Ley Segunda, de cierta manera, están infringiendo la ley, por así decirlo. Sin embargo, el Estado sabe que viven ahí y que están ahí", nos aseguró acerca del campesinado un funcionario del que reservamos su nombre por motivos de seguridad. Según él, este grupo de ocupantes busca acordar con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) un reconocimiento y regularización de su explotación agropecuaria, como se ha hecho en otros territorios durante el presente gobierno.

Sin embargo, este no es el caso del predio donde está instalado el eucalipto, pues según nos aseguró la Unidad de Gestión Territorial de Guaviare, “no se ha adelantado ningún proceso de regularización de la ocupación” en la vereda donde se encuentra la plantación.

Por otra parte, la FCDS ha registrado la dinámica de acaparamiento de tierras en Guaviare, en el que individuos no identificados utilizan vastas extensiones, principalmente, en proyectos de ganadería. "Ellos vienen y compran varias fincas. Así las fincas tengan solo documento de compraventa, ellos inician su proceso, y como no existe ni un título ni tampoco existe la regularización de la ocupación, no se puede identificar quiénes son los que realmente están ocupando ese espacio", explicó el funcionario.

Los mencionados proyectos de ganadería son muestra de cómo los ocupantes ilegales de predios baldíos irrespetan los principios de sostenibilidad y compatibilidad del suelo. Así mismo, como explicaremos a continuación, la plantación de eucalipto se encuentra en un territorio que no es apto para proyectos forestales como ese.

El mandato de la Ley Segunda fue generar un plan de ordenación forestal que, para la Reserva de la Amazonía, llegó apenas en 2013 con una resolución que dividió el territorio del Guaviare entre Zonas A y B. Esta reglamentación incluye un extenso listado de los propósitos de las áreas tipo B, entre los que está fomentar la producción forestal sostenible, propender a la regulación hídrica, la calidad del aire y el control de la erosión de suelos e, incluso, estimular las plantaciones forestales comerciales en áreas aptas, con una previa evaluación de riesgos.

El siguiente gráfico muestra la zonificación en el nororiente de Guaviare y la ubicación del cultivo de eucalipto dentro de dicho orden. También se ilustran áreas con previa decisión de ordenamiento, como resguardos indígenas y parques naturales.

Como se ve, la plantación de eucalipto se encuentra en una zona tipo B de la Reserva Forestal de la Amazonía. El predio donde está cultivado es originalmente un ecosistema de sabana, que no contaba con árboles antes de la siembra de eucalipto. Esto quiere decir que no había un recurso forestal que pudiera manejarse según los preceptos del plan de ordenación emitido en 2013. Sin embargo, este especifica que los proyectos instalados deben cumplir criterios de sostenibilidad y compatibilidad con la zona.

La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), dependencia ligada al Ministerio de Agricultura, ha elaborado 70 evaluaciones de tierras agropecuarias, que permiten saber para qué cultivos es apto un determinado territorio. Estas pesquisas consideran factores físicos, sociales, ambientales y económicos.

En la plataforma de datos abiertos de la entidad, encontramos que el predio en el que se encuentra el eucalipto, por ejemplo, tiene altas aptitudes para la siembra de plátano. Así mismo, es una tierra medianamente apta para producir yuca, piña, maíz, naranja, mandarina, limón Tahití o aguacate. Incluso, se señala una aptitud baja para producir chontaduro. Pero, en definitiva, esta tierra no es apta para sembrar el árbol del caucho, endémico de la región, ni otras especies maderables.

Según Diego Cardona Calle, ambientalista, investigador y magíster en ciencias de bosques tropicales, de manera preliminar se puede concluir que “si [el terreno] no es apto para proyectos forestales, pues ya no es apto para eucalipto, porque el eucalipto es un cultivo forestal”.

Pero, aun si el predio fuera apto, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi, entidad adscrita al Ministerio de Ambiente, encontró 21 especies nativas de árboles maderables que se usan y comercializan a buen ritmo en Guaviare. Por eso, varios entrevistados dicen que serían preferibles antes que una especie introducida por las alteraciones que puede ocasionar en el medioambiente.

Guaviare cuenta ya con ejemplos exitosos de sistemas forestales sostenibles, establecidos a partir de especies nativas en otras zonas del departamento. En la vereda El Capricho, en el suroeste del casco urbano de San José, se producen aceite y pulpa de seje, o palma milpesos. Otra finca, por su parte, apuesta por la explotación de caucho en la vereda Aguabonita.

"Si no hay sustracción, [el cultivo] está violando áreas de Ley Segunda. Allí lo que debería existir es el ecosistema forestal original”, concluye Diego Cardona, quien además apunta a la irregularidad del uso de eucalipto: “[el predio] debería estar dedicado a la cobertura original o alguno de los cultivos que están recomendados y que serían más acordes con la agricultura familiar”.

La amenaza del eucalipto

El Guaviare goza de una altísima biodiversidad, pues allí confluyen la fauna y la flora de las regiones andina y amazónica.

Allí, un sinnúmero de especies de árboles nativos puede aprovecharse para usos varios. Si se requiere alimento, la selva ofrece frutos del milpesos, asaí, almendro, tacay o cacao de monte. La palma cumare y el balso sirven para fabricar artesanías, mientras el guamo, el dinde y el caruto producen sustancias colorantes. Con el pepeloro y el yarumo se pueden fabricar combustibles, mientras el cabo de hacha y la palma barrigona proporcionan madera para la construcción. Un listado que incluye 82 especies medicinales y 132 maderables.

En ese contexto, no se justifica la aparición de especies foráneas como el eucalipto que, según nos explicó el doctor Miguel Lovera, “se implementa a gran escala, no tiene enemigos naturales y cuenta con características de autodefensa”, lo que la hace peligrosa para la biodiversidad y los ecosistemas y, por ende, para la vegetación nativa.

Lovera, ingeniero agrónomo que se ha opuesto a la siembra masiva de este tipo de árbol en los bosques de Paraguay, se refiere a las sustancias alelopáticas cuando habla de “autodefensa”. Se trata de secreciones con las que las raíces del eucalipto eliminan la competencia de otras especies de flora, con el potencial de afectar a alguna de las 36 especies de plantas endémicas identificadas por el Instituto Sinchi en las Sabanas del Guaviare, tales como la paja de sabana y el chaparro.

“Cualquier intervención sobre un ecosistema ecológico con unas funciones muy claras, implica un deterioro” sentenció un investigador que trabaja en el departamento con una institución gubernamental.

El ecosistema de Guaviare en el que se encuentra el sembradío en mención es un herbazal, y los suelos que lo componen son ácidos y retienen poca agua y nutrientes. Esto, sin embargo, poco importa en el interior del monocultivo porque allí se instala un entorno solo apto para el eucalipto, capaz de transformar el equilibrio de ese territorio, como explica el doctor Lovera:

“Es un árbol que extrae ingentes cantidades de agua. Se habla de que las especies más utilizadas en los monocultivos consumen hasta 20 litros de agua al día. Compactan el suelo y lo secan. Muchas veces se usa el eucalipto en estrategias de desecación de humedales”.

En terrenos ya propensos a la erosión, como es el caso del corredor entre Sabanas de La Fuga y Charras, el impacto del eucalipto podría generar daños irreversibles.

A propósito, Diego Cardona planteó los riesgos de la eventual degradación del suelo: “La degradación es cuando un ecosistema va perdiendo ciertas cualidades que hacen que ya no funcione como debería funcionar. ¿Cuál puede ser una afectación? Que vaya perdiendo la capacidad de absorción de humedad, erosionando el suelo, o que este ya no sea capaz de dejar expresar el banco de semillas, que son las semillas de todas las especies de árboles, plantas, herbáceas que hay ahí guardadas por muchos años. Si no se puede manifestar ahora por la alelopatía del eucalipto, el ecosistema se está degradando”.

Esta alerta se intensifica con la presunta popularización del eucalipto entre campesinos de la región, pues una fuente que pidió la reserva de su identidad nos aseguró: "En potreros abandonados se está estableciendo ahora eucalipto. Es lo que se viene estableciendo ahora por el buen crecimiento y el buen rendimiento”.

Daños asociados

La plantación de eucalipto se inscribe dentro de las dinámicas descontroladas de uso de la tierra en Guaviare, que generaron una pérdida de 425.000 hectáreas de cobertura arbórea entre 2001 y 2023, según datos de Global Forest Watch.

Durante la última década, dicha deforestación ha impactado especialmente el resguardo nukak, ubicado a 3.6 kilómetros del cultivo de eucalipto, según determinamos gracias a la herramienta de medición de ArcGIS MapViewer.

 

La silueta blanca muestra el cultivo de eucalipto sobre la sabana, en el límite con la selva en la que se evidencian sendos parches de deforestación, incluso en territorio del resguardo nukak, señalado con el sombreado verde a 3.6 kilómetros del cultivo de eucalipto. Fuente: Elaboración propia con capa geográfica de Resguardos Indígenas en el país, tomada de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

El resguardo Nukak, delimitado en 1993, enfrenta crecientes amenazas como la invasión de la ganadería extensiva, el asedio del monocultivo de palma y la construcción de carreteras ilegales en su interior, que han impactado el modo de vida de las comunidades originarias.

“En tierras del clan meomuno [gente de la coronilla] ya casi no se encuentra la pepa guapichona. Una uva que para nosotros es sagrada; pero el campesino no sabe qué es, y tumba el árbol". Así se lamenta Joaquín Nijbe, representante legal del resguardo nukak, sobre la incidencia de los colonos en el bosque. En sus palabras, “quieren seguir hacia nuestro territorio, como a tierras sin dueño”.

El Estado: un espectador limitado

Nuestra reportería no arrojó pistas sobre que la ANT, la Gobernación de Guaviare, el ICA o la CDA hayan concretado acciones para intervenir el terreno y frenar la operación ilegal del cultivo. La situación llega al punto de que varias de estas autoridades consultadas no cuentan siquiera con información sobre los responsables de la invasión al predio.

El funcionario antes mencionado, quien trabaja en una entidad de control, señala la normatividad como raíz de este problema:

“Desde 1974 se impidió la titulación en Ley Segunda. Eso en ningún momento ha limitado que las personas sigan expandiendo y deforestando. Eso quiere decir que la estrategia de no titular no funciona para detener la deforestación. Se sabe que el Guaviare es uno de los departamentos más afectados, pero si en este momento alguien deforesta un predio de Ley Segunda, ni la CDA ni la Agencia Nacional de Tierras ni ningún organismo de control va a tener herramientas o evidencias para señalar al responsable porque no hay propiedad por ningún lado. Yo puedo ver desde un satélite, o un dron, o un avión, un hueco grande. Pero no puedo decir quién fue”.

El 8 de octubre enviamos solicitudes de acceso a la información a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Gobernación del Guaviare para indagar acerca de cuánta información tienen sobre el cultivo de eucalipto y qué acciones han tomado al respecto. Hasta la fecha no recibimos respuestas.

En la misma fecha realizamos la misma consulta a la Corporación para el Desarrollo Amazónico (CDA), entidad encargada de la gestión ambiental de áreas protegidas en el departamento de Guaviare. Su respuesta fue que, al tratarse de una plantación forestal comercial, es el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) el encargado de emitir un registro al respecto.

El ICA nos confirmó que conoce el cultivo, pero como nos detalló una fuente que conoce de cerca el trabajo de la entidad en Guaviare, esta se limita al seguimiento sanitario, pues no está en capacidad de decir a los campesinos “'Establezcan esto', o 'esto no se puede establecer', porque son plantaciones forestales comerciales, establecidas por la mano del hombre y con recursos propios de los interesados”.

Al margen de estas posturas, la presencia estatal es escasa en el departamento, como prueba el hecho de que la mencionada CDA cuente con apenas cinco funcionarios de planta allí.

Jonatan Smith Granda, funcionario del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), por su parte, reconoció que no existe una cartografía del departamento del Guaviare y que, recién este año, se está desarrollando el diseño del área urbana. Esto, a través del mandato emitido hace ocho años por el Acuerdo de Paz acerca de construir un catastro multipropósito.

La debilidad del Estado también se evidencia en el control que ejerce en la zona el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, que, como reportó El País América, incluso adelanta un censo de población para crear su propio catastro de los predios rurales del oriente de Guaviare.

Como reportó el periodista César Molinares en julio de 2024, el EMC estimula y controla en el oriente de Guaviare la siembra de coca, que junto a la ganadería es una de las principales actividades responsables de la deforestación en el departamento.

Al respecto de la acción estatal sobre estos asuntos de orden público, consultamos a principios de noviembre al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa. Hasta la fecha no obtuvimos respuesta.

Ante la falta de acciones estatales efectivas y aprovechando debilidades como la dificultad para identificarar con facilidad a los ocupantes de terrenos baldíos, las 300 hectáreas de eucalipto siguen creciendo sin los permisos requeridos ante la mirada de las autoridades.

 

*Este trabajo se realizó con el apoyo de Earth Journalism Network.

Actualizado el: Vie, 12/13/2024 - 18:28

“Pasado un año de que acabara la Comisión, las experiencias de mis colegas fueron difíciles y muchos de ellos tuvieron que cambiar de vida. Además, surge en nosotros la pregunta de por qué no ha existido una reflexión de qué significa trabajar en el mundo de los derechos en Colombia”, afirma Daniel Marín, abogado que trabajó en la Comisión de la Verdad. 

Un florero que se rompe es un libro que recopila poemas y escritos de ocho personas. De este proceso hicieron parte: Andrés Celis, Nohora Cabellero Culma, Sara Malagón, Juan Gabriel Acosta, Anascas Del Río, María Paula Herrera, AF, María Valbuena y Daniel Marín López. 

Después de su paso por la Comisión de la Verdad, ellos tomaron la  decisión de  reunirse para iniciar un proceso de sanación mediante la escritura. 

 

La iniciativa fue de Daniel Marín, quien en un viaje encontró una forma de procesar diversas emociones. “En ese viaje a Chicago, “Daniel” conoció a un profesor que estudiaba el comportamiento de quienes trabajaban en justicia transicional y el poder de la escritura como una forma de transitar por ese sentir”, afirma Carolina Guitierrez, quien fue parte de la organización de los talleres que hicieron posible la construcción del texto final. 

 

Aun en estos tiempos poco se habla del informe final de la Comisión de la Verdad, una serie de documentos que trajo, en su construcción, varios retos para quienes trabajaron en ella. Sin embargo, la historia parece haberlos olvidado, al igual que aquella guerra de la que es difícil hablar. Su trabajo fue impulsado por encontrar esa verdad que el país necesitaba, y la justicia que las víctimas directas merecían. 

 

Sin embargo, el trabajo en la Comisión de la Verdad trajo consigo múltiples retos para sus vidas personales. Algunos fueron diagnosticados con estrés postraumático y tuvieron que poner su vida laboral relacionada con derechos humanos en pausa. Carolina Gutiérrez afirma que el paso por ese trabajo “fue un ejercicio que evolucionó, para muchas personas era un sueño estar en la comisión, era una posibilidad única de en tres años reconstruir la verdad del país, pero con el paso de los años se convirtió en una carga”. 

 

Los factores que generaron un gran cambio en la vida de los investigadores fueron muchos, aunque todos coinciden en el tiempo. Para la entrega del informe se tenía una fecha concreta, la cual era corta e hizo que muchos de los funcionarios tuvieran que agilizar el trabajo y sacrificar cosas en el proceso. 

Juan Gabriel Acosta, abogado y uno de los autores del libro, contó que fue “una experiencia transformadora, agotante, exigente y contra el tiempo” que los ponía, en algunas ocasiones, en situaciones difíciles. Los talleres de escritura jugaron un papel importante, dentro del proceso, que los ayudó a entender que hay una vida después de la Comisión y esto lo refleja en su escrito - Con el tiempo - un texto que se concentra en imaginar un escenario que no hubiera sido posible sin la firma del acuerdo. 

 

Andrés Celis fue investigador de la Comisión y autor del libro y a noviembre de 2024 se encuentra exiliado por amenazas que surgieron durante su trabajo en la entidad. Para él fue una experiencia distinta y la escritura fue una forma de comunicar todo lo que estaba sintiendo. Andrés es el autor del texto - Vientos de agosto - que enmarca una de las muchas experiencias que tuvo trabajando en la Comisión. Un pequeño escrito que logra reflejar lo que sentía en aquellos momentos. 

 

Carolina Guitiérrez señala que “el dolor es una sensación incomprensible y que puede llegar a tener muchas caras. El proceso de sanar no es fácil para ninguna persona, pero mediante la escritura y los diferentes talleres encontraron la manera de exteriorizar todo lo que estaban sintiendo”. Además, también dice que, “nos inventamos una metodología que nos permitiera llevar a esas preguntas de qué había pasado en sus mentes después de su paso por la comisión”, afirma Gutiérrez. 

 

Este trabajo trae consigo una serie de matices detrás de la escucha que tienen repercusiones en la salud mental. Ángela Fiorela Cruz, psicóloga especialista en clínica,  ha trabajado con derechos sociales y aclara sus afectaciones en la persona: “Este tipo de trabajo en derechos humanos siempre van a implicar un riesgo de salud mental y tiene que ver con la exposición al dolor y al trabajo bajo presión”.

 

Cruz señala que el impacto que se recibe es gracias al permanente contacto con el dolor humano que trae consigo la escucha y la empatía que con el tiempo genera desesperanza. Además, aclara que hay ciertos rasgos que aparecen en quienes se ven afectados: “Se empiezan a ver afectaciones en el sueño, en la alimentación, se presenta fatiga, los cuales se unen con síntomas de ansiedad y depresión dependiendo de la persona”.

 

La psicóloga agrega que todo esto ocurre, porque se cae en un error y es la no separación del espacio personal del profesional y  se presenta una dificultad para reconocer esas afectaciones, porque se piensa que la persona no es apta para el trabajo y se limita a pedir ayuda. Síntomas que también puede ser de tipo somático, que se expresan en el cuerpo, de problemas gastrointestinales y musculares, afirma Cruz. 

 

Juan Gómez Peña, periodista de Rutas del Conflicto que lleva investigando historias relacionadas con derechos humanos desde hace 12 años, entiende ese dolor. “El mismo trabajo nos ayuda a sanar, hay belleza en ese sentir y se ve cuando se busca trascender la investigación, aunque el tiempo esté en contra”, explica el periodista. 

 

Gómez también señala que este es un momento en el que se habla más de la salud mental, a pesar de haber más personas acogidas por el dolor. Además, es un trabajo de día a día y quienes hacen parte del oficio deben tener cuidado con esas pequeñas caídas que puede traer consigo el sentir. 

 

Esas posibles caídas se pueden trabajar si la persona, por medio de diferentes medios como lo es la escritura, se exterioriza el sentir. La psicóloga Cruz señala que junto a un ejercicio de vaciado de información, el cual no es olvidar la historia, si no es escribir o  hablar con otras personas sobre el impacto que ha generado la escucha y es un ejercicio que debe hacerse permanentemente. 

 

El libro Un florero que se rompe es la muestra del cuidado y las implicaciones que puede llegar a tener el trabajo con enfoque social, en el cual se escuchan historias llenas de dolor todos los días. Y aunque esa verdad no la comparten todos los que trabajaron en la Comisión de la Verdad, sí es una buena base para comprender los retos del oficio. 

 

El trabajo de la Comisión, al igual que oficios afines como lo es el periodismo, tienden a tener repercusiones en la vida de las personas. Para evitar que esto ocurra se deben tomar diversas medidas y asumir responsabilidades. Cruz explica que estos deberes deben venir desde el mismo Estado:“Diferentes políticas y estrategias formales definidas por una entidad que sirven para proteger a las personas que desarrollan labores de escucha”.

 

El investigador Marín cuenta que en un principio no se tenía pensado que los escritos iban a ser publicados. Sin embargo, en aquellos textos encontraron una verdad que se pasaba por alto y que tenía que ser escuchada, porque así se completa la historia. “Es un tema que aún es muy silenciado y cualquier mínimo de apertura es ganancia”, afirma Marín. 

 

El libro fue publicado el 24 de agosto de 2024, al lanzamiento fueron 70 personas y pudieron conocer de primera mano los once relatos de los autores que por medio de la escritura dejaron salir sus sentir después de su paso por la Comisión de la Verdad. Procesos que, cada día, recobran un nuevo sentido.

Actualizado el: Lun, 12/09/2024 - 18:13

 

Julio Daniel Chaparro está en Villavicencio. Su familia apenas lo ha visto: lleva tres días encerrado en el apartamento de su amigo Jaime Fernández, dedicado a terminar su tercer libro de poesía, que quiere publicar antes de cumplir 30 años. Hace algunos años, junto a Jaime y otros compañeros, fundó revistas como Oriente y la editorial Entreletras, una patria de la amistad bajo un lema constitucional: “Lo mejor de la poesía son los amigos poetas”.

El libro ya tiene fecha de lanzamiento: será el 5 de mayo de 1991, en la Feria del Libro de Bogotá. Sin embargo, Julio Daniel está haciendo ajustes de última hora para corregir lo que llama “los inevitables errores de dedografía, insalvables cuando de chuzografía se trata”.

Su agenda reciente ha sido agotadora: Tumaco, Volador, el río Güejar, El Carmen, Tacueyó... Viaja mucho como periodista de El Espectador y es el alma peripatética de la serie Lo que la violencia se llevó. Este proyecto, lanzado por el periódico en su renovación centenaria, busca ser nacional y resistir, con vida, las múltiples formas de muerte que ha enfrentado ese periódico en su historia reciente: amenazas, atentados, el asesinato de su director Guillermo Cano hace cinco años, una bomba en su sede principal en 1989, el estrangulamiento económico y la persecución implacable de las mafias y el narcotráfico. El Espectador es, según Julio Daniel, “un espejo necesario que pocos quieren mirar”.

En esa serie de reportajes, Julio Daniel recorre pueblos que han sido escenario de masacres perpetradas por distintos actores armados. Su intención es sencilla pero poderosa: respirar los paisajes, hablar con las personas y sentir el clima emocional del lugar. “Desde esta sección de Vida Colombiana puedes ver cómo es realmente el país, sus realidades”, nos dice. Añade que algo que sorprende a los habitantes de esos sitios es “ver a un periodista de la capital”.

Julio Daniel tiene un hoyuelo en la barbilla y casi siempre lleva una mochila al hombro. En ella carga un lápiz pequeño y un diminuto cuaderno donde anota todo lo que ve, no importa si está en modo poesía, periodismo, en un rincón apartado del país o en una fiesta en el Café Libro o el Bilongo. Entre risas y gozo pagano puede alargar la fiesta hasta el amanecer, o retomar al día siguiente el hilo de su texto donde lo dejó.

Su carisma natural es innegable: de sonrisa franca y timbre de voz imponente. Combina el porte relajado de un Tom Selleck criollo con las gafas de un Héctor Lavoe de los años 70. Desde joven ha sido un líder: en el colegio luchó por los derechos de sus profesores, lo que le valió la expulsión. Pero eso no detuvo su aprendizaje autodidacta, alternando lecturas de Marx y Nietzsche, con los cómics de Mafalda y Condorito. En casa, creció escuchando los discos de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés que su padre traía de Cuba, regalos que le traía a su hijo especial al que se refería como “el chino”. Mal jugador de fútbol y, como su padre, hincha de Santa Fe.

¿Cómo se llama el libro de poesía que lanzará en la próxima Feria del Libro?

Se llama Árbol Ávido.

¿Y de dónde surge ese nombre?

Algo tendrá que ver con mi familia, donde hay de todo: pintores, músicos, teatreros, cineastas, poetas, periodistas y algún otro dedicado a las Ciencias Sociales. Somos una especie de tribu nómada, una cultura de narradores. Mi abuelo Julio fue el pintor ebrio de Tunja; el abuelo Daniel Hurtado, liberal, cargaba la herencia de la violencia, vendió chicha y nos legó, quizás por eso, nuestra inclinación a la degustación de la cerveza en sociedad. A los liberales los expulsaron de Boyacá y él terminó en los Llanos, en San Juan de Arama, como alcalde. De ahí, por el trabajo en radio de mi padre, que es locutor y periodista deportivo, el destino nos llevó por Valledupar, Duitama, Sogamoso, Cali… En mi familia siempre ha habido esta tendencia a ser como árboles ávidos. No sé qué extraña mezcla de nutrimentos genéticos y culturales nos impulsa, pero tenemos esa avidez por la vida, ese deseo de apurarla con intensidad. Para nosotros, vivir en la resignación o en la superficie nunca ha sido una opción.

En sus crónicas recorre desde el Llano hasta el Eje Cafetero, las dos costas, las montañas del Cauca y los campos y lagunas de Boyacá. Aquí, en Villavicencio, recuerdan una crónica de hace años en la que dio voz a las prostitutas y causó cierto revuelo. Recientemente, optó por conversar con el portero de la Asamblea Constituyente en Bogotá, en vez de entrevistar a los constituyentes. En otra crónica, se encuentra con un paisano llanero con alma de nihilista que, como policía en Medellín, es objetivo militar de Pablo Escobar. En otra da cuenta de una rumba de salsa en el emperifollado Teatro Colón con su amigo Fernando Linero al piano. En otra hace un boceto muy acertado en un diálogo fugaz con José Agustín Goytisolo. ¿Cómo percibe que esos vasos comunicantes entre literatura, periodismo y poesía le ayudan a ser fiel a los hechos?

No sé… [piensa un momento antes de responder y lo hace como si le llegara un fogonazo]. Pasamos de la poesía convertida en prosa a la prosa que se transforma en denuncia, luego en testimonio y, al final, en el testigo hecho periodista.

¿Y cómo describiría el periodismo que usted hace?

En El Espectador, mi colega Luz Marina Giraldo dice que hago una especie de etnografía: cuidadosa en la descripción no solo de los colores de las imágenes, sino también de sus sonidos, vientos y olores. Sin embargo, editores veteranos como José Salgar opinan que periodismo y poesía no deberían mezclarse. Creen que eso “almibara” el periodismo. Incluso, con cariño y humor, me dicen que soy la reencarnación retórica de Julio Flórez y su romanticismo tardío. Nacho Gómez se burla de los largos párrafos de mis crónicas, donde puedo pasar horas mordiéndome las uñas con la indecisión de dejar o no una coma, y los llama “danielescos”. Pero esto no es invento mío. En Estados Unidos, escritores como Truman Capote, Tom Wolfe, Gay Talese y Susan Sontag han utilizado recursos de la ficción para enriquecer el periodismo. Y en estas latitudes tenemos a García Márquez, Rodolfo Walsh, Alma Guillermo Prieto, Juan José Hoyos, Germán Castro Caycedo y Alfredo Molano, quienes también han elevado el periodismo al nivel del arte.

¿El periodismo le roba espacio a la poesía? ¿Pasa esta última a un segundo plano?

Es una pregunta recurrente, y mi respuesta siempre es la misma: el periodismo es otra manera de ver la vida. Me nutre, porque mi poesía se inspira en las realidades concretas que intento reflejar. Lo que digo en una crónica me enriquece literaria y poéticamente. Así que no hay conflicto. Si estuviera escribiendo narrativa, tal vez podría haber confrontación, pero no siento que el periodismo limite mi poesía.

¿Cómo describiría su poesía?

Mis poemas responden a un proyecto estético que ha evolucionado en sus formas, pero mantiene un eje constante: escribir como escribe el viento, si parafraseamos a Ezra Pound. Intento que mi poesía sea una inquieta certidumbre, donde el lirismo convive con la realidad, abordándola desde la sensación, no desde la descripción superficial. Mi acercamiento a la poesía comenzó con el rock y la música popular, que fueron mi puerta de entrada. En Colombia muchas veces se dicta qué es poesía y quién puede ser considerado poeta, convirtiéndolo en un círculo cerrado. Esto podría ocurrir, por ejemplo, en el Magazín Dominical de El Espectador. No creo que haya mala intención detrás; simplemente es una forma tradicional y excluyente de operar. Yo no soy parte de los que crean o promueven carreras literarias bajo esa lógica. Como dijera Germán Vargas Cantillo, “ser poeta es la mejor forma de ser algo”.

¿Cree que ha habido una respuesta interesante a esa "dictadura del silencio"?

Sí, absolutamente. La respuesta ha sido una multiplicación de publicaciones y experiencias culturales en Colombia, pequeñas, pero intelectualmente muy ricas. Como la de mi amiga Eugenia Sánchez con el programa Página Impar de la Radiodifusora Nacional de Colombia o lo que pasa en la Revista Ulrika. Los jóvenes poetas y escritores están expresándose con fuerza, reflexionando en voz alta y apuntando a metas mucho más ambiciosas que las de generaciones anteriores. Es un momento esperanzador para nuestra literatura.

¿Qué balance puede hacer de lo que han hecho?

Somos pocos y menores; no lo hacemos tan mal, pero tampoco muy bien que digamos. Ningún libro editado en los últimos diez años merece una memoria de cita o comentario. Nuestros novelistas han tomado la ruta más fácil: no recrean, sino que literalizan la realidad; no nominan, sino que inventan. Con pocas excepciones, nuestros poetas apenas balbucean. Como autores de hechos estéticos, nadie los conoce. Ese paisaje visto y no vivido, esa falta de interiorización, esa negativa a afirmar que paisaje y hombre son un todo, un poema, son los elementos que hacen que la mayoría de nuestra literatura sea un folio más, poco importante. Incluyo en este análisis, por supuesto, mis propios libros. Mi tío Barbini, el actor, dice que mis primeros balbuceos poéticos son producto de la urgencia de querer comunicar un mundo interior, pero que he ido afilando mis instrumentos.

En el ensayo Generación emboscada, que me compartió en fotocopias, habla de este momento en específico.

Sí, tal vez sea pronto para afirmarlo, pero digámoslo: la creación de los poetas más jóvenes, quienes precisamente integran lo que hemos llamado "una generación emboscada", constituye un juicio auténtico al país reciente, su asunción y su exorcismo. Esa obra en marcha ha sido elaborada desde el silencio, es decir, desde la sinceridad. Quizá por eso permite tantas lecturas. Quizá, por eso mismo, por venir de donde viene y como viene, demuestra que quienes son colombianos y además poetas jóvenes —doble riesgo mortal, no cabe duda— son incapaces de matar, pero no de matarse. Si no hay país, por lo menos hay paisaje. Si no hay barriadas ni muchachos, al menos ha quedado algo entre las huellas. Si hay muerte, también existe el amor: precario, incapaz, pero acaso suficiente.

¿Tiene miedo?

Aquí hasta ser poeta es un peligro. Hace unos años, con los “Poetébrios” —Andrés Romero, Jaime Fernández, Agustín Murcia y el fotógrafo Constantino Castelblanco— lanzamos el primer libro que editamos de mi querido "El Ebrio" Rosero desde el edificio más alto de Villavicencio. Desde ahí tiramos un ejemplar que cayó justo en un carro de bomberos que pasaba. Hicimos ruido, madreamos al alcalde y al bajar, nos esperaba la Policía. Casi no salimos de esa.

Con Nacho en El Espectador y en esa misión casi suicida de hacer periodismo en este país, inventamos el esquizofrenómetro, un medidor del ánimo diario en la sala de redacción. Variables como el redentor tipo Simón Bolívar, el miedo al desempleo, la vanidad personal, las ganas de fama, la adicción a la adrenalina, el periodismo como deporte de alto riesgo o la persona en situación de periodismo. En nuestro rango tolerable está el honor de ser cronista en el periódico que tuvo entre sus filas a García Márquez, o de llegar a ser investigador delegado por Don Guillermo Cano, con la ambición de hacer historia. Aunque claro, en este país te pasan a la historia por derecha, para que dejes de hacer periodismo.

¿Cómo ve a Bogotá?

Desde acá, es evidente: la gente allá en Los Andes no sabe lo que es el horizonte. 

El 24 de abril de 1991, al comienzo de la noche, son asesinados Julio Daniel Chaparro y el fotógrafo Jorge Torres en Segovia, un pequeño pueblo antioqueño enclavado en la cordillera central. Ese mismo pueblo había sido escenario, tres años antes, de una masacre cometida por el grupo paramilitar Muerte a Revolucionarios del Nordeste liderado por Fidel Castaño (a quién Julio Daniel había mencionado en un reportaje previo para El Espectador). El 11 de noviembre de 1988, una caravana de camionetas con hombres armados disparó ráfagas y lanzó granadas a todo lo que se movía, asesinó a más de 40 personas y dejó a otras 50 heridas; la Policía y el Ejército no hicieron nada. 

Julio Daniel y Jorge llegaron en avión al aeropuerto de Remedios y se registraron en el control militar. Al llegar a Segovia, fueron al hotel Fujiyama, dejaron sus maletas y, después de hacer una llamada desde el teléfono de la recepción, salieron a recorrer las calles. Torres fue visto tomando fotografías en lugares como el cementerio, la plaza principal, el monumento a María y el parque. Según el expediente de una investigación policial y judicial deficiente, minutos antes de ser asesinados, una patrulla militar detuvo a los periodistas de El Espectador para interrogarlos sobre su presencia en Segovia y los dejaron continuar su camino.

El testimonio de Julio Daniel sobre los momentos previos a su asesinato, cuando recibió tres disparos en la cara, sobrevivió en tres hojas de su libreta de apuntes que, en algún momento del proceso legal, alguien fotocopió antes de que la Fiscalía la incinerara, junto con el resto de sus pertenencias por considerarlas un "grave peligro para la salud" de sus funcionarios por estar “impregnadas de sangre y suciedad”. Sus anotaciones muestran que, al final de la tarde, estuvieron en un estadero donde tomaron cerveza, escucharon música y Jorge tomó fotos de la mujer que los atendió. Entre sus últimas palabras, Julio Daniel escribió: “SANDRA: Me voy, esto está muy miedoso”. Luego salieron en busca de algo o de alguien. Lo último que se conserva de sus notas es una línea de un poema: “Asoma el blanco sol de abril”.

 

 

*Sala de redacción de ausentes es un homenaje a los periodistas colombianos cuya labor ha sido silenciada por la violencia. Impulsada por la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, esta campaña busca honrar la memoria de aquellos periodistas que, desde 1977 hasta hoy, han sido asesinados por realizar labores informativas en Colombia. El objetivo es revivir esas voces y explorar el impacto que tuvieron en la historia y la huella que sus ausencias dejaron en la sociedad colombiana.

Uno de los pilares de esta iniciativa son las Entrevistas imaginadas, una metodología que da vida a voces ausentes a través de diálogos ficticios basados en testimonios, lecturas y archivos. Para la segunda entrega de este proyecto, curado por el artista Lucas Ospina, se ha reconstruido una entrevista imaginada con Julio Daniel Chaparro, periodista asesinado en 1991, quien se destacó por su sólido periodismo narrativo y por una prometedora propuesta poética. El diálogo con amigos, colegas y poetas cercanos a su vida y obra, como Evelio Rosero, Jaime Fernández, Fernando Linero, y Daniel Chaparro, permite aproximarnos a su perspectiva y preservar su legado. 

A esta campaña se suma la Asociación de Medios Impresos, AMI, y medios como El Tiempo, El Espectador, La Silla Vacía, Publimetro, La Patria, Vanguardia, El Diario, La Nueva Crónica, El Colombiano, Rutas del Conflicto, Cerosetenta y La Liga contra el Silencio. Esta alianza contribuye en la construcción de un museo de la memoria que hace eco del silencio impuesto a quienes fueron asesinados en el ejercicio de su oficio. 

Toda la información en: www.memoriasdelperiodismo.co

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Julio Daniel Chaparro (1962-1991) fue un joven poeta y periodista que logró, en el breve paso que le permitieron tener en este mundo, establecer un sólido periodismo narrativo. Su propuesta poética no maduró tan rápido como su crónica, y jamás sabremos el avance final de sus poemas, aunque su nombre se incluya en antologías de poesía colombiana. Cuando lo asesinaron estaba haciendo una serie de crónicas que tituló “lo que la violencia se llevó”, para el diario El Espectador, último medio para el que laboró.

Sala de redacción de ausentes: en Colombia, desde 1977 hasta 2024, han sido asesinados 167 periodistas por realizar labores informativas. Cada uno de estos asesinatos ha generado una censura que cuesta medir, pero que nos acompaña día tras día. Las censuras de hoy también son producto de la que vivimos ayer. Para entender la palabra silenciada que nos habita, visite la “Sala de redacción de ausentes”, conozca sus periodistas, crónicas, entrevistas, metodologías y objetivos en el oficio, y junto a su trabajo, explore el vacío que dejaron sus asesinatos y la huella impuesta tras su partida. 

 

Esta iniciativa de la Fundación para la Libertad de Prensa hace museo de esa memoria y eco de ese silencio.

 

www.memoriasdelperiodismo.co 

Actualizado el: Sáb, 11/23/2024 - 12:48

El 4 de octubre del 2000 Luis Hernán Almeida venía de realizar un mandado para su familia; hablaba sobre fútbol y su vida cotidiana con otros tres jóvenes, cuando hombres armados en un carro los asesinaron. Unas cuadras adelante, los mismos sujetos entraron a un bar y les dispararon a otras dos personas y también a un joven que se movilizaba en una moto de 16 años. En total fueron asesinadas indiscriminadamente seis personas, en su mayoría, menores de edad.  

El entonces paramilitar John Alexander Vásquez, alias ‘Pepo’, que fue trabajador temporal de Ecopetrol entre 1999 y 2005 fue uno de los responsables de los asesinatos. Rutas del Conflicto pudo establecer que alias “Pepo”, fue condenado en 2011 a 155 meses de prisión por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir por su participación en la masacre, que fue perpetrada durante los años en los que estuvo vinculado a la empresa petrolera. 

En una audiencia reservada de la Jurisdicción Especial para la Paz, en la que participaron cerca de 50 víctimas y sus abogados acreditados en el proceso, se escucharon las declaraciones de John Alexander Vásquez quien narró parte de la incursión paramilitar en Barrancabermeja. Vásquez dio detalles de su paso por las Autodefensas Campesinas de Santander y el sur del Cesar (AUSAC) y posteriormente por el Bloque Central Bolívar. El primer grupo fue cooptado por el segundo desde finales de 1999, cuando Carlos Castaño ordenó el asesinato de su antiguo aliado Guillermo Cristancho, alias ‘Camilo Morantes’ y sus aliados se quedaron con su estructura criminal. 

En la audiencia, reiteró la información de una investigación realizada por el medio de comunicación Rutas del Conflicto y publicada por Colombia +20 de El Espectador el 12 de noviembre de 2024 en la que se puso en evidencia que Ecopetrol contrató a Vásquez apenas dos meses después de que participara en la masacre del 28 de febrero de 1999 en el que fueron asesinadas ocho personas y otras dos fueron secuestradas para desaparecerlas. El trabajo periodístico de Rutas del Conflicto también mostró la infiltración de alias ‘Pepo’ en la Unión Sindical Obrera (USO) y su coordinada por el exjefe de seguridad de la petrolera, José Eduardo González Sánchez.  

En su declaración, el exparamilitar señaló que entre 1999 y 2005 tuvo varios contratos como empleado temporal de Ecopetrol. Rutas del Conflicto le había consultado a la empresa petrolera información de dichos contratos, a lo que la compañía contestó confirmado el vínculo laboral, pero se negó a entregar detalles de fechas y cargos, señalando que era información reservada. 

Según una de las víctimas de la masacre de 1998, el testimonio de Vásquez solo reitera que el objetivo de la incursión paramilitar era proteger el oleoducto. “Lo que se dijo aquí apunta a lo mismo, las garantías brindadas por el Batallón contraguerilla No.45 Héroes de Majagual consistían en asegurar la estructura de Ecopetrol. Eso fue lo que permitió su llegada, pues todas las reuniones fueron en instalaciones de la refinería coordinadas por funcionarios y jefes de seguridad de la empresa”, señaló. 

La víctima aseguró que escuchar el testimonio de alias ‘Pepo’ le permitió confirmar realidades sociales que, aunque ya conocían, no tenían la información suficiente para probarlas judicialmente: “Cada vez hay más pruebas de la participación de la Policía, el Ejército, comerciantes y paramilitares con su relación con Ecopetrol, pero nos quedan muchas preguntas todavía. ¿Dónde están los desaparecidos de todos estos años?”. 

En la audiencia también participó el mayor retirado Oswaldo Prada Escobar, que fue jefe de inteligencia del Batallón de Artillería Nueva Granada entre 1997 y 1998. En su testimonio, Prada detalló la planeación y ejecución de la incursión paramilitar que tuvo como resultado la masacre del 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja y el rol en estos hechos de José Eduardo González Sánchez, exjefe de seguridad de Ecopetrol. 

Prada contó cómo la plana mayor del Batallón de Artillería no solo colaboró con la entrada de los paramilitares a Barrancabermeja al inhabilitar los puestos de control, sino también omitió los reclamos de los familiares de las víctimas que esa misma noche se dirigieron a la unidad militar a pedir ayuda. 

Alias ‘Pepo’ explicó en la audiencia que después de la desaparición de las AUSAC, comenzó a recibir órdenes de Gustavo Alarcón, líder del Bloque Central Bolívar. Según la víctima entrevistada, este engranaje entre grupos paramilitares supone una “transición progresiva y logística de la violencia que tiene como eje transversal a Ecopetrol e incluye, no solo actores fuera del margen de la ley, sino también a funcionarios de la misma estructura”.  

Las víctimas coinciden en que aún hace falta información para conocer la verdad sobre la incursión paramilitar en Barrancabermeja, y exigen a Ecopetrol asumir responsabilidad sobre los hechos presentados, además de verdad y reparación. La empresa le dijo a Rutas del Conflicto como respuesta a su investigación que todas sus actividades se han llevado a cabo conforme a la ley y en respeto de los derechos humanos. 

Actualizado el: Vie, 11/15/2024 - 14:52

Los reportajes sonoros presentados en este proyecto son el resultado de un proceso de aprendizaje y enseñanza mutua construido por Consejo de Redacción, Rutas del Conflicto, la Diócesis de Tumaco y habitantes de este municipio.

Este proceso comenzó con una serie de encuentros talleres en los que los jóvenes compartieron las historias que deseaban contar y los periodistas de las organizaciones aportaron sus conocimientos en la forma en que se podrían contar esas mismas historias: a través de la fotografía, del sonido, del video. Se definió que se construirían dos historias, una alrededor de las quejas de la comunidad por la construcción de un nuevo parque principal en el pueblo y la otra sobre la falta de agua potable en el casco urbano.

Las dos historias tenían un trasfondo que mostraba la falta de oportunidades para los jóvenes de Salahonda en medio de un nuevo ciclo de violencia, en el que el reclutamiento forzado por parte de grupos armados está presente a diario y en el Estado no llega integralmente para atender a la población. Situaciones que agravan el entorno de vulnerabilidad histórica en el que han vivido los habitantes de esta zona del país. 

Los dos reportajes sonoros y las piezas de difusión en redes sociales que se presentan a continuación fueron producidos en conjunto por periodistas de las tres organizaciones y los jóvenes de Salahonda. Un ejemplo de producción periodística en conjunto con comunidades que tienen mucho que contar y aportar a la construcción de paz.

Actualizado el: Jue, 11/14/2024 - 15:25

 

Ilustración: Kimberly Vega

El 28 de febrero de 1999, un grupo de las llamadas Autodefensas Campesinas de Santander y el Sur del Cesar (Ausac) entró a Barrancabermeja, en el Magdalena Medio colombiano, e hizo un recorrido por varios barrios del puerto petrolero. El resultado: ocho personas asesinadas y dos más que se llevaron para desaparecerlas. 

En 2016, dentro del proceso de Justicia y Paz, en el que paramilitares confesaron sus crímenes a cambio de penas alternativas, John Alexander Vásquez, alias ‘Pepo’ aceptó ser uno de los sicarios que perpetró la masacre. ‘Pepo’, que para el momento de los crímenes, hacía parte de la Ausac, contó que, apenas un par de meses después de los asesinatos, Ecopetrol lo contrató y lo incluyó en su nómina.

Según el testimonio del exsubjefe de seguridad de la compañía, José Eduardo González Sánchez, ‘Pepo’ y dos soldados profesionales retirados, que posteriormente se convirtieron en jefes paramilitares, ingresaron a la petrolera con la misión específica de infiltrar a la Unión Sindical Obrera (USO). González Sánchez les ordenó hacer inteligencia dentro de la USO, para identificar supuestos colaboradores de la guerrilla, en medio de una fuerte estigmatización que sufrían los trabajadores que se unían al sindicato.

González Sánchez es un capitán retirado del Ejército que afronta varios procesos judiciales por hacer parte de grupos paramilitares. El militar retirado fue aceptado en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en enero de 2024, donde ha hecho varios señalamientos que involucran a funcionarios de la petrolera con las Autodefensas Campesinas de Santander y el Sur del Cesar (Ausac), y los responsabiliza por la violencia contra la población de Barrancabermeja y los miembros de la USO desde mediados de los años 90.

Rutas del Conflicto pudo constatar que, desde la década pasada, desmovilizados de los paramilitares que han entregado información dentro del proceso de Justicia y Paz que coincide con que ha dado González Sánchez en la JEP. En los testimonios se señala cómo varios altos funcionarios de Ecopetrol, la mayor empresa petrolera del país, que para la época pertenecía en su totalidad al Estado colombiano, fueron parte del entramado paramilitar que se consolidó en Barrancabermeja.

Las versiones de González Sánchez y la de ‘Pepo’ señalan que se conocieron en 1996, cuando Vásquez trabajaba para una empresa de seguridad que era contratista de Ecopetrol. ‘Pepo’ narra que dos años después, mientras manejaba un taxi, fue contactado nuevamente por el entonces subjefe de seguridad de la petrolera para que le sirviera de informante. Rápidamente, ‘Pepo’ pasó a ser miembro activo del grupo paramilitar, como se puede ver en la línea de tiempo a continuación en la que se muestran los crímenes que admitió a la Fiscalía en el proceso de Justicia y Paz.

Entre 1998 y 1999, según ‘Pepo’, se hicieron varias reuniones entre el entonces subdirector de seguridad de Ecopetrol, miembros de la fuerza pública y paramilitares de la Ausac. “Se realizó otra masacre el 28 de febrero también coordinada por ellos dos, es decir, por los dos capitanes Gónzalez y Herrera, pero antes de esa incursión, me fui con los dos capitanes (...) a San Rafael a coordinar con ‘Camilo Morantes’. El capitán Herrera le llevó 40 camuflados americanos y munición, el señor Camilo le canceló en efectivo 8.000.000 de pesos al capitán”, dijo el paramilitar desmovilizado.

En su testimonio, ‘Pepo’ no aclara el nombre del capitán Herrera, y no se sabe si se refiere a los oficiales del Ejército Édgar Román Herrera Fetecua o Jesús Herrera García, los dos con procesos penales por esta masacre. Cuando menciona a ‘Camilo Morantes’, habla del alias de Guillermo Cristancho, principal jefe de las Ausac, que fue asesinado a finales de 1999 por órdenes de los hermanos Carlos y Vicente Castaño, quienes absorbieron la estructura criminal dentro del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Según ‘Pepo’, después de la masacre, González Sánchez le entregó un carné de Ecopetrol para que comenzara a ir a las reuniones de la USO y el 26 de abril de 1999 fue contratado por la empresa petrolera hasta 2005. 

Ecopetrol le respondió un derecho de petición a Rutas del Conflicto, en el que confirma que John Alexander Vásquez fue empleado de la empresa, pero se negó a dar detalles de la contratación. “Se reitera que las personas citadas, registraron con vínculo laboral o pensional directo con Ecopetrol, por lo tanto sus actividades se sujetan a las disposiciones del derecho privado, y sus actuaciones no están cobijadas por el Derecho Administrativo”, dice la respuesta de la compañía.

De empleados de Ecopetrol a jefes del paramilitarismo

Carlos Piedrahita Zabala y Leocadio Bohórquez son los dos soldados profesionales mencionados por González Sánchez que fueron contratados por Ecopetrol, según confirmó la misma empresa petrolera y que rápidamente se convirtieron en comandantes paramilitares. Según el exsubjefe de seguridad de la compañía, los dos fueron empleados de la empresa petrolera entre 1996 y 1997, en el área de mantenimiento, exclusivamente para que se infiltraran en la USO. 

González Sánchez mencionó ante la JEP que Piedrahita, una vez dejó de ser empleado de Ecopetrol, había dirigido junto a Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’ un grupo paramilitar vinculado a una cooperativa de seguridad (Convivir), en Yarumal, Antioquia , conocido como Los 12 Apóstoles. Por vínculos con dicho grupo, Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, enfrenta un proceso penal que a finales de 2024, completa casi una década. 

Según una sentencia de Justicia y Paz, Piedrahita Zabala, alias ‘David’, pasó luego a ser el tercero al mando del Bloque Central Bolívar en 1999 en el Magdalena Medio y para el 2001 se convirtió en el comandante del Frente Andaquíes en el Caquetá. Allí, ordenó una serie de torturas y crímenes contra la población, que luego terminaron en fosas comunes como lo documentó el Centro Nacional de Memoria Histórica en su informe Textos Corporales de la Verdad. “El Frente Sur Andaquíes estuvo conformado por patrulleros organizados en escuadras y distribuidos estratégicamente en la zona bajo las órdenes directas de Carlos Alberto Piedrahita, alias David (...) Allí, las personas eran interrogadas con torturas mediante las cuales se buscaba obtener información ”, dice el informe del CNMH.

En el documento, el Centro de Memoria Histórica señaló que para el 2014 se desconocía el paradero de Piedrahita. En 2012 la Fiscalía señaló que varios paramilitares del Bloque Central Bolívar habrían fingido su muerte en 2008 para escapar de la justicia, con partidas de defunción firmadas por un mismo médico, entre ellos Carlos Piedrahita. Rutas del Conflicto revisó la cédula del exempleado de Ecopetrol en la base de datos de la Registraduría Nacional y encontró que el documento aparece vigente, señalando que para el Estado, se encuentra con vida.

De acuerdo con una sentencia de Justicia y Paz en contra el Bloque Central Bolívar, el otro paramilitar, Leocadio Bohórquez, tan pronto salió de Ecopetrol, en 1999, pasó a ser uno de los jefes del Bloque Central Bolívar entre Barrancabermeja y el sur del departamento de Bolívar, en donde fue responsable de varios asesinatos y desplazamientos. 

La persecusión a la USO

Los testimonios de ‘Pepo’ y de González Sánchez muestran el estigma que vivían los miembros del sindicato, señalados de ser posibles guerrilleros o colaboradores de la subversión por quienes hacían parte del entramado criminal: los paramilitares, los militares y funcionarios de la misma empresa. 

Según Fabián León, director de la oficina Colombia del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, una organización que investiga los impactos en los derechos humanos de las operaciones empresariales, históricamente Ecopetrol ha tenido una sistemática y fuerte confrontación con el movimiento sindical, en medio la una fuerte militarización de la industria petrolera. “Como lo muestra la Comisión de la Verdad, en medio de estas circunstancia se tiene un movimiento sindical debilitado por la estigmatización y la violencia”, explica León.

La Comisión de la Verdad, en su informe Reconfiguración Territorial de Barrancabermeja, muestra cómo desde la década de los setenta, con los paros de 1975 y 1977, aumentó la estigmatización del movimiento social en la ciudad, en medio de la fuerte presencia de las guerrillas de FARC, el ELN y el M-19. La Comisión señala que en 1988 comenzó un plan para exterminar a los miembros de la USO por parte de paramilitares y miembros de la Red de Inteligencia de la Armada No. 7. “En el periodo entre 1988 y 1993 fueron asesinados 71 de sus miembros. Los años más violentos fueron 1992 con 19 asesinatos, 1991 con 17 homicidios y 1988 con 14, dentro de un total de 106 asesinatos entre 1987 a 2001”, dice el informe.

El documento también señala que desde 1991 aumentó la persecución judicial contra los miembros del sindicato y 30 de ellos terminaron en la cárcel “acusados de vínculos con los grupos guerrilleros”. Todo este contexto muestra la fuerte estigmatización que sufrían los miembros de la USO en los años previos a los hechos que rodearon la entrada del paramilitarismo en 1998.

Rutas del Conflicto habló con un investigador que hace parte de la USO, que ha documentado la violencia que ha sufrido la organización y que mantiene su nombre en el anonimato por cuestiones de seguridad. Señaló que la estigmatización que sufría el sindicato desde la fuerza pública, era la misma desde los encargados de seguridad de la empresa. “Aquí hay algo de fondo que es muy grave, es que el aparato de seguridad de Ecopetrol ha sido dirigido por militares retirados con una fuerte lógica contrainsurgente. Sabíamos que el Programa de Seguridad Industrial (PRI) de la compañía nos hacía inteligencia”, dice el investigador.

El profesor de la Universidad de Los Andes, Daniel Marín López, que investiga desde hace años la relación de las empresas con el conflicto armado en Colombia (Ver investigación de su coautoría sobre el tema, publicada en 2024), y fue asesor de la Comisión de la Verdad, señala que desde los años ochenta hasta la primera década del siglo XXI, grandes empresas extractivistas asumieron un modelo de seguridad corporativa basada en la doctrina contrainsurgente que tenían los mismos militares. “En el sector petrolero, históricamente se ha visto como una buena práctica los vínculos de las empresas con la fuerza pública y esto es muy problemático porque adaptaron la lógica del enemigo interno”, dice Marín.

En el caso de Ecopetrol, la relación con la fuerza pública era tan estrecha, que desde los noventa, existía un batallón dentro de las instalaciones de la refinería en Barrancabermeja. La petrolera también comenzó a entregar recursos directamente al Ejército, a través de convenios de cooperación para que cuidara su infraestructura en los años previos a la infiltración de los paramilitares al sindicato.

El investigador de la USO explica que, durante los años de la infiltración, continuaron las amenazas y los asesinatos contra el movimiento sindical. En 2016 la Fiscalía le preguntó a ‘Pepo’ si se había utilizado la información que “llevaba de las reuniones de la USO al capitán González” para asesinar a alguien, a lo que el exparamilitar respondió que sí, señalando el caso de Rafael Jaimes Torrá, un líder del sindicato cuyo crímen fue perpetrado en 2002 en Barrancabermeja. ‘Pepo’ aclaró que para ese entonces el exsubjefe de seguridad de Ecopetrol, González Sánchez ya no se encontraba en la ciudad, ya que había ingresado de lleno en la estructura paramilitar y se encontraba delinquiendo en el sur de Santander.

La devastación de las masacres y las desapariciones

Manuela Sidray ha buscado a su hijo Édgar Sierra durante 25 años. La última vez que lo vio fue el 28 de febrero de 1999, cuando unos paramilitares lo subieron a una camioneta y se lo llevaron, en medio de la masacre que perpetraban por varias calles de Barrancabermeja. Édgar tenía apenas 17 años y cursaba el grado noveno. “Cuando comenzaron los gritos, yo salí y ví cuando lo subieron a ese carro. Yo corrí y les rogué que no se lo llevaran, lo tuve muy cerca, pero no pude hacer nada”, cuenta Manuela.

‘Pepo’ le contó a la Fiscalía en 2016 que la masacre fue planeada por el exjefe de seguridad de Ecopetrol, el capitán del Ejército de apellido Herrera y ‘Camilo Morantes’. “Ingresamos en tres camionetas al sector nororiental de Barranca (...) se dio de baja a una o dos personas no recuerdo bien. Salimos por el barrio La Esperanza, llegamos a un punto que se llama obras públicas. Ahí, uno que iba con nosotros capturó a un muchacho y lo echó a una de las camionetas (...) Antes de salir de ese sector había una base militar (...) Nos estaban esperando, habían cuadrado con el comandante de esa base para que nos dejaran posar”, dice el documento de la Fiscalía.

Manuela Sidray junto a una fotografía de su hijo Édgar Sierra. Foto: Samara Díaz.

La vida de Manuela cambió para siempre esa tarde de domingo: sus días, llenos de incertidumbre los dedicó, uno tras otro a preguntar por su hijo, a exigir la verdad. Vendía los enseres de la casa para recorrer el Magdalena Medio siguiendo alguna pista sobre el paradero de su muchacho, mientras recibía amenazas para que dejara la búsqueda. Inclusive tuvo que abandonar Barrancabermeja ante los hostigamientos. “Muchas veces tuve que dejar a mis otras tres hijas solas. Hubo un tiempo en que me enfermé debido a todo este dolor y a la incertidumbre”, cuenta la madre de Édgar. 

Leidy Barroso Amaya es una abogada defensora de víctimas de la organización Credhos en Barrancabermeja que también fue víctima de esta masacre. Tenía tan solo tres años en 1999, cuando los paramilitares, entre los que se encontraba ‘Pepo’, asesinaron a su padre César Manuel Barroso ese 28 de febrero. Un año después, en febrero del año 2000,  

Leidy y su madre María Yesenia Amaya fueron secuestradas por los ‘paras’ como represalia por la búsqueda de la verdad sobre el asesinato. “A ella la desaparecieron y a mí me liberaron unos días después, claramente todo esto me cambió la vida. Yo hago parte de la segunda generación, la de los hijos de las víctimas, estamos en ese constante proceso de búsqueda, de verdad y de construcción de memoria”, dice Barroso.

La abogada cuenta que están a la espera de que alias ‘Pepo’ responda muchas de sus preguntas en una audiencia que tiene programada la Jurisdicción Especial para la Paz en noviembre de 2024.”Lo que está demostrado es que lo contrataron cuándo era un paramilitar, apenas un tiempo después de perpetrar la masacre. Quisiéramos saber cómo entró a Ecopetrol, porque él no fue empleado como un obrero si3no como un paramilitar, entonces nos gustaría preguntar qué funciones tenía, cuál era el sueldo que recibió”, explica Barroso.

Las víctimas de las masacres del 28 de febrero no son las únicas que buscan verdad tras los testimonios de González Sánchez y ‘Pepo’. El entramado criminal que han descrito, y que está involucrado con empleados y recursos de Ecopetrol, estuvo detrás de las 14 masacres cometidas por paramilitares entre 1998 y 2000, según la base de datos del CNMH, entre ellas las del 16 de mayo (siete asesinados y 25 desaparecidos) y el 2 de agosto de 1998 (11 asesinados) y la del 4 de octubre de 2000 (seis asesinados). Durante esos años, según la misma base de datos, fueron desaparecidas 262 personas.

El paramilitar Mario Jaimes Mejía señaló en varias ocasiones, dentro del proceso de Justicia y Paz que las víctimas de estas masacres fueron seleccionadas, la mayoría de las veces, al azar y no tenían nada que ver con la guerrilla. Según el informe Telarañas de la impunidad: las voces de la resiliencia frente a la violencia estatal-paramilitar en el Magdalena Medio, del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que ha investigado estos crímenes, la estrategia de los victimarios era producir terror generalizado entre la población, especialmente en las comunas que eran estigmatizadas como colaboradoras de la subversión. 

Por ejemplo, el otro desaparecido en la masacre del 28 de febrero, Luis Miguel Cifuentes, era un taxista que tuvo la mala fortuna de pasar con su carro por el sitio en el que los paramilitares cometían uno de los crímenes. Su esposa Alix Vélez ha tenido que vivir estos 25 años en medio de la incertidumbre, luchando por la verdad, limpiando el nombre de su esposo, señalado falsamente como guerrillero.

Lo mismo ocurre con Manuela Sidray. Cada vez que cuenta la historia de su hijo Édgar hace todo lo posible para mostrar que no tenía nada que ver con la guerrilla. Ella señala que no entiende por qué funcionarios de una empresa como Ecopetrol, con todo el poder del Estado, terminaron orquestando una masacre en la que desaparecieron a su muchacho, un jóven de noveno grado que nada tenía que ver con la guerra.

En todos estos hechos criminales los paramilitares actuaron con sevicia para sembrar el pánico entre los habitantes: hubo decapitaciones públicas e incluso, en la del 2 de agosto, una mujer embarazada fue golpeada brutalmente para que perdiera a su hijo. “Como lo expresó unos de los familiares de las víctimas del 28 de febrero: ‘Yo empecé a sentir miedo por esas personas que cometieron esta masacre a gente inocente porque pensé que me iba a pasar lo mismo’”, dice el informe del José Alvear Restrepo.

Leidy Barroso señala que la incursión paramilitar con toda esta violencia en Barrancabermeja ocurrió para proteger los intereses de la industria petrolera, por encima de los derechos humanos y la integridad de las personas que vivían en el territorio. “Toda la violencia ocurre al servicio de Ecopetrol y del mismo Estado. Toda la persecusión a las víctimas para que no se investigara, para que retiraran las denuncias, toda el sufrimiento causado por intereses económicos es lo que lo hace más triste y que desde Ecopetrol se prestara para todo esto, es denigrante”, dice la abogada y víctima de los crímenes.

La responsabilidad de Ecopetrol

Conmemoración de la masacre del 28 de febrero de 1999. Foto: Samara Díaz.

Es un hecho que la petrolera terminó contratando a miembros de grupos ilegales que, además, infiltraron el sindicato de trabajadores de la empresa. González Sánchez también ha señalado a otros altos funcionarios de crear las condiciones para el ingreso de los paramilitares al puerto petrolero, entre ellos a su propio tío, Antonio Sánchez Vargas, director de seguridad nacional de Ecopetrol; Marco Tulio Restrepo, director corporativo de seguridad y su jefe directo; y el coronel Oscar Virgüez, jefe de seguridad de la refinería de Barrancabermeja.

Toda esta información describe el involucramiento de funcionarios de distintos niveles, el uso de infraestructura y recursos de la empresa para perfilar sindicalistas, además de planear y ejecutar la entrada y consolidación del paramilitarismo en la región. Las situaciones descritas por González Sánchez y ‘Pepo’ abarcan un periodo de casi nueve años, entre 1996 y 2005, en el que se vivió el pico de violencia en la ciudad, especialmente con la incursión de las Ausac en 1998. Desde ese momento fue evidente el control de la ciudad por parte de los paramilitares, primero bajo órdenes de Camilo Morantes y luego, desde finales de 1999 bajo el control del Bloque Central Bolívar.

Surgen entonces varias preguntas sobre la responsabilidad de Ecopetrol como empresa en todos estos hechos: ¿los vínculos con estos hechos criminales se limitan a unos cuantos funcionarios o eran parte de una política no oficial de la empresa? ¿Si estos funcionarios actuaron por su cuenta, por qué la empresa no se dio cuenta del uso de sus recursos y de la relación de varios de sus funcionarios con la violencia en la ciudad? ¿Qué hizo la compañía para verificar que los militares que estaban dentro de sus instalaciones y recibían sus recursos no violaran derechos humanos?

Fabián León del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos señala que el período posterior al año 2000 es clave para entender las omisiones de diligencia debida en derechos humanos de Ecopetrol y su relación con los crímenes ocurridos antes de esa fecha. En ese año, se crean los Principios Voluntarios sobre Seguridad y DDHH. Esta es una iniciativa internacional a la que se han adherido gobiernos y empresas en todo el mundo que “promueve la implementación de una serie de principios guías para las compañías de hidrocarburos y mineras para proveer seguridad en sus operaciones, en una forma que sea respetuosa de los derechos humanos”. 

León explica que con los hechos ocurridos antes del año 2000, es difícil establecer una responsabilidad jurídica de la empresa en los hechos, ya que no había un instrumento para verificar sus obligaciones. “Con la JEP y con Justicia y Paz se han venido estableciendo unos contextos que, si bien, no generan una responsabilidad jurídica, por lo menos le señala a la empresa una responsabilidad general por la toma de decisiones que contribuyeron al incremento de la violencia”, dice el investigador.

Para el profesor  Daniel Marín, toda la información que ha salido en estas dos décadas muestra indicios de que la empresa tenía consolidada unas prácticas en su operación en las que había una permisividad hacia conductas por fuera de la ley que pudieran realizar sus funcionarios. “Es importante revisar los vínculos entre los funcionarios, que se pueda ver si en las instancias de toma de decisión realmente había un conocimiento de todo lo que estaba pasando”, explica Marín.

Víctimas de las masacres del 16 de mayo de 1998 y el 28 de febrero de 1999. Fuente: organizaciones de víctimas de Barrancabermeja.

El investigador aclara que la situación de la empresa petrolera, respecto a protocolos de derechos humanos es muy diferente en la actualidad, ya que ha certificado altos estándares en ese sentido. “Hicimos un estudio con la Defensoría del Pueblo en 2023 y vimos que la compañía ha tenido un reflejo en su estructura de inclusión de derechos humanos en la actividad empresarial, pero la duda más grande es qué va a hacer frente a la rendición de cuentas de sus deudas anteriores”, dice Marín.

Ante la información expuesta por el exjefe de seguridad González Sánchez, que confirma lo dicho en Justicia y Paz por paramilitares como ‘Pepo’, las víctimas esperan que el trabajo de la JEP contribuya a que se conozca toda la verdad de los hechos y los implicados en los asesinatos y desapariciones de sus familiares, incluyendo los directivos de Ecopetrol.

Rutas del Conflicto buscó una entrevista con los directivos de la empresa para escuchar su respuesta a los señalamientos, pero desde la oficina de prensa indicaron que no había un vocero para hablar de ese tema en particular. Insistieron en que la posición oficial de la compañía era la siguiente: “Ecopetrol nunca ha trabajado con organizaciones paramilitares ni se ha asociado de ninguna manera con tales grupos. Todas las acciones de Ecopetrol se llevan a cabo de acuerdo con la ley y el respeto de los derechos humanos. La Empresa no ha financiado ni patrocinado a ningún grupo ilegal en sus más de 70 años de historia.  No hay procedimientos legales o administrativos contra Ecopetrol, ni ha sido considerada responsable o sancionada por financiar actividades ilegales”.

*Dedicado a don Jaime Peña, que murió en 2021, después de 23 años de buscar la verdad sobre los responsables de la desaparición de su hijo Yesid en la masacre del 16 de mayo de 1998.

**Esta investigación fue realizada con el apoyo de la Heinrich Böll Stiftung en Colombia

Actualizado el: Mar, 11/05/2024 - 06:54