Por: Pilar Puentes

En la Amazonía colombiana viven dos comunidades que han trabajado por más de una década en la protección del territorio y el derecho de otros pueblos indígenas a permanecer aislados. La comunidad de Manacaro y el resguardo Curare Los Ingleses, que habitan la región del Bajo Río Caquetá (al suroriente del país, cerca de la frontera con Brasil), fueron fundamentales para que el Estado reconociera formalmente que existen dos pueblos en aislamiento voluntario en Colombia: los yuri y los passé.

Desde finales del siglo XIX, se han reportado testimonios de al menos 18 comunidades indígenas que nunca han tenido contacto con el mundo occidental, o que, tras la colonización, la fiebre del caucho y el tráfico de pieles de animales amazónicos, decidieron huir y permanecer aisladas. Pero fue solo hasta octubre de 2024, tras 15 años de los primeros indicios (unas pisadas y semillas esparcidas sobre la tierra), que el Ministerio del Interior expidió una resolución confirmando la presencia de dos de esas 18 comunidades. Ese documento no hubiera sido posible sin el trabajo de monitoreo de los indígenas vecinos. 

El territorio que habitan los Pueblos Indígenas en Aislamiento (PIA) está rodeado de amenazas que ponen en riesgo sus formas de vida: misioneros que buscan contactarlos, actores armados en disputa, narcotráfico y avance de la minería ilegal. La Defensoría del Pueblo ha emitido varias alertas sobre estos temas. La más reciente, de febrero de este año, señala el alto riesgo que generan las nuevas disputas territoriales entre los antiguos comandantes de las Farc que no se acogieron al Acuerdo de Paz de 2016: las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y el grupo de alias ‘Calarca’. 

Como aseguró Parques Nacionales Naturales a Mongabay Latam, desde marzo de 2020 sus guardaparques y funcionarios no pueden ingresar a las áreas protegidas de la zona –Cahuinarí, Río Puré y la zona norte del Parque Nacional Amacayacu– por amenazas de los actores armados. Las actividades de control las deben hacer desde la sede de Leticia, Amazonas, lo que “dificulta llevar a cabo acciones de investigación y monitoreo de la biodiversidad, limita la posibilidad de realizar recorridos de prevención, vigilancia y control, y obstruye una mejor identificación de las presiones", insistió la entidad.

Pese a las amenazas, los habitantes de Manacaro y Curare Los Ingleses han logrado crear un cordón de defensa a partir de sus conocimientos tradicionales, espirituales y culturales; pero también, recientemente, apoyados en la cartografía, el análisis de datos, los programas de georreferenciación y el uso de tecnología avanzada. Su trabajo —aunque silencioso, como una medida de protección por lo que sucede en el territorio— se mantiene hasta hoy. 

 

El río Caquetá es el medio de transporte obligado para las comunidades ubicadas en el oriente del Amazonas colombiano. Foto: Víctor Galeano.

Un trabajo colectivo 

La protección de los PIA ha significado la unión de esfuerzos entre el mundo occidental y los pueblos indígenas amazónicos. Para ello, fue clave la estrategia coordinada entre las comunidades, la Asociación de Autoridades Indígenas de la Pedrera-Amazonas (AIPEA), la Asociación de Autoridades Indígenas del Pueblo Miraña y Bora del Medio Amazonas (PANI) y la organización Amazon Conservation Team (ACT), que lidera estrategias en la defensa de los pueblos en aislamiento.  

La comunidad de Manacaro, que hace parte de la Asociación Indígena PANI, tiene un acuerdo con Curare Los Ingleses, su vecino hacia el sur, sobre el uso de 2 338 hectáreas para actividades de pesca, caza y aprovechamiento de recursos. Según Camila Gonzalez Coca, investigadora de ACT, esta franja funciona como la zona de amortiguamiento del área de conservación y protección de los PIA.

Cada mes, las comunidades se reúnen para socializar cuáles fueron los recursos naturales extraídos de la que llamaron la ‘Franja de Acuerdos’. Los encuentros son una forma de tener un control sobre el territorio, conocer el uso que le están dando y tomar decisiones que permitan que las prácticas de subsistencia y comercio de la comunidad continúen. Pero también permitieron que la población de Manacaro conociera el trabajo de monitoreo y vigilancia que hace el Resguardo Curare Los Ingleses, con el apoyo de ACT, para proteger a los PIA. 

En 2014 Manacaro decidió sumarse a esta labor de protección. Se establecieron recorridos sobre la franja compartida y se acordó realizar cada dos años una reunión para definir si era necesario modificar los límites geográficos. Hasta entonces, los recorridos de Curare Los Ingleses llegaban hasta la comunidad de Manacaro, por lo que ahora, con el apoyo de ellos, pueden monitorear un área mucho más extensa.  

“Tras la franja de acuerdos que tenemos, nos unimos en la ayuda para proteger a los hermanos aislados, porque el territorio es muy grande y la expansión geográfica no nos permite cuidar todos los frentes por donde se mueven ellos”, afirma Ezequiel Cubeo, máxima autoridad del resguardo Curare.

Los indígenas de Manacaro se ubican, además, en una zona clave. Su territorio ancestral está compuesto por el Parque Nacional Natural (PNN) Cahuinarí, el gran resguardo indígena del Predio Putumayo, así como el de Mirití Paraná y una pequeña zona de Curare Los Ingleses. Las tierras en las que habitan see conocen como Bora Miraña y están, específicamente, entre un puesto de control de Parques Nacionales en Cahuinarí (creado por la entidad en 2016 para controlar el acceso a varios ríos), y la cabaña de Puerto Caimán, el punto de vigilancia que construyó el resguardo Curare Los Ingleses en 2014.

“La propuesta de nosotros fue continuar desde el quebradón Vilsoda, por 12 kilómetros, hasta la bocana del río Bernardo”, afirma Heriberto Martínez, coordinador de Manacaro.

Los habitantes de Curare Los Ingleses, que han liderado el proceso de conservación, no viven en su territorio ancestral, sino que provienen de distintas regiones de la Amazonia. Muchos llegaron huyendo o fueron esclavizados durante las distintas bonanzas económicas (desde el caucho a inicios del siglo XX, hasta la coca a partir de 1970), por lo que comprenden profundamente lo que significa aislarse para sobrevivir.

Tradiciones espirituales y nuevas herramientas

El trabajo de monitoreo de Curare Los Ingleses y Manacaro empezó de forma análoga con la construcción de mapas a partir de su conocimiento y experiencia en el territorio (lo que los investigadores llaman cartografía social). Luego, pasó a emplear otras tecnologías digitales, como el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), que permite incluir las coordenadas precisas de los recorridos en los registros de sus libretas. Ahora, están en la etapa de familiarizarse con tablets para registrar la información en menos pasos y que esta pueda guardarse en un repositorio y enviarse a las entidades que la requieran. 

Quienes se han interesado en este tipo de herramientas digitales, también han aprendido a manejar programas complejos como QGIS y ArcGIS, y a visualizar imágenes satelitales que les ayudan a planear de manera más sencilla sus recorridos. Pueden conocer, por ejemplo, la ubicación de cuerpos de agua o las rutas que tomarán para hacer los avistamientos.

El resguardo Curare Los Ingleses se esfuerza para que desde la escuela se enseñe a los niños, con actividades pedagógicas de campo, cómo es su territorio y las actividades de conservación que se realizan. Foto: Víctor Galeano

Pero llegar a ese punto ha sido un esfuerzo de muchos años. Como recuerda Camila González, de ACT, en 2014 empezaron una serie de conversaciones con los pobladores de Curare Los Ingleses para presentarles las investigaciones que existían, desde el conocimiento occidental, sobre los aislados. “Les contamos que sabíamos quiénes eran, más o menos dónde estaban y cuáles eran esos relatos que habían recopilado los antropólogos”, afirma. 

Aunque los habitantes del resguardo ya tenían experiencia en monitoreos de fauna y habían trabajado con otras organizaciones, fue gracias a ese acercamiento que decidieron abrir la puerta para hablar de los PIA con mayor confianza y cercanía, y para trabajar juntos.

“Antes de hablar de los PIA, nosotros designamos una zona de protección y de conservación estratégica de los lagos y los salados (zonas naturales ricas en sales y minerales que se encuentran en medio de la selva) para la reproducción de especies”, asegura Darío Silva Cubeo, un líder histórico de la zona y uno de los promotores de la zonificación. En 2008, de las 212 000 hectáreas que conforman el resguardo Curare, destinaron una parte (129 408 hectáreas) como zona de conservación y otra (82 592 hectáreas) como zona de aprovechamiento.

En la zona de conservación tenían, por ejemplo, un proyecto para monitorear y proteger al caimán negro (Melanosuchus niger). Aunque en ese entonces desconocían el estado de conservación de la especie, sabían que su población era escasa debido a las sucesivas fiebres por la caza de pieles que ocurrieron mucho antes de que les adjudicaran el territorio indígena en 1995.

Allí construyeron una cabaña, Puerto Caimán, su puesto de control en uno de los brazos del río Caquetá. Desde ese lugar podían hacer recorridos hacia los saladeros, a donde llegan las dantas (Tapirus terrestris) y otros animales para alimentarse, o hacia las enormes concentraciones de cedros (Cedrela odorata) que en los años 90 fueron ampliamente explotados por colonos. “Todo empezó por recuperar el territorio”, dice Silva. 

Tras confirmar la presencia de pueblos en aislamiento, el puesto de control también se convirtió en una oportunidad para resguardar a sus vecinos.

“Nosotros llegamos a abonar su trabajo [de Curare Los Ingleses y Manacaro] con más infraestructura, logística y personal, para que pudieran fortalecerlo. No solo para las especies y los lugares que ellos ya venían vigilando, sino también para los PIA y el monitoreo de amenazas al río Caquetá”, asegura la investigadora de ACT. 

Además de las nuevas tecnologías, las comunidades han logrado proteger a sus ecosistemas, especies y vecinos en aislamiento desde los procesos de educación propia. Durante los recorridos, las mujeres de Manacaro educan a sus hijos sobre el territorio. En el  resguardo Curare, a los más pequeños les enseñan la historia del lugar que habitan, hacen excursiones al río Caquetá y, además, les muestran los sitios más importantes para la protección de los vecinos aislados y de los animales en peligro. 

En la escuela de Curare los niños reciben formación primaria por parte de profesores locales, además de la educación ambiental que ha sido incluida en los programas por decisión del resguardo. Foto: Víctor Galeano

Antes de los recorridos, un abuelo —autoridad tradicional de la comunidad— viaja hasta Puerto Caimán y realiza varios rituales en la maloca para proteger a la familia que irá, durante ese mes, a hacer los recorridos de vigilancia. El abuelo, desde lo espiritual, también se comunica con los aislados para conocer cómo se encuentran y si deben atender algún sitio en particular. 

Como afirma Ezequiel Cubeo, es indispensable que “el abuelo haga la prevención, desde la parte cultural, para que los vigías lleguen al sector. En el caso de que el abuelo encuentre en su pensamiento que la familia no puede ir, se respeta ese mandato”.

Redes que llegan más lejos

Las alianzas fortalecieron las capacidades de los indígenas para registrar las amenazas en su territorio. Ahora, desde Curare, pueden realizar trayectos más amplios en lanchas con motores de baja potencia. ​​Al principio solo registraban animales grandes, como los micos maiceros, los puercos, las dantas, los paujiles, tucanes, nutrias y lobos. “Ahora se incorporaron otros sentidos. Por ejemplo, qué animales escuchan”, dice Camila González de ACT. 

Con el paso de los años, el registro de amenazas y observaciones ha aumentado y se ha vuelto más detallado. Ya no solo se escribe el animal que se ve o se escucha, sino que también se incluye cuántos individuos hay y qué están haciendo. Además, se notifica la presencia de cualquier embarcación, huella humana, cazador o pescador que no pertenezca a las comunidades. Gracias a ese detalle, desde que empezó la vigilancia se han detectado dos situaciones que estarían relacionadas con los aislados: la primera, una fogata a orillas del río; la segunda, humo selva adentro. 

Los indígenas de Manacaro, a diferencia de los de Curare, no deben desplazarse un mes a la cabaña. Por la disposición del territorio, quienes se encargan del trabajo que empezó en 2017 con ACT son, en su mayoría, mujeres que navegan por el río haciendo avistamientos de animales y registro de amenazas. Salen de sus casas en la mañana y pueden regresar en la tarde.

La Comunidad de Manacaro recorre 12 kilómetros para registrar amenazas al territorio. Foto: Cortesía Comunidad de Manacaro.

La iniciativa, que empezó como una forma de monitorear los peligros que amenazan a los PIA, llevó a que las mujeres tomaran roles que no eran tradicionalmente de ellas. Como señala la investigadora de ACT, las indígenas son indispensables para consolidar la iniciativa de protección. “Se convirtió en la oportunidad de mostrarles a sus hijos el territorio y de que los hombres se dedicaran a sacar madera, pescar y realizar otras actividades de aprovechamiento. Ellas, desde su lugar de protección, podían ganarse un sustento económico y aportar a sus comunidades”, afirma. 

Recientemente, las mujeres han empezado a trabajar en Excel y han aprendido a organizar datos. “La idea es facilitar el análisis. Es importante que ellos tengan esa información, no solo porque es suya, sino porque también les sirve para tomar decisiones”, reitera Camila González.

Aportes para la toma de decisiones

En 2018, ante las peticiones de organizaciones indígenas y de la sociedad civil para reconocer la presencia y garantizar la protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento, el Ministerio del Interior publicó un decreto con una serie de medidas para resguardarlos. Entre esas, estaba la creación de la Comisión Nacional de Prevención y Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento (CNPIA). 

Como explica David Novoa, coordinador territorial de los PIA en ACT, el comité es también “la instancia para tomar decisiones y conocer cómo está la protección territorial de estos pueblos. Además, permite llevar lo comunitario a un espacio de toma de decisiones interinstitucional e intergubernamental”. 

Isla de Puerto Caimán en la zona de conservación del resguardo Curare Los Ingleses. Foto: Victor Galeano.

 

Por eso, el líder indígena Darío Silva espera que los resultados de estos procesos de monitoreo sean tenidos en cuenta en el CNPIA. “Queremos que la información recolectada contribuya a la proyección del territorio, de los pueblos yuri-passé y de los otros 16 pueblos en estado natural de los que se tiene indicios de su existencia”. 

Según la investigadora González, están armando la estrategia de articulación para que la información local se sume a lo que se hace a nivel departamental y nacional y aporte a la toma de decisiones. 

Esa articulación es la que permite tomar acciones, como la medida cautelar que gestionó la Unidad de Restitución de Tierras —entidad que protege los derechos territoriales de víctimas del conflicto armado y busca devolverles las tierras que fueron despojadas y abandonadas— en 2023 y que ordenó mecanismos de protección para los yuri-passé y sus comunidades colindantes, tras el aumento de la minería sobre el río Puré.

Como lo explica la asesora territorial de ACT, Juana Hoffman, “los monitores comunitarios están en mejores condiciones de rastrear la biodiversidad y las presiones ambientales, pues son quienes están permanentemente en el territorio. Estos datos ayudan a las comunidades asociadas a actuar rápidamente ante las crisis, como las incursiones de mineros ilegales, e informar las decisiones internas sobre la gestión territorial”.

Por eso, mientras la violencia y las disputas territoriales entre actores armados aumentan en la zona, los habitantes de Curare Los Ingleses y Manacaro continúan trabajando por respetar el derecho de otros pueblos indígenas de permanecer aislados. El ejercicio que han hecho, con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, podría servir de ejemplo y replicarse en otras comunidades colindantes con estos pueblos, como en el territorio de Arica, al sur del Putumayo, en la frontera con Perú y Brasil.

*Este reportaje es una alianza periodística entre Rutas del Conflicto y Mongabay Latam.

 

 

 

 

 

Actualizado el: Mar, 05/06/2025 - 08:13

¿Pueden los Ejércitos y sus estructuras dedicadas a la inteligencia militar violar mujeres y torturarlas impunemente? En Colombia sí. Bajo la idea del enemigo interno se persiguió a mujeres sistemáticamente y se les torturó hasta la muerte. La familia de Nydia Érika Bautista —mi madre— denunció este hecho durante años, ante todas las instancias judiciales nacionales e internacionales. Los responsables de las investigaciones no han hecho justicia para Nydia en 38 años. El año pasado, el 21 de junio de 2024, un ex agente de inteligencia denunció en la prensa un plan de exterminio a opositores del gobierno entre los que se mencionó a Nydia Érika. El pasado 4 de abril, el mismo medio de comunicación publicó un video de Bernardo Alfonso Garzón Garzón en el que detalla la detención “ilegal”, la tortura y el asesinato de Nydia Érika. El video es parte de la audiencia como compareciente ante la jurisdicción Especial de Paz.

Este fragmento fue obtenido por una emisora y publicado en sus redes sociales y en su página web. Lo mismo había sucedido con la declaración de José Dorado. Los periodistas del medio tienen acceso a información que hace parte del proceso cerrado de justicia que adelanta la JEP. Mis preguntas son: ¿cómo obtienen esa información que debe ser custodiada y protegida  por la JEP? ¿Quiénes y con cuáles intereses comparten esta información con esos periodistas? ¿Tiene esa emisora algún interés en hacer pública las declaraciones de agentes de inteligencia que involucran no solo a los comparecientes sino a militares que llegaron a Generales de la República? ¿Se ha planteado el medio de comunicación el impacto que tienen estas declaraciones en la familia de la víctima o solo les mueve el morbo y la necesidad de ‘me gustas’? ¿Es esto periodismo responsable para la construcción de paz y los derechos de las víctimas? ¿Qué papel tiene la JEP a la hora de proteger a las víctimas en procesos que deberían ser cuidados por la crudeza y gravedad de las confesiones? ¿Aceptarán los otros comparecientes las implicaciones del testimonio de los ex agentes José Dorado y Bernardo Garzón Garzón? ¿En cuántos años lograremos una verdad completa? Y, por último, ¿de qué nos sirve a las víctimas la verdad sin hechos de justicia?

Cuando hablamos de derechos humanos se pide verdad, justicia, reparación y garantias de no repetición. Garzón Garzón ya lleva 7 años como compareciente ante la JEP. En la Justicia ordinaria el caso no avanza y el Consejo de Estado calla desde hace más de una década. Así una verdad sin justicia, filtrada y fragmentada, es publicada en las noticias. No puedo ni referirme a la reparación que, según las leyes y los discursos de paz, es imprescindible. A una familia como la mía por marcharse al exilio después de las amenazas y los atentados contra nuestras vidas le han entregado como reparación una cantidad cercana a los 1.000 dólares. Las garantías de no repetición nunca se han dado y, de hecho, como confesó José Dorado, el plan de exterminio que jamás ha concluido incluía a toda la familia Bautista.

En otro plano está la reacción de la sociedad que hace eco de la narración del declarante. Personas que replican la noticia y no comentan nada, simplemente comparten el mensaje del compareciente. Conocidos que me mandan la filtración como si no la llevara clavada en alguna parte invisible de mi alma. Yo me pregunto si este contenido debe compartirse así, sin un comentario, sin una toma de posición, sin una expresión ante lo que es publicado por el medio de comunicación. En otro nivel están los que justifican los hechos, los que toman posiciones ofensivas y permeadas por el odio ¿No es esto amplificar el horror y la perspectiva de los criminales?

El consumo de cadáveres sistemático en medios masivos de comunicación normaliza la muerte violenta y se naturalizan los hechos de violencia que les preceden, de tal manera que una muerta más no afecta al colectivo, no hay referencia a la humanidad perdida. Sólo se amplifica la magnitud del hecho victimizante. No aparecen tampoco los cuestionamientos que nos llevan a pensar en las otras víctimas a las que la violación de varios derechos humanos se les infringieron con total impunidad. La impunidad alienta a los perpetradores de crímenes a seguir en sus prácticas de tratos crueles bajo la doctrina de la Seguridad Nacional.

Estos niveles de guerra psicológica han traspasado generaciones y el nombre de Nydia Érika Bautista se ha asociado en distintos lugares de Bogotá y del mundo a la figura de la víctima de Estado.

La desaparición forzada de Nydia Érika ha motivado a cientos de personas en el mundo a pronunciarse contra el crimen. En Alemania existió un asociación que lleva su nombre, en las oficinas de Pan para el Mundo en Berlín hay una sala de conferencias que conserva su memoria. En Colombia ha sido objeto de estudio en derechos humanos en distintas facultades. Una fundación que busca a personas desaparecidas lleva su nombre y ha impulsado una ley para que sean reconocidos los derechos de las mujeres que buscan a personas desaparecidas. Artistas de la ciudad han pintado su nombre y rostros en distintas oraciones en las paredes de la ciudad en los últimos 15 años.  Poetas del mundo han escrito alrededor de 300 poemas en su memoria en el concurso La Luz de Mirada. Algunos grupos musicales, como Desarme Rock social y Resgestae y el Sistema Sonoro Skartel en Bogotá, le han dedicado canciones y las mencionan en sus álbumes. Una decena de documentales y audiovisuales han contado lo que sucedió con ella. Hace parte de la memoria colectiva de la ciudad de Bogotá como parte de la Cartografía de la memoria de la ciudad.

En vida Nydia fue una amante de la literatura, estudió sociología en la Universidad Nacional de Colombia y Economía en la Universidad Central, fue tesorera de la Lotería de Bogotá y del Instituto Nacional de Radio y Televisión, donde hizo parte del Sindicato. Al vincularse la M-19 promovió los diálogos de paz entre el Gobierno y el movimiento insurgente. En mayo de 1986 sufrió torturas tras una detención en Cali. Allí le hicieron firmar una confesión de su vinculación y conocimientos sobre el M-19. Cerraba el documento con una constancia de buen trato y colaboración. Los militares se sintieron burlados por Nydia Erika, por eso la persiguieron para castigarla nuevamente. Una docena de hombres vinculados al Batallón de Inteligencia y Contra Inteligencia del Ejército participó del operativo. En su detención, tortura, violación sexual, asesinato y ocultamiento del cadáver. Parte de ellos buscan evitar la cárcel aportando una parte de verdad 38 años después de ocurridos los hechos dicen con sangre fría qué fue lo que hicieron con Nydia Erika. Trocitos de verdad que no sirven para nada, que sólo duplican el crimen de lesa humanidad. Lo sucedido es la metáfora de la normalización de la revictimización que en Colombia se ha convertido en rutina. También cuando se celebra —en teoría— el día de las víctimas.

Actualizado el: Vie, 04/11/2025 - 16:55

“Una noche por teléfono Andrès (Narvaez) me confesó que tenía dos sueños, uno de ellos era hacer una película sobre su historia”, recuerda Jorge Pérez Aldana, el director del documental La Europa. Desde 2021, este líder campesino del departamento de Sucre y este antropólogo de formación se hablaron regularmente sobre la posibilidad de hacer de la vida de Andrés, un documental. Cuatro años después, nació este proyecto casi autofinanciado que se presentó en el Festival de Cina de Cartagena

Con una voz rápida pero precisa, Andrès Narvaez declara: “Es cierto que tenía este sueño, el de hacer una película, simplemente para inmortalizar y mantener una especie de herencia de todo esto”. A pesar de la llegada del conflicto armado a su región, a mediados de los años 80, Andrès siempre se negó a abandonar sus tierras, y todavía lucha por la restitución de las 1.321 hectáreas de terreno de la hacienda La Europa. Allí fue víctima de un intento de asesinato en 2014 y fue obligado a exiliarse durante unos meses en España, en Asturias.

Es lejos de Colombia, de la hacienda La Europa, en las montañas nevadas de la otra Europa, la de Asturias, donde Jorge Pérez Aldana filma sus primeras imágenes. Va a donde estaba Andrès Narvaez durante estos pocos meses de exilio. “Es en este momento que se convirtió en un gran compositor, se alimentó de esta nostalgia como para su canción Me voy para la Europa, que es una de las canciones más famosas”, dice Jorge Pérez Aldana.

Andrés dice que este gusto por la música lo “heredó” de su familia y más particularmente de sus tíos, también cantantes y a los que considera “poetas”. “Les traía ron y los emborrachaba para oírlos cantar”, recuerda. Así es como comienzó a componer su música. Después del intento de asesinato del que fue víctima en 2014, su arte se conviertióen un canto de resistencia, unna lucha por la tierra

Esta resistencia tiene su origen en el conflicto armado colombiano, bien arraigado en esta región de Colombia. En 1969, el entonces presidente Carlos Lleras Restrepo, compró 1.321 hectáreas de tierra en los Montes de María y se las dio a 114 familias, que formaban la Asociación de Campesinos y Campesinas de la Finca La Europa. Estas  familias vivieron pacíficamente hasta los años 80.

La presencia de guerrillas aumentó en la región para la época y muchos campesinos que trabajaban la tierra, desde entonces, fueron desplazados por los enfrentamientos entre las FARC, los paramilitares y las fuerzas del orden. Andrés Narváez fue uno de los muchos que huyeron de la violencia. En diez años, 15 campesinos de Europa fueron asesinados. La proporción de desplazamientos forzados era tal que en 2005 sólo cinco familias vivían en la propiedad.

Tras las desmovilizaciones de los ‘paras’, ocurrida entre 2004 y 2006, algunos habitantes de La Europa regresaron al predio. En los dos años siguientes, la hacienda volvía  a tener familias que habían regresado y  nuevos campesinos. En la misma época, representantes de una empresa que se hacía llamar Arepas Don Juancho, aparecieron en la zona comprando predios de algunos ocupantes, muy por debajo del valor comercial de la tierra.

Andrès nunca cedió a las amenazas que comenzó a recibir en ese momento. “Siempre me aseguré de defender los derechos de los campesinos, mataban a inocentes, había que hacer algo”, dice Andrés. Nunca aceptó vender sus tierras a esos empresarios a pesar de las intimidaciones,s. Hoy en día, Andrès se desplaza todavía con un guardia para garantizar su seguridad.

La música como lucha

“Vivimos en una época en la que aumenta el odio, el sectarismo y las divisiones, quería que esta película pudiera reunir a un uribista y a un petrista”, subraya Jorge Pérez Aldana. A través de su música, Andrés ilustra bien este deseo del director de reunirse. “A menudo digo que mejor cantar que señalar”, dice Andrés Arvaez.

Últimamente, la lucha de Andrés y otros líderes de la región ha dado sus frutos. En el marco de un comité de justicia transicional celebrado el pasado mes de diciembre en la Alcaldía de Ovejas, el Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC) de las 114 familias que forman parte de la comunidad campesina de la Finca La Europa, establecida en los Montes de María como Sujeto de Reparación Colectiva fue aprobado por unanimidad por los actores institucionales y comunitarios convocados. El importe de la compensación asciende a más de 5.000 millones de pesos.

Es el amor por esta historia, y el apego de Jorge Pérez Aldana a su país lo que le ha llevado a embarcarse en este lproyecto, casi totalmente autofinanciado. Originario de Bucaramanga, Jorge escribió su tesis en Antropología sobre el conflicto armado en el Catatumbo. “Mi padre, mis abuelos todos son de Catatumbo, y también quería hacer esta película que pudiera llegar a estas regiones que las personas afectadas por este conflicto pudieran intercambiar con Andrés”, subraya. “Yo siempre he querido hacer cine para que mi mamá lo entienda”, añade.

Actualizado el: Mar, 04/08/2025 - 18:44

Por: Gwendolin Weber

En el año 2024, el CICR documentó 382 casos de violaciones al Derecho Internacional Humanitaria (DIH) en los ocho conflictos armados activos en Colombia, según su clasificación. 44% de estos casos correspondieron a actos cometidos contra la vida, la integridad física y mental de personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitaria, 33% se relacionaron a la conducción de las hostilidades y la falta de proteger a la población civil y los restantes 23% afectaron a los servicios básicas en las comunidades. 

Cifras alarmantes y nuevas dinámicas de violencia 

Según Hamilton uno de los aspectos más preocupantes es el aumento del 89% en las víctimas de artefactos explosivos con 719 personas heridas o fallecidas, 482 de ellos eran personas civiles. Es la cifra más alta desde 2016. Además, el CICR registró 252 casos de desaparición forzada, aunque advierte que esta cifra no representa la totalidad del país.

El uso de drones en los conflictos armados también fue un tema en la rueda de prensa llevada a cabo el 27 de marzo de 2025. Katherine Weir, coordinadora de la Unidad Jurídica del CICR, explicó que estos dispositivos son utilizados principalmente para transportar armas, lo que plantea nuevos desafíos en la aplicación del DIH y la protección de la población civil. 

En el 2024 se documentaron cinco homicidios, 201 casos de violencia a la asistencia a la salud en el país, incluyendo amenazas contra médicos y enfermeros, ataques a ambulancias. Estos incidentes ocurrieron en 16 departamentos, un aúmento de las zonas en ese año. 

También el desplazamiento forzado sigue siendo una de las principales consecuencias del conflicto armado. En el 2024 el CICR registró a 117.967 personas desplazadas de manera individual y a 41228 personas desplazadas en eventos masivos. Además, 88.874 personas fueron confinadas debido a la presencia de grupos armados, un incremento del 89% en comparación con 2023 y la cifra más alta de personas confinadas en los últimos ocho años.

Impactos en la Infancia y Reclutamiento Forzado de Menores

Desde 2018 el CICR está advirtiendo que la situación humanitaria continúa empeorando año tras año. Especialmente, el impacto en los niños, niñas y adolescentes de los conflictos armados es cada vez más preocupante. 

Hamilton explicó que el tema está vinculado a las desapariciones de niños y adolescentes y que el CICR no solamente está documentando el reclutamiento forzado de los menores de edad, sino también la violencia sexual, heridas o muerte en combate contra los niños, niñas y adolescentes en contextos de guerra. Subrayó que “cada forma de reclutamiento forzado está absolutamente prohibida por el Derecho Internacional Humanitario”. Sin embargo la dificultad de documentar estos casos sigue siendo un obstáculo para la acción humanitaria, ya que está relacionado también al miedo y la estigmatización de denunciar.

Salah Bezeghiba, jefa de Programas del CICR, explicó que, aunque el Comité no tiene un mandato específico sobre infancia (como UNICEF), sus equipos trabajan en iniciativas de protección dentro de instituciones educativas y en proyectos comunitarios para mitigar el impacto del conflicto en los menores. “Pero estos esfuerzos son apenas una gota en el agua ante la magnitud del problema en Colombia”, reconoció.

La llamada urgente del Comité

El Comité llamó a todos los actores armados que respetan el Derecho Internacional Humanitario y que tomen medidas inmediatas para proteger a la población civil. Entre las principales preocupaciones están la prevención del reclutamiento infantil y la erradicacion de la violencia sexual en el marco de los conflictos armados. “Hoy en día insistimos a todos partes del conflicto a tomar medidas inmediatas”, afirmó Hamilton. 

Además, se destacó la labor humanitaria del CICR en Colombia, que en 2024 benefició a casi 160.000 personas, de ellos 707 familiares recibieron informaciones sobre sus seres queridos desaparecidos y 19.000 personas recibieron capacitaciones para mitigar el riesgo de accidentes con artefactos explosivos.

A pesar de la difícil situación, Katherine Weir resaltó algunos avances, como el diálogo con actores armados para mejorar el cumplimiento del DIH y la creación de una comisión nacional para implementar mejor el derecho internacional humanitario. “Esperamos que estos esfuerzos tengan un impacto real en la protección de la población civil” concluyó. 

 

 

Actualizado el: Mié, 04/02/2025 - 13:02

Buque petrolero Anrietta descarga productos derivados del petróleo en Georgetown, Guyana. Foto: Victor Moriyama/InfoAmazonia

La Amazonía concentra gran parte de los recientes descubrimientos de petróleo y gas alrededor del mundo, consolidándose como una nueva frontera global para la industria de combustibles fósiles. 

Casi una quinta parte de las reservas mundiales halladas entre el 2022 y 2024 se encuentran en la región, principalmente frente a las costas del norte de Sudamérica, entre Guyana y Surinam. Esta riqueza ha despertado un creciente interés internacional, tanto por parte de las empresas de la cadena petrolera como de países vecinos; Brasil, por ejemplo, ya tiene planes para explotar su propia costa norte. 

En total, la región amazónica tiene alrededor de 5.300 millones de barriles de petróleo equivalente (BPE) de los casi 25.000 millones descubiertos globalmente en el periodo, según nuestro análisis basado en información de Monitor de Energía Global, que recolecta datos sobre infraestructuras energéticas en todo el mundo. 

“La Amazonía y los bloques offshore cercanos representan una gran parte de los recientes descubrimientos de petróleo y gas en el mundo”, afirmó Gregor Clark, coordinador del Portal Energético para América Latina, una plataforma vinculada al Monitor de Energía Global. Para él, este avance, sin embargo, “es incompatible con las metas internacionales de reducción de emisiones y conlleva consecuencias ambientales y sociales significativas, tanto a nivel global como local”.

Además de las reservas ya identificadas, la Amazonía concentra una gran proporción de zonas aún subexploradas en Sudamérica. La región concentra 794 bloques de petróleo y gas, que son áreas delimitadas oficialmente para la exploración, pero sin garantía de la existencia de recursos. Casi el 70% de estos bloques en la Amazonía están en fase de estudio  u oferta al mercado; en otras palabras, aún son improductivos. 

Por el contrario, el 60% de los cerca de 2.250 bloques sudamericanos fuera de la región amazónica ya tiene concesiones —permisos para la exploración y explotación de recursos— consolidando la Amazonía como una vía bastante promisoria para la expansión de la industria petrolera. Esto es lo que revela nuestro análisis basado en datos de los países amazónicos compilados hasta julio de 2024 por el Instituto Internacional Arayara, que monitorea las actividades petroleras en la región. De todo el territorio amazónico, apenas la Guayana Francesa no tiene bloques petroleros, porque los contratos están prohibidos por ley desde 2017. 

La nueva oleada del petróleo pone en peligro un ecosistema esencial para el equilibrio climático global y las personas que viven en él, justo cuando el mundo intensifica su debate sobre la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles. 

“No sirve de nada hablar de desarrollo sostenible si seguimos explotando petróleo”, afirmó el líder indígena guyanés Mario Hastings. “Necesitamos un cambio real que incluya a las comunidades indígenas y respete nuestros derechos”.

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En el primer capítulo de esta serie periodística, el proyecto transfronterizo Hasta la Última Gota investiga la nueva ofensiva petrolera en la Amazonía. El trabajo de reportería conducido por InfoAmazonia, en colaboración con GK, Ojo Público y Rutas del Conflicto, exigió un gran análisis de datos, decenas de entrevistas y trabajo de campo en cinco países: Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana y Perú, que representan más del 80% de la región amazónica.

A lo largo del último año, este amplio esfuerzo periodístico ha mapeado los daños socioambientales causados por más de 50 años de actividad petrolera en la Amazonía y los riesgos de nuevas operaciones. La investigación también ha explorado los engranajes económicos y políticos que alimentan las expectativas en torno al sector petrolero.

Abundante en recursos naturales, la Amazonía difícilmente ve los beneficios de su explotación. Al contrario: la serie demuestra que, al paso que la mitad del petróleo sudamericano se destina a economías extranjeras y las regalías generan más desigualdad que progreso local, lo que queda en la región es apenas deforestación y aguas contaminadas. 

Mientras las petroleras planean extraer hasta la última gota de petróleo de la selva tropical y su zona costera, el sector sobrepasa áreas de conservación y territorios indígenas. En la Amazonía, 81 bloques con concesiones están dentro de 441 tierras ancestrales, y otros 38 cruzan el límite de 61 áreas de conservación. Además, sumando los bloques aún en oferta o estudio, 114 se encuentran en tierras indígenas y 58 en áreas naturales protegidas, según el análisis del proyecto.

Bloques con concesiones en la Amazonía invaden los límites de
441 tierras indígenas
61 áreas de conservación
totalizando casi 50.000 km² afectados en áreas protegidas 

Este movimiento expansionista —que mantiene el modelo extractivista que reina desde la colonización europea de América— se vale de acuerdos desfavorables para las poblaciones locales, provoca conflictos internos en las comunidades afectadas y atrae a grupos armados a zonas ricas en recursos naturales que carecen de servicios y asistencia estatal. 

Costa amazónica: la nueva fiebre del petróleo

Guyana, una pequeña y hasta ahora discreta nación sudamericana, se ha convertido en el epicentro de los recientes descubrimientos mundiales de petróleo, erigiéndose en la “nueva Dubai” del petróleo, expresión utilizada sobre todo por representantes de empresas extranjeras recién llegadas al país.

El petróleo ha llevado a su población a ser testigo de un boom económico, pero también a enfrentarse a retos como el aumento de la inflación y de la desigualdad. Al mismo tiempo, las operaciones de la cadena petrolera amenazan el 90% del territorio guyanés aún cubierto por la Amazonía. 

“El mundo avanza hacia un futuro sin combustibles fósiles, pero Guyana se abre al petróleo y al gas”, afirmó la ecologista guyanesa Sherlina Nagger. “Nuestros dirigentes están en el lado equivocado de la historia”. 

Además de Guyana, los recientes y también llamativos descubrimientos en el vecino Surinam han resucitado el interés por el margen ecuatorial, una franja costera de miles de kilómetros ocupada casi totalmente por el bosque amazónico.

En la región, Venezuela ha renovado su interés de anexar la región de Esequibo: el territorio guyanés disputado por los imperios español y británico en el siglo 19 ha vuelto a convertirse en foco de tensiones por su potencial petrolero.

Brasil, por su parte, que alberga la mayor parte de esa zona estratégica, se enfrenta a obstáculos para explorarla. Eso incluye un historial de perforaciones nada exitosas desde la década de 1970 y, más recientemente, los rechazos de la agencia ambiental brasileña a los pedidos de la estatal Petrobras para explorar el bloque 59, ubicado en la desembocadura del río Amazonas. 

 

Mapa  del margen ecuatorial brasileño 

 

Más del 92%de los bloques amazónicos offshore

están en fase de estudio u oferta al mercado

En mayo de 2023, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) rechazó la solicitud de Petrobras para explorar el bloque. El dictamen del organismo, firmado por 26 analistas y otra vez confirmado en febrero de 2025, señalaba fallas en los planes de emergencia de la empresa, lo que supondrían riesgos para los sensibles ecosistemas amazónicos. Esta región alberga la mayor superficie continua de manglares del mundo y un gran sistema de arrecifes con un importante potencial científico y ecológico.

Los investigadores también advierten sobre las graves amenazas para el clima. “Abrir nuevas áreas para la exploración de petróleo en la Amazonía va en contra de las recomendaciones del Acuerdo de París para limitar el calentamiento global”, criticó Philip Fearnside, científico del Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonía de Brasil. “Además, los riesgos de derrames de petróleo en esa región serían catastróficos”. 

A pesar de los riesgos, el interés de Petrobras por explorar el margen ecuatorial no ha cambiado. A inicios de 2024, el entonces presidente de la petrolera, Jean Paul Prates, afirmó que la compañía extraería “hasta la última gota de petróleo” del país. 

Tras una serie de conflictos internos en el gobierno brasileño, Prates fue sustituido en mayo de 2024 por Magda Chambriard, que fue durante cinco años directora general de la Agencia Nacional del Petróleo. Cuando asumió el puesto, Chambriard demostró que la empresa seguía decidida a seguir adelante con su plan estratégico. “No podemos renunciar al margen ecuatorial”, afirmó.

Haciéndose eco de la postura de Chambriard, las principales autoridades del gobierno brasileño han expresado su apoyo a la explotación petrolera. Fernando Haddad, ministro de Hacienda, pide “toda la prudencia posible” para garantizar una exploración segura, mientras que Alexandre Silveira, ministro de Minas y Energía, ha sugerido que Guyana está “chupando el petróleo” de la región ante la posición inerte de Brasil.

A pesar de los diferentes tonos entre las autoridades, la defensa de la explotación de la zona usa un argumento en común: el desarrollo de la economía local a través de regalías, cánones y creación de empleo. En suma, la explotación petrolera ya se considera un camino inevitable.

“Vamos a explorar el margen ecuatorial, no hay razón [para no hacerlo]”, dijo el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en una entrevista en junio de 2024.

Bajo presión política, la ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático, Marina Silva, ha reafirmado que la decisión de Ibama, vinculado a su ministerio, debe ser “técnica”. La ministra también resaltó la importancia de seguir los expedientes de la agencia para evitar daños medioambientales “irreparables” en la región.

El margen ecuatorial brasileño ya está completamente delimitado por bloques petroleros, aunque sigan inexplorados, según nuestro análisis. Además de eso, el 92% de los bloques offshore (en alta mar) de la Amazonía aún están en fase de estudio u oferta.

El petróleo latinoamericano es fuertemente destinado al mercado externo, según datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep). Actualmente, al menos la mitad de la producción se exporta, principalmente a Estados Unidos y China, y se espera que las exportaciones aumenten progresivamente en las próximas décadas. 

Los datos de la Opep no incluyen la producción en la región amazónica. Sin embargo, el hecho de que tenga muchas reservas sin explotar sugiere que el ecosistema también podría desempeñar un papel creciente en el suministro internacional de petróleo.

Ecuador y Perú: un legado de explotación y daños

Mientras la exploración petrolera da sus primeros pasos en la costa norte sudamericana, países como Ecuador, Perú y Colombia ya llevan décadas extrayendo petróleo en el interior de la Amazonía. Aunque la actividad ha contribuido con sus economías durante muchos años, también ha profundizado la destrucción de ese gran ecosistema.

En Ecuador, el petróleo representa más del 7% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, pero su explotación ha presentado un promedio de dos derrames semanales en los últimos años. Entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de abril de 2022, se registraron 630 derrames, de los cuales 97% fueron causados por empresas estatales del país.

En la Amazonía ecuatoriana, los accidentes se repiten desde los años 1970, cuando la empresa estadounidense Texaco (ahora Chevron) abrió la primera gran frontera del petróleo en la selva amazónica. En aquel momento, la petrolera provocó graves derrames y eliminó residuos tóxicos de forma inadecuada, contaminando ríos y suelos y afectando a las comunidades. Ese caso se ha convertido en uno de los más emblemáticos sobre daños medioambientales asociados a la industria petrolera en el mundo. 

A pesar de afirmar que ha reparado sus impactos, Texaco sigue siendo demandada ante tribunales por grupos indígenas. Cuando la concesión de la empresa estadounidense se acabó en la década de 1990, la estatal Petroecuador se hizo cargo de sus operaciones, ampliando la producción y perpetuando los impactos.

 

 

Gráfico de bloques por petrolera en Ecuador comparado con otros países amazónicos

En la actualidad, Petroecuador es la principal responsable por el desarrollo de áreas petroleras en la Amazonía ecuatoriana. Nuestro análisis muestra que la empresa gestiona 24 bloques de petróleo y gas, el mayor número dentro de Ecuador y el segundo entre los países amazónicos, apenas por detrás de la empresa brasileña de gas natural Eneva.

Entre las operaciones de Petroecuador se encuentra el polémico Bloque 43 en el Parque Nacional Yasuní, con una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo y presencia de pueblos indígenas en aislamiento. En agosto de 2023, un referéndum histórico determinó el fin de la actividad petrolera en el parque. Al gobierno ecuatoriano se le dio el plazo de un año para poner fin a las actividades, pero durante este tiempo casi no avanzó, limitándose a crear una comisión para supervisar las acciones aprobadas en la consulta popular.

“Están violando lo más importante que tiene cualquier sistema democrático: la voluntad de los ciudadanos”, criticó Alex Rivas Toledo, antropólogo y autor de un libro sobre los pueblos aislados del Yasuní. 

La explotación petrolera en el parque nacional no es una excepción, sino más bien una tendencia preocupante en Ecuador. En total, ya se han concedido 21 bloques dentro de áreas de conservación de la Amazonía ecuatoriana, lo que suma más de 7.000 km², la mayor superficie superpuesta entre los países analizados.

 

Gráfico con clasificación de bloques petroleros dentro de áreas protegidas en la Amazonía

De las 15 nacionalidades indígenas de Ecuador, 11 se encuentran en la Amazonía, donde sus territorios también entran en conflicto con los proyectos petroleros. Los bloques concedidos en el país afectan a 207 territorios indígenas, de nuevo el mayor número entre los países analizados, con una superposición de casi 21.000 km² en la Amazonía.

Perú ocupa el segundo lugar, con casi 14.000 kilómetros cuadrados de bloques petrolíferos que se superponen a 143 tierras indígenas. Esta realidad afecta principalmente a las naciones Kichwa, Waorani y Achuar, presentes en ambos países. 

Los Kichwa y los Waorani viven en el Yasuní, mientras que los Achuar están en el estado peruano de Loreto, uno de los mayores productores de petróleo y gas del país. Aunque esta región peruana tiene los mayores ingresos por canon petrolero del país, sus poblaciones, incluidas las indígenas, se enfrentan a la pobreza y a la falta de servicios, como el acceso a asistencia de salud.

Los habitantes de Loreto llevan desde la década de 1970 conviviendo con los impactos de las petroleras. Por su vez, los territorios Achuar se cruzan con los bloques 8 y 192, algunos de los más antiguos del Perú y también con más multas ambientales en la región, según los datos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa). 

Mapa de localización de los bloques 8 y 192 en la Amazonía peruana

En los últimos 13 años, el bloque 8 ha acumulado 88 multas vinculadas a la actividad petrolera, el mayor número de infracciones en la Amazonía peruana. El bloque 192, que tiene la mayor reserva de petróleo del país, le sigue con 35 multas. Ambos bloques están con operaciones paralizadas por problemas contractuales. 

Los dos bloques también son los que tienen más derrames petroleros en años recientes en Perú. En dos décadas, un estudio de la organización Oxfam contabilizó 189 derrames en el bloque 8, seguido del bloque 192, con 155 accidentes. 

A diferencia de Brasil, las actividades petroleras en territorios indígenas están permitidas en Ecuador y Perú, siempre que se lleve a cabo una consulta previa con las comunidades afectadas. Pero en la práctica, ese proceso a menudo se lleva a cabo violando la legislación o no se realiza en absoluto.

“El negocio del petróleo apenas parece ser rentable si los cálculos de las empresas descartan el medio ambiente o la vida de las comunidades”, criticó David Díaz Ávalos, asesor de la organización Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios.

Quema de gas afecta a los pueblos amazónicos

Además de la extracción de crudo, la quema de gas natural asociada a esa actividad es un problema alarmante en la Amazonía. A menudo visibles a kilómetros de distancia, intensas llamas arden en lo alto de torres metálicas, liberando directamente a la atmósfera el gas excedente de la explotación petrolera. Este proceso produce emisiones de CO₂ y metano, un gas con un potencial de calentamiento global más de 20 veces superior al CO₂. 

A pesar de los maleficios que la práctica causa en términos de cambio climático y salud humana, varios países siguen permitiéndola. Además, los mecheros (chimeneas de combustión de gas) son bastante habituales en zonas remotas de la selva amazónica, donde la falta de infraestructura dificulta la captura y el procesamiento del gas.

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En 2023, Ecuador quemó 1.600 millones de metros cúbicos de gas en operaciones de extracción y refinería de petróleo en la Amazonía, lo equivalente a más de tres veces el consumo anual de gas natural del país. Eso también representa el 82% de todo el gas quemado en la región amazónica en ese mismo año, según nuestro análisis con informaciones de SkyTruth Flaring, una plataforma que utiliza imágenes de satélite para detectar la quema de gas asociada a la extracción de petróleo en todo el mundo. 

Entre 2012 y 2023, la actividad petrolera arrojó 17.600 millones de metros cúbicos de gas dentro de la Amazonía. Ecuador es el líder en esas emisiones, con el 75% del total, lo que representa 34 millones de toneladas equivalentes de CO₂ lanzadas a la atmósfera.

 

34 millones de toneladas de CO₂ fueron emitidas por la quema de gas en Ecuador
entre 2012 y 2023

Internamente, Ecuador lucha para reducir esas emisiones. En 2021, un tribunal regional le ordenó al gobierno eliminar parte de los mecheros de la industria petrolera cerca de zonas pobladas en las provincias amazónicas. Sin embargo, la sentencia aún no se ha aplicado en su totalidad. 

“Crecimos junto a empresas petroleras que, durante más de medio siglo, han traído muerte, destrucción y pobreza a nuestra Amazonía”, afirma en un manifiesto un grupo de jóvenes amazónicas que, junto a una organización de víctimas de la antigua Texaco, presentaron acciones legales para detener la quema de gas en Ecuador. 
 

1,2 millones de personas afectadas

por la quema de gas en la Amazonía
 

En toda la Amazonía, la quema de gas afecta a cerca de 1,2 millones de personas que viven a por lo menos cinco kilómetros de distancia de los mecheros, con una situación particularmente grave en Bolivia, Ecuador y Venezuela, respectivamente. Los datos proceden de nuestro análisis, que se basa en las estimaciones de densidad de población de Kontur y en un estudio de Clean Air Task Force que utilizó esa misma distancia para evaluar los riesgos para la salud de las poblaciones.

Colombia: la transición se enfrenta a obstáculos

Desde que asumió el cargo en 2022, el presidente Gustavo Petro ha intentado poner a Colombia en la dirección opuesta a la de otros países de la Amazonía: entre sus medidas ambiciosas, está la prohibición de firmar nuevos contratos de petróleo y gas; el fin de la fracturación hidráulica (conocida como fracking), técnica que utiliza la inyección de fluidos a alta presión para extraer petróleo y gas de una forma más agresiva para el medioambiente; y la paralización de los proyectos de exploración petrolera offshore. 

Así mismo, los planes de Petro se chocan con los 381 contratos de petróleo y gas aún vigentes y con la insistencia del sector en explorar nuevas reservas, argumentando que las reservas actuales dejan al país con menos de una década de suministro de petróleo para el consumo interno. 

De esta manera, la búsqueda por más petróleo ha avanzado en los últimos años: entre 2022 y 2024, Colombia estuvo entre los 15 países con mayor volumen de reservas descubiertas, según el Monitor de Energía Global. Además, en 2024, la estatal colombiana Ecopetrol y la brasileña Petrobras encontraron nuevas reservas de gas natural en el país. 

Los operadores con mayor número de bloques asignados en la región amazónica son Gran Tierra Colombia (filial de la canadiense del mismo nombre), Amerisur Exploración Colombia (filial de la chilena GeoPark) y la estatal Ecopetrol. Los bloques de esas tres empresas están entre los que más acumulan multas ambientales en la Amazonía colombiana, principalmente por derrames de hidrocarburos que contaminan el agua y el suelo, según datos del Ministerio de Defensa.

Muchas de esas operaciones también afectan a la población local. En los últimos años, el pueblo Awá ha exigido ante los tribunales que Ecopetrol repare los daños causados por una serie de derrames en su territorio. En 2022, Gran Tierra Energy fue criticada por violar los derechos del pueblo Inga en relación con un proyecto petrolero. Ese mismo año, Nueva Amerisur enfrentó una demanda internacional por sus impactos sobre el pueblo Siona.  

Según nuestro análisis, los bloques petroleros con concesiones en la Amazonía colombiana están dentro de 79 tierras indígenas y 30 áreas de conservación, sumando un total de 2.600 km² dentro de áreas protegidas.

La situación se ve agravada por la presencia de grupos armados en zonas petroleras de la Amazonía colombiana. El Acuerdo de Paz de 2016 pretendía poner fin a décadas de conflicto, pero ha desencadenado disputas entre disidencias guerrilleras y nuevas bandas criminales por el control de zonas ricas en recursos naturales, antes dominadas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). 

La Comisión de la Verdad creada tras el acuerdo de paz con las Farc reveló que las empresas petroleras aprovecharon el conflicto para contratar la seguridad de grupos paramilitares y contar con la protección del Estado, mientras las comunidades locales se enfrentaban tanto a la violencia armada como a la exploración petrolera en sus territorios.

Los informes de la comisión y las investigaciones periodísticas también han demostrado que miles de ataques a oleoductos, además del robo de petróleo, se han utilizado como táctica de combate cuando las compañías petroleras no pagan las extorsiones. Estos ataques han dejado daños medioambientales irreversibles, contaminando ríos, poniendo en peligro el acceso al agua potable y amenazando especies en la Amazonía y otras regiones. 

Estas prácticas no cesaron tras la firma de los acuerdos con las Farc ni con los compromisos medioambientales de Gustavo Petro, sino todo lo contrario. “El control de estos actores armados sobre los territorios es cada vez más visible y frecuente”, afirma María Espinosa, abogada de la organización Amazon Frontlines, que trabaja con comunidades amazónicas afectadas por la combinación de guerrilla y exploración petrolera. “Cada vez es más violento”. 

Pero los impactos del petróleo en la Amazonía son evidentes incluso en contextos menos dramáticos. “No hay explotación de petróleo y gas segura, todos los proyectos tienen derrames”, comentó Luiz Afonso Rosário, de la organización 350.org Brasil. 

Rosário señala que, durante décadas, el petróleo se ha presentado como una promesa de desarrollo económico para los países sudamericanos. Sin embargo, la realidad es otra: “Lo que vemos son los problemas sociales que siguen, y apenas unos pocos se han enriquecido”.

Para Rosário, este abismo entre promesas y realidad en la Amazonía hace urgente un debate más amplio y justo sobre el futuro del ecosistema: “Van a destrozar la Amazonía con más infraestructuras para favorecer a la industria fósil. Deberíamos invertir en energías renovables”.

*Este artículo forma parte de la investigación Hasta la última gota, un proyecto periodístico producido con el apoyo de Global Commons Alliance, organización patrocinada por Rockefeller Philanthropy Advisors.

Actualizado el: Mar, 04/01/2025 - 15:42

Por: Pilar Puentes E 

En noviembre de 2024, durante un evento público en el Cesar, el presidente Gustavo Petro anunció la entrega de más de siete mil hectáreas en el departamento como parte de su compromiso con la reforma agraria. Entre la multitud se encontraban los miembros de Asociación de Campesinos Desplazados al Retorno (Asocadar), víctimas del último desplazamiento forzado de la hacienda Bellacruz en 1996, quienes llevan casi una década exigiendo la restitución de sus tierras. 

“Hoy estamos aquí ahora y este gobierno está haciendo algo que ningún otro gobierno desde entonces hizo. Le estamos devolviendo la tierra al campesinado. Este Gobierno se ha vuelto justiciero y ha vuelto a levantar una bandera, la bandera de la Reforma Agraria", manifestó el presidente Petro.

Tres meses después llegó a esas tierras un abogado para notificarle a los campesinos de Asocadar que debían desalojar los tres predios que habían sido entregados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT). La orden se basaba en una notificación de la Fiscalía 50, que levantaba el ‘secuestro’ de los terrenos en manos de la SAE y cedidos de manera provisional a los campesinos, para devolver la administración a su dueño actual, Luis Alberto Urrego Contreras, un condenado narcotraficante.

La lucha por estas tierras comenzó hace casi 30 años, cuando 150 familias emprendieron una batalla legal por los predios al sur del Cesar, que forman parte de la hacienda Bellacruz, actualmente ocupada por cultivos de palma aceitera del empresario Germán Efromovich. 

Ante la demora en el proceso de restitución, los miembros de Asocadar le pidieron tierra a la ANT, como parte del proceso de reforma agraria del gobierno de Gustavo Petro para retomar su vida campesina. Estas víctimas del paramilitarismo reunieron los requisitos que pedía la SAE para poder acceder a proyectos de bienes que hacen parte del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y la Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco). 

Ilustación por: Lucía Mage

La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) decidió acompañar jurídicamente a Asocadar en el proceso de buscar un pedazo de tierra para que pudieran desarrollar sus actividades campesinas, reestablecer el tejido social y construir espacios colectivos. “Todo esto como parte de un proceso  de recomponer los lazos que se quebraron tras los desplazamientos forzados de los que fueron víctimas”, señaló el equipo jurídico de la CCJ. 

En diciembre de 2023, la SAE entregó provisionalmente a Asocadar tres predios —El Amparo, El Porvenir y San Ignacio— mediante la Resolución 720. Estas mil hectáreas representaban una oportunidad para mejorar la vida campesina y avanzar en la soberanía alimentaria mientras se resolvía el proceso de restitución de Bellacruz. “Para acceder a las tierras, la comunidad pagó una póliza contra todo riesgo de ocho millones de pesos, cumpliendo con todos los requisitos exigidos por la entidad”, según explicó el equipo jurídico de la CCJ.

La ANT, en noviembre de 2024, hizo la entrega de actas de tenencia y mejoras de los predios tras una caracterización a las familias de Asocadar y conocer los cultivos que llevaban trabajando desde diciembre del año anterior. Un mes después se realizó un contrato de compraventa entre la SAE y la ANT.

El presidente Gustavo Petro y a la izquierda el representante de Asocadar, Adelfo Rodríguez, en el evento de entrega de tierras en noviembre de 2024.  Por: Agencia Nacional de Tierras

 

Durante un evento público, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) se comprometió con el Gobierno Nacional a adelantar los procedimientos necesarios para garantizar la titularidad de los predios entregados por la SAE a los campesinos.

 

Todo quedó en promesas

Con maquinaria, candados cerrando puertas y la resolución de la Fiscalía 50, el abogado Edwin Álvarez Garcés, quien representa a Urrego Contreras, notificó el 19 de febrero de 2025 a los campesinos de Asocadar que se había levantado el secuestro de los predios. Sin embargo, esto no implicaba el levantamiento del embargo ni la suspensión del poder adquisitivo. En otras palabras, Luis Alberto Urrego Contreras, alias Bacon, quien enfrenta un proceso de extinción de dominio por esas fincas, ahora podía explotar el terreno mientras se resolvía su situación legal.

Urrego Contreras fue pedido en extradición por Estados Unidos en 2011 y en 2014, fue condenado a 15 años de prisión federal por el tráfico de cocaína. Entre 2003 y 2005 ‘Bacon’, adquirió aeronaves y  contrató pilotos para transportar la droga del narcotraficante Fabio Ochoa Vasquéz, desde Colombia a México, para luego distribuirla en Estados Unidos. 

“La claridad de qué estoy acá, no detrás de una capucha, no detrás de un correo electrónico, sino que estoy acá, frente a frente diciéndole: ‘Acá nos asiste el derecho’”, manifestó el abogado a una docena de campesinos que lo interpelaron por la forma en qué llegó a los predio a exigirles que debían salir de la propiedad.

Rutas del Conflicto tuvo acceso a la Resolución de la Fiscalía en que Urrego Contreras pide que se levante la decisión de que la SAE administre los predios porque según él, “(la entidad) abandona a su suerte los predios de saqueadores generando un perjuicio a sus propietarios, (...) los ha dejado a su suerte (a las fincas) y en un total abandono vulnerando los derechos fundamentales a la vivienda digna, mínimo vital”. Urrego también sostiene que su madre, de 80 años, depende económicamente de él y que ambos carecen de una vivienda.

El hermano de alias ‘Bacon’, el piloto Gustavo Urrego Contreras, estuvo vinculado a las firmas panameñas Helicontinente S.A. y Coast Helicopter, las cuales, según varios medios de comunicación, aparecen involucradas en el caso de sobornos de Odebrecht. Fue detenido en 2017 por haber facilitado sus empresas para recibir 512 mil dólares enviados por la multinacional.

La Fiscalía 50, adscrita a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, también lleva el proceso de extinción de los bienes de Fabio Ochoa Vásquez y su familia. 

La SAE tenía la posibilidad de presentar un recurso de reposición para demostrar que los predios estaban siendo utilizados en el cumplimiento de la reforma agraria y entregados de manera provisional a víctimas del conflicto. Sin embargo, la entidad dejó vencer el plazo y no interpuso el recurso.

Según relata Adolfo Rodríguez, representante legal de Asocadar, Urrego ha ingresado a los predios a través de caminos de servidumbre y de otras propiedades colindantes que también pertenecen a su familia.

Desde la notificación de la Fiscalía, el equipo jurídico de la CCJ ha sostenido varios diálogos con las entidades en busca de una solución. Sin embargo,  al no haber interpuesto el recurso, la decisión de la Fiscalía 50 quedó en firme, y solo es cuestión de días para que se inicie el proceso de entrega de los predios a Urrego Contreras.

Según el certificado de tradición y libertad de los predios, en agosto de 2024 hay una anotación de la Resolución 616 en la que se autoriza la enajenación temprana. Es decir, permite la venta anticipada de bienes en proceso de extinción de dominio antes de que se tome una decisión judicial final, el gobierno colombiano podía vender esos predios, aunque el caso de extinción no hubiese finalizado. Como explicó el equipo jurídico de la CCJ, la ANT y la SAE habían firmado una promesa de compraventa  para entregar la titularidad de los predios a los campesinos, pero el proceso nunca se concretó.

La CCJ dialogó con la ANT para conocer el estado de la promesa de compraventa. En respuesta, la entidad afirmó que no cuenta con los recursos para cumplir con lo pactado. Sin embargo, para firmar la promesa era requisito contar con una certificación de disponibilidad presupuestal. 

Además, como explican los abogados, la SAE entregó los predios de manera anticipada, es decir, trasladó la posesión a través de la promesa. Por esta razón, en un acto público, el director de la ANT, Felipe Harman, y el presidente Gustavo Petro entregaron las actas de posesión de las fincas a Asocadar.

Rutas del Conflicto le preguntó a la ANT y a la SAE por su responsabilidad en este caso, pero al cierre de esta investigación  las dos entidades no han contestado. 

 

El día de la entrega, Felipe Harman, director de la ANT, reconoció la lucha de los campesinos de Bellacruz y afirmó que "se entrega tierra valiosa de la Sociedad de Activos Especiales que ha adquirido la Agencia Nacional de Tierras". Sin embargo, la emoción de aquel día, los abrazos de agradecimiento de Asocadar al director y al presidente, hoy se han convertido en preocupación y en deudas económicas que los campesinos asumieron para poner a producir la tierra.

“Los campesinos se endeudaron y vendieron parte de sus bienes para invertirlos en los predios. Estamos haciendo un censo y vimos que cada una de las familias invirtió un valor de 15 a 30 millones de pesos para tener una cosecha”, afirmó el equipo jurídico de la CCJ. 

Los abogados de los campesinos reconocen que todos sabían que la posesión del predio era provisional. Sin embargo, al tratarse de familias en condición de pobreza, víctimas del conflicto armado y que han esperado por más de una década una respuesta del Estado, decidieron invertir en la tierra con la convicción de que existía una promesa de compraventa entre las entidades.

Ahora, la ANT les ha respondido que no tiene cómo reconocer los cultivos y las construcciones que los campesinos realizaron en los predios desde que ingresaron hace 13 meses.

“Hemos vendido cosas que teníamos antes en el pueblo para invertirlas acá.  Muchos se han endeudado con préstamos, también para invertir porque veníamos a cambiar la calidad de vida, por eso hicimos todo eso. No veníamos de paseo”, afirmó Rodríguez. 

Tanto para las víctimas, como la CCJ ,lo que está ocurriendo con los predios es una revictimización. Al evaluar todos los posibles caminos para volver a trabajar la tierra encontraron que el ofrecimiento de la SAE era un escenario óptimo mientras se define la situación de la recuperación de tierras de Bellacruz. 

Como lo relataron los abogados de la CCJ que representan a los reclamantes: “Íbamos por un buen camino, efectivamente, y creemos que es irresponsabilidad de parte de la SAE no haber estado pendiente de los escenarios jurídicos que fueran a pasar. La entidad dejó que la decisión de la fiscal 50 llegara en el momento en el que llegó y de alguna o otra manera como que le diera los argumentos al señor Urrego para ir a intimidar a la comunidad”.

Según testimonios de los campesinos de Asocadar, el abogado Álvarez, quien también representó a dos personas acusadas de lavar dinero para el Clan de Golfo, llegó con Policía que no era del municipio, trabajadores contratados por Urrego para destruir las viviendas construidas por la comunidad y prohibir la siembra de cultivos.“Inclusive a ellos (el abogado de Urrego) no les corresponde hacer la notificación, pero sin embargo, si lo iban a hacer, simplemente podía venir una persona e informarnos o entregarnos cualquier documento y listo. No intimidarlos así”, dijo el líder Rodríguez. 

La SAE no respondió a los cuestionamientos de por qué no presentaron el recurso y tampoco sobre qué va a pasar con los campesinos que dejaron todo una vez más para apostarle a la reforma agraria.

El viacrucis de Bellacruz 

La historia del reclamo de esta comunidad campesina, en las tierras de la hacienda Bellacruz se remonta al menos, a la década de los sesenta. Durante varias décadas estos labriegos, en busca de una finca para cultivar, ingresaron a unos predios cuya propiedad era reivindicada por los Marulanda, una poderosa familia política del César, que posteriormente los vendió a un proyecto palmero del empresario Germán Efromovich.

Los Marulanda poseían grandes extensiones de tierra en el sur del departamento. Al morir el patriarca Alberto Marulanda Grillo, sus hijos Francisco y Carlos Arturo Marulanda Ramírez asumieron la administración de los predios. 

Carlos Arturo, quien fue el embajador ante la Unión Europea durante el gobierno de Ernesto Samper, renunció en 1997 debido a las múltiples denuncias de violaciones de derechos humanos cometidos a los campesinos en la hacienda, cuando los paramilitares incursionaron en esas tierras. Fue capturado en España y extraditado a Colombia en 2002 para responder por el caso de Bellacruz, pero recobró la libertad el 1 de noviembre de ese mismo año.

Francisco Marulanda había sido condenado en julio de 2003 a 18 años de prisión por estos hechos pero en segunda instancia fue absuelto por el Tribunal Superior de Magdalena. Pese a los testimonios de los exjefes paramilitares del Frente Héctor Julio Peinado, como Juan Francisco Prada alias ‘Juancho Prada’, que aseguraban que los hermanos Marulanda les habían pagado para desplazar a más de 64 familias campesinas que iban a ser beneficiadas por el extinto Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) en predios que componían Bellacruz. 

Años después de la llegada de los paramilitares, en los noventa, y del desplazamiento masivo de campesinos, la tierra pasó a ser propiedad del grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria, cuyo  representante legal en Colombia es el empresario Germán Efromovich. La empresa llegó a la zona con el objetivo de instalar un proyecto agroindustrial de palma de aceite, que cambió el nombre del predio de hacienda Bellacruz a hacienda La Gloria.

El 12 de mayo de 2016, la Corte Constitucional expidió la Sentencia SU 235 que ordenó a la ANT recuperar baldíos de la nación que hacen parte de la hacienda La Gloria y así tenerlos para posteriormente adjudicarlos a sujetos de reforma agraria. También ordenó a la Unidad de Restitución de Tierras microfocalizar la zona y comenzar con el proceso de restitución. 

Sin embargo, la orden a la ANT se encuentra suspendida porque la empresa de Efromovich demandó las resoluciones que declaraba la existencia de baldíos ante el Consejo de Estado en 2019. Este tribunal concedió la medida cautelar para suspender el trámite. Han pasado nueve años y la entidad no ha podido hacer la recuperación. 

El camino de la restitución está igual de enredado. Como lo contó Rutas del Conflicto, en 2024, la empresa instauró una tutela argumentando que en la etapa judicial se omitió el testimonio del empresario y representante legal Efromovich. Una forma, como lo explica la CCJ, de obstaculizar y demorar aún más la decisión del juez de restitución. 

Ante las decisiones judiciales encontraron en el gobierno de Gustavo Petro una solución para volver a cultivar yuca, plátano y arroz. Sin embargo, las entidades los volvieron a dejar solos. Esta vez no fueron los paramilitares quienes los obligan a irse del territorio sino una decisión de la Fiscalía y las respuestas negativas de la ANT y de la SAE.

“El Estado debía asumir el compromiso y la responsabilidad con nosotros. ¿A qué nos trajo? ¿Para qué nos trajo? Para exponernos nuevamente a ser víctimas, a ser desplazados o qué va a hacer con nosotros? ¿Dónde nos van a reubicar? ¿En qué tiempo? ¿Cuándo y cómo?”dijo Adelfo Rodríguez, representante de Asocadar.

 

 

*Esta investigacion se hizo con el apoyo de la Fundacion Heinrich Boll 

 

Actualizado el: Vie, 03/14/2025 - 16:48

María* tenía 19 años cuando viajaba de Medellín al municipio de Argelia en Antioquia para el entierro de su primo, que había sido asesinado por la guerrilla, cuando el bus en el que se transportaba fue interceptado por un grupo de guerrilleros de las FARC-EP. Durante cuatro días, fue retenida en condiciones infrahumanas: sin alimento, sin baño y durmiendo en el mismo bus donde había sido secuestrada. En el segundo día, un guerrillero la violó bajo amenaza armada. 

El caso 01 de la JEP se enfoca en los secuestros cometidos por las FARC-EP. Sin embargo, no tiene un enfoque particular en las victimas de violencia sexual y reproductiva dentro de estos secuestros, lo que deja a muchas mujeres en una lucha constante por el reconocimiento y la justicia. 

Otra víctima, Ana*, fue secuestrada dos veces en Caquetá, la primera en los años ochenta. Durante su cautiverio, la ataron a una cama y la torturaron por varios días. Ella describe a su violador como un monstruo que la obligaba a hacer cosas que no quería. “Tengo mi piel marcada por esas torturas”.  El segundo secuestro ocurrió en 1991. Cuando tenía siete meses de embarazo, la hicieron subir a una moto y fue llevada a un campamento guerrillero porque su esposo no había pagado una “vacuna” a las FARC-EP. “Es que hay que cobrarle a ella lo que su marido no nos dio”, le dijo su victimario. Ana fue abusada, torturada y violada de nuevo.

Ana, María y otras víctimas insisten en que la violencia sexual, utilizada como arma de guerra, sigue siendo un delito relegado a un segundo plano dentro de los procesos de justicia, verdad y reparación.  A pesar de las denuncias y testimonios de sobrevivientes como el que ellas entregaron en este capítulo del podcast Más allá del cautiverio, retratos sonoros del secuestro en Colombia-Violencia Sexual, producido en alianza entre Rutas del Conflicto y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).

La violencia sexual ha sido perpetrada por todos los actores del conflicto armado en Colombia. “Es una narrativa común de los grupos armados y por eso hace parte de las acciones que cometió las FARC-EP y que comete la fuerza pública”, explica Adriana Bemjumea Rua, directora de la organización feminista y de derechos humanos.

Sin embargo, la JEP no ha reconocido la violencia sexual en el Caso 01 como un crimen sistemático y generalizado. “Jurídicamente es difícil probar que hubo un patrón de violencia sexual, pero sabemos que estas agresiones fueron constantes en contextos de secuestro”, afirma Benjumea. Es crucial mencionar en este contexto, que los actores armados cometieron diferentes formas de violencia sexual, entre ellos, además del  acceso carnal violento, el accoso sexual, la humillación con un desnudo forzado o asaltos sexuales en la noche, todo con el fin de “dominar o castigar y disponder del cuerpo de mujeres”. 

En 2021, 28 personas fueron registrados como víctimas de violencia sexual en el Caso 01 de la JEP. Para 2023, la cifra aumentó a 56, concentrándose principalmente en Antioquia. Sin embargo la mayoría de los casos de violencia sexual están en Antioquia y continúan sin reconocimiento oficial, lo que perpetúa la revictimización y la impunidad. 

“No fui yo sola, que somos muchas” dice María. “Nos pasó casi lo mismo como un hilo conductor en todas las historias”. No se ha podido establecer con certeza la magnitud de la violencia sexual en el conflicto colombiano, ya que muchas víctimas tienen miedo de hablar o ni siquiera se reconocen a sí mismas como víctimas. La falta de reconocimiento de estos crímenes por parte de los actores armados ha dificultado la construcción de la verdad y el reconocimiento necesario para las víctimas. “Pido que se nos devuelvan por lo menos nuestra verdad, es como recuperar un poquito la dignidad”, clama María. 

Elena Ruiz Nuñez, es abogada de la CCJ, que representa a 25 victimas de violencia sexual en el Caso 01 ante la JEP, enfatiza que “el reconocimiento de la violencia sexual por parte de las FARC-EP no debería ser negociable”. El hecho de que no existe un reconocimiento estructural hacia las víctimas es preocupante y debe ser investigado, ya que prolonga la revictimización, según ella. Según Núñez, la pregunta clave que queda es “¿cómo se va a garantizar los derechos de las victimas de violencia sexual desde la justicia restaurativa?”

Además de todo lo que tuvieron que sufrir, las víctimas viven en medio del miedo y de la estigmatización. “Mis papás sabían del secuestro pero por decisión propia no he querido que sepan sobre la violacion, ya sufrieron mucho por el secuestro, asi que decidí lo de la violación lo iba a tener yo solita”, confiesa Maria. Por el machismo muchas víctimas prefieren guardar silencio, por miedo a que las responsabilicen por “la forma en la que iban vestidas” y de la revictimización de la que son sujeto.  

Sandra Milena Aranzazu, trabajadora social del equipo de la CCJ y quien acompaña el caso de María, explica que la particualidad del Caso 01 es que, “las mujeres llegan en general por el secuestro y se acreditan ante la JEP, pero casi nunca comentan los hechos de violencia sexual que vivieron”. Pero a través de su trabajo de acompañamiento, han identificado que estas mujeres enfrentan una doble condición: la de la violencia misma y la de la invisibilización del “dolor en el silencio” como lo llamó María. 

La Unidad de Víctimas estima que 43.000 personas han sido víctimas de violencia sexual en el conflicto armado colombiano. Sin embargo, ni Ana ni María están dentro de estas cifras. 

A pesar de su sufrimiento y la falta de la reconocimiento como víctimas, muchas están viviendo en mayor vulnerabilidad económica, desempleo y una creciente desesperanza. “Estamos sin nada en la pobreza, un hijo me mataron, el otro murió por cáncer y un hijo enfermo, soy una persona ya muy mayor, sin un trabajo fijo sin una estabilidad económica, no tengo oportunidad de nada”, cuenta Ana sobre su situación desesperada.  

Hasta dicembre de 2024, la JEP ha imputado delitos de violencia sexual a algunos miembros del Comando Central Conjunto de las FARC-EP del Bloque Noroccidental y Bloque Occidental. Sin embargo, no todos los responsables han sido imputados, y aquellos que han sido acusados han reconocido los hechos en términos generales, sin aportar detalles significativos para esclarecer las responsabilidades de las violaciones que sufrieron Ana, María y muchas más. 

“Hay una deuda social, juridica y politica con las victimas de las violencia sexual”, afirma Adriana Bemjumea Rua, abogada feminista y Co-directora de Humanas. 

“Quiero que digan mi verdad, que se reconozca” dice María. A pesar de los obstáculos, las sobrevivientes han construido redes de apoyo y continúan exigiendo justicia. “Hemos hablado con muchas mujeres que han sufrido lo mismo o cosas peores. No estamos solas y no nos callaremos”, concluye María, una de las voces mas poderosas entre las víctimas que han decidido hablar. Su valentía sirve como un ejemplo para otras mujeres y victimas de violencia sexual dentro del marcocaso 01. En este 8 de marzo, su voz resuena más fuerte que nunca, recordando que el reconocimiento de la verdad es un derecho innegociable para todas las víctimas.

*Nombres fueron cambiados para proteger la identidad de las víctimas 

 

 

 

 

 

Actualizado el: Sáb, 03/08/2025 - 12:55

 

Por Natalia Pedraza Bravo

Ilustración: Leonardo Jiménez

Entre los casi 28 000 habitantes del municipio de Guamal, en los llanos orientales de Colombia, sobresalen los coloridos turbantes y pañoletas que Marlén Arévalo usa en la cabeza. Aunque habla con firmeza, la mujer de 57 años tiene un agudo sentido del humor que ni el cáncer que la acompaña hace tres décadas, ni las amenazas a su vida y a la de su esposo han podido quebrantar.

Guamal se ubica en Meta, el departamento de Colombia que tiene más de la mitad de las reservas probadas de petróleo del país (54 %). Ahí, Marlén Arévalo se ha convertido en una figura clave en la lucha de la prevención de los problemas ambientales causados por la industria de los hidrocarburos. Junto con su esposo y un grupo de personas campesinas de Guamal y Castilla La Nueva, Arévalo ha dedicado más de 13 años a la defensa de su territorio. 

Además de su cultivado interés por la defensa de los derechos humanos, causa a la que ha dedicado la mayor parte de su vida desde que estaba en la universidad en Bogotá, la capital de Colombia, el motor de su lucha tiene un trasfondo personal. 

Fue diagnosticada con cáncer en 1993 y encontró en la leche de cabra propiedades que —está segura— le han permitido sobrellevar su enfermedad durante casi tres décadas. La extracción de hidrocarburos pondría en riesgo el ecosistema donde está su finca, donde cría 40 cabras que toman agua de caños o arroyos que se alimentan del río Humadea, un afluente que nace en el Nevado de Sumapaz, el punto más alto del Parque Nacional Natural Sumapaz. 

La defensa del ambiente en el Meta ha tenido un alto costo para Arévalo y su familia. Durante más de una década, han enfrentado constantes amenazas de muerte y actos de intimidación por parte de aquellos que, sin importar las consecuencias sociales y ambientales, apoyan la extracción de hidrocarburos de la región. A pesar de los riesgos, ella se mantiene firme en su convicción de que la lucha vale la pena.

Marlén Arévalo y Edgar Cruz junto a sus cabras en el departamento del Meta, vistiendo camisetas de Cropohumadea con un mensaje en defensa del agua. Foto: Natalia Pedraza Bravo.
 

Una historia de amor

“La historia de Marlen debería conocerla todo el mundo”, dice Edgar Cruz, hombre de 60 años, esposo de la ambientalista y defensora de derechos humanos. Su voz se escucha a través de una llamada telefónica desde el municipio de Guamal. Cruz relata de memoria cada momento de la vida de quien ha sido su compañera durante los últimos 31 años. Cuenta que ella nació en Zipaquirá en 1967 y descubrió su pasión por el trabajo social en sus veintes. “Ella jamás soñó con una vida en el campo, le parecía una locura”, recuerda.

El destino, sin embargo, tenía otros planes para Marlen Arévalo. En 1990 se enamoró de Edgar Cruz en la universidad, donde estudiaron juntos administración de empresas y, tres años después, ella recibió un diagnóstico que le cambiaría la vida para siempre: cáncer de vaso, páncreas, hígado y estómago. "Los médicos del Instituto de Cancerología en Bogotá la desahuciaron", asegura Cruz. A pesar de la gravedad de su enfermedad, él decidió proponerle matrimonio. "Marlen se casó conmigo por prescripción médica", dice entre carcajadas. 

La pareja comenzó a buscar cómo mejorar la salud de Marlen Arévalo acudiendo a métodos alternativos. "Nunca se hizo ningún procedimiento con medicina tradicional alopática, nunca le hicieron radio ni quimio", explica. En búsqueda de opciones, un doctor especialista en medicina alternativa les sugirió que algunos estudios apuntaban a que la leche de cabra podría ayudar a mitigar los efectos del cáncer.

Aunque en ese momento vivían en Bogotá, Edgar Cruz se desplazaba diariamente en bicicleta hasta Cota, municipio a una hora de la capital colombiana, para comprar la leche recomendada, hasta que en 1999, cuando atravesaban por una crisis económica, se dio cuenta de que cada vez era más difícil conseguir el alimento y decidió comprar 17 cabras a escondidas de su esposa. “Nosotros no sabíamos nada de criar cabras, fue todo un reto. De hecho, luego de comprarlas me di cuenta de que no eran lecheras, entonces entre las 17 no sacaba ni una botella de leche”, cuenta. 

La salud de Marlen Arévalo mejoró y los 18 meses de esperanza de vida que le dieron los médicos, se convirtieron en 29 años que han pasado desde el diagnóstico. Esa no fue la única vez que la salud de la defensora desafió los pronósticos médicos. Cuando tenía 18 años le dijeron que no podía quedar embarazada debido a una condición de nacimiento, pero en 1999 la pareja recibió a su hija Katheryn Daniela. 

Cuando se enteraron de que la niña venía en camino, se propusieron criarla en el campo. Así, junto a sus cabras y la recién nacida, la familia se trasladó por distintos pueblos de Colombia hasta que, en el año 2000, ya tenían 70 cabras. “Abrimos un restaurante vegetariano y aprendí a procesar los lácteos de cabra para consumir la leche de distintas maneras y, además, poder vender los productos derivados y así tener un ingreso extra”, recuerda Marlen Arévalo. 

En 2004, se mudaron a Guamal, a unas cinco horas de Bogotá y se instalaron en una finca propiedad de los padres de Edgar Cruz. Soñaban con montar allí un proyecto ecoturístico. La finca, con sus cabras y tres afluentes de agua que la atraviesan, se convirtieron en su hogar y centro de trabajo, pero sobre todo en la esperanza de tener un lugar donde criar los animales que, creen, llevan años manteniendo viva y saludable a Marlen Arévalo. 

Edgar Cruz ordeña una de sus cabras y prueba la leche en su mano para asegurarse de su calidad y sabor. Foto: Natalia Pedraza Bravo.

En 2008, cuando sintieron que por fin tenían un espacio donde cumplir sus sueños, la tranquilidad de la familia se vio amenazada por las noticias de la llegada de empresas petroleras que iban a explorar la zona. En enero de ese año, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) celebró un contrato de exploración y producción de petróleo con la empresa canadiense Talisman Colombia Oil & Gas Ltd. y Ecopetrol, la principal empresa de crudo de Colombia. Las compañías tenían el 45 % y el 55 % de participación respectivamente y el documento les permitiría realizar exploraciones en el Bloque CPO-9, un área de 263 hectáreas en el departamento del Meta, donde está ubicado Guamal, el municipio donde viven Marlen, Edgar y Katheryn con sus animales. 

La noticia significó una señal de alerta para la familia y los demás pobladores de Guamal. “Ya sabíamos que Ecopetrol había contaminado muchas fuentes hídricas. Quebradas, ríos y caños —dice Marlen. Hoy el agua todavía sigue siendo nuestra mayor preocupación”. 

El proyecto que iba a estar más cerca de ellos era el pozo Lorito-1, planeado para ser instalado a 95 metros del río Humadea, un afluente del cual se benefician muchos campesinos —incluidos Marlen, Edgar y su proyecto de capricultura— y que nace en el Parque Nacional Natural Sumapaz, parte del sistema de páramos más grande del mundo.

Domingo en el río Humadea, septiembre de 2024. Decenas de personas disfrutan del afluente que Marlen Arévalo y Edgar Cruz defienden. Foto: Natalia Pedraza Bravo.

La huella del petróleo en el Meta

Los temores de los pobladores sobre las consecuencias que acompañan la explotación de petróleo se sustentan en datos. Por ejemplo, un análisis realizado por Mongabay Latam en 2022, muestra que el Meta es el cuarto departamento de Colombia en donde se registraron más derrames causados por la extracción petrolera hasta ese año. Además, la compañía petrolera con más incidentes operacionales es Ecopetrol, con 1 447 casos de 2 133 reconocidos, lo que representa el 67 % de las contingencias registradas entre 2015 y junio de 2022. No obstante, la empresa petrolera le aseguró a Mongabay Latam que entre 2011 y 2021 solo ha tenido 190 “incidentes con potencial afectación al medio ambiente por causal operacional” y que la cifra —mucho mayor— que da la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) se debe a que incluye reportes de eventos de baja dimensión y, además, incorpora los derrames por ataques o hurto de hidrocarburos.

Además de los antecedentes de Ecopetrol, que tiene el 55 % de participación en el Bloque CPO-9, también existe un historial complejo en las empresas extranjeras que, desde el 2009, han estado a cargo del otro 45 %. 

La primera de ellas y con la que inició todo en Guamal fue Talisman Energy. Esta empresa canadiense fue denunciada en el año 2000 por financiar y apoyar la guerra civil en Sudán y al gobierno del entonces presidente Omar al-Bashir que, años después, fue acusado formalmente de genocidio por la Corte Penal Internacional. Aunque la empresa negó los vínculos, el historial de líos ambientales y sociales siguió creciendo con el pasar de los años: fugas de gas en Canadá, su participación en un problema de tierras entre Kurdistán e Irak, acusaciones de intentar influenciar a menores de edad sobre la industria en los colegios en Estados Unidos y el intento de explotar tierras indígenas en Perú en 2011 que, en medio de las protestas, habría dejado 33 muertos.

Todos estos casos ocurrieron antes del 2014, ese año la empresa canadiense fue comprada por la gigante española Repsol, que también tiene un historial de problemas ambientales y sociales causados por sus actividades de extracción de gas y petróleo en todo el mundo. 

Uno de ellos es el provocado el 15 de enero de 2022 y considerado uno de los peores desastres ecológicos que han ocurrido en la costa peruana. Ese día, Repsol fue la responsable del derrame de 12 000 barriles de hidrocarburos que contaminó el mar en Ventanilla. 

La compañía española también tiene su historia en Colombia. En 2004, un informe de Amnistía Internacional reveló que Repsol, junto con la empresa Occidental Petroleum, habría hecho llegar fondos a la Brigada 18 del Ejército colombiano en una zona del departamento de Arauca donde ha habido, durante décadas, denuncias de organizaciones de derechos humanos de abuso de autoridad y detenciones masivas y arbitrarias de quienes se oponen a la explotación petrolera. 

En la misma zona, Repsol junto con Ecopetrol participan en el pozo Chipirón, una plataforma petrolera instalada en medio de la Laguna del Lipa, donde líderes ambientales y campesinos llevan años denunciando que la fuente de agua fue secada por las petroleras, afectando a cientos de especies de fauna y flora. 

Edgar Cruz y Marlen Arévalo denuncian que en Guamal, Repsol y Ecopetrol también presentaron prácticas cuestionables, que intentaban engañar a los pobladores, una vez que compraron a la empresa Talisman en 2014. 

“La Gobernación del Meta llegó como en 2015 a los municipios que estaban dentro del bloque CPO-9 a ofrecer proyectos productivos”, explica la defensora ambiental. En la socialización nunca nombraron a Repsol hasta que Edgar Cruz, insistentemente, les pidió claridad sobre los recursos que financiarían esa iniciativa. “Nos respondieron que la plata venía de Repsol y ahí nos dimos cuenta de que todo tenía sentido. Lo que buscaban era endulzarle el oído a las comunidades, sin ser claros con la información, para que, a cambio de los proyectos y el apoyo económico, la gente se sienta comprometida y les sea más fácil entrar con la extracción”. 

Mongabay Latam consultó con Ecopetrol sobre esta denuncia. La empresa aseguró que todo el material que entregan en estos espacios a las comunidades lleva los logos que representan a ambas empresas y que sus equipos de trabajo tienen el compromiso de informar sobre los convenios.

Edgar Cruz, sumergido en las aguas del Río Humadea, en el departamento del Meta, en septiembre de 2024. Foto: Natalia Pedraza Bravo.

Las amenazas tras la defensa del territorio 

“Dígale a ese mechudo que deje de joder o un día de estos lo va a encontrar muerto”. Esas fueron las palabras que le dijeron a Marlen Arévalo en una llamada anónima en 2012, refiriéndose a su esposo Edgar Cruz, cuando ambos empezaron a cuestionar la llegada de las petroleras. Fue la primera vez, recuerda, que recibieron una amenaza. 

Las intimidaciones no lograron amedrentarlos y cuando se enteraron de que Ecopetrol estaba llevando maquinaria para iniciar la exploración de hidrocarburos en el pozo Lorito-1, decidieron tomar acción. El 21 de febrero de 2012 se reunieron con otros campesinos y campesinas de Guamal y de Castilla la Nueva para hacer un paro y frenar cinco camiones que traían aparatos de la petrolera. La principal intención era proteger el acueducto que quedaba muy cerca del área donde iban a instalar el taladro.

"Armamos una olla comunitaria que se mantenía las 24 horas prendido y le daba desayuno, almuerzo y comida a todos", dice Marlen Arévalo, mientras Edgar Cruz asegura que ella era "el alma del fogón". La defensora hace mucho énfasis en que llevarse el protagonismo de esta lucha sería injusto e insiste en hablar de las que en el paro fueron conocidas como "las chicas superpoderosas": "Cinco mujeres trabajadoras, campesinas de Castilla la Nueva, que lo único que querían era garantizar el agua para sus proyectos productivos y llegaban a avivar el plantón hasta a pie si era necesario", recuerda.

Las mujeres que han acompañado a Marlen Arévalo en su lucha, coinciden en que ha sido inspiración para muchas de ellas. Miryam Moreno, coordinadora de EICOS, un espacio de mujeres del Meta que trabajan por la equidad de género, asegura que la defensora les ha enseñado mucho. “De Marlen aprendimos que defender el agua es defender la vida. Nos ha dejado el legado de la defensa del territorio y la defensa del agua”, explica. 

Durante la manifestación, acordaron que nadie fuera el líder visible. "Cualquiera podía hablar en nombre de la comunidad", cuenta Edgar Cruz. Pero las intimidaciones no cesaron. "Pasaban en camionetas con vidrios polarizados grabándonos", recuerda. "Llegaban a hacerle requisas a los muchachos que se quedaban en las noches para asustarlos", continúa.

En julio de 2012, con el plantón todavía en pie después de cinco meses, una acción judicial que Corpohumadea —una organización social a la que Marlen Arévalo y Edgar Cruz pertenecen y que ha sido parte fundamental de su lucha— y Jesús María Quevedo —conocido en la zona como "Chucho Tutelas" por su vasto conocimiento en asuntos jurídicos a pesar de no ser abogado— habían puesto el 21 de febrero, obtuvo respuesta a favor de la comunidad. El Tribunal Administrativo del Meta ordenó medidas cautelares a Ecopetrol y les impedían continuar con el avance del pozo. 

Los defensores estaban felices, pero el Ministerio de Minas apeló y ganó cuatro meses después, suspendiendo las medidas cautelares y permitiendo a Ecopetrol avanzar con la instalación del pozo.

"Para el 3 de agosto, Ecopetrol, al ver que la manifestación iba en serio, sacó unas invitaciones para los presidentes de acción comunal y los alcaldes de Guamal, Cumarral y Castilla la Nueva, con la excusa de que iban a ofrecer un acueducto nuevo para nuestras comunidades", recuerda Marlen Arévalo. Los líderes de todos los municipios no confiaban en quienes ocupaban estos puestos políticos, por lo que  Edgar Cruz convocó a los pobladores a asistir a la socialización porque "era asunto de todos y no solo de los presidentes de acción comunal y los alcaldes". 

Antes de asistir a la reunión, Marlen Arévalo y Edgar Cruz tenían que ver a sus cabras. En el trayecto, mientras avanzaban en su vehículo, un camión empezó a cerrarlos. “El camión se nos echó encima y casi nos mata”, recuerdan. El accidente fue tan grave que la defensora presentó tres fracturas en la columna y su esposo estuvo a punto de perder un brazo. “Las 600 personas que estaban en el plantón llegaron al hospital e hicieron vaca (colecta de dinero) para nuestros gastos médicos”, recuerdan. 

Las cabras de Marlén y Edgar en su corral. Para ellos, estos animales son parte de su vida y sustento. De cada cabra lechera obtienen, aproximadamente, un litro de leche al día. Foto: Natalia Pedraza Bravo.
 

"La empresa (Ecopetrol) hizo algo que hoy todavía me parece muy bajo. Mientras estábamos en el hospital, una empleada nos visitó y nos pidió que renunciáramos al seguro del carro porque Ecopetrol iba a pagarlo todo", asegura Marlen Arévalo. Los defensores se negaron y dicen con orgullo que nunca han querido los recursos de la empresa. 

Que las petroleras ofrezcan cosas a las personas en zonas donde quieren hacer extracción es una práctica común, denuncian. "Aquí con Ecopetrol se hizo muy frecuente el famoso 'Ventiochazo'", asegura Edgar Cruz. Esta práctica ha sido reportada en diversos informes periodísticos, el más antiguo disponible en línea es del diario El Tiempo de 1993: "Alrededor de una bolsa negra de plástico y sobre una mesa giran los ojos de más de setenta hombres. Seis de ellos se quitan el sombrero y se persignan, mientras que otros cuantos cruzan los dedos de sus manos callosas. Alguien toma la bolsa, la agita y luego una mujer introduce su mano, saca un carné y dice con fuerza: James Quiroz tendrá trabajo durante los próximos 28 días", se lee en el reportaje. Básicamente, se trata de una rifa de trabajos.

Las empresas contratan personas de los pueblos cercanos a las zonas de extracción como mano de obra no calificada y les pagan entre cuatro y diez veces el equivalente al salario mínimo en Colombia, según las notas de prensa. Un sueño en un país en donde, según las cifras más recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE), 18 millones de personas viven con menos de un salario mínimo que hoy es de 1 423 500 pesos (aproximadamente 345 dólares).

Katheryn Cruz Arévalo, la hija de Edgar y Marlen, recuerda a la perfección el accidente de sus padres y explica que, meses después, había personas en el pueblo que les aseguraban que no había sido algo casual, que en realidad había sido un atentado porque "ellos eran una piedra en el zapato”. “El objetivo era que mis papás no llegaran a la socialización”, dice la hoy abogada de 25 años.

Marlén ajusta su turbante en su casa en el departamento del Meta, antes de salir a ordeñar las cabras junto a su esposo Edgar. Foto: Natalia Pedraza Bravo.

Risas contra el asedio

Tras ocho meses de resistencia, agotados y disminuidos ante las acciones que estaban ocurriendo, los pobladores decidieron disolver el plantón y Ecopetrol entró a pesar de las recomendaciones de Corpomacarena, la autoridad ambiental de la zona que, en octubre del 2012, había publicado un informe reportando que la empresa no estaba cumpliendo con los requerimientos de la licencia que otorga la ANLA.

Las intimidaciones continuaron. En 2013, a Edgar Cruz le asignaron medidas de protección por la Unidad Nacional de Protección (UNP). “Las medidas eran insuficientes, a Edgar le dieron un teléfono para que llamara cuando le iban a meter un tiro en la cabeza”, dice Marlén Arévalo riéndose de la tragedia.

Reírse ha sido su forma de afrontar las cosas y la gente que la rodea la admira por eso. Así lo explica Marta Currea, amiga de la pareja desde hace más de diez años y quien comparte su lucha por la defensa del territorio. “La capacidad de Marlen de sobreponerse a las amenazas contra su vida y la de su familia es tan extraordinaria que lo hace, incluso, de manera jocosa. La risa es su arma contra el asedio, es el símbolo de su resistencia”, asegura. 

La estigmatización siguió siendo parte de su vida diaria. Un documento del Ministerio del Interior de 2015 —con firma de la oficina del Viceministerio de Relaciones Públicas, encabezado entonces por Carlos Ferro Solanilla—, mapea los "actores dentro de los conflictos sociales de cada pozo" en cinco municipios de los departamentos de Meta y Casanare, incluyendo Guamal. 

Las descripciones de los actores, en dónde se encuentran los nombres de Marlen Arévalo y Edgar Cruz, han sido consideradas por los defensores, cuanto menos, como peligrosas, teniendo en cuenta que Colombia es el país en donde más ocurren asesinatos de líderes ambientales.  El último informe de la organización Global Witness señala que en Colombia, 79 personas defensoras del ambiente y el territorio fueron asesinadas en 2023, la cifra anual más alta registrada por esa organización en una nación.

En el documento del Ministerio del Interior hay descripciones como esta: "Comerciante del municipio, se encuentra presente en todos los bloqueos y tiene discurso agresivo contra la industria”, y “El párroco de la iglesia de El Castillo, en los espacios de la misa, toma los últimos minutos de esta para emitir discurso en contra de la industria”. 

Para Dora Lucy Arias, abogada que integró la terna elegida por el presidente Gustavo Petro en 2024 para ser candidata a la Defensoría del Pueblo de Colombia y quien conoce y acompaña la lucha de Marlen Arévalo y Edgar Cruz desde hace más de una década, estas descripciones son evidentes perfilamientos hechos desde el Estado de las personas que son líderes sociales. 

Pantallazos de un documento del Ministerio del Interior de 2015, parte de la Estrategia Territorial de Hidrocarburos, que hoy sigue vigente. En él, Ecopetrol figura como la empresa que financió y apoyó su elaboración. Foto: Natalia Pedraza Bravo.

La introducción del documento habla de que el viceministerio busca con él “atacar los focos de problemática en la región… para ayudar a las operadoras (petroleras) en sus actividades de exploración y explotación".  Arias asegura que ese es un análisis que excede las facultades de un viceministerio de relaciones políticas. “De una entidad como esta, lo que se esperaría es todo lo contrario, que conociendo los conflictos socioambientales existentes buscara incorporar tales perspectivas en clave de derechos y no de problemas cuyos focos deben ‘atacarse’”, dice. 

Además, la experta llama la atención sobre un apartado específico del documento que como plan de acción del Ministerio del Interior, plantea organizar un foro ambiental con la comunidad y los ambientalistas para “desestimar su discurso”, pues deja en evidencia el sesgo de las “soluciones” planteadas por la cartera. 

Aunque el documento lleva el logo de Ecopetrol como entidad que “apoya” y “financia” el análisis que ahí se contiene, Mongabay Latam consultó a la petrolera y esta aseguró que “Ecopetrol no tuvo participación en la elaboración de ese documento”.

Mongabay Latam consultó al Ministerio del Interior para corroborar esta información, pero la cartera aseguró que “no encontraron antecedentes del documento”, por lo que no negaron ni confirmaron que Ecopetrol lo haya financiado. 

El informe de 59 páginas está firmado por Santiago Luna Soto, del Equipo de Gestión del Conocimiento del Ministerio del Interior de ese entonces. Luna Soto es abogado y trabajó para el Ministerio durante cuatro años, entre el 2015 y el 2018; hoy labora en su propia firma de abogados y escribe columnas de opinión criticando fuertemente las decisiones minero energéticas del gobierno actual. 

Carlos Ferro, quien en 2015 se desempeñaba como viceministro y lideraba las acciones citadas en el documento, enfrenta actualmente una investigación por enriquecimiento ilícito y concusión (abuso de poder de un funcionario público en el que exige o recibe ilegalmente dinero), delitos que habría cometido durante su gestión como senador. 

El pasado 24 de septiembre de 2024, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia formalizó la acusación contra el exviceministro. Si el proceso sigue adelante, iría a juicio.

Marlen Arévalo y Edgar Cruz miran el álbum de fotos de su matrimonio a la luz de una linterna, durante un apagón en su casa en el departamento del Meta. Foto: Natalia Pedraza Bravo.

La luz al final del túnel

"En febrero de 2014 una señora en el pueblo me felicitó y yo no entendía por qué", recuerda Marlen Arévalo. Edgar Cruz estaba fuera de Guamal cuando vio la noticia en un periódico: una tutela, mecanismo que cualquier ciudadano colombiano puede usar para pedir a las autoridades judiciales la garantía de sus derechos fundamentales, que Marlen y otras once mujeres habían interpuesto en 2012, argumentando que sus derechos a la salud y la vida estaban siendo vulnerados por el proyecto de Ecopetrol, había sido revisada por la Sala Octava de revisión de tutelas de la Corte Constitucional. El fallo ordenó suspender las actividades de construcción y operación de la plataforma exploratoria Lorito 1. Marlen fue la única que se negó a retirar la tutela, a pesar de que asegura que en el juzgado la presionaron para hacerlo y esa decisión ha dado frutos.

A pesar de eso, la empresa reubicó el pozo 350 metros más lejos de la ubicación inicial y en 2018 confirmó la presencia de petróleo. Una nota del medio especializado en economía, Portafolio, replicado en el portal País Minero, reportó que en una visita a Villavicencio, capital del departamento del Meta, el presidente de Ecopetrol en 2017, Juan Carlos Echeverry, aseguró que Lorito-1, ahora reubicado, tenía los pozos “más promisorios” de todo el portafolio de la empresa. 

Sin embargo, otro reporte del diario El Tiempo en 2019, en entrevista con Ricardo Romero, líder de proyectos exploratorios del bloque CPO-9 de Ecopetrol, aseguró que la empresa había “reducido sus expectativas” con el pozo tras encontrar que el crudo que se produce es “extra-pesado”, lo que, aseguró Romero, es muy castigado en el mercado y aumenta los costos para poder venderlo.
A pesar del fallo favorable, Marlen Arévalo no ha parado su lucha. Ha participado en múltiples mesas de trabajo con la petrolera, no solo en su municipio, sino también en otros lugares donde se enfrentan a situaciones similares. "Donde haya violación de derechos humanos, yo voy a estar, no importa que yo no sea de allí”, afirma.

Su más reciente lucha es un nuevo proyecto del Bloque CPO-9, operado por Ecopetrol y que abarca 3.629 hectáreas, llamado “Campo Guamal”. El proyecto se ubicaría en el municipio donde Marlen y Edgar viven. Los temores que tenían con el primer pozo se han avivado de nuevo. 

Por eso, el 17 de octubre de 2023, junto a Corpohumadea interpusieron una acción popular que, hasta ahora, ha logrado frenar el avance del proyecto petrolero. Nueve meses después, el 26 de julio de 2024,la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ordenó archivar la solicitud de licencia ambiental presentada por Ecopetrol para operar en la zona, impidiendo así el desarrollo de la iniciativa. La petrolera impugnó la decisión, pero el 15 de octubre la ANLA ratificó su postura, lo que significó otro triunfo para Edgar Cruz y Marlen Arévalo.

Los defensores lo celebran, aunque saben que es una lucha que no ha terminado. “Por ahora estamos medianamente tranquilos, pero sabemos que Ecopetrol no va a renunciar a eso”, asegura Marlen Arévalo. 

A ambos les es imposible pensar en el fallo sin recordar la última vez que Marlen sufrió una amenaza directa. En 2018, cuando salía del juzgado de Guamal tras haber instaurado un documento para pedir que la ANLA cumpliera con la licencia ambiental de Lorito -1, un hombre y una mujer en una moto la interceptaron y le gritaron: “Ustedes vuelven a parar el pozo y se mueren, hijueputas”.
A pesar del temor, Marlen Arévalo y su esposo se mantienen firmes en la defensa de sus derechos y los de cualquier comunidad que necesite su apoyo, mientras viven en una casa junto a la carretera, creyendo que ser visibles hace más difícil que les hagan daño.

De momento se mantienen en su lucha, como dice Edgar Cruz cada vez que le preguntan ¿cómo están?: “Como la piragua de Guillermo Cubillos, chapoteando el vendaval”.

Actualizado el: Lun, 03/03/2025 - 09:46