Por Óscar Felipe Agudelo para La Liga Contra el Silencio

Y no es solo su venia para la creación de notarías. La superintendente García se ha ganado varios titulares de medios de comunicación por hechos como: la realización de un evento a dos días de las elecciones presidenciales en el que se reunió a buena parte de los notarios del país o cuando señaló que casi la mitad de los funcionarios que coordina tienen algún tipo de investigación interna por corrupción. En la estancia de García como cabeza de la entidad, según una fuente que pidió mantener su identidad en reserva, se han aumentado las quejas laborales, toda una paradoja si se tiene en cuenta que la superintendente es una abogada con especialización en Resolución de Conflictos.  Precisamente uno de los conflictos se avivó cuando una funcionaria se negó a avalar estudios que no cumplirían los requisitos para crear notarías. 

El 19 de mayo el Ministerio de Justicia decretó la creación de nuevas notarías, aunque la jefa de la Oficina Asesora de Planeación de la Superintendencia de Notariado y Registro rechazó la decisión porque ninguna pasó el estudio de viabilidad. 

En la coordinación de la Oficina ha estado Marcela Garavito, una funcionaria que dice haber vivido un calvario desde el pasado 18 de abril. En un estudio técnico, Garavito consideró improcedentes las notarías de Rivera (Huila), El Rosal (Cundinamarca), Piamonte (Cauca) y San José de Isnos (Huila) porque no cumplían los requisitos del Decreto Ley 960 de 1970. Desde ese día iniciaron los conflictos, cuando la superintendente García, en una comunicación interna, argumentó que esas notarías eran “una decisión del Gobierno Nacional”.

Garavito explicó que simplemente se ajustó a lo que dice el decreto sobre la creación de notarías. Según esa norma, aún vigente, se debe tener en cuenta la población del municipio y el promedio anual de escrituras. Ninguna cumplía con los requisitos. Desde ese momento inició un cruce de cartas entre Garavito, Daniela Andrade Valencia (funcionaria de la entidad y muy cercana a la superintendente) y la propia García. “Se centraron en un error ortográfico que tuve, pero no en el fondo de mi argumentación: que esas notarías no se podían crear”, dijo Garavito. 

Sin importar las razones, la superintendente García y Andrade Valencia le manifestaron que las notarías debían crearse bajo el concepto de “conveniencia del servicio”. Garavito refutó y desde ese momento no volvió a saber nada más; hasta el 19 de mayo, cuando el Ministerio de Justicia creó tres notarías por decreto, sin el aval de la Oficina Asesora: Piamonte, Rivera y San José de Isnos.

A la creación de las notarías del 19 de mayo sin el usual estudio de la jefe de la Oficina Asesora de Planeación hay que sumarle una cuarta: la de Madrid, Cundinamarca. Esa oficina merece capítulo aparte porque su solicitud fue del 11 de mayo y en solo ocho días fue decretada. Después de rechazar las otras cuatro, Garavito nunca supo nada de la nueva solicitud. “Esta notaría tampoco cumple las condiciones del Decreto Ley 960 de 1970”, señaló.

Una notaría es el sueño de cualquier político. Basta recordar a la excongresista Yidis Medina, quien pidió una al entonces presidente Álvaro Uribe para apoyarlo con su voto en la reelección presidencial. Hay otros ejemplos. Rodolfo Galvis Blanco, exgerente de la campaña presidencial de Iván Duque en Santander, después fue nombrado notario encargado, y pronto completará cuatro años en la Notaría 20. Jose Andrés O'Meara dejó la dirección del sistema de compras públicas, Colombia Compra Eficiente, hace menos de dos meses para irse a una nueva notaría en el Aeropuerto El Dorado. 

La senadora Aida Avella ha denunciado durante años los favores políticos que se pagan con notarías y los altos ingresos que devengan los notarios. “Es muy grave que se creen notarías sin requisitos legales a pocos días de las elecciones. No solo es grave, sino antiético. Alguien lo demandará”, dijo. Noticias UNO reveló que las notarías creadas se gestaron en municipios con alcaldes afines a la coalición del gobierno nacional.

Tomás Felipe Mora, docente y abogado especialista en derecho administrativo, considera que no se está respetando el trámite administrativo. “Puede hablarse de responsabilidad disciplinaria y penal. Las notarías tienen un trámite que ha existido por varios años en la Superintendencia de Notariado y Registro”, señaló. 

¿Cómo crearon notarías sin el visto bueno de la funcionaria encargada de dar vía libre? ¿Quién dio el visto bueno? La superintendente Fernanda García y el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, no dieron respuestas hasta la publicación de este reportaje.

Denuncias de maltrato laboral

Después de defender su posición sobre la inviabilidad de las cuatro notarías, cuenta Marcela Garavito, la superintendente García la descalificó. “Dijo que estaba contrariando lo manifestado por el gobierno, que no sabía lo que era conveniencia, que no sabía nada de registro y de sus normas”, dijo. Esto quedó documentado por Garavito en una carta enviada al comité de convivencia laboral. 

La Oficina Asesora de Planeación de la Superintendencia de Notariado y Registro usualmente ha avalado o rechazado la solicitud de las notarías por medio de estudios basados en el Decreto Ley 960 de 1979, explicó Garavito. “Se han emitido los estudios, pero terminan siendo recomendaciones. La última palabra para crearlas o suprimirlas la tiene el gobierno nacional, así lo establece el artículo 131 de la Constitución”, añadió Garavito, a quien le pidieron la renuncia luego de negar la creación de las notarías. 

En Noticias UNO García dijo: “La Superintendencia simplemente hace unos estudios de viabilidad para ver si se puede crear o no una notaría, y todas estas creaciones que ustedes vieron recientemente obedecen a una necesidad del municipio representada por el señor alcalde”. Lo que no dijo es que desestimó el estudio de factibilidad hecho por la jefa de la Oficina Asesora de Planeación, quien recordó casos donde el Decreto 960 sí se ha tenido.

Captura de pantalla comunicación de Garavito a García del 13 de mayo.

Garavito no es la única que habla de maltrato laboral por parte de la superintendente García. Existen otros testimonios en la entidad; uno de ellos es el de Archibaldo Villanueva, exsubdirector de apoyo jurídico de Notariado y Registro, quien fue declarado insubsistente de su cargo a tan solo días de obtener su pensión. 

Según Villanueva, la superintendente García, sabiendo que estaba próximo a pensionarse, le pidió la renuncia al cargo porque “ella tenía otros compromisos y necesitaba el puesto”. Villanueva le dijo que dejaría la vacante en cuanto tuviera su pensión, pero García no esperó el tiempo y lo declaró insubsistente. El puesto se lo dio a Camilo Andrés Chamorro, quien, según varias fuentes, es pareja de García. 

“Todo el mundo lo sabe, pero nadie puede decir nada”, dijo una fuente que pidió reserva. Chamorro, a quien le nombraron tres abogados de planta y cuatro contratistas para que lo apoyen, según Villanueva, ya había sido contratista de la entidad, y en octubre de 2021 iba a acompañar a la superintendente en un viaje a República Dominicana. Al interior de la entidad quedaron dudas de por qué él fue el elegido para acompañar a García a ese viaje con viáticos pagados para cada uno. Hubo malestar al interior de la Superintendencia por lo que él al final no viajó aunque ya existía resolución para hacerlo (ver aquí la resolución). 

Sobre los funcionarios maltratados por García, Villanueva dijo que no fue víctima, pero sí testigo. “Tuvo problemas con la mayoría de los directivos. Es ególatra, maltratadora, no delega. Es lo que ella diga por encima de lo que sea”, dijo. Villanueva coincide con Marcela Garavito en que la superintendente pretendía manejar la entidad sin tener en cuenta a otros funcionarios. Solo con el argumento de que era “amiga de Duque (...) y hablaba directamente con el presidente”.

Una fuente que pidió reserva explicó que la conexión de García con la Presidencia de la República se da a través de María Paula Correa, jefa del gabinete; de Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia; y de Daniel Palacios, ministro del Interior. Antes de llegar a la Supernotariado en 2018, García estuvo en la Personería de Bogotá, en el Ministerio de Ambiente y en el Tribunal de Cundinamarca.

Choques en una manifestación sindical

Ángela Salamanca, funcionaria de la entidad e integrante de Sintranore, uno de los sindicatos de la Superintendencia de Notariado y Registro, padeció los maltratos de García y de su esquema de seguridad. El 29 de octubre del año pasado el sindicato hizo un paro porque, según ellos, la entidad se estaba debilitando por el recorte de recursos económicos y por la tercerización del servicio (punto en el que está involucrada Proyectos Legales, una empresa de la familia del ministro del Interior, Daniel Palacios). Además, protestaron para que se respetaran las tarifas de los servicios que pagaban los ciudadanos. 

Salamanca y sus compañeros estaban en su legítimo derecho del ejercicio sindical cuando la superintendente García llegó con sus guardaespaldas a acabar con la protesta. “Arrancó unos carteles y llamó a la Policía, pero esta le dijo que no podía hacer nada porque estábamos amparados en el derecho a la protesta”, explicó Salamanca. “No hubo intención de dialogar, la intención fue quitar la manifestación como fuera posible”, añadió. 

En ese escenario Salamanca fue golpeada; también la superintendente García. El personal de seguridad del edificio, funcionarios cercanos a García y su esquema de seguridad intentaron a la fuerza diluir la protesta. Por su lado, los miembros del sindicato intentaron mantenerla. En medio estaban los ciudadanos que pretendían acceder a la oficina de instrumentos públicos de la calle 26 en medio del caos (ver video).

Finalmente la alta funcionaria no quiso dialogar, el servicio de instrumentos públicos duró parado unos 15 días en todo el país, hasta que el ministro de Justicia conversó con los miembros del sindicato. La falta de voluntad para dialogar le ocasionó a García un anuncio de debate de control político en el Congreso por el cese de actividades. El paro “tiene en jaque a la construcción”, dijo en noviembre pasado la representante a la Cámara Adriana Magali Matiz. 

Anteriormente, García había estado en la mira de la Cámara de Representantes para otro debate promovido por Gabriel Vallejo, congresista del Centro Democrático. Finalmente no se logró. 

Además de Garavito y Salamanca existen más de 10 casos que señalan a la superintendente y a personal cercano a ella de maltrato laboral. Las víctimas no acceden a hablar por miedo o represalias. Un exfuncionario tuvo una parálisis facial por el estrés. Otra, producto del acoso de funcionarias cercanas a García, sufrió ataques de nervios. 

Estos podrían ser los últimos días de García en el cargo. Fuentes consultadas indicaron que la funcionaria podría ser nombrada en alguna notaría por el presidente Duque. García, al frente de la Superintendencia de Notariado y Registro, ha sido una funcionaria conveniente para el Presidente, y las últimas semanas han sido de gran movimiento para ella. No solo por el foro en el que se reunieron todos los notarios del país a dos días de las elecciones presidenciales, sino también porque, según el sindicato Sintranore, la última semana de mayo la aprovechó para celebrar su cumpleaños con mariachis y torta con presupuesto de la Superintendencia. 

Actualizado el: Mar, 06/07/2022 - 07:31

Líderes indígenas y habitantes del departamento de Vaupés cuentan que, a finales de 2019, empleados de la empresa Waldrettung S.A.S., que se presenta como la filial colombiana de una multinacional alemana dedicada a proyectos de venta de bonos de carbono, reunieron a decenas de capitanes de varias comunidades del Gran Resguardo de ese departamento, el segundo resguardo más grande del país, en el coliseo de Mitú. 

En esa asamblea, que ocurrió el 25 de noviembre de 2019, comenzaron a discutir las condiciones del contrato que habían firmado la empresa y el representante legal del resguardo 10 meses atrás, el 17 de enero de 2019, incluso antes de que la empresa existiera con el nombre Waldrettung o Waldrättung, para poner en marcha el proyecto del mercado de carbono a 30 años que les permitiría recibir ingresos en ese lapso a cambio de preservar el bosque tropical amazónico en su territorio indígena. La asamblea del gobierno mayor del resguardo indígena terminó aprobando y ratificando el proyecto.

Pero allí no estaban todos los habitantes, sino 141 capitanes -como se le conoce a los líderes de cada comunidad- de los 196 que tiene el resguardo. Seis líderes –que no son representantes legales ni autoridades dentro del resguardo– señalaron a esta alianza periodística que de lo único que se enteraron fue de lo que alcanzaron a escuchar desde afuera del coliseo. Insisten en que no han visto el contrato que aprobaron ese día los capitanes con la empresa, cuyo representante es el abogado colombiano Helmuth Gallego Sánchez. Opinan -y les preocupa- que no hay claridad sobre los alcances del proyecto. 

“Llegaron, los reunieron y firmaron el acuerdo, no sabemos por cuántos años. No han pasado a socializar en nuestra zona; solo a recoger firmas, pero ni siquiera tenemos claro qué es lo que firma la gente”, cuenta un líder de una asociación indígena en el Vaupés, que pidió omitir su nombre por la sensibilidad del tema en su territorio. Estas asociaciones son organizaciones en las que se agrupan las comunidades cercanas al casco urbano de Mitú y que también forman parte del Gran Resguardo. En Colombia, los resguardos son entidades territoriales colectivas que pertenecen y son gestionadas por comunidades indígenas.

El proyecto de Waldrettung -cuyo nombre significa ‘cuidado del bosque’ en alemán- comprende un área significativa del resguardo que, en su totalidad, ocupa 3,9 millones de hectáreas de selva (un área un poco menor a la de Suiza o los Países Bajos), donde 19 pueblos indígenas como los desana, tukano, cubeo, pisamira, piratapuyo, barasano, wanano y piapoco conviven en un mosaico pluriétnico. Visto en el mapa, el proyecto ocupa un área significativa del departamento, desde el río Papunaua en el norte hasta los límites con Amazonas en el sur. Dentro de su extensión figuran la capital, Mitú, y Yavaraté, la suerte de nariz que se adentra en territorio brasileño.

En total, se trata de un área con ecosistemas de bosque tropical (que los expertos detallan como bosque denso alto de tierra firme) y algunos bosques inundables cercanos a ríos, según consta en el ‘documento de diseño de proyecto’ (o PDD) de Waldrettung, que aparece desde inicios de 2021 en el Renare, el portal del Ministerio de Ambiente que registra las iniciativas de mitigación al cambio climático. Aunque desde la empresa insisten en que el proyecto ocupa todo el resguardo, el área registrada en el Renare como “en formulación” es menor, de aproximadamente unas 2,2 millones de hectáreas. Allí viven unas 19,900 personas repartidas en 155 comunidades que corresponden a 11 de las 17 asociaciones de autoridades tradicionales indígenas (AATIs) del resguardo.

Esta no es la primera vez que Waldrettung llega a la Amazonía colombiana para proponer a las comunidades este tipo de proyectos. Su forma de hacerlo parece seguir un patrón, según la información recabada por la alianza periodística de Mongabay Latam, Rutas del Conflicto, Clip y La Liga Contra el Silencio. Contactan a los capitanes y otros líderes indígenas, les proponen contratos para preservar el bosque y vender bonos de carbono durante lapsos que varían entre los 30 y los 100 años. Las condiciones, según organizaciones sociales y abogados, pueden poner en desventaja a los pobladores indígenas, encargados de proteger los bosques de sus territorios. No obstante, en conversación con esta alianza, Waldrettung defendió que sus proyectos ayudan a traer finanzas invaluables a comunidades indígenas que viven en condiciones precarias. “Constituye una oportunidad para luchar contra el cambio climático y lograr justicia y equidad con las comunidades titulares de los territorios”, dijo su representante legal, Helmuth Gallego.

En total, figuran 14 fichas de proyectos promovidos por Waldrettung en la plataforma Renare. Además del Gran Resguardo del Vaupés y otro con la comunidad indígena Nukak en el departamento del Guaviare, aparecen fichas de posibles proyectos en los resguardos amazónicos de Bachaco Buenavista, Bajo Río Guainía y Río Negro, Carrizal, Corocoro, Cuenca Media y Alta del Río Inírida (Cmari), Cumaral Guamuco, Laguna Niñal y Mirití Paraná, además del Unido U’wa en la cordillera de los Andes. La mayoría aparece como en una fase temprana de factibilidad o planeación. Cinco -incluidos Cmari, Bajo Río Guainía y Río Negro y Gran Resguardo del Vaupés (al que corresponden tres fichas distintas en el Renare)- aparecen como en formulación, lo que significa que cuentan ya con contratos con las comunidades y documentos de diseño de proyecto, así como el respaldado de un estándar de certificación que los avala (en todos los casos con la metodología de la empresa colombiana Cercarbono). Aparentemente también buscó a otras comunidades amazónicas más, como la de Taraira, en la punta sur del Vaupés, que –según otra investigación periodística– declinó la oferta.

Estos proyectos buscan preservar bosques fundamentales para mitigar la crisis climática global, invirtiendo el dinero recaudado por la venta de bonos de carbono en las comunidades que los habitan. Los bonos son comprados por empresas que buscan neutralizar el impacto ambiental causado por su actividad productiva. Cada bono suele compensar la emisión de una tonelada de dióxido de carbono, uno de los gases de efecto invernadero que propicia el cambio climático. En Colombia existen proyectos con comunidades afrodescendientes y campesinas, y con resguardos indígenas. Estos últimos son los más buscados para estas iniciativas porque cuidan las zonas más extensas de selva del país.

Infografía por: CLIP.

Llamados Redd+, los proyectos tienen su origen en un mecanismo internacional creado por la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para reducir las emisiones producidas por la deforestación y la degradación de los bosques. En ese proceso buscan vincular a las comunidades con empresas, para mejorar la calidad de vida de quienes habitan y protegen los ecosistemas que regulan el clima de todo el planeta. En Colombia, estos proyectos vienen creciendo rápidamente desde que, en 2017, el gobierno de Juan Manuel Santos permitió a cualquier empresa comprar bonos y reducir el monto del impuesto nacional al carbono que deben pagar por los combustibles fósiles que usan. 

Las propuestas de Waldrattung

Esta alianza periodística constató que Helmuth Gallego y su empresa han propuesto proyectos de bonos de carbono a comunidades indígenas en cuatro de los seis departamentos colombianos del bioma amazónico (Guaviare, Guainía, Vaupés y Amazonas); así como en Vichada, en la Orinoquia, y Boyacá en los Andes. La empresa ha ofrecido contratos a comunidades que, independientemente de esos acuerdos, pretendería preservar más de 50 mil km cuadrados de la Amazonía colombiana y la zona del piedemonte, en los límites de Arauca y Boyacá. (A continuación puede escuchar  la entrevista completa con Helmuth Gallego hecha en abril de 2022 y acá puede leer las respuestas de Waldrettung a un cuestionario escrito).

Como se puede ver en el mapa a continuación, la empresa ha intentado firmar contratos con resguardos que ocupan amplias extensiones de tierra, como el Nukak en Guaviare, el Mirití Paraná en Amazonas o el Alto Únuma en Vichada.

Los representantes de Waldrettung señalan que tiene tres contratos con comunidades indígenas con amplio territorio, en los resguardos de Cmari, Bajo Río Guainía y Río Negro, otros con comunidades pequeñas, y continúa en conversaciones con varias más. Gallego, representante legal de la empresa, afirmó en una entrevista con esta alianza, el 21 de julio pasado —luego de una primera publicación de esta historia— que su compañía ha desistido de los proyectos con otros resguardos porque no lograron concretar los acuerdos tras iniciar conversaciones o se dieron cuenta que los indígenas habían firmado previamente con otras empresas de venta de carbono, y esto no es posible ya que no se puede vender dos veces una misma tonelada de carbono resultante de la misma deforestación evitada.

En esa conversación realizada por invitación de Waldrettung, los periodistas de esta alianza periodística pudieron finalmente examinar en su oficina decenas de documentos relativos al proyecto que presentó la empresa. Entre ellos, revisamos un documento que Gallego presentó como el contrato firmado con el Gran Resguardo de Vaupés el 19 de enero de 2019 (cuando Waldrättung S.A.S. aún no estaba registrada bajo ese nombre en la Cámara de Comercio de Bogotá) y su modificación del 7 de diciembre de 2021, que puso por escrito algunos acuerdos adicionales entre las partes y realizó varios ajustes al documento original. Según Gallego, estos cambios fueron solicitados por Verifit, la empresa encargada de verificar y auditar los procesos del proyecto de bonos. Esa lectura, que no había sido posible en la primera fase de reportería y a la que Waldrettung accedió con la condición de que no se publicaran los documentos legales ni se les tomara fotografías, permitió esclarecer algunas de las preocupaciones de varios indígenas del resguardo. 

Al menos ocho líderes indígenas de los departamentos a donde ha llegado Gallego le dijeron a esta alianza que nunca han visto los documentos firmados por otros de sus líderes con Waldrettung. Miembros de varias organizaciones que han acompañado a las comunidades indígenas, y que prefieren no ser mencionadas con nombre propio por la sensibilidad del tema en el sector ambiental y porque puede dañar su interlocución con el Gobierno, dicen que con frecuencia quienes han negociado estos proyectos se niegan a mostrar los contratos por temor a ser demandados por la empresa. Según sostienen, han escuchado que algunos contienen cláusulas de confidencialidad. 

“Traen una mano de documentos que ni siquiera están en nuestra lengua. Las autoridades indígenas firmaron, pero ni siquiera sabemos qué. No tenemos copia del contrato”, señaló un líder de una de las 17 asociaciones de autoridades tradicionales del resguardo indígena del Vaupés que se encuentran dentro del área del proyecto. Esta misma afirmación se repite en otros resguardos de la región amazónica y del Vichada.

No obstante, en esta segunda conversación con la empresa el 21 de julio pasado, esta alianza informativa pudo constatar directamente que, según el contrato del Gran Resguardo del Vaupés que mostró la empresa, no existen cláusulas que obliguen a mantener en secreto estos acuerdos.

El hecho de que algunos miembros de la comunidad afirmen desconocer las condiciones del proyecto e indiquen que en su visión no se realizaron dichas consultas —aunque se hayan hecho con otros integrantes de la comunidad— es una señal de alerta. En la cumbre de cambio climático de la ONU celebrada en Cancún en 2010 se acordaron  salvaguardas sociales y ambientales que deben cumplir todos los proyectos Redd+ en el mundo, a partir de las cuales Colombia desarrolló posteriormente una interpretación nacional detallada con reglas sobre cómo deberían ser el acceso a la información de los proyectos, el deber de rendir cuentas y la distribución de sus beneficios. Una salvaguarda en particular, sobre el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades, estipula que “cualquier iniciativa que afecte directamente a uno o varios grupos étnicos y comunidades locales, debe previamente ser consultada” con la comunidad y que ese proceso debe contar con el acompañamiento del Ministerio del Interior y los organismos de control. Tanto en la comunidad nukak —con la cual  la empresa desistió de firmar el proyecto—, como en el Gran Resguardo del Vaupés, hay líderes consultados que creen que estas reglas no se han cumplido y que resulta preocupante que no tengan acceso a los documentos base del proyecto, aunque reconocen que otros dentro de su comunidad sí han estado de acuerdo con este. En ambos casos sienten también que, como cuenta el segundo reportaje de este especial, el Gobierno -y en particular sus ministerios de Ambiente e Interior, que se ocupa de temas étnicos- no los han  acompañado. .

“Waldrettung respeta tanto a la comunidad que celebró el contrato con el resguardo, la unidad jurídica que los agrupa a todos, volviendo para obtener el consentimiento libre, previo e informado de la asamblea. Se desarrolló en el coliseo de Mitú, el sitio más grande y transparente”, señaló Gallego, añadiendo que han traducido documentos del proyecto al tukano y el cubeo.

A finales de julio, esta alianza periodística volvió a consultar a tres líderes indígenas, para preguntarles si las fechas y los porcentajes de distribución contenidas en el contrato y los documentos que mostró Waldrettung coinciden con lo que ellos conocen del proyecto. Los tres, que pidieron omitir sus nombres, señalaron que no tenían esa información ni acceso a dichos documentos. “Nosotros desconocemos sobre el proceso que ellos (los directivos del resguardo) han hecho, apenas nos hemos dado cuenta por las informaciones que ustedes nos dan”, dijo uno de ellos, que además es líder de una de las AATIs. Los periodistas de esta alianza intentaron comunicarse nuevamente con el representante legal y también líder indígena Simón Valencia, quien firmó el contrato en nombre del resguardo, para que nos contara su versión de la historia y corroborara dichos documentos, pero los mensajes no le llegaron a su cuenta de Whatsapp. También se le envió un correo electrónico, pero hasta el momento de la publicación no se había obtenido respuesta.

Imagen del chat con el chat del líder indígena Simón Valencia y del correo electrónico en el que se le solicitó una entrevista.​

Waldrettung argumenta que, antes de vender el primer bono de carbono, su proyecto ya ha traído beneficios tangibles a las comunidades del Gran Resguardo del Vaupés, que enfrentan problemas como un precario acceso a salud y educación, baja conectividad a internet, ausencia de agua potable e infraestructura sanitaria o escasez de oportunidades laborales. En su visión, los proyectos Redd+ tienen el potencial de subsanar estos problemas de vieja data y traer recursos valiosos a los indígenas. 

Esta segunda charla con los directivos de Waldrettung, que duró aproximadamente tres horas,  también permitió tener mayor claridad sobre otros detalles del proyecto como la distribución de beneficios económicos acordada con la comunidad, que no había sido posible conocer antes y que, en general, no suele ser pública en el sector Redd+ por considerarse información privada de los proyectos. Según se puede leer en los documentos contractuales, un 52 % de los ingresos totales que generen los bonos de carbono en un futuro irá directamente a los indígenas del Gran Resguardo del Vaupés. Del restante 48 % se deducirán todos los costos de ejecución del proyecto, incluyendo los pagos a los diversos actores que intervienen en la cadena de carbono validando, certificando o vendiendo los bonos, siendo el remanente lo que corresponderá a  Waldrettung como honorarios.

La empresa argumenta que ha ido más allá que otros proyectos Redd+ en asegurar el consentimiento libre e informado de los habitantes del resguardo, al no limitarse únicamente al visto bueno de la asamblea del resguardo y de 141 capitanes (que representan al 72 % de las comunidades que allí viven), sino firmando, además, acuerdos individuales de consentimiento con 3.237 familias (de las 4.156 que habitan el área del proyecto) ratificando esos compromisos.

Esos formularios están archivados en gruesos legajos que Waldrettung mostró a esta alianza periodística. En cada carpeta hay cientos de documentos en donde la cabeza de cada núcleo familiar manifiesta su visto bueno a una docena de puntos. Según se desprende de la muestra de estos documentos que esta alianza periodística pudo ver, en ellos centenares de cabezas de familias beneficiarias certifican que han sido informadas del proyecto, que están de acuerdo con su ejecución y que otorgan poder a la empresa desarrolladora para llevarlo a cabo. “Waldrettung es únicamente nuestra invitada y no tiene ningún derecho sobre nuestro territorio (…) El único que puede disponer del territorio es el resguardo porque tiene la personería jurídica”, se lee en uno de sus apartados. Allí reiteran algunas de las reglas de juego del proyecto, incluyendo el porcentaje de distribución de beneficios, la destinación del 80 % de los ingresos a proyectos en línea con el plan de vida del resguardo y la expectativa de crear empleos directos para los indígenas.

Una cláusula, sin embargo, contiene una diferencia significativa con el contrato firmado entre Waldrettung y el Gran Resguardo. “Este proyecto será ejecutado oficialmente desde el año 2020 por cien años”, se lee en un punto de los consentimientos individuales, pese a que el contrato y la ficha del Renare hablan de 30 años. Este hecho llamó la atención de esta alianza periodística ya que la cifra se repite en cientos de estos documentos que fueron firmados en fechas como diciembre 11 de 2019, enero 20 de 2020, marzo 2 de 2020 o 30 de noviembre de 2020, según se lee en el legajo que Waldrettung conserva en su oficina. Es decir, hasta dos años tras la firma del acuerdo y uno después de que la asamblea comunitaria lo ratificara.

Consultados por las discrepancias entre este periodo y el estipulado por el contrato, Waldrettung reconoció que es un tema que deberán subsanar, ya que el plazo fijado en los consentimientos que firmaron miembros de la comunidad e indica 100 años, en realidad terminó pactándose en 30 años con la posibilidad de ser renovado hasta por dos veces el mismo periodo, según consta en los ajustes que hicieron la empresa y las autoridades del resguardo en 2021. “No hemos terminado el proceso de validación y vamos a solicitar una ratificación [de esos consentimientos]”, dijo Gallego, explicando que ellos repartieron esos documentos antes de la asamblea y que solo los recogieron dos años después, pero que por petición de la empresa validadora Verifit deberán reemplazarlos todos. “Esperamos tenerlos en diciembre de este año”, añadió.

Las dudas en otros contratos

Líderes de comunidades de otros resguardos han expresado preocupación por el proceso de negociación con esta empresa. “La mayoría de las comunidades y autoridades tradicionales no conocemos de vista ni el contenido del proyecto Redd+”, escribió el líder indígena puinave Julián Moreno Cuiche, secretario general del resguardo Cmari, en Guainía, que firmó un contrato con Waldrettung, en una carta notariada y con huella dactilar que envió al auditor Verifit en julio de 2021 y en la que copió a los Ministerios de Ambiente y de Interior, así como a la Defensoría del Pueblo. Entre las fallas que enumeró estaban que, según Moreno, el contrato “fue firmado sin el consentimiento ni aprobación por parte de las comunidades”; que no se socializó con toda la comunidad en una asamblea general y que, además, desconocían aspectos básicos como la duración del proyecto, la participación de las utilidades y la manera como se invertirían esos recursos. “Al parecer y por solo rumores, se dice que estamos obligados a cien años”, le dijo a las entidades (aunque la ficha de este proyecto de Waldrettung en el Renare habla de 40 años). 

Posterior a la publicación de este reportaje, Waldrettung aportó documentos que muestran que Moreno Cuiche denunció a la Fiscalía que él no había escrito ese documento y que su identidad había sido suplantada. También remitió a los periodistas un video en el que el líder indígena del Guainía sostiene la misma versión y explica su apoyo al proyecto Redd+ impulsado con la empresa. “Hay empresas que nos quieren dividir, pero hay una empresa que ha venido trabajando desde hace varios años con nosotros y es Waldrettung SAS”, dice en el video que se puede consultar a continuación. 

Pese a la denuncia de Moreno, la Defensoría del Pueblo parece seguir dando por válida su queja. En respuesta a un derecho de petición de esta alianza periodística, la entidad informó el 26 de mayo de 2022 que tenía información sobre siete posibles denuncias “relacionadas con el desarrollo y suscripción de contratos en el marco del mercado verde” en todo el país, incluyendo una del resguardo Cmari fechada en septiembre de 2021 y que la entidad pública vincula al proyecto de Waldrettung. La Defensoría no proporcionó detalles sobre dicha denuncia.  

Como los contratos que ha firmado la empresa no son públicos, líderes de varias comunidades, así como organizaciones y abogados especialistas en temas indígenas y ambientales mostraron su preocupación, ya que el único documento al cual han tenido acceso es un prospecto de contrato de un proyecto de bonos de carbono que elaboró la empresa y que firmó el representante legal del resguardo Nukak en el Guaviare. Los consultados resaltaron posibles irregularidades en ese contrato; entre ellas el objeto, el tiempo y las cláusulas que le dan el poder de decisión a la empresa y no a la comunidad indígena. 

La compañía ha sido reiterativa en señalar que ese contrato no sirve como referencia, ya que al final —pese a haberlo redactado— nunca lo firmó y posteriormente la comunidad terminó negociando con una compañía distinta.

Una fuente que trabaja en la Amazonía, experta en consulta previa, señaló que las mismas condiciones de tiempo eran similares en otros contratos de la empresa, como el que firmó el representante legal del resguardo Mirití Paraná en Amazonas. Ante los reclamos de la comunidad en el departamento del Amazonas, que insistía en que nadie podía tomar decisiones por todo el resguardo, la empresa parecería haber renunciado a sus pretensiones de impulsar el proyecto, según esa misma fuente que trabaja en una organización ambiental.

Los bonos de carbono se crearon para proteger los bosques de la deforestación, pero también a las comunidades que los cuidan. Para Harold Rincón Ipuchima, indígena tikuna y secretario general de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), estos contratos deberían cumplir estándares que permitan a los resguardos –inalienables, imprescriptibles e inembargables, según la Constitución colombiana– conservar su gobernanza. “No puede pasar que las decisiones de los territorios queden sujetas a segundos o terceros, sino que sean del propio gobierno de las comunidades”, dice el líder indígena. 

Entre las condiciones del prospecto de contrato con la comunidad Nukak, y que pone en evidencia cómo se estructuraron los demás convenios de la empresa, está que Gallego los asesore en la forma en que deben invertir los recursos por la venta de los bonos. Además, en el documento se lee que la empresa “puede negociar y celebrar cualquier tipo de contrato para la compra y venta de bonos de carbono (...) y cualquier tipo de documento que pudiera requerirse para tales propósitos y reciba el pago pactado por tales servicios”. 

En la visión de la OPIAC, los indígenas no deberían ser considerados como meros beneficiarios, sino como socios, dado que el proyecto sería inviable sin su territorio. Aunque no tienen un monto mínimo de repartición de beneficios, la organización indígena insiste en que debería existir una relación equitativa entre ambas partes con una participación real de las comunidades en el proyecto, así como una transferencia gradual de las habilidades técnicas para manejarlos. 

Esta realidad se complica por otro tema. Para la socióloga Aura María Puyana, excoordinadora nacional del Programa Proindígena de GIZ, la agencia de cooperación del gobierno alemán, en general, en los contratos que negocian varias compañías en la Amazonía se considera a la comunidad indígena como un actor económico igual que una empresa, cuando hasta ahora están comprendiendo las dinámicas de ese negocio y los aspectos técnicos de los proyectos. Eso genera, dice, una asimetría para los indígenas en la negociación. “Son actores que apenas están entrando en conocimiento de estas dinámicas en el mercado de bonos de carbono”, afirma la socióloga.

Las confusiones después de la firma 

Lo preocupante para las organizaciones indígenas y las autoridades tradicionales de los resguardos que hablaron con esta alianza periodística es la forma cómo se han tomado las decisiones de entrar en proyectos de bonos de carbono en muchas de esas comunidades, incluidos los de la empresa Waldrettung. 

“Fue un momento muy duro. No hubo claridad, no hubo consultas. Solo llegaron a recoger firmas a las familias y ofreciéndoles dinero a los capitanes”, cuenta el líder de una asociación indígena del Gran Resguardo del Vaupés. Esos momentos fueron confusos, explica, porque no sabían qué habían firmado y cuáles serían las condiciones de esa obligación contractual. Para los líderes con los que habló esta alianza periodística solo había algo claro: se sintieron traicionados por los representantes de su resguardo y por la empresa que no socializó con ellos en qué consistía la venta de bonos de carbono. 

Waldrettung explicó que firmó el contrato con el Gran Resguardo en medio de una socialización que no ha sido fácil por la forma en que están organizados los pueblos que viven allí y por el tamaño del resguardo. “El hecho de que haya un contrato modificatorio muestra que hay un diálogo de igual a igual”, señala Mónica Gutiérrez, subdirectora jurídica de Gallego Lawyers.

Las comunidades indígenas están protegidas por la Constitución del 91, que les permite tener su propia forma de gobierno. En el Vaupés, estas comunidades crearon jurídicamente un consejo indígena al que nombraron Gobierno Propio de Autoridades Tradicionales de los Resguardos y Territorios Indígenas del Vaupés (CRIVA) y que en la región simplemente es conocido como Gobierno Propio.

Gaia Amazonas, una de las ONG ambientales con mayor trayectoria en la Amazonia colombiana, y que viene asesorando jurídicamente a los indígenas, explica en su página web que estos consejos deben proteger la forma en que se gobiernan estos pueblos en Colombia y la forma como se relacionan con el Estado.

La empresa de Gallego llegó al Gran Resguardo y sus empleados recorrieron algunas comunidades recogiendo firmas para respaldar el contrato con el Gobierno Propio. Los líderes que fueron consultaron señalaron que no sabían la fecha de firma de contrato, dato de suma importancia, ya que han explicado que les preocupa que el representante legal actual del consejo comenzó su periodo el 10 de noviembre de 2015 y, según los estatutos de la organización, las autoridades debían ser elegidas por todas las comunidades cada cuatro años. Sin embargo, desde que obtuvieron la personería jurídica nunca se ha convocado una nueva elección. Por lo tanto, tampoco sabían si el contrato se había firmado dentro del periodo que avalaba la directiva del consejo o posteriormente.

El representante legal de Gobierno Propio y quien firmó el contrato con Waldrettung es el líder indígena cubeo Simón Valencia, quien es respetado en la región por haber sido uno de los primeros etnoeducadores. También es el padre de Mónica Valencia, hasta hace dos semanas representante a la Cámara del Vaupés por el Partido de la U .

Según los documentos que Waldrettung le mostró a los periodistas de esta alianza, el contrato fue firmado en enero de 2019, cuando Valencia todavía tenía el periodo vigente. Además, la empresa mostró un documento expedido el 3 de febrero de 2020 por la Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Vaupés, en el que señala que Simón Valencia seguía siendo el representante legal del consejo. “El consejero mayor es el representante legal y está facultado para celebrar convenios. Tenía íntegras facultades como representante legal para firmar el contrato”, dijo Gallego.

Esta alianza investigativa contactó vía telefónica a Simón Valencia desde el mes de mayo de 2022 y le propuso una entrevista para que expusiera su versión de la historia. El líder aceptó, pero no volvió a contestar las llamadas en días posteriores. Algo similar ocurrió con su hija, la entonces congresista Mónica Valencia, quien primero respondió vía Whatsapp que la firma del contrato le “pareció algo terrible” y que ella “estuvo en desacuerdo con el tema”. Sin embargo, no volvió a contestar nuestras llamadas. 

A esto se suma que, para los expertos que acompañan a las comunidades en el fortalecimiento de su procesos organizativos, la capacidad de decisión recae sobre las autoridades locales de las comunidades, sea una oficina de gobierno o los consejos indígenas. Estos organismos cuentan con un representante legal que sería el encargado de firmar cualquier contrato cuando la comunidad completa lo autorice. 

En últimas, este caso subraya cómo existen interpretaciones jurídicas cruzadas sobre qué autoridad dentro de un resguardo amazónico está en capacidad legal de firmar uno de estos contratos con una empresa desarrolladora de proyectos Redd+ y cómo, en ausencia de una respuesta clara a esta pregunta, además de descontento al interior de las comunidades, puede haber un caldo de cultivo para pleitos ante la justicia. 

De igual manera, el tiempo que inicialmente propuso Waldrettung  a la comunidades, “no menor a cien años”, ha prendido alarmas en el sector ambiental. “Es un contrato de por lo menos 10 generaciones, las cuales tendrían beneficios. Para una empresa es muy rentable y para una comunidad étnica, pero en términos contractuales es exagerado”, dijo el abogado experto en temas indígenas. 

Llama la atención que, por ejemplo, en  el contrato que le ofrecieron a los nukak, pero que no se celebró, no dice cuándo empezarían a regir esos 100 años, y además se genera una cláusula condicional estipulada por la empresa. “Este término está supeditado a que se pueda desarrollar después de todas las negociaciones que se hagan de la venta de carbono. Entonces, los 100 años podrían prorrogarse hasta que hagan todas las conversaciones”, dice el abogado. En otras palabras, el contrato podría terminar superando los 100 años pactados.  

Helmuth Gallego explicó que Waldrettung en un inicio propone a las comunidades proyectos a 100 años, lapso que consideran la vida útil idónea de un proyecto Redd+, pero que el tiempo definitivo depende del acuerdo al que lleguen con los indígenas. En la mayoría de casos, explica, la negociación ha terminado acotando el periodo a 40 o 30 años, como en el caso del Gran Resguardo del Vaupés. “Nuestra idea es que las comunidades, siempre tan explotadas y tan abandonadas por nuestro Estado, por 100 años reciban remuneración”, dice Gallego. Tener proyectos de larga duración, había explicado en la primera entrevista, habla también del horizonte con que se proyecta una sociedad. En sus palabras, “estamos en Colombia y no en Alemania. Aquí somos de corto plazo”.

Al preguntar por los planes a futuro de los bonos de carbono emitidos por proyectos de Waldrettung, Helmuth Gallego aseguró que el mercado principal que tienen identificado es Alemania. Este es un país con el que él tiene una relación de vieja data, tras hacer su maestría en derecho privado y su doctorado en derecho bancario en la universidad Johannes Gutenberg de Mainz y ser uno de los abogados germano-hablantes listados por la embajada de Alemania en Bogotá.

Imagen de la página de contacto de la empresa Waldrettung Gmbh.

Imagen tomada de la página web de la empresa Hengeler Mueller en la que se ve la dirección de su sede en Frankfurt​

Búsquedas en los registros comerciales de Austria y Suiza, así como en los portales comerciales de registros societarios de OpenCorporates y Sayari, tampoco arrojaron ningún resultado para Waldrettung GmbH. Un mensaje enviado al correo electrónico de la empresa, info@waldrettung.com, tampoco recibió respuesta. El dominio de la página web de la empresa alemana aparece registrado, según la herramienta Domaintools.com, a nombre de Sandra Silva, el correo h.gallego@gallegolawyers.com y la dirección que comparten Gallego Lawyers y Waldrettung S.A.S. en Bogotá. Los documentos de la Cámara de Comercio de Bogotá de Waldrettung S.A.S. tampoco incluyen su nexo con una empresa matriz en Alemania. En el registro único empresarial y social (RUES), lista el capital como 100% extranjero, pero no explica de qué empresa o personas, o de qué país proviene. 

En Colombia, la historia de la empresa Waldrettung S.A.S. se remonta a noviembre de 2015, cuando fue inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá como O1GA S.A.S. Cuatro meses después su nombre fue cambiado a Ediciones Braille Ver S.A.S. El 26 de junio de 2019, esa empresa -de la cual Helmuth Gallego era único accionista- se convirtió en Waldrettung S.A.S. El objeto social cambió a “la estructuración, el desarrollo, la implementación, la puesta en marcha y ejecución de toda clase de proyectos ambientales en América Latina, particularmente aquellos que se puedan enmarcar en los estándares de mercados voluntarios como el VCS o el REDD o del mecanismo de desarrollo limpio del protocolo de Kyoto”, según consta en el expediente en la Cámara de Comercio de Bogotá. Es decir, el cambio en la naturaleza de la empresa se hizo cinco meses después de que se firmara el contrato con el representante legal del Gran Resguardo del Vaupés y cuatro meses antes de que la asamblea de éste lo aprobara. Un año después, en octubre de 2020, la empresa pasó de tener un capital autorizado de 500,000 pesos (unos 130 dólares de la época) a uno de 120,500,000 pesos (unos 31,300 dólares). Luego, en diciembre de 2021, finalmente cambió su nombre de Waldrättung S.A.S. por el actual de Waldrettung S.A.S.

Imagen del registro de la Cámara de Comercio de la empresa Waldrettung.

No serían, en todo caso, los primeros bonos de carbono con los que los directivos de Waldrettung trabajan. Helmuth Gallego también es, desde 2013, el representante legal de dos empresas, CarbonBW Colombia SAS y Biogas Doña Juana (también conocida como Biogás Colombia), que tiene contratos para el aprovechamiento de los gases emitidos en los rellenos sanitarios de varias de las ciudades más grandes del país, incluyendo el de Doña Juana en Bogotá, así como los botaderos de Cartagena, Cali, Armenia, Montería y Tunja. 

Tras colocar tubos debajo de las montañas de residuos sólidos, el metano —otro de los gases responsables del cambio climático— se acumula y después es tratado para generar energía, en un negocio verde que resultó ser tan productivo que logró abastecer a más de 4 mil hogares en Bogotá, según un dato que dio el propio Gallego al periódico El Tiempo. La Alcaldía de Bogotá dijo haber recibido a agosto de 2021 más de 3.444 millones de pesos (unos 800 mil dólares) en regalías gracias a ese esquema. “Si no existiera esta empresa, sería prácticamente imposible vivir en el sur de la ciudad”, dijo Gallego a esta alianza periodística en abril. Según el medio alemán Ecoreporter, en estas empresas también hay inversiones alemanas a nombre de un ingeniero llamado Johannes Laubach.

Conflictos en las comunidades

Los indígenas en Vaupés y Guaviare también aseguran que la forma en que llegó la empresa Waldrettung generó conflictos en las comunidades, pues varios líderes señalaron a quienes firmaron los contratos de posiblemente haberse favorecido en las negociaciones. Aunque algunos líderes afirman que existen rumores de recepción de dineros por parte de capitanes y otros representantes de las comunidades, esta alianza periodística no encontró evidencia de tales prácticas.

Varios líderes del Guaviare y Vaupés señalaron las tensiones que se viven dentro de las comunidades por estos señalamientos. “Varias empresas vienen a financiar reuniones, a compañeros que aspiran a convertirse en autoridades tradicionales, y eso se nota, porque llegan a hacer campaña ahora con mercados, ofreciendo aguardiente, dulces. Eso no se veía antes”, cuenta un líder  indígena de una asociación que hace parte del Gran Resguardo del Vaupés.

La competencia entre empresas para convencer a los indígenas también está complicando la relación entre las comunidades. 

Líderes del Gran Resguardo del Vaupés cuentan que empleados de otras empresas les han insistido en firmar nuevos contratos y han argumentado que podrían asesorarlos para invalidar los anteriores. Un representante de una de las comunidades insistió en que toda la situación está generando un fuerte conflicto. “Nos da mucho temor. No sabemos cómo va a terminar esto, si algún día va a reventar el problema. Si el Gobierno Propio insiste en que hay que ejecutar el proyecto en todo el Gran Resguardo con Waldrettung, pues ¿qué va a pasar con las otras empresas que han invertido mucha plata con otros líderes?”, señala un presidente de una asociación de autoridades tradicionales del resguardo.

El inmenso valor del bosque dentro del Gran Resguardo de Vaupés lo evidencia. Una prueba de ello es el hecho de que otras empresas también han buscado a otras de sus autoridades indígenas, distintas a las que acordaron con Waldrettung, para establecer proyectos similares en sus territorios. Una de ellas es la AATI del Río Pirá Paraná (ACAIPI), que queda justo al sur y que firmó un contrato con la Corporación Masbosques, una consultora de Medellín que tiene el respaldo del grupo empresarial Nutresa. Aunque el mapa contenido en el PDD del proyecto Redd+ de Waldrettung excluye esta área, su promotor Helmuth Gallego insistió a esta alianza periodística en que el contrato que firmó con el Gran Resguardo abarca la totalidad del territorio. “Otras empresas sin moral empresarial están animando a las comunidades indígenas domiciliadas en el territorio del Resguardo en el que se ejecuta nuestro proyecto para que desconozcan al Consejo Mayor (Gobierno Propio) y ahora hagan proyectos Redd+ pequeños con cada una de esas empresas”, dijo.

Según Gallego, Waldrettung tiene problemas con al menos seis empresas que están impulsando proyectos dentro del Gran Resguardo de Vaupés con algunas de las AATIs que lo integran, algo que en su visión no debería suceder porque únicamente el gobierno mayor está facultado para firmar ese tipo de acuerdo. “Quien divide es quien busca a las AATIs. Waldrettung respetó la unidad del resguardo, la patrocinó y trabajó en función de ella”, dice Gallego, quien mencionó conflictos de este tipo con las empresas South Pole Asset Management, Saving The Amazon, Más Bosques, Carbon Sostenible, Wildlife Works Colombia y Amazon Carbon Bonds.

Esas son las razones por las cuales Gallego asegura que su empresa aún no ha podido firmar acuerdos de consentimiento con 900 familias en el área de influencia de su proyecto y con otras mil más que están dentro del resguardo pero en otras áreas. “El problema de división política en ese resguardo es tan grande que en algunas comunidades no nos han dejado entrar”, dice Gallego. 

De seguir existiendo estos traslapes, es probable que el Gobierno nacional, mediante la plataforma Renare, tenga que dirimirlos o definir en qué condiciones pueden convivir en un mismo territorio colectivo, ya que no pueden coincidir dos proyectos en el mismo lugar exacto— y por lo tanto, tampoco dos iniciativas de mitigación y bonos de carbono.

En todo caso, este no es el único lugar del país donde Gallego dice haber tenido este tipo de problemas. Según el abogado, representantes del resguardo Alto Únuma en Vichada firmaron un contrato con Waldrettung tras haberlo hecho anteriormente con otra empresa.

Proyectos sí, pero no así

Gran parte de la dirigencia indígena insiste en que los proyectos de bonos de carbono son una buena oportunidad para apoyar a sus comunidades y preservar el bosque amazónico. Sin embargo, piensan que las empresas deben mejorar sus prácticas para que se respete la autonomía indígena y se les reconozca el trabajo ancestral de conservación ambiental. 

“Hay empresas que lo han hecho mejor que otras, que han venido con tiempo al territorio a socializar. Lo que ocurre es que llegan otras con plata y afán, sin respetar, sin reconocer nuestro conocimiento, la forma en que vivimos y tomamos decisiones”, explica un líder indígena del Vaupés.

Los líderes coinciden en que es clave que miembros de las comunidades se capaciten para que tengan más competencias técnicas a la hora de negociar y ejecutar estos proyectos. “Si tuviéramos más abogados, más ingenieros ambientales, podríamos tener una participación más activa en las propuestas. Yo me he formado en el turismo y he podido crecer para apoyar a la comunidad, así también se puede hacer con este tema”, cuenta un joven líder del Vaupés que trabaja con proyectos de turismo sostenible.

La forma en que algunas  empresas se están disputando los proyectos de bonos de carbono ha puesto a varias comunidades indígenas de la Amazonia colombiana en medio de una fuerte tensión. Algunas de ellas viven en difíciles condiciones de pobreza y han sido asediadas por la violencia y más recientemente por la deforestación, por lo que sus condiciones de vulnerabilidad los podrían estar poniendo en una posición desigual en las negociaciones.

Todas las comunidades consultadas para este reportaje señalaron que se han sentido solas, sin ningún tipo de apoyo de entidades oficiales en estas negociaciones. Ante toda esta situación, ¿qué ha hecho el Estado para proteger los intereses de los pueblos indígenas y la selva amazónica que ellos cuidan? En el siguiente reportaje pueden conocer el rol que han tenido las entidades públicas en esta historia.

*Este reportaje fue publicado originalmente el 19 de mayo de 2022. Esta nueva versión, republicada el 2 de agosto de 2022, contiene información adicional proporcionada por la empresa Waldrettung que permite hacer una contrastación más detallada de los hechos narrados en esta historia e incluye nuevos hallazgos realizados por los periodistas de esta alianza.

Actualizado el: Mar, 08/02/2022 - 14:01

Por: La Liga Contra el Silencio

Ignacio Gómez Gómez vive con su familia al suroriente de Bogotá, muy cerca de la antigua vía al Llano. Su casa, una de las pocas construida con bloques de arcilla y tejas de zinc, terminó embargada por error, en una demanda que el abogado Abelardo De La Espriella radicó contra otro Ignacio Gómez, el subdirector de Noticias Uno.

El abogado demandó al periodista por “agredir su dignidad”, dos años después de que Gómez, en 2016, dijera en un tuit que De La Espriella había “recibido una absolución express” en un proceso disciplinario por presuntas irregularidades como apoderado del exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt. En el proceso que aún no termina, el abogado pidió embargar los bienes de Ignacio Gómez. Para ello entregó una lista de inmuebles donde figura el apartamento del periodista, pero también la casa de arcilla que tiene su tocayo al sur de Bogotá. 

Este equívoco, que puso en riesgo la casa de don Ignacio y obligó al subdirector de Noticias Uno  a defenderse en los tribunales por un trino en una red social, resume las consecuencias que puede desatar el acoso judicial contra periodistas. 

Los posibles procesos varían. Abogados que actúan por cuenta propia, o en representación de personajes públicos, interponen tutelas que pueden provocar fallos de jueces donde se ordena la rectificación o la eliminación de publicaciones. También hay denuncias por injuria o calumnia que pueden llevar a sentencias con penas excarcelables de entre 16 y 54 meses; y multas de hasta 1.500 salarios mínimos mensuales, unos mil millones de pesos. 

Además puede haber demandas por responsabilidades civiles que buscan pagos de supuestos perjuicios económicos por el daño causado, como en el caso contra Ignacio Gómez. Abelardo De La Espriella se muestra en público como un abogado combativo que usa estas herramientas de forma recurrente para enfrentar a quienes él considera “pseudoperiodistas, que se creen los dueños de la verdad y la moral; que señalan y hacen aseveraciones, sin prueba de ninguna clase”, según ha dicho en redes sociales y entrevistas.

La abogada Ana Bejarano, directora y fundadora de la organización El Veinte, que defiende a periodistas en procesos que amenacen su libertad de expresión, explica que esta práctica se da cuando el uso de la justicia no busca ganar un pleito, sino silenciar o intimidar a un reportero. “No cualquier demanda o denuncia por cuenta de una información puede considerarse acoso judicial. Se da en circunstancias específicas. En muchos casos los procesos no están respaldados probatoriamente y solo buscan censurar”, dice.

La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, ha documentado un aumento del acoso durante los últimos años. En el 2017 registró 17 casos; 38 en 2018 y 66 en 2019. Pero en estas cifras, según la fundación, hay un subregistro y solo muestran una parte del problema. 

La demanda contra Ignacio Gómez ha cambiado varias veces y le han sumado otros hechos, como la publicación de algunas notas en Noticias Uno, relacionadas al caso de corrupción donde resultó condenado el exmagistrado Jorge Pretelt. Estas piezas periodísticas fueron realizadas por otro reportero, Guillermo Gómez, quien también terminó involucrado en el proceso. “Cogieron el trino que puse y le sumaron una discusión que tuve por mensaje directo de Twitter con la cuenta de Abelardo De La Espriella. Revolvieron todo en la demanda y luego sumaron las notas de Guillermo y me señalan por ser el editor de esa información”, cuenta Ignacio Gómez.

Según el periodista, la demanda, que tiene un monto de 20 millones de pesos, busca silenciar su trabajo y es una represalia por sus investigaciones sobre el exmagistrado Pretelt y el mismo De La Espriella. Gómez cuenta que el proceso comenzó después de enviar un derecho de petición a la Fiscalía, donde pidió los registros de cualquier investigación en contra del abogado.

Para Emmanuel Colombié, director regional para América Latina de Reporteros Sin Fronteras, estos casos tienen un impacto psicológico sobre el periodista, por la angustia de afrontar los procesos y la “asfixia económica” que pueden generar las sanciones. “Esto puede crear zonas silenciadas. Si hay temas que no se pueden tocar, es dramático para la sociedad y es dramático para la libertad de prensa”, explica Colombié.

Hay 14 periodistas denunciados o demandados por De La Espriella, según el registro que lleva la FLIP. En la lista figuran, entre otros, el columnista de El Espectador, Yohir Akerman; el periodista de La W, Yamid Palacios; el actual director de la fundación, Jonathan Bock; el director de La Mesa de Centro, Carlos Cortés; y la directora de Noticias Uno, Cecilia Orozco. En 2018 el abogado demandó en Estados Unidos al presidente de noticias de Univisión, Daniel Coronell, pero tuvo que retirar la acción judicial en 2020.

Bock, Akerman, Cortés e Ignacio Gómez, en entrevistas con La Liga Contra el Silencio, coinciden en que De La Espriella no busca rectificación, sino involucrarlos en diligencias judiciales para que no vuelvan a mencionarlo en sus trabajos periodísticos.  “En la audiencia de conciliación le pregunté qué debía rectificar y me dijo que tocaba quitar toda la columna y escribir otra pidiéndole perdón por haberlo comparado con un personaje mafioso”, cuenta Bock, quien fue demandado por De La Espriella en 2016, cuando publicó una pieza llamada ‘Better call Abelardo’. El título alude a la serie ‘Better call Saul’, que muestra la vida de un abogado experto en solucionar problemas a narcotraficantes.

Aunque los casos de De La Espriella en contra de los periodistas son los más reiterativos y mediáticos, existen otros abogados que recurren a los mismos procesos. Yohir Akerman contó que el abogado David Espinosa, representante del expresidente Álvaro Uribe, lo ha denunciado por una columna donde lo menciona. ”Es un matoneo jurídico y con consecuencias económicas cuyo único objetivo es censurar el mensaje. Se utilizó la justicia como una herramienta de matoneo, y no para defender un derecho primordial como es la libertad de expresión”, dijo el periodista.

Este matoneo tiene varias implicaciones para los periodistas. Lesiona sus finanzas, pues deben pagar abogados y, en muchos casos, viajar para responder los llamados de la justicia. Varios de ellos, denunciados o demandados por De La Espriella, han tenido que volar a Barranquilla porque el abogado interpone muchos de los procesos allí, donde tiene una oficina de su bufete.

Para Carlos Cortés, también demandado por De La Espriella tras opinar en un trino, es preocupante que algunos tomen decisiones desproporcionadas contra el periodista y quieran reprenderlo. “Uno puede tener críticas ante el ejercicio de un periodista, pero no puede llegar a decirle: ‘No puede volver a hablar de esta persona’. Ese tipo de acciones crean un antecedente nefasto”, dijo.

Según el periodista y abogado, varios fallos de la Corte Constitucional muestran que estas prácticas van en contra de la libertad de expresión. Pero algunos jueces en diferentes instancias permiten que estos procesos avancen, en contravía de lo expuesto por el alto tribunal. “El tema de fondo debe ser la judicialización del debate público, de cómo estamos tramitando las diferencias”, argumentó Cortés.

Según Adriana Hurtado, directora de la Federación Colombiana de Periodistas, algunos jueces terminan valorando derechos a la intimidad o buen nombre por encima de un derecho fundamental como la libertad de expresión. “Personas que están sometidas al escrutinio público acuden a la justicia para que el periodista no investigue o publique información sobre ellos. Y en muchos casos los jueces se prestan en un grave problema de ponderación de derechos”, señala Hurtado.

El tema económico es central en estos procesos civiles y ha sido mencionado muchas veces por  De La Espriella. “Me he dado cuenta (de) que nada le duele más a ese periodismo independiente de Colombia que el bolsillo. Un dolor de bolsillo es peor que un dolor de muela”, dijo en un programa en Youtube conducido por el político retirado Carlos Alonso Lucio (ver fragmento). La Liga contactó a De La Espriella, pero se negó a declarar. Solo exigió que este reportaje recordara su defensa de medios como la revista Semana. Después avisó: si cualquier persona se mete con su honra y buen nombre, procederá judicialmente.

Borren todo

Algunos abogados no solo actúan cuando los periodistas mencionan sus nombres en opiniones o investigaciones, sino que venden directamente este servicio a sus clientes. De La Espriella Lawyer Enterprise, empresa del abogado, ofrece Clean Ups, un servicio que promulga el derecho al olvido y se compromete con sus clientes a borrar toda la información negativa publicada sobre ellos en internet. En su página, la firma de abogados asegura que tiene 100 casos exitosos. Lo que promete es rastrear la información y contactar a los administradores del contenido para que lo desaparezcan; de lo contrario proceden con acciones legales.

La Flip ha señalado que la mayoría de estos procesos penales por injuria y calumnia no llegan a una condena o son archivados, pues casi nunca tienen un sustento que les dé posibilidades de éxito en la legislación colombiana. La organización recuerda que la Corte Constitucional ha fijado varios precedentes donde se protege la libertad de expresión sobre pretensiones particulares.

Los medios de comunicación Rutas del Conflicto, aliado de La Liga, y Armando Info, publicaron en 2017 un reportaje sobre las irregularidades financieras y los señalamientos de violación de derechos humanos de la desaparecida empresa petrolera Pacific Rubiales. Casi dos años después, Rutas del Conflicto recibió un correo electrónico de la empresa Ealixir Team, una firma de abogados radicada en Estados Unidos, en representación de José Francisco Arata, un directivo de la petrolera. La empresa pidió eliminar el nombre de su representado en los textos o “realizar la desindexación del artículo” para que saliera de Internet. El reportaje, decían, había afectado económicamente a su apoderado, así como su “imagen, honor y reputación”.  La Liga pidió una entrevista a Ealixir Team, pero no hubo respuesta.

Otro caso reciente de acoso judicial ocurrió en agosto de 2020, cuando La Liga y sus aliados publicaron el reportaje ‘Los Mattos: retratos de una familia para enmarcar’, una investigación que reseñaba los señalamientos de vínculos entre el paramilitarismo y esa familia del Cesar. El portal de La Guajira, Tüü Pütchika, recibió una llamada de un hombre que se identificó como representante de los Mattos y advirtió que si no retiraban el reportaje de la web, procederían con un proceso judicial.  

El número del que llamaron pertenece a Carlos Escobar, supuesto enlace entre un grupo de militares y el ‘hackeo’ contra los negociadores de paz de La Habana. Escobar aparece en internet involucrado a empresas como Maverick Latam, que han ofrecido servicios de protección de información en la web para sus clientes. La Liga llamó en varias ocasiones y envió mensajes de chat a Carlos Escobar, pero nunca contestó.

Acoso en las regiones

Los litigios entre periodistas y abogados pueden ser más nocivos en ciertas regiones; en zonas donde existe violencia y los recursos son limitados para ejercer la reportería. En el Bajo Cauca antioqueño está el caso de Sergio Mesa, periodista y estudiante de Derecho, quien ha enfrentado por lo menos 10 acciones de tutela y ocho denuncias por injuria o calumnia por parte de funcionarios de la Alcaldía de Caucasia.

En marzo de 2019, Mesa fue notificado de una tutela en su contra interpuesta por Orlando José Rodríguez, entonces director general del Hospital César Uribe Piedrahíta, por vulnerar su derecho al buen nombre, a la intimidad personal y a la honra. Con este recurso judicial, Rodríguez pretendía que el periodista borrara la información que publicó en redes sociales sobre un presunto acto de corrupción en el sistema de salud de Caucasia. Rodríguez además buscaba que Mesa se abstuviera de publicar sobre él en futuras investigaciones. 

El Juzgado Séptimo Civil Municipal de Medellín negó la tutela al no comprobarse la vulneración de derechos. En la sentencia se argumenta que los comentarios y opiniones de Mesa son parte de su derecho a la libertad de expresión, al que ha dado prevalencia la Corte Constitucional por encima del derecho a la honra y el buen nombre. El argumento de fondo dice que la ciudadanía puede vigilar a las entidades públicas y sus directivos.

El entonces director del Hospital apeló la decisión del Juzgado y alegó que Mesa continuó con la investigación sobre corrupción que lo incluía, y no hubo rectificación en las publicaciones anteriores. El Juzgado Cuarto Civil Oral de Medellín, basado en que Orlado José Rodriguez dirigía una institución que maneja recursos del Estado, dijo que es “lógico que su gestión sea de interés de la sociedad y no es sorpresivo que sea blanco de críticas tanto positivas como negativas”. El juez en segunda instancia confirmó la sentencia.

A la tutela de Rodríguez se sumaron la de Félix Olmedo Arango, director científico del hospital de Caucasia, que meses después pasó a alcalde encargado de ese municipio; y la de Carlos Alfonso Orrego, coordinador de transición del Hospital de Caucasia y Puerto Berrío. Ambos alegaron vulneración del derecho a la intimidad, al buen nombre y a la honra.

Con cada entrega de su investigación, Mesa recibió tutelas de los funcionarios, pero continuó y publicó un reportaje donde reunió todos los hechos de corrupción que había denunciado. La Liga publicó en 2020 otro donde muestra cómo la administración de Arango intentó controlar lo que se decía de su gestión a través de tutelas contra el periodista Sergio Mesa. 

Todas esas tutelas, entre marzo de 2019 y junio de 2020, fueron interpuestas por funcionarios del sistema de salud o de la alcaldía de Caucasia y presentadas por la misma abogada, Luz Aidé Gaviria. Desde que el alcalde Arango asumió el cargo, Gaviria se convirtió en su abogada de cabecera. En una entrevista con Minuto 30, la abogada amenazó con judicializar a quienes señalaran al mandatario. “Dentro de mis funciones en defensa del doctor Félix Olmedo Arango he ejercido diferentes acciones penales y constitucionales en contra de todas las personas que se han dedicado a esos ataques en redes sociales”, dijo.  

Para Jonathan Bock, director de la FLIP, el acoso judicial tiene un efecto directo sobre la censura. “Es generar preocupación e intimidar al periodista. En muchos casos, el medio de comunicación prefiere no seguir investigando sobre el tema porque sabe que la otra parte dispone de herramientas judiciales”, explicó. 

Sergio Mesa piensa que estos procesos son una estrategia para censurar su trabajo. “Ellos (los funcionarios del hospital y la Alcaldía) han hecho muchos intentos de aniquilamiento. Uno de ellos de manera judicial. Pero como todas las tutelas han fallado a mi favor, iniciaron una campaña de desprestigio en mi contra”, dijo el periodista. Mesa además ha recibido amenazas que lo obligaron a abandonar Caucasia rumbo a Medellín. 

Para Juan Pablo Madrid, coordinador del Centro de Estudios de Libertad de Expresión, el acoso judicial en las regiones tiene mayores repercusiones. “Un periodista en región tiene menos posibilidades de defenderse. El impacto es mucho más alto en lugares donde no hay tanto acceso a herramientas jurídicas. Incluso hay casos que no tenemos reportados”, dijo.

En Simití, Bolívar, un municipio golpeado por el conflicto armado, trabaja David Torres, director del periódico El Original, el único medio de comunicación que informa también Cantagallo, Santa Rosa, Gamarra y Puerto Wilches. Torres cubría las noticias y repartía el periódico en una chalupa, pero la quemaron cuando publicó investigaciones sobre corrupción en la Alcaldía de Simití. 

Torres además ha enfrentado el acoso judicial de funcionarios municipales desde 2011, cuando pidió en un derecho de petición datos sobre la contratación de una ambulancia para el Hospital Regional San Antonio de Padua de Simití. La solicitud no fue respondida a tiempo; entonces el periódico interpuso una tutela. Según Torres, este recurso fue el inicio de una serie de tutelas y demandas por injuria y calumnia de parte de funcionarios del hospital cada vez que nombra a la entidad de salud en sus publicaciones.

Torres también investigó a varios jueces y fiscales por hechos de corrupción; entre ellos a Eduardo Cabello, uno de los encargados de fallar las denuncias que los funcionarios del hospital interpusieron contra el periodista. A Torres incluso se le acusó de incumplir el Protocolo de Ginebra, un acuerdo internacional que firman los Estados donde se regulan las formas en que se pueden librar los conflictos armados. Esta denuncia fue puesta por unos fiscales y jueces porque Torres, durante el cubrimiento de la captura de un comandante del ELN, tomó una fotografía del guerrillero herido en un hospital. Pero solo los Estados pueden violar estos protocolos; no un periodistas de Simití. El proceso fue archivado sin respuesta. 

Sumergido en procesos judiciales y con zozobra por su seguridad, Torres ha vivido estos años con miedo de ir a la cárcel, preocupado por tener que pagar su defensa y esperando que en cualquier momento surja una nueva denuncia en su contra. 

El acoso funciona

Sandra Guerrero es corresponsal del diario El Heraldo en La Guajira. En sus años de reportera ha vivido diferentes experiencias de acoso judicial. Sin embargo, conciliar con los dueños de la Clínica de La Costa en Barranquilla la enfrentó a una situación diferente cuando decidió publicar en la web del diario la muerte de un niño wayúu por desnutrición. 

La historia llegó tras la denuncia del líder indígena Javier Rojas, quien contó cómo fue trasladado el cuerpo del menor en una caja de cartón rumbo a La Guajira. Guerrero publicó la denuncia y fue agregando, con las horas, la versión de la clínica sobre los procedimientos que había hecho para un traslado digno del cuerpo con la funeraria. “Se publicó la información con todas las fuentes, en la web y en el impreso del periódico”, contó la periodista.

Meses después de la publicación, la clínica de La Costa interpuso una denuncia contra el periódico y la periodista alegando daño al buen nombre. Durante casi un año se atendió el proceso en la Fiscalía y no se llegó a ninguna conciliación, pues la periodista argumentaba que la información tenía todos los elementos de rigor. Finalmente el periodico tomó la decisión de eliminar la historia de la página web sin ningún fallo del proceso que se llevaba con la clínica.   

“Me sentí frustrada, como si hubiera hecho la noticia mal. La denuncia existió, la foto de la caja también, y la explicación de la clínica y la funeraria sobre el traslado del cadáver. Es algo que lo hace sentir mal a uno”, confesó la periodista. Para Sandra Guerrero es evidente que el tema fue censurado. “Los dueños de empresas, los gobernantes, no dicen lo que está pasando”, dijo. 

Los procesos por injuria y calumnia pueden durar entre cinco y seis años, durante los cuales el periodista debe asumir gastos y un sinfín de diligencias judiciales antes de lograr una conciliación. Para Juan Pablo Madrid, de la FLIP, en muchas ocasiones el periodista decide retractarse de informaciones y bajar el contenido de los medios para evitar un proceso judicial que lo desgasta. “Es como tener una soga al cuello que en cualquier momento la pueden jalar”, concluyó.

Actualizado el: Mié, 02/03/2021 - 06:37

Un caso de tierras en el municipio de Turbo, que hace parte del Urabá antioqueño, muestra cómo el Estado permitió que jefes del Clan del Golfo mantuvieran parte de la propiedad de más de mil hectáreas por casi tres décadas, en una zona en la ejercen un fuerte control territorial. Todo empezó con Carlos y Vicente Castaño.

A mediados de los años 90 un grupo disidente del Ejército Popular de Liberación (EPL), que se autodenominaba Comandos Populares, estaba librando una guerra contra las Farc en Urabá. En medio de esta confrontación, los jefes de los Comandos Populares y algunos integrantes de las Farc decidieron entregarse a las autodefensas y cambiar de brazalete. 

Los exguerrilleros pasaron a engrosar las filas de los paramilitares y hubo una ceremonia a la que asistieron altos funcionarios del gobierno Samper (1994-1998) en la que se “desmovilizaron” los nuevos reclutas de las autodefensas. Dos años después, les adjudicaron a 92 de estas personas más de 1.300 hectáreas que pertenecían a familias que fueron beneficiarias de la reforma agraria. Desde entonces, todos ellos aparecen como socios, dueños de los predios.

Entre los paramilitares que quedaron como dueños de esas tierras están Jose Gonzalo Sánchez Sánchez alias “Gonzalito” y Elkin Casarrubia Posada alias “El Cura”, dos máximos comandantes del Clan del Golfo que, a 2025, integran el Estado Mayor de esta organización. “Gonzalito” y “El Cura” están al mando de las actividades criminales del Clan en Chocó, Valle del Cauca, Antioquia, Córdoba y Sucre mientras son copropietarios de estas 1.342 hectáreas. Este grupo armado controla estas tierras en Urabá.  

En 2016 la Fiscalía intervinó varios bienes del Clan del Golfo. Entre los predios que el ente acusador encontró que esta organización tenía en su poder estaban las tierras que los Castaño les asignaron a los exguerrilleros del EPL y las Farc que pasaron a las autodefensas. Según el ente acusador, estas fincas fueron utilizadas como corredores para ejecutar actos delictivos  y no como unidades productivas. 

Para entender las razones por las que estos dos capos quedaron como dueños de tanta tierra es necesario remontarse a 1996, cuando la disidencia del EPL pasó a hacer parte de las autodefensas de los Castaño. 

Tierras para los nuevos paramilitares

Carlos Antonio Moreno Tuberquía alias “Nicolás” fue reclutado por los Comandos Populares, con 14 años, hizo parte de la falsa de desmovilización y años después fue uno de los máximos comandantes del Clan del Golfo. Moreno rindió testimonio ante la Comisión de la Verdad y afirmó que los Castaño le vendieron unas tierras al Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), la autoridad agraria de aquel momento (hoy Agencia Nacional de Tierras), para que se las repartiera a los exguerrilleros que ingresaron a las autodefensas.

El excomandante del Clan del Golfo relató que, como él era menor de edad, le dieron documentación falsa para hacerlo acreedor de las tierras. Además, contó que una vez los exguerrilleros fueron trasladados a la finca ‘La 35’, base paramilitar ubicada en San Pedro de Urabá, Carlos Castaño les dijo lo siguiente: “Muchachos, los tengo que entregar al Gobierno colombiano (...) voy a hacer con ustedes una negociación, un acuerdo para una desmovilización, porque el Gobierno me manda a decir que un grupo ilegal guerrillero no se le puede entregar a otro grupo ilegal”.

En un manuscrito de Vicente Castaño, en el que relata el surgimiento de las Autodefensas de Córdoba y Urabá (ACCU), afirmó que su hermano Carlos dirigió el proceso de desmovilización de con la colaboración “entusiasta y valiosa de los excelentes funcionarios: los doctores Tomás Concha, director nacional de reinserción y Carlos Rangel, secretario del Ministerio del Interior”. En la ceremonia de desmovilización estuvo el excandidato presidencial Horacio Serpa, quien en aquel momento era el ministro del interior del gobierno de Ernesto Samper. 

La JEP expresó lo siguiente respecto a los predios: “Los miembros del EPL y FARC que participaron en este proceso, ya siendo en su mayoría orgánicos de las ACCU, fueron beneficiados por políticas de asignación de tierras en calidad de reinsertados, condición que claramente no cumplían”.

Esta situación era de conocimiento público. Según pudo constatar la JEP, Rodrigo García Caicedo, quien fue expresidente del Fondo Ganadero de Córdoba, capturado en 2009 por sus presuntos nexos con los paramilitares y falleció en 2011, publicó una columna de opinión el 5 de octubre de 1996 en el periódico El Universal que se llamó “Concha es un mentiroso”, haciendo referencia a Tomás Concha, coordinador nacional de la Oficina Nacional de Reinserción en aquel momento. 

En el texto, García Caicedo expresó su enfado con Tomás Concha debido a que este último negó ante los medios de comunicación que los paramilitares estuvieran participando en la supuesta desmovilización. “Las autodefensas sí han intervenido, no se puede tapar el cielo con las manos. Ellos son los que están adelantando el proceso, es más, son los que van a donar miles de hectáreas de tierra para esa gente”, afirmó García. 

Línea de tiempo elaborada por la JEP donde describen el proceso de la falsa desmovilización. Fuente: JEP.

A pesar de estas declaraciones, el Incora terminó entregándoles a los paramilitares estas tierras. Se trata de cuatro predios en Turbo, tres ubicados en el corregimiento de Pueblo Bello y otro en San Vicente del Congo. Rutas del Conflicto adquirió tres de los cuatro certificados de tradición y libertad de las fincas que suman 1.206 hectáreas y averiguó que el último predio tiene 136 hectáreas, para un total de 1.342 hectáreas, una superficie que equivale a aproximadamente dos veces el área urbana de municipios como Chía en Cundinamarca, o Rionegro en Antioquia. 

En medio de la violencia que vivía la región, según los registros de propiedad de los documentos, apareció en la zona el empresario Carlos Fernando Serralde Plaza para comprar la mayoría de las fincas de los campesinos que habían recibido la tierra en los setenta y ochenta por parte del Incora. Serralde luego volvió a venderle a la entidad, que a su vez se las adjudicó a los paramilitares. 

Serralde Plaza fue extraditado a Estados Unidos en 2011 por narcotráfico y concierto para delinquir y fue condenado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. La Fiscalía señaló a Serralde de ser la mano derecha de Daniel “El Loco” Barrera, conocido narcotraficante colombiano capturado en 2012. Según notas de prensa Serralde era cercano a Vicente Castaño.

El predio más grande que les asignaron a los exguerrilleros fue la finca San Vicente, situada en el corregimiento de San Vicente del Congo, vereda Los Enamorados. Tiene una extensión de 812 hectáreas y lo componen 16 predios que fueron comprados individualmente y después los unieron en una sola matrícula inmobiliaria que dio como resultado la finca San Vicente. 

Imagen catastral de la finca San Vicente, en la vereda Los Enamorados, adquirida por Carlos Serralde Plaza.

El predio San Vicente tiene acceso a la única vía para ir a San Pedro de Urabá, la cual pasa por el lado del Batallón. Es decir, si los militares usaban esta carretera obligatoriamente debían transitar por los alrededores de la finca.

Serralde compró 14 de los predios que conforman la finca San Vicente entre marzo y septiembre de 1998. Otro de los 16 predios fue comprado por José René Zapata Vanegas, quien fue sindicado en 2001 de ser financiador de las autodefensas. El último de los 16 predios fue comprado por María Yaneth Muñeton Zea, de quién no se encontró ningún tipo de registro. El resto de las 500 hectáreas fueron adquiridas por la Agropecuaria Serro, una empresa también propiedad de Sarralde.

Esta compañía fue fundada en 1984 por Serralde Plaza y Martha Inés Rodríguez Romero de Serralde, tenía activos de más de mil millones de pesos y se dedicaba a la ganadería. Ya en los años 2000 el representante legal pasó a ser Carlos Hernán Serralde Rodríguez, que por sus apellidos se puede inferir que es hijo de los fundadores. 

Tanto Martha Rodríguez como Carlos Hernán Serralde estuvieron dentro de la Lista Clinton, medida del Departamento de Tesoro de Estados Unidos que sanciona económicamente a personas y empresas vinculadas con el narcotráfico, pero fueron removidos en 2013. Por medio de la Agropecuaria Serro adquirieron todos los predios del lote Campo Bello 1 y los del lote Campo Bello 2, ubicado en el corregimiento Pueblo Bello, vereda La Bonga.

Todas las fincas compradas por la Agropecuaria Serro anteriormente fueron adjudicadas a familias campesinas en los años 70 y 80 por el Incora que nuevamente volvió a comprar la tierra. La transacción quedó registrada con la escritura 6234 del 14 de diciembre de 1998 a nombre de los desmovilizados de la guerrilla, de los cuales Rutas del Conflicto pudo verificar que al menos 18 hicieron parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En la escritura queda claro que el Incora le pagó a Sarralde con bonos agrarios. 

En todo este proceso irregular es crucial mencionar a María Inés Cadavid Restrepo, quien en 1998 era funcionaria del Incora y fue condenada a 13 años por asociarse con los paramilitares para legalizar el despojo de tierras en Urabá. En la sentencia de segunda instancia del Tribunal Superior de Antioquia sobre el caso del Fondo Ganadero de Córdoba, compañía con la que los Castaño realizaron un despojo masivo de tierras, se relata que Cadavid Restrepo, en su rol de funcionaria del Incora, “intervino en el macroproyecto paramilitar y su cooperación se enmarcó en la legalización de las tierras de campesinos desplazados”. 

En la sentencia del Tribunal se detalla que Sor Teresa Gómez Álvarez, cuñada de los Castaño y pieza clave en el despojo paramilitar, recomendó a Cadavid Restrepo para agilizar la titulación de bienes porque ya había trabajado para las autodefensas: “Desde antes había intervenido en el trámite de legalización de unas tierras que fueron entregadas a desmovilizados del EPL”, se lee en la decisión judicial. 

Según la sentencia, Sor Teresa Gómez en una audiencia pública dijo que las tierras para los desmovilizados fueron vendidas por los hermanos Castaño al Incora, lo que corrobora los testimonios de los exmiembros de las AUC y del ganadero Rodrigo García. En la sentencia también se dice que Jesús Ignacio Roldán Pérez alias “Monoleche”, quien fue lugarteniente de los Castaño, manifestó que la exfuncionaria Cadavid Restrepo trabajó para los paramilitares en la legalización de tierras. 

“El Cura” en Justicia y Paz afirmó que estas tierras que les adjudicaron a los  paramilitares en 1998 eran controladas por “Monoleche” como parte de los bienes de las AUC. Actualmente la Fiscalía de Justicia y Paz adelanta la investigación en contra de los sectores de estos predios que no están sujetos a medidas cautelares dentro de procesos de restitución de tierras.

La Unidad de Restitución de Tierras (URT) le respondió un derecho de petición a Rutas del Conflicto que muestra que sobre los cuatro predios hay en total 55 solicitudes de restitución, de las cuales 22 se encuentran en etapa de demanda. Sobre la finca San Vicente de 812 hectáreas reposan 35 de las 55 solicitudes. 

De los 18 paramilitares a los que les adjudicaron las tierras, seis continuaron en armas tras la desmovilización de las AUC y se convirtieron en los jefes del Clan del Golfo. Según el informe “Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo y las disputas con los denominados Caparros”, elaborado por la Comisión de la Verdad, los antiguos comandantes de los Comandos Populares estuvieron al frente de la creación del Clan del Golfo en 2008.

Los antiguos jefes de los Comandos Populares que fundaron el Clan de Golfo fueron: Francisco José Morelo Peñata alias “Negro Sarley”, Dairo Antonio Úsuga David alias “Otoniel”, Juan de Dios Úsuga alias “Giovanni”, Jairo de Jesús Durango Restrepo alias “Guagua” y Roberto Vargas Gutiérrez alias “Gavilán”. Todos fueron hombres de confianza de los Castaño en estructuras paramilitares como el Bloque Élmer Cárdenas, Bloque Centauros o Bloque Mineros. 

Los copropietarios que pasaron de las AUC al Clan del Golfo

Jairo de Jesús Durango Restrepo alias “Guagua” es uno de los nombres que figuran como adjudicatarios de las fincas. Fue el segundo del frente Pedro León Arboleda que estaba bajo el mando de alias “Giovanni” de los Comandos Populares. Tras pasar a las autodefensas hizo parte del Bloque Mineros de las AUC, se volvió a desmovilizar con los ‘paras’, pero después fue uno de los fundadores del Clan del Golfo. 

Durango Restrepo era el encargado de los negocios del Clan del Golfo en la Costa Pacífica, desde Chocó hasta Nariño. Según la Policía, Durango controlaba rutas de narcotráfico hacia Panamá y Centroamérica. En 2016 Durango murió tras combates contra la Policía en zona rural del municipio de Medio Baudó, en Chocó. 

Otro miembro de la organización criminal que fue beneficiario del Incora fue Jose Gonzalo Sánchez Sánchez alias “Gonzalito”, el segundo máximo comandante del Clan del Golfo en 2025. Según investigaciones periodísticas “Gonzalito” hizo parte del Bloque Catatumbo de las AUC y actualmente es el comandante de la estructura “Roberto Vargas Gutiérrez” con injerencia en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Sucre.

El que está a la derecha es alias “Gonzalito”, segundo al mando del Clan del Golfo según el Ministerio de Defensa. 

“Gonzalito” tiene órdenes de captura por concierto para delinquir, tráfico de armas, homicidio y secuestro. En 2023 la Fiscalía denunció que “Gonzalito” secuestró a tres fiscales y una funcionaria de un juzgado en Tarazá (Antioquia). En julio de 2025 año la Corte Suprema de Justicia autorizó la extradición de “Gonzalito” a los Estados Unidos, pero a la fecha de esta publicación este capo sigue prófugo. 

Elkin Casarrubia Posada alias “El Cura” es el cuarto comandante del Clan del Golfo en la actualidad y también aparece en la lista de copropietarios de las 1.342 hectáreas. “El Cura” ingresó al EPL siendo menor de edad y después fue comandante del frente Bernardo Franco. Tras esto, pasó a integrar las autodefensas, donde participó en la masacre de Mapiripán, cometida en julio de 1997, en la que los paramilitares asesinaron alrededor de 50 personas. 

El hombre de la foto es Elkin Casarrubia Posada alias “El Cura”. Foto tomada de Revista RAYA.

“El Cura” hizo parte del Bloque Centauros de las AUC, que delinquió en los Llanos Orientales, y más adelante fue designado jefe militar del Bloque Calima, en la región del Pacífico. Allí participó en la masacre del Naya, cometida en el 2001 en territorios ubicados entre los límites del Cauca y el Valle del Cauca, donde la comunidad denunció que los paramilitares asesinaron más de 100 personas. 

“El Cura” hizo parte del proceso de desmovilización de las AUC y fue bastante activo en sus declaraciones ante la justicia. Sin embargo, en 2023 apareció en un video de nuevo en armas, esta vez con el Clan del Golfo. Lo llamativo del caso es que el “El Cura” tenía un esquema de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) desde 2021 por solicitud de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). 

Rutas del Conflicto envió un derecho de petición en 2024 a la ARN preguntando acerca de las razones por las que esta entidad pidió el esquema de protección para “El Cura”. La ARN respondió lo siguiente: “Esta Agencia considera que la información privada de los desmovilizados, desvinculados y acreditados constituye dato sensible y de carácter reservado, toda vez que toca aspectos de seguridad personal o afecta la defensa y la seguridad pública y nacional”. 

La ARN no respondió la pregunta planteada por este medio, pero es importante determinar si cuando la ARN solicitó el esquema de protección para “El Cura” este ya tenía participación en el Clan del Golfo. Según un informe de la Fiscalía de Justicia y Paz de 2024, “El Cura” comanda el Bloque Jairo de Jesús Durango, tiene más de 500 hombres bajo su mando y opera en Baudó (Chocó), en el suroeste antioqueño y está penetrando en el Valle del Cauca por Buenaventura. A octubre de 2025 “El Cura” está prófugo.

Carlos Antonio Moreno Tuberquía alias “Nicolás”, quien le contó a la Comisión de la Verdad sobre el entramado que se tejió con las tierras de los desmovilizados, es otro de los excomandantes del Clan del Golfo que aparece en la lista de copropietarios de los predios. Moreno Tuberquía hizo parte del proceso de desmovilización de las AUC en 2006 con el Bloque Centauros, pero después volvió a las armas con el Clan del Golfo.

Foto: Comisión de la Verdad

Desde agosto de 2017 Moreno Tuberquía fue nombrado jefe militar de la organización. Este capo se encargaba de la producción, transporte y comercialización de cocaína del Clan del Golfo, en especial en el puerto de Urabá, y tenía alianzas con carteles mexicanos. Moreno tenía bajo su mando estructuras criminales en Antioquia, Chocó y Meta y fue capturado en 2018 en San Rafael (Antioquia). Una corte en Florida y otra en Nueva York lo solicitaban en extradición por narcotráfico y en 2022 finalmente fue enviado a Estados Unidos. 

Los otros dos excomandantes del Clan del Golfo a los que les adjudicaron las tierras fueron Jose Daniel Moreno Urrutia alias “Tiquisiano” y Melquisedec Henao Ciro alias “Belisario”. Moreno Urrutia fue capturado en 2015 y era un importante miembro del grupo criminal en el Sur de Bolívar, señalado de extorsionar y cometer homicidios contra comerciantes de la región. 

Henao Ciro era un guerrillero del frente 58 de las Farc que desertó y se unió a las autodefensas. Fue el comandante del Clan del Golfo en el Caribe hasta su captura en 2012. Este paramilitar fue sindicado por las autoridades de ser uno de los grandes enemigos de la restitución de tierras en el Caribe, amenazando campesinos e indígenas para que no reclamaran y denunciaran el despojo sufrido.

El Clan del Golfo sigue dominando la vida rural y los predios de Urabá. Esta organización criminal tiene una fuerte presencia y ejerce un fuerte control territorial en municipios como Turbo, donde están ubicados los predios que están a nombre de los máximos jefes de este grupo armado.

El poder del Clan en Urabá

Juan Pablo Guerrero, subdirector del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), organización que ha documentado las dinámicas de violencia en Colombia desde hace 50 años, explica que el Clan del Golfo recogió parte de las conexiones que tenían las AUC para establecer una gobernanza criminal silenciosa con poderes locales y regionales.

Un investigador que conoce el poder del Clan del Golfo sobre las tierras en Urabá, que prefiere mantener su nombre en el anonimato por cuestiones de seguridad, le dijo a Rutas del Conflicto que en zonas como San Vicente del Congo y Pueblo Bello este grupo armado es el absoluto dominador. “En las áreas rurales donde no hay presencia del Estado ellos son el gobierno”, asegura. 

Por su parte, el subdirector del Cinep afirma que en Urabá sí existe un despojo de tierras asociados al Clan del Golfo, pero es distinto al que realizaron las AUC. “Administran tierras que ya habían sido despojadas, impiden retornos de comunidades, presionan a campesinos a vender barato y regulan cómo se usan las parcelas. Aunque muchas familias conservan títulos formales, no tienen autonomía sobre sus tierras”, sostiene Guerrero.

El subdirector del Cinep menciona que el despojo actual de este grupo armado no se produce por la expulsión masiva de campesinos, sino por el control económico y social del uso de la tierra. “Lo anterior está promoviendo un nuevo ciclo de despojo con mecanismos como el arriendo forzoso de tierras y la compraventa irregular, que terminan siendo una expropiación de hecho. El lento avance de la restitución de tierras ha consolidado su poder, controlando predios despojados y decidiendo qué se hace en ellos”, agrega Guerrero.

El investigador que conoce la manera de operar del Clan relata que entre las estrategias de este grupo para controlar las tierras está poner las fincas a nombres de terceros. “En el corregimiento de San José de Apartadó hablan con las personas y les ofrecen ganado. Las van enamorando, después les empiezan a cobrar y al final ellos son los dueños de las tierras”, cuenta. Agrega que en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó las mujeres están siendo hostigadas por medio de amenazas de violencia sexual, por lo que las propietarias prefieren irse y poner en venta las tierras a precios bajos.

Queda claro que el despojo de tierras sigue vigente en Urabá, y que lo ocurrido hace 30 años con los hermanos Castaño dejó como resultado el dominio del Clan del Golfo en la actualidad. Por eso, no sólo es grave que dos máximos capos de este grupo armado figuren como dueños de las tierras de las que trata esta historia, sino que esta organización criminal es la que controla la zona donde están ubicadas las fincas.

*Esta investigación se realizó con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll

Actualizado el: Lun, 10/20/2025 - 13:48

Se escuchaban rumores, se veían hombres armados en las veredas, algo estaba pasando, pero nadie entendía muy bien de qué se trataba. Así vivieron algunos meses los campesinos de Jericó, Antioquia, a comienzos de 2025. Hasta que los enfrentamientos entre el Ejército y los armados no se hicieron esperar. 

La mañana del 22 de enero de 2025, la vereda La Cabaña del municipio de Jericó fue noticia departamental. Una mujer había sido encontrada muerta en su casa, tras un ataque de hombres armados que dispararon a la casa donde se encontraba la víctima. El gobernador Julián Andrés Rendon viajó a Jericó para comprender y explicar qué estaba pasando en el municipio en que la presencia de grupos armados no era visible o casi existente. Era de conocimiento que habían pequeñas bandas delincuenciales en la zona y una presencia intermitente del ELN en municipios cercanos. 

Días después se produjo la captura de Jaime Alberto Quintero, alias ‘El Zarco’, quien había pertenecido al bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y ahora es uno de los cabecillas del Clan del Golfo que ha entrado en la subregión del suroeste antioqueño y señalado del asesinato en La Cabaña. 

Meses después, la comunidad interpuso dos denuncias: en la primera, contaron cómo hombres con fusiles largos e identificándose como miembros del Clan del Golfo habían entrado a una finca cafetera para intimidar a la comunidad. En la segunda, que 10 miembros de un grupo armado  entraron a la zona rural de Jericó con lista en mano, preguntaron por campesinos líderes y recabaron información.  El Clan del Golfo había llegado a Jericó.

Organizaciones sociales y líderes comunitarios han denunciado que, en medio del conflicto que mantienen con la empresa minera AngloGold Ashanti y con un sector del Estado que respalda la explotación en su territorio, la presencia de un actor armado agrava la situación, al profundizar la estigmatización en su contra y militarizar un conflicto de carácter ambiental.

Jericó hace parte de la subregión del suroeste antioqueño con algunos otros municipios como Támesis, Jardín y Fredonia. Está a 115 kilómetros de Medellín, en un imponente paisaje cafetero, que se convierte en un corredor estratégico para los armados, conecta el interior del país con el Pacífico. El Clan del Golfo que ha venido dominando el territorio en los departamentos de Bolívar y Magdalena llegó al suroeste para enfrentarse con la influencia del ELN en algunas zonas. 

El Ejército desde comienzos de este año ha realizado varias capturas y enfrentamientos contra miembros de este grupo armado. La IV Brigada del Ejército se enfrentó con la subestructura ‘Edwin Román Velásquez’, parte de este grupo armado en julio de 2025. En la vereda Lourdes, Jericó, fueron capturados dos hombres armados alias ‘Alex’ y alias ‘López’, quienes eran los encargados de coordinar los homicidios y extorsiones en el municipio.

El 29 de agosto, el Ejército junto con la Policía se enfrentó, nuevamente, con la subestructura  ‘Edwin Román Velásquez’, esta vez en la vereda Río Frío,  Támesis, en los límites con Jericó. El despliegue de las fuerza pública resultó en la captura de integrantes del Clan del Golfo y la muerte del cabecilla de esta estructura. Pese a los operativos, los líderes de la zona se sienten cada vez más inseguros. Los miembros de la Junta de Acción Comunal de Río Frío renunciaron.  El presidente de la Junta afirmó no poder seguir ejerciendo su función de liderazgo por las constantes amenazas y las pocas garantías de protección tras el fortalecimiento del Clan del Golfo en el territorio cafetero. 

Temor por el estigma

Aunque las amenazas en contra de los líderes no se han materializado en atentados directos, hay mucho temor por la fuerte estigmatización que han recibido quienes han protestado por el proyecto minero Quebradona de Anglogold Ashanti. Los señalamientos a los defensores ambientales han llegado al punto de ser acusados por sectores que apoyan el proyecto minero de “delincuentes”, más aún después de que 11 personas fueron denunciadas por la empresa ante la Fiscalía.Esta empresa sudafricana que llegó hace 20 años al territorio se ha enfrentado constantemente con los campesinos que argumentan los impactos en el agua por la explotación  subterránea para extracción de cobre. 

En mayo de 2025, la Fiscalía imputó cargos de secuestro simple, hurto calificado y lesiones personales a los campesinos que participaron en las protestas en 2022 y 2023. Como lo contó Rutas del Conflicto en otra publicación, las comunidades en Jericó a través de la Mesa Ambiental y otras organizaciones de la sociedad civil habían impedido el ingreso de la minera. Según Fernando Jaramillo, líder de organización de la sociedad civil Alianza Suroeste, en noviembre de 2022, la empresa minera ingresó a una finca con el permiso del propietario para instalar una plataforma de perforación minera con el fin de realizar estudios. 

Líderes de la comunidad señalan que los empleados de la minera no les informaron de la instalación y que, inclusive, ingresaron a la vereda Vallecitos, vestidos como recolectores de café. Ante los hechos, varias personas ingresaron al predio para desmontar la plataforma, según denunció la comunidad a través de un comunicado. AngloGold presentó una querella contra los campesinos y en diciembre de 2023 tras un hecho similar en que los campesinos desmontaron otra plataforma, la empresa repitió la estrategia. Volvió a querellar a 61 personas, incluidos menores de edad y personas de la tercera edad. 

Desde que ocurrieron estos hechos, los habitantes de Jericó que se oponen al proyecto minero como sus líderes han sido estigmatizados en medio de la defensa del territorio. “Quien se oponía era tildado de vándalo, de insurgente”, manifestó un habitante de la región. El proyecto Verifico, de Verdad Abierta, ha podido identificar cómo los discursos se mueven en las redes sociales con el fin de deslegitimar la protesta y a sus líderes al vincularlos en acciones ilegales. Como por ejemplo las publicaciones del periodista e influencer Diego Santos: “En Jericó está surgiendo un grupo delincuencial de campesinos y activistas que está sentando precedente sobre cómo resolver las disputas”. En medio de esa oleada de mensajes en cuentas de X contra los campesinos, algunos los han señalado de ser milicianos del ELN. 

Para Fabián León, del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), en un escenario donde está fortaleciéndose un grupo armado como el Clan del Golfo, la estigmatización es un factor de riesgo adicional para los líderes que han sido tildados de insurgentes en medio de un conflicto socioambiental. 

En la misma vía, como lo explica Leonardo González, director de la ONG Indepaz,  este flagelo ha servido históricamente como herramienta para deslegitimar a ciertos grupos sociales y justificar actos de violencia en su contra.   

El pasado 9 de abril de 2025, los habitantes de Jericó emitieron un pliego de peticiones respecto a unas instalaciones de plataformas en las veredas de La Hermosa, Vallecitos y La Soledad del corregimiento de Palocabildo, en medio de una protesta pacífica. El documento señala la petición al Puesto de Mando Unificado conformado a raíz del plantón, “aclare a través de un comunicado público, el carácter legítimo y pacífico de nuestra protesta y nos desembarque de las recientes alteraciones al orden público por la presunta presencia de grupos armados ilegales en algunas zonas rurales del municipio. Esto con el fin de que no se relacionen los hechos ni se agudice la estigmatización que pone en riesgo nuestra vida”. 

Como lo explica el director de Indepaz, el riesgo de la estigmatización, a parte de deslegitimar los liderazgos, es el primer paso para otras violencias contra los líderes sociales y ambientales. 

Los convenios y el peligro de la militarización del conflicto 

La comunidad de Jericó, expresa un profundo temor de que el conflicto socioambiental en torno a los proyectos mineros en su territorio se militarice, como ya ha ocurrido en otras regiones de Colombia. Por ejemplo, en el sur de Córdoba, las comunidades que se han opuesto a proyectos como la mina de Cerro Matoso han denunciado presencia del Ejército y la represión de líderes sociales, en un contexto de militarización que ha agravado las tensiones, dejando a las comunidades campesinas y líderes ambientales expuestos a amenazas, estigmatización y violencia. Los habitantes de Jericó temen que la defensa del territorio y del agua pueda ser criminalizada. 

La empresa sudafricana, AngloGold Ashanti, ha firmado por lo menos cinco convenios de colaboración con el Ejército Nacional para cuidar la infraestructura y las actividades mineras, en Jericó. Estas alianzas se pueden hacer desde 1998 con la Ley 489, que permite que empresas minero-energéticas aporten recursos económicos directamente al Ejército y a la Policía, para que protejan los proyectos extractivos. 

El primer convenio encontrado por Rutas del Conflicto se firmó  por un año en 2008 por 323 millones de pesos. La seguridad de la empresa estaba a manos de la Séptima División del Ejército Nacional. Cada año, AngloGold Ashanti firmaba un convenio con el Ejército, en el cual destinaban dinero para arreglos o construcción de infraestructura, gastos institucionales, bienestar personal y derechos humanos. 

La doctora en Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de California, Shauna Gillooly, y la doctora en sociología de la Universidad de Oxford, Jamie Shenk, han estudiado estos convenios en Colombia y sus vínculos con violaciones de derechos humanos desde hace más de cinco años. Su investigación muestra que a la hora de la firma de los convenios con las mineras, las cifras de violencias contra los líderes bajan en comparación con los convenios firmados con las petroleras. 

Sin embargo, las doctoras advierten que esta situación puede cambiar cuando a las empresas les queda poco tiempo en el territorio y deben entregar resultados. Como es el caso de Jericó, donde la empresa debe, una vez más, presentar la información suficiente para la licencia ambiental. Luego de que en 2021, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, archivara la solicitud de exploración debido a la falta de información sobre los impactos. 

Fabián León explica que ahora la empresa viene con una estrategia jurídica más agresiva porque la empresa si no subsana lo pedido por la ANLA tendrá que solicitar nuevos permisos en una zona que en junio de 2025, mientras se llevaba el proceso de los líderes judicializados, el Ministerio de Ambiente expidió la resolución que declara una zona de reserva temporal en los municipio de Jericó, Támesis, Fredonia, Santa Bárbara y La Pintada como una  Área de Protección para la Producción de Alimentos en Colombia (APPA). La medida prohíbe, por lo menos tres años, la entrega de nuevas concesiones mineras. 

La tensión latente entre los liderazgos judicializados, AngloGold Ashanti agilizando los permisos ante la ANLA y el fortalecimiento de los grupos armados se convierte en un conflicto socioambiental que se militariza. Así lo explica el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Nacional, en Jericó se han presentando tensiones entre la empresa y la comunidad que han llevado a la estigmatización, la fragmentación del tejido social y sobre todo la militarización del territorio.

“Cuando llegó la empresa quien cuidaba todo eran los soldados, uno los veía acampando en las instalaciones de la minera. Llegaba el batallón y se instalaba ahí”, manifiesta una de los campesinos de la región.  

Desde el año 2022, la Defensoría del Pueblo viene señalando que el suroeste antioqueño se ha comenzado a constituir en una zona de alto riesgo. Se empieza a evidenciar la presencia de grupos armados y en respuesta empieza la militarización y la privatización de la seguridad. Para León del CIEDH, "la militarización del territorio en esta zona del departamento de Antioquia se asemeja a lo ocurrido en el Oriente Antioqueño, siendo los convenios de colaboración, un factor a tener en cuenta". De hecho, como lo contó Rutas del Conflicto en otra investigación, empresas como ISAGEN, ISA y EPM entregaron más de 40 mil millones de pesos a las unidades militares que mayor número de asesinatos presentados como guerrilleros muertos en combates determinó la JEP.

Como lo explica el director del Centro de Empresas y Derechos Humanos, el riesgo de la defensa del territorio se da “cuando hay un dos actores asimétricamente posicionados confrontándose por derechos territoriales, el hecho de que exista aún una política de militarización y securitización del sector empresarial expresada no solamente en en seguridad privada, sino también en convenios de colaboración, es un factor de riesgo para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos”.

Los 11 líderes judicializados van a enfrentar el proceso en libertad. La comunidad espera que el gobierno mantenga su posición de no minería en la región y pueda seguir consolidándose como una zona APPA. La empresa deberá solicitar, por tercera vez, la solicitud de licencia ambiental, mientras los actores armados se consolidan en la región y los líderes ambientales continúan defendiéndose de la justicia y e

Actualizado el: Lun, 10/06/2025 - 08:13

Frente a la impunidad y la revictimización, las familias han encontrado en la acción colectiva un medio para reconstruir el tejido social y reclamar su lugar en la historia. Para quienes hacen parte del Colectivo Tejiendo, este representa la posibilidad de encontrarse para resignificar el dolor, sentirse acompañados en las luchas por el esclarecimiento de los hechos y la posibilidad de que la verdad sea un derecho no solo para ellas sino para otras víctimas.    

La iniciativa busca que los responsables por las ejecuciones extrajudiciales digan la verdad, que se incluya la versión de las víctimas y se cuestione ¿por qué pasaron estos hechos? y ¿quiénes dieron las órdenes?. Las organizaciones de víctimas y de derechos humanos cumplen un papel fundamental en este proceso: documentan los hechos, acompañan jurídicamente a las familias, crean espacios seguros de encuentro y visibilizan las luchas en escenarios nacionales e internacionales.

La memoria de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales ha sido sostenida no sólo en los estrados judiciales, sino también en las prácticas culturales que han nacido de la resistencia de sus familias y colectivos. Su labor no se limita a la denuncia; también aportan a la construcción de memoria colectiva y a la generación de propuestas de reparación integral. En ausencia de respuestas efectivas por parte del Estado. Reconocer oficialmente este día es admitir que el relato nacional debe incluir a las víctimas.

Los invitamos a leer las investigaciones que ha hecho Rutas del Conflicto sobre estos crímenes:

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Tumbas sin dolientes en Antioquia podría albergar 'falsos positivos'

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Actualizado el: Sáb, 10/04/2025 - 09:18

Rutas del Conflicto tuvo acceso a un informe realizado por la oficina central a nivel mundial del PNUD en el que  reconoce que funcionarios de la entidad internacional firmaron un convenio para la ejecución de cerca de dos millones de dólares de la petrolera Geopark en el Putumayo. El documento señala que dicho proyecto afectó la confianza que las comunidades que viven en el entorno de la explotación petrolera tenían en el PNUD y que llevan más de una década denunciando en varias instancias las afectaciones por la explotación de crudo en sus territorios.

Uno de los hallazgos más graves de la investigación muestra que funcionarios de PNUD Colombia propusieron darle prioridad en la ejecución de los dineros del proyecto firmado con Geopark, a las comunidades que no habían tenido ningún conflicto con la empresa petrolera.

La historia comenzó en abril de 2021, cuando el resguardo Siona Buenavista y la Asociación para el Desarrollo Integral y Sostenible de la Perla Amazónica (Adispa), representante legal de la Zona de Reserva Campesina con el mismo nombre, publicaron una carta en la que señalaban una alianza entre el PNUD y la  petrolera Geopark, empresa con la que han tenido un conflicto socioambiental en el Putumayo. Meses antes, la oficina en Colombia de la entidad internacional y la petrolera habían firmado un acuerdo de financiación bajo la sombrilla de los llamados proyectos con el ‘Sector Privado’, una estrategia orientada a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Ilustrado por: María Lucía Mage

Geopark había llegado al municipio de Puerto Asís, Putumayo, en 2020, tras adquirir la totalidad de las operaciones de la petrolera británica Amerisur. Desde 2006, cuando esta compañía comenzó sus actividades en la zona, las comunidades campesinas e indígenas iniciaron múltiples denuncias en defensa del ecosistema amazónico de su territorio, ya que parte del proyecto petrolero Platanillo se ubicaba dentro de la Zona de Reserva Campesina y del resguardo indígena.

Desde entonces, los conflictos sociales y ambientales con las comunidades se intensificaron. Una muestra de ello fue el proceso de consulta previa con los pueblos indígenas asentados en la ribera del río Putumayo, el cual no se realizó adecuadamente según denunció el resguardo Buenavista y se publicó en la investigación de Mongabay Latam. En la documentación presentada por Amerisur se afirmaba que en la zona no había presencia de comunidades indígenas, una afirmación que, en su momento, fue avalada por el Ministerio del Interior al certificar que no existían registros de comunidades étnicas en el área del proyecto.

En 1974 el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) creó la Reserva Indígena Buenavista, pero en 1983, la misma entidad modificó su categoría a la de resguardo, mientras que Amerisur había sacado su licencia ambiental para operar en la zona 26 años después en 2009. 

A la lista de las denuncias de las comunidades se sumaba el impacto ambiental que estaba generando en los ríos y lagunas del territorio siona el proyecto petrolero. Un pueblo indígena que vive del agua para su supervivencia y su cultura como lo contó Rutas del Conflicto en un reportaje publicado a comienzos de 2025. 

Indígenas del pueblo Siona atravesando desde Ecuador hasta Colombia. Resguardo Buenavista. Foto tomada por Juan Carlos Contreras

En 2019 las comunidades llevaron a juicio en Inglaterra a Amerisur, por las afectaciones tras un derrame en junio de 2015. Sujetos armados del Frente 48 de las Farc, antes de la firma del Acuerdo de Paz, obligaron a los conductores de cinco carrotanques de crudo a abrir las válvulas y verter su contenido por la carretera rumbo al casco urbano de Puerto Asís. El derrame fue, aproximadamente, de 30 mil galones, que contaminaron los recursos hídricos de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica. Según los documentos presentados por las comunidades, la petrolera no realizó las labores necesarias para evitar el incidente y contener los daños tanto en los cuerpos de agua como en la salud de quienes habitan en el territorio. 

Como lo reportó el medio Cuestión Pública, la justicia en Reino Unido congeló 4.2 millones de dólares de Amerisur tras atender la demanda presentada. El proceso ante la Alta Corte fue resuelto tras un acuerdo de conciliación confidencial en 2023, según una comunicación de la misma empresa. 

Mientras el proyecto petrolero avanzaba bajo la operación de Amerisur, las comunidades también llevaron una solicitud de restitución de tierras sustentada en la violencia que sufrieron por diferentes grupos armados y que buscaba proteger su territorio de la explotación de crudo. Puerto Asís fue el escenario de una guerra librada por los frentes 32 y 48 de la extinta guerrilla de las Farc, el Bloque Sur Putumayo de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y el Ejército Nacional en pleno corazón del territorio siona. Estas disputas pusieron en peligro su supervivencia

En 2017, el pueblo siona, junto a la Unidad de Restitución de Tierras (URT) radicó ante el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Mocoa una solicitud de restitución de su territorio ancestral. Al año siguiente, el juzgado determinó que las actividades de Amerisur representaban una amenaza para el resguardo Buenavista y afectaban los derechos fundamentales. Ordenó a la empresa suspender las actividades de exploración en el bloque PUT-12.

Ese mismo año, en julio de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante una solicitud hecha por esta comunidad indígena, con los mismos argumentos de la demanda de restitución, otorgó medidas cautelares para salvaguardar el territorio de los resguardos Buenavista y Piñuña Blanco, pertenecientes al pueblo siona. En otro proceso, en diciembre de ese año, la CIDH ordenó, también, medidas cautelares a favor de los líderes campesinos de Adispa, en respuesta a denuncias de amenazas a la seguridad. 

Señalización de caño Tigre, cerca a un campo petrolero de Platanillo. Foto tomada por: Juan Carlos Contreras

Además, la Unidad para las Víctimas incluyó el resguardo Buenavista como sujeto colectivo de reparación integral. De hecho, la Corte Constitucional, emitió el Auto 004 de 2009, Sobre el Estado Cosas Inconstitucionales en materia de desplazamiento forzado de pueblos indígenas, mediante el cual reconoció a los siona como una de las 34 etnias en peligro de extinción física y cultural.

La alianza de PNUD y la petrolera

En medio de las decisiones para proteger el resguardo y la zona  de reserva campesina, la empresa chilena Geopark entró a Putumayo tras adquirir a la británica Amerisur y pasó a crear lo que se conoce como la Nueva Amerisur. Esta empresa ‘heredó’ los conflictos socioambientales que había generado la explotación de crudo de su antecesora en la región.

Las comunidades continuaron documentando y presentando ante la justicia colombiana e internacional los impactos de la actividad petrolera de la Nueva Amerisur. En ese sentido, los indígenas y los campesinos de Adispa lograron una subvención con el PNUD, para continuar la defensa de su territorio. Esta alianza entre la oficina de la organización internacional en Colombia y las comunidades se formalizó en agosto de 2020, en el marco del proyecto ‘Amazonía Sostenible para la Paz’, el cual busca conservar la biodiversidad mediante el fortalecimiento de las instituciones y organizaciones locales en la región amazónica.

Durante esos meses, los funcionarios de PNUD acompañaron a los campesinos de Adispa a denunciar la situación de seguridad a las instancias judiciales nacionales e internacionales, tras la amenazas de muerte a manos de grupos armados con el presunto objetivo de facilitar las pruebas sísmicas de Geopark. Cuando llevaba tres meses de ejecución el proyecto de Amazonía Sostenible para la Paz, en noviembre de 2020, PNUD Colombia finalizó la evaluación de debida diligencia en el proyecto con Geopark, aprobándolo sin condiciones. 

Un mes después, firmaron el acuerdo de financiación con la petrolera diseñado para fomentar la recuperación económica durante la pandemia del COVID-19. Bajo la alianza, como se anunció con entusiasmo y por todos los canales de la oficina de cooperación de la petrolera, Geopark, con su empresa Nueva Amerisur, debía aportar casi dos millones de dólares (US$1.962.967) dólares en financiación durante el primer año. 

Las actividades del proyecto buscaban ayudar a pequeños negocios urbanos con el desarrollo de capacidades y a las asociaciones de productores rurales mediante una red de tiendas comunitarias. Geopark debía participar en la evaluación y selección de los socios y beneficiarios del proyecto. 

Los líderes del resguardo Buenavista y los campesinos de Adispa se enteraron de la alianza entre PNUD y la petrolera luego de su lanzamiento. Conforme a las fuentes en terreno, informaron a los funcionarios de la organización internacional que trabajaban en el proyecto Amazonía Sostenible para la Paz sobre su molestia, debido a los conflictos que habían tenido con la empresa y con su antecesora desde su llegada al territorio. 

Lina María Espinosa, abogada de la organización Amazon Frontlines y quien brinda apoyo jurídico al pueblo siona, señaló en una entrevista a Rutas del Conflicto: “El PNUD violó múltiples políticas de salvaguarda de la misma institución y no cumplió con la debida diligencia para revisar y evaluar las actividades de Geopark”. 

Por ello, el 26 de abril de 2021 Espinosa y los líderes enviaron  una carta a la entidad:  “Con preocupación, vemos cómo, sin tener en consideración los procesos de defensa y resistencia contra el extractivismo en la región, particularmente frente a los Bloques Put-12, Put-8 y Platanillo, cuya titularidad la tiene la empresa Amerisur Colombia (hoy Geopark), los cuales han generado afectaciones ambientales, territoriales, sociales, culturales y espirituales a las comunidades indígenas y campesinas ampliamente denunciados; el pasado 21 de abril de 2021 a través de las redes sociales del PNUD Colombia fue lanzada la estrategia de Alianza Unidos por la Reactivación Territorial con la empresa Petrolera Geopark”.

La carta encendió las alarmas en la oficina central de PNUD. La oficina en Colombia suspendió el proyecto con Geopark una semana después, y el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU expresó su preocupación por la alianza. El 11 de mayo, la organización Amazon Watch presentó una denuncia formal y el 7 de septiembre de 2021 la Oficina de Cumplimiento de los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD (SECU, por sus siglas en inglés) aceptó la denuncia de las comunidades y abrió una investigación interna.

Las denuncias que no tuvo en cuenta la alianza entre la petrolera y PNUD

Las más de 100 páginas del informe final de investigación de la SECU revelan que el “PNUD Colombia no consideró adecuadamente las actividades de la empresa Geopark y su subsidiaria Nueva Amerisur, tal como lo exige la política de debida diligencia”, determina el informe.

Para poner en marcha el proyecto con la petrolera era necesario un examen de cumplimiento. Los líderes que prefieren mantenerse en el anonimato por la violencia en la región afirmaron que, “la implementación del proceso fue inadecuada, dada la gran cantidad de acusaciones en materia de derechos humanos y ambientales contra Geopark en el departamento colombiano de Putumayo”. El PNUD habría omitido identificar y gestionar internamente las múltiples controversias que rodean a Geopark, incluidas demandas de comunidades indígenas y sanciones administrativas por violaciones ambientales en Colombia, Perú y Chile. 

Como lo documenta el mismo informe, en Perú el pueblo indígena Achuar y la nación Wampís presentaron demandas contra el gobierno peruano alegando la falta de consulta previa en la concesión del Bloque 64 de la petrolera. “En junio de 2020, la Nación Wampís interpuso una demanda penal contra Geopark por presuntamente poner en peligro a la comunidad durante la emergencia sanitaria de COVID-19. Poco después, Geopark retiró su licencia para el Bloque 64”, recopila el informe.

La SECU del PNUD determinó que la Oficina en Colombia tenía a la mano informes públicos disponibles sobre Geopark y Amerisur, incluyendo las denuncias de derechos humanos, conflictos ambientales y sociales. Además, documentos que mostraban las disputas territoriales entre los grupos armados Comandos de Frontera y el frente Carolina Ramírez, disidencia de las antiguas guerrillas de las FARC, en las que las comunidades queban en medio del fuego cruzado y sus líderes amenazados.  

La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, organización defensora de derechos humanos,  señaló, entre octubre de 2020 y febrero de 2021, supuestos vínculos entre grupos armados y la operación de Nueva Amerisur. Uno de estos hechos fue en diciembre de 2020, cuando campesinos denunciaron que habían sido llamados por miembros de Comandos de Frontera, que les expresaron que nadie puede oponerse al proceso sísmico que adelantaba la empresa Nueva Amerisur dentro de las operaciones. “Nosotros ya negociamos directamente con la empresa, y vamos a asegurar la operación en la zona”, narraron los habitantes a la Comisión, refiriéndose a lo que les habían dicho los hombres armados.

Estas alertas también estaban al alcance de la Oficina del PNUD en Colombia, ya que no solo fueron publicadas por diversas organizaciones, sino que además fueron recogidas en una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo. Además, según la investigación del SECU, fue el mismo PNUD Colombia el que acompañó a Adispa a presentar las denuncias sobre las amenazas de Comandos de la Frontera ante diferentes entidades del Estado. 

Por ello, la SECU concluyó que “la oficina de País debería haber excluido la alianza de consideración adicional, o como mínimo debería haber escalado la decisión sobre debida diligencia a la sede, en lugar de aprobar”. SECU cuestionó que en la matriz de riesgos no se incluyeran las denuncias existentes no solo contra Geopark, sino también contra la empresa a la que esta le compró el proyecto petrolero pocos meses antes.

Ante estos señalamientos, Geopark afirmó en un comunicado público que nunca ha tenido vínculos con grupos armados ilegales y que exige lo mismo a sus empleados y a toda su cadena de suministro, tras las publicaciones de medios que recogen estas denuncias . La empresa asegura que ha incorporado cláusulas de derechos humanos en los contratos con contratistas y proveedores, en las que se prohíbe expresamente cualquier relación o financiamiento de actores armados ilegales.

Para Fabián León, director del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), una organización dedicada a investigar y promover el respeto a los derechos humanos en las empresas, era indispensable tener en cuenta en la evaluación del proyecto las denuncias respecto a violaciones de derechos humanos que han sufrido las comunidades en el contexto de la exploración petrolera, y las presuntas  malas prácticas de Amerisur y también de Geopark. “Cuando Geopark compró los proyectos en Putumayo, nace la Nueva Amerisur, se compra también todos los problemas. No se hizo una debida diligencia y además no tuvo en cuenta el factor del conflicto armado para realizar su evaluación”, explica León. 

Avisos informativos de la plataforma 5, Campo Platanillo, Putumayo. Por: Juan Carlos Contreras

Según el director del CIEDH, no solo las denuncias y el contexto de seguridad debían ser evaluados. El hecho de que uno de los actores involucrados fueran comunidades indígenas obligaba al PNUD Colombia a aplicar un enfoque diferencial, acorde con los estándares internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas. Esto implicaba adoptar medidas específicas para garantizar la participación efectiva del pueblo siona y analizar si el proyecto podía tener impactos negativos sobre la existencia, el valor, el uso y el disfrute de sus territorios.

Para la comunidad indígena del resguardo Buenavista y la comunidad campesina, la alianza entre el PNUD y Geopark resultaba contradictoria con los principios del proyecto Amazonía Sostenible, liderado por la misma oficina del organismo multilateral. “Era incoherente con la posibilidad efectiva de protección ambiental y territorial que se está pactando justamente con la empresa que más amenaza la fragilidad de la Amazonía”, afirmó uno de los líderes que por razones de seguridad prefiere no mencionar su nombre.

La oficina de PNUD Colombia, como se encuentra en el informe, argumentó que debido a que la alianza con Geopark se dio en medio del confinamiento por la pandemia y una situación de capacidades reducidas no se había completado el diagnóstico social y ambiental. Este procedimiento era esencial para determinar la viabilidad de la alianza. Por lo tanto, la oficina decidió clasificar el proyecto como de “riesgo bajo”.

Para la abogada Espinosa el proyecto debió calificarse como “alto riesgo” y después cancelarse, “por el alto impacto que causaría legitimar una exploración petrolera que ha tenido un conflicto con las comunidades, resquebrajando el tejido social. Permitiendo que se consolide, afectando la integridad territorial, derechos ambientales y la dignidad de las comunidades”, afirmó.

Los olvidaron 

Durante la investigación, la oficina del PNUD en Colombia informó a la SECU que el resguardo Siona Buenavista y Adispa no eran considerados actores clave del proyecto, bajo el argumento de que no se encontraban dentro del área directa de implementación. Según el informe, “los proyectos no estaban siendo implementados dentro del Resguardo (…) y Adispa no era un actor clave porque no era un beneficiario del proyecto”.

Los líderes de Adispa informaron a SECU que en enero de 2021, poco tiempo después de la aprobación de la alianza, empleados de Geopark visitaron la Zona de Reserva Campesina y mencionaron expresamente  la alianza entre PNUD y la petrolera. Uno de los líderes, que por razones de seguridad prefiere no ser mencionado, afirmó que los funcionarios de la empresa le informaron que las actividades desarrolladas por PNUD estaban siendo financiadas con recursos provenientes de Geopark. Para los líderes fue una situación en la que se sintieron intimidados.

Los funcionarios de PNUD del proyecto ‘Amazonía Sostenible’ decidieron hablar con sus compañeros que llevaban el proyecto con la petrolera, con el objetivo de conocer el alcance de la alianza con Geopark y manifestarles la situación de conflicto social en la zona, y la reciente visita de los empleados de la multinacional a las instalaciones de Adispa.  El personal local del Amazonía Sostenible identificó que varias de las veredas en las que el proyecto con Geopark esperaba trabajar estaban ubicadas en la Zona de Reserva Campesina La Perla Amazónica. Como está descrito en el informe, se comunicó a los encargados de la alianza con la petrolera las condiciones de seguridad de los líderes de Adispa y los reportes que conectaban a Geopark. 

En respuesta a estas preocupaciones, el personal que llevaba la alianza con Geopark le pidió a la petrolera  dividir el proyecto en dos fases. Así retrasarían la implementación en la Zona de Reserva Campesina y aceleraría el proyecto para las comunidades que no habían expresado su rechazo a la presencia de la multinacional con el fin de generar interés y participación entre las comunidades que se resistían a la petrolera.

Como recolectó la investigación, un funcionario del programa de Sector Privado envió el siguiente mensaje por correo electrónico a Geopark: “En la primera fase...Identificaríamos las veredas consideradas más solidarias con la presencia de la empresa, la idea es implementar los proyectos de manera mucho más ágil y convertirlos en victorias tempranas en el territorio, provocando el interés, la confianza y la participación de las restantes. De esta manera, “con hechos”, se sentiría la llegada de la “nueva Amerisur” con metodologías participativas: “aprender haciendo”, sostenibles, incluyentes y todo lo que contienen las metodologías de PNUD".

Ante estos hechos, la SECU concluyó que la Oficina del PNUD en Colombia no garantizó que los actores clave tuvieran acceso a la información relevante sobre el proyecto, incluidos sus objetivos, actividades y posibles riesgos. Por el contrario, excluyó deliberadamente a “grupos que se oponen al desarrollo petrolero y que apoyaban a la Zona de Reserva Campesina”, lo cual —según el informe— fue inconsistente con las normas del PNUD sobre la no discriminación, incluso por razones de opinión política.

Además, la Oficina no garantizó una participación efectiva e informada de estos actores en la formulación ni en la implementación del proyecto. Esta omisión no solo vulnera estándares de consulta, sino que, según advirtió la SECU, abrió la puerta a futuros conflictos, especialmente porque la selección de los beneficiarios del proyecto debía contar con la aprobación tanto del PNUD como de la propia petrolera.

Tanto para el resguardo Buenavista como para la abogada Espinosa era inconcebible esta alianza, cuando las Naciones Unidas tienen como una de sus misiones la protección ambiental, territorial y de pueblos indígenas. Y aun así pacte acuerdos con empresas que se han visto inmiscuidas en conflictos sociales y ambientales. “PNUD hizo una alianza con la empresa petrolera que más ha amenazado la fragilidad ecosistémica e incluso oponiéndose jurídicamente en el proceso de restitución de derechos territoriales”, enfatizó Lina María Espinosa

Mejorar la imagen 

“Nosotros perdimos la confianza. Nos cuesta volver a creer en las organizaciones como PNUD o Naciones Unidas después de lo que pasó con la Nueva Amerisur”, afirmó uno de los líderes tradicionales del pueblo siona. 

La alianza entre la petrolera y PNUD no solo mostró los problemas internos de evaluación de proyectos sino también generó un quiebre de confianza tan grave que la comunidad siona llegó a devolver fondos que les habían dado para el proyecto de conservación. Consideraron que la entidad “había ignorado una lucha de defensa de la vida, el territorio y la dignidad” .

Como lo resalta la SECU en el informe, “se puede considerar que las acciones del PNUD equivalen a un aval implícito de Geopark que socavó la percepción de legitimidad e independencia del PNUD con actores clave fundamentales, y transmitió beneficios a la empresa, que presentaron riesgos sociales y ambientales significativos para las comunidades locales, así como un riesgo significativo para la reputación del PNUD”. 

Como lo explica Fabián León, cuando el PNUD o la cooperación extranjera apoya iniciativas, las comunidades dan por sentado que hay un debido proceso de investigación, de revisión de cumplimiento de derechos humanos y ambientales y cuando pasan estas situaciones, las comunidades pierden la credibilidad ante las organizaciones. 

“Los proyectos deben garantizar la prosperidad compartida, pero este tipo de prácticas de ocultamiento de información, de manipulaciones de organizaciones locales y de desviar el sentido de lo que quería hacer la cooperación no genera esa prosperidad compartida. Todo lo contrario, termina favoreciendo la imagen de la empresa”, enfatizó León.

Y es que la empresa quería que todo mundo conociera su alianza con PNUD. Pese a los protocolos que desaconsejan el uso del logo del Programa de Naciones Unidas por parte de los socios del sector privado, Geopark lo mostró en cada comunicación que hizo en el marco del proyecto. Hasta después de la cancelación, la página web de la petrolera incluía el logo de PNUD. Además de usar los logos de manera conjunta generaba una percepción de respaldo, las comunicaciones públicas de la entidad no se limitaron a describir el proyecto, sino, como lo muestra la investigación interna, tuvieron el “ efecto de proyectar una imagen más general de Amerisur/Geopark como una buena oportunidad para el desarrollo sostenible y el bienestar de las comunidades locales en las que opera”.

Se construye infraestructura para facilitar los desplazamientos desde y hacia campos petroleros de Platanillo. Foto por: Juan Carlos Contreras

Por ejemplo, durante el evento, el representante del PNUD afirmó "esta alianza estratégica nos permitirá integrar la experiencia de Geopark en el territorio con nuestras soluciones integrales de desarrollo para acompañar a las comunidades vecinas en su reactivación socioeconómica". 

La SECU determinó tras su investigación que la percepción de la alianza sí socavó las percepciones de los actores claves en relación con la independencia e integridad de PNUD. Por ello, concluyó que la Oficina de Colombia no evaluó ni gestionó los riesgos y compromisos reputacionales. 

El resguardo Buenavista determinó que no volvería a trabajar con la oficina de PNUD en Colombia y regresó el dinero que había sido entregado por el organismo multilateral. “Uno queda como desnudo, por decirlo así, fue la muerte para la relación entre nosotros y el PNUD”, señala uno de los líderes tradicionales del resguardo. 

En la misma vía la abogada Lina María Espinosa manifestó que, la alianza “evidenció una actuación opaca e incoherente con la posibilidad efectiva de protección ambiental y territorial”. 

Al preguntarle a la petrolera por los hallazgos del informe, respondieron que “La investigación de la SECU se enfocó exclusivamente en evaluar el cumplimiento de los procedimientos internos del PNUD Colombia para la celebración de alianzas estratégicas, y no en las actuaciones de terceros como Geopark o Amerisur”.

Por su parte, PNUD Colombia respondió que, “El acuerdo fue concebido originalmente para desarrollar estrategias integrales de recuperación económica orientadas a mejorar las condiciones de vida de las personas más afectadas por la crisis del COVID-19. Sin embargo, fue cancelado antes de su implementación, en respuesta a preocupaciones planteadas por representantes de la sociedad civil, autoridades indígenas y organizaciones locales”. Además respondieron en un correo electrónico que, desde el 2021 se fortalecieron las capacidades de la oficina del PNUD mediante capacitación y una supervisión más sólida. (leer respuesta completa)

La investigación de la SECU paró totalmente el proyecto con la petrolera. Sin embargo, para el resguardo Buenavista no es suficiente. Piden que se realice un acto público de disculpa, por parte del Pnud, al ignorar una lucha ancestral por la supervivencia de un pueblo en vías de desaparición.

*Esta investigacion se hizo con el apoyo de la Fundacion Heinrich Boll 

Actualizado el: Jue, 07/31/2025 - 08:51