Por Óscar Felipe Agudelo para La Liga Contra el Silencio

Y no es solo su venia para la creación de notarías. La superintendente García se ha ganado varios titulares de medios de comunicación por hechos como: la realización de un evento a dos días de las elecciones presidenciales en el que se reunió a buena parte de los notarios del país o cuando señaló que casi la mitad de los funcionarios que coordina tienen algún tipo de investigación interna por corrupción. En la estancia de García como cabeza de la entidad, según una fuente que pidió mantener su identidad en reserva, se han aumentado las quejas laborales, toda una paradoja si se tiene en cuenta que la superintendente es una abogada con especialización en Resolución de Conflictos.  Precisamente uno de los conflictos se avivó cuando una funcionaria se negó a avalar estudios que no cumplirían los requisitos para crear notarías. 

El 19 de mayo el Ministerio de Justicia decretó la creación de nuevas notarías, aunque la jefa de la Oficina Asesora de Planeación de la Superintendencia de Notariado y Registro rechazó la decisión porque ninguna pasó el estudio de viabilidad. 

En la coordinación de la Oficina ha estado Marcela Garavito, una funcionaria que dice haber vivido un calvario desde el pasado 18 de abril. En un estudio técnico, Garavito consideró improcedentes las notarías de Rivera (Huila), El Rosal (Cundinamarca), Piamonte (Cauca) y San José de Isnos (Huila) porque no cumplían los requisitos del Decreto Ley 960 de 1970. Desde ese día iniciaron los conflictos, cuando la superintendente García, en una comunicación interna, argumentó que esas notarías eran “una decisión del Gobierno Nacional”.

Garavito explicó que simplemente se ajustó a lo que dice el decreto sobre la creación de notarías. Según esa norma, aún vigente, se debe tener en cuenta la población del municipio y el promedio anual de escrituras. Ninguna cumplía con los requisitos. Desde ese momento inició un cruce de cartas entre Garavito, Daniela Andrade Valencia (funcionaria de la entidad y muy cercana a la superintendente) y la propia García. “Se centraron en un error ortográfico que tuve, pero no en el fondo de mi argumentación: que esas notarías no se podían crear”, dijo Garavito. 

Sin importar las razones, la superintendente García y Andrade Valencia le manifestaron que las notarías debían crearse bajo el concepto de “conveniencia del servicio”. Garavito refutó y desde ese momento no volvió a saber nada más; hasta el 19 de mayo, cuando el Ministerio de Justicia creó tres notarías por decreto, sin el aval de la Oficina Asesora: Piamonte, Rivera y San José de Isnos.

A la creación de las notarías del 19 de mayo sin el usual estudio de la jefe de la Oficina Asesora de Planeación hay que sumarle una cuarta: la de Madrid, Cundinamarca. Esa oficina merece capítulo aparte porque su solicitud fue del 11 de mayo y en solo ocho días fue decretada. Después de rechazar las otras cuatro, Garavito nunca supo nada de la nueva solicitud. “Esta notaría tampoco cumple las condiciones del Decreto Ley 960 de 1970”, señaló.

Una notaría es el sueño de cualquier político. Basta recordar a la excongresista Yidis Medina, quien pidió una al entonces presidente Álvaro Uribe para apoyarlo con su voto en la reelección presidencial. Hay otros ejemplos. Rodolfo Galvis Blanco, exgerente de la campaña presidencial de Iván Duque en Santander, después fue nombrado notario encargado, y pronto completará cuatro años en la Notaría 20. Jose Andrés O'Meara dejó la dirección del sistema de compras públicas, Colombia Compra Eficiente, hace menos de dos meses para irse a una nueva notaría en el Aeropuerto El Dorado. 

La senadora Aida Avella ha denunciado durante años los favores políticos que se pagan con notarías y los altos ingresos que devengan los notarios. “Es muy grave que se creen notarías sin requisitos legales a pocos días de las elecciones. No solo es grave, sino antiético. Alguien lo demandará”, dijo. Noticias UNO reveló que las notarías creadas se gestaron en municipios con alcaldes afines a la coalición del gobierno nacional.

Tomás Felipe Mora, docente y abogado especialista en derecho administrativo, considera que no se está respetando el trámite administrativo. “Puede hablarse de responsabilidad disciplinaria y penal. Las notarías tienen un trámite que ha existido por varios años en la Superintendencia de Notariado y Registro”, señaló. 

¿Cómo crearon notarías sin el visto bueno de la funcionaria encargada de dar vía libre? ¿Quién dio el visto bueno? La superintendente Fernanda García y el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, no dieron respuestas hasta la publicación de este reportaje.

Denuncias de maltrato laboral

Después de defender su posición sobre la inviabilidad de las cuatro notarías, cuenta Marcela Garavito, la superintendente García la descalificó. “Dijo que estaba contrariando lo manifestado por el gobierno, que no sabía lo que era conveniencia, que no sabía nada de registro y de sus normas”, dijo. Esto quedó documentado por Garavito en una carta enviada al comité de convivencia laboral. 

La Oficina Asesora de Planeación de la Superintendencia de Notariado y Registro usualmente ha avalado o rechazado la solicitud de las notarías por medio de estudios basados en el Decreto Ley 960 de 1979, explicó Garavito. “Se han emitido los estudios, pero terminan siendo recomendaciones. La última palabra para crearlas o suprimirlas la tiene el gobierno nacional, así lo establece el artículo 131 de la Constitución”, añadió Garavito, a quien le pidieron la renuncia luego de negar la creación de las notarías. 

En Noticias UNO García dijo: “La Superintendencia simplemente hace unos estudios de viabilidad para ver si se puede crear o no una notaría, y todas estas creaciones que ustedes vieron recientemente obedecen a una necesidad del municipio representada por el señor alcalde”. Lo que no dijo es que desestimó el estudio de factibilidad hecho por la jefa de la Oficina Asesora de Planeación, quien recordó casos donde el Decreto 960 sí se ha tenido.

Captura de pantalla comunicación de Garavito a García del 13 de mayo.

Garavito no es la única que habla de maltrato laboral por parte de la superintendente García. Existen otros testimonios en la entidad; uno de ellos es el de Archibaldo Villanueva, exsubdirector de apoyo jurídico de Notariado y Registro, quien fue declarado insubsistente de su cargo a tan solo días de obtener su pensión. 

Según Villanueva, la superintendente García, sabiendo que estaba próximo a pensionarse, le pidió la renuncia al cargo porque “ella tenía otros compromisos y necesitaba el puesto”. Villanueva le dijo que dejaría la vacante en cuanto tuviera su pensión, pero García no esperó el tiempo y lo declaró insubsistente. El puesto se lo dio a Camilo Andrés Chamorro, quien, según varias fuentes, es pareja de García. 

“Todo el mundo lo sabe, pero nadie puede decir nada”, dijo una fuente que pidió reserva. Chamorro, a quien le nombraron tres abogados de planta y cuatro contratistas para que lo apoyen, según Villanueva, ya había sido contratista de la entidad, y en octubre de 2021 iba a acompañar a la superintendente en un viaje a República Dominicana. Al interior de la entidad quedaron dudas de por qué él fue el elegido para acompañar a García a ese viaje con viáticos pagados para cada uno. Hubo malestar al interior de la Superintendencia por lo que él al final no viajó aunque ya existía resolución para hacerlo (ver aquí la resolución). 

Sobre los funcionarios maltratados por García, Villanueva dijo que no fue víctima, pero sí testigo. “Tuvo problemas con la mayoría de los directivos. Es ególatra, maltratadora, no delega. Es lo que ella diga por encima de lo que sea”, dijo. Villanueva coincide con Marcela Garavito en que la superintendente pretendía manejar la entidad sin tener en cuenta a otros funcionarios. Solo con el argumento de que era “amiga de Duque (...) y hablaba directamente con el presidente”.

Una fuente que pidió reserva explicó que la conexión de García con la Presidencia de la República se da a través de María Paula Correa, jefa del gabinete; de Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia; y de Daniel Palacios, ministro del Interior. Antes de llegar a la Supernotariado en 2018, García estuvo en la Personería de Bogotá, en el Ministerio de Ambiente y en el Tribunal de Cundinamarca.

Choques en una manifestación sindical

Ángela Salamanca, funcionaria de la entidad e integrante de Sintranore, uno de los sindicatos de la Superintendencia de Notariado y Registro, padeció los maltratos de García y de su esquema de seguridad. El 29 de octubre del año pasado el sindicato hizo un paro porque, según ellos, la entidad se estaba debilitando por el recorte de recursos económicos y por la tercerización del servicio (punto en el que está involucrada Proyectos Legales, una empresa de la familia del ministro del Interior, Daniel Palacios). Además, protestaron para que se respetaran las tarifas de los servicios que pagaban los ciudadanos. 

Salamanca y sus compañeros estaban en su legítimo derecho del ejercicio sindical cuando la superintendente García llegó con sus guardaespaldas a acabar con la protesta. “Arrancó unos carteles y llamó a la Policía, pero esta le dijo que no podía hacer nada porque estábamos amparados en el derecho a la protesta”, explicó Salamanca. “No hubo intención de dialogar, la intención fue quitar la manifestación como fuera posible”, añadió. 

En ese escenario Salamanca fue golpeada; también la superintendente García. El personal de seguridad del edificio, funcionarios cercanos a García y su esquema de seguridad intentaron a la fuerza diluir la protesta. Por su lado, los miembros del sindicato intentaron mantenerla. En medio estaban los ciudadanos que pretendían acceder a la oficina de instrumentos públicos de la calle 26 en medio del caos (ver video).

Finalmente la alta funcionaria no quiso dialogar, el servicio de instrumentos públicos duró parado unos 15 días en todo el país, hasta que el ministro de Justicia conversó con los miembros del sindicato. La falta de voluntad para dialogar le ocasionó a García un anuncio de debate de control político en el Congreso por el cese de actividades. El paro “tiene en jaque a la construcción”, dijo en noviembre pasado la representante a la Cámara Adriana Magali Matiz. 

Anteriormente, García había estado en la mira de la Cámara de Representantes para otro debate promovido por Gabriel Vallejo, congresista del Centro Democrático. Finalmente no se logró. 

Además de Garavito y Salamanca existen más de 10 casos que señalan a la superintendente y a personal cercano a ella de maltrato laboral. Las víctimas no acceden a hablar por miedo o represalias. Un exfuncionario tuvo una parálisis facial por el estrés. Otra, producto del acoso de funcionarias cercanas a García, sufrió ataques de nervios. 

Estos podrían ser los últimos días de García en el cargo. Fuentes consultadas indicaron que la funcionaria podría ser nombrada en alguna notaría por el presidente Duque. García, al frente de la Superintendencia de Notariado y Registro, ha sido una funcionaria conveniente para el Presidente, y las últimas semanas han sido de gran movimiento para ella. No solo por el foro en el que se reunieron todos los notarios del país a dos días de las elecciones presidenciales, sino también porque, según el sindicato Sintranore, la última semana de mayo la aprovechó para celebrar su cumpleaños con mariachis y torta con presupuesto de la Superintendencia. 

Actualizado el: Mar, 06/07/2022 - 07:31

Líderes indígenas y habitantes del departamento de Vaupés cuentan que, a finales de 2019, empleados de la empresa Waldrettung S.A.S., que se presenta como la filial colombiana de una multinacional alemana dedicada a proyectos de venta de bonos de carbono, reunieron a decenas de capitanes de varias comunidades del Gran Resguardo de ese departamento, el segundo resguardo más grande del país, en el coliseo de Mitú. 

En esa asamblea, que ocurrió el 25 de noviembre de 2019, comenzaron a discutir las condiciones del contrato que habían firmado la empresa y el representante legal del resguardo 10 meses atrás, el 17 de enero de 2019, incluso antes de que la empresa existiera con el nombre Waldrettung o Waldrättung, para poner en marcha el proyecto del mercado de carbono a 30 años que les permitiría recibir ingresos en ese lapso a cambio de preservar el bosque tropical amazónico en su territorio indígena. La asamblea del gobierno mayor del resguardo indígena terminó aprobando y ratificando el proyecto.

Pero allí no estaban todos los habitantes, sino 141 capitanes -como se le conoce a los líderes de cada comunidad- de los 196 que tiene el resguardo. Seis líderes –que no son representantes legales ni autoridades dentro del resguardo– señalaron a esta alianza periodística que de lo único que se enteraron fue de lo que alcanzaron a escuchar desde afuera del coliseo. Insisten en que no han visto el contrato que aprobaron ese día los capitanes con la empresa, cuyo representante es el abogado colombiano Helmuth Gallego Sánchez. Opinan -y les preocupa- que no hay claridad sobre los alcances del proyecto. 

“Llegaron, los reunieron y firmaron el acuerdo, no sabemos por cuántos años. No han pasado a socializar en nuestra zona; solo a recoger firmas, pero ni siquiera tenemos claro qué es lo que firma la gente”, cuenta un líder de una asociación indígena en el Vaupés, que pidió omitir su nombre por la sensibilidad del tema en su territorio. Estas asociaciones son organizaciones en las que se agrupan las comunidades cercanas al casco urbano de Mitú y que también forman parte del Gran Resguardo. En Colombia, los resguardos son entidades territoriales colectivas que pertenecen y son gestionadas por comunidades indígenas.

El proyecto de Waldrettung -cuyo nombre significa ‘cuidado del bosque’ en alemán- comprende un área significativa del resguardo que, en su totalidad, ocupa 3,9 millones de hectáreas de selva (un área un poco menor a la de Suiza o los Países Bajos), donde 19 pueblos indígenas como los desana, tukano, cubeo, pisamira, piratapuyo, barasano, wanano y piapoco conviven en un mosaico pluriétnico. Visto en el mapa, el proyecto ocupa un área significativa del departamento, desde el río Papunaua en el norte hasta los límites con Amazonas en el sur. Dentro de su extensión figuran la capital, Mitú, y Yavaraté, la suerte de nariz que se adentra en territorio brasileño.

En total, se trata de un área con ecosistemas de bosque tropical (que los expertos detallan como bosque denso alto de tierra firme) y algunos bosques inundables cercanos a ríos, según consta en el ‘documento de diseño de proyecto’ (o PDD) de Waldrettung, que aparece desde inicios de 2021 en el Renare, el portal del Ministerio de Ambiente que registra las iniciativas de mitigación al cambio climático. Aunque desde la empresa insisten en que el proyecto ocupa todo el resguardo, el área registrada en el Renare como “en formulación” es menor, de aproximadamente unas 2,2 millones de hectáreas. Allí viven unas 19,900 personas repartidas en 155 comunidades que corresponden a 11 de las 17 asociaciones de autoridades tradicionales indígenas (AATIs) del resguardo.

Esta no es la primera vez que Waldrettung llega a la Amazonía colombiana para proponer a las comunidades este tipo de proyectos. Su forma de hacerlo parece seguir un patrón, según la información recabada por la alianza periodística de Mongabay Latam, Rutas del Conflicto, Clip y La Liga Contra el Silencio. Contactan a los capitanes y otros líderes indígenas, les proponen contratos para preservar el bosque y vender bonos de carbono durante lapsos que varían entre los 30 y los 100 años. Las condiciones, según organizaciones sociales y abogados, pueden poner en desventaja a los pobladores indígenas, encargados de proteger los bosques de sus territorios. No obstante, en conversación con esta alianza, Waldrettung defendió que sus proyectos ayudan a traer finanzas invaluables a comunidades indígenas que viven en condiciones precarias. “Constituye una oportunidad para luchar contra el cambio climático y lograr justicia y equidad con las comunidades titulares de los territorios”, dijo su representante legal, Helmuth Gallego.

En total, figuran 14 fichas de proyectos promovidos por Waldrettung en la plataforma Renare. Además del Gran Resguardo del Vaupés y otro con la comunidad indígena Nukak en el departamento del Guaviare, aparecen fichas de posibles proyectos en los resguardos amazónicos de Bachaco Buenavista, Bajo Río Guainía y Río Negro, Carrizal, Corocoro, Cuenca Media y Alta del Río Inírida (Cmari), Cumaral Guamuco, Laguna Niñal y Mirití Paraná, además del Unido U’wa en la cordillera de los Andes. La mayoría aparece como en una fase temprana de factibilidad o planeación. Cinco -incluidos Cmari, Bajo Río Guainía y Río Negro y Gran Resguardo del Vaupés (al que corresponden tres fichas distintas en el Renare)- aparecen como en formulación, lo que significa que cuentan ya con contratos con las comunidades y documentos de diseño de proyecto, así como el respaldado de un estándar de certificación que los avala (en todos los casos con la metodología de la empresa colombiana Cercarbono). Aparentemente también buscó a otras comunidades amazónicas más, como la de Taraira, en la punta sur del Vaupés, que –según otra investigación periodística– declinó la oferta.

Estos proyectos buscan preservar bosques fundamentales para mitigar la crisis climática global, invirtiendo el dinero recaudado por la venta de bonos de carbono en las comunidades que los habitan. Los bonos son comprados por empresas que buscan neutralizar el impacto ambiental causado por su actividad productiva. Cada bono suele compensar la emisión de una tonelada de dióxido de carbono, uno de los gases de efecto invernadero que propicia el cambio climático. En Colombia existen proyectos con comunidades afrodescendientes y campesinas, y con resguardos indígenas. Estos últimos son los más buscados para estas iniciativas porque cuidan las zonas más extensas de selva del país.

Infografía por: CLIP.

Llamados Redd+, los proyectos tienen su origen en un mecanismo internacional creado por la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para reducir las emisiones producidas por la deforestación y la degradación de los bosques. En ese proceso buscan vincular a las comunidades con empresas, para mejorar la calidad de vida de quienes habitan y protegen los ecosistemas que regulan el clima de todo el planeta. En Colombia, estos proyectos vienen creciendo rápidamente desde que, en 2017, el gobierno de Juan Manuel Santos permitió a cualquier empresa comprar bonos y reducir el monto del impuesto nacional al carbono que deben pagar por los combustibles fósiles que usan. 

Las propuestas de Waldrattung

Esta alianza periodística constató que Helmuth Gallego y su empresa han propuesto proyectos de bonos de carbono a comunidades indígenas en cuatro de los seis departamentos colombianos del bioma amazónico (Guaviare, Guainía, Vaupés y Amazonas); así como en Vichada, en la Orinoquia, y Boyacá en los Andes. La empresa ha ofrecido contratos a comunidades que, independientemente de esos acuerdos, pretendería preservar más de 50 mil km cuadrados de la Amazonía colombiana y la zona del piedemonte, en los límites de Arauca y Boyacá. (A continuación puede escuchar  la entrevista completa con Helmuth Gallego hecha en abril de 2022 y acá puede leer las respuestas de Waldrettung a un cuestionario escrito).

Como se puede ver en el mapa a continuación, la empresa ha intentado firmar contratos con resguardos que ocupan amplias extensiones de tierra, como el Nukak en Guaviare, el Mirití Paraná en Amazonas o el Alto Únuma en Vichada.

Los representantes de Waldrettung señalan que tiene tres contratos con comunidades indígenas con amplio territorio, en los resguardos de Cmari, Bajo Río Guainía y Río Negro, otros con comunidades pequeñas, y continúa en conversaciones con varias más. Gallego, representante legal de la empresa, afirmó en una entrevista con esta alianza, el 21 de julio pasado —luego de una primera publicación de esta historia— que su compañía ha desistido de los proyectos con otros resguardos porque no lograron concretar los acuerdos tras iniciar conversaciones o se dieron cuenta que los indígenas habían firmado previamente con otras empresas de venta de carbono, y esto no es posible ya que no se puede vender dos veces una misma tonelada de carbono resultante de la misma deforestación evitada.

En esa conversación realizada por invitación de Waldrettung, los periodistas de esta alianza periodística pudieron finalmente examinar en su oficina decenas de documentos relativos al proyecto que presentó la empresa. Entre ellos, revisamos un documento que Gallego presentó como el contrato firmado con el Gran Resguardo de Vaupés el 19 de enero de 2019 (cuando Waldrättung S.A.S. aún no estaba registrada bajo ese nombre en la Cámara de Comercio de Bogotá) y su modificación del 7 de diciembre de 2021, que puso por escrito algunos acuerdos adicionales entre las partes y realizó varios ajustes al documento original. Según Gallego, estos cambios fueron solicitados por Verifit, la empresa encargada de verificar y auditar los procesos del proyecto de bonos. Esa lectura, que no había sido posible en la primera fase de reportería y a la que Waldrettung accedió con la condición de que no se publicaran los documentos legales ni se les tomara fotografías, permitió esclarecer algunas de las preocupaciones de varios indígenas del resguardo. 

Al menos ocho líderes indígenas de los departamentos a donde ha llegado Gallego le dijeron a esta alianza que nunca han visto los documentos firmados por otros de sus líderes con Waldrettung. Miembros de varias organizaciones que han acompañado a las comunidades indígenas, y que prefieren no ser mencionadas con nombre propio por la sensibilidad del tema en el sector ambiental y porque puede dañar su interlocución con el Gobierno, dicen que con frecuencia quienes han negociado estos proyectos se niegan a mostrar los contratos por temor a ser demandados por la empresa. Según sostienen, han escuchado que algunos contienen cláusulas de confidencialidad. 

“Traen una mano de documentos que ni siquiera están en nuestra lengua. Las autoridades indígenas firmaron, pero ni siquiera sabemos qué. No tenemos copia del contrato”, señaló un líder de una de las 17 asociaciones de autoridades tradicionales del resguardo indígena del Vaupés que se encuentran dentro del área del proyecto. Esta misma afirmación se repite en otros resguardos de la región amazónica y del Vichada.

No obstante, en esta segunda conversación con la empresa el 21 de julio pasado, esta alianza informativa pudo constatar directamente que, según el contrato del Gran Resguardo del Vaupés que mostró la empresa, no existen cláusulas que obliguen a mantener en secreto estos acuerdos.

El hecho de que algunos miembros de la comunidad afirmen desconocer las condiciones del proyecto e indiquen que en su visión no se realizaron dichas consultas —aunque se hayan hecho con otros integrantes de la comunidad— es una señal de alerta. En la cumbre de cambio climático de la ONU celebrada en Cancún en 2010 se acordaron  salvaguardas sociales y ambientales que deben cumplir todos los proyectos Redd+ en el mundo, a partir de las cuales Colombia desarrolló posteriormente una interpretación nacional detallada con reglas sobre cómo deberían ser el acceso a la información de los proyectos, el deber de rendir cuentas y la distribución de sus beneficios. Una salvaguarda en particular, sobre el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades, estipula que “cualquier iniciativa que afecte directamente a uno o varios grupos étnicos y comunidades locales, debe previamente ser consultada” con la comunidad y que ese proceso debe contar con el acompañamiento del Ministerio del Interior y los organismos de control. Tanto en la comunidad nukak —con la cual  la empresa desistió de firmar el proyecto—, como en el Gran Resguardo del Vaupés, hay líderes consultados que creen que estas reglas no se han cumplido y que resulta preocupante que no tengan acceso a los documentos base del proyecto, aunque reconocen que otros dentro de su comunidad sí han estado de acuerdo con este. En ambos casos sienten también que, como cuenta el segundo reportaje de este especial, el Gobierno -y en particular sus ministerios de Ambiente e Interior, que se ocupa de temas étnicos- no los han  acompañado. .

“Waldrettung respeta tanto a la comunidad que celebró el contrato con el resguardo, la unidad jurídica que los agrupa a todos, volviendo para obtener el consentimiento libre, previo e informado de la asamblea. Se desarrolló en el coliseo de Mitú, el sitio más grande y transparente”, señaló Gallego, añadiendo que han traducido documentos del proyecto al tukano y el cubeo.

A finales de julio, esta alianza periodística volvió a consultar a tres líderes indígenas, para preguntarles si las fechas y los porcentajes de distribución contenidas en el contrato y los documentos que mostró Waldrettung coinciden con lo que ellos conocen del proyecto. Los tres, que pidieron omitir sus nombres, señalaron que no tenían esa información ni acceso a dichos documentos. “Nosotros desconocemos sobre el proceso que ellos (los directivos del resguardo) han hecho, apenas nos hemos dado cuenta por las informaciones que ustedes nos dan”, dijo uno de ellos, que además es líder de una de las AATIs. Los periodistas de esta alianza intentaron comunicarse nuevamente con el representante legal y también líder indígena Simón Valencia, quien firmó el contrato en nombre del resguardo, para que nos contara su versión de la historia y corroborara dichos documentos, pero los mensajes no le llegaron a su cuenta de Whatsapp. También se le envió un correo electrónico, pero hasta el momento de la publicación no se había obtenido respuesta.

Imagen del chat con el chat del líder indígena Simón Valencia y del correo electrónico en el que se le solicitó una entrevista.​

Waldrettung argumenta que, antes de vender el primer bono de carbono, su proyecto ya ha traído beneficios tangibles a las comunidades del Gran Resguardo del Vaupés, que enfrentan problemas como un precario acceso a salud y educación, baja conectividad a internet, ausencia de agua potable e infraestructura sanitaria o escasez de oportunidades laborales. En su visión, los proyectos Redd+ tienen el potencial de subsanar estos problemas de vieja data y traer recursos valiosos a los indígenas. 

Esta segunda charla con los directivos de Waldrettung, que duró aproximadamente tres horas,  también permitió tener mayor claridad sobre otros detalles del proyecto como la distribución de beneficios económicos acordada con la comunidad, que no había sido posible conocer antes y que, en general, no suele ser pública en el sector Redd+ por considerarse información privada de los proyectos. Según se puede leer en los documentos contractuales, un 52 % de los ingresos totales que generen los bonos de carbono en un futuro irá directamente a los indígenas del Gran Resguardo del Vaupés. Del restante 48 % se deducirán todos los costos de ejecución del proyecto, incluyendo los pagos a los diversos actores que intervienen en la cadena de carbono validando, certificando o vendiendo los bonos, siendo el remanente lo que corresponderá a  Waldrettung como honorarios.

La empresa argumenta que ha ido más allá que otros proyectos Redd+ en asegurar el consentimiento libre e informado de los habitantes del resguardo, al no limitarse únicamente al visto bueno de la asamblea del resguardo y de 141 capitanes (que representan al 72 % de las comunidades que allí viven), sino firmando, además, acuerdos individuales de consentimiento con 3.237 familias (de las 4.156 que habitan el área del proyecto) ratificando esos compromisos.

Esos formularios están archivados en gruesos legajos que Waldrettung mostró a esta alianza periodística. En cada carpeta hay cientos de documentos en donde la cabeza de cada núcleo familiar manifiesta su visto bueno a una docena de puntos. Según se desprende de la muestra de estos documentos que esta alianza periodística pudo ver, en ellos centenares de cabezas de familias beneficiarias certifican que han sido informadas del proyecto, que están de acuerdo con su ejecución y que otorgan poder a la empresa desarrolladora para llevarlo a cabo. “Waldrettung es únicamente nuestra invitada y no tiene ningún derecho sobre nuestro territorio (…) El único que puede disponer del territorio es el resguardo porque tiene la personería jurídica”, se lee en uno de sus apartados. Allí reiteran algunas de las reglas de juego del proyecto, incluyendo el porcentaje de distribución de beneficios, la destinación del 80 % de los ingresos a proyectos en línea con el plan de vida del resguardo y la expectativa de crear empleos directos para los indígenas.

Una cláusula, sin embargo, contiene una diferencia significativa con el contrato firmado entre Waldrettung y el Gran Resguardo. “Este proyecto será ejecutado oficialmente desde el año 2020 por cien años”, se lee en un punto de los consentimientos individuales, pese a que el contrato y la ficha del Renare hablan de 30 años. Este hecho llamó la atención de esta alianza periodística ya que la cifra se repite en cientos de estos documentos que fueron firmados en fechas como diciembre 11 de 2019, enero 20 de 2020, marzo 2 de 2020 o 30 de noviembre de 2020, según se lee en el legajo que Waldrettung conserva en su oficina. Es decir, hasta dos años tras la firma del acuerdo y uno después de que la asamblea comunitaria lo ratificara.

Consultados por las discrepancias entre este periodo y el estipulado por el contrato, Waldrettung reconoció que es un tema que deberán subsanar, ya que el plazo fijado en los consentimientos que firmaron miembros de la comunidad e indica 100 años, en realidad terminó pactándose en 30 años con la posibilidad de ser renovado hasta por dos veces el mismo periodo, según consta en los ajustes que hicieron la empresa y las autoridades del resguardo en 2021. “No hemos terminado el proceso de validación y vamos a solicitar una ratificación [de esos consentimientos]”, dijo Gallego, explicando que ellos repartieron esos documentos antes de la asamblea y que solo los recogieron dos años después, pero que por petición de la empresa validadora Verifit deberán reemplazarlos todos. “Esperamos tenerlos en diciembre de este año”, añadió.

Las dudas en otros contratos

Líderes de comunidades de otros resguardos han expresado preocupación por el proceso de negociación con esta empresa. “La mayoría de las comunidades y autoridades tradicionales no conocemos de vista ni el contenido del proyecto Redd+”, escribió el líder indígena puinave Julián Moreno Cuiche, secretario general del resguardo Cmari, en Guainía, que firmó un contrato con Waldrettung, en una carta notariada y con huella dactilar que envió al auditor Verifit en julio de 2021 y en la que copió a los Ministerios de Ambiente y de Interior, así como a la Defensoría del Pueblo. Entre las fallas que enumeró estaban que, según Moreno, el contrato “fue firmado sin el consentimiento ni aprobación por parte de las comunidades”; que no se socializó con toda la comunidad en una asamblea general y que, además, desconocían aspectos básicos como la duración del proyecto, la participación de las utilidades y la manera como se invertirían esos recursos. “Al parecer y por solo rumores, se dice que estamos obligados a cien años”, le dijo a las entidades (aunque la ficha de este proyecto de Waldrettung en el Renare habla de 40 años). 

Posterior a la publicación de este reportaje, Waldrettung aportó documentos que muestran que Moreno Cuiche denunció a la Fiscalía que él no había escrito ese documento y que su identidad había sido suplantada. También remitió a los periodistas un video en el que el líder indígena del Guainía sostiene la misma versión y explica su apoyo al proyecto Redd+ impulsado con la empresa. “Hay empresas que nos quieren dividir, pero hay una empresa que ha venido trabajando desde hace varios años con nosotros y es Waldrettung SAS”, dice en el video que se puede consultar a continuación. 

Pese a la denuncia de Moreno, la Defensoría del Pueblo parece seguir dando por válida su queja. En respuesta a un derecho de petición de esta alianza periodística, la entidad informó el 26 de mayo de 2022 que tenía información sobre siete posibles denuncias “relacionadas con el desarrollo y suscripción de contratos en el marco del mercado verde” en todo el país, incluyendo una del resguardo Cmari fechada en septiembre de 2021 y que la entidad pública vincula al proyecto de Waldrettung. La Defensoría no proporcionó detalles sobre dicha denuncia.  

Como los contratos que ha firmado la empresa no son públicos, líderes de varias comunidades, así como organizaciones y abogados especialistas en temas indígenas y ambientales mostraron su preocupación, ya que el único documento al cual han tenido acceso es un prospecto de contrato de un proyecto de bonos de carbono que elaboró la empresa y que firmó el representante legal del resguardo Nukak en el Guaviare. Los consultados resaltaron posibles irregularidades en ese contrato; entre ellas el objeto, el tiempo y las cláusulas que le dan el poder de decisión a la empresa y no a la comunidad indígena. 

La compañía ha sido reiterativa en señalar que ese contrato no sirve como referencia, ya que al final —pese a haberlo redactado— nunca lo firmó y posteriormente la comunidad terminó negociando con una compañía distinta.

Una fuente que trabaja en la Amazonía, experta en consulta previa, señaló que las mismas condiciones de tiempo eran similares en otros contratos de la empresa, como el que firmó el representante legal del resguardo Mirití Paraná en Amazonas. Ante los reclamos de la comunidad en el departamento del Amazonas, que insistía en que nadie podía tomar decisiones por todo el resguardo, la empresa parecería haber renunciado a sus pretensiones de impulsar el proyecto, según esa misma fuente que trabaja en una organización ambiental.

Los bonos de carbono se crearon para proteger los bosques de la deforestación, pero también a las comunidades que los cuidan. Para Harold Rincón Ipuchima, indígena tikuna y secretario general de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), estos contratos deberían cumplir estándares que permitan a los resguardos –inalienables, imprescriptibles e inembargables, según la Constitución colombiana– conservar su gobernanza. “No puede pasar que las decisiones de los territorios queden sujetas a segundos o terceros, sino que sean del propio gobierno de las comunidades”, dice el líder indígena. 

Entre las condiciones del prospecto de contrato con la comunidad Nukak, y que pone en evidencia cómo se estructuraron los demás convenios de la empresa, está que Gallego los asesore en la forma en que deben invertir los recursos por la venta de los bonos. Además, en el documento se lee que la empresa “puede negociar y celebrar cualquier tipo de contrato para la compra y venta de bonos de carbono (...) y cualquier tipo de documento que pudiera requerirse para tales propósitos y reciba el pago pactado por tales servicios”. 

En la visión de la OPIAC, los indígenas no deberían ser considerados como meros beneficiarios, sino como socios, dado que el proyecto sería inviable sin su territorio. Aunque no tienen un monto mínimo de repartición de beneficios, la organización indígena insiste en que debería existir una relación equitativa entre ambas partes con una participación real de las comunidades en el proyecto, así como una transferencia gradual de las habilidades técnicas para manejarlos. 

Esta realidad se complica por otro tema. Para la socióloga Aura María Puyana, excoordinadora nacional del Programa Proindígena de GIZ, la agencia de cooperación del gobierno alemán, en general, en los contratos que negocian varias compañías en la Amazonía se considera a la comunidad indígena como un actor económico igual que una empresa, cuando hasta ahora están comprendiendo las dinámicas de ese negocio y los aspectos técnicos de los proyectos. Eso genera, dice, una asimetría para los indígenas en la negociación. “Son actores que apenas están entrando en conocimiento de estas dinámicas en el mercado de bonos de carbono”, afirma la socióloga.

Las confusiones después de la firma 

Lo preocupante para las organizaciones indígenas y las autoridades tradicionales de los resguardos que hablaron con esta alianza periodística es la forma cómo se han tomado las decisiones de entrar en proyectos de bonos de carbono en muchas de esas comunidades, incluidos los de la empresa Waldrettung. 

“Fue un momento muy duro. No hubo claridad, no hubo consultas. Solo llegaron a recoger firmas a las familias y ofreciéndoles dinero a los capitanes”, cuenta el líder de una asociación indígena del Gran Resguardo del Vaupés. Esos momentos fueron confusos, explica, porque no sabían qué habían firmado y cuáles serían las condiciones de esa obligación contractual. Para los líderes con los que habló esta alianza periodística solo había algo claro: se sintieron traicionados por los representantes de su resguardo y por la empresa que no socializó con ellos en qué consistía la venta de bonos de carbono. 

Waldrettung explicó que firmó el contrato con el Gran Resguardo en medio de una socialización que no ha sido fácil por la forma en que están organizados los pueblos que viven allí y por el tamaño del resguardo. “El hecho de que haya un contrato modificatorio muestra que hay un diálogo de igual a igual”, señala Mónica Gutiérrez, subdirectora jurídica de Gallego Lawyers.

Las comunidades indígenas están protegidas por la Constitución del 91, que les permite tener su propia forma de gobierno. En el Vaupés, estas comunidades crearon jurídicamente un consejo indígena al que nombraron Gobierno Propio de Autoridades Tradicionales de los Resguardos y Territorios Indígenas del Vaupés (CRIVA) y que en la región simplemente es conocido como Gobierno Propio.

Gaia Amazonas, una de las ONG ambientales con mayor trayectoria en la Amazonia colombiana, y que viene asesorando jurídicamente a los indígenas, explica en su página web que estos consejos deben proteger la forma en que se gobiernan estos pueblos en Colombia y la forma como se relacionan con el Estado.

La empresa de Gallego llegó al Gran Resguardo y sus empleados recorrieron algunas comunidades recogiendo firmas para respaldar el contrato con el Gobierno Propio. Los líderes que fueron consultaron señalaron que no sabían la fecha de firma de contrato, dato de suma importancia, ya que han explicado que les preocupa que el representante legal actual del consejo comenzó su periodo el 10 de noviembre de 2015 y, según los estatutos de la organización, las autoridades debían ser elegidas por todas las comunidades cada cuatro años. Sin embargo, desde que obtuvieron la personería jurídica nunca se ha convocado una nueva elección. Por lo tanto, tampoco sabían si el contrato se había firmado dentro del periodo que avalaba la directiva del consejo o posteriormente.

El representante legal de Gobierno Propio y quien firmó el contrato con Waldrettung es el líder indígena cubeo Simón Valencia, quien es respetado en la región por haber sido uno de los primeros etnoeducadores. También es el padre de Mónica Valencia, hasta hace dos semanas representante a la Cámara del Vaupés por el Partido de la U .

Según los documentos que Waldrettung le mostró a los periodistas de esta alianza, el contrato fue firmado en enero de 2019, cuando Valencia todavía tenía el periodo vigente. Además, la empresa mostró un documento expedido el 3 de febrero de 2020 por la Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Vaupés, en el que señala que Simón Valencia seguía siendo el representante legal del consejo. “El consejero mayor es el representante legal y está facultado para celebrar convenios. Tenía íntegras facultades como representante legal para firmar el contrato”, dijo Gallego.

Esta alianza investigativa contactó vía telefónica a Simón Valencia desde el mes de mayo de 2022 y le propuso una entrevista para que expusiera su versión de la historia. El líder aceptó, pero no volvió a contestar las llamadas en días posteriores. Algo similar ocurrió con su hija, la entonces congresista Mónica Valencia, quien primero respondió vía Whatsapp que la firma del contrato le “pareció algo terrible” y que ella “estuvo en desacuerdo con el tema”. Sin embargo, no volvió a contestar nuestras llamadas. 

A esto se suma que, para los expertos que acompañan a las comunidades en el fortalecimiento de su procesos organizativos, la capacidad de decisión recae sobre las autoridades locales de las comunidades, sea una oficina de gobierno o los consejos indígenas. Estos organismos cuentan con un representante legal que sería el encargado de firmar cualquier contrato cuando la comunidad completa lo autorice. 

En últimas, este caso subraya cómo existen interpretaciones jurídicas cruzadas sobre qué autoridad dentro de un resguardo amazónico está en capacidad legal de firmar uno de estos contratos con una empresa desarrolladora de proyectos Redd+ y cómo, en ausencia de una respuesta clara a esta pregunta, además de descontento al interior de las comunidades, puede haber un caldo de cultivo para pleitos ante la justicia. 

De igual manera, el tiempo que inicialmente propuso Waldrettung  a la comunidades, “no menor a cien años”, ha prendido alarmas en el sector ambiental. “Es un contrato de por lo menos 10 generaciones, las cuales tendrían beneficios. Para una empresa es muy rentable y para una comunidad étnica, pero en términos contractuales es exagerado”, dijo el abogado experto en temas indígenas. 

Llama la atención que, por ejemplo, en  el contrato que le ofrecieron a los nukak, pero que no se celebró, no dice cuándo empezarían a regir esos 100 años, y además se genera una cláusula condicional estipulada por la empresa. “Este término está supeditado a que se pueda desarrollar después de todas las negociaciones que se hagan de la venta de carbono. Entonces, los 100 años podrían prorrogarse hasta que hagan todas las conversaciones”, dice el abogado. En otras palabras, el contrato podría terminar superando los 100 años pactados.  

Helmuth Gallego explicó que Waldrettung en un inicio propone a las comunidades proyectos a 100 años, lapso que consideran la vida útil idónea de un proyecto Redd+, pero que el tiempo definitivo depende del acuerdo al que lleguen con los indígenas. En la mayoría de casos, explica, la negociación ha terminado acotando el periodo a 40 o 30 años, como en el caso del Gran Resguardo del Vaupés. “Nuestra idea es que las comunidades, siempre tan explotadas y tan abandonadas por nuestro Estado, por 100 años reciban remuneración”, dice Gallego. Tener proyectos de larga duración, había explicado en la primera entrevista, habla también del horizonte con que se proyecta una sociedad. En sus palabras, “estamos en Colombia y no en Alemania. Aquí somos de corto plazo”.

Al preguntar por los planes a futuro de los bonos de carbono emitidos por proyectos de Waldrettung, Helmuth Gallego aseguró que el mercado principal que tienen identificado es Alemania. Este es un país con el que él tiene una relación de vieja data, tras hacer su maestría en derecho privado y su doctorado en derecho bancario en la universidad Johannes Gutenberg de Mainz y ser uno de los abogados germano-hablantes listados por la embajada de Alemania en Bogotá.

Imagen de la página de contacto de la empresa Waldrettung Gmbh.

Imagen tomada de la página web de la empresa Hengeler Mueller en la que se ve la dirección de su sede en Frankfurt​

Búsquedas en los registros comerciales de Austria y Suiza, así como en los portales comerciales de registros societarios de OpenCorporates y Sayari, tampoco arrojaron ningún resultado para Waldrettung GmbH. Un mensaje enviado al correo electrónico de la empresa, info@waldrettung.com, tampoco recibió respuesta. El dominio de la página web de la empresa alemana aparece registrado, según la herramienta Domaintools.com, a nombre de Sandra Silva, el correo h.gallego@gallegolawyers.com y la dirección que comparten Gallego Lawyers y Waldrettung S.A.S. en Bogotá. Los documentos de la Cámara de Comercio de Bogotá de Waldrettung S.A.S. tampoco incluyen su nexo con una empresa matriz en Alemania. En el registro único empresarial y social (RUES), lista el capital como 100% extranjero, pero no explica de qué empresa o personas, o de qué país proviene. 

En Colombia, la historia de la empresa Waldrettung S.A.S. se remonta a noviembre de 2015, cuando fue inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá como O1GA S.A.S. Cuatro meses después su nombre fue cambiado a Ediciones Braille Ver S.A.S. El 26 de junio de 2019, esa empresa -de la cual Helmuth Gallego era único accionista- se convirtió en Waldrettung S.A.S. El objeto social cambió a “la estructuración, el desarrollo, la implementación, la puesta en marcha y ejecución de toda clase de proyectos ambientales en América Latina, particularmente aquellos que se puedan enmarcar en los estándares de mercados voluntarios como el VCS o el REDD o del mecanismo de desarrollo limpio del protocolo de Kyoto”, según consta en el expediente en la Cámara de Comercio de Bogotá. Es decir, el cambio en la naturaleza de la empresa se hizo cinco meses después de que se firmara el contrato con el representante legal del Gran Resguardo del Vaupés y cuatro meses antes de que la asamblea de éste lo aprobara. Un año después, en octubre de 2020, la empresa pasó de tener un capital autorizado de 500,000 pesos (unos 130 dólares de la época) a uno de 120,500,000 pesos (unos 31,300 dólares). Luego, en diciembre de 2021, finalmente cambió su nombre de Waldrättung S.A.S. por el actual de Waldrettung S.A.S.

Imagen del registro de la Cámara de Comercio de la empresa Waldrettung.

No serían, en todo caso, los primeros bonos de carbono con los que los directivos de Waldrettung trabajan. Helmuth Gallego también es, desde 2013, el representante legal de dos empresas, CarbonBW Colombia SAS y Biogas Doña Juana (también conocida como Biogás Colombia), que tiene contratos para el aprovechamiento de los gases emitidos en los rellenos sanitarios de varias de las ciudades más grandes del país, incluyendo el de Doña Juana en Bogotá, así como los botaderos de Cartagena, Cali, Armenia, Montería y Tunja. 

Tras colocar tubos debajo de las montañas de residuos sólidos, el metano —otro de los gases responsables del cambio climático— se acumula y después es tratado para generar energía, en un negocio verde que resultó ser tan productivo que logró abastecer a más de 4 mil hogares en Bogotá, según un dato que dio el propio Gallego al periódico El Tiempo. La Alcaldía de Bogotá dijo haber recibido a agosto de 2021 más de 3.444 millones de pesos (unos 800 mil dólares) en regalías gracias a ese esquema. “Si no existiera esta empresa, sería prácticamente imposible vivir en el sur de la ciudad”, dijo Gallego a esta alianza periodística en abril. Según el medio alemán Ecoreporter, en estas empresas también hay inversiones alemanas a nombre de un ingeniero llamado Johannes Laubach.

Conflictos en las comunidades

Los indígenas en Vaupés y Guaviare también aseguran que la forma en que llegó la empresa Waldrettung generó conflictos en las comunidades, pues varios líderes señalaron a quienes firmaron los contratos de posiblemente haberse favorecido en las negociaciones. Aunque algunos líderes afirman que existen rumores de recepción de dineros por parte de capitanes y otros representantes de las comunidades, esta alianza periodística no encontró evidencia de tales prácticas.

Varios líderes del Guaviare y Vaupés señalaron las tensiones que se viven dentro de las comunidades por estos señalamientos. “Varias empresas vienen a financiar reuniones, a compañeros que aspiran a convertirse en autoridades tradicionales, y eso se nota, porque llegan a hacer campaña ahora con mercados, ofreciendo aguardiente, dulces. Eso no se veía antes”, cuenta un líder  indígena de una asociación que hace parte del Gran Resguardo del Vaupés.

La competencia entre empresas para convencer a los indígenas también está complicando la relación entre las comunidades. 

Líderes del Gran Resguardo del Vaupés cuentan que empleados de otras empresas les han insistido en firmar nuevos contratos y han argumentado que podrían asesorarlos para invalidar los anteriores. Un representante de una de las comunidades insistió en que toda la situación está generando un fuerte conflicto. “Nos da mucho temor. No sabemos cómo va a terminar esto, si algún día va a reventar el problema. Si el Gobierno Propio insiste en que hay que ejecutar el proyecto en todo el Gran Resguardo con Waldrettung, pues ¿qué va a pasar con las otras empresas que han invertido mucha plata con otros líderes?”, señala un presidente de una asociación de autoridades tradicionales del resguardo.

El inmenso valor del bosque dentro del Gran Resguardo de Vaupés lo evidencia. Una prueba de ello es el hecho de que otras empresas también han buscado a otras de sus autoridades indígenas, distintas a las que acordaron con Waldrettung, para establecer proyectos similares en sus territorios. Una de ellas es la AATI del Río Pirá Paraná (ACAIPI), que queda justo al sur y que firmó un contrato con la Corporación Masbosques, una consultora de Medellín que tiene el respaldo del grupo empresarial Nutresa. Aunque el mapa contenido en el PDD del proyecto Redd+ de Waldrettung excluye esta área, su promotor Helmuth Gallego insistió a esta alianza periodística en que el contrato que firmó con el Gran Resguardo abarca la totalidad del territorio. “Otras empresas sin moral empresarial están animando a las comunidades indígenas domiciliadas en el territorio del Resguardo en el que se ejecuta nuestro proyecto para que desconozcan al Consejo Mayor (Gobierno Propio) y ahora hagan proyectos Redd+ pequeños con cada una de esas empresas”, dijo.

Según Gallego, Waldrettung tiene problemas con al menos seis empresas que están impulsando proyectos dentro del Gran Resguardo de Vaupés con algunas de las AATIs que lo integran, algo que en su visión no debería suceder porque únicamente el gobierno mayor está facultado para firmar ese tipo de acuerdo. “Quien divide es quien busca a las AATIs. Waldrettung respetó la unidad del resguardo, la patrocinó y trabajó en función de ella”, dice Gallego, quien mencionó conflictos de este tipo con las empresas South Pole Asset Management, Saving The Amazon, Más Bosques, Carbon Sostenible, Wildlife Works Colombia y Amazon Carbon Bonds.

Esas son las razones por las cuales Gallego asegura que su empresa aún no ha podido firmar acuerdos de consentimiento con 900 familias en el área de influencia de su proyecto y con otras mil más que están dentro del resguardo pero en otras áreas. “El problema de división política en ese resguardo es tan grande que en algunas comunidades no nos han dejado entrar”, dice Gallego. 

De seguir existiendo estos traslapes, es probable que el Gobierno nacional, mediante la plataforma Renare, tenga que dirimirlos o definir en qué condiciones pueden convivir en un mismo territorio colectivo, ya que no pueden coincidir dos proyectos en el mismo lugar exacto— y por lo tanto, tampoco dos iniciativas de mitigación y bonos de carbono.

En todo caso, este no es el único lugar del país donde Gallego dice haber tenido este tipo de problemas. Según el abogado, representantes del resguardo Alto Únuma en Vichada firmaron un contrato con Waldrettung tras haberlo hecho anteriormente con otra empresa.

Proyectos sí, pero no así

Gran parte de la dirigencia indígena insiste en que los proyectos de bonos de carbono son una buena oportunidad para apoyar a sus comunidades y preservar el bosque amazónico. Sin embargo, piensan que las empresas deben mejorar sus prácticas para que se respete la autonomía indígena y se les reconozca el trabajo ancestral de conservación ambiental. 

“Hay empresas que lo han hecho mejor que otras, que han venido con tiempo al territorio a socializar. Lo que ocurre es que llegan otras con plata y afán, sin respetar, sin reconocer nuestro conocimiento, la forma en que vivimos y tomamos decisiones”, explica un líder indígena del Vaupés.

Los líderes coinciden en que es clave que miembros de las comunidades se capaciten para que tengan más competencias técnicas a la hora de negociar y ejecutar estos proyectos. “Si tuviéramos más abogados, más ingenieros ambientales, podríamos tener una participación más activa en las propuestas. Yo me he formado en el turismo y he podido crecer para apoyar a la comunidad, así también se puede hacer con este tema”, cuenta un joven líder del Vaupés que trabaja con proyectos de turismo sostenible.

La forma en que algunas  empresas se están disputando los proyectos de bonos de carbono ha puesto a varias comunidades indígenas de la Amazonia colombiana en medio de una fuerte tensión. Algunas de ellas viven en difíciles condiciones de pobreza y han sido asediadas por la violencia y más recientemente por la deforestación, por lo que sus condiciones de vulnerabilidad los podrían estar poniendo en una posición desigual en las negociaciones.

Todas las comunidades consultadas para este reportaje señalaron que se han sentido solas, sin ningún tipo de apoyo de entidades oficiales en estas negociaciones. Ante toda esta situación, ¿qué ha hecho el Estado para proteger los intereses de los pueblos indígenas y la selva amazónica que ellos cuidan? En el siguiente reportaje pueden conocer el rol que han tenido las entidades públicas en esta historia.

*Este reportaje fue publicado originalmente el 19 de mayo de 2022. Esta nueva versión, republicada el 2 de agosto de 2022, contiene información adicional proporcionada por la empresa Waldrettung que permite hacer una contrastación más detallada de los hechos narrados en esta historia e incluye nuevos hallazgos realizados por los periodistas de esta alianza.

Actualizado el: Mar, 08/02/2022 - 14:01

Por: La Liga Contra el Silencio

Ignacio Gómez Gómez vive con su familia al suroriente de Bogotá, muy cerca de la antigua vía al Llano. Su casa, una de las pocas construida con bloques de arcilla y tejas de zinc, terminó embargada por error, en una demanda que el abogado Abelardo De La Espriella radicó contra otro Ignacio Gómez, el subdirector de Noticias Uno.

El abogado demandó al periodista por “agredir su dignidad”, dos años después de que Gómez, en 2016, dijera en un tuit que De La Espriella había “recibido una absolución express” en un proceso disciplinario por presuntas irregularidades como apoderado del exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt. En el proceso que aún no termina, el abogado pidió embargar los bienes de Ignacio Gómez. Para ello entregó una lista de inmuebles donde figura el apartamento del periodista, pero también la casa de arcilla que tiene su tocayo al sur de Bogotá. 

Este equívoco, que puso en riesgo la casa de don Ignacio y obligó al subdirector de Noticias Uno  a defenderse en los tribunales por un trino en una red social, resume las consecuencias que puede desatar el acoso judicial contra periodistas. 

Los posibles procesos varían. Abogados que actúan por cuenta propia, o en representación de personajes públicos, interponen tutelas que pueden provocar fallos de jueces donde se ordena la rectificación o la eliminación de publicaciones. También hay denuncias por injuria o calumnia que pueden llevar a sentencias con penas excarcelables de entre 16 y 54 meses; y multas de hasta 1.500 salarios mínimos mensuales, unos mil millones de pesos. 

Además puede haber demandas por responsabilidades civiles que buscan pagos de supuestos perjuicios económicos por el daño causado, como en el caso contra Ignacio Gómez. Abelardo De La Espriella se muestra en público como un abogado combativo que usa estas herramientas de forma recurrente para enfrentar a quienes él considera “pseudoperiodistas, que se creen los dueños de la verdad y la moral; que señalan y hacen aseveraciones, sin prueba de ninguna clase”, según ha dicho en redes sociales y entrevistas.

La abogada Ana Bejarano, directora y fundadora de la organización El Veinte, que defiende a periodistas en procesos que amenacen su libertad de expresión, explica que esta práctica se da cuando el uso de la justicia no busca ganar un pleito, sino silenciar o intimidar a un reportero. “No cualquier demanda o denuncia por cuenta de una información puede considerarse acoso judicial. Se da en circunstancias específicas. En muchos casos los procesos no están respaldados probatoriamente y solo buscan censurar”, dice.

La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, ha documentado un aumento del acoso durante los últimos años. En el 2017 registró 17 casos; 38 en 2018 y 66 en 2019. Pero en estas cifras, según la fundación, hay un subregistro y solo muestran una parte del problema. 

La demanda contra Ignacio Gómez ha cambiado varias veces y le han sumado otros hechos, como la publicación de algunas notas en Noticias Uno, relacionadas al caso de corrupción donde resultó condenado el exmagistrado Jorge Pretelt. Estas piezas periodísticas fueron realizadas por otro reportero, Guillermo Gómez, quien también terminó involucrado en el proceso. “Cogieron el trino que puse y le sumaron una discusión que tuve por mensaje directo de Twitter con la cuenta de Abelardo De La Espriella. Revolvieron todo en la demanda y luego sumaron las notas de Guillermo y me señalan por ser el editor de esa información”, cuenta Ignacio Gómez.

Según el periodista, la demanda, que tiene un monto de 20 millones de pesos, busca silenciar su trabajo y es una represalia por sus investigaciones sobre el exmagistrado Pretelt y el mismo De La Espriella. Gómez cuenta que el proceso comenzó después de enviar un derecho de petición a la Fiscalía, donde pidió los registros de cualquier investigación en contra del abogado.

Para Emmanuel Colombié, director regional para América Latina de Reporteros Sin Fronteras, estos casos tienen un impacto psicológico sobre el periodista, por la angustia de afrontar los procesos y la “asfixia económica” que pueden generar las sanciones. “Esto puede crear zonas silenciadas. Si hay temas que no se pueden tocar, es dramático para la sociedad y es dramático para la libertad de prensa”, explica Colombié.

Hay 14 periodistas denunciados o demandados por De La Espriella, según el registro que lleva la FLIP. En la lista figuran, entre otros, el columnista de El Espectador, Yohir Akerman; el periodista de La W, Yamid Palacios; el actual director de la fundación, Jonathan Bock; el director de La Mesa de Centro, Carlos Cortés; y la directora de Noticias Uno, Cecilia Orozco. En 2018 el abogado demandó en Estados Unidos al presidente de noticias de Univisión, Daniel Coronell, pero tuvo que retirar la acción judicial en 2020.

Bock, Akerman, Cortés e Ignacio Gómez, en entrevistas con La Liga Contra el Silencio, coinciden en que De La Espriella no busca rectificación, sino involucrarlos en diligencias judiciales para que no vuelvan a mencionarlo en sus trabajos periodísticos.  “En la audiencia de conciliación le pregunté qué debía rectificar y me dijo que tocaba quitar toda la columna y escribir otra pidiéndole perdón por haberlo comparado con un personaje mafioso”, cuenta Bock, quien fue demandado por De La Espriella en 2016, cuando publicó una pieza llamada ‘Better call Abelardo’. El título alude a la serie ‘Better call Saul’, que muestra la vida de un abogado experto en solucionar problemas a narcotraficantes.

Aunque los casos de De La Espriella en contra de los periodistas son los más reiterativos y mediáticos, existen otros abogados que recurren a los mismos procesos. Yohir Akerman contó que el abogado David Espinosa, representante del expresidente Álvaro Uribe, lo ha denunciado por una columna donde lo menciona. ”Es un matoneo jurídico y con consecuencias económicas cuyo único objetivo es censurar el mensaje. Se utilizó la justicia como una herramienta de matoneo, y no para defender un derecho primordial como es la libertad de expresión”, dijo el periodista.

Este matoneo tiene varias implicaciones para los periodistas. Lesiona sus finanzas, pues deben pagar abogados y, en muchos casos, viajar para responder los llamados de la justicia. Varios de ellos, denunciados o demandados por De La Espriella, han tenido que volar a Barranquilla porque el abogado interpone muchos de los procesos allí, donde tiene una oficina de su bufete.

Para Carlos Cortés, también demandado por De La Espriella tras opinar en un trino, es preocupante que algunos tomen decisiones desproporcionadas contra el periodista y quieran reprenderlo. “Uno puede tener críticas ante el ejercicio de un periodista, pero no puede llegar a decirle: ‘No puede volver a hablar de esta persona’. Ese tipo de acciones crean un antecedente nefasto”, dijo.

Según el periodista y abogado, varios fallos de la Corte Constitucional muestran que estas prácticas van en contra de la libertad de expresión. Pero algunos jueces en diferentes instancias permiten que estos procesos avancen, en contravía de lo expuesto por el alto tribunal. “El tema de fondo debe ser la judicialización del debate público, de cómo estamos tramitando las diferencias”, argumentó Cortés.

Según Adriana Hurtado, directora de la Federación Colombiana de Periodistas, algunos jueces terminan valorando derechos a la intimidad o buen nombre por encima de un derecho fundamental como la libertad de expresión. “Personas que están sometidas al escrutinio público acuden a la justicia para que el periodista no investigue o publique información sobre ellos. Y en muchos casos los jueces se prestan en un grave problema de ponderación de derechos”, señala Hurtado.

El tema económico es central en estos procesos civiles y ha sido mencionado muchas veces por  De La Espriella. “Me he dado cuenta (de) que nada le duele más a ese periodismo independiente de Colombia que el bolsillo. Un dolor de bolsillo es peor que un dolor de muela”, dijo en un programa en Youtube conducido por el político retirado Carlos Alonso Lucio (ver fragmento). La Liga contactó a De La Espriella, pero se negó a declarar. Solo exigió que este reportaje recordara su defensa de medios como la revista Semana. Después avisó: si cualquier persona se mete con su honra y buen nombre, procederá judicialmente.

Borren todo

Algunos abogados no solo actúan cuando los periodistas mencionan sus nombres en opiniones o investigaciones, sino que venden directamente este servicio a sus clientes. De La Espriella Lawyer Enterprise, empresa del abogado, ofrece Clean Ups, un servicio que promulga el derecho al olvido y se compromete con sus clientes a borrar toda la información negativa publicada sobre ellos en internet. En su página, la firma de abogados asegura que tiene 100 casos exitosos. Lo que promete es rastrear la información y contactar a los administradores del contenido para que lo desaparezcan; de lo contrario proceden con acciones legales.

La Flip ha señalado que la mayoría de estos procesos penales por injuria y calumnia no llegan a una condena o son archivados, pues casi nunca tienen un sustento que les dé posibilidades de éxito en la legislación colombiana. La organización recuerda que la Corte Constitucional ha fijado varios precedentes donde se protege la libertad de expresión sobre pretensiones particulares.

Los medios de comunicación Rutas del Conflicto, aliado de La Liga, y Armando Info, publicaron en 2017 un reportaje sobre las irregularidades financieras y los señalamientos de violación de derechos humanos de la desaparecida empresa petrolera Pacific Rubiales. Casi dos años después, Rutas del Conflicto recibió un correo electrónico de la empresa Ealixir Team, una firma de abogados radicada en Estados Unidos, en representación de José Francisco Arata, un directivo de la petrolera. La empresa pidió eliminar el nombre de su representado en los textos o “realizar la desindexación del artículo” para que saliera de Internet. El reportaje, decían, había afectado económicamente a su apoderado, así como su “imagen, honor y reputación”.  La Liga pidió una entrevista a Ealixir Team, pero no hubo respuesta.

Otro caso reciente de acoso judicial ocurrió en agosto de 2020, cuando La Liga y sus aliados publicaron el reportaje ‘Los Mattos: retratos de una familia para enmarcar’, una investigación que reseñaba los señalamientos de vínculos entre el paramilitarismo y esa familia del Cesar. El portal de La Guajira, Tüü Pütchika, recibió una llamada de un hombre que se identificó como representante de los Mattos y advirtió que si no retiraban el reportaje de la web, procederían con un proceso judicial.  

El número del que llamaron pertenece a Carlos Escobar, supuesto enlace entre un grupo de militares y el ‘hackeo’ contra los negociadores de paz de La Habana. Escobar aparece en internet involucrado a empresas como Maverick Latam, que han ofrecido servicios de protección de información en la web para sus clientes. La Liga llamó en varias ocasiones y envió mensajes de chat a Carlos Escobar, pero nunca contestó.

Acoso en las regiones

Los litigios entre periodistas y abogados pueden ser más nocivos en ciertas regiones; en zonas donde existe violencia y los recursos son limitados para ejercer la reportería. En el Bajo Cauca antioqueño está el caso de Sergio Mesa, periodista y estudiante de Derecho, quien ha enfrentado por lo menos 10 acciones de tutela y ocho denuncias por injuria o calumnia por parte de funcionarios de la Alcaldía de Caucasia.

En marzo de 2019, Mesa fue notificado de una tutela en su contra interpuesta por Orlando José Rodríguez, entonces director general del Hospital César Uribe Piedrahíta, por vulnerar su derecho al buen nombre, a la intimidad personal y a la honra. Con este recurso judicial, Rodríguez pretendía que el periodista borrara la información que publicó en redes sociales sobre un presunto acto de corrupción en el sistema de salud de Caucasia. Rodríguez además buscaba que Mesa se abstuviera de publicar sobre él en futuras investigaciones. 

El Juzgado Séptimo Civil Municipal de Medellín negó la tutela al no comprobarse la vulneración de derechos. En la sentencia se argumenta que los comentarios y opiniones de Mesa son parte de su derecho a la libertad de expresión, al que ha dado prevalencia la Corte Constitucional por encima del derecho a la honra y el buen nombre. El argumento de fondo dice que la ciudadanía puede vigilar a las entidades públicas y sus directivos.

El entonces director del Hospital apeló la decisión del Juzgado y alegó que Mesa continuó con la investigación sobre corrupción que lo incluía, y no hubo rectificación en las publicaciones anteriores. El Juzgado Cuarto Civil Oral de Medellín, basado en que Orlado José Rodriguez dirigía una institución que maneja recursos del Estado, dijo que es “lógico que su gestión sea de interés de la sociedad y no es sorpresivo que sea blanco de críticas tanto positivas como negativas”. El juez en segunda instancia confirmó la sentencia.

A la tutela de Rodríguez se sumaron la de Félix Olmedo Arango, director científico del hospital de Caucasia, que meses después pasó a alcalde encargado de ese municipio; y la de Carlos Alfonso Orrego, coordinador de transición del Hospital de Caucasia y Puerto Berrío. Ambos alegaron vulneración del derecho a la intimidad, al buen nombre y a la honra.

Con cada entrega de su investigación, Mesa recibió tutelas de los funcionarios, pero continuó y publicó un reportaje donde reunió todos los hechos de corrupción que había denunciado. La Liga publicó en 2020 otro donde muestra cómo la administración de Arango intentó controlar lo que se decía de su gestión a través de tutelas contra el periodista Sergio Mesa. 

Todas esas tutelas, entre marzo de 2019 y junio de 2020, fueron interpuestas por funcionarios del sistema de salud o de la alcaldía de Caucasia y presentadas por la misma abogada, Luz Aidé Gaviria. Desde que el alcalde Arango asumió el cargo, Gaviria se convirtió en su abogada de cabecera. En una entrevista con Minuto 30, la abogada amenazó con judicializar a quienes señalaran al mandatario. “Dentro de mis funciones en defensa del doctor Félix Olmedo Arango he ejercido diferentes acciones penales y constitucionales en contra de todas las personas que se han dedicado a esos ataques en redes sociales”, dijo.  

Para Jonathan Bock, director de la FLIP, el acoso judicial tiene un efecto directo sobre la censura. “Es generar preocupación e intimidar al periodista. En muchos casos, el medio de comunicación prefiere no seguir investigando sobre el tema porque sabe que la otra parte dispone de herramientas judiciales”, explicó. 

Sergio Mesa piensa que estos procesos son una estrategia para censurar su trabajo. “Ellos (los funcionarios del hospital y la Alcaldía) han hecho muchos intentos de aniquilamiento. Uno de ellos de manera judicial. Pero como todas las tutelas han fallado a mi favor, iniciaron una campaña de desprestigio en mi contra”, dijo el periodista. Mesa además ha recibido amenazas que lo obligaron a abandonar Caucasia rumbo a Medellín. 

Para Juan Pablo Madrid, coordinador del Centro de Estudios de Libertad de Expresión, el acoso judicial en las regiones tiene mayores repercusiones. “Un periodista en región tiene menos posibilidades de defenderse. El impacto es mucho más alto en lugares donde no hay tanto acceso a herramientas jurídicas. Incluso hay casos que no tenemos reportados”, dijo.

En Simití, Bolívar, un municipio golpeado por el conflicto armado, trabaja David Torres, director del periódico El Original, el único medio de comunicación que informa también Cantagallo, Santa Rosa, Gamarra y Puerto Wilches. Torres cubría las noticias y repartía el periódico en una chalupa, pero la quemaron cuando publicó investigaciones sobre corrupción en la Alcaldía de Simití. 

Torres además ha enfrentado el acoso judicial de funcionarios municipales desde 2011, cuando pidió en un derecho de petición datos sobre la contratación de una ambulancia para el Hospital Regional San Antonio de Padua de Simití. La solicitud no fue respondida a tiempo; entonces el periódico interpuso una tutela. Según Torres, este recurso fue el inicio de una serie de tutelas y demandas por injuria y calumnia de parte de funcionarios del hospital cada vez que nombra a la entidad de salud en sus publicaciones.

Torres también investigó a varios jueces y fiscales por hechos de corrupción; entre ellos a Eduardo Cabello, uno de los encargados de fallar las denuncias que los funcionarios del hospital interpusieron contra el periodista. A Torres incluso se le acusó de incumplir el Protocolo de Ginebra, un acuerdo internacional que firman los Estados donde se regulan las formas en que se pueden librar los conflictos armados. Esta denuncia fue puesta por unos fiscales y jueces porque Torres, durante el cubrimiento de la captura de un comandante del ELN, tomó una fotografía del guerrillero herido en un hospital. Pero solo los Estados pueden violar estos protocolos; no un periodistas de Simití. El proceso fue archivado sin respuesta. 

Sumergido en procesos judiciales y con zozobra por su seguridad, Torres ha vivido estos años con miedo de ir a la cárcel, preocupado por tener que pagar su defensa y esperando que en cualquier momento surja una nueva denuncia en su contra. 

El acoso funciona

Sandra Guerrero es corresponsal del diario El Heraldo en La Guajira. En sus años de reportera ha vivido diferentes experiencias de acoso judicial. Sin embargo, conciliar con los dueños de la Clínica de La Costa en Barranquilla la enfrentó a una situación diferente cuando decidió publicar en la web del diario la muerte de un niño wayúu por desnutrición. 

La historia llegó tras la denuncia del líder indígena Javier Rojas, quien contó cómo fue trasladado el cuerpo del menor en una caja de cartón rumbo a La Guajira. Guerrero publicó la denuncia y fue agregando, con las horas, la versión de la clínica sobre los procedimientos que había hecho para un traslado digno del cuerpo con la funeraria. “Se publicó la información con todas las fuentes, en la web y en el impreso del periódico”, contó la periodista.

Meses después de la publicación, la clínica de La Costa interpuso una denuncia contra el periódico y la periodista alegando daño al buen nombre. Durante casi un año se atendió el proceso en la Fiscalía y no se llegó a ninguna conciliación, pues la periodista argumentaba que la información tenía todos los elementos de rigor. Finalmente el periodico tomó la decisión de eliminar la historia de la página web sin ningún fallo del proceso que se llevaba con la clínica.   

“Me sentí frustrada, como si hubiera hecho la noticia mal. La denuncia existió, la foto de la caja también, y la explicación de la clínica y la funeraria sobre el traslado del cadáver. Es algo que lo hace sentir mal a uno”, confesó la periodista. Para Sandra Guerrero es evidente que el tema fue censurado. “Los dueños de empresas, los gobernantes, no dicen lo que está pasando”, dijo. 

Los procesos por injuria y calumnia pueden durar entre cinco y seis años, durante los cuales el periodista debe asumir gastos y un sinfín de diligencias judiciales antes de lograr una conciliación. Para Juan Pablo Madrid, de la FLIP, en muchas ocasiones el periodista decide retractarse de informaciones y bajar el contenido de los medios para evitar un proceso judicial que lo desgasta. “Es como tener una soga al cuello que en cualquier momento la pueden jalar”, concluyó.

Actualizado el: Mié, 02/03/2021 - 06:37

Hoy, hace 25 años, más de cien hombres armados, integrantes del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), irrumpieron en la zona urbana de San Carlos en el Oriente Antioqueño. Era 17 de marzo de 2001. Los perpetradores llegaron sin aviso, ocupando calles y casas, entrando a los hogares y asesinando a sus habitantes con crueldad.

El miedo se instaló en cuestión de minutos. Ese día, 13 personas fueron asesinadas. Entre ellas estaba Luis Alberto Agudelo, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Samaná Norte, quien fue asesinado junto a sus dos hijos,  Alberto Agudelo Úsuga y José Ermilson Agudelo Úsuga. Sus muertes marcaron profundamente a una comunidad que ya vivía bajo la sombra constante del conflicto.

Los paramilitares actuaron como parte de una operación del Ejército conocida como “ Resplandor” y habrían salido desde el punto denominado El Jordán, a tan solo diez minutos del casco urbano. En su recorrido, pasaron por un puesto militar y atravesaron un retén sin encontrar resistencia. Días antes del ataque, el Batallón Juan del Corral del Ejército colombiano, se había retirado del municipio. Al mismo tiempo, la Policía local se desplazó del centro hacia las afueras. En ese vacío de presencia estatal, la población quedó completamente desprotegida.

Solo un día antes, el 16 de marzo de 2001, guerrilleros de las FARC-EP perpetraron otra masacre en el mismo municipio, en la que murieron tres personas. En ese contexto, el ataque paramilitar del día siguiente ha sido interpretado por distintas fuentes como un acto de represalia, enmarcado en la lógica de guerra que dominaba la región. Una violencia que no solo se respondía, sino que se escalaba, dejando a la población civil atrapada entre los fuegos cruzados.

La presencia constante de actores armados y el terror que imponían ya formaban parte de la vida cotidiana en el oriente antioqueño. Carlos Zapata, director del Instituto Popular de Capacitación (IPC), lo explica así: “San Carlos, San Rafael, Alejandría, estos municipios que están ahí en la zona de embalses, son municipios estratégicos por su agua. Agua que se traduce en generación de energía eléctrica. Entonces, esos grandes megaproyectos eléctricos han provocado muchísima violencia en el oriente del territorio”.

 Sin embargo, San Carlos destaca incluso dentro de este contexto: entre 1988 y 2010 se registraron allí, según el Centro de Memoria Histórica, al menos 33 masacres, más que en cualquier otro municipio de la región. “San Carlos es el epicentro”, añade Zapata. “Ahí estuvo uno de los embalses más grandes durante mucho tiempo y también fue la sede del Bloque Metro.”

La violencia constante terminó por quebrar cualquier sensación de seguridad entre los habitantes de San Carlos. Vivir allí significaba convivir con el miedo. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1985 y 2010 cerca de 20.000 de las 25.840 personas que habitaban el municipio se vieron obligadas a abandonar su tierra.

El desplazamiento no fue un hecho aislado, sino el resultado de años de asesinatos selectivos, amenazas, desapariciones forzadas, voladuras de puentes y torres energéticas, tomas del pueblo, extorsiones, minas antipersonal y secuestros. Las masacres cometidas en la región marcaron de manera especialmente profunda a la población. Carlos Zapata describe la masacre del 17 de marzo de 2001 como “una de las que más generó terror y promovió el éxodo de la población”.

Gloria Quintero es sobreviviente de este éxodo en el oriente antioqueño, también es líder comunitaria en Granada, municipio vecino de San Carlos y ha representado a otras mujeres desde 1997, cuando comenzó su labor como madre comunitaria. En el año 2000, tras una masacre ocurrida en su municipio, tuvo que huir durante dos meses. “Somos territorios hermanos donde estábamos viviendo ese horror y ese dolor de tener que dejar nuestra tierra simplemente por miedo, simplemente por no perder más seres queridos”, relata. Para ella, el impacto de una masacre va mucho más allá del momento del ataque: “Eso fragmentó confianzas, fragmenta todos los procesos que hay en la comunidad.”

Las personas desplazadas dependen, en gran medida, de la ayuda del Estado. Según la ley, este debe garantizar condiciones de seguridad y asegurar la restitución de sus derechos. Sin embargo, los esfuerzos no fueron suficientes, en gran parte por la falta de recursos económicos. Esa sensación de abandono también la describe Gloria Quintero: “Había una ayuda humanitaria, pero era muy poca. A algunos les pagaban arriendo dos o tres meses, pero después, ¿qué hace uno sin trabajo, sin nada?”

 Por eso en muchos casos, el regreso no fue el resultado de condiciones dignas, sino de la desesperación. “Retornar es una cosa y volver por mis propios medios es otra, porque yo siento que tengo que regresar porque estoy hasta pasando hambre en la ciudad.”, asegura.

En 2002, Gloria Quintero sufrió otro golpe que marcaría su vida: su hermano fue desaparecido por paramilitares. Desde entonces, ha centrado su trabajo en la búsqueda de personas desaparecidas y ha participado en procesos de memoria como el Salón del Nunca Más. Para ella, recordar no es solo un acto simbólico, sino una necesidad urgente: “Estamos haciéndole homenaje a esas personas que murieron o que desaparecieron. Si no hablamos de lo que pasó, se va a volver a repetir.”

La memoria sigue siendo necesaria porque la violencia no ha desaparecido del oriente antioqueño. Carlos Zapata advierte que hoy la región enfrenta nuevas formas de control, especialmente por parte de estructuras del crimen organizado como el Clan del Golfo. En los páramos persisten economías ilegales como el cultivo de coca, que alimentan dinámicas de violencia. Gloria Quintero también cuestiona el discurso institucional: “Es muy triste porque la institucionalidad siempre dice: ‘ya no hay guerra, ya no hay violencia’”. Su preocupación es clara: la falta de garantías reales de seguridad, especialmente para quienes han retornado. “¿Cómo nos vamos a cuidar entre nosotros en un país donde están escritas las garantías de no repetición, pero matan todos los días?”

Aun así, Gloria Quintero no deja de seguir adelante: “Cada día uno siente menos esperanza, a veces uno siente que le apaga la lucecita. Pero no, hay que encenderla por el otro. Sí, seguir luchando.”

Actualizado el: Mar, 03/17/2026 - 16:47

Organizaciones como Madres del Catatumbo por la Paz han trabajado desde el 2019 bajo la consigna antibélica “no parimos hijos e hijas para la guerra”. Como ellas, miles de mujeres en Colombia dedican sus vidas a defender comunidades y territorios frente al conflicto armado que hoy sigue latente.

Según la ONG especializada en el trabajo por la paz, los derechos humanos y la justicia social, Indepaz, entre el primero de enero de 2016 y el seis de noviembre de 2025, al menos 317 lideresas y defensoras de DDHH fueron asesinadas. Algunos de los departamentos más afectados por este fenómeno son Cauca, Antioquia y Valle del Cauca; estos tres concentran más del 50% de los homicidios a liderazgos sociales en todo el territorio nacional para 2025, indica la Comisión Colombiana de Juristas.

Pese a los riesgos que implica defender los derechos humanos, las mujeres han encontrado en la organización colectiva una forma de resistencia y protección. Dennys Zulay Rojas, integrante del colectivo Madres del Catatumbo por la Paz, afirma que “las madres son agentes sociales sin distinción de bandos, son sus hijos e hijas quienes mueren en los enfrentamientos armados”, su labor tiene como objetivo proteger la vida y el futuro de niños, niñas y adolescentes en la región. 

Actualmente más de mil mujeres pertenecen a esta organización que tiene presencia en Norte de Santander, Arauca y Cesar. Entre sus principales actividades han desarrollado estrategias para evitar el reclutamiento forzado y los asesinatos de menores de edad, a través de una ruta que busca sacarlos de la zona a lugares más seguros. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, reportó la desvinculación de 49 menores de edad de grupos armados en distintos municipios de la subregión, entre enero y noviembre del 2025, aunque este problema aún está lejos de resolverse.

Además, este colectivo genera alertas tempranas sobre riesgos relacionados con crisis humanitarias y el recrudecimiento del conflicto, entre otras situaciones,  para que las autoridades actúen lo más pronto posible. Según las Naciones Unidas “Desde enero de 2025, se estima que cerca de 100.000 personas, la mitad de la población de la región, han sido desplazadas como consecuencia de los enfrentamientos entre grupos armados no estatales, el uso de drones armados y el control violento de territorios estratégicos”, evidenciando que las hostilidades no han cesado en esta zona disputada por el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC.

Otra región profundamente afectada por estas problemáticas es el Pacífico colombiano, allí surgió la Red Departamental de Mujeres Chocoanas. Emprendieron su lucha desde 1992 por el empoderamiento económico, político y social de todas las habitantes de este sector del país. Según el Observatorio Mujeres Enrutadas en la Observancia de las Violencias contra las Mujeres y Niñas, para el segundo trimestre de 2025 los municipios de Tadó y El Atrato poseían las tasas más altas de violencia y feminicidios por cada 100.000 habitantes, clasificados como lugares de riesgo extremo. A esto se le suman otros flagelos como la pobreza multidimensional, que se ubicó en un 33,9% según el DANE, así como la disputa territorial de los grupos armados como el Clan del Golfo, que impiden la libertad plena del departamento.

Por estos y otros factores como el confinamiento que, según la Defensoría del Pueblo afectó a 18.921 desde enero a septiembre de 2025, la Red se ha encargado de trabajar en el fortalecimiento de políticas públicas que velen por la equidad entre hombres y mujeres, ejecutar actividades económicas para fomentar la independencia monetaria e impulsar su participación en espacios del poder público a nivel nacional, departamental y local, entre otras actividades.

También le apuestan al involucramiento de madres cabeza de familia y a las jóvenes, enseñándoles los tipos de violencia que pueden sufrir, a identificar las rutas de atención para actuar en esos casos y a emprender para asegurar su independencia económica en casos donde sea necesario salir de alguna relación conflictiva.

Estos ejemplos representan cientos de colectivos a lo largo del país que día a día concentran sus esfuerzos para proteger la vida, los derechos, las aspiraciones y los sueños de millones de mujeres en Colombia. A pesar de los asesinatos, amenazas y ataques, así como las pocas garantías de protección y seguridad para quienes lideran este tipo de iniciativas, su resiliencia en medio del temor es un claro mensaje en contra de la violencia machista, clasista y racista que trata de silenciarlas.

Actualizado el: Dom, 03/08/2026 - 07:51

Nota editorial de la La Liga Contra el Silencio y sus aliados:

Cuando intentan silenciar a uno, nos encuentran a todos. El pasado 14 de febrero, el portal CasaMacondo anunció el retiro de una parte su investigación sobre el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, tras recibir una notificación judicial derivada de una acción de tutela. 

El retiro de una investigación bajo presión no solo es un ataque a la libertad de prensa, sino que vulnera el derecho de toda la ciudadanía a estar informada sobre asuntos de alto interés público.

Por esta razón, y amparados en el artículo 20 de la Constitución Nacional, los medios que integramos la alianza de La Liga Contra el Silencio republicamos de manera íntegra la nota censurada. Nos oponemos a que los mecanismos judiciales se utilicen para silenciar historias y para amedrentar a las redacciones independientes. Frente al silencio impuesto, respondemos con más periodismo. Esta es una de las seis partes de esta investigación, que pueden leer completa en el portal de CasaMacondo. 

Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional, atendió una entrevista con CasaMacondo el miércoles 13 de agosto, a eso de las ocho de la noche. Fue una conversación telefónica. Hacía meses que queríamos preguntarle por la demanda de paternidad en su contra y la pérdida del expediente en el que un juez de familia de Ibagué había decretado el parentesco con Jorge Enrique Robles, su hijo primogénito, basado en una prueba genética inobjetable. 

El magistrado más poderoso del país —cuya palabra es ley en el sentido más literal— respondió con desconcierto, como quien recién se enteraba de los hechos. Negó la certeza del fallo judicial, cuestionó la legalidad de la prueba genética —de la que afirmó que pudo ser manipulada— y dijo que solo se había enterado de la existencia de su primogénito tras la demanda, cuando el joven tenía veinte años. Esas fueron solo unas de sus respuestas mentirosas. 

Después nos contó una historia tan impactante, que la noticia sobre la demanda de paternidad y la pérdida del expediente quedaron opacadas. El presidente del máximo tribunal constitucional de la nación dijo que la madre de su hijo lo había drogado y abusado.  Pero algo debió quedar resonando en su cabeza de jurista experto, porque un par de horas más tarde nos llamó para pedir que, por favor, omitiéramos esas declaraciones. No las desmintió, no se retractó. Pidió que no las publicáramos. Y aceptamos. 

En ese momento carecíamos de los elementos suficientes para contrastar la veracidad de sus acusaciones, que tipifican delitos penales. Pero el escenario cambió tras la publicación de la primera entrega de nuestra investigación, el 16 de agosto: «Un hijo negado y un expediente desaparecido interrogan a Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional».  

Ocho días después, el 27 de agosto, el magistrado intentó silenciarnos mediante una exigencia de rectificación. Alegó que habíamos mentido y que habíamos vulnerado su esfera personal. No era verdad. En la carta de respuesta, en la que argumentamos nuestro rechazo a su solicitud, le recordamos que el foco de la publicación de CasaMacondo no era su vida privada, irrelevante y desprovista de interés para nuestra investigación. Lo central era la desaparición del expediente en el que lo obligaron a reconocer un hijo negado y en el que se detallan actos de manipulación de su parte.

El 10 de septiembre apareció el expediente, de la misma forma en la que había desaparecido: de manera sorpresiva. Entonces pudimos constatar detalles desconocidos del proceso y, más tarde, entrevistar al hijo negado y conocer la versión de la madre. Ese texto, con detalles que desnudan las mentiras que nos dijo el magistrado en la entrevista que nos concedió, fue publicado el 18 de octubre: «Ha sido torpe, mentiroso y manipulador»: Habla el hijo de Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional.

Ahora sabemos que la relación que Ibáñez Najar y la madre de su primogénito mantenían a escondidas fue conocida por personas cercanas a la pareja, lo mismo que el embarazo y el nacimiento del hijo mutuo, que el padre cargó recién nacido, en un acto político, frente a varios testigos, entre ellos Édgar Robles Ramírez, tío del niño y actual magistrado del Tribunal Administrativo del Huila. También sabemos con toda certeza que el padre le propuso al hijo pagarle sus estudios universitarios a cambio de que renunciara al derecho de usar su apellido. Esos pagos fueron mensuales, y siempre por un salario mínimo.

Comprobar que las afirmaciones del presidente de la Corte Constitucional habían sido un intento de engaño y de manipulación nos obligó a reconsiderar nuestra primera decisión de no hacerlas públicas. Tras un consejo editorial, CasaMacondo resolvió abordar nuevamente al magistrado para advertirle que las publicaríamos. Quisimos saber, además, si tenía algo más por decir. Su respuesta fue que nos prohibía la divulgación de esas aseveraciones, argumentando que las había planteado como hipótesis y en un contexto informal, sin la advertencia de que podrían hacerse públicas. Mintió otra vez.

El tono de su voz fue categórico. En su caso, ese modo de decir es aún más certero, tratándose de un magistrado con su formación académica y su experiencia profesional. Justamente por eso, tampoco puede alegar que la conversación con un periodista, que le advierte las razones de su llamada, en el contexto de una investigación, necesita su autorización para ser divulgada. La entrevista nunca se planteó off the record o de modo confidencial.

A continuación compartimos los audios y las transcripciones de algunos fragmentos de la entrevista que tuvimos con Jorge Enrique Ibáñez Najar el 13 de agosto, justo el día internacional de la zurdera, pero es posible que esa fiesta nada le diga al presidente de la Corte Constitucional, que es diestro, lo sabemos. ¿En qué lugar ético queda su magistratura tras los reiterados intentos por negar la paternidad de su primogénito, incluso tras un fallo judicial? ¿Cómo puede sustentar las acusaciones en contra de la madre de haberlo drogado y abusado? 

Las acusaciones en voz de Ibáñez Najar

AUDIO 1

«Este es un asunto de la paternidad que aparece y se lo pongo con toda la transparencia. Aparece como consecuencia de una conducta de la que yo fui víctima. Especialmente, digamos, es una víctima de abuso sexual por parte de una señora. Porque la mamá de este muchacho, que me lleva como diez o trece años. Trece años siendo yo estudiante de primer año de derecho, pero yo siendo a su entorno político, muy joven, se empezó a hacer una perseguidora y finalmente me encontró aquí en Bogotá y me invitó a que nos tomamos algo y seguramente yo terminé metido en una situación de indefensión donde yo pude haber tenido una relación con ella. Eso yo lo reconozco y lo dije así en el juicio».

AUDIO 2

«Y yo me vi con ella. Y ella me invitó a tomarme un café o alguna cosa. Yo con mucho gusto fui. Yo estaba por esos días, estaba en la Javeriana. Yo era estudiante de la Javeriana.  Nos vimos por ahí, como en la 48, 49 y yo terminé perdido. Después al día siguiente salí metido en la calle. Yo decía, “miércoles, ¿yo dónde estoy?”

Yo no sabía si me había intoxicado, qué me ha pasado, no tenía nada. Me vine a enterar después, justamente, esa una con confidencia porque es confidencia.

Me vine a enterar después, precisamente con Jorge [...] cuando yo le dije: mire yo con su mamá no tuve ninguna relación de ninguna naturaleza, salvo que estuve un día tomándome un café con ella, y no sé si producto de después de tomarme el café me pasó esto. Y entonces me dijo: sí, sabe que en mi casa, mi mamá me comentaba algún día que usted de sexo no tenía ni idea, que usted había llegado como usted y lo había llevado a tal parte, a algún sitio y usted no sabía cómo manejar el tema.

Entonces, qué iba a saber si yo estaba atontado o alguna cosa, pero además es que efectivamente yo no había tenido ninguna relación con nadie. Entonces, si a mí me dan algo y me atonto, alguna cosa, entonces yo digo, terminé afectado por eso. Ahora pruébelo. ¿Dónde estuve? En algún lugar que no sé dónde. ¿Quién me dio eso? No sé. Que estuve con ella, no lo sé». 

AUDIO 3

«Y por esa misma razón, además, sabía que no debía meterme con esa persona. Era una persona mucho mayor de mí. Es que cuando usted tiene 18 años y se encuentra con una persona de 30, 31, 32 años, mujer que lo busca y tal cosa, sí, no, yo con esta señora qué pena no me meto. Nada, absolutamente nada. Pero por alguna circunstancia, yo la encontré en Bogotá, me invitó a tomar alguna cosa, y ahí fue donde yo tuve pues lastimosamente esa situación.

De la cual deduzco, por lo que su propio hijo me confesaría después, cuando ya conversando muchas cosas, que yo terminé siendo víctima de esa señora. Obviamente  hay cosas que uno las maneja con toda la privacidad. Usted se ha dado cuenta en los testimonios que seguramente ha recibido de los muchachos que han sido víctimas de sacerdotes, que se lo guardan todo y uno no, cuando uno es víctima de este tipo de cosas y uno se lo guarda y no se lo cuenta a nadie, solo por allá, cuando está grande y eso. Así de sencillo».

Actualizado el: Jue, 02/19/2026 - 13:10