Líderes indígenas y habitantes del departamento de Vaupés cuentan que, a finales de 2019, empleados de la empresa Waldrettung S.A.S., que se presenta como la filial colombiana de una multinacional alemana dedicada a proyectos de venta de bonos de carbono, reunieron a decenas de capitanes de varias comunidades del Gran Resguardo de ese departamento, el segundo resguardo más grande del país, en el coliseo de Mitú. 

En esa asamblea, que ocurrió el 25 de noviembre de 2019, comenzaron a discutir las condiciones del contrato que habían firmado la empresa y el representante legal del resguardo 10 meses atrás, el 17 de enero de 2019, incluso antes de que la empresa existiera con el nombre Waldrettung o Waldrättung, para poner en marcha el proyecto del mercado de carbono a 30 años que les permitiría recibir ingresos en ese lapso a cambio de preservar el bosque tropical amazónico en su territorio indígena. La asamblea del gobierno mayor del resguardo indígena terminó aprobando y ratificando el proyecto.

Pero allí no estaban todos los habitantes, sino 141 capitanes -como se le conoce a los líderes de cada comunidad- de los 196 que tiene el resguardo. Seis líderes –que no son representantes legales ni autoridades dentro del resguardo– señalaron a esta alianza periodística que de lo único que se enteraron fue de lo que alcanzaron a escuchar desde afuera del coliseo. Insisten en que no han visto el contrato que aprobaron ese día los capitanes con la empresa, cuyo representante es el abogado colombiano Helmuth Gallego Sánchez. Opinan -y les preocupa- que no hay claridad sobre los alcances del proyecto. 

“Llegaron, los reunieron y firmaron el acuerdo, no sabemos por cuántos años. No han pasado a socializar en nuestra zona; solo a recoger firmas, pero ni siquiera tenemos claro qué es lo que firma la gente”, cuenta un líder de una asociación indígena en el Vaupés, que pidió omitir su nombre por la sensibilidad del tema en su territorio. Estas asociaciones son organizaciones en las que se agrupan las comunidades cercanas al casco urbano de Mitú y que también forman parte del Gran Resguardo. En Colombia, los resguardos son entidades territoriales colectivas que pertenecen y son gestionadas por comunidades indígenas.

El proyecto de Waldrettung -cuyo nombre significa ‘cuidado del bosque’ en alemán- comprende un área significativa del resguardo que, en su totalidad, ocupa 3,9 millones de hectáreas de selva (un área un poco menor a la de Suiza o los Países Bajos), donde 19 pueblos indígenas como los desana, tukano, cubeo, pisamira, piratapuyo, barasano, wanano y piapoco conviven en un mosaico pluriétnico. Visto en el mapa, el proyecto ocupa un área significativa del departamento, desde el río Papunaua en el norte hasta los límites con Amazonas en el sur. Dentro de su extensión figuran la capital, Mitú, y Yavaraté, la suerte de nariz que se adentra en territorio brasileño.

En total, se trata de un área con ecosistemas de bosque tropical (que los expertos detallan como bosque denso alto de tierra firme) y algunos bosques inundables cercanos a ríos, según consta en el ‘documento de diseño de proyecto’ (o PDD) de Waldrettung, que aparece desde inicios de 2021 en el Renare, el portal del Ministerio de Ambiente que registra las iniciativas de mitigación al cambio climático. Aunque desde la empresa insisten en que el proyecto ocupa todo el resguardo, el área registrada en el Renare como “en formulación” es menor, de aproximadamente unas 2,2 millones de hectáreas. Allí viven unas 19,900 personas repartidas en 155 comunidades que corresponden a 11 de las 17 asociaciones de autoridades tradicionales indígenas (AATIs) del resguardo.

Esta no es la primera vez que Waldrettung llega a la Amazonía colombiana para proponer a las comunidades este tipo de proyectos. Su forma de hacerlo parece seguir un patrón, según la información recabada por la alianza periodística de Mongabay Latam, Rutas del Conflicto, Clip y La Liga Contra el Silencio. Contactan a los capitanes y otros líderes indígenas, les proponen contratos para preservar el bosque y vender bonos de carbono durante lapsos que varían entre los 30 y los 100 años. Las condiciones, según organizaciones sociales y abogados, pueden poner en desventaja a los pobladores indígenas, encargados de proteger los bosques de sus territorios. No obstante, en conversación con esta alianza, Waldrettung defendió que sus proyectos ayudan a traer finanzas invaluables a comunidades indígenas que viven en condiciones precarias. “Constituye una oportunidad para luchar contra el cambio climático y lograr justicia y equidad con las comunidades titulares de los territorios”, dijo su representante legal, Helmuth Gallego.

En total, figuran 14 fichas de proyectos promovidos por Waldrettung en la plataforma Renare. Además del Gran Resguardo del Vaupés y otro con la comunidad indígena Nukak en el departamento del Guaviare, aparecen fichas de posibles proyectos en los resguardos amazónicos de Bachaco Buenavista, Bajo Río Guainía y Río Negro, Carrizal, Corocoro, Cuenca Media y Alta del Río Inírida (Cmari), Cumaral Guamuco, Laguna Niñal y Mirití Paraná, además del Unido U’wa en la cordillera de los Andes. La mayoría aparece como en una fase temprana de factibilidad o planeación. Cinco -incluidos Cmari, Bajo Río Guainía y Río Negro y Gran Resguardo del Vaupés (al que corresponden tres fichas distintas en el Renare)- aparecen como en formulación, lo que significa que cuentan ya con contratos con las comunidades y documentos de diseño de proyecto, así como el respaldado de un estándar de certificación que los avala (en todos los casos con la metodología de la empresa colombiana Cercarbono). Aparentemente también buscó a otras comunidades amazónicas más, como la de Taraira, en la punta sur del Vaupés, que –según otra investigación periodística– declinó la oferta.

Estos proyectos buscan preservar bosques fundamentales para mitigar la crisis climática global, invirtiendo el dinero recaudado por la venta de bonos de carbono en las comunidades que los habitan. Los bonos son comprados por empresas que buscan neutralizar el impacto ambiental causado por su actividad productiva. Cada bono suele compensar la emisión de una tonelada de dióxido de carbono, uno de los gases de efecto invernadero que propicia el cambio climático. En Colombia existen proyectos con comunidades afrodescendientes y campesinas, y con resguardos indígenas. Estos últimos son los más buscados para estas iniciativas porque cuidan las zonas más extensas de selva del país.

Infografía por: CLIP.

Llamados Redd+, los proyectos tienen su origen en un mecanismo internacional creado por la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para reducir las emisiones producidas por la deforestación y la degradación de los bosques. En ese proceso buscan vincular a las comunidades con empresas, para mejorar la calidad de vida de quienes habitan y protegen los ecosistemas que regulan el clima de todo el planeta. En Colombia, estos proyectos vienen creciendo rápidamente desde que, en 2017, el gobierno de Juan Manuel Santos permitió a cualquier empresa comprar bonos y reducir el monto del impuesto nacional al carbono que deben pagar por los combustibles fósiles que usan. 

Las propuestas de Waldrattung

Esta alianza periodística constató que Helmuth Gallego y su empresa han propuesto proyectos de bonos de carbono a comunidades indígenas en cuatro de los seis departamentos colombianos del bioma amazónico (Guaviare, Guainía, Vaupés y Amazonas); así como en Vichada, en la Orinoquia, y Boyacá en los Andes. La empresa ha ofrecido contratos a comunidades que, independientemente de esos acuerdos, pretendería preservar más de 50 mil km cuadrados de la Amazonía colombiana y la zona del piedemonte, en los límites de Arauca y Boyacá. (A continuación puede escuchar  la entrevista completa con Helmuth Gallego hecha en abril de 2022 y acá puede leer las respuestas de Waldrettung a un cuestionario escrito).

Como se puede ver en el mapa a continuación, la empresa ha intentado firmar contratos con resguardos que ocupan amplias extensiones de tierra, como el Nukak en Guaviare, el Mirití Paraná en Amazonas o el Alto Únuma en Vichada.

Los representantes de Waldrettung señalan que tiene tres contratos con comunidades indígenas con amplio territorio, en los resguardos de Cmari, Bajo Río Guainía y Río Negro, otros con comunidades pequeñas, y continúa en conversaciones con varias más. Gallego, representante legal de la empresa, afirmó en una entrevista con esta alianza, el 21 de julio pasado —luego de una primera publicación de esta historia— que su compañía ha desistido de los proyectos con otros resguardos porque no lograron concretar los acuerdos tras iniciar conversaciones o se dieron cuenta que los indígenas habían firmado previamente con otras empresas de venta de carbono, y esto no es posible ya que no se puede vender dos veces una misma tonelada de carbono resultante de la misma deforestación evitada.

En esa conversación realizada por invitación de Waldrettung, los periodistas de esta alianza periodística pudieron finalmente examinar en su oficina decenas de documentos relativos al proyecto que presentó la empresa. Entre ellos, revisamos un documento que Gallego presentó como el contrato firmado con el Gran Resguardo de Vaupés el 19 de enero de 2019 (cuando Waldrättung S.A.S. aún no estaba registrada bajo ese nombre en la Cámara de Comercio de Bogotá) y su modificación del 7 de diciembre de 2021, que puso por escrito algunos acuerdos adicionales entre las partes y realizó varios ajustes al documento original. Según Gallego, estos cambios fueron solicitados por Verifit, la empresa encargada de verificar y auditar los procesos del proyecto de bonos. Esa lectura, que no había sido posible en la primera fase de reportería y a la que Waldrettung accedió con la condición de que no se publicaran los documentos legales ni se les tomara fotografías, permitió esclarecer algunas de las preocupaciones de varios indígenas del resguardo. 

Al menos ocho líderes indígenas de los departamentos a donde ha llegado Gallego le dijeron a esta alianza que nunca han visto los documentos firmados por otros de sus líderes con Waldrettung. Miembros de varias organizaciones que han acompañado a las comunidades indígenas, y que prefieren no ser mencionadas con nombre propio por la sensibilidad del tema en el sector ambiental y porque puede dañar su interlocución con el Gobierno, dicen que con frecuencia quienes han negociado estos proyectos se niegan a mostrar los contratos por temor a ser demandados por la empresa. Según sostienen, han escuchado que algunos contienen cláusulas de confidencialidad. 

“Traen una mano de documentos que ni siquiera están en nuestra lengua. Las autoridades indígenas firmaron, pero ni siquiera sabemos qué. No tenemos copia del contrato”, señaló un líder de una de las 17 asociaciones de autoridades tradicionales del resguardo indígena del Vaupés que se encuentran dentro del área del proyecto. Esta misma afirmación se repite en otros resguardos de la región amazónica y del Vichada.

No obstante, en esta segunda conversación con la empresa el 21 de julio pasado, esta alianza informativa pudo constatar directamente que, según el contrato del Gran Resguardo del Vaupés que mostró la empresa, no existen cláusulas que obliguen a mantener en secreto estos acuerdos.

El hecho de que algunos miembros de la comunidad afirmen desconocer las condiciones del proyecto e indiquen que en su visión no se realizaron dichas consultas —aunque se hayan hecho con otros integrantes de la comunidad— es una señal de alerta. En la cumbre de cambio climático de la ONU celebrada en Cancún en 2010 se acordaron  salvaguardas sociales y ambientales que deben cumplir todos los proyectos Redd+ en el mundo, a partir de las cuales Colombia desarrolló posteriormente una interpretación nacional detallada con reglas sobre cómo deberían ser el acceso a la información de los proyectos, el deber de rendir cuentas y la distribución de sus beneficios. Una salvaguarda en particular, sobre el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades, estipula que “cualquier iniciativa que afecte directamente a uno o varios grupos étnicos y comunidades locales, debe previamente ser consultada” con la comunidad y que ese proceso debe contar con el acompañamiento del Ministerio del Interior y los organismos de control. Tanto en la comunidad nukak —con la cual  la empresa desistió de firmar el proyecto—, como en el Gran Resguardo del Vaupés, hay líderes consultados que creen que estas reglas no se han cumplido y que resulta preocupante que no tengan acceso a los documentos base del proyecto, aunque reconocen que otros dentro de su comunidad sí han estado de acuerdo con este. En ambos casos sienten también que, como cuenta el segundo reportaje de este especial, el Gobierno -y en particular sus ministerios de Ambiente e Interior, que se ocupa de temas étnicos- no los han  acompañado. .

“Waldrettung respeta tanto a la comunidad que celebró el contrato con el resguardo, la unidad jurídica que los agrupa a todos, volviendo para obtener el consentimiento libre, previo e informado de la asamblea. Se desarrolló en el coliseo de Mitú, el sitio más grande y transparente”, señaló Gallego, añadiendo que han traducido documentos del proyecto al tukano y el cubeo.

A finales de julio, esta alianza periodística volvió a consultar a tres líderes indígenas, para preguntarles si las fechas y los porcentajes de distribución contenidas en el contrato y los documentos que mostró Waldrettung coinciden con lo que ellos conocen del proyecto. Los tres, que pidieron omitir sus nombres, señalaron que no tenían esa información ni acceso a dichos documentos. “Nosotros desconocemos sobre el proceso que ellos (los directivos del resguardo) han hecho, apenas nos hemos dado cuenta por las informaciones que ustedes nos dan”, dijo uno de ellos, que además es líder de una de las AATIs. Los periodistas de esta alianza intentaron comunicarse nuevamente con el representante legal y también líder indígena Simón Valencia, quien firmó el contrato en nombre del resguardo, para que nos contara su versión de la historia y corroborara dichos documentos, pero los mensajes no le llegaron a su cuenta de Whatsapp. También se le envió un correo electrónico, pero hasta el momento de la publicación no se había obtenido respuesta.

Imagen del chat con el chat del líder indígena Simón Valencia y del correo electrónico en el que se le solicitó una entrevista.​

Waldrettung argumenta que, antes de vender el primer bono de carbono, su proyecto ya ha traído beneficios tangibles a las comunidades del Gran Resguardo del Vaupés, que enfrentan problemas como un precario acceso a salud y educación, baja conectividad a internet, ausencia de agua potable e infraestructura sanitaria o escasez de oportunidades laborales. En su visión, los proyectos Redd+ tienen el potencial de subsanar estos problemas de vieja data y traer recursos valiosos a los indígenas. 

Esta segunda charla con los directivos de Waldrettung, que duró aproximadamente tres horas,  también permitió tener mayor claridad sobre otros detalles del proyecto como la distribución de beneficios económicos acordada con la comunidad, que no había sido posible conocer antes y que, en general, no suele ser pública en el sector Redd+ por considerarse información privada de los proyectos. Según se puede leer en los documentos contractuales, un 52 % de los ingresos totales que generen los bonos de carbono en un futuro irá directamente a los indígenas del Gran Resguardo del Vaupés. Del restante 48 % se deducirán todos los costos de ejecución del proyecto, incluyendo los pagos a los diversos actores que intervienen en la cadena de carbono validando, certificando o vendiendo los bonos, siendo el remanente lo que corresponderá a  Waldrettung como honorarios.

La empresa argumenta que ha ido más allá que otros proyectos Redd+ en asegurar el consentimiento libre e informado de los habitantes del resguardo, al no limitarse únicamente al visto bueno de la asamblea del resguardo y de 141 capitanes (que representan al 72 % de las comunidades que allí viven), sino firmando, además, acuerdos individuales de consentimiento con 3.237 familias (de las 4.156 que habitan el área del proyecto) ratificando esos compromisos.

Esos formularios están archivados en gruesos legajos que Waldrettung mostró a esta alianza periodística. En cada carpeta hay cientos de documentos en donde la cabeza de cada núcleo familiar manifiesta su visto bueno a una docena de puntos. Según se desprende de la muestra de estos documentos que esta alianza periodística pudo ver, en ellos centenares de cabezas de familias beneficiarias certifican que han sido informadas del proyecto, que están de acuerdo con su ejecución y que otorgan poder a la empresa desarrolladora para llevarlo a cabo. “Waldrettung es únicamente nuestra invitada y no tiene ningún derecho sobre nuestro territorio (…) El único que puede disponer del territorio es el resguardo porque tiene la personería jurídica”, se lee en uno de sus apartados. Allí reiteran algunas de las reglas de juego del proyecto, incluyendo el porcentaje de distribución de beneficios, la destinación del 80 % de los ingresos a proyectos en línea con el plan de vida del resguardo y la expectativa de crear empleos directos para los indígenas.

Una cláusula, sin embargo, contiene una diferencia significativa con el contrato firmado entre Waldrettung y el Gran Resguardo. “Este proyecto será ejecutado oficialmente desde el año 2020 por cien años”, se lee en un punto de los consentimientos individuales, pese a que el contrato y la ficha del Renare hablan de 30 años. Este hecho llamó la atención de esta alianza periodística ya que la cifra se repite en cientos de estos documentos que fueron firmados en fechas como diciembre 11 de 2019, enero 20 de 2020, marzo 2 de 2020 o 30 de noviembre de 2020, según se lee en el legajo que Waldrettung conserva en su oficina. Es decir, hasta dos años tras la firma del acuerdo y uno después de que la asamblea comunitaria lo ratificara.

Consultados por las discrepancias entre este periodo y el estipulado por el contrato, Waldrettung reconoció que es un tema que deberán subsanar, ya que el plazo fijado en los consentimientos que firmaron miembros de la comunidad e indica 100 años, en realidad terminó pactándose en 30 años con la posibilidad de ser renovado hasta por dos veces el mismo periodo, según consta en los ajustes que hicieron la empresa y las autoridades del resguardo en 2021. “No hemos terminado el proceso de validación y vamos a solicitar una ratificación [de esos consentimientos]”, dijo Gallego, explicando que ellos repartieron esos documentos antes de la asamblea y que solo los recogieron dos años después, pero que por petición de la empresa validadora Verifit deberán reemplazarlos todos. “Esperamos tenerlos en diciembre de este año”, añadió.

Las dudas en otros contratos

Líderes de comunidades de otros resguardos han expresado preocupación por el proceso de negociación con esta empresa. “La mayoría de las comunidades y autoridades tradicionales no conocemos de vista ni el contenido del proyecto Redd+”, escribió el líder indígena puinave Julián Moreno Cuiche, secretario general del resguardo Cmari, en Guainía, que firmó un contrato con Waldrettung, en una carta notariada y con huella dactilar que envió al auditor Verifit en julio de 2021 y en la que copió a los Ministerios de Ambiente y de Interior, así como a la Defensoría del Pueblo. Entre las fallas que enumeró estaban que, según Moreno, el contrato “fue firmado sin el consentimiento ni aprobación por parte de las comunidades”; que no se socializó con toda la comunidad en una asamblea general y que, además, desconocían aspectos básicos como la duración del proyecto, la participación de las utilidades y la manera como se invertirían esos recursos. “Al parecer y por solo rumores, se dice que estamos obligados a cien años”, le dijo a las entidades (aunque la ficha de este proyecto de Waldrettung en el Renare habla de 40 años). 

Posterior a la publicación de este reportaje, Waldrettung aportó documentos que muestran que Moreno Cuiche denunció a la Fiscalía que él no había escrito ese documento y que su identidad había sido suplantada. También remitió a los periodistas un video en el que el líder indígena del Guainía sostiene la misma versión y explica su apoyo al proyecto Redd+ impulsado con la empresa. “Hay empresas que nos quieren dividir, pero hay una empresa que ha venido trabajando desde hace varios años con nosotros y es Waldrettung SAS”, dice en el video que se puede consultar a continuación. 

Pese a la denuncia de Moreno, la Defensoría del Pueblo parece seguir dando por válida su queja. En respuesta a un derecho de petición de esta alianza periodística, la entidad informó el 26 de mayo de 2022 que tenía información sobre siete posibles denuncias “relacionadas con el desarrollo y suscripción de contratos en el marco del mercado verde” en todo el país, incluyendo una del resguardo Cmari fechada en septiembre de 2021 y que la entidad pública vincula al proyecto de Waldrettung. La Defensoría no proporcionó detalles sobre dicha denuncia.  

Como los contratos que ha firmado la empresa no son públicos, líderes de varias comunidades, así como organizaciones y abogados especialistas en temas indígenas y ambientales mostraron su preocupación, ya que el único documento al cual han tenido acceso es un prospecto de contrato de un proyecto de bonos de carbono que elaboró la empresa y que firmó el representante legal del resguardo Nukak en el Guaviare. Los consultados resaltaron posibles irregularidades en ese contrato; entre ellas el objeto, el tiempo y las cláusulas que le dan el poder de decisión a la empresa y no a la comunidad indígena. 

La compañía ha sido reiterativa en señalar que ese contrato no sirve como referencia, ya que al final —pese a haberlo redactado— nunca lo firmó y posteriormente la comunidad terminó negociando con una compañía distinta.

Una fuente que trabaja en la Amazonía, experta en consulta previa, señaló que las mismas condiciones de tiempo eran similares en otros contratos de la empresa, como el que firmó el representante legal del resguardo Mirití Paraná en Amazonas. Ante los reclamos de la comunidad en el departamento del Amazonas, que insistía en que nadie podía tomar decisiones por todo el resguardo, la empresa parecería haber renunciado a sus pretensiones de impulsar el proyecto, según esa misma fuente que trabaja en una organización ambiental.

Los bonos de carbono se crearon para proteger los bosques de la deforestación, pero también a las comunidades que los cuidan. Para Harold Rincón Ipuchima, indígena tikuna y secretario general de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), estos contratos deberían cumplir estándares que permitan a los resguardos –inalienables, imprescriptibles e inembargables, según la Constitución colombiana– conservar su gobernanza. “No puede pasar que las decisiones de los territorios queden sujetas a segundos o terceros, sino que sean del propio gobierno de las comunidades”, dice el líder indígena. 

Entre las condiciones del prospecto de contrato con la comunidad Nukak, y que pone en evidencia cómo se estructuraron los demás convenios de la empresa, está que Gallego los asesore en la forma en que deben invertir los recursos por la venta de los bonos. Además, en el documento se lee que la empresa “puede negociar y celebrar cualquier tipo de contrato para la compra y venta de bonos de carbono (...) y cualquier tipo de documento que pudiera requerirse para tales propósitos y reciba el pago pactado por tales servicios”. 

En la visión de la OPIAC, los indígenas no deberían ser considerados como meros beneficiarios, sino como socios, dado que el proyecto sería inviable sin su territorio. Aunque no tienen un monto mínimo de repartición de beneficios, la organización indígena insiste en que debería existir una relación equitativa entre ambas partes con una participación real de las comunidades en el proyecto, así como una transferencia gradual de las habilidades técnicas para manejarlos. 

Esta realidad se complica por otro tema. Para la socióloga Aura María Puyana, excoordinadora nacional del Programa Proindígena de GIZ, la agencia de cooperación del gobierno alemán, en general, en los contratos que negocian varias compañías en la Amazonía se considera a la comunidad indígena como un actor económico igual que una empresa, cuando hasta ahora están comprendiendo las dinámicas de ese negocio y los aspectos técnicos de los proyectos. Eso genera, dice, una asimetría para los indígenas en la negociación. “Son actores que apenas están entrando en conocimiento de estas dinámicas en el mercado de bonos de carbono”, afirma la socióloga.

Las confusiones después de la firma 

Lo preocupante para las organizaciones indígenas y las autoridades tradicionales de los resguardos que hablaron con esta alianza periodística es la forma cómo se han tomado las decisiones de entrar en proyectos de bonos de carbono en muchas de esas comunidades, incluidos los de la empresa Waldrettung. 

“Fue un momento muy duro. No hubo claridad, no hubo consultas. Solo llegaron a recoger firmas a las familias y ofreciéndoles dinero a los capitanes”, cuenta el líder de una asociación indígena del Gran Resguardo del Vaupés. Esos momentos fueron confusos, explica, porque no sabían qué habían firmado y cuáles serían las condiciones de esa obligación contractual. Para los líderes con los que habló esta alianza periodística solo había algo claro: se sintieron traicionados por los representantes de su resguardo y por la empresa que no socializó con ellos en qué consistía la venta de bonos de carbono. 

Waldrettung explicó que firmó el contrato con el Gran Resguardo en medio de una socialización que no ha sido fácil por la forma en que están organizados los pueblos que viven allí y por el tamaño del resguardo. “El hecho de que haya un contrato modificatorio muestra que hay un diálogo de igual a igual”, señala Mónica Gutiérrez, subdirectora jurídica de Gallego Lawyers.

Las comunidades indígenas están protegidas por la Constitución del 91, que les permite tener su propia forma de gobierno. En el Vaupés, estas comunidades crearon jurídicamente un consejo indígena al que nombraron Gobierno Propio de Autoridades Tradicionales de los Resguardos y Territorios Indígenas del Vaupés (CRIVA) y que en la región simplemente es conocido como Gobierno Propio.

Gaia Amazonas, una de las ONG ambientales con mayor trayectoria en la Amazonia colombiana, y que viene asesorando jurídicamente a los indígenas, explica en su página web que estos consejos deben proteger la forma en que se gobiernan estos pueblos en Colombia y la forma como se relacionan con el Estado.

La empresa de Gallego llegó al Gran Resguardo y sus empleados recorrieron algunas comunidades recogiendo firmas para respaldar el contrato con el Gobierno Propio. Los líderes que fueron consultaron señalaron que no sabían la fecha de firma de contrato, dato de suma importancia, ya que han explicado que les preocupa que el representante legal actual del consejo comenzó su periodo el 10 de noviembre de 2015 y, según los estatutos de la organización, las autoridades debían ser elegidas por todas las comunidades cada cuatro años. Sin embargo, desde que obtuvieron la personería jurídica nunca se ha convocado una nueva elección. Por lo tanto, tampoco sabían si el contrato se había firmado dentro del periodo que avalaba la directiva del consejo o posteriormente.

El representante legal de Gobierno Propio y quien firmó el contrato con Waldrettung es el líder indígena cubeo Simón Valencia, quien es respetado en la región por haber sido uno de los primeros etnoeducadores. También es el padre de Mónica Valencia, hasta hace dos semanas representante a la Cámara del Vaupés por el Partido de la U .

Según los documentos que Waldrettung le mostró a los periodistas de esta alianza, el contrato fue firmado en enero de 2019, cuando Valencia todavía tenía el periodo vigente. Además, la empresa mostró un documento expedido el 3 de febrero de 2020 por la Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Vaupés, en el que señala que Simón Valencia seguía siendo el representante legal del consejo. “El consejero mayor es el representante legal y está facultado para celebrar convenios. Tenía íntegras facultades como representante legal para firmar el contrato”, dijo Gallego.

Esta alianza investigativa contactó vía telefónica a Simón Valencia desde el mes de mayo de 2022 y le propuso una entrevista para que expusiera su versión de la historia. El líder aceptó, pero no volvió a contestar las llamadas en días posteriores. Algo similar ocurrió con su hija, la entonces congresista Mónica Valencia, quien primero respondió vía Whatsapp que la firma del contrato le “pareció algo terrible” y que ella “estuvo en desacuerdo con el tema”. Sin embargo, no volvió a contestar nuestras llamadas. 

A esto se suma que, para los expertos que acompañan a las comunidades en el fortalecimiento de su procesos organizativos, la capacidad de decisión recae sobre las autoridades locales de las comunidades, sea una oficina de gobierno o los consejos indígenas. Estos organismos cuentan con un representante legal que sería el encargado de firmar cualquier contrato cuando la comunidad completa lo autorice. 

En últimas, este caso subraya cómo existen interpretaciones jurídicas cruzadas sobre qué autoridad dentro de un resguardo amazónico está en capacidad legal de firmar uno de estos contratos con una empresa desarrolladora de proyectos Redd+ y cómo, en ausencia de una respuesta clara a esta pregunta, además de descontento al interior de las comunidades, puede haber un caldo de cultivo para pleitos ante la justicia. 

De igual manera, el tiempo que inicialmente propuso Waldrettung  a la comunidades, “no menor a cien años”, ha prendido alarmas en el sector ambiental. “Es un contrato de por lo menos 10 generaciones, las cuales tendrían beneficios. Para una empresa es muy rentable y para una comunidad étnica, pero en términos contractuales es exagerado”, dijo el abogado experto en temas indígenas. 

Llama la atención que, por ejemplo, en  el contrato que le ofrecieron a los nukak, pero que no se celebró, no dice cuándo empezarían a regir esos 100 años, y además se genera una cláusula condicional estipulada por la empresa. “Este término está supeditado a que se pueda desarrollar después de todas las negociaciones que se hagan de la venta de carbono. Entonces, los 100 años podrían prorrogarse hasta que hagan todas las conversaciones”, dice el abogado. En otras palabras, el contrato podría terminar superando los 100 años pactados.  

Helmuth Gallego explicó que Waldrettung en un inicio propone a las comunidades proyectos a 100 años, lapso que consideran la vida útil idónea de un proyecto Redd+, pero que el tiempo definitivo depende del acuerdo al que lleguen con los indígenas. En la mayoría de casos, explica, la negociación ha terminado acotando el periodo a 40 o 30 años, como en el caso del Gran Resguardo del Vaupés. “Nuestra idea es que las comunidades, siempre tan explotadas y tan abandonadas por nuestro Estado, por 100 años reciban remuneración”, dice Gallego. Tener proyectos de larga duración, había explicado en la primera entrevista, habla también del horizonte con que se proyecta una sociedad. En sus palabras, “estamos en Colombia y no en Alemania. Aquí somos de corto plazo”.

Al preguntar por los planes a futuro de los bonos de carbono emitidos por proyectos de Waldrettung, Helmuth Gallego aseguró que el mercado principal que tienen identificado es Alemania. Este es un país con el que él tiene una relación de vieja data, tras hacer su maestría en derecho privado y su doctorado en derecho bancario en la universidad Johannes Gutenberg de Mainz y ser uno de los abogados germano-hablantes listados por la embajada de Alemania en Bogotá.

Imagen de la página de contacto de la empresa Waldrettung Gmbh.

Imagen tomada de la página web de la empresa Hengeler Mueller en la que se ve la dirección de su sede en Frankfurt​

Búsquedas en los registros comerciales de Austria y Suiza, así como en los portales comerciales de registros societarios de OpenCorporates y Sayari, tampoco arrojaron ningún resultado para Waldrettung GmbH. Un mensaje enviado al correo electrónico de la empresa, info@waldrettung.com, tampoco recibió respuesta. El dominio de la página web de la empresa alemana aparece registrado, según la herramienta Domaintools.com, a nombre de Sandra Silva, el correo h.gallego@gallegolawyers.com y la dirección que comparten Gallego Lawyers y Waldrettung S.A.S. en Bogotá. Los documentos de la Cámara de Comercio de Bogotá de Waldrettung S.A.S. tampoco incluyen su nexo con una empresa matriz en Alemania. En el registro único empresarial y social (RUES), lista el capital como 100% extranjero, pero no explica de qué empresa o personas, o de qué país proviene. 

En Colombia, la historia de la empresa Waldrettung S.A.S. se remonta a noviembre de 2015, cuando fue inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá como O1GA S.A.S. Cuatro meses después su nombre fue cambiado a Ediciones Braille Ver S.A.S. El 26 de junio de 2019, esa empresa -de la cual Helmuth Gallego era único accionista- se convirtió en Waldrettung S.A.S. El objeto social cambió a “la estructuración, el desarrollo, la implementación, la puesta en marcha y ejecución de toda clase de proyectos ambientales en América Latina, particularmente aquellos que se puedan enmarcar en los estándares de mercados voluntarios como el VCS o el REDD o del mecanismo de desarrollo limpio del protocolo de Kyoto”, según consta en el expediente en la Cámara de Comercio de Bogotá. Es decir, el cambio en la naturaleza de la empresa se hizo cinco meses después de que se firmara el contrato con el representante legal del Gran Resguardo del Vaupés y cuatro meses antes de que la asamblea de éste lo aprobara. Un año después, en octubre de 2020, la empresa pasó de tener un capital autorizado de 500,000 pesos (unos 130 dólares de la época) a uno de 120,500,000 pesos (unos 31,300 dólares). Luego, en diciembre de 2021, finalmente cambió su nombre de Waldrättung S.A.S. por el actual de Waldrettung S.A.S.

Imagen del registro de la Cámara de Comercio de la empresa Waldrettung.

No serían, en todo caso, los primeros bonos de carbono con los que los directivos de Waldrettung trabajan. Helmuth Gallego también es, desde 2013, el representante legal de dos empresas, CarbonBW Colombia SAS y Biogas Doña Juana (también conocida como Biogás Colombia), que tiene contratos para el aprovechamiento de los gases emitidos en los rellenos sanitarios de varias de las ciudades más grandes del país, incluyendo el de Doña Juana en Bogotá, así como los botaderos de Cartagena, Cali, Armenia, Montería y Tunja. 

Tras colocar tubos debajo de las montañas de residuos sólidos, el metano —otro de los gases responsables del cambio climático— se acumula y después es tratado para generar energía, en un negocio verde que resultó ser tan productivo que logró abastecer a más de 4 mil hogares en Bogotá, según un dato que dio el propio Gallego al periódico El Tiempo. La Alcaldía de Bogotá dijo haber recibido a agosto de 2021 más de 3.444 millones de pesos (unos 800 mil dólares) en regalías gracias a ese esquema. “Si no existiera esta empresa, sería prácticamente imposible vivir en el sur de la ciudad”, dijo Gallego a esta alianza periodística en abril. Según el medio alemán Ecoreporter, en estas empresas también hay inversiones alemanas a nombre de un ingeniero llamado Johannes Laubach.

Conflictos en las comunidades

Los indígenas en Vaupés y Guaviare también aseguran que la forma en que llegó la empresa Waldrettung generó conflictos en las comunidades, pues varios líderes señalaron a quienes firmaron los contratos de posiblemente haberse favorecido en las negociaciones. Aunque algunos líderes afirman que existen rumores de recepción de dineros por parte de capitanes y otros representantes de las comunidades, esta alianza periodística no encontró evidencia de tales prácticas.

Varios líderes del Guaviare y Vaupés señalaron las tensiones que se viven dentro de las comunidades por estos señalamientos. “Varias empresas vienen a financiar reuniones, a compañeros que aspiran a convertirse en autoridades tradicionales, y eso se nota, porque llegan a hacer campaña ahora con mercados, ofreciendo aguardiente, dulces. Eso no se veía antes”, cuenta un líder  indígena de una asociación que hace parte del Gran Resguardo del Vaupés.

La competencia entre empresas para convencer a los indígenas también está complicando la relación entre las comunidades. 

Líderes del Gran Resguardo del Vaupés cuentan que empleados de otras empresas les han insistido en firmar nuevos contratos y han argumentado que podrían asesorarlos para invalidar los anteriores. Un representante de una de las comunidades insistió en que toda la situación está generando un fuerte conflicto. “Nos da mucho temor. No sabemos cómo va a terminar esto, si algún día va a reventar el problema. Si el Gobierno Propio insiste en que hay que ejecutar el proyecto en todo el Gran Resguardo con Waldrettung, pues ¿qué va a pasar con las otras empresas que han invertido mucha plata con otros líderes?”, señala un presidente de una asociación de autoridades tradicionales del resguardo.

El inmenso valor del bosque dentro del Gran Resguardo de Vaupés lo evidencia. Una prueba de ello es el hecho de que otras empresas también han buscado a otras de sus autoridades indígenas, distintas a las que acordaron con Waldrettung, para establecer proyectos similares en sus territorios. Una de ellas es la AATI del Río Pirá Paraná (ACAIPI), que queda justo al sur y que firmó un contrato con la Corporación Masbosques, una consultora de Medellín que tiene el respaldo del grupo empresarial Nutresa. Aunque el mapa contenido en el PDD del proyecto Redd+ de Waldrettung excluye esta área, su promotor Helmuth Gallego insistió a esta alianza periodística en que el contrato que firmó con el Gran Resguardo abarca la totalidad del territorio. “Otras empresas sin moral empresarial están animando a las comunidades indígenas domiciliadas en el territorio del Resguardo en el que se ejecuta nuestro proyecto para que desconozcan al Consejo Mayor (Gobierno Propio) y ahora hagan proyectos Redd+ pequeños con cada una de esas empresas”, dijo.

Según Gallego, Waldrettung tiene problemas con al menos seis empresas que están impulsando proyectos dentro del Gran Resguardo de Vaupés con algunas de las AATIs que lo integran, algo que en su visión no debería suceder porque únicamente el gobierno mayor está facultado para firmar ese tipo de acuerdo. “Quien divide es quien busca a las AATIs. Waldrettung respetó la unidad del resguardo, la patrocinó y trabajó en función de ella”, dice Gallego, quien mencionó conflictos de este tipo con las empresas South Pole Asset Management, Saving The Amazon, Más Bosques, Carbon Sostenible, Wildlife Works Colombia y Amazon Carbon Bonds.

Esas son las razones por las cuales Gallego asegura que su empresa aún no ha podido firmar acuerdos de consentimiento con 900 familias en el área de influencia de su proyecto y con otras mil más que están dentro del resguardo pero en otras áreas. “El problema de división política en ese resguardo es tan grande que en algunas comunidades no nos han dejado entrar”, dice Gallego. 

De seguir existiendo estos traslapes, es probable que el Gobierno nacional, mediante la plataforma Renare, tenga que dirimirlos o definir en qué condiciones pueden convivir en un mismo territorio colectivo, ya que no pueden coincidir dos proyectos en el mismo lugar exacto— y por lo tanto, tampoco dos iniciativas de mitigación y bonos de carbono.

En todo caso, este no es el único lugar del país donde Gallego dice haber tenido este tipo de problemas. Según el abogado, representantes del resguardo Alto Únuma en Vichada firmaron un contrato con Waldrettung tras haberlo hecho anteriormente con otra empresa.

Proyectos sí, pero no así

Gran parte de la dirigencia indígena insiste en que los proyectos de bonos de carbono son una buena oportunidad para apoyar a sus comunidades y preservar el bosque amazónico. Sin embargo, piensan que las empresas deben mejorar sus prácticas para que se respete la autonomía indígena y se les reconozca el trabajo ancestral de conservación ambiental. 

“Hay empresas que lo han hecho mejor que otras, que han venido con tiempo al territorio a socializar. Lo que ocurre es que llegan otras con plata y afán, sin respetar, sin reconocer nuestro conocimiento, la forma en que vivimos y tomamos decisiones”, explica un líder indígena del Vaupés.

Los líderes coinciden en que es clave que miembros de las comunidades se capaciten para que tengan más competencias técnicas a la hora de negociar y ejecutar estos proyectos. “Si tuviéramos más abogados, más ingenieros ambientales, podríamos tener una participación más activa en las propuestas. Yo me he formado en el turismo y he podido crecer para apoyar a la comunidad, así también se puede hacer con este tema”, cuenta un joven líder del Vaupés que trabaja con proyectos de turismo sostenible.

La forma en que algunas  empresas se están disputando los proyectos de bonos de carbono ha puesto a varias comunidades indígenas de la Amazonia colombiana en medio de una fuerte tensión. Algunas de ellas viven en difíciles condiciones de pobreza y han sido asediadas por la violencia y más recientemente por la deforestación, por lo que sus condiciones de vulnerabilidad los podrían estar poniendo en una posición desigual en las negociaciones.

Todas las comunidades consultadas para este reportaje señalaron que se han sentido solas, sin ningún tipo de apoyo de entidades oficiales en estas negociaciones. Ante toda esta situación, ¿qué ha hecho el Estado para proteger los intereses de los pueblos indígenas y la selva amazónica que ellos cuidan? En el siguiente reportaje pueden conocer el rol que han tenido las entidades públicas en esta historia.

*Este reportaje fue publicado originalmente el 19 de mayo de 2022. Esta nueva versión, republicada el 2 de agosto de 2022, contiene información adicional proporcionada por la empresa Waldrettung que permite hacer una contrastación más detallada de los hechos narrados en esta historia e incluye nuevos hallazgos realizados por los periodistas de esta alianza.

Actualizado el: Mar, 08/02/2022 - 14:01

Por: La Liga Contra el Silencio

Ignacio Gómez Gómez vive con su familia al suroriente de Bogotá, muy cerca de la antigua vía al Llano. Su casa, una de las pocas construida con bloques de arcilla y tejas de zinc, terminó embargada por error, en una demanda que el abogado Abelardo De La Espriella radicó contra otro Ignacio Gómez, el subdirector de Noticias Uno.

El abogado demandó al periodista por “agredir su dignidad”, dos años después de que Gómez, en 2016, dijera en un tuit que De La Espriella había “recibido una absolución express” en un proceso disciplinario por presuntas irregularidades como apoderado del exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt. En el proceso que aún no termina, el abogado pidió embargar los bienes de Ignacio Gómez. Para ello entregó una lista de inmuebles donde figura el apartamento del periodista, pero también la casa de arcilla que tiene su tocayo al sur de Bogotá. 

Este equívoco, que puso en riesgo la casa de don Ignacio y obligó al subdirector de Noticias Uno  a defenderse en los tribunales por un trino en una red social, resume las consecuencias que puede desatar el acoso judicial contra periodistas. 

Los posibles procesos varían. Abogados que actúan por cuenta propia, o en representación de personajes públicos, interponen tutelas que pueden provocar fallos de jueces donde se ordena la rectificación o la eliminación de publicaciones. También hay denuncias por injuria o calumnia que pueden llevar a sentencias con penas excarcelables de entre 16 y 54 meses; y multas de hasta 1.500 salarios mínimos mensuales, unos mil millones de pesos. 

Además puede haber demandas por responsabilidades civiles que buscan pagos de supuestos perjuicios económicos por el daño causado, como en el caso contra Ignacio Gómez. Abelardo De La Espriella se muestra en público como un abogado combativo que usa estas herramientas de forma recurrente para enfrentar a quienes él considera “pseudoperiodistas, que se creen los dueños de la verdad y la moral; que señalan y hacen aseveraciones, sin prueba de ninguna clase”, según ha dicho en redes sociales y entrevistas.

La abogada Ana Bejarano, directora y fundadora de la organización El Veinte, que defiende a periodistas en procesos que amenacen su libertad de expresión, explica que esta práctica se da cuando el uso de la justicia no busca ganar un pleito, sino silenciar o intimidar a un reportero. “No cualquier demanda o denuncia por cuenta de una información puede considerarse acoso judicial. Se da en circunstancias específicas. En muchos casos los procesos no están respaldados probatoriamente y solo buscan censurar”, dice.

La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, ha documentado un aumento del acoso durante los últimos años. En el 2017 registró 17 casos; 38 en 2018 y 66 en 2019. Pero en estas cifras, según la fundación, hay un subregistro y solo muestran una parte del problema. 

La demanda contra Ignacio Gómez ha cambiado varias veces y le han sumado otros hechos, como la publicación de algunas notas en Noticias Uno, relacionadas al caso de corrupción donde resultó condenado el exmagistrado Jorge Pretelt. Estas piezas periodísticas fueron realizadas por otro reportero, Guillermo Gómez, quien también terminó involucrado en el proceso. “Cogieron el trino que puse y le sumaron una discusión que tuve por mensaje directo de Twitter con la cuenta de Abelardo De La Espriella. Revolvieron todo en la demanda y luego sumaron las notas de Guillermo y me señalan por ser el editor de esa información”, cuenta Ignacio Gómez.

Según el periodista, la demanda, que tiene un monto de 20 millones de pesos, busca silenciar su trabajo y es una represalia por sus investigaciones sobre el exmagistrado Pretelt y el mismo De La Espriella. Gómez cuenta que el proceso comenzó después de enviar un derecho de petición a la Fiscalía, donde pidió los registros de cualquier investigación en contra del abogado.

Para Emmanuel Colombié, director regional para América Latina de Reporteros Sin Fronteras, estos casos tienen un impacto psicológico sobre el periodista, por la angustia de afrontar los procesos y la “asfixia económica” que pueden generar las sanciones. “Esto puede crear zonas silenciadas. Si hay temas que no se pueden tocar, es dramático para la sociedad y es dramático para la libertad de prensa”, explica Colombié.

Hay 14 periodistas denunciados o demandados por De La Espriella, según el registro que lleva la FLIP. En la lista figuran, entre otros, el columnista de El Espectador, Yohir Akerman; el periodista de La W, Yamid Palacios; el actual director de la fundación, Jonathan Bock; el director de La Mesa de Centro, Carlos Cortés; y la directora de Noticias Uno, Cecilia Orozco. En 2018 el abogado demandó en Estados Unidos al presidente de noticias de Univisión, Daniel Coronell, pero tuvo que retirar la acción judicial en 2020.

Bock, Akerman, Cortés e Ignacio Gómez, en entrevistas con La Liga Contra el Silencio, coinciden en que De La Espriella no busca rectificación, sino involucrarlos en diligencias judiciales para que no vuelvan a mencionarlo en sus trabajos periodísticos.  “En la audiencia de conciliación le pregunté qué debía rectificar y me dijo que tocaba quitar toda la columna y escribir otra pidiéndole perdón por haberlo comparado con un personaje mafioso”, cuenta Bock, quien fue demandado por De La Espriella en 2016, cuando publicó una pieza llamada ‘Better call Abelardo’. El título alude a la serie ‘Better call Saul’, que muestra la vida de un abogado experto en solucionar problemas a narcotraficantes.

Aunque los casos de De La Espriella en contra de los periodistas son los más reiterativos y mediáticos, existen otros abogados que recurren a los mismos procesos. Yohir Akerman contó que el abogado David Espinosa, representante del expresidente Álvaro Uribe, lo ha denunciado por una columna donde lo menciona. ”Es un matoneo jurídico y con consecuencias económicas cuyo único objetivo es censurar el mensaje. Se utilizó la justicia como una herramienta de matoneo, y no para defender un derecho primordial como es la libertad de expresión”, dijo el periodista.

Este matoneo tiene varias implicaciones para los periodistas. Lesiona sus finanzas, pues deben pagar abogados y, en muchos casos, viajar para responder los llamados de la justicia. Varios de ellos, denunciados o demandados por De La Espriella, han tenido que volar a Barranquilla porque el abogado interpone muchos de los procesos allí, donde tiene una oficina de su bufete.

Para Carlos Cortés, también demandado por De La Espriella tras opinar en un trino, es preocupante que algunos tomen decisiones desproporcionadas contra el periodista y quieran reprenderlo. “Uno puede tener críticas ante el ejercicio de un periodista, pero no puede llegar a decirle: ‘No puede volver a hablar de esta persona’. Ese tipo de acciones crean un antecedente nefasto”, dijo.

Según el periodista y abogado, varios fallos de la Corte Constitucional muestran que estas prácticas van en contra de la libertad de expresión. Pero algunos jueces en diferentes instancias permiten que estos procesos avancen, en contravía de lo expuesto por el alto tribunal. “El tema de fondo debe ser la judicialización del debate público, de cómo estamos tramitando las diferencias”, argumentó Cortés.

Según Adriana Hurtado, directora de la Federación Colombiana de Periodistas, algunos jueces terminan valorando derechos a la intimidad o buen nombre por encima de un derecho fundamental como la libertad de expresión. “Personas que están sometidas al escrutinio público acuden a la justicia para que el periodista no investigue o publique información sobre ellos. Y en muchos casos los jueces se prestan en un grave problema de ponderación de derechos”, señala Hurtado.

El tema económico es central en estos procesos civiles y ha sido mencionado muchas veces por  De La Espriella. “Me he dado cuenta (de) que nada le duele más a ese periodismo independiente de Colombia que el bolsillo. Un dolor de bolsillo es peor que un dolor de muela”, dijo en un programa en Youtube conducido por el político retirado Carlos Alonso Lucio (ver fragmento). La Liga contactó a De La Espriella, pero se negó a declarar. Solo exigió que este reportaje recordara su defensa de medios como la revista Semana. Después avisó: si cualquier persona se mete con su honra y buen nombre, procederá judicialmente.

Borren todo

Algunos abogados no solo actúan cuando los periodistas mencionan sus nombres en opiniones o investigaciones, sino que venden directamente este servicio a sus clientes. De La Espriella Lawyer Enterprise, empresa del abogado, ofrece Clean Ups, un servicio que promulga el derecho al olvido y se compromete con sus clientes a borrar toda la información negativa publicada sobre ellos en internet. En su página, la firma de abogados asegura que tiene 100 casos exitosos. Lo que promete es rastrear la información y contactar a los administradores del contenido para que lo desaparezcan; de lo contrario proceden con acciones legales.

La Flip ha señalado que la mayoría de estos procesos penales por injuria y calumnia no llegan a una condena o son archivados, pues casi nunca tienen un sustento que les dé posibilidades de éxito en la legislación colombiana. La organización recuerda que la Corte Constitucional ha fijado varios precedentes donde se protege la libertad de expresión sobre pretensiones particulares.

Los medios de comunicación Rutas del Conflicto, aliado de La Liga, y Armando Info, publicaron en 2017 un reportaje sobre las irregularidades financieras y los señalamientos de violación de derechos humanos de la desaparecida empresa petrolera Pacific Rubiales. Casi dos años después, Rutas del Conflicto recibió un correo electrónico de la empresa Ealixir Team, una firma de abogados radicada en Estados Unidos, en representación de José Francisco Arata, un directivo de la petrolera. La empresa pidió eliminar el nombre de su representado en los textos o “realizar la desindexación del artículo” para que saliera de Internet. El reportaje, decían, había afectado económicamente a su apoderado, así como su “imagen, honor y reputación”.  La Liga pidió una entrevista a Ealixir Team, pero no hubo respuesta.

Otro caso reciente de acoso judicial ocurrió en agosto de 2020, cuando La Liga y sus aliados publicaron el reportaje ‘Los Mattos: retratos de una familia para enmarcar’, una investigación que reseñaba los señalamientos de vínculos entre el paramilitarismo y esa familia del Cesar. El portal de La Guajira, Tüü Pütchika, recibió una llamada de un hombre que se identificó como representante de los Mattos y advirtió que si no retiraban el reportaje de la web, procederían con un proceso judicial.  

El número del que llamaron pertenece a Carlos Escobar, supuesto enlace entre un grupo de militares y el ‘hackeo’ contra los negociadores de paz de La Habana. Escobar aparece en internet involucrado a empresas como Maverick Latam, que han ofrecido servicios de protección de información en la web para sus clientes. La Liga llamó en varias ocasiones y envió mensajes de chat a Carlos Escobar, pero nunca contestó.

Acoso en las regiones

Los litigios entre periodistas y abogados pueden ser más nocivos en ciertas regiones; en zonas donde existe violencia y los recursos son limitados para ejercer la reportería. En el Bajo Cauca antioqueño está el caso de Sergio Mesa, periodista y estudiante de Derecho, quien ha enfrentado por lo menos 10 acciones de tutela y ocho denuncias por injuria o calumnia por parte de funcionarios de la Alcaldía de Caucasia.

En marzo de 2019, Mesa fue notificado de una tutela en su contra interpuesta por Orlando José Rodríguez, entonces director general del Hospital César Uribe Piedrahíta, por vulnerar su derecho al buen nombre, a la intimidad personal y a la honra. Con este recurso judicial, Rodríguez pretendía que el periodista borrara la información que publicó en redes sociales sobre un presunto acto de corrupción en el sistema de salud de Caucasia. Rodríguez además buscaba que Mesa se abstuviera de publicar sobre él en futuras investigaciones. 

El Juzgado Séptimo Civil Municipal de Medellín negó la tutela al no comprobarse la vulneración de derechos. En la sentencia se argumenta que los comentarios y opiniones de Mesa son parte de su derecho a la libertad de expresión, al que ha dado prevalencia la Corte Constitucional por encima del derecho a la honra y el buen nombre. El argumento de fondo dice que la ciudadanía puede vigilar a las entidades públicas y sus directivos.

El entonces director del Hospital apeló la decisión del Juzgado y alegó que Mesa continuó con la investigación sobre corrupción que lo incluía, y no hubo rectificación en las publicaciones anteriores. El Juzgado Cuarto Civil Oral de Medellín, basado en que Orlado José Rodriguez dirigía una institución que maneja recursos del Estado, dijo que es “lógico que su gestión sea de interés de la sociedad y no es sorpresivo que sea blanco de críticas tanto positivas como negativas”. El juez en segunda instancia confirmó la sentencia.

A la tutela de Rodríguez se sumaron la de Félix Olmedo Arango, director científico del hospital de Caucasia, que meses después pasó a alcalde encargado de ese municipio; y la de Carlos Alfonso Orrego, coordinador de transición del Hospital de Caucasia y Puerto Berrío. Ambos alegaron vulneración del derecho a la intimidad, al buen nombre y a la honra.

Con cada entrega de su investigación, Mesa recibió tutelas de los funcionarios, pero continuó y publicó un reportaje donde reunió todos los hechos de corrupción que había denunciado. La Liga publicó en 2020 otro donde muestra cómo la administración de Arango intentó controlar lo que se decía de su gestión a través de tutelas contra el periodista Sergio Mesa. 

Todas esas tutelas, entre marzo de 2019 y junio de 2020, fueron interpuestas por funcionarios del sistema de salud o de la alcaldía de Caucasia y presentadas por la misma abogada, Luz Aidé Gaviria. Desde que el alcalde Arango asumió el cargo, Gaviria se convirtió en su abogada de cabecera. En una entrevista con Minuto 30, la abogada amenazó con judicializar a quienes señalaran al mandatario. “Dentro de mis funciones en defensa del doctor Félix Olmedo Arango he ejercido diferentes acciones penales y constitucionales en contra de todas las personas que se han dedicado a esos ataques en redes sociales”, dijo.  

Para Jonathan Bock, director de la FLIP, el acoso judicial tiene un efecto directo sobre la censura. “Es generar preocupación e intimidar al periodista. En muchos casos, el medio de comunicación prefiere no seguir investigando sobre el tema porque sabe que la otra parte dispone de herramientas judiciales”, explicó. 

Sergio Mesa piensa que estos procesos son una estrategia para censurar su trabajo. “Ellos (los funcionarios del hospital y la Alcaldía) han hecho muchos intentos de aniquilamiento. Uno de ellos de manera judicial. Pero como todas las tutelas han fallado a mi favor, iniciaron una campaña de desprestigio en mi contra”, dijo el periodista. Mesa además ha recibido amenazas que lo obligaron a abandonar Caucasia rumbo a Medellín. 

Para Juan Pablo Madrid, coordinador del Centro de Estudios de Libertad de Expresión, el acoso judicial en las regiones tiene mayores repercusiones. “Un periodista en región tiene menos posibilidades de defenderse. El impacto es mucho más alto en lugares donde no hay tanto acceso a herramientas jurídicas. Incluso hay casos que no tenemos reportados”, dijo.

En Simití, Bolívar, un municipio golpeado por el conflicto armado, trabaja David Torres, director del periódico El Original, el único medio de comunicación que informa también Cantagallo, Santa Rosa, Gamarra y Puerto Wilches. Torres cubría las noticias y repartía el periódico en una chalupa, pero la quemaron cuando publicó investigaciones sobre corrupción en la Alcaldía de Simití. 

Torres además ha enfrentado el acoso judicial de funcionarios municipales desde 2011, cuando pidió en un derecho de petición datos sobre la contratación de una ambulancia para el Hospital Regional San Antonio de Padua de Simití. La solicitud no fue respondida a tiempo; entonces el periódico interpuso una tutela. Según Torres, este recurso fue el inicio de una serie de tutelas y demandas por injuria y calumnia de parte de funcionarios del hospital cada vez que nombra a la entidad de salud en sus publicaciones.

Torres también investigó a varios jueces y fiscales por hechos de corrupción; entre ellos a Eduardo Cabello, uno de los encargados de fallar las denuncias que los funcionarios del hospital interpusieron contra el periodista. A Torres incluso se le acusó de incumplir el Protocolo de Ginebra, un acuerdo internacional que firman los Estados donde se regulan las formas en que se pueden librar los conflictos armados. Esta denuncia fue puesta por unos fiscales y jueces porque Torres, durante el cubrimiento de la captura de un comandante del ELN, tomó una fotografía del guerrillero herido en un hospital. Pero solo los Estados pueden violar estos protocolos; no un periodistas de Simití. El proceso fue archivado sin respuesta. 

Sumergido en procesos judiciales y con zozobra por su seguridad, Torres ha vivido estos años con miedo de ir a la cárcel, preocupado por tener que pagar su defensa y esperando que en cualquier momento surja una nueva denuncia en su contra. 

El acoso funciona

Sandra Guerrero es corresponsal del diario El Heraldo en La Guajira. En sus años de reportera ha vivido diferentes experiencias de acoso judicial. Sin embargo, conciliar con los dueños de la Clínica de La Costa en Barranquilla la enfrentó a una situación diferente cuando decidió publicar en la web del diario la muerte de un niño wayúu por desnutrición. 

La historia llegó tras la denuncia del líder indígena Javier Rojas, quien contó cómo fue trasladado el cuerpo del menor en una caja de cartón rumbo a La Guajira. Guerrero publicó la denuncia y fue agregando, con las horas, la versión de la clínica sobre los procedimientos que había hecho para un traslado digno del cuerpo con la funeraria. “Se publicó la información con todas las fuentes, en la web y en el impreso del periódico”, contó la periodista.

Meses después de la publicación, la clínica de La Costa interpuso una denuncia contra el periódico y la periodista alegando daño al buen nombre. Durante casi un año se atendió el proceso en la Fiscalía y no se llegó a ninguna conciliación, pues la periodista argumentaba que la información tenía todos los elementos de rigor. Finalmente el periodico tomó la decisión de eliminar la historia de la página web sin ningún fallo del proceso que se llevaba con la clínica.   

“Me sentí frustrada, como si hubiera hecho la noticia mal. La denuncia existió, la foto de la caja también, y la explicación de la clínica y la funeraria sobre el traslado del cadáver. Es algo que lo hace sentir mal a uno”, confesó la periodista. Para Sandra Guerrero es evidente que el tema fue censurado. “Los dueños de empresas, los gobernantes, no dicen lo que está pasando”, dijo. 

Los procesos por injuria y calumnia pueden durar entre cinco y seis años, durante los cuales el periodista debe asumir gastos y un sinfín de diligencias judiciales antes de lograr una conciliación. Para Juan Pablo Madrid, de la FLIP, en muchas ocasiones el periodista decide retractarse de informaciones y bajar el contenido de los medios para evitar un proceso judicial que lo desgasta. “Es como tener una soga al cuello que en cualquier momento la pueden jalar”, concluyó.

Actualizado el: Mié, 02/03/2021 - 06:37

Rutas del Conflicto tuvo acceso a un informe realizado por la oficina central a nivel mundial del PNUD en el que  reconoce que funcionarios de la entidad internacional firmaron un convenio para la ejecución de cerca de dos millones de dólares de la petrolera Geopark en el Putumayo. El documento señala que dicho proyecto afectó la confianza que las comunidades que viven en el entorno de la explotación petrolera tenían en el PNUD y que llevan más de una década denunciando en varias instancias las afectaciones por la explotación de crudo en sus territorios.

Uno de los hallazgos más graves de la investigación muestra que funcionarios de PNUD Colombia propusieron darle prioridad en la ejecución de los dineros del proyecto firmado con Geopark, a las comunidades que no habían tenido ningún conflicto con la empresa petrolera.

La historia comenzó en abril de 2021, cuando el resguardo Siona Buenavista y la Asociación para el Desarrollo Integral y Sostenible de la Perla Amazónica (Adispa), representante legal de la Zona de Reserva Campesina con el mismo nombre, publicaron una carta en la que señalaban una alianza entre el PNUD y la  petrolera Geopark, empresa con la que han tenido un conflicto socioambiental en el Putumayo. Meses antes, la oficina en Colombia de la entidad internacional y la petrolera habían firmado un acuerdo de financiación bajo la sombrilla de los llamados proyectos con el ‘Sector Privado’, una estrategia orientada a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Ilustrado por: María Lucía Mage

Geopark había llegado al municipio de Puerto Asís, Putumayo, en 2020, tras adquirir la totalidad de las operaciones de la petrolera británica Amerisur. Desde 2006, cuando esta compañía comenzó sus actividades en la zona, las comunidades campesinas e indígenas iniciaron múltiples denuncias en defensa del ecosistema amazónico de su territorio, ya que parte del proyecto petrolero Platanillo se ubicaba dentro de la Zona de Reserva Campesina y del resguardo indígena.

Desde entonces, los conflictos sociales y ambientales con las comunidades se intensificaron. Una muestra de ello fue el proceso de consulta previa con los pueblos indígenas asentados en la ribera del río Putumayo, el cual no se realizó adecuadamente según denunció el resguardo Buenavista y se publicó en la investigación de Mongabay Latam. En la documentación presentada por Amerisur se afirmaba que en la zona no había presencia de comunidades indígenas, una afirmación que, en su momento, fue avalada por el Ministerio del Interior al certificar que no existían registros de comunidades étnicas en el área del proyecto.

En 1974 el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) creó la Reserva Indígena Buenavista, pero en 1983, la misma entidad modificó su categoría a la de resguardo, mientras que Amerisur había sacado su licencia ambiental para operar en la zona 26 años después en 2009. 

A la lista de las denuncias de las comunidades se sumaba el impacto ambiental que estaba generando en los ríos y lagunas del territorio siona el proyecto petrolero. Un pueblo indígena que vive del agua para su supervivencia y su cultura como lo contó Rutas del Conflicto en un reportaje publicado a comienzos de 2025. 

Indígenas del pueblo Siona atravesando desde Ecuador hasta Colombia. Resguardo Buenavista. Foto tomada por Juan Carlos Contreras

En 2019 las comunidades llevaron a juicio en Inglaterra a Amerisur, por las afectaciones tras un derrame en junio de 2015. Sujetos armados del Frente 48 de las Farc, antes de la firma del Acuerdo de Paz, obligaron a los conductores de cinco carrotanques de crudo a abrir las válvulas y verter su contenido por la carretera rumbo al casco urbano de Puerto Asís. El derrame fue, aproximadamente, de 30 mil galones, que contaminaron los recursos hídricos de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica. Según los documentos presentados por las comunidades, la petrolera no realizó las labores necesarias para evitar el incidente y contener los daños tanto en los cuerpos de agua como en la salud de quienes habitan en el territorio. 

Como lo reportó el medio Cuestión Pública, la justicia en Reino Unido congeló 4.2 millones de dólares de Amerisur tras atender la demanda presentada. El proceso ante la Alta Corte fue resuelto tras un acuerdo de conciliación confidencial en 2023, según una comunicación de la misma empresa. 

Mientras el proyecto petrolero avanzaba bajo la operación de Amerisur, las comunidades también llevaron una solicitud de restitución de tierras sustentada en la violencia que sufrieron por diferentes grupos armados y que buscaba proteger su territorio de la explotación de crudo. Puerto Asís fue el escenario de una guerra librada por los frentes 32 y 48 de la extinta guerrilla de las Farc, el Bloque Sur Putumayo de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y el Ejército Nacional en pleno corazón del territorio siona. Estas disputas pusieron en peligro su supervivencia

En 2017, el pueblo siona, junto a la Unidad de Restitución de Tierras (URT) radicó ante el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Mocoa una solicitud de restitución de su territorio ancestral. Al año siguiente, el juzgado determinó que las actividades de Amerisur representaban una amenaza para el resguardo Buenavista y afectaban los derechos fundamentales. Ordenó a la empresa suspender las actividades de exploración en el bloque PUT-12.

Ese mismo año, en julio de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante una solicitud hecha por esta comunidad indígena, con los mismos argumentos de la demanda de restitución, otorgó medidas cautelares para salvaguardar el territorio de los resguardos Buenavista y Piñuña Blanco, pertenecientes al pueblo siona. En otro proceso, en diciembre de ese año, la CIDH ordenó, también, medidas cautelares a favor de los líderes campesinos de Adispa, en respuesta a denuncias de amenazas a la seguridad. 

Señalización de caño Tigre, cerca a un campo petrolero de Platanillo. Foto tomada por: Juan Carlos Contreras

Además, la Unidad para las Víctimas incluyó el resguardo Buenavista como sujeto colectivo de reparación integral. De hecho, la Corte Constitucional, emitió el Auto 004 de 2009, Sobre el Estado Cosas Inconstitucionales en materia de desplazamiento forzado de pueblos indígenas, mediante el cual reconoció a los siona como una de las 34 etnias en peligro de extinción física y cultural.

La alianza de PNUD y la petrolera

En medio de las decisiones para proteger el resguardo y la zona  de reserva campesina, la empresa chilena Geopark entró a Putumayo tras adquirir a la británica Amerisur y pasó a crear lo que se conoce como la Nueva Amerisur. Esta empresa ‘heredó’ los conflictos socioambientales que había generado la explotación de crudo de su antecesora en la región.

Las comunidades continuaron documentando y presentando ante la justicia colombiana e internacional los impactos de la actividad petrolera de la Nueva Amerisur. En ese sentido, los indígenas y los campesinos de Adispa lograron una subvención con el PNUD, para continuar la defensa de su territorio. Esta alianza entre la oficina de la organización internacional en Colombia y las comunidades se formalizó en agosto de 2020, en el marco del proyecto ‘Amazonía Sostenible para la Paz’, el cual busca conservar la biodiversidad mediante el fortalecimiento de las instituciones y organizaciones locales en la región amazónica.

Durante esos meses, los funcionarios de PNUD acompañaron a los campesinos de Adispa a denunciar la situación de seguridad a las instancias judiciales nacionales e internacionales, tras la amenazas de muerte a manos de grupos armados con el presunto objetivo de facilitar las pruebas sísmicas de Geopark. Cuando llevaba tres meses de ejecución el proyecto de Amazonía Sostenible para la Paz, en noviembre de 2020, PNUD Colombia finalizó la evaluación de debida diligencia en el proyecto con Geopark, aprobándolo sin condiciones. 

Un mes después, firmaron el acuerdo de financiación con la petrolera diseñado para fomentar la recuperación económica durante la pandemia del COVID-19. Bajo la alianza, como se anunció con entusiasmo y por todos los canales de la oficina de cooperación de la petrolera, Geopark, con su empresa Nueva Amerisur, debía aportar casi dos millones de dólares (US$1.962.967) dólares en financiación durante el primer año. 

Las actividades del proyecto buscaban ayudar a pequeños negocios urbanos con el desarrollo de capacidades y a las asociaciones de productores rurales mediante una red de tiendas comunitarias. Geopark debía participar en la evaluación y selección de los socios y beneficiarios del proyecto. 

Los líderes del resguardo Buenavista y los campesinos de Adispa se enteraron de la alianza entre PNUD y la petrolera luego de su lanzamiento. Conforme a las fuentes en terreno, informaron a los funcionarios de la organización internacional que trabajaban en el proyecto Amazonía Sostenible para la Paz sobre su molestia, debido a los conflictos que habían tenido con la empresa y con su antecesora desde su llegada al territorio. 

Lina María Espinosa, abogada de la organización Amazon Frontlines y quien brinda apoyo jurídico al pueblo siona, señaló en una entrevista a Rutas del Conflicto: “El PNUD violó múltiples políticas de salvaguarda de la misma institución y no cumplió con la debida diligencia para revisar y evaluar las actividades de Geopark”. 

Por ello, el 26 de abril de 2021 Espinosa y los líderes enviaron  una carta a la entidad:  “Con preocupación, vemos cómo, sin tener en consideración los procesos de defensa y resistencia contra el extractivismo en la región, particularmente frente a los Bloques Put-12, Put-8 y Platanillo, cuya titularidad la tiene la empresa Amerisur Colombia (hoy Geopark), los cuales han generado afectaciones ambientales, territoriales, sociales, culturales y espirituales a las comunidades indígenas y campesinas ampliamente denunciados; el pasado 21 de abril de 2021 a través de las redes sociales del PNUD Colombia fue lanzada la estrategia de Alianza Unidos por la Reactivación Territorial con la empresa Petrolera Geopark”.

La carta encendió las alarmas en la oficina central de PNUD. La oficina en Colombia suspendió el proyecto con Geopark una semana después, y el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU expresó su preocupación por la alianza. El 11 de mayo, la organización Amazon Watch presentó una denuncia formal y el 7 de septiembre de 2021 la Oficina de Cumplimiento de los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD (SECU, por sus siglas en inglés) aceptó la denuncia de las comunidades y abrió una investigación interna.

Las denuncias que no tuvo en cuenta la alianza entre la petrolera y PNUD

Las más de 100 páginas del informe final de investigación de la SECU revelan que el “PNUD Colombia no consideró adecuadamente las actividades de la empresa Geopark y su subsidiaria Nueva Amerisur, tal como lo exige la política de debida diligencia”, determina el informe.

Para poner en marcha el proyecto con la petrolera era necesario un examen de cumplimiento. Los líderes que prefieren mantenerse en el anonimato por la violencia en la región afirmaron que, “la implementación del proceso fue inadecuada, dada la gran cantidad de acusaciones en materia de derechos humanos y ambientales contra Geopark en el departamento colombiano de Putumayo”. El PNUD habría omitido identificar y gestionar internamente las múltiples controversias que rodean a Geopark, incluidas demandas de comunidades indígenas y sanciones administrativas por violaciones ambientales en Colombia, Perú y Chile. 

Como lo documenta el mismo informe, en Perú el pueblo indígena Achuar y la nación Wampís presentaron demandas contra el gobierno peruano alegando la falta de consulta previa en la concesión del Bloque 64 de la petrolera. “En junio de 2020, la Nación Wampís interpuso una demanda penal contra Geopark por presuntamente poner en peligro a la comunidad durante la emergencia sanitaria de COVID-19. Poco después, Geopark retiró su licencia para el Bloque 64”, recopila el informe.

La SECU del PNUD determinó que la Oficina en Colombia tenía a la mano informes públicos disponibles sobre Geopark y Amerisur, incluyendo las denuncias de derechos humanos, conflictos ambientales y sociales. Además, documentos que mostraban las disputas territoriales entre los grupos armados Comandos de Frontera y el frente Carolina Ramírez, disidencia de las antiguas guerrillas de las FARC, en las que las comunidades queban en medio del fuego cruzado y sus líderes amenazados.  

La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, organización defensora de derechos humanos,  señaló, entre octubre de 2020 y febrero de 2021, supuestos vínculos entre grupos armados y la operación de Nueva Amerisur. Uno de estos hechos fue en diciembre de 2020, cuando campesinos denunciaron que habían sido llamados por miembros de Comandos de Frontera, que les expresaron que nadie puede oponerse al proceso sísmico que adelantaba la empresa Nueva Amerisur dentro de las operaciones. “Nosotros ya negociamos directamente con la empresa, y vamos a asegurar la operación en la zona”, narraron los habitantes a la Comisión, refiriéndose a lo que les habían dicho los hombres armados.

Estas alertas también estaban al alcance de la Oficina del PNUD en Colombia, ya que no solo fueron publicadas por diversas organizaciones, sino que además fueron recogidas en una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo. Además, según la investigación del SECU, fue el mismo PNUD Colombia el que acompañó a Adispa a presentar las denuncias sobre las amenazas de Comandos de la Frontera ante diferentes entidades del Estado. 

Por ello, la SECU concluyó que “la oficina de País debería haber excluido la alianza de consideración adicional, o como mínimo debería haber escalado la decisión sobre debida diligencia a la sede, en lugar de aprobar”. SECU cuestionó que en la matriz de riesgos no se incluyeran las denuncias existentes no solo contra Geopark, sino también contra la empresa a la que esta le compró el proyecto petrolero pocos meses antes.

Ante estos señalamientos, Geopark afirmó en un comunicado público que nunca ha tenido vínculos con grupos armados ilegales y que exige lo mismo a sus empleados y a toda su cadena de suministro, tras las publicaciones de medios que recogen estas denuncias . La empresa asegura que ha incorporado cláusulas de derechos humanos en los contratos con contratistas y proveedores, en las que se prohíbe expresamente cualquier relación o financiamiento de actores armados ilegales.

Para Fabián León, director del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), una organización dedicada a investigar y promover el respeto a los derechos humanos en las empresas, era indispensable tener en cuenta en la evaluación del proyecto las denuncias respecto a violaciones de derechos humanos que han sufrido las comunidades en el contexto de la exploración petrolera, y las presuntas  malas prácticas de Amerisur y también de Geopark. “Cuando Geopark compró los proyectos en Putumayo, nace la Nueva Amerisur, se compra también todos los problemas. No se hizo una debida diligencia y además no tuvo en cuenta el factor del conflicto armado para realizar su evaluación”, explica León. 

Avisos informativos de la plataforma 5, Campo Platanillo, Putumayo. Por: Juan Carlos Contreras

Según el director del CIEDH, no solo las denuncias y el contexto de seguridad debían ser evaluados. El hecho de que uno de los actores involucrados fueran comunidades indígenas obligaba al PNUD Colombia a aplicar un enfoque diferencial, acorde con los estándares internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas. Esto implicaba adoptar medidas específicas para garantizar la participación efectiva del pueblo siona y analizar si el proyecto podía tener impactos negativos sobre la existencia, el valor, el uso y el disfrute de sus territorios.

Para la comunidad indígena del resguardo Buenavista y la comunidad campesina, la alianza entre el PNUD y Geopark resultaba contradictoria con los principios del proyecto Amazonía Sostenible, liderado por la misma oficina del organismo multilateral. “Era incoherente con la posibilidad efectiva de protección ambiental y territorial que se está pactando justamente con la empresa que más amenaza la fragilidad de la Amazonía”, afirmó uno de los líderes que por razones de seguridad prefiere no mencionar su nombre.

La oficina de PNUD Colombia, como se encuentra en el informe, argumentó que debido a que la alianza con Geopark se dio en medio del confinamiento por la pandemia y una situación de capacidades reducidas no se había completado el diagnóstico social y ambiental. Este procedimiento era esencial para determinar la viabilidad de la alianza. Por lo tanto, la oficina decidió clasificar el proyecto como de “riesgo bajo”.

Para la abogada Espinosa el proyecto debió calificarse como “alto riesgo” y después cancelarse, “por el alto impacto que causaría legitimar una exploración petrolera que ha tenido un conflicto con las comunidades, resquebrajando el tejido social. Permitiendo que se consolide, afectando la integridad territorial, derechos ambientales y la dignidad de las comunidades”, afirmó.

Los olvidaron 

Durante la investigación, la oficina del PNUD en Colombia informó a la SECU que el resguardo Siona Buenavista y Adispa no eran considerados actores clave del proyecto, bajo el argumento de que no se encontraban dentro del área directa de implementación. Según el informe, “los proyectos no estaban siendo implementados dentro del Resguardo (…) y Adispa no era un actor clave porque no era un beneficiario del proyecto”.

Los líderes de Adispa informaron a SECU que en enero de 2021, poco tiempo después de la aprobación de la alianza, empleados de Geopark visitaron la Zona de Reserva Campesina y mencionaron expresamente  la alianza entre PNUD y la petrolera. Uno de los líderes, que por razones de seguridad prefiere no ser mencionado, afirmó que los funcionarios de la empresa le informaron que las actividades desarrolladas por PNUD estaban siendo financiadas con recursos provenientes de Geopark. Para los líderes fue una situación en la que se sintieron intimidados.

Los funcionarios de PNUD del proyecto ‘Amazonía Sostenible’ decidieron hablar con sus compañeros que llevaban el proyecto con la petrolera, con el objetivo de conocer el alcance de la alianza con Geopark y manifestarles la situación de conflicto social en la zona, y la reciente visita de los empleados de la multinacional a las instalaciones de Adispa.  El personal local del Amazonía Sostenible identificó que varias de las veredas en las que el proyecto con Geopark esperaba trabajar estaban ubicadas en la Zona de Reserva Campesina La Perla Amazónica. Como está descrito en el informe, se comunicó a los encargados de la alianza con la petrolera las condiciones de seguridad de los líderes de Adispa y los reportes que conectaban a Geopark. 

En respuesta a estas preocupaciones, el personal que llevaba la alianza con Geopark le pidió a la petrolera  dividir el proyecto en dos fases. Así retrasarían la implementación en la Zona de Reserva Campesina y aceleraría el proyecto para las comunidades que no habían expresado su rechazo a la presencia de la multinacional con el fin de generar interés y participación entre las comunidades que se resistían a la petrolera.

Como recolectó la investigación, un funcionario del programa de Sector Privado envió el siguiente mensaje por correo electrónico a Geopark: “En la primera fase...Identificaríamos las veredas consideradas más solidarias con la presencia de la empresa, la idea es implementar los proyectos de manera mucho más ágil y convertirlos en victorias tempranas en el territorio, provocando el interés, la confianza y la participación de las restantes. De esta manera, “con hechos”, se sentiría la llegada de la “nueva Amerisur” con metodologías participativas: “aprender haciendo”, sostenibles, incluyentes y todo lo que contienen las metodologías de PNUD".

Ante estos hechos, la SECU concluyó que la Oficina del PNUD en Colombia no garantizó que los actores clave tuvieran acceso a la información relevante sobre el proyecto, incluidos sus objetivos, actividades y posibles riesgos. Por el contrario, excluyó deliberadamente a “grupos que se oponen al desarrollo petrolero y que apoyaban a la Zona de Reserva Campesina”, lo cual —según el informe— fue inconsistente con las normas del PNUD sobre la no discriminación, incluso por razones de opinión política.

Además, la Oficina no garantizó una participación efectiva e informada de estos actores en la formulación ni en la implementación del proyecto. Esta omisión no solo vulnera estándares de consulta, sino que, según advirtió la SECU, abrió la puerta a futuros conflictos, especialmente porque la selección de los beneficiarios del proyecto debía contar con la aprobación tanto del PNUD como de la propia petrolera.

Tanto para el resguardo Buenavista como para la abogada Espinosa era inconcebible esta alianza, cuando las Naciones Unidas tienen como una de sus misiones la protección ambiental, territorial y de pueblos indígenas. Y aun así pacte acuerdos con empresas que se han visto inmiscuidas en conflictos sociales y ambientales. “PNUD hizo una alianza con la empresa petrolera que más ha amenazado la fragilidad ecosistémica e incluso oponiéndose jurídicamente en el proceso de restitución de derechos territoriales”, enfatizó Lina María Espinosa

Mejorar la imagen 

“Nosotros perdimos la confianza. Nos cuesta volver a creer en las organizaciones como PNUD o Naciones Unidas después de lo que pasó con la Nueva Amerisur”, afirmó uno de los líderes tradicionales del pueblo siona. 

La alianza entre la petrolera y PNUD no solo mostró los problemas internos de evaluación de proyectos sino también generó un quiebre de confianza tan grave que la comunidad siona llegó a devolver fondos que les habían dado para el proyecto de conservación. Consideraron que la entidad “había ignorado una lucha de defensa de la vida, el territorio y la dignidad” .

Como lo resalta la SECU en el informe, “se puede considerar que las acciones del PNUD equivalen a un aval implícito de Geopark que socavó la percepción de legitimidad e independencia del PNUD con actores clave fundamentales, y transmitió beneficios a la empresa, que presentaron riesgos sociales y ambientales significativos para las comunidades locales, así como un riesgo significativo para la reputación del PNUD”. 

Como lo explica Fabián León, cuando el PNUD o la cooperación extranjera apoya iniciativas, las comunidades dan por sentado que hay un debido proceso de investigación, de revisión de cumplimiento de derechos humanos y ambientales y cuando pasan estas situaciones, las comunidades pierden la credibilidad ante las organizaciones. 

“Los proyectos deben garantizar la prosperidad compartida, pero este tipo de prácticas de ocultamiento de información, de manipulaciones de organizaciones locales y de desviar el sentido de lo que quería hacer la cooperación no genera esa prosperidad compartida. Todo lo contrario, termina favoreciendo la imagen de la empresa”, enfatizó León.

Y es que la empresa quería que todo mundo conociera su alianza con PNUD. Pese a los protocolos que desaconsejan el uso del logo del Programa de Naciones Unidas por parte de los socios del sector privado, Geopark lo mostró en cada comunicación que hizo en el marco del proyecto. Hasta después de la cancelación, la página web de la petrolera incluía el logo de PNUD. Además de usar los logos de manera conjunta generaba una percepción de respaldo, las comunicaciones públicas de la entidad no se limitaron a describir el proyecto, sino, como lo muestra la investigación interna, tuvieron el “ efecto de proyectar una imagen más general de Amerisur/Geopark como una buena oportunidad para el desarrollo sostenible y el bienestar de las comunidades locales en las que opera”.

Se construye infraestructura para facilitar los desplazamientos desde y hacia campos petroleros de Platanillo. Foto por: Juan Carlos Contreras

Por ejemplo, durante el evento, el representante del PNUD afirmó "esta alianza estratégica nos permitirá integrar la experiencia de Geopark en el territorio con nuestras soluciones integrales de desarrollo para acompañar a las comunidades vecinas en su reactivación socioeconómica". 

La SECU determinó tras su investigación que la percepción de la alianza sí socavó las percepciones de los actores claves en relación con la independencia e integridad de PNUD. Por ello, concluyó que la Oficina de Colombia no evaluó ni gestionó los riesgos y compromisos reputacionales. 

El resguardo Buenavista determinó que no volvería a trabajar con la oficina de PNUD en Colombia y regresó el dinero que había sido entregado por el organismo multilateral. “Uno queda como desnudo, por decirlo así, fue la muerte para la relación entre nosotros y el PNUD”, señala uno de los líderes tradicionales del resguardo. 

En la misma vía la abogada Lina María Espinosa manifestó que, la alianza “evidenció una actuación opaca e incoherente con la posibilidad efectiva de protección ambiental y territorial”. 

Al preguntarle a la petrolera por los hallazgos del informe, respondieron que “La investigación de la SECU se enfocó exclusivamente en evaluar el cumplimiento de los procedimientos internos del PNUD Colombia para la celebración de alianzas estratégicas, y no en las actuaciones de terceros como Geopark o Amerisur”.

Por su parte, PNUD Colombia respondió que, “El acuerdo fue concebido originalmente para desarrollar estrategias integrales de recuperación económica orientadas a mejorar las condiciones de vida de las personas más afectadas por la crisis del COVID-19. Sin embargo, fue cancelado antes de su implementación, en respuesta a preocupaciones planteadas por representantes de la sociedad civil, autoridades indígenas y organizaciones locales”. Además respondieron en un correo electrónico que, desde el 2021 se fortalecieron las capacidades de la oficina del PNUD mediante capacitación y una supervisión más sólida. (leer respuesta completa)

La investigación de la SECU paró totalmente el proyecto con la petrolera. Sin embargo, para el resguardo Buenavista no es suficiente. Piden que se realice un acto público de disculpa, por parte del Pnud, al ignorar una lucha ancestral por la supervivencia de un pueblo en vías de desaparición.

*Esta investigacion se hizo con el apoyo de la Fundacion Heinrich Boll 

Actualizado el: Jue, 07/31/2025 - 08:51

Por: Juan Carlos Granados T

Casi todo el departamento amazónico de Guaviare, ubicado al suroriente de Colombia, está amparado por medidas de protección ambiental desde hace más de 60 años. Aun así, extensas trochas atraviesan su territorio. Se observan desde el cielo con facilidad, como si hubieran sido trazadas a pulso con un lápiz.

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Entre parches de deforestación y bosques frondosos se abren paso diversas vías que cargan consigo una historia de necesidades, colonización, grupos armados ilegales, deterioro ambiental e inoperancia estatal.

Sin embargo, una de ellas ha pasado totalmente desapercibida. En el municipio de El Retorno hay una carretera de 57 kilómetros, sin nombre definido, que tiene un tramo importante de su extensión dentro del área de Reserva Forestal de la Amazonía —una figura de protección creada en 1959—. Comunica a los centros poblados de La Libertad y La Paz, dos de los más importantes del municipio. La Paz colinda con la Reserva Nacional Natural Nukak, un área natural protegida, y la frontera entre ambas comunidades la traza el río Inírida.

A finales de 2020, el Ministerio de Transporte aprobó el Plan Vial Departamental del Guaviare en el que se incluyó la vía que conecta a La Libertad con La Paz, la cual se estima que existe desde los años ochenta. Aproximadamente cuatro décadas después, la Gobernación del Guaviare decidió que esta trocha, abierta por las comunidades veredales ante la necesidad de movilizarse, debía ser parte de la planificación del departamento. No obstante, aún no ha habido avances en la formalización de la carretera y sigue siendo considerada una carretera ilegal, ya que no cuenta con licencia ambiental.

Enrique Caballero, consultor de apoyo en temas de infraestructura de transporte de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente de la Amazonía (CDA), autoridad ambiental en el Guaviare, explica que la actual gobernación (que inició el 1 de enero de 2024) está evaluando si continúa o modifica el proceso de formalización de la carretera La Libertad – La Paz que viene desde 2020, durante la administración anterior.

“Para formalizar la vía y mitigar el daño es necesario que la Gobernación adelante el proceso de licencia ambiental con la CDA y solicite la sustracción del tramo de la carretera que se encuentra dentro de la Reserva Forestal ante la Dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente, pero aún no lo ha hecho”, dice Caballero. Mientras eso se discute, un silencioso pero fuerte acaparamiento de tierras avanza en los sectores por los que pasa esta trocha.

Una vía abandonada a su suerte

La Ley 99 de 1993 creó el Ministerio de Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales y desde ese momento se estableció que “todo proyecto que genere un impacto ambiental debe realizar los trámites correspondientes para vigilar y mitigar el daño”. La CDA explicó en la respuesta al derecho de petición que envió esta alianza periodística que la vía La Libertad – La Paz cuenta con una “restricción absoluta” debido a que fue abierta antes de 1993 sin ningún tipo de proceso administrativo ambiental, por lo que no tiene licencia. Si a esto se le suma el traslape con la Reserva Forestal, se hace aún más compleja la situación.

Heriberto Tarazona, quien fue coordinador territorial del Guaviare para la Comisión de la Verdad —entidad estatal creada para conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado y contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas— relata que conoció la trocha en 1992 y que para ese momento el campesinado ya había llegado y colonizado hasta el río Inírida, en el límite con la Reserva Nacional Natural Nukak.

Tarazona explica que las familias se establecieron, hubo praderización y creación de nuevos centros poblados ante los ojos de todo el mundo y en medio de la presencia y control de las FARC. “La ley y el ordenamiento ambiental elaborado desde el centro del país llegó tarde y no correspondía a la realidad del territorio, condicionando a la gente que se asentó en medio de la Reserva Forestal e hizo carreteras como la de La Libertad – La Paz, que fueron tachadas de ilegales”, sostiene.

Paola Marín, investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), comenta que las FARC participaron en mayor o menor medida en la apertura de vías como La Libertad – La Paz porque también era una necesidad para ellos. “Buscaban capacidad de movilización para transportar pasta base de coca, por ejemplo, y en medio de eso la gente también ansiaba formas de trasladarse”, señala.

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En 2016, el Ministerio de Transporte expidió una resolución que la clasificó como una vía de tercer orden, denominación que se le da a los caminos sin pavimentar que conectan cabeceras municipales con veredas. Una lideresa de El Retorno relata que ella nació a la orilla de esta trocha, que pasa por las veredas La Tabla, Alto Cachamo, El Porvenir, Puerto Florida, El Recreo, Caño Barroso, Caño Azul, Villa Linda, la Nueva Barranquillita, Kuwait, Panguana II y finalmente La Paz.

“Es un corredor donde transitan muchas familias. Actualmente se encuentra en buen estado porque las comunidades la han arreglado por sus propios medios”, explica la lideresa. Al estar dentro de Reserva Forestal, las intervenciones de terceros no están permitidas, pero campesinos como Pinilla crecieron allí y aseguran que ha sido una solución a su necesidad de movilizarse.

La lideresa cuenta que las Juntas de Acción Comunal (JAC) organizan el mantenimiento de la trocha a través de la creación de peajes en los cuales se le cobra a la comunidad que utiliza la carretera y con ese dinero se realizan las reparaciones y arreglos. Sin embargo, en todo momento deben pedirle permiso al Frente Primero de las disidencias de la antigua guerrilla de las FARC, porque ellos dominan el territorio.

A la falta de licencia ambiental y a la restricción vigente por estar dentro de Reserva Forestal, se le suma una medida cautelar que prohíbe la entrada de toda maquinaria amarilla en un tramo de la carretera. El 3 de diciembre de 2019, Edwin Andrés Piñeros Andrade, juez primero promiscuo municipal de San José del Guaviare, accedió a la solicitud hecha por Madeleyne Pérez Ojeda, fiscal 8 especializada, para imponer medidas de protección desde La Libertad hasta la vereda Barranquillita y de ahí hasta Miraflores.

La determinación incluyó la prohibición de maquinaria oficial, pública o privada, el retiro de cualquier artefacto para arreglar ese tramo y la suspensión de inversión pública. La lideresa comenta que la medida cautelar comprende parte de la vereda conocida como Caño Azul, lo que complica la situación para las comunidades porque allí hay un Núcleo de Desarrollo Forestal, proyecto ambiental implementado por el Estado en zonas que han sido focos de deforestación, para que la población local realice un trabajo de conservación del bosque.

En junio del año pasado, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) publicó el informe “Ganadería como motor de deforestación: Condiciones habilitantes y dinámicas territoriales en el Guaviare” en el que señala que “la falta de homogeneización de nombres y denominaciones viales en las distintas fuentes de información, así como las discrepancias entre la descripción de las vías y la información espacial de estas, no permiten hacer un seguimiento certero a estos proyectos ni a sus impactos territoriales”. Por ejemplo, en este reportaje se hace  referencia a la carretera como La Libertad – La Paz porque de esta manera la llaman las organizaciones del territorio y la CDA, pero en la categorización del Ministerio de Transporte de 2016 la denominan Pueblo Nuevo – Caño Barroso o como El Progreso – Caño Azul. En otros documentos la nombran de otras formas, como vía vereda La Paz – Reserva Nukak, lo que genera inconvenientes al momento de investigarla.

Un investigador de la FCDS que pidió la reserva de su nombre comenta que mucha de la información que hay acerca de esta carretera es vaga o inexacta, por lo que no solo es una vía compleja en términos de acceso por cuestiones de seguridad, sino también a la hora de realizar un análisis documental. “No tiene un nombre unificado, inicia o termina desde distintos tramos dependiendo del archivo, por lo que se hace complejo establecer lo que la Gobernación adelanta [para legalizarla]”, afirma.

Mientras tanto, la devastación se mantiene. Mongabay Latam realizó un análisis geográfico y satelital de las vías, las cifras de deforestación, los cultivos ilícitos de coca y la ganadería alrededor. Lo que se obtuvo fue que a un kilómetro de esta vía se deforestaron 3 560 hectáreas, es decir, 31 veces el tamaño del Parque Simón Bolívar de Bogotá. Esta es una cifra que se triplica cuando el estudio se extiende a un radio de cinco kilómetros. Además, pudimos determinar que esta deforestación continúa hasta la fecha, ya que entre enero y mayo de este 2025 se han detectado 34 350 alertas de deforestación en la plataforma Global Forest Watch (GFW) a cinco kilómetros de La Libertad-La Paz.

Deforestación, coca y mercado de tierras

A pesar de los trámites, la vía sigue siendo clasificada como ilegal debido a la falta de licencia ambiental. Esta trocha, sobre todo el tramo que se encuentra dentro de la Reserva Forestal, es controlado por las disidencias de las FARC, quienes determinan si se deforesta o no.

Luego de que algunos sectores de la guerrilla decidieron no dejar las armas después de la firma del Acuerdo de Paz, el Frente Primero Armando Ríos se agrupó en la zona y actualmente tiene al municipio de El Retorno como su fortín. Este grupo está bajo el mando de Iván Mordisco, quien también lidera otras estructuras armadas criminales que operan en el país.

“Hubo un incremento de la tala de árboles después de 2016 como respuesta de la población a las transformaciones sociales que se prometieron. La gente empezó a abrir más selva para acceder a tierra, trabajar en la ganadería y para contar con alternativas económicas distintas a la siembra de cultivos de coca”, explica Paola Marín, investigadora de Pares.

Los datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) muestran el aumento de la tala de árboles en El Retorno. El municipio pasó de tener una pérdida de bosque de 3082 hectáreas en 2016 a 7512 en 2017, es decir, un incremento del 144 %.

Heriberto Tarazona, ex investigador de la Comisión de la Verdad, dice que este incremento en la deforestación ocurrió porque “por primera vez hubo un interés de inversionistas en el mercado de tierras en zonas como El Retorno, debido a que disminuyó el riesgo de ser secuestrado o pagar grandes sumas de dinero en extorsión”.

Esta alianza periodística le solicitó al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) el número de cabezas de ganado en los centros poblados de El Retorno y la entidad respondió que no había registro de animales en estos sitios. Sin embargo, compartió la base de datos de la cantidad de animales vacunados (bovinos y bubalinos) contra la fiebre aftosa en el segundo semestre de 2023 en El Retorno. Los sitios en los que hay mayor cantidad de animales vacunados, en su mayoría vacas, coinciden con los puntos de concentración de la deforestación. A pesar de  que la ganadería no está permitida dentro de áreas de Reserva Forestal, la realidad es otra, pues el ICA debe vacunar a todos los animales para evitar epidemias.

La CDA relató en su respuesta al derecho de petición enviado que desde el 2017 hay procesos sancionatorios por actividades de deforestación en áreas de influencia de esta vía, pero no especificó cuántos. Archivos de la entidad muestran que en las veredas de mayor ganado y deforestación también hay investigaciones y sanciones. Por ejemplo, en 2017, la CDA formuló cargos contra Jimi Armando Cano por afectaciones ambientales, sobre todo en el sector de La Panguana, donde taló más de 100 hectáreas.

También hay cuatro expedientes de 2024. En uno de ellos se afectaron siete hectáreas de bosque y se impuso una multa de casi ocho millones de pesos (cerca de 2000 dólares). En el segundo se inició un proceso por deforestar 12 hectáreas, en el tercero se investiga la tala de 36 hectáreas y en el cuarto la deforestación de 48 hectáreas.

La FCDS en su informe señala que tras el fracaso del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, en El Retorno hubo una migración por parte de los campesinos para volver a sembrar coca, lo que “fomentó la deforestación en zonas sin ocupación previa y abrió la primera puerta para la llegada de inversores externos en tierras”.

El documento explica que los actores económicos que entraron a la zona tenían capacidad suficiente para “transformar inmensas porciones de selva en praderas, con la intención de expandir negocios de ganadería”. Además que la mayoría de estos terratenientes no frecuentan las fincas y contratan mano de obra local para deforestar y cuidar las tierras.

El investigador de la FCDS señala que el acaparamiento de tierras “puede que esté pasando desapercibido por la falta de información y posibilidad de acceso a este sector”. El experto agrega que este territorio es muy hermético y sólo es posible transitarlo si se tiene autorización del Frente Primero de las disidencias de las FARC.

La Reserva Natural Nacional Nukak también se ha visto afectada por el desborde de la especulación y mercado de tierras, ya que el centro poblado de La Paz colinda con esta área natural protegida. Este sitio, comenta la lideresa Mayerli Pinilla, alberga aproximadamente 140 casas, tiene polideportivo, comercio, puesto de salud y es la puerta de entrada al río Inírida y a la Reserva Nukak. La economía en La Paz gira alrededor de la pasta base de coca, que es usada como moneda de cambio para comercializar distintos bienes y servicios.

En 2o22, el Guaviare registró 4935 hectáreas de coca sembradas y El Retorno concentró el 44 %. Al año siguiente se pudo determinar que 221 hectáreas de coca se encontraban a cinco kilómetros de la carretera La Libertad – La Paz. Como lo mencionó Paola Marín de Pares, vías como esta son usadas como corredores para transportar pasta base de coca.

Parte de la siembra que se hace en la Reserva Nacional Natural Nukak ha entrado por la vía La Libertad – La Paz, así como lo ha hecho la praderización para acaparamiento de tierras. En el boletín 34 del IDEAM sobre el primer trimestre de 2023, última alerta temprana que habla directamente de esta trocha y sus dinámicas, se menciona que las detecciones de deforestación en veredas como Panguana y La Paz, en el municipio de El Retorno, afectan a la Reserva Nukak. La entidad señaló que las principales causas eran la praderización para acaparamiento de tierras, prácticas no sostenibles de ganadería extensiva, infraestructura de transporte no planificada y cultivos ilícitos.

El control de los armados sobre la deforestación

Las dinámicas ambientales en municipios amazónicos como El Retorno son volátiles. Entre 2021 y 2022 hubo una disminución en las hectáreas deforestadas, pasando de 5 130 a 2 410. Paola Marín señala que el crecimiento de las disidencias de las FARC generó una disminución en la pérdida de bosques debido a regulaciones y restricciones que le impusieron a la población.

En los diálogos de paz a inicios del 2024 entre el Gobierno de Gustavo Petro y lo que se conocía como el Estado Mayor Central (EMC) de las FARC —un conjunto de frentes, columnas y bloques de disidentes y desertores del Acuerdo de Paz de 2016, más nuevos reclutas— se estableció un punto acerca de proyectos comunitarios para el cuidado de los departamentos amazónicos. Iván Mordisco, quien era el máximo comandante del EMC en ese momento, presentaba a esta organización ilegal como la protectora de la selva.

De hecho, el experto de la FCDS asegura que si el Frente Primero quisiera detener la deforestación, praderización y negocios con la tierra en veredas como Kuwait o Nueva Barranquillita, sectores atravesados la vía La Libertad – La Paz, no habrían reducciones sino que sencillamente se erradicaría, porque ellos son los que tienen el control del territorio por medio de las armas. “Incluso impusieron una especie de ‘impuesto predial’ a las fincas”, indica el investigador.

Un líder del Guaviare que pidió el anonimato por seguridad, dice que el EMC vendía la imagen ante la opinión pública de que ellos protegían el medio ambiente, pero manifiesta que la realidad es otra. “Los lugares con más hectáreas tumbadas son donde ellos tienen más presencia, son un actor más del negocio”, sostiene el líder.

En el primer trimestre de 2024, la ministra de ambiente Susana Muhamad comunicó que hubo un aumento en la tala del 40 % para ese periodo, en parte, como estrategia de presión por parte del EMC en la mesa de negociación con el Gobierno. La expansión armada de los grupos ilegales ha puesto en riesgo a los defensores de derechos humanos y líderes ambientales.

Tras la fractura y división entre la gente de Iván Mordisco y la de alias Calarcá —el otro comandante de la facción del EMC que aún continúa en diálogo con el Gobierno de Gustavo Petro— se expulsó a Mordisco y su gente de la negociación por asesinar y hostigar a la población indígena del departamento del Cauca. “Los hombres de Mordisco, quizás por estrategia política de cara al Gobierno, y preparándose para la guerra que viene contra los de Calarcá, quieren estar en buenos términos con la población, por lo que ellos ahora sí permiten la entrada de dinero al territorio [deforestación y acaparamiento]”, agrega el líder.

En medio de las dinámicas de acaparamiento de tierras en una Reserva Forestal que cada vez es más borrosa, las comunidades quedan atrapadas entre la violencia de los grupos armados y la incapacidad del Estado de tener un control efectivo del territorio. El pasado 11 de junio, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento sobre la “inminente confrontación armada” en el Guaviare, especialmente en el caserío de La Paz, donde la comunidad podría quedar en medio del fuego cruzado y de desplazamientos por los enfrentamientos entre las estructuras disidentes de las extintas FARC. La entidad declaró la situación como “alarmante” y pidió la activación de un corredor humanitario para la evacuación segura de la población civil.

En el último informe de Global Witness sobre homicidios de líderes ambientales, la ONG señala que Colombia, en 2023, fue el país con mayor cantidad de defensores asesinados en el mundo con 79, lo que representa el 40 % de las víctimas que ejercían este liderazgo en el planeta. En zonas como las que comprende la vía La Libertad – La Paz, el riesgo de muerte está latente para todo aquel que alce la voz en contra de los actores ilegales y económicos y sus dinámicas en contra de la naturaleza.

Imagen destacada: Imagen satelital de un tramo de la vía de La Libertad-La Paz, donde se puede observar la deforestación causada por la carretera, así como pozos de agua, corrales y demás infraestructura para la cría de ganado. Crédito: Google Earth – Mongabay Latam

Según las cifras del instituto, cuatro de las seis veredas de El Retorno donde hay mayor cantidad de animales vacunados están cerca a la vía La Libertad – La Paz. Kuwait (8248) y Caño Azul (7288) están en el segundo y tercer puesto respectivamente y La Panguana (7213) y Nueva Barranquillita (6422) en el quinto y sexto. Es más, el Retorno pasó de tener 103 mil cabezas de ganado en 2016 a 188 094 en 2023, lo que representa un aumento del 82 %. Y no sólo esto, esta alianza periodística pudo determinar que, hasta el 2023, a 1 kilómetro de la vía La Libertad – La Paz había 14 892 reses.

El informe previamente citado de la FCDS muestra que las veredas mencionadas lideran la deforestación no sólo en El Retorno, sino también en todo el Guaviare. Entre 2016 y 2022, tanto en Kuwait como en Nueva Barranquillita se tumbaron más de 3100 hectáreas de bosques, de acuerdo con cifras del IDEAM. La situación en estas dos zonas, detalla el documento, es de las más graves en el departamento. Por otra parte, en La Paz y La Panguana se han deforestado 1700 y 1500 hectáreas respectivamente.

Actualizado el: Lun, 06/16/2025 - 10:37

Por: Pilar Puentes Espinosa 

La historia se repite una vez más. En la vereda Los Cedros del corregimiento de Belén de Bajirá, en el municipio de Mutatá, en el Urabá antioqueño, campesinos señalan que fueron amenazados en abril de 2025, en medio de la entrega material de predios en restitución de tierras. Según señalan las víctimas, la representante legal de la empresa Todo Tiempo SAS, María Teresa Moreno, llegó acompañada de dos hombres armados que se identificaron como miembros de la ‘organización’. Intimidaron a los solicitantes y les prohibieron usar sus celulares y quienes lo intentaron les pidieron borrar cualquier registro de lo que estaba pasando.  

Esta compañía, que se dedica a la ganadería y al cultivo de palma, concentra el 70% de los predios que ha sido solicitada en restitución de tierras en el municipio de Mutatá, según datos de la Unidad de Restitución de Tierras. De acuerdo a las sentencias, durante la década de los noventa, mientras arreciaba la violencia paramilitar, acumuló cerca de mil hectáreas, de varios predios que habían pertenecido a víctimas que salieron desplazados. Varias de ellas le vendieron sus fincas al empresario Gabriel Jaime Sierra que, a su vez, se las vendió a Todo Tempo.

Mutatá hace parte de la región del Urabá antioqueño. Se han expedido cinco sentencias de restitución de tierras a favor de los campesinos desplazados en la década de los noventa

Las intimidaciones denunciadas por los campesinos en abril de 2025 no son las primeras que sufren. Hechos similares han ocurrido desde 2015, cuando alrededor de 14 familias campesinas decidieron retornar a las fincas que están reclamando por restitución y que se encuentran dentro de un terreno más grande conocido como la hacienda Monteverde. Ese año entraron a la tierra sin acompañamiento institucional y fueron agredidos por un grupo de aproximadamente 80 hombres, algunos encapuchados, que destruyeron las viviendas de madera e intimidaron a las personas con palos y machetes. La organización Forjando Futuro, abogados de los solicitantes de tierra, denunciaron la situación ante la justicia. 

Dos meses después de este  hecho, un grupo de reclamantes de la Asociación Tierra y Paz adelantaron una protesta en Monteverde. Los trabajadores de la finca atacaron a los labriegos con  rifles de paintball, gases pimienta y tábanos eléctricos, causando lesiones a cinco campesinos.

Hombres usando armas de paintball impidieron el ingreso a los solicitantes. Por: Forjando Futuro

También, como fue denunciado y documentado por el Instituto Capacitación Popular (IPC), una organización de la sociedad civil que ha acompañado a estos campesinos en sus reclamaciones,   el 28 de octubre de 2014, un grupo de hombres que trabajaba en Todo Tiempo impidió el ingreso de una comisión de topógrafos de Forjando Futuro. Dicha comisión adelantaba un levantamiento topográfico de 28 predios para la solicitud de restitución de tierras. 

Como lo afirma Gerardo Vega, representante de las víctimas y abogado de Forjando Futuro, la familia Moreno ha obstaculizado la entrega material de los predios en varias ocasiones. No solo lo han hecho al impedir el ingreso a la tierra sino también modificando los linderos, es decir, cambiando el tamaño de las parcelas entregadas a las víctimas.

En 2015, alrededor de 14 familias decidieron retornar a las fincas dentro de la hacienda Monteverde, pero fueron agredidas por un grupo armado de unos 80 hombres, destruyeron sus viviendas y les impidieron acceder a sus tierras. La organización Forjando Futuro denunció el ataque ante la justicia. Dos meses después, campesinos de la Asociación Tierra y Paz protestaron en Monteverde, donde fueron atacados por trabajadores de la finca con rifles de paintball, gases pimienta y tábanos eléctricos.

Carlos Zapata, investigador del IPC narró que los problemas persisten desde el 2015. “Siguen modificando los linderos y los altercados con la empresa opositora. Sin embargo, los campesinos continúan construyendo sus casas”, contó Zapata.  

Varios de los campesinos han interpuesto, al menos, tres denuncias en la Fiscalía General por amenazas de muerte. También el caso fue llevado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entidad a la que solicitaron protección.

Todo Tiempo es una empresa de la familia Moreno Pérez, dedicada a la ganadería y cultivos de palma creada el 6 de diciembre de 1996 en Medellín. Tenía aproximadamente mil hectáreas, que cubrían las veredas Los Cedros, Palmichal y Nueva Esperanza, en Belén de Bajirá. El periodista Juan Diego Restrepo y María Elena Florez contaron en su libro Mutatá: conflicto, despojo y resistencia,  que desde 2008 la empresa mantuvo relaciones comerciales con la Sociedad Aceites, una planta extractora afiliada a la Asociación de Ganaderos del Urabá Grande. Esta asociación ha tenido en sus cargos directos a varios ganaderos vinculados con el paramilitarismo, especialmente con el bloque Bananero, comandado por Raúl Emilio Hasbum, alias ‘Pedro Bonito’.  

Acta de accionistas de la empresa Todo Tiempo para 2015.

El principal accionista de Todo Tiempo es Luis Fabio Moreno Ruíz, quien adquirió  predios que componen la hacienda Monteverde y fue denunciado en 2018 por la Fundación Forjando Futuro, el Instituto Popular de Capacitación y la Asociación de Reclamantes Tierra y Paz de hacer parte de un plan criminal que tenían como objetivo silenciar a los líderes comunitarios que luchan por la restitución de tierras en el Urabá.  Las organizaciones denunciaron las amenazas a la Fiscalía en julio de ese mismo año. Esta denuncia no ha avanzado en el ente investigador.

El despojo 

La de la hacienda Monteverde es la historia de desplazamiento y despojo del Urabá antioqueño. El Tribunal Superior de Antioquia en 2015 ordenó la restitución de cuatro familias campesinas y una indígena, de la etnia emberá. Los predios Mi Bohio, La Esperanza, Nutibara I, Nutibara II y Los Popocho se encontraban dentro de la hacienda Monteverde. 

Una de las solicitantes es Alicia Domicó, quien narró cómo tuvo que vender su predio por los hechos de violencia en la región. “Yo me vi obligada a vender por el terror que nos causó tanta violencia , al ser testigo de tanta muerte que causó las autodefensas. Los amigos nos decían que éramos blanco de los paramilitares por ser indígenas y nos culpaban de ser colaboradores de la guerrilla”,afirmó Domicó al juez de tierras. 

Las víctimas realizaron una manifestación pacífica exigiendo entrar a los predios restituidos o en proceso ante el Tribunal de Tierras

Alicia Domicó era la dueña de Mi Bohío. En  1993 el extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) se lo adjudicó. Al igual que varios de los solicitantes,  en medio de la violencia, Domicó le vendió por bajos precios a Luis Fabio Moreno Ruíz, el 3 de julio de 1997, después fue transferido el 5 de febrero de 2009 a la empresa Todo Tiempo. 

En otros casos, los campesinos tras el desplazamiento forzado a manos de las autodefensas fueron contactados por comisionistas. Les insistieron en vender sus tierras para no tener problemas con los paramilitares en la zona. Luego de ser adquiridas, las parcelas fueron transferidas a Todo Tiempo. Este es el caso de  Rosa Villadiego, a quien le restituyeron la tierra en 2020 cuando le contó al Tribunal de Tierras que su padre adquirió los predios ‘Dios me Guía’ y ‘La Defensa’ entre 1985 y 1994. Cuando ingresaron los paramilitares en 1996, secuestraron a los hermanos de Rosa y posteriormente los asesinaron en el corregimiento de Nuevo Oriente, lo que causó el desplazamiento de la familia a Monteria, Córdoba. En 1997, el padre de Rosa se vio obligado a vender los predios a Fabio Moreno y Gabriel Jaime Sierra.  

Sierra fue comerciante de Medellín, Antioquia y representante legal de la empresa Palmas de Curvaradó, involucrada en el desplazamiento y despojo del Consejo Comunitario Curvaradó y representante legal suplente de Asociación Ganaderos de Urabá Grande, que como se mencionó anteriormente, ha tenido directivos condenados por paramilitarismo. En 2014, Jaime Sierra fue condenado a prisión por los delitos de desplazamiento forzado, invasión de áreas de especial importancia ecológica y concierto para delinquir agravado.

No demostraron la buena fe

Las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (Aucc) cometieron varios crímenes y desplazamientos que prácticamente vaciaron grandes territorios a comienzos de 1997, y luego se dirigieron a Mutatá. Este municipio era el último que conservaba, a mediados de los noventa, la tradición agrícola, cultivos de pancoger y habitantes sujetos de reforma agraria, como lo muestra el Centro Nacional de Memoria Histórica. A diferencia de los demás municipios del Urabá antioqueño, donde se centraba la economía, principalmente en la cría de ganado, el banano y la palma.

Los comandantes paramilitares Raúl Hasbún y Fredy Rendón Herrera se asentaron en Mutatá para ensañarse contra la población civil bajo un discurso contrainsurgente porque el Frente 5 de las Farc había estado en la zona. Asesinaron y desplazaron familias campesinas e indígenas y cambiaron la concentración de la tierra, como lo muestra una sentencia de 2023. 

Dada la arremetida paramilitar, se registró la Declaratoria de Zona de Inminencia de Riesgo de Desplazamiento en 2008, por parte del Comité de Población Desplazada de Mutatá y se profirió medida cautelar de prevención registral. 

El desplazamiento de la vereda Los Cedros, como lo explican las cinco sentencias de restitución hasta la fecha, sucedió durante el despliegue de la guerrilla y la consolidación del paramilitarismo, que se capitalizó a finales de la década de 1990,  “cuando arrebato miles de hectáreas a través de ventas forzadas y a bajo precio”. En la investigación Mutatá: conflicto, despojo y resistencia, Juan Diego Restrepo y María Elena Floréz revisaron los estudios registrales y los títulos de propiedad y encontró la mayoría de los predios reclamados en restitución hacían parte de un englobe de tierra llamado ‘hacienda Monteverde’, de la propiedad de Todo Tiempo.

Y es que el Tribunal de Tierras afirma que a pesar del conocimiento directo de la situación de violencia del Urabá antioqueño, especialmente en los  corregimientos de Belén de Bajirá y Nuevo Oriente, Todo Tiempo a través de Luis Fabio Moreno, adquirió vastas extensiones de tierra para formar un gran proyecto ganadero, negoció que logró consolidarse a través de comisionistas como Jaime Sierra.

La familia Moreno se ha opuesto a todos los procesos de restitución. En las cinco sentencias han declarado que actuó de buena fe exenta de culpa y que había libertad para negociar en el proceso de compra. Es decir, que los labriegos no fueron acosados por los factores de violencia ni presionados a vender los predios. Por el contrario, según los empresarios,  compraron al precio justo del mercado, se lee en la sentencia.

Es por ello, que la justicia determinó que Todo Tiempo se aprovechó del contexto generalizado de violencia para realizar las compras de la tierra. “Definir el despojo lo relaciona con un aprovechamiento directo de la situación de violencia, la que se encuentra sustentada probatoriamente, que conllevó a una privación arbitraria de la propiedad, posesión u ocupación de predios, y suele ocurrir a través de negocios jurídicos, como aconteció en el presente caso”, señaló el Tribunal.

En todos los procesos fallados de restitución de tierras, Todo Tiempo no ha logrado demostrar la buena fe exenta de culpa. La empresa no hizo todo lo posible para conocer qué estaba pasando en el territorio y tampoco para no aprovecharse de ello.  Rutas del Conflicto intentó contactar en varias ocasiones a la empresa o sus directivos pero no obtuvo respuesta. 

*Esta investigación fue realizada con el apoyo de la Heinrich Böll Stiftung en Colombia

Actualizado el: Mar, 05/27/2025 - 21:19

Desde septiembre de 2022 y hasta mayo de 2024, la filial colombiana de la petrolera estadounidense Chevron compró 3 millones de créditos de carbono a una comunidad indígena en la Amazonia colombiana. 

Esos créditos le permitieron a la petrolera compensar parte de su huella ambiental en Colombia. Usó el mecanismo de mercado llamado Redd+, que le da valor a los resultados positivos de conservación del resguardo indígena Cotuhé Putumayo, y redujo así el impuesto al carbono que debía pagar al Estado colombiano, por ser la suya una actividad económica altamente contaminante. Cada bono o crédito usado equivale a una tonelada de dióxido de carbono —uno de los gases de efecto invernadero que propician el cambio climático— que en teoría ya no sube a la atmósfera producto de ese esfuerzo ambiental.

Esta sería una buena noticia, salvo por el hecho de que miembros de la comunidad indígena que alberga el proyecto dice no conocerlo. Seis líderes del resguardo Ríos Cotuhé y Putumayo, en el trapecio amazónico en el extremo sur del país, dijeron a esta alianza periodística no tener ninguna información relativa a los documentos, las actividades o los recursos generados por la iniciativa llamada ‘Conservando la Vida del Mundo, Mowíchina arü Maü, Ríos Cotuhé y Putumayo’ que actualmente se lleva a cabo dentro de su territorio colectivo.

Esta es la segunda vez que Chevron usa los resultados ambientales de una comunidad indígena que argumenta no saber siquiera de la iniciativa en cuestión.

Ilustración: Miguel Méndez

Entre octubre de 2022 y junio de 2024, la petrolera estadounidense compró y usó 1,1 millones de créditos de carbono provenientes del proyecto Pachamama Cumbal, ubicado en los páramos y bosques nublados cuidados por un resguardo indígena en Nariño, en las montañas del suroccidente de Colombia. Entonces surgieron reclamos de indígenas pasto del resguardo del Gran Cumbal. Aseguraron que no estaban enterados de la existencia de esa iniciativa, como reveló una investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) de junio de 2023. Un grupo de ellos llevó el proyecto a los tribunales. Jueces de primera y segunda instancia les dieron la razón. Fallaron que sus derechos fundamentales habían sido violados.

Chevron se defendió en esa ocasión diciendo que confiaba en que dicho proyecto contaba “con los permisos y aprobaciones de la respectiva autoridad de gobierno indígena y también (…) los procesos de socialización respectivos”. La petrolera dijo tener un robusto proceso de debida diligencia para garantizar que invertía en iniciativas de alta calidad, asegurando que “nuestras compensaciones tienen un grado de cumplimiento aceptadas por los gobiernos en las regiones donde operamos”.

Ambos proyectos, el de Cumbal y el de la Amazonia, fueron desarrollados por la misma empresa mexicana, Global Consulting and Assessment Services S.A. de C.V., evaluados por la misma firma auditora, Deutsche Certification Body S.A.S., y autorizados para llegar al mercado de carbono por la misma certificadora, ColCX. A eso se suma que, pese a que la relación entre desarrolladores y auditores debe ser independiente e imparcial, la directora general de Global Consulting fue socia fundadora de Deutsche Certification Body, según reveló la investigación periodística de 2023. Es decir, la empresa donde hoy trabaja contrató a su antigua firma para que auditara su proyecto, creando un potencial conflicto de interés para ambas compañías.

Pese a esos antecedentes de las empresas involucradas, Chevron Petroleum Company –filial de Chevron Global Energy Inc. en Colombia y propietaria de 460 estaciones de gasolina de marca Texaco en el país- volvió a comprar créditos de una iniciativa en que éstas participaban. Al menos 1,3 millones de los bonos comprados por Chevron al proyecto en Cotuhé Putumayo fueron usados después de que dos jueces ordenaran la suspensión del otro proyecto en Nariño. Este es el hallazgo principal de esta nueva investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Mongabay Latam, con apoyo del Centro Pulitzer y publicada en alianza con Drilled, como parte de la alianza periodística Carbono Opaco que reúne a 13 medios de ocho países para indagar cómo está funcionando el mercado de carbono en América Latina.

Chevron usó casi un millón de esos bonos provenientes de la Amazonia después de que la entidad que vigila a todos los auditores en Colombia suspendió la acreditación de Deutsche Certification Body. En total, la petrolera compró 1,8 millones tras las revelaciones periodísticas sobre el caso Cumbal.

La petrolera argumenta que el proyecto en el resguardo Cotuhé Putumayo en ningún momento reportó problemas y que Global Consulting le dijo que las autoridades indígenas negaban que hubiese un conflicto en el resguardo, aunque aclaró que ya no tiene ninguna relación comercial con la empresa desarrolladora.

Esos hechos levantan preguntas serias sobre los estándares de debida diligencia de una de las mayores empresas de combustibles fósiles del mundo. El mecanismo llamado Redd+ promete ser una innovadora solución financiera que enlaza a empresas que quieren pagar para compensar su huella de carbono con comunidades locales que cuidan bosques estratégicos para mitigar la crisis climática global. No obstante, en algunos casos estas comunidades podrían no estar siquiera beneficiándose del trato.

El resguardo indígena Ríos Cotuhé y Putumayo, atravesado por el río Cotuhé acá visible, alberga 2.450 kilómetros cuadrados de selva amazónica en altísimo estado de conservación. Foto: cortesía de Rodrigo Botero / Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

Un proyecto a 100 años en el trapecio amazónico

En septiembre de 2022, la certificadora colombiana ColCX aprobó el proyecto Redd+ Conservando la Vida del Mundo, Mowíchina arü Maü, Ríos Cotuhé y Putumayo, que describe en su registro público como “una iniciativa de los pobladores indígenas tikuna del resguardo de los Ríos Cotuhé y Putumayo, representados por el Cabildo Indígena Mayor de Tarapacá (Cimtar), su organismo de gobernanza” a lo largo de un periodo de 100 años.

El centro del proyecto -que significa ‘vida de la diosa de los ríos Cotuhé y Putumayo’ en lengua tikuna o poguta- es ese territorio indígena de 2.450 kilómetros cuadrados (o el tamaño de Luxemburgo), que atraviesa la parte norte del trapecio amazónico colombiano desde la frontera con Perú hasta casi la de Brasil. Lleva el nombre de los dos ríos que lo atraviesan: el Cotuhé que fluye hacia el norte desde el Parque Nacional Amacayacu hasta encontrarse con el poderoso Putumayo o Içá, afluente del Amazonas, justo antes del pueblo de Tarapacá. En su interior viven doce aldeas indígenas que suman 2024 personas, en su mayoría del pueblo tikuna, aunque también hay indígenas okaina, bora y uitoto. La selva allí está en buen estado de conservación, aunque en años recientes se han detectado dragas de minería ilegal de oro en los dos ríos.

La Asociación Cabildo Indígena Mayor de Tarapacá (Cimtar), la autoridad indígena que históricamente ha gobernado en el resguardo, figura como propietaria del proyecto, mientras la empresa mexicana Global Consulting and Assessment Services S.A. de C.V. aparece como desarrolladora.

Varios líderes del resguardo, sin embargo, dicen no conocer la iniciativa que debería traerles ingresos para respaldar su trabajo de cuidado de una porción del mayor bosque tropical húmedo del mundo y cubrir sus necesidades básicas. La mayoría de aldeas del resguardo presentan un nivel entre regular y crítico de acceso a servicios públicos como energía eléctrica, alcantarillado, tratamiento de basuras y agua potable, según la matriz de Indicadores de Bienestar Humano Indígena (IBHI) que construyó el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi de la mano de las comunidades.

“Cero en todos los aspectos: cero información, cero participación, cero beneficios. No tenemos ningún documento, no sabemos qué se vendió, ni conocemos en qué se invirtió”, dijo Pepe Cham García, un líder indígena tikuna y actual representante legal de Cimtar, a esta alianza periodística.

“La gente no tiene conocimiento de si se avanzó o no, y eso genera preocupación. No sabemos si hubo algún desembolso, nada concreto. Ninguna información hubo de las personas responsables”, dijo por su parte José Herlinton Pérez, quien fue autoridad de la aldea de Puerto Nuevo.

Que dos líderes de esa comunidad digan que no les han dado información ni participación  del proyecto significa que éste podría estar incumpliendo varias de las salvaguardas sociales y ambientales contempladas para este tipo de iniciativas en Colombia. Esto incluye obligaciones de ser transparente en la información, de contar con el consentimiento libre, previo e informado de la comunidad, de asegurar la participación plena y efectiva de sus beneficiarios, y de rendirles cuentas de sus resultados económicos.

Los indígenas de Cotuhé Putumayo no conocen mayores detalles del proyecto porque la certificadora ColCX no publica en su plataforma el documento de diseño de proyecto (PDD, en la jerga del sector) que sustenta cualquier iniciativa ni el informe del auditor, Deutsche Certification Body, que precede su aprobación y autorización para vender créditos en el mercado voluntario de carbono. Algo similar ocurrió en el caso Cumbal en Nariño.

Esta alianza periodística ha solicitado a ColCX acceso a los documentos del proyecto desde diciembre de 2022, en el marco de un mapeo de proyectos y actores del mercado de carbono que esta alianza periodística publicará pronto. A diferencia de sus competidoras, la estadounidense Verra y las colombianas Cercarbono y BioCarbon Registry (antes llamada ProClima), ColCX es la única certificadora que opera en Colombia que no los hace públicos para todos sus proyectos.

La respuesta de la certificadora - cuya empresa matriz Canal Clima forma parte de Valorem, el holding empresarial de la familia Santo Domingo, una de las más ricas y poderosas del país - ha sido negativa en todas las ocasiones. 

En enero de 2023, su gerente técnica Catalina Fandiño dijo por correo electrónico a CLIP que “el documento de diseño de cada uno de los proyectos es de carácter confidencial y es propiedad de la comunidad y/o desarrollador”, pero que los solicitaría al desarrollador. Dos meses después, añadió que “no obtuvimos aprobación para compartir la información solicitada”. En abril de 2024, ante una nueva petición, su director Mario Cuasquén dijo no poder hacerlo debido a “una cláusula de confidencialidad que obliga a las partes a abstenerse de divulgar más información”. En septiembre de 2024, Cuasquén explicó que el caso Cumbal suscitó un proceso de autocrítica en la empresa del grupo Santo Domingo y que hicieron cambios significativos a su política interna, que ahora sí permite publicar dichos documentos. Pero advirtió que no podían hacerlo para los casos de Global Consulting por dicha cláusula.

Los indígenas del Cimtar, que son teóricamente los propietarios del proyecto, no han tenido mejor suerte encontrando esa información.

Derechos de petición sin responder

Poco después de asumir la representación legal de Cimtar, Pepe Cham decidió escribir a los responsables de la iniciativa. El 25 de octubre de 2022, envió una carta a ColCX presentándose y solicitando información sobre el proyecto dado que, en sus palabras, “presume estar ubicado en nuestro territorio”. 

“Ni yo como representante legal ni los otros miembros del Comité Ejecutivo de Cimtar tienen conocimiento del contenido, condiciones y acuerdos que sustentan este proyecto y no hemos tenido contacto con la empresa Global Consulting And Assessment Services S.A de C.V.”, les dijo, según evidencian los correos electrónicos que Cham mostró a esta alianza periodística.

Dos semanas después, el director de ColCX, Mario Cuasquén, le respondió que desde su perspectiva como certificador, el proyecto “se ha venido ejecutando en debida forma, bajo el amparo del Contrato de Mandato No. 008-2019 celebrado entre Global Consulting and Assessment Services S.A. de C.V. y la Asociación Cabildo Indígena Mayor de Tarapacá Cimtar”. 

La certificadora le remitió a Cham una carta en la que Bárbara Lara de Global Consulting expresó a ColCX que “todas las actividades relacionadas con el diseño, implementación y ejecución del proyecto que a la fecha ha realizado Global Consulting se encuentran autorizadas por (…) Cimtar y cobijadas bajo el contrato de Mandato No. 008 de 2019 suscrito entre Global Consulting y el Resguardo Cotuhé Putumayo – Cimtar”. Explicó que el antecesor de Cham en el cargo de representante legal, Marcelino Sánchez Noé, firmó ese contrato y que luego, el 21 de marzo de 2022, envió una carta autorizando el inicio del proyecto.

La empresaria mexicana dijo también que se habían enterado del cambio de representante legal en el resguardo, pero señaló que sabía que Sánchez había interpuesto un recurso de reposición contra la resolución del Ministerio del Interior confirmando dicho cambio. La empresa, dijo, se abstendría de intervenir hasta que esa situación se resolviese. “Global ha decidido mantenerse imparcial y a la espera a que el recurso de apelación (…) sea resuelto por el despacho del Viceministro, toda vez que hasta que aquello no ocurra, no podrá celebrar actos con el Sr. Pepe Cham García relacionados con el proyecto”, escribió Lara.

Dos meses después, el penúltimo día del 2022, la viceministra Lilia Solano confirmó la decisión original del Ministerio del Interior y ratificó a Pepe Cham como representante legal de Cimtar.

El líder indígena reconocido oficialmente por el Estado colombiano, sin embargo, no recibió respuesta de Global Consulting a su solicitud.

Año y medio después, a mediados de 2024, Pepe Cham inició una nueva ronda de cartas buscando información sobre el proyecto de carbono activo en su territorio.

En un derecho de petición enviado a Global Consulting el 9 de agosto, Cham una vez más enfatizó a la empresa que “la comunidad y los actuales líderes no tenemos conocimiento pleno del proyecto y sus condiciones, situación que afecta a ambas partes considerando las mencionadas salvaguardas” y que su predecesor Marcelino Sánchez no tenía dicha información.

“La comunidad de Cimtar tiene el derecho, en cumplimiento de la normativa nacional e internacional, de tener información y conocimiento pleno de este proceso”, añadió, solicitando los documentos que se refieran a “el objetivo, la duración, el área, las condiciones de implementación, las condiciones de financiación y las condiciones administrativas” de la iniciativa. Además, pidió documentos probando la socialización del proyecto con los habitantes del resguardo y “en especial (…) información sobre los beneficios económicos obtenidos por el proyecto y la forma como han sido distribuidos en la comunidad de Cimtar, especificando montos, personas beneficiadas, proyectos beneficiados, así como las condiciones de modo, tiempo y lugar del desembolso de los recursos”.

Cham dijo a esta alianza periodística que, más de seis meses después, no ha recibido respuesta de la empresa mexicana.

Ese mismo 9 de agosto, Cham mandó un derecho de petición similar a ColCX, reiterando los mismos puntos. El 3 de septiembre, Mario Cuasquén le respondió aunque no lo hizo de fondo. Argumentó que el derecho de petición era improcedente, volvió a decirle al representante legal de Cimtar que no estaba autorizado para entregarle la información solicitada “en atención a los acuerdos contractuales de confidencialidad vigentes” y explicó que desconocía parte de esos datos, sobre todo los financieros. Cerró diciéndole que “el proyecto (…) puede consultarse públicamente en la página web de ColCX”, pese a que justamente esa plataforma no incluye documentos básicos como el PDD ni el informe de auditoría.

Frustrado por esta falta de respuesta, Cham pidió ayuda a tres entidades públicas. El Ministerio de Ambiente, que supervisa el mercado de carbono, respondió que “no ha obtenido respuesta por parte de la empresa Global Consulting”, mientras que el Ministerio del Interior, que vela por los derechos de las minorías étnicas, y la Defensoría del Pueblo no dieron respuesta.

Esta alianza periodística solicitó entrevistas con Bárbara Lara de Global Consulting desde marzo de 2025, pero no obtuvo respuesta.

El resguardo Ríos Cotuhé y Putumayo está integrado por unos 2000 indígenas, mayoritariamente del pueblo tikuna, repartidos en doce aldeas, como la de Buenos Aires acá visible. Foto: cortesía de Rodrigo Botero / Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

Una historia de dos Cimtar

El 18 de marzo de 2025, Marcelino Sánchez, el líder indígena que firmó el contrato que sustenta el proyecto, envió a esta alianza periodística un correo electrónico presentándose como representante legal del Consejo Indígena Mayor de Tarapacá Amazonas Cimtar y adjuntando una carta cuyo contenido nos abstenemos de revelar por solicitud expresa del remitente, en la que exigió no hacer reportería sobre el tema.

Tres días después, Sánchez escribió un nuevo email, copiando a Bárbara Lara de Global Consulting, adjuntando de nuevo dicha carta y subrayando su trayectoria en liderazgo indígena de 15 años. “En estos momentos la prioridad que tenemos es la formalización de nuestra Entidad Territorial Indigena y posterior liquidación de la Asociación [Cimtar]”, escribió en el texto del correo electrónico. Hasta la fecha de publicación, Marcelino Sánchez no ha respondido a solicitudes de entrevista ni a preguntas específicas sobre el proyecto de carbono.

El título que usa Sánchez en sus comunicaciones subraya una de las complejidades del caso: hay dos instancias de gobernanza que coexisten en Cotuhé Putumayo. Por un lado está el Cabildo Indígena Mayor de Tarapacá que lidera Pepe Cham desde enero de 2022 (y reconocido por el Ministerio del Interior en abril de 2022) y, por el otro, el Consejo Indígena Mayor de Tarapacá Amazonas que lidera Marcelino Sánchez desde marzo de 2022.

Esto ocurre porque el resguardo está en proceso de cumplir el viejo sueño de convertirse en una entidad territorial indígena (ETI) con funciones político-administrativas. Se trata de una promesa que viene desde la Constitución de 1991 que declaró a Colombia un país pluritétnico, pero que se ha venido implementando por partes. En 2018, el gobierno de Juan Manuel Santos plasmó en un decreto la ruta para que los territorios indígenas en las áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés sean incorporados al ordenamiento nacional con una categoría similar a la de los municipios. A partir de ese momento, los territorios empezaron a crear y formalizar sus consejos indígenas, que son la figura de gobierno local –como el alcalde para los municipios- que les asignó la Constitución. Mientras se lleva a cabo esa transición, y una sustituye a la otra como órgano de gobierno interno que eventualmente administrará y ejecutará recursos públicos de forma directa, las dos conviven.

Según los líderes del cabildo, el acuerdo al que llegaron en Cotuhé Putumayo en 2019 era que crearían el consejo indígena, pero que éste sólo asumiría las responsabilidades del cabildo cuando ya esté funcionando plenamente la nueva figura de ordenamiento territorial. “Todo el mundo sabe que la asociación está hasta el punto final en que nos convertimos en entidad territorial indígena”, dice Rafael Ahuanary, otro líder indígena local.

Las cosas se vuelven aún más confusas dado que ambas instancias de gobierno en el resguardo -cabildo y consejo- usan la misma sigla de Cimtar.

ColCX no quiso responder a las preguntas de esta alianza sobre el proyecto aduciendo haber recibido el 18 de marzo una “solicitud de no difusión de información”. Según la certificadora, esa comunicación le instruyó que “como órgano de representación y autoridad en nuestra comunidad, el Consejo Indígena Mayor de Tarapacá es el único ente facultado para tomar decisiones sobre la divulgación y manejo de la información relacionada con nuestro resguardo indígena”, razón por la cual ColCX tomó la decisión de que “debe abstenerse de entregar información escrita o verbal sobre el proyecto”. Por último, la certificadora invitó a consultar la información pública de la iniciativa en su plataforma, que -como se mencionó anteriormente- no incluye ni el PDD ni el informe de auditoría.

A pesar de que ColCX aceptó el pedido de no difusión de información solicitado por el Consejo Indígena Mayor de Tarapacá, hay un punto crucial, la plataforma de la certificadora no menciona en ningún momento a esa organización, sino que lista públicamente al Cabildo Indígena Mayor de Tarapacá (Cimtar) como “propietario” del proyecto y “organismo de gobernanza” del resguardo. La declaración de validación del proyecto también indica que quien “obra en representación de la comunidad del resguardo de los ríos Cotuhé y Putumayo” es el Cabildo Indígena.

La plataforma del certificador ColCX muestra que el propietario del proyecto es el Cabildo Indígena Mayor de Tarapacá y no, como dicen ahora varios de los actores involucrados, el Consejo Indígena Mayor de Tarapacá que comparte las mismas siglas. Fuente: Plataforma de ColCX.

Esta alianza periodística le preguntó a ColCX con cuál de las dos instancias -cabildo o consejo- interactúa, con qué fundamento tomaba partido por una de ellas y por qué no ha respondido las solicitudes de hace meses de Pepe Cham de acceso a los documentos del proyecto, pero la certificadora no respondió. Tampoco respondió quién le envió el oficio pidiéndole no hablar de la iniciativa Redd+.

Más allá de quién tiene la razón sobre cuál es la máxima instancia de gobernanza en el resguardo, un problema de fondo persiste: ¿por qué los habitantes del resguardo Cotuhé Putumayo no tienen acceso a la información detallada sobre el proyecto de bonos de carbono en su territorio?

Los vínculos entre desarrolladora y auditora

¿Cómo pudo un proyecto Redd+, desconocido por indígenas que supuestamente participan en su desarrollo, ser aprobado y recibir permiso para vender bonos en el mercado voluntario de carbono?¿Cómo pudo la 29ª empresa más grande del mundo por ingresos comprar los resultados ambientales de una comunidad indígena sin que quienes los produjeron hubieran recibido algo a cambio? La respuesta a estas preguntas parece tener, al igual que en Cumbal (Nariño), dos patas: una maraña de posibles conflictos de interés por un lado y una falta de debida diligencia por otra.

Dentro de la cadena de valor del carbono, un proyecto solo llega a la fase de certificación y emisión de bonos tras haber pasado una evaluación por parte de un auditor externo, un tercero contratado por el desarrollador, pero que debe ser independiente e imparcial frente a éste. Aunque el informe de auditoría de Cotuhé Putumayo sigue sin ser público y la certificadora ColCX se niega a publicarlo, de entrada ya hay un problema de fondo: los múltiples vasos comunicantes entre la empresa desarrolladora y la auditora ponen en duda esa distancia.

El vínculo más claro y quizás problemático es que Bárbara Lara Escoto, la gerente de Global Consulting, fue socia fundadora y accionista de la Deutsche Certification Body, según consta en documentos corporativos registrados en la cámara de comercio, algo que la investigación periodística original sobre el caso Cumbal ya había mostrado. Eso significa que la firma mexicana contrató a los antiguos socios de negocios de su gerente para que evaluaran su proyecto.

Hay también vínculos en la dirección contraria. Óscar Gaspar Negrete, el presidente y accionista único de Deutsche Certification Body a junio de 2022 y quien firmó los certificados de validación y verificación del proyecto Cotuhé Putumayo, aparece también en dos documentos corporativos de Global Consulting and Assessment Services S.A. de C.V. disponibles en el Registro Público de Comercio de México. En uno de 2016 figuraba como comisario de su órgano de vigilancia, un rol que suele ser escogido por la asamblea de socios, y en otro de 2019 aparecía como “representante y/o delegado de la asamblea de socios”.

En otras palabras, Gaspar Negrete no solo fue socio accionista de Bárbara Lara en la auditora colombiana, sino que también estuvo vinculado a la empresa mexicana que ella gerencia y que desarrolló el proyecto con Cimtar. Ambos hechos sugieren que las empresas podían tener un doble conflicto de interés, dado que un auditor de proyectos de carbono debe “permanecer imparcial con respecto a la actividad validada o verificada, así como libre de sesgos y conflictos de intereses”, según señala una de las normas internacionales ISO que regulan su trabajo y rige en Colombia.

Ni Deutsche Certification Body ni Global Consulting respondieron a solicitudes de entrevista desde marzo de 2025.

En octubre de 2023, dos meses después del fallo de un juez de segunda instancia contra el proyecto Pachamama Cumbal, la auditora Deutsche Certification Body perdió su acreditación. El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) decidió retirarle la acreditación que tenía desde 2021 para evaluar proyectos de reducción de gases de efecto invernadero, incluidos los Redd+ como el de Cotuhé Putumayo. Un mes después, el comité de apelaciones de ONAC confirmó y dejó en firme esa decisión. Esto significa que puede continuar auditando proyectos en Colombia pero, en palabras de la ONAC, “ya no está autorizado para emitir informes ni certificados bajo la condición de acreditado, ni utilizar el símbolo de acreditado, ni hacer referencia a la condición de acreditado”.

Las razones por las cuales la auditora fue sancionada son menos claras. La ONAC denegó una solicitud de esta alianza periodística de acceder a las actas o al expediente que soportaron la decisión, señalando que “solo podemos compartir información que haya sido publicada oficialmente”, debido a normas internacionales y cláusulas de confidencialidad firmadas con sus acreditados. Su decisión fue tomada cinco meses después de la publicación del CLIP detallando posibles conflictos de interés de Deutsche Certification Body y Global Consulting.

Hay otros puntos adicionales que preocupan a los indígenas de Cotuhé Putumayo. Primero, dicen no entender cómo el proyecto terminó siendo desarrollado por Global Consulting dado que, según el relato de los seis líderes consultados, hubo una reunión inicial de socialización en la aldea de Puerto Huila hacia 2019 en donde discutieron un posible proyecto con una empresa distinta llamada Taita Samay S.A.S. Un líder dice recordar que Taita Samay lideraba la propuesta, con Global Consulting figurando como un apoyo para preparar los documentos del proyecto y hacer el trabajo social. Dicen no saber aún cuándo ni con cuál empresa fue firmado el contrato que dio pie al proyecto.

En cualquier caso, los seis líderes insisten en que en esa primera reunión no se firmó un contrato, sino que su propósito era esbozar la ruta hacia un eventual proyecto. “Llegamos a unos acuerdos para comenzar a trabajar, planear cómo sería para adelante. Quedó el compromiso de volvernos a reunir para [recorrer] el camino planificado de trabajo, pero eso nunca se dio”, dice Jhovanny Carvajal, quien es autoridad tradicional de la aldea de Puerto Huila y estuvo en esa reunión. “Hasta la fecha todos nos hemos preguntado en qué está, porque no hay información clara y veraz sobre la situación”, coincide Antonio Supelano, líder de la aldea Ventura que también asistió ese día.

También entre esas dos empresas hay vasos comunicantes. Como probó el CLIP en otra investigación, Global Consulting y Taita Samay comparten figura visible: Bárbara Lara Escoto, la directora general de Global Consulting es la representante legal de Taita Samay (cuyo nombre significa ‘descanso del padre’ en quechua) desde 2019.

Los seis líderes indígenas tampoco se enteraron cuándo el proyecto de Global Consulting entró al mercado de carbono. Al punto que tres años después, en noviembre de 2022, se reunieron en la aldea de Buenos Aires con otra empresa distinta del mercado de carbono llamada Allcot para explorar la posibilidad de hacer un proyecto juntos. No pasaron de esa primera reunión porque en ese momento se percataron de la existencia de la otra iniciativa. “Lo detectamos allí, pedimos información, no la obtuvimos y vimos que tenía mucho riesgo entrar en un proyecto”, confirmó a esta alianza periodística Mercedes García Madero, directora técnica de Allcot. Aunque los indígenas de Cimtar ignoraran la existencia del otro proyecto activo y no hubiesen visto jamás sus documentos, el riesgo de iniciar un segundo proyecto en el mismo lugar era que todos terminaran vendiendo el mismo resultado ambiental dos veces – algo conocido en el mercado de carbono como doble contabilidad.

Para complejizar aún más la situación, una de las aldeas que forma parte del resguardo, los tikuna o magutá del caño Pupuña en la frontera con Perú, son considerados un pueblo indígena en contacto inicial (también conocido como PICI) y, por tanto, requieren protección adicional a raíz de su vulnerabilidad. El resguardo también colinda con el área donde viven dos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario (o PIA) que aún alberga la selva amazónica: los yuri - passé. En noviembre de 2024, el Ministerio del Interior colombiano estableció una zona intangible en inmediaciones del Parque Nacional Río Puré y una zona amortiguadora al lado para protegerlos. La existencia de los yuri - passé fue probada gracias a la investigación del fallecido experto Roberto Franco en su célebre libro Cariba malo en 2012 y al conocimiento de los indígenas vecinos.

Pese al buen estado de conservación de la selva en Cotuhé Putumayo, en los últimos dos años se han detectado dragas de minería ilegal de oro en los dos ríos que lo atraviesan. Foto: cortesía de Rodrigo Botero / Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

La petrolera compradora

Al igual que ocurrió con la iniciativa hecha de espaldas a los indígenas pasto en los bosques andinos y páramos de Nariño, el mejor cliente del proyecto en Cotuhé y Putumayo ha sido la petrolera estadounidense Chevron.

Entre septiembre de 2022 y mayo de 2024, Chevron Petroleum Company –la principal filial en Colombia de Chevron Global Energy Inc.– usó 2,98 millones de créditos del proyecto para reducir la carga tributaria por el impuesto al carbono en Colombia, según los registros públicos de la plataforma de transacciones de la certificadora ColCX. Una segunda filial llamada CI Chevron Export S.A.S. usó otros 21.427 bonos. Otras empresas que también usaron los bonos de los indígenas tikuna incluyen a la distribuidora de gasolina Zeuss S.A.S. con 387.000, la empresa Alberto Ochoa y Cia S.A.S. con 2730 y OZ EDS S.A.S. con 500.

Una parte significativa de esos créditos fueron usados por Chevron posteriormente a que se conocieran los problemas que involucraban a la desarrolladora Global Consulting y a la auditora Deutsche Certification Body en el proyecto en Nariño. Desde que la iniciativa Pachamama Cumbal fue suspendida por un juez en julio de 2023, la petrolera usó 1,3 millones de créditos del proyecto que los indígenas de Cimtar dicen desconocer. Y desde que la ONAC retiró la acreditación de Deutsche Certification Body, Chevron usó un millón de bonos.

Chevron confirmó que compró créditos del proyecto en Cotuhé Putumayo a través de Global Consulting, con la que -en sus palabras- “en su momento tuvimos un acuerdo comercial” pero que “hoy Chevron Colombia no tiene vinculación contractual con el desarrollador de ese proyecto ni tampoco canjea bonos de los proyectos mencionados ni de otros proyectos”. (Ver la respuesta completa de Chevron acá).

Según la petrolera, “Global Consulting en ningún momento reportó inconvenientes sociales ni ambientales en el resguardo de Cotuhé y Putumayo, ni en ningún otro proyecto [y] sus informes resaltaban que todos los parámetros legales y normativos se estaban cumpliendo”. La empresa añadió que de la desarrolladora “recientemente nos hicieron saber que las autoridades indígenas del resguardo han negado conflictos sociales causados por este proyecto”. No respondió qué autoridades lo afirmaron ni quién se los preguntó. Tampoco dijo cuánto pagó por los bonos de Cotuhé Putumayo, ni listó los proyectos a los que ha comprado créditos en los últimos cinco años.

Sobre los problemas legales del proyecto de Global Consulting en Nariño, Chevron dijo que “estuvo al tanto de la situación jurídica alrededor del proyecto Pachamama Cumbal, razón por la cual, una vez se conoció la tutela radicada por algunos miembros del resguardo, le solicitamos a nuestro proveedor suspender el canje y retiro de certificados de ese proyecto”. No respondió a la pregunta de por qué usó 1,5 millones de bonos de otro proyecto desarrollado, auditado y certificado por las mismas empresas involucradas en el de Cumbal después de los fallos en su contra. La petrolera tampoco mencionó que, como reveló otra investigación del CLIP, canjeó casi 289.000 créditos de Pachamama Cumbal después de la suspensión por orden judicial (algo que en su momento atribuyó a que su “proveedor adquirió sin previo aviso bonos de dicho proyecto para Chevron Colombia, los cuales no fueron advertidos oportunamente en nuestros procesos internos y por error terminaron haciendo parte del proceso de compensación de dicho periodo”).

Chevron no respondió a preguntas sobre qué procedimiento de debida diligencia lleva a cabo para evaluar la calidad de los créditos de carbono que compra ni quién toma las decisiones de esas compras en la empresa.

A la pregunta de si los problemas de Cumbal les generaron alguna autocrítica, la empresa dijo que “después de analizar la información periodística alrededor del proyecto en Nariño, pusimos en marcha una estrategia para mejorar los procedimientos y salvaguardas internas” e “iniciamos una revisión para garantizar la viabilidad de los proyectos en los cuales se invierte, que incluye la participación de actores internacionales de la corporación para evaluar los proyectos futuros”. No detalló esos procedimientos.

La suma de peculiaridades —un proyecto desconocido por sus beneficiarios, documentos que no son públicos, vínculos no declarados entre desarrollador y auditor, un certificador que niega información a la comunidad y un comprador que desconoce la realidad del proyecto en el terreno— han sembrado dudas sobre la legitimidad de la iniciativa ambiental.

Por estos motivos, el pasado 24 de abril Pepe Cham interpuso una acción de tutela en nombre del cabildo solicitando que se proteja el derecho fundamental de petición que, a su juicio, les ha violado Global Consulting. Cham escribió en su acción judicial que “al tener el control total de la información relacionada con el desarrollo del proyecto y negar el acceso efectivo a la misma a la Asociación Cimtar mediante la abstención a responder el derecho de petición”, la empresa desarrolladora “evidencia su posición dominante así como la indefensión y subordinación en la cual queda Cimtar, al serle negado el acceso a la información y documentación contractual donde se supone la misma Asociación es parte y frente a un proyecto Redd+ que se adelanta presuntamente en su territorio”.

El 8 de mayo, el juez Henry Geovanny Ramírez dio la razón a Cham, ordenando a Global Consulting y a una empresa filial suya en Colombia llamada SPV Business S.A.S. “emitir una respuesta de fondo, clara, concreta y congruente a la petición” en un lapso de dos días hábiles tras la notificación judicial. Según el juez, a Global Consulting “no le asiste razón (...) al negarse a responder” las solicitudes de información de Cimtar. La empresa puede apelar el fallo.

Cuatro días después, Global Consulting denegó la solicitud de información del cabildo Cimtar, argumentando que una respuesta a un derecho de petición puede ser negativa si explica las razones para ello. En su respuesta este lunes, Bárbara Lara señaló que la información solicitada "reúne las condiciones para ser considerada un secreto empresarial" y que "tiene un valor comercial derivado de su confidencialidad". Lara también argumentó que el contrato no se firmó con el cabildo sino con el resguardo, a través del consejo representado por Marcelino Sánchez, y que por tanto "no existe fundamento jurídico ni contractual para acceder a lo solicitado" por Pepe Cham.

Aún así, los líderes de Cotuhé Putumayo confían en lograr que el dinero que ya generó el proyecto de bonos de carbono pueda llegar a su territorio, para financiar necesidades como salud o educación de sus habitantes. “Estamos en busca de una buena salida, del beneficio colectivo”, dice Jhovanny Carvajal. “Si todo se hubiera hecho bien planificado y organizado, no tendríamos tantas carencias”, dice José Herlinton Pérez.

Como le dijo el líder indígena Pepe Cham al Ministerio de Ambiente en otra carta de enero de 2025, “se trataría de un proyecto Redd+ que nos pertenece y del que somos dueños, pero del que no tenemos información alguna, ni un solo documento contractual”.

Este reportaje contó con apoyo de los Rainforest Reporting Grants del Centro Pulitzer.

Carbono Opaco es un proyecto sobre cómo está funcionando el mercado de carbono en América Latina, en alianza con Agência Pública, Infoamazonia, Mongabay Brasil y Sumaúma (Brasil), Rutas del Conflicto (Colombia), La Barra Espaciadora (Ecuador), Prensa Comunitaria (Guatemala), Contracorriente (Honduras), El Surtidor y Consenso (Paraguay), La Mula (Perú) y Mongabay Latam, liderado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). Revisión legal: El Veinte. Diseño logo: La Fábrica Memética.

Actualizado el: Mié, 05/14/2025 - 10:52

La Procuraduría General de la Nación sancionó a nueve militares por “falta disciplinaria grave” debido a la recolección, sin sustento, de la información de periodistas en medio de una operación de inteligencia del Ejército con fuentes abiertas (OSINT). La decisión fue tomada en primera instancia, cinco años después de que una investigación de la Revista Semana señalara que una unidad militar había construido las ‘carpetas secretas’ con información de 130 personas, incluyendo líderes sociales y periodistas, entre ellos la totalidad del equipo de Rutas del Conflicto.

Rutas del Conflicto valora la decisión de la Procuraduría, que señala que los militares se extralimitaron en sus funciones a la hora de seleccionar a los líderes sociales y a los reporteros. La sanción incluye a militares de alto rango, como un brigadier general. Tras conocer algunos detalles del ‘perfilamiento’, en el que fuimos vinculados injustificadamente a un grupo al margen de la ley, consideramos que la recolección de información por parte de esa unidad de inteligencia tenía fines incriminatorios en contra de nosotros y del resto de víctimas. 

Reiteramos que ninguno de los miembros de Rutas del Conflicto ha tenido ningún tipo de vínculo con ningún grupo ilegal. Nos parece una gran irresponsabilidad que el Ejercito use herramientas de inteligencia con base en fuentes abiertas (OSINT) y softwares de monitoreo, basado en interacciones de redes sociales, para hacer ese tipo de señalamientos sin ningún fundamento, que estigmatizan la labor periodística y ponen en riesgo a la libertad de prensa, a los reporteros y a sus fuentes. 

La Procuraduría es la primera entidad del Estado en señalar la responsabilidad de estas acciones cometidas por miembros del Ejército colombiano, y este es un paso importante para que el Estado asuma la gravedad de estos hechos. Por eso, pedimos que, en segunda instancia, la entidad considere que la falta disciplinaria fue “gravísima”, y no “grave” como fue decidido en primera instancia. Además, aún tenemos muchas preguntas sin respuesta en relación al actuar de los militares: ¿Por qué decidieron incluirnos en una operación de inteligencia contra grupos ilegales? ¿Qué iban a hacer con esta información? ¿Puede el Estado garantizar que los seguimientos digitales cesaron en ese momento? 

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) afirma que la decisión de la Procuraduría, a pesar de ser un avance en el esclarecimiento de los hechos, aún “desconoce la gravedad de la conducta al ignorar, en primer lugar, el contexto de sistematicidad de estas violaciones por parte de los organismos de inteligencia del Estado; en segundo lugar, las afectaciones a los derechos fundamentales de las y los periodistas; y, finalmente, la necesidad de imponer sanciones proporcionales frente a la gravedad de los hechos” (haz clic para acceder al comunicado de la FLIP sobre el tema). El reconocimiento de la vigilancia digital a los periodistas como una falta “gravísima”, según la FLIP, “no solo sentaría un precedente claro de rechazo frente a las prácticas de vigilancia ilegal contra periodistas, sino que también sería fundamental para garantizar el derecho a la justicia, asegurar una sanción proporcional a la gravedad de los hechos y consolidar una medida efectiva de no repetición frente a violaciones graves de derechos humanos.”

Como aún faltan esclarecimientos, también instamos a la Fiscalía General de la Nación, que cuenta con las pruebas desde hace cinco años, a avanzar con el proceso, y al Estado colombiano que garantice que este tipo de violaciones a la libertad de prensa cesen en su totalidad.

En el caso del equipo de Rutas del Conflicto, hay claros indicios que muestran que la vigilancia digital empezó a partir de una investigación que desarrollamos durante el primer semestre de 2019 junto a la Liga Contra el Silencio, una iniciativa creada por la FLIP, precisamente para enfrentar la censura. Creemos que nos ‘perfilaron’ por preguntar y exigir información pública al Ejército sobre convenios que habían firmado con empresas petroleras y minero-energéticas. Ante la falta de respuestas, solicitamos judicialmente el acceso a la información. Además, estábamos trabajando en investigaciones que mostraban posibles casos de corrupción vinculados a estos dineros que llegaban al Ejército por medio de los convenios (más información en el comunicado que publicamos en mayo de 2020: “Así responde el Ejército a quienes lo cuestionan”).  

Somos un medio de comunicación digital que desde hace once años ha cubierto la reconstrucción de las memorias de la guerra y la resiliencia de centenares de comunidades en todo el país. Tras la vigilancia del Ejército, el miedo se disparó entre los jóvenes integrantes del equipo periodístico y en las fuentes que solíamos consultar, especialmente desde las organizaciones sociales. 

Varias personas dejaron de contestarnos telefónicamente y nos expresaban el temor de que nuestras comunicaciones estuvieran interceptadas. Solo aceptaban hablar con nosotros personalmente, lo que representó un enorme reto y un costo emocional y económico. La incertidumbre y el temor se extendieron a los familiares de los periodistas, e impactó nuestro cubrimiento periodístico. En ese momento, incluso, tomamos la decisión de suspender temporalmente las investigaciones y publicaciones que involucraran a militares dentro de nuestro trabajo periodístico. El impacto en nuestra libertad de prensa fue evidente y grave. Las consecuencias de la vigilancia militar a los otros periodistas perfilados en las ‘carpetas secretas’ también incluyen “afectaciones emocionales y a su salud mental y una de las comunicadoras se vio obligada a salir del país como mecanismo de autoprotección”, según el comunicado de la FLIP.

Consideramos fundamental y urgente que las herramientas de inteligencia con base en fuentes abiertas y los softwares de monitoreo no sean utilizados por unidades militares para vigilar a periodistas en el ejercicio legítimo de su trabajo. La libertad de prensa y los derechos a la privacidad y a la reserva de fuentes periodísticas deben ser respetados. 

Actualizado el: Mar, 05/13/2025 - 07:57