Se escuchaban rumores, se veían hombres armados en las veredas, algo estaba pasando, pero nadie entendía muy bien de qué se trataba. Así vivieron algunos meses los campesinos de Jericó, Antioquia, a comienzos de 2025. Hasta que los enfrentamientos entre el Ejército y los armados no se hicieron esperar. 

La mañana del 22 de enero de 2025, la vereda La Cabaña del municipio de Jericó fue noticia departamental. Una mujer había sido encontrada muerta en su casa, tras un ataque de hombres armados que dispararon a la casa donde se encontraba la víctima. El gobernador Julián Andrés Rendon viajó a Jericó para comprender y explicar qué estaba pasando en el municipio en que la presencia de grupos armados no era visible o casi existente. Era de conocimiento que habían pequeñas bandas delincuenciales en la zona y una presencia intermitente del ELN en municipios cercanos. 

Días después se produjo la captura de Jaime Alberto Quintero, alias ‘El Zarco’, quien había pertenecido al bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y ahora es uno de los cabecillas del Clan del Golfo que ha entrado en la subregión del suroeste antioqueño y señalado del asesinato en La Cabaña. 

Meses después, la comunidad interpuso dos denuncias: en la primera, contaron cómo hombres con fusiles largos e identificándose como miembros del Clan del Golfo habían entrado a una finca cafetera para intimidar a la comunidad. En la segunda, que 10 miembros de un grupo armado  entraron a la zona rural de Jericó con lista en mano, preguntaron por campesinos líderes y recabaron información.  El Clan del Golfo había llegado a Jericó.

Organizaciones sociales y líderes comunitarios han denunciado que, en medio del conflicto que mantienen con la empresa minera AngloGold Ashanti y con un sector del Estado que respalda la explotación en su territorio, la presencia de un actor armado agrava la situación, al profundizar la estigmatización en su contra y militarizar un conflicto de carácter ambiental.

Jericó hace parte de la subregión del suroeste antioqueño con algunos otros municipios como Támesis, Jardín y Fredonia. Está a 115 kilómetros de Medellín, en un imponente paisaje cafetero, que se convierte en un corredor estratégico para los armados, conecta el interior del país con el Pacífico. El Clan del Golfo que ha venido dominando el territorio en los departamentos de Bolívar y Magdalena llegó al suroeste para enfrentarse con la influencia del ELN en algunas zonas. 

El Ejército desde comienzos de este año ha realizado varias capturas y enfrentamientos contra miembros de este grupo armado. La IV Brigada del Ejército se enfrentó con la subestructura ‘Edwin Román Velásquez’, parte de este grupo armado en julio de 2025. En la vereda Lourdes, Jericó, fueron capturados dos hombres armados alias ‘Alex’ y alias ‘López’, quienes eran los encargados de coordinar los homicidios y extorsiones en el municipio.

El 29 de agosto, el Ejército junto con la Policía se enfrentó, nuevamente, con la subestructura  ‘Edwin Román Velásquez’, esta vez en la vereda Río Frío,  Támesis, en los límites con Jericó. El despliegue de las fuerza pública resultó en la captura de integrantes del Clan del Golfo y la muerte del cabecilla de esta estructura. Pese a los operativos, los líderes de la zona se sienten cada vez más inseguros. Los miembros de la Junta de Acción Comunal de Río Frío renunciaron.  El presidente de la Junta afirmó no poder seguir ejerciendo su función de liderazgo por las constantes amenazas y las pocas garantías de protección tras el fortalecimiento del Clan del Golfo en el territorio cafetero. 

 

 

Temor por el estigma

Aunque las amenazas en contra de los líderes no se han materializado en atentados directos, hay mucho temor por la fuerte estigmatización que han recibido quienes han protestado por el proyecto minero Quebradona de Anglogold Ashanti. Los señalamientos a los defensores ambientales han llegado al punto de ser acusados por sectores que apoyan el proyecto minero de “delincuentes”, más aún después de que 11 personas fueron denunciadas por la empresa ante la Fiscalía.Esta empresa sudafricana que llegó hace 20 años al territorio se ha enfrentado constantemente con los campesinos que argumentan los impactos en el agua por la explotación  subterránea para extracción de cobre. 

En mayo de 2025, la Fiscalía imputó cargos de secuestro simple, hurto calificado y lesiones personales a los campesinos que participaron en las protestas en 2022 y 2023. Como lo contó Rutas del Conflicto en otra publicación, las comunidades en Jericó a través de la Mesa Ambiental y otras organizaciones de la sociedad civil habían impedido el ingreso de la minera. Según Fernando Jaramillo, líder de organización de la sociedad civil Alianza Suroeste, en noviembre de 2022, la empresa minera ingresó a una finca con el permiso del propietario para instalar una plataforma de perforación minera con el fin de realizar estudios. 

Líderes de la comunidad señalan que los empleados de la minera no les informaron de la instalación y que, inclusive, ingresaron a la vereda Vallecitos, vestidos como recolectores de café. Ante los hechos, varias personas ingresaron al predio para desmontar la plataforma, según denunció la comunidad a través de un comunicado. AngloGold presentó una querella contra los campesinos y en diciembre de 2023 tras un hecho similar en que los campesinos desmontaron otra plataforma, la empresa repitió la estrategia. Volvió a querellar a 61 personas, incluidos menores de edad y personas de la tercera edad. 

Desde que ocurrieron estos hechos, los habitantes de Jericó que se oponen al proyecto minero como sus líderes han sido estigmatizados en medio de la defensa del territorio. “Quien se oponía era tildado de vándalo, de insurgente”, manifestó un habitante de la región. El proyecto Verifico, de Verdad Abierta, ha podido identificar cómo los discursos se mueven en las redes sociales con el fin de deslegitimar la protesta y a sus líderes al vincularlos en acciones ilegales. Como por ejemplo las publicaciones del periodista e influencer Diego Santos: “En Jericó está surgiendo un grupo delincuencial de campesinos y activistas que está sentando precedente sobre cómo resolver las disputas”. En medio de esa oleada de mensajes en cuentas de X contra los campesinos, algunos los han señalado de ser milicianos del ELN. 

Para Fabián León, del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), en un escenario donde está fortaleciéndose un grupo armado como el Clan del Golfo, la estigmatización es un factor de riesgo adicional para los líderes que han sido tildados de insurgentes en medio de un conflicto socioambiental. 

En la misma vía, como lo explica Leonardo González, director de la ONG Indepaz,  este flagelo ha servido históricamente como herramienta para deslegitimar a ciertos grupos sociales y justificar actos de violencia en su contra.   

El pasado 9 de abril de 2025, los habitantes de Jericó emitieron un pliego de peticiones respecto a unas instalaciones de plataformas en las veredas de La Hermosa, Vallecitos y La Soledad del corregimiento de Palocabildo, en medio de una protesta pacífica. El documento señala la petición al Puesto de Mando Unificado conformado a raíz del plantón, “aclare a través de un comunicado público, el carácter legítimo y pacífico de nuestra protesta y nos desembarque de las recientes alteraciones al orden público por la presunta presencia de grupos armados ilegales en algunas zonas rurales del municipio. Esto con el fin de que no se relacionen los hechos ni se agudice la estigmatización que pone en riesgo nuestra vida”. 

Como lo explica el director de Indepaz, el riesgo de la estigmatización, a parte de deslegitimar los liderazgos, es el primer paso para otras violencias contra los líderes sociales y ambientales. 

Los convenios y el peligro de la militarización del conflicto 

La comunidad de Jericó, expresa un profundo temor de que el conflicto socioambiental en torno a los proyectos mineros en su territorio se militarice, como ya ha ocurrido en otras regiones de Colombia. Por ejemplo, en el sur de Córdoba, las comunidades que se han opuesto a proyectos como la mina de Cerro Matoso han denunciado presencia del Ejército y la represión de líderes sociales, en un contexto de militarización que ha agravado las tensiones, dejando a las comunidades campesinas y líderes ambientales expuestos a amenazas, estigmatización y violencia. Los habitantes de Jericó temen que la defensa del territorio y del agua pueda ser criminalizada. 

La empresa sudafricana, AngloGold Ashanti, ha firmado por lo menos cinco convenios de colaboración con el Ejército Nacional para cuidar la infraestructura y las actividades mineras, en Jericó. Estas alianzas se pueden hacer desde 1998 con la Ley 489, que permite que empresas minero-energéticas aporten recursos económicos directamente al Ejército y a la Policía, para que protejan los proyectos extractivos. 

El primer convenio encontrado por Rutas del Conflicto se firmó  por un año en 2008 por 323 millones de pesos. La seguridad de la empresa estaba a manos de la Séptima División del Ejército Nacional. Cada año, AngloGold Ashanti firmaba un convenio con el Ejército, en el cual destinaban dinero para arreglos o construcción de infraestructura, gastos institucionales, bienestar personal y derechos humanos. 

La doctora en Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de California, Shauna Gillooly, y la doctora en sociología de la Universidad de Oxford, Jamie Shenk, han estudiado estos convenios en Colombia y sus vínculos con violaciones de derechos humanos desde hace más de cinco años. Su investigación muestra que a la hora de la firma de los convenios con las mineras, las cifras de violencias contra los líderes bajan en comparación con los convenios firmados con las petroleras. 

Sin embargo, las doctoras advierten que esta situación puede cambiar cuando a las empresas les queda poco tiempo en el territorio y deben entregar resultados. Como es el caso de Jericó, donde la empresa debe, una vez más, presentar la información suficiente para la licencia ambiental. Luego de que en 2021, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, archivara la solicitud de exploración debido a la falta de información sobre los impactos. 

Fabián León explica que ahora la empresa viene con una estrategia jurídica más agresiva porque la empresa si no subsana lo pedido por la ANLA tendrá que solicitar nuevos permisos en una zona que en junio de 2025, mientras se llevaba el proceso de los líderes judicializados, el Ministerio de Ambiente expidió la resolución que declara una zona de reserva temporal en los municipio de Jericó, Támesis, Fredonia, Santa Bárbara y La Pintada como una  Área de Protección para la Producción de Alimentos en Colombia (APPA). La medida prohíbe, por lo menos tres años, la entrega de nuevas concesiones mineras. 

La tensión latente entre los liderazgos judicializados, AngloGold Ashanti agilizando los permisos ante la ANLA y el fortalecimiento de los grupos armados se convierte en un conflicto socioambiental que se militariza. Así lo explica el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Nacional, en Jericó se han presentando tensiones entre la empresa y la comunidad que han llevado a la estigmatización, la fragmentación del tejido social y sobre todo la militarización del territorio.

“Cuando llegó la empresa quien cuidaba todo eran los soldados, uno los veía acampando en las instalaciones de la minera. Llegaba el batallón y se instalaba ahí”, manifiesta una de los campesinos de la región.  

Desde el año 2022, la Defensoría del Pueblo viene señalando que el suroeste antioqueño se ha comenzado a constituir en una zona de alto riesgo. Se empieza a evidenciar la presencia de grupos armados y en respuesta empieza la militarización y la privatización de la seguridad. Para León del CIEDH, "la militarización del territorio en esta zona del departamento de Antioquia se asemeja a lo ocurrido en el Oriente Antioqueño, siendo los convenios de colaboración, un factor a tener en cuenta". De hecho, como lo contó Rutas del Conflicto en otra investigación, empresas como ISAGEN, ISA y EPM entregaron más de 40 mil millones de pesos a las unidades militares que mayor número de asesinatos presentados como guerrilleros muertos en combates determinó la JEP.

Como lo explica el director del Centro de Empresas y Derechos Humanos, el riesgo de la defensa del territorio se da “cuando hay un dos actores asimétricamente posicionados confrontándose por derechos territoriales, el hecho de que exista aún una política de militarización y securitización del sector empresarial expresada no solamente en en seguridad privada, sino también en convenios de colaboración, es un factor de riesgo para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos”.

Los 11 líderes judicializados van a enfrentar el proceso en libertad. La comunidad espera que el gobierno mantenga su posición de no minería en la región y pueda seguir consolidándose como una zona APPA. La empresa deberá solicitar, por tercera vez, la solicitud de licencia ambiental, mientras los actores armados se consolidan en la región y los líderes ambientales continúan defendiéndose de la justicia 

 

*Esta investigación se realizó, además, con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll.

 

Actualizado el: Sáb, 11/29/2025 - 11:55

Frente a la impunidad y la revictimización, las familias han encontrado en la acción colectiva un medio para reconstruir el tejido social y reclamar su lugar en la historia. Para quienes hacen parte del Colectivo Tejiendo, este representa la posibilidad de encontrarse para resignificar el dolor, sentirse acompañados en las luchas por el esclarecimiento de los hechos y la posibilidad de que la verdad sea un derecho no solo para ellas sino para otras víctimas.    

La iniciativa busca que los responsables por las ejecuciones extrajudiciales digan la verdad, que se incluya la versión de las víctimas y se cuestione ¿por qué pasaron estos hechos? y ¿quiénes dieron las órdenes?. Las organizaciones de víctimas y de derechos humanos cumplen un papel fundamental en este proceso: documentan los hechos, acompañan jurídicamente a las familias, crean espacios seguros de encuentro y visibilizan las luchas en escenarios nacionales e internacionales.

La memoria de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales ha sido sostenida no sólo en los estrados judiciales, sino también en las prácticas culturales que han nacido de la resistencia de sus familias y colectivos. Su labor no se limita a la denuncia; también aportan a la construcción de memoria colectiva y a la generación de propuestas de reparación integral. En ausencia de respuestas efectivas por parte del Estado. Reconocer oficialmente este día es admitir que el relato nacional debe incluir a las víctimas.

 

Los invitamos a leer las investigaciones que ha hecho Rutas del Conflicto sobre estos crímenes:

El negocio eléctrico que financió a los batallones responsables de los ‘falsos positivos’ en el Oriente Antioqueño

Tumbas sin dolientes en Antioquia podría albergar 'falsos positivos'

Los 'falsos positivos' del petróleo

 

Actualizado el: Sáb, 10/04/2025 - 09:18

Rutas del Conflicto tuvo acceso a un informe realizado por la oficina central a nivel mundial del PNUD en el que  reconoce que funcionarios de la entidad internacional firmaron un convenio para la ejecución de cerca de dos millones de dólares de la petrolera Geopark en el Putumayo. El documento señala que dicho proyecto afectó la confianza que las comunidades que viven en el entorno de la explotación petrolera tenían en el PNUD y que llevan más de una década denunciando en varias instancias las afectaciones por la explotación de crudo en sus territorios.

Uno de los hallazgos más graves de la investigación muestra que funcionarios de PNUD Colombia propusieron darle prioridad en la ejecución de los dineros del proyecto firmado con Geopark, a las comunidades que no habían tenido ningún conflicto con la empresa petrolera.

La historia comenzó en abril de 2021, cuando el resguardo Siona Buenavista y la Asociación para el Desarrollo Integral y Sostenible de la Perla Amazónica (Adispa), representante legal de la Zona de Reserva Campesina con el mismo nombre, publicaron una carta en la que señalaban una alianza entre el PNUD y la  petrolera Geopark, empresa con la que han tenido un conflicto socioambiental en el Putumayo. Meses antes, la oficina en Colombia de la entidad internacional y la petrolera habían firmado un acuerdo de financiación bajo la sombrilla de los llamados proyectos con el ‘Sector Privado’, una estrategia orientada a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Ilustrado por: María Lucía Mage

Geopark había llegado al municipio de Puerto Asís, Putumayo, en 2020, tras adquirir la totalidad de las operaciones de la petrolera británica Amerisur. Desde 2006, cuando esta compañía comenzó sus actividades en la zona, las comunidades campesinas e indígenas iniciaron múltiples denuncias en defensa del ecosistema amazónico de su territorio, ya que parte del proyecto petrolero Platanillo se ubicaba dentro de la Zona de Reserva Campesina y del resguardo indígena.

Desde entonces, los conflictos sociales y ambientales con las comunidades se intensificaron. Una muestra de ello fue el proceso de consulta previa con los pueblos indígenas asentados en la ribera del río Putumayo, el cual no se realizó adecuadamente según denunció el resguardo Buenavista y se publicó en la investigación de Mongabay Latam. En la documentación presentada por Amerisur se afirmaba que en la zona no había presencia de comunidades indígenas, una afirmación que, en su momento, fue avalada por el Ministerio del Interior al certificar que no existían registros de comunidades étnicas en el área del proyecto.

En 1974 el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) creó la Reserva Indígena Buenavista, pero en 1983, la misma entidad modificó su categoría a la de resguardo, mientras que Amerisur había sacado su licencia ambiental para operar en la zona 26 años después en 2009. 

A la lista de las denuncias de las comunidades se sumaba el impacto ambiental que estaba generando en los ríos y lagunas del territorio siona el proyecto petrolero. Un pueblo indígena que vive del agua para su supervivencia y su cultura como lo contó Rutas del Conflicto en un reportaje publicado a comienzos de 2025. 

Indígenas del pueblo Siona atravesando desde Ecuador hasta Colombia. Resguardo Buenavista. Foto tomada por Juan Carlos Contreras

 

En 2019 las comunidades llevaron a juicio en Inglaterra a Amerisur, por las afectaciones tras un derrame en junio de 2015. Sujetos armados del Frente 48 de las Farc, antes de la firma del Acuerdo de Paz, obligaron a los conductores de cinco carrotanques de crudo a abrir las válvulas y verter su contenido por la carretera rumbo al casco urbano de Puerto Asís. El derrame fue, aproximadamente, de 30 mil galones, que contaminaron los recursos hídricos de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica. Según los documentos presentados por las comunidades, la petrolera no realizó las labores necesarias para evitar el incidente y contener los daños tanto en los cuerpos de agua como en la salud de quienes habitan en el territorio. 

Como lo reportó el medio Cuestión Pública, la justicia en Reino Unido congeló 4.2 millones de dólares de Amerisur tras atender la demanda presentada. El proceso ante la Alta Corte fue resuelto tras un acuerdo de conciliación confidencial en 2023, según una comunicación de la misma empresa. 

Mientras el proyecto petrolero avanzaba bajo la operación de Amerisur, las comunidades también llevaron una solicitud de restitución de tierras sustentada en la violencia que sufrieron por diferentes grupos armados y que buscaba proteger su territorio de la explotación de crudo. Puerto Asís fue el escenario de una guerra librada por los frentes 32 y 48 de la extinta guerrilla de las Farc, el Bloque Sur Putumayo de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y el Ejército Nacional en pleno corazón del territorio siona. Estas disputas pusieron en peligro su supervivencia

En 2017, el pueblo siona, junto a la Unidad de Restitución de Tierras (URT) radicó ante el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Mocoa una solicitud de restitución de su territorio ancestral. Al año siguiente, el juzgado determinó que las actividades de Amerisur representaban una amenaza para el resguardo Buenavista y afectaban los derechos fundamentales. Ordenó a la empresa suspender las actividades de exploración en el bloque PUT-12.

Ese mismo año, en julio de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante una solicitud hecha por esta comunidad indígena, con los mismos argumentos de la demanda de restitución, otorgó medidas cautelares para salvaguardar el territorio de los resguardos Buenavista y Piñuña Blanco, pertenecientes al pueblo siona. En otro proceso, en diciembre de ese año, la CIDH ordenó, también, medidas cautelares a favor de los líderes campesinos de Adispa, en respuesta a denuncias de amenazas a la seguridad. 

Señalización de caño Tigre, cerca a un campo petrolero de Platanillo. Foto tomada por: Juan Carlos Contreras

Además, la Unidad para las Víctimas incluyó el resguardo Buenavista como sujeto colectivo de reparación integral. De hecho, la Corte Constitucional, emitió el Auto 004 de 2009, Sobre el Estado Cosas Inconstitucionales en materia de desplazamiento forzado de pueblos indígenas, mediante el cual reconoció a los siona como una de las 34 etnias en peligro de extinción física y cultural.

La alianza de PNUD y la petrolera

En medio de las decisiones para proteger el resguardo y la zona  de reserva campesina, la empresa chilena Geopark entró a Putumayo tras adquirir a la británica Amerisur y pasó a crear lo que se conoce como la Nueva Amerisur. Esta empresa ‘heredó’ los conflictos socioambientales que había generado la explotación de crudo de su antecesora en la región.

Las comunidades continuaron documentando y presentando ante la justicia colombiana e internacional los impactos de la actividad petrolera de la Nueva Amerisur. En ese sentido, los indígenas y los campesinos de Adispa lograron una subvención con el PNUD, para continuar la defensa de su territorio. Esta alianza entre la oficina de la organización internacional en Colombia y las comunidades se formalizó en agosto de 2020, en el marco del proyecto ‘Amazonía Sostenible para la Paz’, el cual busca conservar la biodiversidad mediante el fortalecimiento de las instituciones y organizaciones locales en la región amazónica.

Durante esos meses, los funcionarios de PNUD acompañaron a los campesinos de Adispa a denunciar la situación de seguridad a las instancias judiciales nacionales e internacionales, tras la amenazas de muerte a manos de grupos armados con el presunto objetivo de facilitar las pruebas sísmicas de Geopark. Cuando llevaba tres meses de ejecución el proyecto de Amazonía Sostenible para la Paz, en noviembre de 2020, PNUD Colombia finalizó la evaluación de debida diligencia en el proyecto con Geopark, aprobándolo sin condiciones. 

Un mes después, firmaron el acuerdo de financiación con la petrolera diseñado para fomentar la recuperación económica durante la pandemia del COVID-19. Bajo la alianza, como se anunció con entusiasmo y por todos los canales de la oficina de cooperación de la petrolera, Geopark, con su empresa Nueva Amerisur, debía aportar casi dos millones de dólares (US$1.962.967) dólares en financiación durante el primer año. 

Las actividades del proyecto buscaban ayudar a pequeños negocios urbanos con el desarrollo de capacidades y a las asociaciones de productores rurales mediante una red de tiendas comunitarias. Geopark debía participar en la evaluación y selección de los socios y beneficiarios del proyecto. 

Los líderes del resguardo Buenavista y los campesinos de Adispa se enteraron de la alianza entre PNUD y la petrolera luego de su lanzamiento. Conforme a las fuentes en terreno, informaron a los funcionarios de la organización internacional que trabajaban en el proyecto Amazonía Sostenible para la Paz sobre su molestia, debido a los conflictos que habían tenido con la empresa y con su antecesora desde su llegada al territorio. 

Lina María Espinosa, abogada de la organización Amazon Frontlines y quien brinda apoyo jurídico al pueblo siona, señaló en una entrevista a Rutas del Conflicto: “El PNUD violó múltiples políticas de salvaguarda de la misma institución y no cumplió con la debida diligencia para revisar y evaluar las actividades de Geopark”. 

Por ello, el 26 de abril de 2021 Espinosa y los líderes enviaron  una carta a la entidad:  “Con preocupación, vemos cómo, sin tener en consideración los procesos de defensa y resistencia contra el extractivismo en la región, particularmente frente a los Bloques Put-12, Put-8 y Platanillo, cuya titularidad la tiene la empresa Amerisur Colombia (hoy Geopark), los cuales han generado afectaciones ambientales, territoriales, sociales, culturales y espirituales a las comunidades indígenas y campesinas ampliamente denunciados; el pasado 21 de abril de 2021 a través de las redes sociales del PNUD Colombia fue lanzada la estrategia de Alianza Unidos por la Reactivación Territorial con la empresa Petrolera Geopark”.

La carta encendió las alarmas en la oficina central de PNUD. La oficina en Colombia suspendió el proyecto con Geopark una semana después, y el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU expresó su preocupación por la alianza. El 11 de mayo, la organización Amazon Watch presentó una denuncia formal y el 7 de septiembre de 2021 la Oficina de Cumplimiento de los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD (SECU, por sus siglas en inglés) aceptó la denuncia de las comunidades y abrió una investigación interna.

Las denuncias que no tuvo en cuenta la alianza entre la petrolera y PNUD

Las más de 100 páginas del informe final de investigación de la SECU revelan que el “PNUD Colombia no consideró adecuadamente las actividades de la empresa Geopark y su subsidiaria Nueva Amerisur, tal como lo exige la política de debida diligencia”, determina el informe.

Para poner en marcha el proyecto con la petrolera era necesario un examen de cumplimiento. Los líderes que prefieren mantenerse en el anonimato por la violencia en la región afirmaron que, “la implementación del proceso fue inadecuada, dada la gran cantidad de acusaciones en materia de derechos humanos y ambientales contra Geopark en el departamento colombiano de Putumayo”. El PNUD habría omitido identificar y gestionar internamente las múltiples controversias que rodean a Geopark, incluidas demandas de comunidades indígenas y sanciones administrativas por violaciones ambientales en Colombia, Perú y Chile. 

Como lo documenta el mismo informe, en Perú el pueblo indígena Achuar y la nación Wampís presentaron demandas contra el gobierno peruano alegando la falta de consulta previa en la concesión del Bloque 64 de la petrolera. “En junio de 2020, la Nación Wampís interpuso una demanda penal contra Geopark por presuntamente poner en peligro a la comunidad durante la emergencia sanitaria de COVID-19. Poco después, Geopark retiró su licencia para el Bloque 64”, recopila el informe.

La SECU del PNUD determinó que la Oficina en Colombia tenía a la mano informes públicos disponibles sobre Geopark y Amerisur, incluyendo las denuncias de derechos humanos, conflictos ambientales y sociales. Además, documentos que mostraban las disputas territoriales entre los grupos armados Comandos de Frontera y el frente Carolina Ramírez, disidencia de las antiguas guerrillas de las FARC, en las que las comunidades queban en medio del fuego cruzado y sus líderes amenazados.  

La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, organización defensora de derechos humanos,  señaló, entre octubre de 2020 y febrero de 2021, supuestos vínculos entre grupos armados y la operación de Nueva Amerisur. Uno de estos hechos fue en diciembre de 2020, cuando campesinos denunciaron que habían sido llamados por miembros de Comandos de Frontera, que les expresaron que nadie puede oponerse al proceso sísmico que adelantaba la empresa Nueva Amerisur dentro de las operaciones. “Nosotros ya negociamos directamente con la empresa, y vamos a asegurar la operación en la zona”, narraron los habitantes a la Comisión, refiriéndose a lo que les habían dicho los hombres armados.

Estas alertas también estaban al alcance de la Oficina del PNUD en Colombia, ya que no solo fueron publicadas por diversas organizaciones, sino que además fueron recogidas en una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo. Además, según la investigación del SECU, fue el mismo PNUD Colombia el que acompañó a Adispa a presentar las denuncias sobre las amenazas de Comandos de la Frontera ante diferentes entidades del Estado. 

Por ello, la SECU concluyó que “la oficina de País debería haber excluido la alianza de consideración adicional, o como mínimo debería haber escalado la decisión sobre debida diligencia a la sede, en lugar de aprobar”. SECU cuestionó que en la matriz de riesgos no se incluyeran las denuncias existentes no solo contra Geopark, sino también contra la empresa a la que esta le compró el proyecto petrolero pocos meses antes.

Ante estos señalamientos, Geopark afirmó en un comunicado público que nunca ha tenido vínculos con grupos armados ilegales y que exige lo mismo a sus empleados y a toda su cadena de suministro, tras las publicaciones de medios que recogen estas denuncias . La empresa asegura que ha incorporado cláusulas de derechos humanos en los contratos con contratistas y proveedores, en las que se prohíbe expresamente cualquier relación o financiamiento de actores armados ilegales.

Para Fabián León, director del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), una organización dedicada a investigar y promover el respeto a los derechos humanos en las empresas, era indispensable tener en cuenta en la evaluación del proyecto las denuncias respecto a violaciones de derechos humanos que han sufrido las comunidades en el contexto de la exploración petrolera, y las presuntas  malas prácticas de Amerisur y también de Geopark. “Cuando Geopark compró los proyectos en Putumayo, nace la Nueva Amerisur, se compra también todos los problemas. No se hizo una debida diligencia y además no tuvo en cuenta el factor del conflicto armado para realizar su evaluación”, explica León. 

Avisos informativos de la plataforma 5, Campo Platanillo, Putumayo. Por: Juan Carlos Contreras

Según el director del CIEDH, no solo las denuncias y el contexto de seguridad debían ser evaluados. El hecho de que uno de los actores involucrados fueran comunidades indígenas obligaba al PNUD Colombia a aplicar un enfoque diferencial, acorde con los estándares internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas. Esto implicaba adoptar medidas específicas para garantizar la participación efectiva del pueblo siona y analizar si el proyecto podía tener impactos negativos sobre la existencia, el valor, el uso y el disfrute de sus territorios.

Para la comunidad indígena del resguardo Buenavista y la comunidad campesina, la alianza entre el PNUD y Geopark resultaba contradictoria con los principios del proyecto Amazonía Sostenible, liderado por la misma oficina del organismo multilateral. “Era incoherente con la posibilidad efectiva de protección ambiental y territorial que se está pactando justamente con la empresa que más amenaza la fragilidad de la Amazonía”, afirmó uno de los líderes que por razones de seguridad prefiere no mencionar su nombre.

La oficina de PNUD Colombia, como se encuentra en el informe, argumentó que debido a que la alianza con Geopark se dio en medio del confinamiento por la pandemia y una situación de capacidades reducidas no se había completado el diagnóstico social y ambiental. Este procedimiento era esencial para determinar la viabilidad de la alianza. Por lo tanto, la oficina decidió clasificar el proyecto como de “riesgo bajo”.

Para la abogada Espinosa el proyecto debió calificarse como “alto riesgo” y después cancelarse, “por el alto impacto que causaría legitimar una exploración petrolera que ha tenido un conflicto con las comunidades, resquebrajando el tejido social. Permitiendo que se consolide, afectando la integridad territorial, derechos ambientales y la dignidad de las comunidades”, afirmó.

Los olvidaron 

Durante la investigación, la oficina del PNUD en Colombia informó a la SECU que el resguardo Siona Buenavista y Adispa no eran considerados actores clave del proyecto, bajo el argumento de que no se encontraban dentro del área directa de implementación. Según el informe, “los proyectos no estaban siendo implementados dentro del Resguardo (…) y Adispa no era un actor clave porque no era un beneficiario del proyecto”.

Los líderes de Adispa informaron a SECU que en enero de 2021, poco tiempo después de la aprobación de la alianza, empleados de Geopark visitaron la Zona de Reserva Campesina y mencionaron expresamente  la alianza entre PNUD y la petrolera. Uno de los líderes, que por razones de seguridad prefiere no ser mencionado, afirmó que los funcionarios de la empresa le informaron que las actividades desarrolladas por PNUD estaban siendo financiadas con recursos provenientes de Geopark. Para los líderes fue una situación en la que se sintieron intimidados.

Los funcionarios de PNUD del proyecto ‘Amazonía Sostenible’ decidieron hablar con sus compañeros que llevaban el proyecto con la petrolera, con el objetivo de conocer el alcance de la alianza con Geopark y manifestarles la situación de conflicto social en la zona, y la reciente visita de los empleados de la multinacional a las instalaciones de Adispa.  El personal local del Amazonía Sostenible identificó que varias de las veredas en las que el proyecto con Geopark esperaba trabajar estaban ubicadas en la Zona de Reserva Campesina La Perla Amazónica. Como está descrito en el informe, se comunicó a los encargados de la alianza con la petrolera las condiciones de seguridad de los líderes de Adispa y los reportes que conectaban a Geopark. 

En respuesta a estas preocupaciones, el personal que llevaba la alianza con Geopark le pidió a la petrolera  dividir el proyecto en dos fases. Así retrasarían la implementación en la Zona de Reserva Campesina y aceleraría el proyecto para las comunidades que no habían expresado su rechazo a la presencia de la multinacional con el fin de generar interés y participación entre las comunidades que se resistían a la petrolera.

Como recolectó la investigación, un funcionario del programa de Sector Privado envió el siguiente mensaje por correo electrónico a Geopark: “En la primera fase...Identificaríamos las veredas consideradas más solidarias con la presencia de la empresa, la idea es implementar los proyectos de manera mucho más ágil y convertirlos en victorias tempranas en el territorio, provocando el interés, la confianza y la participación de las restantes. De esta manera, “con hechos”, se sentiría la llegada de la “nueva Amerisur” con metodologías participativas: “aprender haciendo”, sostenibles, incluyentes y todo lo que contienen las metodologías de PNUD".

Ante estos hechos, la SECU concluyó que la Oficina del PNUD en Colombia no garantizó que los actores clave tuvieran acceso a la información relevante sobre el proyecto, incluidos sus objetivos, actividades y posibles riesgos. Por el contrario, excluyó deliberadamente a “grupos que se oponen al desarrollo petrolero y que apoyaban a la Zona de Reserva Campesina”, lo cual —según el informe— fue inconsistente con las normas del PNUD sobre la no discriminación, incluso por razones de opinión política.

Además, la Oficina no garantizó una participación efectiva e informada de estos actores en la formulación ni en la implementación del proyecto. Esta omisión no solo vulnera estándares de consulta, sino que, según advirtió la SECU, abrió la puerta a futuros conflictos, especialmente porque la selección de los beneficiarios del proyecto debía contar con la aprobación tanto del PNUD como de la propia petrolera.

Tanto para el resguardo Buenavista como para la abogada Espinosa era inconcebible esta alianza, cuando las Naciones Unidas tienen como una de sus misiones la protección ambiental, territorial y de pueblos indígenas. Y aun así pacte acuerdos con empresas que se han visto inmiscuidas en conflictos sociales y ambientales. “PNUD hizo una alianza con la empresa petrolera que más ha amenazado la fragilidad ecosistémica e incluso oponiéndose jurídicamente en el proceso de restitución de derechos territoriales”, enfatizó Lina María Espinosa

Mejorar la imagen 

“Nosotros perdimos la confianza. Nos cuesta volver a creer en las organizaciones como PNUD o Naciones Unidas después de lo que pasó con la Nueva Amerisur”, afirmó uno de los líderes tradicionales del pueblo siona. 

La alianza entre la petrolera y PNUD no solo mostró los problemas internos de evaluación de proyectos sino también generó un quiebre de confianza tan grave que la comunidad siona llegó a devolver fondos que les habían dado para el proyecto de conservación. Consideraron que la entidad “había ignorado una lucha de defensa de la vida, el territorio y la dignidad” .

Como lo resalta la SECU en el informe, “se puede considerar que las acciones del PNUD equivalen a un aval implícito de Geopark que socavó la percepción de legitimidad e independencia del PNUD con actores clave fundamentales, y transmitió beneficios a la empresa, que presentaron riesgos sociales y ambientales significativos para las comunidades locales, así como un riesgo significativo para la reputación del PNUD”. 

Como lo explica Fabián León, cuando el PNUD o la cooperación extranjera apoya iniciativas, las comunidades dan por sentado que hay un debido proceso de investigación, de revisión de cumplimiento de derechos humanos y ambientales y cuando pasan estas situaciones, las comunidades pierden la credibilidad ante las organizaciones. 

“Los proyectos deben garantizar la prosperidad compartida, pero este tipo de prácticas de ocultamiento de información, de manipulaciones de organizaciones locales y de desviar el sentido de lo que quería hacer la cooperación no genera esa prosperidad compartida. Todo lo contrario, termina favoreciendo la imagen de la empresa”, enfatizó León.

Y es que la empresa quería que todo mundo conociera su alianza con PNUD. Pese a los protocolos que desaconsejan el uso del logo del Programa de Naciones Unidas por parte de los socios del sector privado, Geopark lo mostró en cada comunicación que hizo en el marco del proyecto. Hasta después de la cancelación, la página web de la petrolera incluía el logo de PNUD. Además de usar los logos de manera conjunta generaba una percepción de respaldo, las comunicaciones públicas de la entidad no se limitaron a describir el proyecto, sino, como lo muestra la investigación interna, tuvieron el “ efecto de proyectar una imagen más general de Amerisur/Geopark como una buena oportunidad para el desarrollo sostenible y el bienestar de las comunidades locales en las que opera”.

Se construye infraestructura para facilitar los desplazamientos desde y hacia campos petroleros de Platanillo. Foto por: Juan Carlos Contreras

Por ejemplo, durante el evento, el representante del PNUD afirmó "esta alianza estratégica nos permitirá integrar la experiencia de Geopark en el territorio con nuestras soluciones integrales de desarrollo para acompañar a las comunidades vecinas en su reactivación socioeconómica". 

La SECU determinó tras su investigación que la percepción de la alianza sí socavó las percepciones de los actores claves en relación con la independencia e integridad de PNUD. Por ello, concluyó que la Oficina de Colombia no evaluó ni gestionó los riesgos y compromisos reputacionales. 

El resguardo Buenavista determinó que no volvería a trabajar con la oficina de PNUD en Colombia y regresó el dinero que había sido entregado por el organismo multilateral. “Uno queda como desnudo, por decirlo así, fue la muerte para la relación entre nosotros y el PNUD”, señala uno de los líderes tradicionales del resguardo. 

En la misma vía la abogada Lina María Espinosa manifestó que, la alianza “evidenció una actuación opaca e incoherente con la posibilidad efectiva de protección ambiental y territorial”. 

Al preguntarle a la petrolera por los hallazgos del informe, respondieron que “La investigación de la SECU se enfocó exclusivamente en evaluar el cumplimiento de los procedimientos internos del PNUD Colombia para la celebración de alianzas estratégicas, y no en las actuaciones de terceros como Geopark o Amerisur”.

Por su parte, PNUD Colombia respondió que, “El acuerdo fue concebido originalmente para desarrollar estrategias integrales de recuperación económica orientadas a mejorar las condiciones de vida de las personas más afectadas por la crisis del COVID-19. Sin embargo, fue cancelado antes de su implementación, en respuesta a preocupaciones planteadas por representantes de la sociedad civil, autoridades indígenas y organizaciones locales”. Además respondieron en un correo electrónico que, desde el 2021 se fortalecieron las capacidades de la oficina del PNUD mediante capacitación y una supervisión más sólida. (leer respuesta completa)

La investigación de la SECU paró totalmente el proyecto con la petrolera. Sin embargo, para el resguardo Buenavista no es suficiente. Piden que se realice un acto público de disculpa, por parte del Pnud, al ignorar una lucha ancestral por la supervivencia de un pueblo en vías de desaparición.

 

 

 

*Esta investigacion se hizo con el apoyo de la Fundacion Heinrich Boll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualizado el: Jue, 07/31/2025 - 08:51

Por: Juan Carlos Granados T

Casi todo el departamento amazónico de Guaviare, ubicado al suroriente de Colombia, está amparado por medidas de protección ambiental desde hace más de 60 años. Aun así, extensas trochas atraviesan su territorio. Se observan desde el cielo con facilidad, como si hubieran sido trazadas a pulso con un lápiz.

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Entre parches de deforestación y bosques frondosos se abren paso diversas vías que cargan consigo una historia de necesidades, colonización, grupos armados ilegales, deterioro ambiental e inoperancia estatal.

Sin embargo, una de ellas ha pasado totalmente desapercibida. En el municipio de El Retorno hay una carretera de 57 kilómetros, sin nombre definido, que tiene un tramo importante de su extensión dentro del área de Reserva Forestal de la Amazonía —una figura de protección creada en 1959—. Comunica a los centros poblados de La Libertad y La Paz, dos de los más importantes del municipio. La Paz colinda con la Reserva Nacional Natural Nukak, un área natural protegida, y la frontera entre ambas comunidades la traza el río Inírida.

A finales de 2020, el Ministerio de Transporte aprobó el Plan Vial Departamental del Guaviare en el que se incluyó la vía que conecta a La Libertad con La Paz, la cual se estima que existe desde los años ochenta. Aproximadamente cuatro décadas después, la Gobernación del Guaviare decidió que esta trocha, abierta por las comunidades veredales ante la necesidad de movilizarse, debía ser parte de la planificación del departamento. No obstante, aún no ha habido avances en la formalización de la carretera y sigue siendo considerada una carretera ilegal, ya que no cuenta con licencia ambiental.

Enrique Caballero, consultor de apoyo en temas de infraestructura de transporte de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente de la Amazonía (CDA), autoridad ambiental en el Guaviare, explica que la actual gobernación (que inició el 1 de enero de 2024) está evaluando si continúa o modifica el proceso de formalización de la carretera La Libertad – La Paz que viene desde 2020, durante la administración anterior.

“Para formalizar la vía y mitigar el daño es necesario que la Gobernación adelante el proceso de licencia ambiental con la CDA y solicite la sustracción del tramo de la carretera que se encuentra dentro de la Reserva Forestal ante la Dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente, pero aún no lo ha hecho”, dice Caballero. Mientras eso se discute, un silencioso pero fuerte acaparamiento de tierras avanza en los sectores por los que pasa esta trocha.

Una vía abandonada a su suerte

La Ley 99 de 1993 creó el Ministerio de Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales y desde ese momento se estableció que “todo proyecto que genere un impacto ambiental debe realizar los trámites correspondientes para vigilar y mitigar el daño”. La CDA explicó en la respuesta al derecho de petición que envió esta alianza periodística que la vía La Libertad – La Paz cuenta con una “restricción absoluta” debido a que fue abierta antes de 1993 sin ningún tipo de proceso administrativo ambiental, por lo que no tiene licencia. Si a esto se le suma el traslape con la Reserva Forestal, se hace aún más compleja la situación.

Heriberto Tarazona, quien fue coordinador territorial del Guaviare para la Comisión de la Verdad —entidad estatal creada para conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado y contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas— relata que conoció la trocha en 1992 y que para ese momento el campesinado ya había llegado y colonizado hasta el río Inírida, en el límite con la Reserva Nacional Natural Nukak.

Tarazona explica que las familias se establecieron, hubo praderización y creación de nuevos centros poblados ante los ojos de todo el mundo y en medio de la presencia y control de las FARC. “La ley y el ordenamiento ambiental elaborado desde el centro del país llegó tarde y no correspondía a la realidad del territorio, condicionando a la gente que se asentó en medio de la Reserva Forestal e hizo carreteras como la de La Libertad – La Paz, que fueron tachadas de ilegales”, sostiene.

Paola Marín, investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), comenta que las FARC participaron en mayor o menor medida en la apertura de vías como La Libertad – La Paz porque también era una necesidad para ellos. “Buscaban capacidad de movilización para transportar pasta base de coca, por ejemplo, y en medio de eso la gente también ansiaba formas de trasladarse”, señala.

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En 2016, el Ministerio de Transporte expidió una resolución que la clasificó como una vía de tercer orden, denominación que se le da a los caminos sin pavimentar que conectan cabeceras municipales con veredas. Una lideresa de El Retorno relata que ella nació a la orilla de esta trocha, que pasa por las veredas La Tabla, Alto Cachamo, El Porvenir, Puerto Florida, El Recreo, Caño Barroso, Caño Azul, Villa Linda, la Nueva Barranquillita, Kuwait, Panguana II y finalmente La Paz.

“Es un corredor donde transitan muchas familias. Actualmente se encuentra en buen estado porque las comunidades la han arreglado por sus propios medios”, explica la lideresa. Al estar dentro de Reserva Forestal, las intervenciones de terceros no están permitidas, pero campesinos como Pinilla crecieron allí y aseguran que ha sido una solución a su necesidad de movilizarse.

La lideresa cuenta que las Juntas de Acción Comunal (JAC) organizan el mantenimiento de la trocha a través de la creación de peajes en los cuales se le cobra a la comunidad que utiliza la carretera y con ese dinero se realizan las reparaciones y arreglos. Sin embargo, en todo momento deben pedirle permiso al Frente Primero de las disidencias de la antigua guerrilla de las FARC, porque ellos dominan el territorio.

A la falta de licencia ambiental y a la restricción vigente por estar dentro de Reserva Forestal, se le suma una medida cautelar que prohíbe la entrada de toda maquinaria amarilla en un tramo de la carretera. El 3 de diciembre de 2019, Edwin Andrés Piñeros Andrade, juez primero promiscuo municipal de San José del Guaviare, accedió a la solicitud hecha por Madeleyne Pérez Ojeda, fiscal 8 especializada, para imponer medidas de protección desde La Libertad hasta la vereda Barranquillita y de ahí hasta Miraflores.

La determinación incluyó la prohibición de maquinaria oficial, pública o privada, el retiro de cualquier artefacto para arreglar ese tramo y la suspensión de inversión pública. La lideresa comenta que la medida cautelar comprende parte de la vereda conocida como Caño Azul, lo que complica la situación para las comunidades porque allí hay un Núcleo de Desarrollo Forestal, proyecto ambiental implementado por el Estado en zonas que han sido focos de deforestación, para que la población local realice un trabajo de conservación del bosque.

En junio del año pasado, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) publicó el informe “Ganadería como motor de deforestación: Condiciones habilitantes y dinámicas territoriales en el Guaviare” en el que señala que “la falta de homogeneización de nombres y denominaciones viales en las distintas fuentes de información, así como las discrepancias entre la descripción de las vías y la información espacial de estas, no permiten hacer un seguimiento certero a estos proyectos ni a sus impactos territoriales”. Por ejemplo, en este reportaje se hace  referencia a la carretera como La Libertad – La Paz porque de esta manera la llaman las organizaciones del territorio y la CDA, pero en la categorización del Ministerio de Transporte de 2016 la denominan Pueblo Nuevo – Caño Barroso o como El Progreso – Caño Azul. En otros documentos la nombran de otras formas, como vía vereda La Paz – Reserva Nukak, lo que genera inconvenientes al momento de investigarla.

Un investigador de la FCDS que pidió la reserva de su nombre comenta que mucha de la información que hay acerca de esta carretera es vaga o inexacta, por lo que no solo es una vía compleja en términos de acceso por cuestiones de seguridad, sino también a la hora de realizar un análisis documental. “No tiene un nombre unificado, inicia o termina desde distintos tramos dependiendo del archivo, por lo que se hace complejo establecer lo que la Gobernación adelanta [para legalizarla]”, afirma.

Mientras tanto, la devastación se mantiene. Mongabay Latam realizó un análisis geográfico y satelital de las vías, las cifras de deforestación, los cultivos ilícitos de coca y la ganadería alrededor. Lo que se obtuvo fue que a un kilómetro de esta vía se deforestaron 3 560 hectáreas, es decir, 31 veces el tamaño del Parque Simón Bolívar de Bogotá. Esta es una cifra que se triplica cuando el estudio se extiende a un radio de cinco kilómetros. Además, pudimos determinar que esta deforestación continúa hasta la fecha, ya que entre enero y mayo de este 2025 se han detectado 34 350 alertas de deforestación en la plataforma Global Forest Watch (GFW) a cinco kilómetros de La Libertad-La Paz.

Deforestación, coca y mercado de tierras

A pesar de los trámites, la vía sigue siendo clasificada como ilegal debido a la falta de licencia ambiental. Esta trocha, sobre todo el tramo que se encuentra dentro de la Reserva Forestal, es controlado por las disidencias de las FARC, quienes determinan si se deforesta o no.

Luego de que algunos sectores de la guerrilla decidieron no dejar las armas después de la firma del Acuerdo de Paz, el Frente Primero Armando Ríos se agrupó en la zona y actualmente tiene al municipio de El Retorno como su fortín. Este grupo está bajo el mando de Iván Mordisco, quien también lidera otras estructuras armadas criminales que operan en el país.

“Hubo un incremento de la tala de árboles después de 2016 como respuesta de la población a las transformaciones sociales que se prometieron. La gente empezó a abrir más selva para acceder a tierra, trabajar en la ganadería y para contar con alternativas económicas distintas a la siembra de cultivos de coca”, explica Paola Marín, investigadora de Pares.

Los datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) muestran el aumento de la tala de árboles en El Retorno. El municipio pasó de tener una pérdida de bosque de 3082 hectáreas en 2016 a 7512 en 2017, es decir, un incremento del 144 %.

Heriberto Tarazona, ex investigador de la Comisión de la Verdad, dice que este incremento en la deforestación ocurrió porque “por primera vez hubo un interés de inversionistas en el mercado de tierras en zonas como El Retorno, debido a que disminuyó el riesgo de ser secuestrado o pagar grandes sumas de dinero en extorsión”.

Esta alianza periodística le solicitó al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) el número de cabezas de ganado en los centros poblados de El Retorno y la entidad respondió que no había registro de animales en estos sitios. Sin embargo, compartió la base de datos de la cantidad de animales vacunados (bovinos y bubalinos) contra la fiebre aftosa en el segundo semestre de 2023 en El Retorno. Los sitios en los que hay mayor cantidad de animales vacunados, en su mayoría vacas, coinciden con los puntos de concentración de la deforestación. A pesar de  que la ganadería no está permitida dentro de áreas de Reserva Forestal, la realidad es otra, pues el ICA debe vacunar a todos los animales para evitar epidemias.

La CDA relató en su respuesta al derecho de petición enviado que desde el 2017 hay procesos sancionatorios por actividades de deforestación en áreas de influencia de esta vía, pero no especificó cuántos. Archivos de la entidad muestran que en las veredas de mayor ganado y deforestación también hay investigaciones y sanciones. Por ejemplo, en 2017, la CDA formuló cargos contra Jimi Armando Cano por afectaciones ambientales, sobre todo en el sector de La Panguana, donde taló más de 100 hectáreas.

También hay cuatro expedientes de 2024. En uno de ellos se afectaron siete hectáreas de bosque y se impuso una multa de casi ocho millones de pesos (cerca de 2000 dólares). En el segundo se inició un proceso por deforestar 12 hectáreas, en el tercero se investiga la tala de 36 hectáreas y en el cuarto la deforestación de 48 hectáreas.

La FCDS en su informe señala que tras el fracaso del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, en El Retorno hubo una migración por parte de los campesinos para volver a sembrar coca, lo que “fomentó la deforestación en zonas sin ocupación previa y abrió la primera puerta para la llegada de inversores externos en tierras”.

El documento explica que los actores económicos que entraron a la zona tenían capacidad suficiente para “transformar inmensas porciones de selva en praderas, con la intención de expandir negocios de ganadería”. Además que la mayoría de estos terratenientes no frecuentan las fincas y contratan mano de obra local para deforestar y cuidar las tierras.

 

 

El investigador de la FCDS señala que el acaparamiento de tierras “puede que esté pasando desapercibido por la falta de información y posibilidad de acceso a este sector”. El experto agrega que este territorio es muy hermético y sólo es posible transitarlo si se tiene autorización del Frente Primero de las disidencias de las FARC.

La Reserva Natural Nacional Nukak también se ha visto afectada por el desborde de la especulación y mercado de tierras, ya que el centro poblado de La Paz colinda con esta área natural protegida. Este sitio, comenta la lideresa Mayerli Pinilla, alberga aproximadamente 140 casas, tiene polideportivo, comercio, puesto de salud y es la puerta de entrada al río Inírida y a la Reserva Nukak. La economía en La Paz gira alrededor de la pasta base de coca, que es usada como moneda de cambio para comercializar distintos bienes y servicios.

En 2o22, el Guaviare registró 4935 hectáreas de coca sembradas y El Retorno concentró el 44 %. Al año siguiente se pudo determinar que 221 hectáreas de coca se encontraban a cinco kilómetros de la carretera La Libertad – La Paz. Como lo mencionó Paola Marín de Pares, vías como esta son usadas como corredores para transportar pasta base de coca.

Parte de la siembra que se hace en la Reserva Nacional Natural Nukak ha entrado por la vía La Libertad – La Paz, así como lo ha hecho la praderización para acaparamiento de tierras. En el boletín 34 del IDEAM sobre el primer trimestre de 2023, última alerta temprana que habla directamente de esta trocha y sus dinámicas, se menciona que las detecciones de deforestación en veredas como Panguana y La Paz, en el municipio de El Retorno, afectan a la Reserva Nukak. La entidad señaló que las principales causas eran la praderización para acaparamiento de tierras, prácticas no sostenibles de ganadería extensiva, infraestructura de transporte no planificada y cultivos ilícitos.

El control de los armados sobre la deforestación

Las dinámicas ambientales en municipios amazónicos como El Retorno son volátiles. Entre 2021 y 2022 hubo una disminución en las hectáreas deforestadas, pasando de 5 130 a 2 410. Paola Marín señala que el crecimiento de las disidencias de las FARC generó una disminución en la pérdida de bosques debido a regulaciones y restricciones que le impusieron a la población.

En los diálogos de paz a inicios del 2024 entre el Gobierno de Gustavo Petro y lo que se conocía como el Estado Mayor Central (EMC) de las FARC —un conjunto de frentes, columnas y bloques de disidentes y desertores del Acuerdo de Paz de 2016, más nuevos reclutas— se estableció un punto acerca de proyectos comunitarios para el cuidado de los departamentos amazónicos. Iván Mordisco, quien era el máximo comandante del EMC en ese momento, presentaba a esta organización ilegal como la protectora de la selva.

De hecho, el experto de la FCDS asegura que si el Frente Primero quisiera detener la deforestación, praderización y negocios con la tierra en veredas como Kuwait o Nueva Barranquillita, sectores atravesados la vía La Libertad – La Paz, no habrían reducciones sino que sencillamente se erradicaría, porque ellos son los que tienen el control del territorio por medio de las armas. “Incluso impusieron una especie de ‘impuesto predial’ a las fincas”, indica el investigador.

Un líder del Guaviare que pidió el anonimato por seguridad, dice que el EMC vendía la imagen ante la opinión pública de que ellos protegían el medio ambiente, pero manifiesta que la realidad es otra. “Los lugares con más hectáreas tumbadas son donde ellos tienen más presencia, son un actor más del negocio”, sostiene el líder.

En el primer trimestre de 2024, la ministra de ambiente Susana Muhamad comunicó que hubo un aumento en la tala del 40 % para ese periodo, en parte, como estrategia de presión por parte del EMC en la mesa de negociación con el Gobierno. La expansión armada de los grupos ilegales ha puesto en riesgo a los defensores de derechos humanos y líderes ambientales.

Tras la fractura y división entre la gente de Iván Mordisco y la de alias Calarcá —el otro comandante de la facción del EMC que aún continúa en diálogo con el Gobierno de Gustavo Petro— se expulsó a Mordisco y su gente de la negociación por asesinar y hostigar a la población indígena del departamento del Cauca. “Los hombres de Mordisco, quizás por estrategia política de cara al Gobierno, y preparándose para la guerra que viene contra los de Calarcá, quieren estar en buenos términos con la población, por lo que ellos ahora sí permiten la entrada de dinero al territorio [deforestación y acaparamiento]”, agrega el líder.

En medio de las dinámicas de acaparamiento de tierras en una Reserva Forestal que cada vez es más borrosa, las comunidades quedan atrapadas entre la violencia de los grupos armados y la incapacidad del Estado de tener un control efectivo del territorio. El pasado 11 de junio, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento sobre la “inminente confrontación armada” en el Guaviare, especialmente en el caserío de La Paz, donde la comunidad podría quedar en medio del fuego cruzado y de desplazamientos por los enfrentamientos entre las estructuras disidentes de las extintas FARC. La entidad declaró la situación como “alarmante” y pidió la activación de un corredor humanitario para la evacuación segura de la población civil.

En el último informe de Global Witness sobre homicidios de líderes ambientales, la ONG señala que Colombia, en 2023, fue el país con mayor cantidad de defensores asesinados en el mundo con 79, lo que representa el 40 % de las víctimas que ejercían este liderazgo en el planeta. En zonas como las que comprende la vía La Libertad – La Paz, el riesgo de muerte está latente para todo aquel que alce la voz en contra de los actores ilegales y económicos y sus dinámicas en contra de la naturaleza.

Imagen destacada: Imagen satelital de un tramo de la vía de La Libertad-La Paz, donde se puede observar la deforestación causada por la carretera, así como pozos de agua, corrales y demás infraestructura para la cría de ganado. Crédito: Google Earth – Mongabay Latam

 

Según las cifras del instituto, cuatro de las seis veredas de El Retorno donde hay mayor cantidad de animales vacunados están cerca a la vía La Libertad – La Paz. Kuwait (8248) y Caño Azul (7288) están en el segundo y tercer puesto respectivamente y La Panguana (7213) y Nueva Barranquillita (6422) en el quinto y sexto. Es más, el Retorno pasó de tener 103 mil cabezas de ganado en 2016 a 188 094 en 2023, lo que representa un aumento del 82 %. Y no sólo esto, esta alianza periodística pudo determinar que, hasta el 2023, a 1 kilómetro de la vía La Libertad – La Paz había 14 892 reses.

El informe previamente citado de la FCDS muestra que las veredas mencionadas lideran la deforestación no sólo en El Retorno, sino también en todo el Guaviare. Entre 2016 y 2022, tanto en Kuwait como en Nueva Barranquillita se tumbaron más de 3100 hectáreas de bosques, de acuerdo con cifras del IDEAM. La situación en estas dos zonas, detalla el documento, es de las más graves en el departamento. Por otra parte, en La Paz y La Panguana se han deforestado 1700 y 1500 hectáreas respectivamente.

 

Actualizado el: Lun, 06/16/2025 - 10:37

Por: Pilar Puentes Espinosa 

La historia se repite una vez más. En la vereda Los Cedros del corregimiento de Belén de Bajirá, en el municipio de Mutatá, en el Urabá antioqueño, campesinos señalan que fueron amenazados en abril de 2025, en medio de la entrega material de predios en restitución de tierras. Según señalan las víctimas, la representante legal de la empresa Todo Tiempo SAS, María Teresa Moreno, llegó acompañada de dos hombres armados que se identificaron como miembros de la ‘organización’. Intimidaron a los solicitantes y les prohibieron usar sus celulares y quienes lo intentaron les pidieron borrar cualquier registro de lo que estaba pasando.  

Esta compañía, que se dedica a la ganadería y al cultivo de palma, concentra el 70% de los predios que ha sido solicitada en restitución de tierras en el municipio de Mutatá, según datos de la Unidad de Restitución de Tierras. De acuerdo a las sentencias, durante la década de los noventa, mientras arreciaba la violencia paramilitar, acumuló cerca de mil hectáreas, de varios predios que habían pertenecido a víctimas que salieron desplazados. Varias de ellas le vendieron sus fincas al empresario Gabriel Jaime Sierra que, a su vez, se las vendió a Todo Tempo.

 

Mutatá hace parte de la región del Urabá antioqueño. Se han expedido cinco sentencias de restitución de tierras a favor de los campesinos desplazados en la década de los noventa

 

Las intimidaciones denunciadas por los campesinos en abril de 2025 no son las primeras que sufren. Hechos similares han ocurrido desde 2015, cuando alrededor de 14 familias campesinas decidieron retornar a las fincas que están reclamando por restitución y que se encuentran dentro de un terreno más grande conocido como la hacienda Monteverde. Ese año entraron a la tierra sin acompañamiento institucional y fueron agredidos por un grupo de aproximadamente 80 hombres, algunos encapuchados, que destruyeron las viviendas de madera e intimidaron a las personas con palos y machetes. La organización Forjando Futuro, abogados de los solicitantes de tierra, denunciaron la situación ante la justicia. 

Dos meses después de este  hecho, un grupo de reclamantes de la Asociación Tierra y Paz adelantaron una protesta en Monteverde. Los trabajadores de la finca atacaron a los labriegos con  rifles de paintball, gases pimienta y tábanos eléctricos, causando lesiones a cinco campesinos.

 

Hombres usando armas de paintball impidieron el ingreso a los solicitantes. Por: Forjando Futuro

También, como fue denunciado y documentado por el Instituto Capacitación Popular (IPC), una organización de la sociedad civil que ha acompañado a estos campesinos en sus reclamaciones,   el 28 de octubre de 2014, un grupo de hombres que trabajaba en Todo Tiempo impidió el ingreso de una comisión de topógrafos de Forjando Futuro. Dicha comisión adelantaba un levantamiento topográfico de 28 predios para la solicitud de restitución de tierras. 

Como lo afirma Gerardo Vega, representante de las víctimas y abogado de Forjando Futuro, la familia Moreno ha obstaculizado la entrega material de los predios en varias ocasiones. No solo lo han hecho al impedir el ingreso a la tierra sino también modificando los linderos, es decir, cambiando el tamaño de las parcelas entregadas a las víctimas.

En 2015, alrededor de 14 familias decidieron retornar a las fincas dentro de la hacienda Monteverde, pero fueron agredidas por un grupo armado de unos 80 hombres, destruyeron sus viviendas y les impidieron acceder a sus tierras. La organización Forjando Futuro denunció el ataque ante la justicia. Dos meses después, campesinos de la Asociación Tierra y Paz protestaron en Monteverde, donde fueron atacados por trabajadores de la finca con rifles de paintball, gases pimienta y tábanos eléctricos.

Carlos Zapata, investigador del IPC narró que los problemas persisten desde el 2015. “Siguen modificando los linderos y los altercados con la empresa opositora. Sin embargo, los campesinos continúan construyendo sus casas”, contó Zapata.  

Varios de los campesinos han interpuesto, al menos, tres denuncias en la Fiscalía General por amenazas de muerte. También el caso fue llevado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entidad a la que solicitaron protección.

Todo Tiempo es una empresa de la familia Moreno Pérez, dedicada a la ganadería y cultivos de palma creada el 6 de diciembre de 1996 en Medellín. Tenía aproximadamente mil hectáreas, que cubrían las veredas Los Cedros, Palmichal y Nueva Esperanza, en Belén de Bajirá. El periodista Juan Diego Restrepo y María Elena Florez contaron en su libro Mutatá: conflicto, despojo y resistencia,  que desde 2008 la empresa mantuvo relaciones comerciales con la Sociedad Aceites, una planta extractora afiliada a la Asociación de Ganaderos del Urabá Grande. Esta asociación ha tenido en sus cargos directos a varios ganaderos vinculados con el paramilitarismo, especialmente con el bloque Bananero, comandado por Raúl Emilio Hasbum, alias ‘Pedro Bonito’.  

Acta de accionistas de la empresa Todo Tiempo para 2015.

El principal accionista de Todo Tiempo es Luis Fabio Moreno Ruíz, quien adquirió  predios que componen la hacienda Monteverde y fue denunciado en 2018 por la Fundación Forjando Futuro, el Instituto Popular de Capacitación y la Asociación de Reclamantes Tierra y Paz de hacer parte de un plan criminal que tenían como objetivo silenciar a los líderes comunitarios que luchan por la restitución de tierras en el Urabá.  Las organizaciones denunciaron las amenazas a la Fiscalía en julio de ese mismo año. Esta denuncia no ha avanzado en el ente investigador.

El despojo 

La de la hacienda Monteverde es la historia de desplazamiento y despojo del Urabá antioqueño. El Tribunal Superior de Antioquia en 2015 ordenó la restitución de cuatro familias campesinas y una indígena, de la etnia emberá. Los predios Mi Bohio, La Esperanza, Nutibara I, Nutibara II y Los Popocho se encontraban dentro de la hacienda Monteverde. 

Una de las solicitantes es Alicia Domicó, quien narró cómo tuvo que vender su predio por los hechos de violencia en la región. “Yo me vi obligada a vender por el terror que nos causó tanta violencia , al ser testigo de tanta muerte que causó las autodefensas. Los amigos nos decían que éramos blanco de los paramilitares por ser indígenas y nos culpaban de ser colaboradores de la guerrilla”,afirmó Domicó al juez de tierras. 

Las víctimas realizaron una manifestación pacífica exigiendo entrar a los predios restituidos o en proceso ante el Tribunal de Tierras

Alicia Domicó era la dueña de Mi Bohío. En  1993 el extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) se lo adjudicó. Al igual que varios de los solicitantes,  en medio de la violencia, Domicó le vendió por bajos precios a Luis Fabio Moreno Ruíz, el 3 de julio de 1997, después fue transferido el 5 de febrero de 2009 a la empresa Todo Tiempo. 

En otros casos, los campesinos tras el desplazamiento forzado a manos de las autodefensas fueron contactados por comisionistas. Les insistieron en vender sus tierras para no tener problemas con los paramilitares en la zona. Luego de ser adquiridas, las parcelas fueron transferidas a Todo Tiempo. Este es el caso de  Rosa Villadiego, a quien le restituyeron la tierra en 2020 cuando le contó al Tribunal de Tierras que su padre adquirió los predios ‘Dios me Guía’ y ‘La Defensa’ entre 1985 y 1994. Cuando ingresaron los paramilitares en 1996, secuestraron a los hermanos de Rosa y posteriormente los asesinaron en el corregimiento de Nuevo Oriente, lo que causó el desplazamiento de la familia a Monteria, Córdoba. En 1997, el padre de Rosa se vio obligado a vender los predios a Fabio Moreno y Gabriel Jaime Sierra.  

Sierra fue comerciante de Medellín, Antioquia y representante legal de la empresa Palmas de Curvaradó, involucrada en el desplazamiento y despojo del Consejo Comunitario Curvaradó y representante legal suplente de Asociación Ganaderos de Urabá Grande, que como se mencionó anteriormente, ha tenido directivos condenados por paramilitarismo. En 2014, Jaime Sierra fue condenado a prisión por los delitos de desplazamiento forzado, invasión de áreas de especial importancia ecológica y concierto para delinquir agravado.

No demostraron la buena fe

Las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (Aucc) cometieron varios crímenes y desplazamientos que prácticamente vaciaron grandes territorios a comienzos de 1997, y luego se dirigieron a Mutatá. Este municipio era el último que conservaba, a mediados de los noventa, la tradición agrícola, cultivos de pancoger y habitantes sujetos de reforma agraria, como lo muestra el Centro Nacional de Memoria Histórica. A diferencia de los demás municipios del Urabá antioqueño, donde se centraba la economía, principalmente en la cría de ganado, el banano y la palma.

Los comandantes paramilitares Raúl Hasbún y Fredy Rendón Herrera se asentaron en Mutatá para ensañarse contra la población civil bajo un discurso contrainsurgente porque el Frente 5 de las Farc había estado en la zona. Asesinaron y desplazaron familias campesinas e indígenas y cambiaron la concentración de la tierra, como lo muestra una sentencia de 2023. 

Dada la arremetida paramilitar, se registró la Declaratoria de Zona de Inminencia de Riesgo de Desplazamiento en 2008, por parte del Comité de Población Desplazada de Mutatá y se profirió medida cautelar de prevención registral. 

El desplazamiento de la vereda Los Cedros, como lo explican las cinco sentencias de restitución hasta la fecha, sucedió durante el despliegue de la guerrilla y la consolidación del paramilitarismo, que se capitalizó a finales de la década de 1990,  “cuando arrebato miles de hectáreas a través de ventas forzadas y a bajo precio”. En la investigación Mutatá: conflicto, despojo y resistencia, Juan Diego Restrepo y María Elena Floréz revisaron los estudios registrales y los títulos de propiedad y encontró la mayoría de los predios reclamados en restitución hacían parte de un englobe de tierra llamado ‘hacienda Monteverde’, de la propiedad de Todo Tiempo.

Y es que el Tribunal de Tierras afirma que a pesar del conocimiento directo de la situación de violencia del Urabá antioqueño, especialmente en los  corregimientos de Belén de Bajirá y Nuevo Oriente, Todo Tiempo a través de Luis Fabio Moreno, adquirió vastas extensiones de tierra para formar un gran proyecto ganadero, negoció que logró consolidarse a través de comisionistas como Jaime Sierra.

La familia Moreno se ha opuesto a todos los procesos de restitución. En las cinco sentencias han declarado que actuó de buena fe exenta de culpa y que había libertad para negociar en el proceso de compra. Es decir, que los labriegos no fueron acosados por los factores de violencia ni presionados a vender los predios. Por el contrario, según los empresarios,  compraron al precio justo del mercado, se lee en la sentencia.

Es por ello, que la justicia determinó que Todo Tiempo se aprovechó del contexto generalizado de violencia para realizar las compras de la tierra. “Definir el despojo lo relaciona con un aprovechamiento directo de la situación de violencia, la que se encuentra sustentada probatoriamente, que conllevó a una privación arbitraria de la propiedad, posesión u ocupación de predios, y suele ocurrir a través de negocios jurídicos, como aconteció en el presente caso”, señaló el Tribunal.

En todos los procesos fallados de restitución de tierras, Todo Tiempo no ha logrado demostrar la buena fe exenta de culpa. La empresa no hizo todo lo posible para conocer qué estaba pasando en el territorio y tampoco para no aprovecharse de ello.  Rutas del Conflicto intentó contactar en varias ocasiones a la empresa o sus directivos pero no obtuvo respuesta. 

 

*Esta investigación fue realizada con el apoyo de la Heinrich Böll Stiftung en Colombia

 

 

 

Actualizado el: Mar, 05/27/2025 - 21:19

Desde septiembre de 2022 y hasta mayo de 2024, la filial colombiana de la petrolera estadounidense Chevron compró 3 millones de créditos de carbono a una comunidad indígena en la Amazonia colombiana. 

Esos créditos le permitieron a la petrolera compensar parte de su huella ambiental en Colombia. Usó el mecanismo de mercado llamado Redd+, que le da valor a los resultados positivos de conservación del resguardo indígena Cotuhé Putumayo, y redujo así el impuesto al carbono que debía pagar al Estado colombiano, por ser la suya una actividad económica altamente contaminante. Cada bono o crédito usado equivale a una tonelada de dióxido de carbono —uno de los gases de efecto invernadero que propician el cambio climático— que en teoría ya no sube a la atmósfera producto de ese esfuerzo ambiental.

Esta sería una buena noticia, salvo por el hecho de que miembros de la comunidad indígena que alberga el proyecto dice no conocerlo. Seis líderes del resguardo Ríos Cotuhé y Putumayo, en el trapecio amazónico en el extremo sur del país, dijeron a esta alianza periodística no tener ninguna información relativa a los documentos, las actividades o los recursos generados por la iniciativa llamada ‘Conservando la Vida del Mundo, Mowíchina arü Maü, Ríos Cotuhé y Putumayo’ que actualmente se lleva a cabo dentro de su territorio colectivo.

Esta es la segunda vez que Chevron usa los resultados ambientales de una comunidad indígena que argumenta no saber siquiera de la iniciativa en cuestión.

Ilustración: Miguel Méndez

Entre octubre de 2022 y junio de 2024, la petrolera estadounidense compró y usó 1,1 millones de créditos de carbono provenientes del proyecto Pachamama Cumbal, ubicado en los páramos y bosques nublados cuidados por un resguardo indígena en Nariño, en las montañas del suroccidente de Colombia. Entonces surgieron reclamos de indígenas pasto del resguardo del Gran Cumbal. Aseguraron que no estaban enterados de la existencia de esa iniciativa, como reveló una investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) de junio de 2023. Un grupo de ellos llevó el proyecto a los tribunales. Jueces de primera y segunda instancia les dieron la razón. Fallaron que sus derechos fundamentales habían sido violados.

Chevron se defendió en esa ocasión diciendo que confiaba en que dicho proyecto contaba “con los permisos y aprobaciones de la respectiva autoridad de gobierno indígena y también (…) los procesos de socialización respectivos”. La petrolera dijo tener un robusto proceso de debida diligencia para garantizar que invertía en iniciativas de alta calidad, asegurando que “nuestras compensaciones tienen un grado de cumplimiento aceptadas por los gobiernos en las regiones donde operamos”.

Ambos proyectos, el de Cumbal y el de la Amazonia, fueron desarrollados por la misma empresa mexicana, Global Consulting and Assessment Services S.A. de C.V., evaluados por la misma firma auditora, Deutsche Certification Body S.A.S., y autorizados para llegar al mercado de carbono por la misma certificadora, ColCX. A eso se suma que, pese a que la relación entre desarrolladores y auditores debe ser independiente e imparcial, la directora general de Global Consulting fue socia fundadora de Deutsche Certification Body, según reveló la investigación periodística de 2023. Es decir, la empresa donde hoy trabaja contrató a su antigua firma para que auditara su proyecto, creando un potencial conflicto de interés para ambas compañías.

Pese a esos antecedentes de las empresas involucradas, Chevron Petroleum Company –filial de Chevron Global Energy Inc. en Colombia y propietaria de 460 estaciones de gasolina de marca Texaco en el país- volvió a comprar créditos de una iniciativa en que éstas participaban. Al menos 1,3 millones de los bonos comprados por Chevron al proyecto en Cotuhé Putumayo fueron usados después de que dos jueces ordenaran la suspensión del otro proyecto en Nariño. Este es el hallazgo principal de esta nueva investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Mongabay Latam, con apoyo del Centro Pulitzer y publicada en alianza con Drilled, como parte de la alianza periodística Carbono Opaco que reúne a 13 medios de ocho países para indagar cómo está funcionando el mercado de carbono en América Latina.

Chevron usó casi un millón de esos bonos provenientes de la Amazonia después de que la entidad que vigila a todos los auditores en Colombia suspendió la acreditación de Deutsche Certification Body. En total, la petrolera compró 1,8 millones tras las revelaciones periodísticas sobre el caso Cumbal.

La petrolera argumenta que el proyecto en el resguardo Cotuhé Putumayo en ningún momento reportó problemas y que Global Consulting le dijo que las autoridades indígenas negaban que hubiese un conflicto en el resguardo, aunque aclaró que ya no tiene ninguna relación comercial con la empresa desarrolladora.

Esos hechos levantan preguntas serias sobre los estándares de debida diligencia de una de las mayores empresas de combustibles fósiles del mundo. El mecanismo llamado Redd+ promete ser una innovadora solución financiera que enlaza a empresas que quieren pagar para compensar su huella de carbono con comunidades locales que cuidan bosques estratégicos para mitigar la crisis climática global. No obstante, en algunos casos estas comunidades podrían no estar siquiera beneficiándose del trato.

 

El resguardo indígena Ríos Cotuhé y Putumayo, atravesado por el río Cotuhé acá visible, alberga 2.450 kilómetros cuadrados de selva amazónica en altísimo estado de conservación. Foto: cortesía de Rodrigo Botero / Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

Un proyecto a 100 años en el trapecio amazónico

En septiembre de 2022, la certificadora colombiana ColCX aprobó el proyecto Redd+ Conservando la Vida del Mundo, Mowíchina arü Maü, Ríos Cotuhé y Putumayo, que describe en su registro público como “una iniciativa de los pobladores indígenas tikuna del resguardo de los Ríos Cotuhé y Putumayo, representados por el Cabildo Indígena Mayor de Tarapacá (Cimtar), su organismo de gobernanza” a lo largo de un periodo de 100 años.

El centro del proyecto -que significa ‘vida de la diosa de los ríos Cotuhé y Putumayo’ en lengua tikuna o poguta- es ese territorio indígena de 2.450 kilómetros cuadrados (o el tamaño de Luxemburgo), que atraviesa la parte norte del trapecio amazónico colombiano desde la frontera con Perú hasta casi la de Brasil. Lleva el nombre de los dos ríos que lo atraviesan: el Cotuhé que fluye hacia el norte desde el Parque Nacional Amacayacu hasta encontrarse con el poderoso Putumayo o Içá, afluente del Amazonas, justo antes del pueblo de Tarapacá. En su interior viven doce aldeas indígenas que suman 2024 personas, en su mayoría del pueblo tikuna, aunque también hay indígenas okaina, bora y uitoto. La selva allí está en buen estado de conservación, aunque en años recientes se han detectado dragas de minería ilegal de oro en los dos ríos.

La Asociación Cabildo Indígena Mayor de Tarapacá (Cimtar), la autoridad indígena que históricamente ha gobernado en el resguardo, figura como propietaria del proyecto, mientras la empresa mexicana Global Consulting and Assessment Services S.A. de C.V. aparece como desarrolladora.

Varios líderes del resguardo, sin embargo, dicen no conocer la iniciativa que debería traerles ingresos para respaldar su trabajo de cuidado de una porción del mayor bosque tropical húmedo del mundo y cubrir sus necesidades básicas. La mayoría de aldeas del resguardo presentan un nivel entre regular y crítico de acceso a servicios públicos como energía eléctrica, alcantarillado, tratamiento de basuras y agua potable, según la matriz de Indicadores de Bienestar Humano Indígena (IBHI) que construyó el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi de la mano de las comunidades.

“Cero en todos los aspectos: cero información, cero participación, cero beneficios. No tenemos ningún documento, no sabemos qué se vendió, ni conocemos en qué se invirtió”, dijo Pepe Cham García, un líder indígena tikuna y actual representante legal de Cimtar, a esta alianza periodística.

“La gente no tiene conocimiento de si se avanzó o no, y eso genera preocupación. No sabemos si hubo algún desembolso, nada concreto. Ninguna información hubo de las personas responsables”, dijo por su parte José Herlinton Pérez, quien fue autoridad de la aldea de Puerto Nuevo.

Que dos líderes de esa comunidad digan que no les han dado información ni participación  del proyecto significa que éste podría estar incumpliendo varias de las salvaguardas sociales y ambientales contempladas para este tipo de iniciativas en Colombia. Esto incluye obligaciones de ser transparente en la información, de contar con el consentimiento libre, previo e informado de la comunidad, de asegurar la participación plena y efectiva de sus beneficiarios, y de rendirles cuentas de sus resultados económicos.

Los indígenas de Cotuhé Putumayo no conocen mayores detalles del proyecto porque la certificadora ColCX no publica en su plataforma el documento de diseño de proyecto (PDD, en la jerga del sector) que sustenta cualquier iniciativa ni el informe del auditor, Deutsche Certification Body, que precede su aprobación y autorización para vender créditos en el mercado voluntario de carbono. Algo similar ocurrió en el caso Cumbal en Nariño.

Esta alianza periodística ha solicitado a ColCX acceso a los documentos del proyecto desde diciembre de 2022, en el marco de un mapeo de proyectos y actores del mercado de carbono que esta alianza periodística publicará pronto. A diferencia de sus competidoras, la estadounidense Verra y las colombianas Cercarbono y BioCarbon Registry (antes llamada ProClima), ColCX es la única certificadora que opera en Colombia que no los hace públicos para todos sus proyectos.

La respuesta de la certificadora - cuya empresa matriz Canal Clima forma parte de Valorem, el holding empresarial de la familia Santo Domingo, una de las más ricas y poderosas del país - ha sido negativa en todas las ocasiones. 

En enero de 2023, su gerente técnica Catalina Fandiño dijo por correo electrónico a CLIP que “el documento de diseño de cada uno de los proyectos es de carácter confidencial y es propiedad de la comunidad y/o desarrollador”, pero que los solicitaría al desarrollador. Dos meses después, añadió que “no obtuvimos aprobación para compartir la información solicitada”. En abril de 2024, ante una nueva petición, su director Mario Cuasquén dijo no poder hacerlo debido a “una cláusula de confidencialidad que obliga a las partes a abstenerse de divulgar más información”. En septiembre de 2024, Cuasquén explicó que el caso Cumbal suscitó un proceso de autocrítica en la empresa del grupo Santo Domingo y que hicieron cambios significativos a su política interna, que ahora sí permite publicar dichos documentos. Pero advirtió que no podían hacerlo para los casos de Global Consulting por dicha cláusula.

Los indígenas del Cimtar, que son teóricamente los propietarios del proyecto, no han tenido mejor suerte encontrando esa información.

Derechos de petición sin responder

Poco después de asumir la representación legal de Cimtar, Pepe Cham decidió escribir a los responsables de la iniciativa. El 25 de octubre de 2022, envió una carta a ColCX presentándose y solicitando información sobre el proyecto dado que, en sus palabras, “presume estar ubicado en nuestro territorio”. 

“Ni yo como representante legal ni los otros miembros del Comité Ejecutivo de Cimtar tienen conocimiento del contenido, condiciones y acuerdos que sustentan este proyecto y no hemos tenido contacto con la empresa Global Consulting And Assessment Services S.A de C.V.”, les dijo, según evidencian los correos electrónicos que Cham mostró a esta alianza periodística.

Dos semanas después, el director de ColCX, Mario Cuasquén, le respondió que desde su perspectiva como certificador, el proyecto “se ha venido ejecutando en debida forma, bajo el amparo del Contrato de Mandato No. 008-2019 celebrado entre Global Consulting and Assessment Services S.A. de C.V. y la Asociación Cabildo Indígena Mayor de Tarapacá Cimtar”. 

La certificadora le remitió a Cham una carta en la que Bárbara Lara de Global Consulting expresó a ColCX que “todas las actividades relacionadas con el diseño, implementación y ejecución del proyecto que a la fecha ha realizado Global Consulting se encuentran autorizadas por (…) Cimtar y cobijadas bajo el contrato de Mandato No. 008 de 2019 suscrito entre Global Consulting y el Resguardo Cotuhé Putumayo – Cimtar”. Explicó que el antecesor de Cham en el cargo de representante legal, Marcelino Sánchez Noé, firmó ese contrato y que luego, el 21 de marzo de 2022, envió una carta autorizando el inicio del proyecto.

La empresaria mexicana dijo también que se habían enterado del cambio de representante legal en el resguardo, pero señaló que sabía que Sánchez había interpuesto un recurso de reposición contra la resolución del Ministerio del Interior confirmando dicho cambio. La empresa, dijo, se abstendría de intervenir hasta que esa situación se resolviese. “Global ha decidido mantenerse imparcial y a la espera a que el recurso de apelación (…) sea resuelto por el despacho del Viceministro, toda vez que hasta que aquello no ocurra, no podrá celebrar actos con el Sr. Pepe Cham García relacionados con el proyecto”, escribió Lara.

Dos meses después, el penúltimo día del 2022, la viceministra Lilia Solano confirmó la decisión original del Ministerio del Interior y ratificó a Pepe Cham como representante legal de Cimtar.

El líder indígena reconocido oficialmente por el Estado colombiano, sin embargo, no recibió respuesta de Global Consulting a su solicitud.

Año y medio después, a mediados de 2024, Pepe Cham inició una nueva ronda de cartas buscando información sobre el proyecto de carbono activo en su territorio.

En un derecho de petición enviado a Global Consulting el 9 de agosto, Cham una vez más enfatizó a la empresa que “la comunidad y los actuales líderes no tenemos conocimiento pleno del proyecto y sus condiciones, situación que afecta a ambas partes considerando las mencionadas salvaguardas” y que su predecesor Marcelino Sánchez no tenía dicha información.

“La comunidad de Cimtar tiene el derecho, en cumplimiento de la normativa nacional e internacional, de tener información y conocimiento pleno de este proceso”, añadió, solicitando los documentos que se refieran a “el objetivo, la duración, el área, las condiciones de implementación, las condiciones de financiación y las condiciones administrativas” de la iniciativa. Además, pidió documentos probando la socialización del proyecto con los habitantes del resguardo y “en especial (…) información sobre los beneficios económicos obtenidos por el proyecto y la forma como han sido distribuidos en la comunidad de Cimtar, especificando montos, personas beneficiadas, proyectos beneficiados, así como las condiciones de modo, tiempo y lugar del desembolso de los recursos”.

Cham dijo a esta alianza periodística que, más de seis meses después, no ha recibido respuesta de la empresa mexicana.

Ese mismo 9 de agosto, Cham mandó un derecho de petición similar a ColCX, reiterando los mismos puntos. El 3 de septiembre, Mario Cuasquén le respondió aunque no lo hizo de fondo. Argumentó que el derecho de petición era improcedente, volvió a decirle al representante legal de Cimtar que no estaba autorizado para entregarle la información solicitada “en atención a los acuerdos contractuales de confidencialidad vigentes” y explicó que desconocía parte de esos datos, sobre todo los financieros. Cerró diciéndole que “el proyecto (…) puede consultarse públicamente en la página web de ColCX”, pese a que justamente esa plataforma no incluye documentos básicos como el PDD ni el informe de auditoría.

Frustrado por esta falta de respuesta, Cham pidió ayuda a tres entidades públicas. El Ministerio de Ambiente, que supervisa el mercado de carbono, respondió que “no ha obtenido respuesta por parte de la empresa Global Consulting”, mientras que el Ministerio del Interior, que vela por los derechos de las minorías étnicas, y la Defensoría del Pueblo no dieron respuesta.

Esta alianza periodística solicitó entrevistas con Bárbara Lara de Global Consulting desde marzo de 2025, pero no obtuvo respuesta.

 

El resguardo Ríos Cotuhé y Putumayo está integrado por unos 2000 indígenas, mayoritariamente del pueblo tikuna, repartidos en doce aldeas, como la de Buenos Aires acá visible. Foto: cortesía de Rodrigo Botero / Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

Una historia de dos Cimtar

El 18 de marzo de 2025, Marcelino Sánchez, el líder indígena que firmó el contrato que sustenta el proyecto, envió a esta alianza periodística un correo electrónico presentándose como representante legal del Consejo Indígena Mayor de Tarapacá Amazonas Cimtar y adjuntando una carta cuyo contenido nos abstenemos de revelar por solicitud expresa del remitente, en la que exigió no hacer reportería sobre el tema.

Tres días después, Sánchez escribió un nuevo email, copiando a Bárbara Lara de Global Consulting, adjuntando de nuevo dicha carta y subrayando su trayectoria en liderazgo indígena de 15 años. “En estos momentos la prioridad que tenemos es la formalización de nuestra Entidad Territorial Indigena y posterior liquidación de la Asociación [Cimtar]”, escribió en el texto del correo electrónico. Hasta la fecha de publicación, Marcelino Sánchez no ha respondido a solicitudes de entrevista ni a preguntas específicas sobre el proyecto de carbono.

El título que usa Sánchez en sus comunicaciones subraya una de las complejidades del caso: hay dos instancias de gobernanza que coexisten en Cotuhé Putumayo. Por un lado está el Cabildo Indígena Mayor de Tarapacá que lidera Pepe Cham desde enero de 2022 (y reconocido por el Ministerio del Interior en abril de 2022) y, por el otro, el Consejo Indígena Mayor de Tarapacá Amazonas que lidera Marcelino Sánchez desde marzo de 2022.

Esto ocurre porque el resguardo está en proceso de cumplir el viejo sueño de convertirse en una entidad territorial indígena (ETI) con funciones político-administrativas. Se trata de una promesa que viene desde la Constitución de 1991 que declaró a Colombia un país pluritétnico, pero que se ha venido implementando por partes. En 2018, el gobierno de Juan Manuel Santos plasmó en un decreto la ruta para que los territorios indígenas en las áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés sean incorporados al ordenamiento nacional con una categoría similar a la de los municipios. A partir de ese momento, los territorios empezaron a crear y formalizar sus consejos indígenas, que son la figura de gobierno local –como el alcalde para los municipios- que les asignó la Constitución. Mientras se lleva a cabo esa transición, y una sustituye a la otra como órgano de gobierno interno que eventualmente administrará y ejecutará recursos públicos de forma directa, las dos conviven.

Según los líderes del cabildo, el acuerdo al que llegaron en Cotuhé Putumayo en 2019 era que crearían el consejo indígena, pero que éste sólo asumiría las responsabilidades del cabildo cuando ya esté funcionando plenamente la nueva figura de ordenamiento territorial. “Todo el mundo sabe que la asociación está hasta el punto final en que nos convertimos en entidad territorial indígena”, dice Rafael Ahuanary, otro líder indígena local.

Las cosas se vuelven aún más confusas dado que ambas instancias de gobierno en el resguardo -cabildo y consejo- usan la misma sigla de Cimtar.

ColCX no quiso responder a las preguntas de esta alianza sobre el proyecto aduciendo haber recibido el 18 de marzo una “solicitud de no difusión de información”. Según la certificadora, esa comunicación le instruyó que “como órgano de representación y autoridad en nuestra comunidad, el Consejo Indígena Mayor de Tarapacá es el único ente facultado para tomar decisiones sobre la divulgación y manejo de la información relacionada con nuestro resguardo indígena”, razón por la cual ColCX tomó la decisión de que “debe abstenerse de entregar información escrita o verbal sobre el proyecto”. Por último, la certificadora invitó a consultar la información pública de la iniciativa en su plataforma, que -como se mencionó anteriormente- no incluye ni el PDD ni el informe de auditoría.

A pesar de que ColCX aceptó el pedido de no difusión de información solicitado por el Consejo Indígena Mayor de Tarapacá, hay un punto crucial, la plataforma de la certificadora no menciona en ningún momento a esa organización, sino que lista públicamente al Cabildo Indígena Mayor de Tarapacá (Cimtar) como “propietario” del proyecto y “organismo de gobernanza” del resguardo. La declaración de validación del proyecto también indica que quien “obra en representación de la comunidad del resguardo de los ríos Cotuhé y Putumayo” es el Cabildo Indígena.

La plataforma del certificador ColCX muestra que el propietario del proyecto es el Cabildo Indígena Mayor de Tarapacá y no, como dicen ahora varios de los actores involucrados, el Consejo Indígena Mayor de Tarapacá que comparte las mismas siglas. Fuente: Plataforma de ColCX.

Esta alianza periodística le preguntó a ColCX con cuál de las dos instancias -cabildo o consejo- interactúa, con qué fundamento tomaba partido por una de ellas y por qué no ha respondido las solicitudes de hace meses de Pepe Cham de acceso a los documentos del proyecto, pero la certificadora no respondió. Tampoco respondió quién le envió el oficio pidiéndole no hablar de la iniciativa Redd+.

Más allá de quién tiene la razón sobre cuál es la máxima instancia de gobernanza en el resguardo, un problema de fondo persiste: ¿por qué los habitantes del resguardo Cotuhé Putumayo no tienen acceso a la información detallada sobre el proyecto de bonos de carbono en su territorio?

Los vínculos entre desarrolladora y auditora

¿Cómo pudo un proyecto Redd+, desconocido por indígenas que supuestamente participan en su desarrollo, ser aprobado y recibir permiso para vender bonos en el mercado voluntario de carbono?¿Cómo pudo la 29ª empresa más grande del mundo por ingresos comprar los resultados ambientales de una comunidad indígena sin que quienes los produjeron hubieran recibido algo a cambio? La respuesta a estas preguntas parece tener, al igual que en Cumbal (Nariño), dos patas: una maraña de posibles conflictos de interés por un lado y una falta de debida diligencia por otra.

Dentro de la cadena de valor del carbono, un proyecto solo llega a la fase de certificación y emisión de bonos tras haber pasado una evaluación por parte de un auditor externo, un tercero contratado por el desarrollador, pero que debe ser independiente e imparcial frente a éste. Aunque el informe de auditoría de Cotuhé Putumayo sigue sin ser público y la certificadora ColCX se niega a publicarlo, de entrada ya hay un problema de fondo: los múltiples vasos comunicantes entre la empresa desarrolladora y la auditora ponen en duda esa distancia.

El vínculo más claro y quizás problemático es que Bárbara Lara Escoto, la gerente de Global Consulting, fue socia fundadora y accionista de la Deutsche Certification Body, según consta en documentos corporativos registrados en la cámara de comercio, algo que la investigación periodística original sobre el caso Cumbal ya había mostrado. Eso significa que la firma mexicana contrató a los antiguos socios de negocios de su gerente para que evaluaran su proyecto.

Hay también vínculos en la dirección contraria. Óscar Gaspar Negrete, el presidente y accionista único de Deutsche Certification Body a junio de 2022 y quien firmó los certificados de validación y verificación del proyecto Cotuhé Putumayo, aparece también en dos documentos corporativos de Global Consulting and Assessment Services S.A. de C.V. disponibles en el Registro Público de Comercio de México. En uno de 2016 figuraba como comisario de su órgano de vigilancia, un rol que suele ser escogido por la asamblea de socios, y en otro de 2019 aparecía como “representante y/o delegado de la asamblea de socios”.

En otras palabras, Gaspar Negrete no solo fue socio accionista de Bárbara Lara en la auditora colombiana, sino que también estuvo vinculado a la empresa mexicana que ella gerencia y que desarrolló el proyecto con Cimtar. Ambos hechos sugieren que las empresas podían tener un doble conflicto de interés, dado que un auditor de proyectos de carbono debe “permanecer imparcial con respecto a la actividad validada o verificada, así como libre de sesgos y conflictos de intereses”, según señala una de las normas internacionales ISO que regulan su trabajo y rige en Colombia.

Ni Deutsche Certification Body ni Global Consulting respondieron a solicitudes de entrevista desde marzo de 2025.

En octubre de 2023, dos meses después del fallo de un juez de segunda instancia contra el proyecto Pachamama Cumbal, la auditora Deutsche Certification Body perdió su acreditación. El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) decidió retirarle la acreditación que tenía desde 2021 para evaluar proyectos de reducción de gases de efecto invernadero, incluidos los Redd+ como el de Cotuhé Putumayo. Un mes después, el comité de apelaciones de ONAC confirmó y dejó en firme esa decisión. Esto significa que puede continuar auditando proyectos en Colombia pero, en palabras de la ONAC, “ya no está autorizado para emitir informes ni certificados bajo la condición de acreditado, ni utilizar el símbolo de acreditado, ni hacer referencia a la condición de acreditado”.

Las razones por las cuales la auditora fue sancionada son menos claras. La ONAC denegó una solicitud de esta alianza periodística de acceder a las actas o al expediente que soportaron la decisión, señalando que “solo podemos compartir información que haya sido publicada oficialmente”, debido a normas internacionales y cláusulas de confidencialidad firmadas con sus acreditados. Su decisión fue tomada cinco meses después de la publicación del CLIP detallando posibles conflictos de interés de Deutsche Certification Body y Global Consulting.

Hay otros puntos adicionales que preocupan a los indígenas de Cotuhé Putumayo. Primero, dicen no entender cómo el proyecto terminó siendo desarrollado por Global Consulting dado que, según el relato de los seis líderes consultados, hubo una reunión inicial de socialización en la aldea de Puerto Huila hacia 2019 en donde discutieron un posible proyecto con una empresa distinta llamada Taita Samay S.A.S. Un líder dice recordar que Taita Samay lideraba la propuesta, con Global Consulting figurando como un apoyo para preparar los documentos del proyecto y hacer el trabajo social. Dicen no saber aún cuándo ni con cuál empresa fue firmado el contrato que dio pie al proyecto.

En cualquier caso, los seis líderes insisten en que en esa primera reunión no se firmó un contrato, sino que su propósito era esbozar la ruta hacia un eventual proyecto. “Llegamos a unos acuerdos para comenzar a trabajar, planear cómo sería para adelante. Quedó el compromiso de volvernos a reunir para [recorrer] el camino planificado de trabajo, pero eso nunca se dio”, dice Jhovanny Carvajal, quien es autoridad tradicional de la aldea de Puerto Huila y estuvo en esa reunión. “Hasta la fecha todos nos hemos preguntado en qué está, porque no hay información clara y veraz sobre la situación”, coincide Antonio Supelano, líder de la aldea Ventura que también asistió ese día.

También entre esas dos empresas hay vasos comunicantes. Como probó el CLIP en otra investigación, Global Consulting y Taita Samay comparten figura visible: Bárbara Lara Escoto, la directora general de Global Consulting es la representante legal de Taita Samay (cuyo nombre significa ‘descanso del padre’ en quechua) desde 2019.

Los seis líderes indígenas tampoco se enteraron cuándo el proyecto de Global Consulting entró al mercado de carbono. Al punto que tres años después, en noviembre de 2022, se reunieron en la aldea de Buenos Aires con otra empresa distinta del mercado de carbono llamada Allcot para explorar la posibilidad de hacer un proyecto juntos. No pasaron de esa primera reunión porque en ese momento se percataron de la existencia de la otra iniciativa. “Lo detectamos allí, pedimos información, no la obtuvimos y vimos que tenía mucho riesgo entrar en un proyecto”, confirmó a esta alianza periodística Mercedes García Madero, directora técnica de Allcot. Aunque los indígenas de Cimtar ignoraran la existencia del otro proyecto activo y no hubiesen visto jamás sus documentos, el riesgo de iniciar un segundo proyecto en el mismo lugar era que todos terminaran vendiendo el mismo resultado ambiental dos veces – algo conocido en el mercado de carbono como doble contabilidad.

Para complejizar aún más la situación, una de las aldeas que forma parte del resguardo, los tikuna o magutá del caño Pupuña en la frontera con Perú, son considerados un pueblo indígena en contacto inicial (también conocido como PICI) y, por tanto, requieren protección adicional a raíz de su vulnerabilidad. El resguardo también colinda con el área donde viven dos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario (o PIA) que aún alberga la selva amazónica: los yuri - passé. En noviembre de 2024, el Ministerio del Interior colombiano estableció una zona intangible en inmediaciones del Parque Nacional Río Puré y una zona amortiguadora al lado para protegerlos. La existencia de los yuri - passé fue probada gracias a la investigación del fallecido experto Roberto Franco en su célebre libro Cariba malo en 2012 y al conocimiento de los indígenas vecinos.

Pese al buen estado de conservación de la selva en Cotuhé Putumayo, en los últimos dos años se han detectado dragas de minería ilegal de oro en los dos ríos que lo atraviesan. Foto: cortesía de Rodrigo Botero / Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

La petrolera compradora

Al igual que ocurrió con la iniciativa hecha de espaldas a los indígenas pasto en los bosques andinos y páramos de Nariño, el mejor cliente del proyecto en Cotuhé y Putumayo ha sido la petrolera estadounidense Chevron.

Entre septiembre de 2022 y mayo de 2024, Chevron Petroleum Company –la principal filial en Colombia de Chevron Global Energy Inc.– usó 2,98 millones de créditos del proyecto para reducir la carga tributaria por el impuesto al carbono en Colombia, según los registros públicos de la plataforma de transacciones de la certificadora ColCX. Una segunda filial llamada CI Chevron Export S.A.S. usó otros 21.427 bonos. Otras empresas que también usaron los bonos de los indígenas tikuna incluyen a la distribuidora de gasolina Zeuss S.A.S. con 387.000, la empresa Alberto Ochoa y Cia S.A.S. con 2730 y OZ EDS S.A.S. con 500.

Una parte significativa de esos créditos fueron usados por Chevron posteriormente a que se conocieran los problemas que involucraban a la desarrolladora Global Consulting y a la auditora Deutsche Certification Body en el proyecto en Nariño. Desde que la iniciativa Pachamama Cumbal fue suspendida por un juez en julio de 2023, la petrolera usó 1,3 millones de créditos del proyecto que los indígenas de Cimtar dicen desconocer. Y desde que la ONAC retiró la acreditación de Deutsche Certification Body, Chevron usó un millón de bonos.

Chevron confirmó que compró créditos del proyecto en Cotuhé Putumayo a través de Global Consulting, con la que -en sus palabras- “en su momento tuvimos un acuerdo comercial” pero que “hoy Chevron Colombia no tiene vinculación contractual con el desarrollador de ese proyecto ni tampoco canjea bonos de los proyectos mencionados ni de otros proyectos”. (Ver la respuesta completa de Chevron acá).

Según la petrolera, “Global Consulting en ningún momento reportó inconvenientes sociales ni ambientales en el resguardo de Cotuhé y Putumayo, ni en ningún otro proyecto [y] sus informes resaltaban que todos los parámetros legales y normativos se estaban cumpliendo”. La empresa añadió que de la desarrolladora “recientemente nos hicieron saber que las autoridades indígenas del resguardo han negado conflictos sociales causados por este proyecto”. No respondió qué autoridades lo afirmaron ni quién se los preguntó. Tampoco dijo cuánto pagó por los bonos de Cotuhé Putumayo, ni listó los proyectos a los que ha comprado créditos en los últimos cinco años.

Sobre los problemas legales del proyecto de Global Consulting en Nariño, Chevron dijo que “estuvo al tanto de la situación jurídica alrededor del proyecto Pachamama Cumbal, razón por la cual, una vez se conoció la tutela radicada por algunos miembros del resguardo, le solicitamos a nuestro proveedor suspender el canje y retiro de certificados de ese proyecto”. No respondió a la pregunta de por qué usó 1,5 millones de bonos de otro proyecto desarrollado, auditado y certificado por las mismas empresas involucradas en el de Cumbal después de los fallos en su contra. La petrolera tampoco mencionó que, como reveló otra investigación del CLIP, canjeó casi 289.000 créditos de Pachamama Cumbal después de la suspensión por orden judicial (algo que en su momento atribuyó a que su “proveedor adquirió sin previo aviso bonos de dicho proyecto para Chevron Colombia, los cuales no fueron advertidos oportunamente en nuestros procesos internos y por error terminaron haciendo parte del proceso de compensación de dicho periodo”).

Chevron no respondió a preguntas sobre qué procedimiento de debida diligencia lleva a cabo para evaluar la calidad de los créditos de carbono que compra ni quién toma las decisiones de esas compras en la empresa.

A la pregunta de si los problemas de Cumbal les generaron alguna autocrítica, la empresa dijo que “después de analizar la información periodística alrededor del proyecto en Nariño, pusimos en marcha una estrategia para mejorar los procedimientos y salvaguardas internas” e “iniciamos una revisión para garantizar la viabilidad de los proyectos en los cuales se invierte, que incluye la participación de actores internacionales de la corporación para evaluar los proyectos futuros”. No detalló esos procedimientos.

La suma de peculiaridades —un proyecto desconocido por sus beneficiarios, documentos que no son públicos, vínculos no declarados entre desarrollador y auditor, un certificador que niega información a la comunidad y un comprador que desconoce la realidad del proyecto en el terreno— han sembrado dudas sobre la legitimidad de la iniciativa ambiental.

Por estos motivos, el pasado 24 de abril Pepe Cham interpuso una acción de tutela en nombre del cabildo solicitando que se proteja el derecho fundamental de petición que, a su juicio, les ha violado Global Consulting. Cham escribió en su acción judicial que “al tener el control total de la información relacionada con el desarrollo del proyecto y negar el acceso efectivo a la misma a la Asociación Cimtar mediante la abstención a responder el derecho de petición”, la empresa desarrolladora “evidencia su posición dominante así como la indefensión y subordinación en la cual queda Cimtar, al serle negado el acceso a la información y documentación contractual donde se supone la misma Asociación es parte y frente a un proyecto Redd+ que se adelanta presuntamente en su territorio”.

El 8 de mayo, el juez Henry Geovanny Ramírez dio la razón a Cham, ordenando a Global Consulting y a una empresa filial suya en Colombia llamada SPV Business S.A.S. “emitir una respuesta de fondo, clara, concreta y congruente a la petición” en un lapso de dos días hábiles tras la notificación judicial. Según el juez, a Global Consulting “no le asiste razón (...) al negarse a responder” las solicitudes de información de Cimtar. La empresa puede apelar el fallo.

Cuatro días después, Global Consulting denegó la solicitud de información del cabildo Cimtar, argumentando que una respuesta a un derecho de petición puede ser negativa si explica las razones para ello. En su respuesta este lunes, Bárbara Lara señaló que la información solicitada "reúne las condiciones para ser considerada un secreto empresarial" y que "tiene un valor comercial derivado de su confidencialidad". Lara también argumentó que el contrato no se firmó con el cabildo sino con el resguardo, a través del consejo representado por Marcelino Sánchez, y que por tanto "no existe fundamento jurídico ni contractual para acceder a lo solicitado" por Pepe Cham.

Aún así, los líderes de Cotuhé Putumayo confían en lograr que el dinero que ya generó el proyecto de bonos de carbono pueda llegar a su territorio, para financiar necesidades como salud o educación de sus habitantes. “Estamos en busca de una buena salida, del beneficio colectivo”, dice Jhovanny Carvajal. “Si todo se hubiera hecho bien planificado y organizado, no tendríamos tantas carencias”, dice José Herlinton Pérez.

Como le dijo el líder indígena Pepe Cham al Ministerio de Ambiente en otra carta de enero de 2025, “se trataría de un proyecto Redd+ que nos pertenece y del que somos dueños, pero del que no tenemos información alguna, ni un solo documento contractual”.

 

Este reportaje contó con apoyo de los Rainforest Reporting Grants del Centro Pulitzer.

 

Actualizado el: Mié, 05/14/2025 - 10:52

La Procuraduría General de la Nación sancionó a nueve militares por “falta disciplinaria grave” debido a la recolección, sin sustento, de la información de periodistas en medio de una operación de inteligencia del Ejército con fuentes abiertas (OSINT). La decisión fue tomada en primera instancia, cinco años después de que una investigación de la Revista Semana señalara que una unidad militar había construido las ‘carpetas secretas’ con información de 130 personas, incluyendo líderes sociales y periodistas, entre ellos la totalidad del equipo de Rutas del Conflicto.

Rutas del Conflicto valora la decisión de la Procuraduría, que señala que los militares se extralimitaron en sus funciones a la hora de seleccionar a los líderes sociales y a los reporteros. La sanción incluye a militares de alto rango, como un brigadier general. Tras conocer algunos detalles del ‘perfilamiento’, en el que fuimos vinculados injustificadamente a un grupo al margen de la ley, consideramos que la recolección de información por parte de esa unidad de inteligencia tenía fines incriminatorios en contra de nosotros y del resto de víctimas. 

Reiteramos que ninguno de los miembros de Rutas del Conflicto ha tenido ningún tipo de vínculo con ningún grupo ilegal. Nos parece una gran irresponsabilidad que el Ejercito use herramientas de inteligencia con base en fuentes abiertas (OSINT) y softwares de monitoreo, basado en interacciones de redes sociales, para hacer ese tipo de señalamientos sin ningún fundamento, que estigmatizan la labor periodística y ponen en riesgo a la libertad de prensa, a los reporteros y a sus fuentes. 

La Procuraduría es la primera entidad del Estado en señalar la responsabilidad de estas acciones cometidas por miembros del Ejército colombiano, y este es un paso importante para que el Estado asuma la gravedad de estos hechos. Por eso, pedimos que, en segunda instancia, la entidad considere que la falta disciplinaria fue “gravísima”, y no “grave” como fue decidido en primera instancia. Además, aún tenemos muchas preguntas sin respuesta en relación al actuar de los militares: ¿Por qué decidieron incluirnos en una operación de inteligencia contra grupos ilegales? ¿Qué iban a hacer con esta información? ¿Puede el Estado garantizar que los seguimientos digitales cesaron en ese momento? 

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) afirma que la decisión de la Procuraduría, a pesar de ser un avance en el esclarecimiento de los hechos, aún “desconoce la gravedad de la conducta al ignorar, en primer lugar, el contexto de sistematicidad de estas violaciones por parte de los organismos de inteligencia del Estado; en segundo lugar, las afectaciones a los derechos fundamentales de las y los periodistas; y, finalmente, la necesidad de imponer sanciones proporcionales frente a la gravedad de los hechos” (haz clic para acceder al comunicado de la FLIP sobre el tema). El reconocimiento de la vigilancia digital a los periodistas como una falta “gravísima”, según la FLIP, “no solo sentaría un precedente claro de rechazo frente a las prácticas de vigilancia ilegal contra periodistas, sino que también sería fundamental para garantizar el derecho a la justicia, asegurar una sanción proporcional a la gravedad de los hechos y consolidar una medida efectiva de no repetición frente a violaciones graves de derechos humanos.”

Como aún faltan esclarecimientos, también instamos a la Fiscalía General de la Nación, que cuenta con las pruebas desde hace cinco años, a avanzar con el proceso, y al Estado colombiano que garantice que este tipo de violaciones a la libertad de prensa cesen en su totalidad.

En el caso del equipo de Rutas del Conflicto, hay claros indicios que muestran que la vigilancia digital empezó a partir de una investigación que desarrollamos durante el primer semestre de 2019 junto a la Liga Contra el Silencio, una iniciativa creada por la FLIP, precisamente para enfrentar la censura. Creemos que nos ‘perfilaron’ por preguntar y exigir información pública al Ejército sobre convenios que habían firmado con empresas petroleras y minero-energéticas. Ante la falta de respuestas, solicitamos judicialmente el acceso a la información. Además, estábamos trabajando en investigaciones que mostraban posibles casos de corrupción vinculados a estos dineros que llegaban al Ejército por medio de los convenios (más información en el comunicado que publicamos en mayo de 2020: “Así responde el Ejército a quienes lo cuestionan”).  

Somos un medio de comunicación digital que desde hace once años ha cubierto la reconstrucción de las memorias de la guerra y la resiliencia de centenares de comunidades en todo el país. Tras la vigilancia del Ejército, el miedo se disparó entre los jóvenes integrantes del equipo periodístico y en las fuentes que solíamos consultar, especialmente desde las organizaciones sociales. 

Varias personas dejaron de contestarnos telefónicamente y nos expresaban el temor de que nuestras comunicaciones estuvieran interceptadas. Solo aceptaban hablar con nosotros personalmente, lo que representó un enorme reto y un costo emocional y económico. La incertidumbre y el temor se extendieron a los familiares de los periodistas, e impactó nuestro cubrimiento periodístico. En ese momento, incluso, tomamos la decisión de suspender temporalmente las investigaciones y publicaciones que involucraran a militares dentro de nuestro trabajo periodístico. El impacto en nuestra libertad de prensa fue evidente y grave. Las consecuencias de la vigilancia militar a los otros periodistas perfilados en las ‘carpetas secretas’ también incluyen “afectaciones emocionales y a su salud mental y una de las comunicadoras se vio obligada a salir del país como mecanismo de autoprotección”, según el comunicado de la FLIP.

Consideramos fundamental y urgente que las herramientas de inteligencia con base en fuentes abiertas y los softwares de monitoreo no sean utilizados por unidades militares para vigilar a periodistas en el ejercicio legítimo de su trabajo. La libertad de prensa y los derechos a la privacidad y a la reserva de fuentes periodísticas deben ser respetados. 

 

Actualizado el: Mar, 05/13/2025 - 07:57

Por: Daniela Quintero Díaz

A principios de febrero, en el centro de Bogotá, Luis Alfredo Acosta —coordinador nacional de la guardia indígena en la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)— recitaba de memoria la frase de un libro mientras se tomaba un café cultivado por sus paisanos: “Soy de la selva porque huelo a selva, huelo a monte. Y cuando yo huelo a monte y huelo a árbol, soy capaz de tocarle la frente al venado arisco en la tarde”.

Es indígena nasa del departamento del Cauca y desde hace 35 años forma parte de la guardia indígena de su pueblo. Como coordinador nacional, ha acompañado múltiples procesos en la Amazonía, donde —al igual que en otros lugares distantes de la capital colombiana— las guardias indígenas cumplen, día tras día, una tarea silenciosa pero vital: cuidar el territorio pese a la violencia y la presencia de actores armados. 

Lo hacen aun cuando Bogotá no es amable con ellos: 15 mil indígenas llegaron para participar de las marchas del pasado 1° de mayo, y exigir el cumplimiento de las promesas hechas por el Gobierno, pero se encontraron con varios discursos de odio. “¿Qué hace esta indiamenta acá?”, dijo una mujer desde El Nogal, un exclusivo club de la ciudad, en un video que se viralizó en redes sociales. También los llamaron “secuestradores” y “milicia”. Pero en sus territorios, guiados por los abuelos y siguiendo el mandato de sus comunidades, cientos de hombres y mujeres indígenas de la Amazonía se organizan para proteger la selva. 

Más de 120 guardias de 41 comunidades del trapecio amazónico se reunieron a finales de marzo en Puerto Nariño, Amazonas, para fortalecer sus habilidades de defensa territorial. Foto: César Giraldo Z 

Para ellos la selva es un territorio vivo. Allí no solo está su alimento, su farmacia y los materiales para sus artesanías. También se encuentran sus tradiciones, conocimientos y lugares sagrados. Conservarla es proteger su existencia, su cultura y los derechos de todos los que la habitan. No solo se benefician ellos, es un aporte que hacen a todo el planeta.

“Nuestros mayores nos cuentan que hemos cuidado el territorio milenariamente”, afirma Mario Erazo Yaiguaje, exgobernador del Resguardo Siona de Buenavista, en Putumayo, y cuiracua (guardia indígena) de su comunidad. Su defensa ha sido sin armas, pacíficamente, amparada en el gobierno propio. 

A pesar de que la Constitución y varios convenios internacionales reconocen la labor de las guardias indígenas, durante décadas han tenido que ejercerla en medio de la ausencia estatal y la violencia. “Históricamente hemos vivido muchos atropellos. Desde la época de las caucherías hasta la extracción de quinoa y, luego, de otros productos”, recuerda Yaiguaje. “Cuando yo nací, empezaron a aparecer las guerrillas, llegó el apogeo de la coca, el narcotráfico y, después, de las empresas extractivistas que se instalaron en los territorios violentando la consulta previa. De alguna u otra forma, nos han sometido a perder nuestros derechos”, agrega. 

En abril de 2024, el Ejército incautó más de mil minas antipersonal en la zona rural de Puerto Garzón, Putumayo, territorio habitado por los indígenas siona. Foto: cortesía Comunidad Indígena Siona

Según el Programa Somos Defensores, en los últimos 10 años han sido asesinados al menos 70 guardias indígenas en el país a manos de guerrillas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), paramilitares, disidencias de las FARC (que no se acogieron al Acuerdo de Paz), la fuerza pública y otras alianzas criminales. Eso ha provocado, en palabras de los indígenas, una “desarmonización” del territorio. Es decir, la ruptura del equilibrio espiritual, ecológico y social del que dependen. 

Las amenazas son, además, cada vez más difíciles de contener. Como explica la abogada y defensora de derechos humanos Lina María Espinosa, los territorios indígenas están atravesados por diversos actores e intereses: grupos armados, cultivos ilícitos, minería ilegal, proyectos de extracción de hidrocarburos o minerales y monocultivos. “Si uno sobrepone todas esas capas, entiende que se trata de territorios habitados por personas expuestas a múltiples presiones y riesgos, con un denominador común: el abandono y la ausencia estructural de un Estado que no da garantías ni protege los derechos esenciales”, afirma.  

Para conocer de cerca estos procesos y las amenazas que enfrentan, una alianza periodística coordinada por Mongabay Latam —en la que participaron Baudó Agencia Pública, Vorágine, La Silla Vacía, Rutas del Conflicto y El Espectador— rastreó cinco casos en los departamentos de Amazonas, Putumayo y Guainía. Allí, las guardias indígenas resisten combinando saberes ancestrales con nuevas herramientas tecnológicas y conocimientos científicos. No todos se identifican como guardias ni portan chalecos o bastones de mando, pero todos, de una u otra forma, protegen y “guardanean” su territorio. 

 

Isla de Puerto Caimán, en la zona de conservación del resguardo Curare Los Ingleses, por el bajo río Caquetá. Foto: Victor Galeano

El cuerpo de la resistencia

Luis Alfredo Acosta, coordinador nacional de la guardia indígena, suele ilustrar las diferentes formas de proteger el territorio con lo que llamó “el cuerpo de la resistencia”. “Aunque todos somos guardianes porque protegemos la vida, cada pueblo ha desarrollado su forma de resistir, de cuidar, de ‘guardar’”, explica. Entre ellas, hay cuatro elementos que aparecen con mayor o menor fuerza.

El primero, afirma, es la “resistencia de pies y manos”. “Para nosotros, como indígenas, es muy importante recorrer el territorio. Y estamos entrenados para eso, sabemos cómo hacerlo. Pero tenemos una particularidad: no caminamos solitarios. Nuestra fuerza está en lo colectivo”. 

 

Siembra de plántulas por parte de la guardia indígena de la comunidad de Atacuari, al occidente del trapecio amazónico, cerca de la frontera entre Colombia y Perú. Foto: cortesía Fundación FUCAI

Recorriendo el extremo sur de Colombia, a lo largo de la frontera con Perú y Brasil, se han formado más de 400 guardias socioambientales que pertenecen a 40 comunidades indígenas del trapecio amazónico, en el departamento de Amazonas. Mientras hacen control de su territorio, han apoyado la siembra de más de 430 mil plántulas de especies maderables y 650 mil de especies frutales en los últimos 14 años. No tienen viveros, pero han adaptado bancos de semillas bajo los “árboles madre” con los que han reforestado 500 hectáreas. Al monitorear las plantas, una a una, han observado que su trabajo de reforestación tiene una efectividad de casi el 75 %. 

Hacia el noroccidente de la Amazonía, en el departamento de Putumayo (fronterizo con Ecuador), la guardia indígena siona ha apoyado la protección de 57 000 hectáreas de selva, ha defendido su territorio de proyectos extractivistas y ha impulsado labores de desminado que les permiten volver a caminar sus tierras. Con sus bastones de palma de chonta (símbolos de autoridad y resistencia), han sido el escudo de protección de sus comunidades ante los actores armados, por lo que hoy muchos de sus miembros y líderes están amenazados y han sido desplazados. 

 

Las mujeres indígenas del Valle de Sibundoy protegen el territorio resguardando las semillas y los alimentos tradicionales. Foto: cortesía Laura Niño - La Silla Vacía

Además de la fuerza física, necesitan comida para resistir. El segundo elemento —continúa Acosta— es la resistencia del estómago. “Cuando hablamos de nuestra fuerte relación con la naturaleza, el estómago es fundamental, porque en el estómago está la semilla. Nosotros somos protectores de la semilla, de la cosecha de los alimentos propios”, dice. 

En el corazón del Valle de Sibundoy, donde la Amazonía se conecta con los Andes, las mujeres de los pueblos inga y kamëntšá resguardan su cultura, su lengua, sus conocimientos tradicionales y su territorio a través de la protección de las chagras, su sistema de cultivo tradicional. 

La chagra de María Concepción Juajibioy, más conocida como “mamá Conchita”, es un ejemplo vivo de la resistencia del estómago. Mientras que las montañas que la rodean están llenas de monocultivos de papa, aguacate y fríjol, en su patio ella cuenta con 217 especies de plantas medicinales, ornamentales, maderables y de alimento. Junto a otras mujeres retoman prácticas de cultivo más amigables con el medio ambiente. 

 

María Concepción Juajibioy, indígena kamëntšá de 58 años, es una de las lideresas que promueve las chagras en el Valle de Sibundoy. Foto: cortesía Laura Niño - La Silla Vacía

“Eso también es defensa”, asegura Sofía Díaz, investigadora de la Asociación Ambiente y Sociedad. “Las mujeres del Sibundoy son una muestra muy importante de que, desde lo cotidiano, también se puede hacer un ejercicio de guardia: proteger quiénes son, cuidar y seguir el consejo histórico, cultural y ancestral del vínculo con el territorio”. 

Para quienes dependen de los ríos, conservar la diversidad de peces también hace parte de su resistencia. En la Estrella Fluvial del Inírida, un humedal Ramsar de importancia internacional ubicado en el departamento de Guainía, fronterizo con Venezuela, Fredy Yavinipabe y sus paisanos llevan más de una década convirtiendo las faenas de pesca y los peces en su “objeto de estudio”. Navegan tomando datos y las cocinas se convierten en un laboratorio donde miden, pesan y organizan la información de los peces. 

 

Pescador en la Estrella Fluvial del Inírida con una mojarra negra (Astronotus ocellatus). Foto: cortesía Camilo Díaz - WWF Colombia

Revisan, por ejemplo, su contenido estomacal para ver con qué se alimentan y definir qué plantas pueden usar para reforestar las orillas de los cuerpos de agua. También miran si son adultos o juveniles, en qué tallas alcanzan la madurez sexual y dónde se reproducen. 

Como explica Jaime Cabrera, coordinador de monitoreo del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), el conocimiento ancestral de las comunidades y los datos que recogen en sus jornadas de pesca han sido cruciales para que la ciencia entienda cómo se comportan las especies de agua dulce en la zona. Gracias a su trabajo, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) ha emitido dos resoluciones corrigiendo los tiempos de veda y tallas de pesca de especies ornamentales y de consumo en la zona. 

Los indígenas anotan datos como el peso y la talla de los ejemplares que capturan. Foto: cortesía Camilo Díaz - WWF Colombia

Resistir con la cabeza y el corazón

Todas estas experiencias, aunque distantes, comparten un punto de partida: la decisión de organizarse para conservar. Eso, retoma el coordinador nacional de la guardia, hace parte de la tercera resistencia: la de “la cabeza”, las ideas. “En la cabeza están muchas cosas importantísimas: la educación propia, el saber ancestral, el plan de vida. Aunque partimos de ahí, no protegemos solo para nosotros, o para un resguardo o una comunidad, sino para toda la sociedad, indígena o no indígena”, afirma. 

En la parte sur del río Caquetá, antes de llegar a Brasil, hay unos pueblos indígenas que desde hace más de una década decidieron declarar una porción de su territorio como “zona intangible”, es decir, dedicarla únicamente a la conservación. Unas huellas en el suelo y una fogata a orillas del río les dieron los primeros indicios para confirmar que, en el territorio que les había otorgado el Estado, habría también otros pueblos indígenas no contactados que decidieron permanecer aislados, los yuri y los passé. 

La Comunidad de Manacaro recorre 12 kilómetros para registrar amenazas a su territorio ancestral y proteger a los indígenas no contactados. Foto: cortesía Comunidad de Manacaro

Respetando su decisión y su autonomía, los habitantes del Resguardo Curare Los Ingleses y de la comunidad Manacaro decidieron unirse y convertirse en una barrera ante las amenazas del mundo occidental: los misioneros que buscaban contactarlos, los actores armados y el avance de la minería ilegal. Guiados por la espiritualidad han implementado también otras herramientas de cartografía, geologalización e imágenes satelitales para proteger el territorio y a sus vecinos. 

Para la mayoría de pueblos indígenas amazónicos, la espiritualidad es la que permite la conexión con todo. A través del remedio (yagé o ayahuasca) se mantiene la conexión espiritual y el diálogo con el territorio. Esta, según Acosta, es la cuarta resistencia. La “resistencia del corazón”, porque ahí está el ser, la identidad, la cultura. “Aquí está la Ley de Origen, la ancestralidad. El yagé es un abuelo que te da la sabiduría, que te permite volverte selva para entender qué pasa y qué puedes hacer para armonizarla”, afirma. Los chamanes, taitas y sabedoras son un eje central de la resistencia indígena. 

 

Miembros de la guardia indígena del trapecio amazónico en la maloca de la comunidad de Villa Andrea, Puerto Nariño. Foto: cortesía César Giraldo Z

En palabras de Judy Jacanmejoy, indígena kamëntšá de 38 años, si las personas no están en equilibrio y no despiertan primero su sensibilidad con la tierra, “no pueden proteger luego el territorio”. 

Acosta lanza una reflexión final: “Aunque parecen cosas aisladas, y algunos pueblos pueden ser más fuertes en la resistencia de pies y manos, y otros en el estómago, la cabeza o el corazón, realmente es una resistencia integral. ¿Por qué? Porque, en el centro, todo esto funciona solo si hay tierra”.

Cuando proteger se convierte en una amenaza

De las 107 000 hectáreas que se deforestaron en Colombia en 2024, según el Ministerio de Ambiente, 68 000 fueron taladas en la Amazonía. Allí se encuentran 22 de los 28 núcleos de deforestación del país y se ha concentrado históricamente más del 50 % de la deforestación nacional. Sin embargo, los territorios indígenas y las áreas protegidas han tenido un papel indiscutible en la conservación del bosque en pie. Han sido una contención. 

De las más de 50 millones de hectáreas que ocupa esta región en el país, los 64 pueblos indígenas que habitan la Amazonía poseen cerca de 25 millones de hectáreas. Según un estudio del Ideam en 2019, la cobertura forestal en sus territorios es de casi el 98 %, lo que se traduce en que están muy bien conservados. 

Comunidades indígenas ubicadas al oriente del Amazonas colombiano se movilizan por el río Caquetá para llegar a sus resguardos. Foto: cortesía Víctor Galeano

Pero no se quedan solo ahí. Los pueblos indígenas son, incluso, quienes resguardan las áreas protegidas a las que la institucionalidad ya no puede ingresar. Según informó Parques Nacionales Naturales a Mongabay Latam, hay once áreas protegidas de la Amazonía colombiana en donde los actores armados han restringido el acceso y la movilidad de funcionarios y guardaparques de la entidad. “Las restricciones —dicen— dificultan las acciones de investigación y monitoreo de la biodiversidad. Y limitan la posibilidad de realizar recorridos de prevención, vigilancia y control, poniendo en riesgo una mejor identificación y caracterización de las presiones”.

Las labores de conservación de las guardias indígenas han sido reconocidas por organismos como la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que destacó su "ejercicio cultural de defensa territorial y de derechos humanos (...) como guardianes protectores de los territorios ancestrales y, en esa vía, de la propia existencia de los pueblos que los habitan". Además, al estar en territorios atravesados por la violencia, también se han destacado sus acciones humanitarias, como la liberación de secuestrados, prevenir el reclutamiento de menores, ayudar en la búsqueda de desaparecidos y la protección y prevención frente a las minas antipersonal.

Miembros de la guardia indígena aprenden a realizar la evacuación de compañeros heridos o enfermos. Foto: cortesía César Giraldo Z

En palabras de la abogada Lina María Espinosa, quien actualmente coordina el Equipo de Defensores de la organización Amazon Frontlines, eso tiene sus riesgos. “La guardia es el actor que disputa, es el escudo humano que se pone en frente de los actores armados y no armados y que afecta sus intereses. Es el que confronta a los petroleros y a los ilegales”. Entonces, insiste, es el primer actor que termina “siendo estigmatizado, señalado, perseguido e impedido en el ejercicio de su labor”.

Según datos del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos (SIADDHH) del Programa Somos Defensores, entregados a Mongabay Latam, de los 1411 asesinatos registrados entre 2014 y 2024, 241 fueron dirigidos a líderes indígenas y 70, específicamente, a líderes que además se desempeñaban como guardias indígenas. La cifra, sin embargo, es conservadora, asegura Juan Manuel Quinche, responsable del SIADDHH, pues no en todos los años se pudo identificar cuáles de los liderazgos eran guardias indígenas y cuáles no. Además, en estas cuentas no se incluyen otras agresiones como amenazas o atentados. 

“Nosotros quedamos en una situación bastante compleja. Con reclutamientos, amenazas, señalamientos y desplazamientos. Teníamos que defendernos, pero también empezamos a sufrir las consecuencias”, señala Mario Yaiguaje, del pueblo siona en el Putumayo. La necesidad de huir a las ciudades y pueblos debido al conflicto redujo drásticamente a los siona en su territorio ancestral. 

Censos realizados entre 2009 y 2012 estimaban una población aproximada de 2578 personas en su territorio, distribuidas en seis resguardos y seis cabildos. Para 2017, Yaiguaje contabilizaba sólo 171 familias representadas en 633 habitantes. Además, sus comunidades han perdido la posibilidad de movilizarse por la presencia de minas antipersonal sembradas por los actores armados. Se quedaron sin acceso a las zonas de cacería, pesca, recolección de plantas medicinales y a sus sitios sagrados. 

“Hoy ese proceso y proyecto colectivo, que habían construido con autonomía y valentía, está profundamente amenazado y tiene a varios de sus líderes en condiciones de desplazamiento y exilio”, insiste Espinosa. La escena se repite a lo largo y ancho de la Amazonía, afectando diferentes pueblos que, como declaró la Corte Constitucional en 2009, están en peligro de ser exterminados cultural o físicamente. 

Indígenas de la Estrella Fluvial del Inírida realizan sus monitoreos de pesca. Foto: cortesía Camilo Díaz - WWF Colombia

Las promesas incumplidas 

Cuando el presidente Gustavo Petro presentó su Plan Nacional de Desarrollo (PND), la hoja de ruta que direccionaría sus cuatro años de gobierno, los pueblos indígenas y el ambiente tuvieron un papel central. En uno de sus puntos se aseguró que se avanzaría en el “empoderamiento” de las guardias indígenas para fortalecer la estrategia de protección territorial y la autonomía de estos pueblos. Incluso, estableció que se “promocionarían” dichas figuras como mecanismos de protección colectiva y que se destinarían recursos financieros y humanos para asegurar su fortalecimiento. 

La noticia emocionó a los cuidadores indígenas que, en mayo de 2023, mientras el Congreso discutía el PND, también se movilizaron hasta Bogotá pidiendo su aprobación. Sin embargo, dos años después se desconoce cuántos recursos se han destinado específicamente para el fortalecimiento y consolidación de las guardias indígenas en el país y qué proyectos para la protección de los territorios se han visto beneficiados —si los hay—. Aunque Mongabay Latam envió al Ministerio del Interior una solicitud de información sobre este tema el pasado 17 de marzo, aún no ha recibido respuesta. 

Según Acosta, coordinador nacional de la guardia indígena en la ONIC, “al menos se ha visto que hay voluntad del Gobierno”. La última vez que vieron algo parecido fue con el Capítulo Étnico incluido en el Acuerdo de Paz con las FARC. Sin embargo, hasta ahora, las promesas se han quedado en el papel. Por eso, en los últimos meses los esfuerzos indígenas se han centrado en construir una política pública sobre mecanismos de protección que contemple un presupuesto para las guardias indígenas. 

Pese a las amenazas, las guardias indígenas de la Amazonía continúan con la formación de nuevas generaciones que protejan el territorio. Foto: cortesía Comunidad Indígena Siona

“Históricamente ha habido un abandono y un desconocimiento de lo que son los gobiernos propios. Nosotros, como guardias, hemos trabajado para que haya menos deforestación, hemos apoyado en situaciones de la guerra, hemos evitado que se recluten menores. Hemos cumplido nuestro papel y lo hemos hecho de corazón, pero el Estado no lo ha tenido en cuenta”, dice Acosta. 

Quienes resguardan los bosques, ríos y humedales de la Amazonía sufren las consecuencias. Olegario Sánchez, uno de los guardias más veteranos de San Martín de Amacayacu, una comunidad del pueblo tikuna al sur del departamento de Amazonas, ha visto cómo decenas de sus compañeros abandonan la guardia indígena por falta de ingresos. Sin canoas, dotación o radios para comunicarse, es muy difícil cumplir con su función. 

“Nosotros no creemos que las comunidades indígenas, que ahora llamamos las guardianas de la selva, tengan que trabajar gratis, sino que hay que pagarles por cuidar este bioma”, asegura Sergio Martínez, coordinador de proyectos de la Fundación Caminos de Identidad (Fucai), una organización que trabaja por el respeto y protección de los pueblos indígenas. El servicio que están prestando, insiste, “no es cualquier cosa”.

Proteger las chagras es también una forma de resistir al modelo agrícola de los monocultivos en el Putumayo. Foto: cortesía Laura Niño - La Silla Vacía

Lograr este reconocimiento económico sería un respaldo para que los guardias socioambientales del trapecio amazónico continúen midiendo árbol por árbol el impacto de su reforestación. Para que las mujeres de Sibundoy puedan multiplicar las chagras y proteger las fuentes de agua de su pueblo. Para que desde la Estrella Fluvial del Inírida se mantengan las relaciones entre la selva y los humedales, protegiendo la enorme diversidad de peces de agua dulce. 

También para que los siona puedan volver a recorrer los caminos que habían logrado desminar y que ahora, con el recrudecimiento del conflicto, denuncian nuevamente contaminados. O para que los indígenas vecinos de los Pueblos en Aislamiento puedan ayudarlos a permanecer sin contacto con el mundo occidental. Pero, sobre todo, como afirma Mario Yaiguaje, para permanecer. “Si salimos del territorio, tendemos a morir. Si la raíz muere, la esencia muere. Y muere el principio de un pueblo”, dice.

 

*Este especial periodístico fue coordinado por Mongabay Latam y realizado en alianza con Vorágine, Baudó Agencia Pública, La Silla Vacía, El Espectador y Rutas del Conflicto. Coordinación: Antonio Paz Cardona, Daniela Quintero Díaz. Edición: Daniela Quintero Díaz, Antonio Paz Cardona. Ilustraciones: Sara Arredondo - Baudó Agencia Pública. Investigación: Daniela Quintero Díaz. Periodistas: José Guarnizo, Camilo Alzate, Natalia Arbeláez, Pilar Puentes, Daniela Quintero Díaz y César Giraldo. Diseño gráfico y video: Richard Romero. Audiencias y redes sociales: María Isabel Torres, Dalia Medina Albarracín.

 

Actualizado el: Mar, 05/06/2025 - 08:12