Por Natalia Pedraza Bravo

Ilustración: Leonardo Jiménez

Entre los casi 28 000 habitantes del municipio de Guamal, en los llanos orientales de Colombia, sobresalen los coloridos turbantes y pañoletas que Marlén Arévalo usa en la cabeza. Aunque habla con firmeza, la mujer de 57 años tiene un agudo sentido del humor que ni el cáncer que la acompaña hace tres décadas, ni las amenazas a su vida y a la de su esposo han podido quebrantar.

Guamal se ubica en Meta, el departamento de Colombia que tiene más de la mitad de las reservas probadas de petróleo del país (54 %). Ahí, Marlén Arévalo se ha convertido en una figura clave en la lucha de la prevención de los problemas ambientales causados por la industria de los hidrocarburos. Junto con su esposo y un grupo de personas campesinas de Guamal y Castilla La Nueva, Arévalo ha dedicado más de 13 años a la defensa de su territorio. 

Además de su cultivado interés por la defensa de los derechos humanos, causa a la que ha dedicado la mayor parte de su vida desde que estaba en la universidad en Bogotá, la capital de Colombia, el motor de su lucha tiene un trasfondo personal. 

Fue diagnosticada con cáncer en 1993 y encontró en la leche de cabra propiedades que —está segura— le han permitido sobrellevar su enfermedad durante casi tres décadas. La extracción de hidrocarburos pondría en riesgo el ecosistema donde está su finca, donde cría 40 cabras que toman agua de caños o arroyos que se alimentan del río Humadea, un afluente que nace en el Nevado de Sumapaz, el punto más alto del Parque Nacional Natural Sumapaz. 

La defensa del ambiente en el Meta ha tenido un alto costo para Arévalo y su familia. Durante más de una década, han enfrentado constantes amenazas de muerte y actos de intimidación por parte de aquellos que, sin importar las consecuencias sociales y ambientales, apoyan la extracción de hidrocarburos de la región. A pesar de los riesgos, ella se mantiene firme en su convicción de que la lucha vale la pena.

Marlén Arévalo y Edgar Cruz junto a sus cabras en el departamento del Meta, vistiendo camisetas de Cropohumadea con un mensaje en defensa del agua. Foto: Natalia Pedraza Bravo.
 

Una historia de amor

“La historia de Marlen debería conocerla todo el mundo”, dice Edgar Cruz, hombre de 60 años, esposo de la ambientalista y defensora de derechos humanos. Su voz se escucha a través de una llamada telefónica desde el municipio de Guamal. Cruz relata de memoria cada momento de la vida de quien ha sido su compañera durante los últimos 31 años. Cuenta que ella nació en Zipaquirá en 1967 y descubrió su pasión por el trabajo social en sus veintes. “Ella jamás soñó con una vida en el campo, le parecía una locura”, recuerda.

El destino, sin embargo, tenía otros planes para Marlen Arévalo. En 1990 se enamoró de Edgar Cruz en la universidad, donde estudiaron juntos administración de empresas y, tres años después, ella recibió un diagnóstico que le cambiaría la vida para siempre: cáncer de vaso, páncreas, hígado y estómago. "Los médicos del Instituto de Cancerología en Bogotá la desahuciaron", asegura Cruz. A pesar de la gravedad de su enfermedad, él decidió proponerle matrimonio. "Marlen se casó conmigo por prescripción médica", dice entre carcajadas. 

La pareja comenzó a buscar cómo mejorar la salud de Marlen Arévalo acudiendo a métodos alternativos. "Nunca se hizo ningún procedimiento con medicina tradicional alopática, nunca le hicieron radio ni quimio", explica. En búsqueda de opciones, un doctor especialista en medicina alternativa les sugirió que algunos estudios apuntaban a que la leche de cabra podría ayudar a mitigar los efectos del cáncer.

Aunque en ese momento vivían en Bogotá, Edgar Cruz se desplazaba diariamente en bicicleta hasta Cota, municipio a una hora de la capital colombiana, para comprar la leche recomendada, hasta que en 1999, cuando atravesaban por una crisis económica, se dio cuenta de que cada vez era más difícil conseguir el alimento y decidió comprar 17 cabras a escondidas de su esposa. “Nosotros no sabíamos nada de criar cabras, fue todo un reto. De hecho, luego de comprarlas me di cuenta de que no eran lecheras, entonces entre las 17 no sacaba ni una botella de leche”, cuenta. 

La salud de Marlen Arévalo mejoró y los 18 meses de esperanza de vida que le dieron los médicos, se convirtieron en 29 años que han pasado desde el diagnóstico. Esa no fue la única vez que la salud de la defensora desafió los pronósticos médicos. Cuando tenía 18 años le dijeron que no podía quedar embarazada debido a una condición de nacimiento, pero en 1999 la pareja recibió a su hija Katheryn Daniela. 

Cuando se enteraron de que la niña venía en camino, se propusieron criarla en el campo. Así, junto a sus cabras y la recién nacida, la familia se trasladó por distintos pueblos de Colombia hasta que, en el año 2000, ya tenían 70 cabras. “Abrimos un restaurante vegetariano y aprendí a procesar los lácteos de cabra para consumir la leche de distintas maneras y, además, poder vender los productos derivados y así tener un ingreso extra”, recuerda Marlen Arévalo. 

En 2004, se mudaron a Guamal, a unas cinco horas de Bogotá y se instalaron en una finca propiedad de los padres de Edgar Cruz. Soñaban con montar allí un proyecto ecoturístico. La finca, con sus cabras y tres afluentes de agua que la atraviesan, se convirtieron en su hogar y centro de trabajo, pero sobre todo en la esperanza de tener un lugar donde criar los animales que, creen, llevan años manteniendo viva y saludable a Marlen Arévalo. 

Edgar Cruz ordeña una de sus cabras y prueba la leche en su mano para asegurarse de su calidad y sabor. Foto: Natalia Pedraza Bravo.

En 2008, cuando sintieron que por fin tenían un espacio donde cumplir sus sueños, la tranquilidad de la familia se vio amenazada por las noticias de la llegada de empresas petroleras que iban a explorar la zona. En enero de ese año, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) celebró un contrato de exploración y producción de petróleo con la empresa canadiense Talisman Colombia Oil & Gas Ltd. y Ecopetrol, la principal empresa de crudo de Colombia. Las compañías tenían el 45 % y el 55 % de participación respectivamente y el documento les permitiría realizar exploraciones en el Bloque CPO-9, un área de 263 hectáreas en el departamento del Meta, donde está ubicado Guamal, el municipio donde viven Marlen, Edgar y Katheryn con sus animales. 

La noticia significó una señal de alerta para la familia y los demás pobladores de Guamal. “Ya sabíamos que Ecopetrol había contaminado muchas fuentes hídricas. Quebradas, ríos y caños —dice Marlen. Hoy el agua todavía sigue siendo nuestra mayor preocupación”. 

El proyecto que iba a estar más cerca de ellos era el pozo Lorito-1, planeado para ser instalado a 95 metros del río Humadea, un afluente del cual se benefician muchos campesinos —incluidos Marlen, Edgar y su proyecto de capricultura— y que nace en el Parque Nacional Natural Sumapaz, parte del sistema de páramos más grande del mundo.

Domingo en el río Humadea, septiembre de 2024. Decenas de personas disfrutan del afluente que Marlen Arévalo y Edgar Cruz defienden. Foto: Natalia Pedraza Bravo.

La huella del petróleo en el Meta

Los temores de los pobladores sobre las consecuencias que acompañan la explotación de petróleo se sustentan en datos. Por ejemplo, un análisis realizado por Mongabay Latam en 2022, muestra que el Meta es el cuarto departamento de Colombia en donde se registraron más derrames causados por la extracción petrolera hasta ese año. Además, la compañía petrolera con más incidentes operacionales es Ecopetrol, con 1 447 casos de 2 133 reconocidos, lo que representa el 67 % de las contingencias registradas entre 2015 y junio de 2022. No obstante, la empresa petrolera le aseguró a Mongabay Latam que entre 2011 y 2021 solo ha tenido 190 “incidentes con potencial afectación al medio ambiente por causal operacional” y que la cifra —mucho mayor— que da la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) se debe a que incluye reportes de eventos de baja dimensión y, además, incorpora los derrames por ataques o hurto de hidrocarburos.

Además de los antecedentes de Ecopetrol, que tiene el 55 % de participación en el Bloque CPO-9, también existe un historial complejo en las empresas extranjeras que, desde el 2009, han estado a cargo del otro 45 %. 

La primera de ellas y con la que inició todo en Guamal fue Talisman Energy. Esta empresa canadiense fue denunciada en el año 2000 por financiar y apoyar la guerra civil en Sudán y al gobierno del entonces presidente Omar al-Bashir que, años después, fue acusado formalmente de genocidio por la Corte Penal Internacional. Aunque la empresa negó los vínculos, el historial de líos ambientales y sociales siguió creciendo con el pasar de los años: fugas de gas en Canadá, su participación en un problema de tierras entre Kurdistán e Irak, acusaciones de intentar influenciar a menores de edad sobre la industria en los colegios en Estados Unidos y el intento de explotar tierras indígenas en Perú en 2011 que, en medio de las protestas, habría dejado 33 muertos.

Todos estos casos ocurrieron antes del 2014, ese año la empresa canadiense fue comprada por la gigante española Repsol, que también tiene un historial de problemas ambientales y sociales causados por sus actividades de extracción de gas y petróleo en todo el mundo. 

Uno de ellos es el provocado el 15 de enero de 2022 y considerado uno de los peores desastres ecológicos que han ocurrido en la costa peruana. Ese día, Repsol fue la responsable del derrame de 12 000 barriles de hidrocarburos que contaminó el mar en Ventanilla. 

La compañía española también tiene su historia en Colombia. En 2004, un informe de Amnistía Internacional reveló que Repsol, junto con la empresa Occidental Petroleum, habría hecho llegar fondos a la Brigada 18 del Ejército colombiano en una zona del departamento de Arauca donde ha habido, durante décadas, denuncias de organizaciones de derechos humanos de abuso de autoridad y detenciones masivas y arbitrarias de quienes se oponen a la explotación petrolera. 

En la misma zona, Repsol junto con Ecopetrol participan en el pozo Chipirón, una plataforma petrolera instalada en medio de la Laguna del Lipa, donde líderes ambientales y campesinos llevan años denunciando que la fuente de agua fue secada por las petroleras, afectando a cientos de especies de fauna y flora. 

Edgar Cruz y Marlen Arévalo denuncian que en Guamal, Repsol y Ecopetrol también presentaron prácticas cuestionables, que intentaban engañar a los pobladores, una vez que compraron a la empresa Talisman en 2014. 

“La Gobernación del Meta llegó como en 2015 a los municipios que estaban dentro del bloque CPO-9 a ofrecer proyectos productivos”, explica la defensora ambiental. En la socialización nunca nombraron a Repsol hasta que Edgar Cruz, insistentemente, les pidió claridad sobre los recursos que financiarían esa iniciativa. “Nos respondieron que la plata venía de Repsol y ahí nos dimos cuenta de que todo tenía sentido. Lo que buscaban era endulzarle el oído a las comunidades, sin ser claros con la información, para que, a cambio de los proyectos y el apoyo económico, la gente se sienta comprometida y les sea más fácil entrar con la extracción”. 

Mongabay Latam consultó con Ecopetrol sobre esta denuncia. La empresa aseguró que todo el material que entregan en estos espacios a las comunidades lleva los logos que representan a ambas empresas y que sus equipos de trabajo tienen el compromiso de informar sobre los convenios.

Edgar Cruz, sumergido en las aguas del Río Humadea, en el departamento del Meta, en septiembre de 2024. Foto: Natalia Pedraza Bravo.

Las amenazas tras la defensa del territorio 

“Dígale a ese mechudo que deje de joder o un día de estos lo va a encontrar muerto”. Esas fueron las palabras que le dijeron a Marlen Arévalo en una llamada anónima en 2012, refiriéndose a su esposo Edgar Cruz, cuando ambos empezaron a cuestionar la llegada de las petroleras. Fue la primera vez, recuerda, que recibieron una amenaza. 

Las intimidaciones no lograron amedrentarlos y cuando se enteraron de que Ecopetrol estaba llevando maquinaria para iniciar la exploración de hidrocarburos en el pozo Lorito-1, decidieron tomar acción. El 21 de febrero de 2012 se reunieron con otros campesinos y campesinas de Guamal y de Castilla la Nueva para hacer un paro y frenar cinco camiones que traían aparatos de la petrolera. La principal intención era proteger el acueducto que quedaba muy cerca del área donde iban a instalar el taladro.

"Armamos una olla comunitaria que se mantenía las 24 horas prendido y le daba desayuno, almuerzo y comida a todos", dice Marlen Arévalo, mientras Edgar Cruz asegura que ella era "el alma del fogón". La defensora hace mucho énfasis en que llevarse el protagonismo de esta lucha sería injusto e insiste en hablar de las que en el paro fueron conocidas como "las chicas superpoderosas": "Cinco mujeres trabajadoras, campesinas de Castilla la Nueva, que lo único que querían era garantizar el agua para sus proyectos productivos y llegaban a avivar el plantón hasta a pie si era necesario", recuerda.

Las mujeres que han acompañado a Marlen Arévalo en su lucha, coinciden en que ha sido inspiración para muchas de ellas. Miryam Moreno, coordinadora de EICOS, un espacio de mujeres del Meta que trabajan por la equidad de género, asegura que la defensora les ha enseñado mucho. “De Marlen aprendimos que defender el agua es defender la vida. Nos ha dejado el legado de la defensa del territorio y la defensa del agua”, explica. 

Durante la manifestación, acordaron que nadie fuera el líder visible. "Cualquiera podía hablar en nombre de la comunidad", cuenta Edgar Cruz. Pero las intimidaciones no cesaron. "Pasaban en camionetas con vidrios polarizados grabándonos", recuerda. "Llegaban a hacerle requisas a los muchachos que se quedaban en las noches para asustarlos", continúa.

En julio de 2012, con el plantón todavía en pie después de cinco meses, una acción judicial que Corpohumadea —una organización social a la que Marlen Arévalo y Edgar Cruz pertenecen y que ha sido parte fundamental de su lucha— y Jesús María Quevedo —conocido en la zona como "Chucho Tutelas" por su vasto conocimiento en asuntos jurídicos a pesar de no ser abogado— habían puesto el 21 de febrero, obtuvo respuesta a favor de la comunidad. El Tribunal Administrativo del Meta ordenó medidas cautelares a Ecopetrol y les impedían continuar con el avance del pozo. 

Los defensores estaban felices, pero el Ministerio de Minas apeló y ganó cuatro meses después, suspendiendo las medidas cautelares y permitiendo a Ecopetrol avanzar con la instalación del pozo.

"Para el 3 de agosto, Ecopetrol, al ver que la manifestación iba en serio, sacó unas invitaciones para los presidentes de acción comunal y los alcaldes de Guamal, Cumarral y Castilla la Nueva, con la excusa de que iban a ofrecer un acueducto nuevo para nuestras comunidades", recuerda Marlen Arévalo. Los líderes de todos los municipios no confiaban en quienes ocupaban estos puestos políticos, por lo que  Edgar Cruz convocó a los pobladores a asistir a la socialización porque "era asunto de todos y no solo de los presidentes de acción comunal y los alcaldes". 

Antes de asistir a la reunión, Marlen Arévalo y Edgar Cruz tenían que ver a sus cabras. En el trayecto, mientras avanzaban en su vehículo, un camión empezó a cerrarlos. “El camión se nos echó encima y casi nos mata”, recuerdan. El accidente fue tan grave que la defensora presentó tres fracturas en la columna y su esposo estuvo a punto de perder un brazo. “Las 600 personas que estaban en el plantón llegaron al hospital e hicieron vaca (colecta de dinero) para nuestros gastos médicos”, recuerdan. 

Las cabras de Marlén y Edgar en su corral. Para ellos, estos animales son parte de su vida y sustento. De cada cabra lechera obtienen, aproximadamente, un litro de leche al día. Foto: Natalia Pedraza Bravo.
 

"La empresa (Ecopetrol) hizo algo que hoy todavía me parece muy bajo. Mientras estábamos en el hospital, una empleada nos visitó y nos pidió que renunciáramos al seguro del carro porque Ecopetrol iba a pagarlo todo", asegura Marlen Arévalo. Los defensores se negaron y dicen con orgullo que nunca han querido los recursos de la empresa. 

Que las petroleras ofrezcan cosas a las personas en zonas donde quieren hacer extracción es una práctica común, denuncian. "Aquí con Ecopetrol se hizo muy frecuente el famoso 'Ventiochazo'", asegura Edgar Cruz. Esta práctica ha sido reportada en diversos informes periodísticos, el más antiguo disponible en línea es del diario El Tiempo de 1993: "Alrededor de una bolsa negra de plástico y sobre una mesa giran los ojos de más de setenta hombres. Seis de ellos se quitan el sombrero y se persignan, mientras que otros cuantos cruzan los dedos de sus manos callosas. Alguien toma la bolsa, la agita y luego una mujer introduce su mano, saca un carné y dice con fuerza: James Quiroz tendrá trabajo durante los próximos 28 días", se lee en el reportaje. Básicamente, se trata de una rifa de trabajos.

Las empresas contratan personas de los pueblos cercanos a las zonas de extracción como mano de obra no calificada y les pagan entre cuatro y diez veces el equivalente al salario mínimo en Colombia, según las notas de prensa. Un sueño en un país en donde, según las cifras más recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE), 18 millones de personas viven con menos de un salario mínimo que hoy es de 1 423 500 pesos (aproximadamente 345 dólares).

Katheryn Cruz Arévalo, la hija de Edgar y Marlen, recuerda a la perfección el accidente de sus padres y explica que, meses después, había personas en el pueblo que les aseguraban que no había sido algo casual, que en realidad había sido un atentado porque "ellos eran una piedra en el zapato”. “El objetivo era que mis papás no llegaran a la socialización”, dice la hoy abogada de 25 años.

Marlén ajusta su turbante en su casa en el departamento del Meta, antes de salir a ordeñar las cabras junto a su esposo Edgar. Foto: Natalia Pedraza Bravo.

Risas contra el asedio

Tras ocho meses de resistencia, agotados y disminuidos ante las acciones que estaban ocurriendo, los pobladores decidieron disolver el plantón y Ecopetrol entró a pesar de las recomendaciones de Corpomacarena, la autoridad ambiental de la zona que, en octubre del 2012, había publicado un informe reportando que la empresa no estaba cumpliendo con los requerimientos de la licencia que otorga la ANLA.

Las intimidaciones continuaron. En 2013, a Edgar Cruz le asignaron medidas de protección por la Unidad Nacional de Protección (UNP). “Las medidas eran insuficientes, a Edgar le dieron un teléfono para que llamara cuando le iban a meter un tiro en la cabeza”, dice Marlén Arévalo riéndose de la tragedia.

Reírse ha sido su forma de afrontar las cosas y la gente que la rodea la admira por eso. Así lo explica Marta Currea, amiga de la pareja desde hace más de diez años y quien comparte su lucha por la defensa del territorio. “La capacidad de Marlen de sobreponerse a las amenazas contra su vida y la de su familia es tan extraordinaria que lo hace, incluso, de manera jocosa. La risa es su arma contra el asedio, es el símbolo de su resistencia”, asegura. 

La estigmatización siguió siendo parte de su vida diaria. Un documento del Ministerio del Interior de 2015 —con firma de la oficina del Viceministerio de Relaciones Públicas, encabezado entonces por Carlos Ferro Solanilla—, mapea los "actores dentro de los conflictos sociales de cada pozo" en cinco municipios de los departamentos de Meta y Casanare, incluyendo Guamal. 

Las descripciones de los actores, en dónde se encuentran los nombres de Marlen Arévalo y Edgar Cruz, han sido consideradas por los defensores, cuanto menos, como peligrosas, teniendo en cuenta que Colombia es el país en donde más ocurren asesinatos de líderes ambientales.  El último informe de la organización Global Witness señala que en Colombia, 79 personas defensoras del ambiente y el territorio fueron asesinadas en 2023, la cifra anual más alta registrada por esa organización en una nación.

En el documento del Ministerio del Interior hay descripciones como esta: "Comerciante del municipio, se encuentra presente en todos los bloqueos y tiene discurso agresivo contra la industria”, y “El párroco de la iglesia de El Castillo, en los espacios de la misa, toma los últimos minutos de esta para emitir discurso en contra de la industria”. 

Para Dora Lucy Arias, abogada que integró la terna elegida por el presidente Gustavo Petro en 2024 para ser candidata a la Defensoría del Pueblo de Colombia y quien conoce y acompaña la lucha de Marlen Arévalo y Edgar Cruz desde hace más de una década, estas descripciones son evidentes perfilamientos hechos desde el Estado de las personas que son líderes sociales. 

Pantallazos de un documento del Ministerio del Interior de 2015, parte de la Estrategia Territorial de Hidrocarburos, que hoy sigue vigente. En él, Ecopetrol figura como la empresa que financió y apoyó su elaboración. Foto: Natalia Pedraza Bravo.

La introducción del documento habla de que el viceministerio busca con él “atacar los focos de problemática en la región… para ayudar a las operadoras (petroleras) en sus actividades de exploración y explotación".  Arias asegura que ese es un análisis que excede las facultades de un viceministerio de relaciones políticas. “De una entidad como esta, lo que se esperaría es todo lo contrario, que conociendo los conflictos socioambientales existentes buscara incorporar tales perspectivas en clave de derechos y no de problemas cuyos focos deben ‘atacarse’”, dice. 

Además, la experta llama la atención sobre un apartado específico del documento que como plan de acción del Ministerio del Interior, plantea organizar un foro ambiental con la comunidad y los ambientalistas para “desestimar su discurso”, pues deja en evidencia el sesgo de las “soluciones” planteadas por la cartera. 

Aunque el documento lleva el logo de Ecopetrol como entidad que “apoya” y “financia” el análisis que ahí se contiene, Mongabay Latam consultó a la petrolera y esta aseguró que “Ecopetrol no tuvo participación en la elaboración de ese documento”.

Mongabay Latam consultó al Ministerio del Interior para corroborar esta información, pero la cartera aseguró que “no encontraron antecedentes del documento”, por lo que no negaron ni confirmaron que Ecopetrol lo haya financiado. 

El informe de 59 páginas está firmado por Santiago Luna Soto, del Equipo de Gestión del Conocimiento del Ministerio del Interior de ese entonces. Luna Soto es abogado y trabajó para el Ministerio durante cuatro años, entre el 2015 y el 2018; hoy labora en su propia firma de abogados y escribe columnas de opinión criticando fuertemente las decisiones minero energéticas del gobierno actual. 

Carlos Ferro, quien en 2015 se desempeñaba como viceministro y lideraba las acciones citadas en el documento, enfrenta actualmente una investigación por enriquecimiento ilícito y concusión (abuso de poder de un funcionario público en el que exige o recibe ilegalmente dinero), delitos que habría cometido durante su gestión como senador. 

El pasado 24 de septiembre de 2024, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia formalizó la acusación contra el exviceministro. Si el proceso sigue adelante, iría a juicio.

Marlen Arévalo y Edgar Cruz miran el álbum de fotos de su matrimonio a la luz de una linterna, durante un apagón en su casa en el departamento del Meta. Foto: Natalia Pedraza Bravo.

La luz al final del túnel

"En febrero de 2014 una señora en el pueblo me felicitó y yo no entendía por qué", recuerda Marlen Arévalo. Edgar Cruz estaba fuera de Guamal cuando vio la noticia en un periódico: una tutela, mecanismo que cualquier ciudadano colombiano puede usar para pedir a las autoridades judiciales la garantía de sus derechos fundamentales, que Marlen y otras once mujeres habían interpuesto en 2012, argumentando que sus derechos a la salud y la vida estaban siendo vulnerados por el proyecto de Ecopetrol, había sido revisada por la Sala Octava de revisión de tutelas de la Corte Constitucional. El fallo ordenó suspender las actividades de construcción y operación de la plataforma exploratoria Lorito 1. Marlen fue la única que se negó a retirar la tutela, a pesar de que asegura que en el juzgado la presionaron para hacerlo y esa decisión ha dado frutos.

A pesar de eso, la empresa reubicó el pozo 350 metros más lejos de la ubicación inicial y en 2018 confirmó la presencia de petróleo. Una nota del medio especializado en economía, Portafolio, replicado en el portal País Minero, reportó que en una visita a Villavicencio, capital del departamento del Meta, el presidente de Ecopetrol en 2017, Juan Carlos Echeverry, aseguró que Lorito-1, ahora reubicado, tenía los pozos “más promisorios” de todo el portafolio de la empresa. 

Sin embargo, otro reporte del diario El Tiempo en 2019, en entrevista con Ricardo Romero, líder de proyectos exploratorios del bloque CPO-9 de Ecopetrol, aseguró que la empresa había “reducido sus expectativas” con el pozo tras encontrar que el crudo que se produce es “extra-pesado”, lo que, aseguró Romero, es muy castigado en el mercado y aumenta los costos para poder venderlo.
A pesar del fallo favorable, Marlen Arévalo no ha parado su lucha. Ha participado en múltiples mesas de trabajo con la petrolera, no solo en su municipio, sino también en otros lugares donde se enfrentan a situaciones similares. "Donde haya violación de derechos humanos, yo voy a estar, no importa que yo no sea de allí”, afirma.

Su más reciente lucha es un nuevo proyecto del Bloque CPO-9, operado por Ecopetrol y que abarca 3.629 hectáreas, llamado “Campo Guamal”. El proyecto se ubicaría en el municipio donde Marlen y Edgar viven. Los temores que tenían con el primer pozo se han avivado de nuevo. 

Por eso, el 17 de octubre de 2023, junto a Corpohumadea interpusieron una acción popular que, hasta ahora, ha logrado frenar el avance del proyecto petrolero. Nueve meses después, el 26 de julio de 2024,la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ordenó archivar la solicitud de licencia ambiental presentada por Ecopetrol para operar en la zona, impidiendo así el desarrollo de la iniciativa. La petrolera impugnó la decisión, pero el 15 de octubre la ANLA ratificó su postura, lo que significó otro triunfo para Edgar Cruz y Marlen Arévalo.

Los defensores lo celebran, aunque saben que es una lucha que no ha terminado. “Por ahora estamos medianamente tranquilos, pero sabemos que Ecopetrol no va a renunciar a eso”, asegura Marlen Arévalo. 

A ambos les es imposible pensar en el fallo sin recordar la última vez que Marlen sufrió una amenaza directa. En 2018, cuando salía del juzgado de Guamal tras haber instaurado un documento para pedir que la ANLA cumpliera con la licencia ambiental de Lorito -1, un hombre y una mujer en una moto la interceptaron y le gritaron: “Ustedes vuelven a parar el pozo y se mueren, hijueputas”.
A pesar del temor, Marlen Arévalo y su esposo se mantienen firmes en la defensa de sus derechos y los de cualquier comunidad que necesite su apoyo, mientras viven en una casa junto a la carretera, creyendo que ser visibles hace más difícil que les hagan daño.

De momento se mantienen en su lucha, como dice Edgar Cruz cada vez que le preguntan ¿cómo están?: “Como la piragua de Guillermo Cubillos, chapoteando el vendaval”.

Actualizado el: Lun, 03/03/2025 - 09:46

Por: Pilar Puentes  E.

Las constantes amenazas contra la vida, el desplazamiento forzado y los sistemas de protección que no siempre funcionan se volvieron parte de la cotidianidad de los defensores del ambiente y el territorio en Colombia. En el caso de las mujeres, no sólo enfrentan los retos y peligros inherentes a ser mujeres, sino que también deben lidiar con violencias específicas que difieren de las que sufren sus compañeros.

Waira Jacanamijoy, artista y lideresa del pueblo inga, confiesa que no sabe cómo sigue viva, pues se ha enfrentado desde muy joven a los actores armados en la Bota Caucana, entre los departamentos de Caquetá y Putumayo, que han querido controlar el territorio y sembrar cultivos de coca. Y es que, de acuerdo con la organización no gubernamental Global Witness, Colombia es el país con el mayor número de asesinatos de líderes ambientales y del territorio entre 2012 y 2023, con 461 asesinatos, seguida de Brasil (401), Filipinas (298), México (203) y Honduras (149). El año más crítico fue 2023, pues 79 personas defensoras de la tierra y el ambiente fueron asesinadas en el país, la tasa anual más alta para una nación desde que Global Witness documenta casos. 

Leonardo González, director del Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), comenta que la muerte es el caso extremo de las violaciones de derechos humanos contra los y las líderes, además de que las defensoras deben enfrentar una gama de violencias que incluyen el acoso judicial, amenazas a sus familias, estigmatización, criminalización, desplazamiento y violencia sexual.

El Centro de estudios de derecho, justicia y sociedad (Dejusticia) en su artículo La verdad y la lucha de las lideresas sociales advierte que muchas de ellas han sido amenazadas junto con sus familiares, especialmente sus hijos. Según la organización, “para las mujeres es más costoso continuar con su liderazgo si esto implica perder sus lazos familiares, en un entorno en el que ellas mismas son las que sostienen económica y emocionalmente sus redes de cuidado”. 

Eso precisamente ha llevado a que Marlén Arévalo replantee si quiere seguir defendiendo al río Guamal de la explotación petrolera en los Llanos Orientales, pues durante más de una década ha recibido amenazas contra ella, su esposo y su hija.

Marlén Arévalo ajusta su turbante en su casa en el departamento del Meta, antes de salir a ordeñar las cabras junto a su esposo Edgar. Foto: Natalia Pedraza Bravo.

Las cifras de las diversas organizaciones que trabajan con violencias en contra de líderes en el país varían dependiendo de la metodología que utilicen, pero todas revelan escenarios preocupantes. Por ejemplo, el Programa Somos Defensores registró 135 amenazas, 24 asesinatos, 14 atentados, 12 desplazamientos forzados, tres secuestros, dos casos de tortura, dos hechos de violencia sexual y una judicialización contra mujeres defensoras en Colombia en 2023. 

Los informes de las organizaciones sociales también han documentado de manera sistemática la violencia contra liderazgos ambientales de mujeres, especialmente en zonas de expansión de actividades extractivas, narcotráfico, minería ilegal y ganadería extensiva. “Todas (estas economías) están protegidas por grupos armados ilegales, por la impunidad y por la falta de acción del Estado”, afirma Leonardo González, director de Indepaz.

Enormes dificultades para ejercer el liderazgo

Las mujeres no sólo deben estar al frente de los procesos organizativos, sino que también se les exige no abandonar sus roles de esposas y madres. La violencia a las defensoras “trasciende del conflicto y se enmarca en un contexto de discriminación  asociado al lugar de la mujer en la sociedad. Se les castiga por estar en las calles, por tomar una voz y hacer reclamos en lo público, por no vivir una vida silenciosa únicamente a cargo del cuidado de un hogar. Por no cumplir con las expectativas que se tienen de ellas”, enuncia el artículo de Dejusticia. 

Cuando las mujeres empiezan a ocupar espacios que tradicionalmente han sido de los hombres, su trabajo se multiplica, pero también es demeritado. “El trabajo de la mujer no se valora igual que el del hombre. Un hombre es líder y ya. A una le toca, en cambio, estar pendiente de la casa, de los hijos, de los animales”, manifiesta Jani Silva, lideresa y cofundadora de la Zona de Reserva Campesina La Perla, en el departamento de Putumayo.

En el caso de las mujeres indígenas, a su labor de liderazgo se suma la de transmitir los conocimientos en las comunidades. El liderazgo indígena es generacional, como lo explica la investigadora Fabiola Cuaspud del Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI). “Las mujeres indígenas, líderes y sabedoras tejen procesos y han permitido también fortalecer la identidad cultural. Y esos liderazgos han sido también heredados por esas ancestras que han dejado el legado de la protección y defensa del territorio. Es importante visibilizar estos liderazgos para sembrar esa semilla en otras mujeres jóvenes para que se continúen con los procesos indígenas”, afirma Caspud, quien añade que cuando amenazan, desplazan y asesinan a una lideresa indígena, acaban con el legado y el traspaso de conocimientos. 

Viviana Gómez, de CNTI, asegura que las violencias hacia las mujeres tienen impactos colectivos, donde no sólo está en riesgo su vida y trabajo, sino también la vida de las comunidades, como ocurrió con el asesinato de Carmelina Yule, una mujer indígena nasa de Toribío (departamento del Cauca). 

Yule era una dirigente reconocida por defender los derechos de la mujer indígena y luchar contra el reclutamiento de menores de edad para la guerra. En marzo de 2024, el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC, que opera en el Cauca, le disparó tras rescatar a un joven reclutado forzosamente. En 2021 ya habían atentado contra su vida al atacar su vivienda y uno de sus hijos murió en ese episodio. El año anterior, otro de sus hijos murió en circunstancias que aún no son claras, pero la lideresa responsabilizó al EMC. Tras el asesinato de Yule, el presidente Gustavo Petro levantó el cese bilateral con las disidencias en el Cauca. 

Las investigadoras del CNTI insisten en que las amenazas y ataques contra las defensoras indígenas son un atentado contra las bases de las comunidades. “Cuando se ataca a una lideresa indígena, se ataca y se corta un saber y se acentúan problemas estructurales”, resalta Gómez. 

 

Domingo en el río Humadea, septiembre de 2024. Decenas de personas disfrutan del afluente que Marlen Arévalo y Edgar Cruz defienden. Foto: Natalia Pedraza Bravo.

En noviembre de 2024, durante la conmemoración del día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, ONU Mujeres presentó cifras de las violencias basadas en género contra las personas defensoras en Colombia: en 2023 hubo un aumento del 203 %. Sólo para el primer semestre de 2023 hubo 3555 casos reportados de amenazas, hostigamientos y desplazamiento, en comparación con 1763 casos registrados en el mismo periodo de 2022. 

En la Amazonía y Orinoquía colombiana no son sólo las mujeres indígenas quienes enfrentan los impactos colectivos de las amenazas a sus liderazgos. Jani Silva, una mujer campesina del Putumayo que fue parte del equipo que ayudó a la creación de la Zona de Reserva Campesina La Perla, y quien fue candidata a recibir el Nobel de Paz en 2023, se ha enfrentado a grupos armados y a las empresas de hidrocarburos en el departamento. Su lucha la ha llevado a recibir más de diez amenazas en los últimos cinco años.

A raíz de estas amenazas, que vienen de todos los grupos armados que operan en la zona, Silva ha tenido que abandonar el territorio en varias oportunidades. Por ejemplo, recuerda que en 2021 fue declarada objetivo militar y tuvo que encerrarse en su casa 15 días y abandonar el municipio durante un mes. “Yo lo primero que pensé fue en mis nietas, que por esos días se mantenían aquí en la casa con su mamá, mi hija. Casi me vuelvo loca”, manifiesta la lideresa.

Lideresas estigmatizadas y criminalizadas 

Las violencias contra las defensoras desarmonizan los territorios y a las comunidades. Es por eso que, desde su informe ‘Mujer y territorio’, la CNTI le hace un llamado al Estado para garantizar y reconocer la legitimidad de la labor de las defensoras, escuchar sus demandas y no estigmatizar su defensa. Y es que la estigmatización ha sido una constante en la vida de muchas mujeres que alzan la voz. Como lo explica Leonardo González, este flagelo ha servido históricamente como herramienta para deslegitimar a ciertos grupos sociales y justificar actos de violencia en su contra. 

 

Jani Silva fue una de las promotoras de la creación de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, en el año 2000, que reúne a más de 600 familias en 22.000 hectáreas. Foto: Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

La historia de Silva es la prueba de cómo su vida ha estado en riesgo constante por el simple hecho de ser una mujer campesina. “Decían que la figura de las Zonas de Reserva Campesina era uribista. Y [el entonces presidente] Uribe, por otro lado, decía que eran repúblicas independientes para las guerrillas. Era una brutalidad total, y nosotros ahí, en el medio, sin saber qué hacer”, relata Silva.

Otra premisa que se repite en contra de los liderazgos es que si se oponen a las actividades extractivas son enemigos del progreso. 

El observatorio de la CNTI registra 715 asesinatos de indígenas desde la firma del Acuerdo de Paz y el 17 % representaban cargos de dirigencia en las comunidades y territorios étnicos. “La violencia es la amenaza latente contra la vida de los y las defensoras indígenas, una amenaza al mandato y a las estructuras político organizativas y ancestrales que se oponen a las economías extractivas en los territorios”, manifiestan Viviana Gómez y Fabiola Cuaspud de la CNTI. 

La ONU advierte que las mujeres, y aún más las indígenas y afrodescendientes, enfrentan desafíos particulares con relación a la estigmatización, pues suelen ser señaladas por algunas autoridades locales o actores con intereses económicos en los territorios.

La criminalización también es otra forma de ataque y mordaza contra la defensa del ambiente y el territorio. Global Witness, en su informe de 2023, advierte que esta táctica se ha convertido en una “estrategia clave para restar autoridad a los movimientos en defensa de la tierra y el medioambiente e interrumpir sus actividades y actualmente es la táctica que más se utiliza para silenciar a las personas defensoras de los distintos países”.

Marlén Arévalo conoce este tema de cerca, ya que vio cómo sus compañeros fueron criminalizados y enfrentaron procesos judiciales por la defensa del territorio ante la estatal petrolera colombiana. En 2018 empezaron a circular por redes sociales volantes con el logo de la Policía Nacional en los que informaban la captura de siete líderes ambientales en el departamento del Meta. Eran defensores y defensoras del río Guamal. En los papeles se encontraban frases como: “Inició su actuar delictivo como presidenta de la Junta de Acción Comunal”.

 

Marlén Arévalo y Edgar Cruz junto a sus cabras en el departamento del Meta, vistiendo camisetas de Cropohumadea con un mensaje en defensa del agua. Foto: Natalia Pedraza Bravo.

Arévalo dice que estos señalamientos ponen aún más en riesgo su vida y la defensa del territorio: “Nos han puesto en riesgo nuestra vida, porque eso hace que la misma comunidad nos tenga entre ojos, porque supuestamente estamos atentando contra los intereses de los que quieren trabajar con la industria”.

Además de esto, los mecanismos de protección para los líderes, implementados por el Estado colombiano, son insuficientes. Aunque el Gobierno ha adoptado algunas medidas, como la firma del Acuerdo de Escazú, que busca proteger a los defensores ambientales, su implementación ha sido limitada. “La falta de voluntad política ha impedido que las medidas de protección lleguen a las zonas más afectadas”, afirma Leonardo González, de Indepaz.

Una protección sin soluciones a la vista 

Las defensoras resisten en sus territorios mientras se sortea una reconfiguración de los poderes armados y políticos en cada una de las regiones colombianas. Según el último informe de Global Witness, los tres departamentos con mayor número de asesinatos registrados de líderes ambientales son Cauca (26), Putumayo (7) y Nariño (6), “donde quienes defienden la tierra y el medioambiente han quedado atrapados en el fuego cruzado”. 

De hecho, el pueblo siona del departamento de Putumayo fue confinado durante más de 10 días por el enfrentamiento entre el grupo armado Comandos de Frontera y las disidencias Carolina Ramírez de la antigua guerrilla de las FARC en 2023. Los dirigentes del resguardo Buenavista y Piñuña Blanco fueron amenazados y algunos desplazados. Jani Silva estuvo en una lista de líderes amenazados por los armados. 

La Defensoría del Pueblo ha emitido cuatro alertas tempranas, sólo para la región amazónica, entre 2023 y 2024. Un comunicado de marzo del año pasado dice que “otros riesgos han emergido para personas defensoras del ambiente, particularmente liderazgos campesinos e indígenas, que se han opuesto o han denunciado las afectaciones al territorio y a los procesos sociales y organizativos en contextos en los que se implementan economías legales, como la explotación de hidrocarburos o donde se implementan proyectos REDD+ de bonos de carbono”, dice el documento de la alerta temprana. 

 

La lideresa Waira Jacanamijoy vive en un resguardo Inga ubicado en Yurayacu, en el sur de Colombia. Foto: Diana María Pachón.

Colombia ha avanzado en el tema normativo para la protección de los defensores y se ha vinculado a acuerdos internacionales que buscan la protección de quienes defienden el medioambiente. El país celebró en agosto de 2024 la ratificación del Acuerdo de Escazú, pues es la primera vez que un tratado internacional dedica un artículo a la protección de líderes. “El artículo 9 establece que los Estados partes deben garantizar entornos seguros y propicios para que los defensores del medioambiente puedan actuar sin ser perseguidos, amenazados o asesinados. Esto es particularmente urgente en un país como Colombia, donde la impunidad prevalece en muchos de estos casos”, comenta González.

Sin embargo, las victorias son agridulces. La ONG Paz y Reconciliación (PARES) e  Indepaz han informado que poco se ha hecho para garantizar el cumplimiento del Acuerdo de Escazú y del Decreto 660 de 2018, que regula la creación del Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los territorios. Este último proyecto tiene como objetivo adoptar medidas de protección y prevenir la vulneración de derechos fundamentales como la vida, la libertad y la seguridad, además de establecer un plan de trabajo específico con las organizaciones sociales para su protección.

En el informe de gestión del Decreto, hecho en 2023 por la oficina de derechos humanos del Ministerio del Interior, se muestra un escaso avance. Desde abril de 2018 hasta julio de 2023, 42 organizaciones defensoras de derechos humanos fueron escogidas como beneficiarias de las medidas del decreto, pero ninguna ha logrado la implementación completa. 

El problema, como manifiestan los y las líderes, es la implementación de los reglamentos, resoluciones y políticas que se formulan.  La Corte Constitucional, a finales de 2023, alertó en un fallo judicial por la vulneración sistemática, masiva y permanente del derecho a defender los derechos humanos, evidenciando la urgencia de fortalecer los mecanismos de prevención y protección de líderes, además de ordenarle al Estado hacer seguimiento efectivo al riesgo que enfrentan los defensores, valorar las rutas de protección colectiva en los municipios en los que el nivel de riesgo es mayor, establecer los lineamientos generales para la investigación de delitos cometidos en contra de defensores de derechos humanos, entre otras medidas.

La Corte también le pidió a la sociedad civil realizar el acompañamiento y seguimiento a la implementación de las medidas para la protección y en abril de 2024 se creó la Comisión de Seguimiento con 17 organizaciones para realizar una mesa de interlocución con el Estado y dar cumplimiento de las órdenes de la sentencia. 

 

Waira Jacanamijoy ha sido promotora de Yachaicury, una escuela con un modelo indígena, para crear sentido de pertenencia en los jóvenes de la comunidad. Foto: Diana María Pachón.

La tarea no ha sido fácil. En términos de protección, la CNTI advierte que es indispensable que se adopte un enfoque étnico y de género, ya que los repertorios de violencia son distintos en hombres y en mujeres, pero también entre mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes. 

En el caso de la lideresa indígena Waira Jacanamijoy, la defensora renunció a los dos guardaespaldas que la acompañaron durante cinco años, tras sentirse como una prisionera en su territorio amazónico. En otros casos, el esquema de protección no sólo no tiene un enfoque de género, sino que es insuficiente para el nivel de amenaza que enfrentan las defensoras, tal como relata Marlén Arévalo, quien lleva varios años solicitando un sistema de protección eficiente, más allá de un chaleco antibalas y un celular para llamar en caso de riesgo. “Las medidas eran insuficientes, a Edgar (su esposo) le dieron un teléfono para que llamara cuando le iban a meter un tiro en la cabeza”, dice la defensora.

Lo cierto es que en medio de un recrudecimiento de la violencia en Colombia, las mujeres  indígenas y campesinas siguen resistiendo en su territorio, desafiando los proyectos extractivos y defendiendo la tierra, mientras los grupos armados continúan amenazando, desplazando y estigmatizando la defensa territorial y ambiental.

 

Actualizado el: Vie, 03/14/2025 - 16:27

Del 16 al 20 de febrero de 2025 se cumplen 25 años de la masacre de El Salado, en la que que 450 paramilitares comandados por Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, con apoyo de miembros de la fuerza pública, cercaron el corregimiento de El Salado, en El Carmen de Bolívar, en el departamento de Bolívar. Antes de llegar al pueblo, los paramilitares hicieron un sangriento recorrido por municipios cercanos, donde asesinaron a 14 campesinos en áreas rurales de Ovejas, Sucre y tres más en la vereda La Sierra, en el municipio de Córdoba, Bolívar. 

El 18 de febrero del 2000, los hombres de la Auc llegaron a El Salado y obligaron a los habitantes del caserío a reunirse en el centro del pueblo. Allí los forzaron a ver cómo torturaban, desmembraban y asesinaban a 60 personas –52 hombres y 8 mujeres–, tres menores de edad y cinco mujeres que fueron víctimas de métodos de extrema crueldad como estrangulación y empalamiento. Durante seis días de terror, los paras no solo cometieron graves crímenes de lesa humanidad, sino que también prohibieron a los sobrevivientes enterrar a sus familiares, dejando una profunda herida en la comunidad. 

En la conmemoración de los hechos, la comunidad de El Salado sigue exigiendo justicia y reparación por la masacre, además de denunciar los constantes incumplimientos de las medidas de reparación integral que han sido amparadas en distintas instancias judiciales. Por esto, este 18 de febrero, la comunidad salaera se reunió en el municipio de El Carmen de Bolívar para movilizarse y reclamar por la falta de atención y materialización de la sentencia T-045 de 2010, especialmente con lo respectivo a las medidas de reparación en materia de salud integral, según. A esto se le suma el incumplimiento de las medidas de indemnización para los y las sobrevivientes de la masacre, las demoras en los procesos de restitución de tierras, la puesta en marcha de proyectos productivos y la falta de infraestructura. 

Durante la conmemoración, miembros de la comunidad de víctimas mencionaron a la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) que se manifestaban pacíficamente para protestar por las “promesas incumplidas de la comunidad”. “Hoy conmemoramos nuestras víctimas con esta apuesta al gobierno Nacional invitándolos a que lleguen a resarcir lo que hoy en día está sin cumplir en El Salado, Bolívar”, dijeron.  

Los y las salaeras también hacen un llamado para que las entidades nacionales y territoriales como la Unidad de Atención a Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Renovación del Territorio, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Interior, la Jurisdicción Especial para la Paz, los tribunales de Justicia y Paz, la Fiscalía General de la Nación, la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de El Carmen de Bolívar cumplan con los puntos acordados y asuman sus responsabilidades.

Viviana España, abogada integrante de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), mencionó que los salaeros y las organizaciones que los y las acompañan esperan que las demandas de reparación individual y colectiva sean atendidas por el Estado desde los escenarios judiciales. “La comunidad pide que a través del macrocaso 08 de la Jurisdicción Especial para la Paz se logre el esclarecimiento de la verdad en relación a la responsabilidad de la fuerza pública en los hechos de la masacre de El Salado”, señaló España.

La masacre, además de ser un acto de sevicia extrema y una estrategia para despojar a las comunidades de sus tierras y tener el control territorial paramilitar, también tuvo como resultado el desplazamiento forzado de 4.000 personas, de las que tan solo cerca de 730 han retornado. Los campesinos vendieron las tierras que se vieron forzados a abandonar a precios muy bajos a empresarios como Álvaro Ignacio Echeverría, que llegaron a la zona entre 2005 y 2007 respaldados por funcionarios del gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

Estos empresarios luego vendieron las tierras a compañías como Argos y la Agropecuaria El Carmen de Bolívar, sin investigar el pasado de los predios. Como lo han mostrado varias sentencias de restitución de tierras, estos actores económicos compraron sistemáticamente estas fincas, aún cuando era de conocimiento público las condiciones de violencia que habían sufrido quienes eran sus antiguos propietarios.

Rutas del Conflicto ha documentado varios de estos casos, incluyendo la historia del predio La Reforma, que involucra a miembros de la familia Gaviria Correa, a la que pertenece el exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín, Aníbal Gaviria. El reclamo de la comunidad campesina relacionada con el caso aún espera la decisión judicial de un tribunal de restitución.

La masacre no solo ha sido un símbolo de la brutalidad paramilitar, sino también su magnitud, la crueldad extrema, la escenificación pública y la duración de los hechos lo convierten en un caso paradigmático en Colombia. Aunque La Comisión de la Verdad reconoció la importancia de El Salado como un caso emblemático para entender las dimensiones del conflicto y avanzar hacia la reconciliación, 25 años después de la masacre, los y las sobrevivientes siguen en la búsqueda de justicia, verdad y reparación.
 

*Nota con información de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) 

Actualizado el: Mié, 02/19/2025 - 17:41

Rutas del Conflicto y CLIP

En los últimos seis años han surgido en Colombia un centenar de iniciativas privadas en el mercado voluntario de carbono, enlazando a comunidades que conservan ecosistemas clave para contrarrestar la crisis climática global con empresas que quieren reducir la huella ambiental que deja su consumo de combustibles fósiles como petróleo o carbón.

Desde los bosques húmedos tropicales de la Amazonia y del Pacífico hasta los manglares caribeños, las sabanas de la Orinoquia y los páramos de los Andes, la inmensa mayoría de estos proyectos llamados Redd+ gira en torno a comunidades indígenas y afrodescendientes. Estos pueblos étnicos resultan atractivos como socios para este tipo de proyectos porque tienen tanto titularidad colectiva como gobernanza efectiva de extensos territorios boscosos que remueven dióxido de carbono de la atmósfera. Así pueden vender bonos por el carbono que se ha dejado de emitir a empresas que buscan compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero. Estas empresas quieren ser más ‘carbono neutrales’ o disminuir el monto del impuesto al carbono que deben pagar al Estado colombiano por su consumo de gasolina y otros combustibles fósiles.

Muchas de estas iniciativas están en el Chocó biogeográfico, una región de Colombia mayoritariamente a orillas del océano Pacífico y cubierta por frondosas selvas tropicales y manglares que se extienden desde el golfo de Urabá hasta la frontera con Ecuador. Es uno de los mayores ‘puntos calientes’ de biodiversidad  en el mundo y hogar de miles de especies endémicas. 

Allí hay al menos 32 proyectos de este tipo en distintas fases de aprobación, según un análisis hecho por la alianza periodística Carbono Opaco tras examinar las plataformas de los cuatro estándares de certificación que operan en el país. De las 19 iniciativas que han sido certificadas y pueden hoy vender bonos en el mercado, 18 son operadas por una sumatoria de 55 consejos comunitarios afrocolombianos y ocho resguardos de indígenas embera.

Sólo una de ellas no gira en torno a comunidades étnicas: el proyecto Tángara. A diferencia de las demás, se lleva a cabo en dos predios privados de bosques y manglares ubicados a 40 minutos en lancha al sur del puerto de Buenaventura, en el departamento de Valle del Cauca. A diciembre de 2024 había vendido un millón de bonos en el mercado voluntario de carbono.

Pero el trasfondo de esas tierras es más complejo. Los predios que albergan el exitoso proyecto - y que sus empresas proponentes sostienen que son privados - coinciden en parte con las tierras que dos consejos comunitarios afrocolombianos recibieron del Estado hace casi tres décadas. Los habitantes de esa zona descubrieron la existencia del proyecto Tángara hace cinco años, durante una reunión con otra empresa de carbono con la que estaban considerando diseñar un proyecto similar para vender bonos.

Las cartografías oficiales del Estado colombiano parecen darles la razón a los locales. Aunque son confusas, dado que reposan polígonos distintos para los mismos consejos comunitarios en dos entidades distintas del Gobierno nacional a cargo de la gestión de tierras, ambas muestran un traslape entre los predios de los afrocolombianos y los que Tángara defiende como suyos. En los polígonos de la Agencia Nacional de Tierras, el proyecto se traslapa con los consejos comunitarios de Río Mayorquín y Papayal por un lado y de Río Raposo por el otro, mientras en los que maneja el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) únicamente hay un traslape con el primero. Un estudio de títulos contratado por esas dos comunidades concluyó que hay un traslape con esos dos consejos comunitarios, así como con un tercero llamado Bracitos y Amazonas. De hecho, los líderes de Mayorquín y Raposo dicen no haberse enterado de la existencia del proyecto Tángara sino cuando ya estaba aprobado. Sostienen que no han sido incluidos de ninguna manera dentro de la iniciativa ni han recibido sus beneficios económicos, pese a la superposición de los predios y lo que, como mínimo, parece un conflicto de tierras. 

En todo el Pacífico colombiano solo hay un proyecto de carbono en tierras privadas. Pero en realidad se traslapa con al menos un consejo comunitario afro. Foto: Andrés Bermúdez Liévano.

Entre tanto, la empresa promotora Tángara Forest S.A.S. Zomac insiste en que los documentos legales acreditan su propiedad de esos predios y que la cadena de posesión privada de esos terrenos se remonta al siglo XIX. Argumenta que múltiples entidades públicas así lo han indicado, incluyendo el Ministerio del Interior que certificó, según la interpretación de la empresa, que en dichos predios no había presencia alguna de comunidades étnicas, a pesar de que los polígonos oficiales de los consejos comunitarios que reposan en las entidades estatales responsables de temas de tierras y catastro muestran claramente la existencia de un traslape. “Estamos totalmente seguros y certeros de que hemos desarrollado el proyecto en predios privados y, como tal, que es un proyecto privado”, dice el gerente del proyecto Carlos Eduardo Domínguez.

Tanto la empresa como las comunidades reconocen, eso sí, la existencia de un conflicto de tierras que ya llegó a la justicia, dado que ningún espacio anterior de diálogo permitió resolverlo. Esa solución probablemente vendrá de los jueces especializados en restitución de tierras que deberán fallar dos casos que ya le remitió la Unidad de Restitución de Tierras en nombre de los dos consejos comunitarios, a causa del despojo y el desplazamiento en manos de guerrillas en el conflicto armado. La razón es que, aunque el actual conflicto por el carbono no forma parte de esa oleada anterior de violencia, la titularidad de la tierra es parte central del proceso legal.

Un punto central del pleito es que los documentos del proyecto Tángara elaborados por Tángara Forest S.A.S. Zomac y la empresa Biofix Consultoría S.A.S. BIC, que la primera contrató para estructurarlo, afirman que el Ministerio del Interior certificó que en el área donde se lleva a cabo la iniciativa ambiental no hay comunidades afro. Sin embargo, el documento que citan como soporte en realidad no afirma eso: solo indica que en la visión del ministerio, no requiere consulta previa, libre e informada por tratarse de una iniciativa ambiental, pero no entra a determinar si allí había comunidades étnicas.

Las dos empresas que auditaron el proyecto, Icontec y Aenor, detectaron la presencia de comunidades afro allí, pero dieron credibilidad a la explicación de los desarrolladores de que son terrenos privados. Ni ellos ni el certificador BioCarbon Registry respondieron si cotejaron el área de la iniciativa con mapas oficiales de territorios colectivos étnicos.

Estos son algunos de los hallazgos de Rutas del Conflicto, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Mongabay Latam, aliados del proyecto Carbono Opaco, investigación periodística coordinada por el CLIP y que reúne a 14 medios de ocho países, para reportar cómo está funcionando el mercado de carbono en América Latina. Rutas tuvo el apoyo de la Fundación Heinrich Böll y la alianza ha sido respaldada por el Centro Pulitzer.

El proyecto Tángara y sus proponentes

Al navegar hacia el sur desde Buenaventura, la mayor ciudad colombiana sobre el océano Pacífico, el paisaje cambia súbitamente. Después de que la lancha deja la bahía abierta donde está ubicado el puerto, flanqueada por riscos rocosos coronados de bosque verde, se adentra en un laberinto de canales salobres y ríos de agua dulce que se extiende por un centenar de kilómetros. Delinean sus orillas árboles de mangle de hasta treinta metros de altura, en cuyas frondosas ramas se perchan pelícanos y cormoranes y cuyas raíces forman pronunciados arcos sobre el estero.

Decenas de consejos comunitarios se suceden unos a otros, sus pobladores afrocolombianos morando en aldeas de casas palafíticas de madera, cuyos nombres retoman los de los riachuelos que desembocan en los manglares y luego en el mar. Su vida, al igual que la de la flora y la fauna en la zona, está marcada por los dos cuerpos de agua que los rodean: el mar y los ríos llenos de meandros por donde navegan sus botes, en una región sin vías terrestres

Uno de los muchos asentamientos palafíticos ribereños en los consejos comunitarios al sur de Buenaventura donde se realiza el proyecto Tángara. Foto: Andrés Bermúdez Liévano

Es aquí donde está ubicado el Proyecto de Conservación Tángara REDD+, que promete “mitigar el cambio climático mediante la reducción de las emisiones de CO2 al evitar la deforestación del bosque” y “contribuir a la conservación de la biodiversidad mediante la protección del hábitat de especies en peligro de extinción”, según explica su documento de diseño de proyecto (PDD, en la jerga del sector) disponible en la plataforma de la certificadora colombiana BioCarbon Registry que lo avaló. El proyecto busca lograrlo mediante la venta de créditos de carbono generados por “la conservación de 14.200 hectáreas” de manglares y de bosque húmedo tropical costa adentro a lo largo de 30 años, en dos predios contiguos que otro de sus documentos describe como “de índole privada”.

Su proponente principal es la empresa Tángara Forest S.A.S. Zomac, aunque los documentos del proyecto incluyen también a un puñado de otras empresas y entidades. La empresa Biofix Consultoría S.A.S. BIC aparece en los documentos como estructuradora del proyecto y comercializadora de sus créditos, y otras cuatro -el Zoológico de Cali, el Jardín Botánico de Cali, el gremio hotelero Cotelco y la autoridad pública ambiental regional CVC- figuran como sus “aliados institucionales”. Un organigrama en el PDD así lo corrobora.

Organigrama de actores involucrados según el documento de diseño del proyecto (PDD), disponible en la plataforma de certificación de BioCarbon Registry.

Tángara Forest S.A.S. Zomac es, según los documentos del proyecto, el “proponente”, “propietario de los predios” y “responsable de la implementación de las actividades para evitar la deforestación”.

Su nombre y su logo aluden, al igual que el título de su iniciativa de carbono, a una familia de aves pequeñas y sumamente coloridas que se encuentran únicamente en el continente americano y que están presentes en casi toda Colombia. Fue bautizado así porque, según el PDD elaborado por Biofix para Tángara Forest, “se observan en el área del proyecto” y “se encuentran dentro de la Lista Roja de la UICN [de animales amenazados a nivel mundial] y están catalogadas como una especie en peligro de extinción”. Los documentos no explican, sin embargo, cuál tángara presente en el área del proyecto enfrenta ese nivel de riesgo. De hecho, las dos que cita como amenazadas o en peligro de extinción no aparecen reportadas para Colombia, sino que viven una entre México y Guatemala, y la otra entre Perú y Bolivia.

El PDD del proyecto Tángara explica que su nombre se debe a la presencia de esas aves en el área y a que están en peligro de extinción. Las dos especies que menciona como en riesgo, sin embargo, no han sido observadas en Colombia.​

Tángara Forest, la empresa, fue constituida en septiembre de 2018 en Buenaventura, con el objeto de realizar “actividades relacionadas con la emisión, validación, verificación, registro, expedición y comercialización de bonos de carbono y la estructuración de proyectos Redd y Redd+”. En sus documentos corporativos se repiten los nombres de tres personas que han figurado como sus representantes legales y accionistas en distintos momentos a lo largo de los últimos seis años: Óscar Javier Peláez González, Óscar Ricardo Peláez Herrera y Andrés Jordán Herrera.

A junio de 2023, sus accionistas eran la empresa Negocios Tramontana S.A.S. (con un 51% de las acciones), Óscar Ricardo Peláez Herrera (con 24.5%) y Andrés Jordán Herrera (con 24.5%), según consta en un acta de cámara de comercio. A su vez, Negocios Tramontana -que se llamó Peláez Herrera S. en C. hasta septiembre de 2022- contaba con Peláez González como gerente principal y Peláez Herrera y Jordán Herrera como gerentes suplentes a enero de 2025. A la fecha de publicación, en Tángara Forest el representante legal era Peláez González -quien ya había figurado como titular del 51% de sus acciones entre 2018 y 2019- con Peláez Herrera y Jordán Herrera como sus suplentes.

Los tres aparecen en varios de los documentos del proyecto Tángara. Óscar Javier Peláez, un abogado y criminólogo que postuló en 2016 al cargo de Procurador General de la Nación y que en años recientes se ha dedicado al arte, figura como “proponente del proyecto” y “titular de los predios” en un informe de monitoreo hecho por los desarrolladores de la iniciativa de 2021. También aparece como gerente de Tángara Forest y persona de contacto en un informe de auditoría hecho por Icontec en 2018. Andrés Jordán, un administrador de empresas que trabajó durante una década en la industria farmacéutica, aparece como gerente general de Tángara Forest y persona de contacto en ese mismo informe de monitoreo de 2021. Los dos, más el ingeniero industrial Óscar Ricardo Peláez, quien trabaja como vicepresidente de la empresa automotriz vallecaucana Fanalca, figuran como representantes de Tángara Forest en otro informe de la auditora española Aenor de 2019.

Óscar Javier Peláez ha tenido vínculos con al menos dos de las entidades presentadas como aliadas institucionales del proyecto en Buenaventura. Fue presidente de la junta directiva de la Fundación Zoológico de Cali que -según el PDD- ha realizado actividades de “liberación de fauna nativa decomisada en el área del proyecto”, incluyendo guatines, armadillos, cusumbos, serpientes y varias especies de aves. De hecho, el PDD señala que el proyecto inició el 3 de enero de 2010, fecha en que el zoológico “establece acciones de fortalecimiento a la gobernanza de los predios del propietario”. Peláez también ha sido miembro de la junta directiva del Jardín Botánico de Cali, que -según un informe de auditoría de 2018- “da su apoyo y aval al proyecto REDD”.

Además de Tángara Forest, la empresa Biofix Consultoría S.A.S. BIC figuraba a enero de 2025 como titular (‘holder’) del proyecto en la plataforma de la certificadora y ha sido, según sus documentos, el “estructurador del proyecto responsable de hacer el PDD y la comercialización de los bonos de carbono”. Fundada en 2018, Biofix es hoy uno de los actores más visibles del mercado de carbono en Colombia con diez proyectos en marcha, incluyendo cinco en el Pacífico, cuatro en la Amazonia y uno en la Orinoquia. Desde hace dos años también impulsa dos proyectos Redd+ en la Amazonia brasilera. Una de sus iniciativas colombianas, Kaliawiri, fue cuestionada por un informe de Carbon Market Watch, una ONG europea que monitorea el mercado de carbono, de haber posiblemente inflado sus resultados ambientales, algo que Biofix negó y describió como “falso”.

Su gerente desde febrero de 2024 es Carolina Jarro, una bióloga que fue subdirectora técnica de Parques Nacionales Naturales de Colombia por más de una década, la agencia estatal que custodia las 65 áreas del sistema de parques nacionales del país. Su figura más visible, sin embargo, ha sido su fundadora, representante legal suplente y hasta hace poco gerente, Ana Milena Plata Fajardo, una economista con doctorado en economía forestal de la Universidad Federal de Paraná en Brasil que trabajó en la oficina de negocios verdes del Ministerio de Ambiente entre 2016 y 2018, y más recientemente presidió la junta directiva de Asocarbono, el gremio que reúne a los actores del mercado de carbono en Colombia. Plata y el abogado y actual gerente jurídico Marco González Carantón son los beneficiarios finales de Biofix, como accionistas únicos de la empresa Biofix Group S.A.S. que la controla.

El proyecto Tángara no aparece hoy en la página web de Biofix BIC, pero sí figuraba hasta al menos mayo de 2023 y era presentado como “el único proyecto que se desarrolla en predios privados al sur de la bahía de Buenaventura”, como consta en capturas de pantalla hechas por la herramienta Internet Wayback Machine. De hecho, en su página Biofix celebraba que “esta iniciativa es de las pocas a nivel nacional que incorpora en su metodología las remociones por carbono azul adicionales a las generadas por las áreas boscosas muy húmedas tropicales”.

La página web de Biofix incluía el proyecto Tángara hasta al menos mayo de 2023, como muestra una captura hecha por la herramienta Internet Wayback Machine.

Biofix explicó a esta alianza periodística que tuvo un acuerdo comercial con Tángara Forest desde mayo de 2018 hasta mayo de 2022. “A la fecha no existe un vínculo comercial o jurídico vigente entre la empresa Biofix BIC y Tangara Forest S.A.S Zomac”. Pese a ello, a enero de 2025, Biofix Consultoría figuraba aún como “holder” (titular) y “participante” del proyecto en la plataforma de la certificadora BioCarbon.

La ficha del proyecto Tángara en la plataforma del certificador BioCarbon listaba a Tángara Forest y Biofix Consultoría como participantes del proyecto, y a la segunda como su titular, a enero de 2025.

El proyecto Tángara llega al mercado

Luego de que el proyecto Tángara fuera estructurado por Tángara Forest con Biofix, recibió el visto bueno de la auditora colombiana Icontec en diciembre de 2018 y también de la española Aenor en noviembre de 2019. Fue luego registrado por la certificadora colombiana BioCarbon Registry (antes conocida como ProClima) ese mismo mes. Un día después de ser aprobado, el 20 de noviembre de 2019, fue canjeada su primera cosecha de 348 mil bonos, según confirma la plataforma de BioCarbon. Dos años después, en julio de 2021, tuvo una tercera auditoría por parte de Icontec.

A diciembre de 2024, el proyecto Tángara había transado 1,002,849 créditos, según el registro de transacciones de BioCarbon.

No es posible conocer la identidad de ninguna de las empresas compradoras porque, desde mediados de 2024, BioCarbon Registry eliminó de su plataforma de transacciones el nombre de los usuarios finales de los créditos. Hasta ese momento, un ciudadano podía consultar quiénes habían usado los bonos de cualquier proyecto certificado por BioCarbon Registry en su plataforma, bajo una columna denominada ‘en nombre de’ (‘in name of’), como se observa en la ficha de transacciones de otro proyecto consultada en dicha plataforma y citada en un reportaje anterior de esta alianza periodística. Esa columna aparece hoy vacía

Ficha de transacciones de bonos de los proyectos Dabucury y Tángara, en la plataforma de BioCarbon Registry que los certificó, consultadas en diciembre de 2023 y septiembre de 2024 respectivamente. Se puede observar que la columna que identificaba a sus usuarios finales ahora aparece en blanco.​

Esta alianza periodística escribió a BioCarbon el 1 de diciembre de 2024 y el 7 de enero de 2025 solicitando el nombre de las empresas que han canjeado créditos del proyecto Tángara, pero la certificadora no respondió. Tampoco respondió por qué decidió eliminar de su plataforma la identidad de los usuarios finales de los créditos vendidos por los proyectos que ha certificado.

Consultada por esta alianza periodística, la empresa Tángara Forest identificó a tres compradores: las gasolineras Terpel y Biomax, y la empresa de transporte de hidrocarburos Cenit.

Un proyecto, dos predios y tres consejos comunitarios

Pese a que ninguna comunidad afrocolombiana figura como proponente en el proyecto Tángara, los dos predios donde la empresa Tángara Forest lo lleva a cabo (uno llamado Loma de Auca de 10.500 hectáreas y otro llamado Playa de Cuchas de 3.700 hectáreas) coinciden en parte con tierras que el Estado colombiano otorgó a dos comunidades afrocolombianas para su uso colectivo. Estas titulaciones colectivas de tierras comenzaron desde la década del noventa como parte de una iniciativas de reforma agraria y protección de minorías étnicas.

Los dos lados cuentan historias distintas del origen de los terrenos.

Según el PDD del proyecto Tángara elaborado por Biofix, los derechos del carbono en dichos predios están en cabeza de su propietario, Tángara Forest, “toda vez la propiedad se encuentra legalmente amparada bajo un justo título y en cabeza de una sola persona despejando cualquier tipo de dudas sobre quién es el titular del dominio del inmueble como de los bonos de carbono”. 

Los dos predios parecen haber estado en manos de Óscar Javier Peláez o de empresas conectadas a él desde hace más de tres décadas, según consta en los folios de matrícula inmobiliaria de los predios disponibles en la Superintendencia de Notariado y Registro, y en actas de Cámara de Comercio de las sociedades dueñas que esta alianza periodística consultó. 

Según los certificados de tradición y libertad, la actual propietaria Tángara Forest S.A.S. Zomac adquirió el predio Playa de Cuchas el 12 de diciembre de 2018 y el de Loma de Auca el 8 de marzo de 2019, por medio de lo que describe como una “compraventa de boleta fiscal”. Se lo compró a su hoy representante legal Óscar Javier Peláez, quien -según ese mismo certificado- hizo una actualización de los linderos y cabida de los predios en 2013 y les cambió el nombre a los que hoy llevan de Loma de Auca y Playa de Cuchas. Él se había convertido en propietario de Loma de Auca (en algunos documentos también llamado Lomas de Auca) en 2009 y de Playa de Cuchas (en ocasiones llamado Playa de Chuchas) en 2010 tras la liquidación comercial de otra sociedad llamada Sinergia.

El nombre de la empresa que transfirió los predios a Peláez por “adjudicación en la liquidación de sociedad comercial” varía en los distintos documentos, apareciendo como Sinergia Ltda en el certificado de tradición de uno de los predios y Cinergia Limitada en el del otro predio. Aunque ninguno de esos documentos del proyecto o de los predios identifica el número tributario de la empresa, los datos contenidos en éstos sugieren que se trata de la empresa Sinergia Limitada, constituida en Cali en 1995 y liquidada después. Entre los accionistas de esa empresa en octubre de 1995 figuraba justamente Óscar Javier Peláez, con el 29 % de las acciones, según consta en un acta de Cámara de Comercio.

Según las escrituras, quienes transfirieron los predios a Sinergia Ltda fueron cuatro personas: Diego López Zapata, Isabel Isaacs de Juri, Alicia Isaacs de Rojas y María Isaacs Revelo, que las heredaron de un Rafael Isaacs que las había comprado a comienzos del siglo XX y que -según Carlos Eduardo Domínguez de Tángara Forest- era familiar de Jorge Isaacs que escribió María, la más reconocida novela del primer siglo de vida de Colombia. Los cuatro herederos figuraban en octubre de 1995 como accionistas de Sinergia Limitada, la empresa a la cual transfirieron la propiedad y en la que también era socio Óscar Javier Peláez. Los cuatro vendedores sumaban la mitad de las acciones de la empresa compradora: López Zapata tenía el 37.5%, mientras María, Isabel y Alicia Isaacs detentaban cada una entre 4.16% y 4.18%.

La empresa Tángara Forest reconoció a esta alianza periodística la existencia del traslape y del conflicto de tierras en una reunión virtual el 20 de diciembre de 2024, pero señaló que “confiamos plenamente, de acuerdo a la normatividad vigente en Colombia para acreditar la propiedad, que la cumplimos”.

Según el relato del gerente del proyecto, Carlos Eduardo Domínguez, el origen privado de los dos predios se puede trazar con claridad al menos hasta 1881 en el caso de Loma de Auca y 1884 en el de Playa de Cuchas, siendo el documento más antiguo que los menciona una sentencia de sucesión de una propietaria llamada Manuela Micolta viuda de Martínez incluso dos décadas antes. 

En su visión, la existencia de múltiples documentos de diferentes instituciones públicas respalda el hecho de que ellos son los propietarios legítimos. Entre ellos, muestra una respuesta de la Superintendencia de Notariado y Registro en diciembre de 2023 a un derecho de petición de Tángara Forest para clarificar la propiedad y una solicitud al Comité Distrital para la atención a la población desplazada por la violencia en Buenaventura para levantar las medidas de protección a los predios. Además, dice que llevan años pagando los impuestos prediales. “Se puede ver que hemos consolidado una serie de actuaciones jurídicas, de entidades sobre las que no tenemos ningún control, que nos certifican y garantizan plenamente la propiedad de los predios”, dice.

Sobre cómo parte de esos predios fueron entregados por el Estado colombiano a las comunidades afro, Domínguez dice que “consideramos que hubo un proceso irregular en la adjudicación a los consejos” y que las tierras en ningún momento han debido ser consideradas como baldíos de la Nación. Según Tángara Forest, su análisis jurídico encontró que el Incora (Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, liquidado en el 2003) no consultó la base catastral o la oficina de registro de Buenaventura, algo que -en palabras del gerente del proyecto- “le hubiera permitido conocer la existencia de propiedad privada en la zona”. A su juicio, que no se hiciera un anuncio en un medio de amplia circulación nacional impidió que los dueños presentaran una oposición. “Si hubieran hecho la debida diligencia, habrían encontrado que no son inventados nuestros títulos. Predios como los que nos ocupan en esta controversia estarían excluidos de la adjudicación”, dice.

Tángara destaca el rol pionero que tuvo en el mercado de carbono nacional. “Fuimos de los primeros proyectos de bonos en Colombia y posiblemente el primero privado”, dice Carlos Eduardo Domínguez. Explica que ese tipo de predios tiene usos muy restringidos por su ubicación geográfica y valor ecológico, razón por la cual hacía 2015 pensaron en construir un hotel en la extensa playa del predio Playa de Cuchas, que -según dice el gerente del proyecto Tángara- figuró incluso en el plan de desarrollo de la gobernadora del departamento del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Pero los altos costos y la falta de inversionistas, explicaron, les hicieron desistir de la idea. Cuando la reforma tributaria del gobierno de Juan Manuel Santos en 2016 creó el impuesto al carbono y un incentivo para pagar con bonos de carbono, vieron la oportunidad y le apostaron a ese mercado incipiente. “Todo el mundo encontró una oportunidad en predios que antes nadie volteaba a mirar”, dice, añadiendo que no descartan usar el dinero de los bonos de carbono para revivir el proyecto ecoturístico.

Tángara Forest insiste en que ni durante la génesis del proyecto hotelero ni al estructurar el de carbono alguien mencionó un traslape. “Sabíamos que existían los consejos comunitarios y unas comunidades respaldadas [por éstos], pero no los traslapes porque los documentos y planos eran clarísimos”, dice Domínguez. 

A su vez, la estructuradora del proyecto Biofix BIC respondió a esta alianza periodística que desconocía la disputa de tierras. En una respuesta escrita el 27 de diciembre de 2024, su directora Carolina Jarro señaló que “el Proyecto Tángara REDD+ se formuló, validó, verificó, certificó y registró con base en documentos expedidos por órganos públicos que comprueban que los predios que comprenden el proyecto acreditan derechos de propiedad privada, por lo que dichos predios gozaban de pleno dominio privado y demás atributos de la propiedad conforme la legislación civil colombiana”. (Ver la respuesta completa de Biofix acá).

Según Jarro, los documentos de propiedad que proporcionó Tángara Forest acreditaban “el carácter de dominio pleno sobre los predios identificados con dichos folios, lo que permitió al desarrollador, amparado en el principio de la buena fe y confianza legítima, generar la formulación del proyecto y someterlo a auditoría”.

La historia de los predios según las comunidades afro

Del otro lado, los líderes de los consejos comunitarios afrocolombianos de Mayorquín y Papayal y de Raposo insisten en que las tierras contenidas en el proyecto les fueron otorgadas por el Estado colombiano en los años noventa.

En el caso de Mayorquín y Papayal, fue el resultado de una lucha que tomó fuerza en 1994, meses después de la promulgación de la ley 70 de 1993 que reivindicó los derechos étnicos y territoriales de las comunidades negras y estableció el proceso para que el Estado colombiano pudiera otorgarles tierras colectivas como ya venía haciendo con los indígenas desde el gobierno de Virgilio Barco en los años ochenta. Las comunidades del litoral pacífico se organizaron y de manera concertada se dividieron el territorio por cuencas, como explica un documento visto por esta alianza periodística y elaborado por la Unidad de Restitución de Tierras, creada por la Ley de Víctimas durante el gobierno de Juan Manuel Santos con la misión de devolver tierras despojadas a sus antiguos propietarios como una forma de reparación.

En 1994, los líderes locales Antonio Aragón y Eustaquio Grueso lideraron la creación de la Organización Mina Vieja, con el fin de defender los derechos de las comunidades afro y expulsar a corteros de leña que se habían instalado allí. Sus integrantes eran descendientes de esclavos de ascendencia africana que llegaron al enclave minero llamado Mina Vieja a partir de 1830 buscando oro y se asentaron al borde del río. Ese proceso organizativo desembocó en la creación, por parte de la agencia estatal para la reforma agraria Incora, del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Mayorquín - Papayal en 1998. 

Entre 1998 y 1999, el Estado colombiano creó los dos consejos comunitarios cuyas tierras colectivas corresponden parcialmente a los predios que la empresa Tángara Forest incluyó en el proyecto Tángara. Foto: Andrés Bermúdez Liévano.

Al mismo tiempo que Aragón y José Nieves, otro líder local que entrevistó esta alianza, lideraban la constitución del consejo comunitario de Mayorquín, otros líderes hicieron lo mismo en otros rincones de esa región de mangles: el 27 de diciembre de 1999 nació el consejo comunitario de río Raposo con 20.563 hectáreas, el 16 de julio de 2002 el de Bracitos y Amazonas con 4.029 hectáreas y, por último, el 3 de diciembre de 2002 el consejo comunitario Mayor del Río Anchicayá con 16.773 hectáreas. El Incora, mediante la titulación colectiva de 60.000 hectáreas, buscaba así atender a más de 1.000 familias afrodescendientes que ya sufrían los efectos de la expansión de la guerrilla de las Farc y varios de cuyos líderes habían sido amenazados.

El Incora entregó el 24 de diciembre de 1999 a la comunidad de Mayorquín y Papayal un territorio que hasta ese momento era baldío de la Nación y por tanto era apto para una iniciativa de reforma agraria - y que las familias beneficiarias ya habitaban hacía años. “Solicitó al Incora la titulación colectiva de ‘tierras de comunidades negras’ de un globo de terreno baldío. (...) La solicitud de titulación formulada reúne todos y cada uno de los requerimientos exigidos, toda vez que las áreas objeto del trámite son tierras baldías, rurales y ribereñas, que vienen siendo ocupadas y aprovechadas en la forma histórica y ancestral por las comunidades negras solicitantes con prácticas tradicionales de producción acordes con su cultura, sus usos y costumbres”, se lee en el título de propiedad del Consejo Comunitario Mayorquín y Papayal.

 

Resolución de adjudicación del consejo comunitario Mayorquín y Papayal de 1999

Como parte del proceso de titulación colectiva, el Incora puso un aviso publicitario en la emisora Radio Buenaventura anunciando la solicitud de adjudicación hecha por la comunidad, de manera que cualquier persona que se sintiera afectada por la decisión pudiese manifestar su oposición. Ninguna persona manifestó tener propiedad privada en el área del consejo comunitario, ni se reportó la presencia de otras personas que no fueran de la comunidad viviendo en lo que se convertiría en el consejo comunitario de Mayorquín y Papayal. En las más de dos décadas desde que fueron expedidas las resoluciones de adjudicación de las titulaciones colectivas allí y en Raposo nunca han sido demandadas legalmente.

Por eso la sorpresa de varios de sus líderes cuando, durante una reunión en el puerto de Buenaventura con la empresa estadounidense Terra Global Capital, que ya había participado en la formulación de ocho proyectos Redd+ en el Pacífico colombiano como parte del programa BioRedd+ financiado por la Agencia de Desarrollo Estadounidense (Usaid), recibieron la noticia de que ya había un proyecto de bonos de carbono en funcionamiento en parte de su territorio. Las comunidades de Mayorquín y Raposo estaban explorando la posibilidad de participar en un proyecto de carbono similar, que incluiría a cinco consejos comunitarios: los dos suyos, más los de Anchicayá, Dagua y Yurumanguí. “No podemos trabajar con ustedes porque el mapa muestra un traslape”, cuentan tres líderes de Mayorquín que les dijo una empleada de Terra Global en esa reunión, de cuya fecha  no están seguros pero que creen que ocurrió en 2018 o 2019. Según su relato, les dijo que el proyecto no podría seguir adelante dado que otra empresa había registrado parte de esas tierras en otra iniciativa que ya había sido aprobada. Ese descubrimiento significaba que ellos no podrían continuar con su proyecto, dado que no es posible vender dos veces un mismo resultado ambiental en el mercado de carbono -el riesgo era que podrían ser señalados de incurrir en una doble contabilidad.

El proyecto que se superponía con su tierras era Tángara.

Esta alianza periodística solicitó los polígonos de los consejos comunitarios tanto a la Agencia Nacional de Tierras como al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), las dos entidades estatales a cargo de la gestión de tierras étnicas y la cartografía en el país, y los cotejó con el polígono del proyecto Tángara disponible en la plataforma de la certificadora BioCarbon Registry. El mapa resultante confirma que hay un traslape.

Aunque los dos polígonos provistos por el Estado difieren entre sí, ambos muestran que parte de las tierras que Tángara Forest reclama como propias también pertenecen a comunidades afrocolombianas que gozan de la máxima protección constitucional.

El estudio de títulos de las comunidades

Preocupados por el posible traslape y el conflicto de tierras resultante, los consejos comunitarios de Mayorquín y Papayal y de Raposo contrataron al abogado chocoano Silvio Garcés para realizar un estudio jurídico de los títulos en propiedad de Tángara Forest, según contaron líderes de estos dos territorios a esta alianza periodística. Garcés era un candidato idóneo para esa tarea: reconocido como “una de las personas que mejor conoce la ley 70 de 1993”, en palabras de un reportaje de La Silla Vacía de 2017 sobre los aliados súper poderosos de los pueblos indígenas y afro en Colombia, lideró durante dos décadas los procesos de constitución de consejos comunitarios y titulación colectiva en el Incora y en el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), entidad que lo reemplazó. Recientemente Garcés fue asesor de la vicepresidenta Francia Márquez en estos temas.

El análisis de Garcés concluyó que las 14.200 hectáreas de Tángara “son inexistentes e ilegales, ya que están sustentadas en una actualización de cabidas y linderos (...) sin que existiera ningún antecedente registral para ello”. En su visión, los dos predios de Playa de Cuchas y Loma de Auca “surgieron a la vida jurídica, como fruto de dos compraventas de mejoras en terrenos baldíos de la nación con falsa tradición” (cuando se intenta transferir el dominio o propiedad de un predio, pero esto no se concreta porque quien transfiere ese derecho no tiene pleno dominio) y, por lo tanto, quien los reclama como propios “no acredita propiedad privada” conforme a las leyes vigentes.

Según la reconstrucción histórica que hace ese estudio de títulos, los terrenos fueron baldíos de la Nación al menos hasta que se expidió la Ley 70 de 1993. Con la creación de los consejos comunitarios y la adjudicación de esas tierras por parte del Estado colombiano, pasaron a ser su propiedad colectiva y, de acuerdo a la protección que otorga la Constitución a estos territorios étnicos, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

El estudio explica que cuando en el proceso de titulación colectiva surge “cualquier derecho de posesión, ocupación o tenencia que alguna persona natural o jurídica tuviese sobre estos territorios”, la agencia estatal a cargo -que en esa época era el Incora- debe examinar el caso. Si encuentra que en efecto hay una propiedad privada, acreditada mediante un título originario expedido por el Estado, debidamente inscrito y que no hubiese perdido eficacia legal o un título otorgado antes de 1936 en donde consten tradiciones de dominio que no hayan prescrito, ese predio sería excluido del territorio adjudicado. En caso de no poder probarlo, ese derecho se extinguiría.

Según el análisis hecho por Garcés, hay un cuádruple traslape de los predios del proyecto Tángara. En primer lugar, el predio Loma de Auca traslaparía con el consejo comunitario de Raposo y en menor medida el de Mayorquín y Papayal, mientras Playas de Cuchas lo haría con Raposo y con Brasitos y Amazonas en extensiones parecidas.

Imágenes del traslape según el estudio de títulos contratado por los dos consejos comunitarios y hecho por el abogado Silvio Garcés.

“No obstante, durante el trámite de la titulación colectiva adelantado por el Incora entre los años 1999 y 2002, ninguna persona natural o jurídica alegó tener títulos de propiedad privada dentro de los territorios colectivos”, dice el estudio contratado por las comunidades. “Tampoco se presentaron oposiciones, ni se reportaron terceros ocupantes en el territorio y hasta la fecha, después de más de 20 años, las resoluciones (...) no han sido demandadas”. Eso significa que, a su juicio, “se encuentran ejecutoriadas y en firme y las inscripciones en los folios de matrícula se encuentran vigentes”.

El estudio luego argumenta que los títulos de propiedad de Tángara Forest son “inexistentes e ilegales ya que están sustentados en una falsa tradición que nunca fue saneada, tal como consta en las anotaciones respectivas de los folios de matrícula”. En su visión, Peláez González hizo en 2013 una “maniobra de actualización de linderos y cabida de los predios (...) completamente ilegal y contraria a derecho” porque “se montó literalmente sobre los territorios colectivos ya adjudicados por el Incora a los consejos comunitarios”, que luego el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Buenaventura inscribieron “sin realizar ninguna verificación técnica ni jurídica para determinar su validez”.

Su conclusión es que los dos títulos “inexistentes e ilegales” debido a que “no existe ningún documento, resolución o acto administrativo que pruebe que el Estado colombiano adjudicó estos terrenos en favor de los anteriores o los actuales presuntos propietarios” y que “el origen jurídico de estos predios, es una falsa tradición que nunca fue saneada, lo que (...) la hace insuficiente para acreditar propiedad privada”. El resultado, dice, fue una “evidente apropiación irregular de un terreno que fue baldío de la Nación”.

De eso se desprende, argumenta, que “la sociedad Tángara Forest S.A.S. Zomac no acredita propiedad privada sobre las 14.500 hectáreas de las que dice ser propietaria, ni ejerce, ni ha ejercido en ningún tiempo, algún tipo de posesión, ocupación o tenencia sobre estos territorios colectivos”. Y que eso significaría, concluye el documento, que hay una “usurpación y despojo de las tierras comunales adjudicadas a los grupos étnicos” y que el contrato para la venta de bonos de carbono “carece de veracidad y es contrario a la realidad fáctica y jurídica”.

Es decir, una conclusión diametralmente opuesta a la que sostienen los empresarios de Tángara Forest.

¿Comunidades locales u ocupantes?

Aunque los documentos del proyecto Tángara describen los dos predios como privados, en múltiples lugares hablan de personas y familias que habitan en el territorio, a quienes se refieren en distintos momentos como “custodios forestales”, “ocupantes” o “familias asentadas en calidad de meros tenedores usufructuarios”. Son personas que, en la visión del PDD elaborado por Biofix para Tángara Forest, “a pesar de llevar algunos años habitando el lugar, no ejercen funciones de señor y dueño ni fungen como propietarios toda vez que ellos reconocen que la propiedad está en cabeza del legítimo propietario del inmueble”. Existe, sigue el documento, “un acuerdo tácito entre las partes que reconocen el derecho de dominio en cabeza exclusiva del propietario y éste a su vez reconoce la presencia de dichas familias asentadas dentro del predio de su propiedad”.

Pero los llamados custodios forestales también son, según sugieren ese y otros documentos, los agentes responsables de la deforestación en ese territorio, razón por la cual para Tángara es fundamental su participación en el proyecto que la empresa lidera allí. Según explica un informe de monitoreo de 2021 elaborado por Biofix, , “los ocupantes de los predios son los principales agentes y motores de deforestación dentro del territorio, razón por la cual es fundamental su participación dentro del proyecto” y “si bien es necesario incluirlos dentro del proceso de participación, más no en una toma de decisiones, es imperioso resaltar la diferencia y funciones que aplica como ocupantes y a los proponentes”.

Con esa finalidad, el PDD del proyecto Tángara habla de un plan con esos habitantes para lograr la “gobernanza territorial y la concientización a los tenedores de la importancia de la conservación”. Esas actividades incluyen la reducción de deforestación, liberación de fauna, producción de borojó, sostenimiento de la recolección de piangua -un pequeño molusco comestible que suele vivir entre las raíces del mangle- y ecoturismo.

Sin embargo, los beneficios económicos de la venta de carbono quedan con el proponente empresarial del proyecto. “Los derechos de propiedad sobre las áreas se encuentran claramente definidos en cabeza del propietario se deben hacer extensivos a la titularidad sobre el carbono y sobre las unidades de reducción de emisiones de deforestación y degradación forestal, resaltando que dentro del área de ejecución del proyecto no se encuentra ningún territorio colectivo legalmente reconocido por el Ministerio del Interior”, advierte el PDD del proyecto elaborado por Biofix para Tángara Forest. 

Pese a que Tángara Forest argumenta que los predios son de su propiedad, declara que pensó en incorporar a las comunidades vecinas desde el principio del proyecto, por consejo de una empresa consultora en relacionamiento con comunidades. “El espíritu de nosotros siempre ha sido trabajar con las comunidades y apoyarlas para que puedan desarrollarse y mejorarse socioculturalmente”, dijo su gerente de proyecto Carlos Eduardo Domínguez a esta alianza periodística.

Entre los beneficios económicos que la empresa describe están 60 empleos directos e indirectos, una lancha, unos viveros de manglar, un programa llamado BioVive Manglar y una donación de 300 millones de pesos para que el consejo comunitario de Mayorquín y Papayal terminara de poner en marcha un puesto de salud (en un recorrido en agosto de 2024,  esta alianza periodística constató que se encuentra abandonado). Según Tángara Forest, sostuvieron múltiples reuniones con las comunidades e hicieron esas inversiones en alianza con ellas, alcanzando incluso a firmar un acuerdo con uno de los consejos comunitarios, pero que ese proceso se dañó -en palabras de Domínguez- “cuando el proyecto se muestra robusto y empiezan otras personas a tratar de bombardear lo que se estaba haciendo”.

La gente de los consejos comunitarios, en cambio, se siente excluida del proyecto. En su visión, cualquier proyecto ambiental realizado dentro de las tierras tituladas a ellos de manera colectiva debería haberlos consultado siguiendo las reglas de consulta previa, libre e informada, incorporarlos en sus decisiones como partes interesadas e incluirlos como beneficiarios directos del dinero recaudado mediante la venta de bonos. “La empresa nos dijo que querían hacer temas de conservación y algunos empezaron a trabajar en la recuperación de manglares y les pagaron. Cuando nos vinimos a dar cuenta, en los documentos ellos habían dicho que nosotros éramos los que talábamos”, dice Juana Rentería, una líder del consejo comunitario de Mayorquín. “Decían que éramos deforestadores, custodios de nuestro propio territorio”, añade su esposo Norbey Valencia, pescador y también integrante de la junta del consejo comunitario.

“Este proyecto nos ha dividido, nos ha hecho mucho daño -concluye Rentería-. Nos perjudicó porque a esta fecha ya tendríamos otros proyectos andando, pero como ellos [Tángara Forest] están ahí, no se ha podido”.

Aspecto en agosto de 2024 del puesto de salud del consejo comunitario Mayorquín, que Tángara Forest menciona como un beneficio económico de su proyecto a la comunidad. Fotos: Andrés Bermúdez Liévano.

¿No presencia de comunidades o no necesidad de consulta previa?

Parte del problema en Mayorquín y Raposo parece estar en que el Ministerio del Interior, la entidad del Gobierno nacional encargada de velar por los derechos de las minorías étnicas, señaló oficialmente a los desarrolladores que en el área donde querían impulsar un proyecto de carbono no era necesario realizar una consulta previa, libre e informada.

“No se requiere la expedición del acto administrativo de certificación, pues (...) este proyecto responde a actividades de carácter investigativo de conservación forestal respecto de las cuales no es predicable una afectación directa a sujetos colectivos, susceptibles de derechos constitucionalmente protegidos, entendida dicha afectación directa como una intromisión intolerable a su calidad de vida y costumbres, y por consiguiente tampoco se requiere adelantar el trámite administrativo de consulta previa”, respondió el director de consulta previa del Ministerio, Luis Fernando Bastidas, a la entonces representante legal de Biofix, Ana Milena Plata, el 19 de octubre de 2018, como consta en una carta facilitada por Tángara Forest a esta alianza periodística.

Consultada por esta alianza periodística, la gerente de Biofix, Carolina Jarro, explicó en diciembre de 2024 que solicitó al Ministerio, como parte de su proceso de debida diligencia al estructurar el proyecto, un certificado de presencia de comunidades étnicas en el área del proyecto para determinar si procedía o no la consulta previa. La respuesta que recibieron, dice Jarro, “permite inferir a los proponentes del proyecto y a los demás órganos en torno del proyecto que no hay presencia de comunidades étnicas y no procede la consulta previa para el proyecto Tángara REDD+ de acuerdo con el Ministerio del Interior”.

El problema es que el Ministerio del Interior nunca afirmó eso. En su respuesta, la dirección de consulta previa señaló que “la consulta previa sólo debe agotarse en aquellos eventos en que el proyecto, obra o actividad afecte directamente los intereses de las comunidades étnicas” y que las actividades ambientales no entran dentro de esa categoría. Al hacerlo, estaba repitiendo una visión que imperó en el gobierno nacional hasta mediados de 2024, cuando una sentencia de la Corte Constitucional sentó un precedente legal sobre el tema. A raíz del caso del Pirá Paraná, que CLIP investigó, el máximo tribunal constitucional determinó que la consulta previa puede ser necesaria en proyectos de carbono en casos de posibles afectaciones directas e incluso puede requerir un estándar aún más alto, el consentimiento previo, libre e informado (CLPI), si se advierte que podría haber afectaciones intensas en lo social, cultural o ambiental, especialmente una que ponga en riesgo su existencia. En el momento en que Tángara fue puesto en marcha, el gobierno entendía que los proyectos de carbono, distinto a una mina o una carretera, no requerían consulta previa.

La respuesta del Ministerio del Interior a Biofix, sin embargo, no dice que en las tierras que los promotores del proyecto Tángara conocen como Loma de Auca y Playa de Cuchas no hubiese  presencia de comunidades afrocolombianas o indígenas.

Pese a ello, los documentos del proyecto Tángara lo afirman tajantemente. El PDD del proyecto elaborado por Biofix dice que, ante su solicitud de una certificación de presencia o no de grupos étnicos en el área de influencia del proyecto, “el Ministerio del Interior contesta (...) de la siguiente manera: ‘No se requiere expedición de acto administrativo de certificación y por consiguiente tampoco consulta previa’ porque no hay presencia de territorios colectivos o resguardos indígenas en su jurisdicción”.

Sin embargo, esas últimas palabras, de que no hay presencia de territorios colectivos en dicha área, no figuran en ninguna parte de la respuesta de Bastidas, el entonces director de consulta previa.

Uno de los auditores optó por una interpretación similar a la de Tángara Forest y Biofix. En su informe de auditoría de 2018, Icontec señaló que “el oficio de respuesta por parte del Ministerio del Interior (...) deja constancia que dentro del área de ejecución del proyecto no se encuentra ningún territorio colectivo legalmente reconocido por ese ministerio”.

En entrevista con esta alianza periodística, Tángara Forest sostuvo una visión similar. “El Ministerio del Interior certificó que no había necesidad de una consulta previa, de hacer un anuncio o de hacer una interacción con las comunidades porque ahí dice clarito que nosotros tenemos plena propiedad sobre el predio, que no existen unas comunidades y que tampoco se requiere adelantar el trámite administrativo de la consulta previa”, explicó el gerente del proyecto Carlos Eduardo Domínguez.

Consultada este 27 de enero por cualquier documento en donde el Ministerio de Interior señale que no hay presencia de territorios colectivos o resguardos indígenas en el área del proyecto, Biofix remitió el mismo certificado sobre la no procedencia de la consulta previa.

Las comunidades aledañas creen que, como afirman el PDD del proyecto y la primera auditoría, el Ministerio del Interior en efecto certificó que ellos no viven allí. Es uno de los hechos que más les indigna de todo el conflicto. “¿Cómo es que a 2018, existiendo el consejo comunitario y el título [colectivo], va a certificar el Ministerio del Interior que no hay comunidad?”, pregunta José Nieves, uno de los líderes históricos del consejo comunitario de Mayorquín.

Solo que, aunque José Nieves y otros habitantes de los dos consejos comunitarios no tuvieran cómo saberlo, eso no fue lo que el Ministerio del Interior respondió a los promotores del proyecto.

 

Los documentos del proyecto Tángara Redd+ dicen que se desarrolla en predios privados sin comunidades étnicas, pero reconocen que hay lo que llama “ocupantes” y “meros tenedores usufructuarios”. Foto: Andrés Bermudez Liévano.

Los contrapesos levantaron alertas pero avalaron el proyecto

En sus evaluaciones del proyecto Tángara, las dos empresas que lo auditaron se percataron de la existencia de comunidades afrocolombianas allí. Sin embargo, dieron credibilidad a la versión de los desarrolladores de que se trata de predios privados amparados por certificados de propiedad y de que el Estado colombiano, por vía del Ministerio de Interior, corroboraba que allí no había comunidades étnicas cuya presencia habría obligado al proyecto a hacer una consulta previa.

En su informe de auditoría de diciembre de 2018, la empresa colombiana Icontec señaló -como una nota entre sus observaciones de no conformidades- que “cabe resaltar que en la visita de campo se evidenciaron asentamientos de comunidades afrocolombianos dentro del predio”. Sin embargo, sus auditores se mostraron convencidos de que se trata de un “área privada” en vista de que “los derechos de propiedad sobre las áreas se encuentran claramente definidos en cabeza del propietario quien presenta (...) los certificados de tradición y libertad de los predios” y que “el oficio de respuesta por parte del Ministerio del Interior (…) deja constancia que dentro del área de ejecución del proyecto no se encuentra ningún territorio colectivo legalmente reconocido por ese ministerio”. Para ellos resultó claro que “en el área del proyecto sí se encuentran colonos”, pero que éstos “serán integrados en el proyecto de acuerdo con las actividades alternativas a la deforestación mencionadas”.

Una visión similar presenta el informe de auditoría de la empresa española Aenor de noviembre de 2019, que explica que “por el momento no se ha consultado los asentamientos dentro de los dos predios considerados, si bien son aliados del proyecto y en el corto plazo participarán en las actividades del proyecto”. A sus auditores también les resultó convincente que “todos los predios que conforman el área del proyecto cuentan con certificados de tradición (...) que garantizan la tenencia legal y privada de la tierra a nombre de la sociedad Tángara Forest Zomac S.A.S.”, con lo cual concluyeron que “la información aportada corrobora la calidad jurídica del derecho de uso del suelo y el área en los límites del proyecto”.

Sobre los habitantes, que los auditores de Aenor describieron como 13 a 15 asentamientos compuestos por un par de familias cada uno, “no cuentan con ningún tipo de derecho reconocido de propiedad ni de uso de la tierra” pero que “dada su presencia desde hace varias décadas, el propietario respeta su presencia en el área (y) existe buena relación”. Su informe explica que “está contemplado que sean parte activa y central del proyecto, principalmente a través de actividades de monitoreo, beneficiarios de sistemas productivos sustentables, etc”. Sin embargo, señala, esto ocurrirá más adelante ya que “debido a la presencia de grupos armados e inercia histórica del conflicto, el dueño prefiere no generar expectativas económicas entre las comunidades hasta no haber desarrollado un capital humano y social previo, en el que ya están trabajando”.

El más reciente informe de auditoría, hecho por Icontec en julio de 2021 y cuando el proyecto ya estaba en marcha, subraya que “los derechos de la tierra fueron reclamados por los consejos (sic) comunitarios colindantes con el área del proyecto” pero que “los títulos de propiedad mostraron la titulación de los predios del proyecto con fechas anteriores a la declaratoria de la de los consejos”.  Tras describirlas como “personas de comunidades afro quienes no tienen derechos de propiedad, pero que contribuyen a la degradación y deforestación del ecosistema”, explicó que Tángara Forest “interactúa con estas comunidades” y que “dentro de las líneas de acción se tiene contemplado el trabajo [con ellas], haciéndolas parte del proyecto para la conservación del territorio”. 

Todo esto le permitió a Icontec concluir que el proyecto “ha respetado la ocupación de población afro dentro de sus predios y formuló un plan de trabajo para implementar acciones con ellos” y cumple con las salvaguardas sociales y ambientales para iniciativas del mercado de carbono.

Esta alianza periodística escribió por correo electrónico a Icontec y a Aenor el 7 de enero de 2025, para preguntarles si durante el proceso de auditoría tuvieron alguna noticia de la existencia de comunidades afrocolombianas dentro del área del proyecto y, en caso afirmativo, cómo corroboraron o evaluaron la información. Asimismo, les preguntó si tuvieron algún indicio de que el proyecto auditado podría tener un conflicto de tierras. Ninguna de las dos empresas había respondido a la fecha de publicación de este reportaje.

Idénticas preguntas fueron formuladas por correo electrónico al certificador BioCarbon Registry el 1 de diciembre de 2024. Tampoco respondió. 

En cambio, ninguna de las entidades de la cadena de valor del carbono que revisaron y dieron validez al proyecto Tángara parece haberse percatado de que existía un traslape con uno o dos consejos comunitarios, pese a que una consulta a los polígonos de la Agencia Nacional de Tierras o el Instituto Geográfico Agustín Codazzi podrían haber despertado alertas.

Consultada si buscó los polígonos de los predios en los datos geográficos y cartográficos de esas entidades de tierras, la estructuradora Biofix respondió que “analizó los registros y códigos catastrales expedidos por el IGAC de los predios en los cuales se desarrolló el proyecto” y a partir de esa información oficial delineó el polígono del proyecto. No respondió si consultó a la ANT. Ni los auditores, Icontec y Aenor, ni la certificadora BioCarbon respondieron si revisaron los polígonos de consejos comunitarios que reposan en esas dos entidades públicas.

Todo ello pese a que una de las salvaguardas sociales y ambientales para iniciativas Redd+ que Colombia delineó en su interpretación nacional es que éstas “respeten los derechos territoriales colectivos e individuales de los pueblos y comunidades étnicas y locales” y que obtengan su consentimiento previo, libre e informado. 

 

Ni los auditores Icontec o Aenor ni el certificador BioCarbon Registry respondieron si cotejaron el área del proyecto con mapas oficiales de territorios étnicos. Foto: Andrés Bermúdez Liévano.

Tángara llega a la justicia

Cuando los habitantes de los tres consejos comunitarios se enteraron de que la tierra que tienen legalmente desde finales de los años noventa también aparecía como propiedad de Tángara Forest, escribieron a múltiples entidades del Estado. A partir de julio de 2021, las juntas de Mayorquín, Anchicayá y Raposo enviaron derechos de petición conjuntos a los Ministerios del Interior y de Ambiente, a la Agencia Nacional de Tierras, al Instituto Geográfico Agustin Codazzi, a la Superintendencia de Notariado y Registro, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a la Alcaldía de Buenaventura. También se lo enviaron a Icontec, uno de los dos auditores del proyecto.

Entre otras peticiones, sus representantes legales pidieron a la Alcaldía de Buenaventura “resolver la indebida ocupación y el despojo jurídico que la Sociedad Tángara Forest viene ejerciendo”, a la Superintendencia de Notariado y Registro que anulara los folios de matrícula, y al Ministerio de Ambiente que interviniera para que Biofix no vendiera ningún bono de carbono del proyecto y se anulara el “contrato de compraventa de bonos de carbono suscrito entre Tágara y Biofix”, según pudo ver esta alianza periodística en documentos proporcionados por las comunidades.

Pero, de la decena de peticiones que hicieron los consejos comunitarios a las entidades públicas, pocas fueron las respuestas de fondo. La ANT trasladó la consulta al Ministerio del Interior. La dirección de comunidades afro del ministerio confirmó que los consejos comunitarios están inscritos allí, pero que “ante la problemática presentada se recomienda se acuda a la justicia ordinaria” y trasladó el cuestionario a su colega de la dirección de consulta previa, que nunca les respondió. La Procuraduría expresó en su respuesta no ser competente y trasladó la solicitud a la Superintendencia de Notariado y Registro y a su procuradora delegada para asuntos ambientales y agrarios. La Superintendencia dijo que Tángara Forest había cumplido con los requisitos para registrar a su nombre los predios.

También buscaron a los proponentes del proyecto de carbono. El 21 de julio de 2021, los consejos comunitarios enviaron conjuntamente una carta a Oscar Javier Peláez, el representante legal de Tángara Forest, para “advertirle sobre la ilicitud de la conducta de Tángara por la utilización de un título ilegal e inexistente para acreditar propiedad privada sobre 14.200 hectáreas de los territorios colectivos”. La empresa les respondió solicitándoles una rectificación por usar los calificativos de “ilicitud de conducta”. Los representantes legales de los territorios colectivos no respondieron y Peláez instauró una acción de tutela en contra de ellos por no contestar a la solicitud. En febrero de 2021, el juzgado de Buenaventura falló a favor del representante legal de Tángara y ordenó a los líderes de los consejos comunitarios que en menos de 48 horas respondieran a la empresa. Después de intentar impugnar la decisión y que ésta fuese ratificada en segunda instancia, la comunidad debió responderle a Pelaez en marzo de 2022. “Enviamos el estudio de títulos y las razones de por qué creemos la ilicitud de la conducta de Tángara como respuesta. Ellos nunca más se volvieron a comunicar con nosotros”, afirmó Evangelista Aragón, uno de los líderes de Mayorquín que también fue concejal de Buenaventura en representación de las comunidades afro ribereñas. Sobre esa acción de tutela, Carlos Eduardo Domínguez dijo que “no aceptamos que nos traten de despojadores”.

En septiembre de 2022, tras los envíos de derechos de petición no respondidos de fondo por las entidades públicas, los consejos comunitarios acordaron en una asamblea general iniciar una acción legal por la posible violación de su derecho a la propiedad colectiva. Con apoyo de la clínica jurídica de tierras de la Universidad Javeriana instauraron una acción de tutela argumentando que, según dice el documento visto por esta alianza periodística, habían “intentado acudir a todas las entidades del Estado con responsabilidad en la protección de la propiedad colectiva y no [habían] logrado una respuesta que detenga esta compleja estrategia de usurpación de la propiedad”.

“Ningún ente gubernamental que le compete se ha activado. Hemos hecho peticiones, se ha mandado documentos a todos, hemos tocado todas las puertas habidas y por haber. Y no hemos tenido respuesta”, dice Kenny Aragón, un líder de Mayorquín.

El Juzgado tercero laboral del circuito de Buenaventura negó la tutela en mayo de 2022 por considerarla improcedente, argumentando que la situación no mostraba “elementos de necesidad y urgencia que hacen inminente la protección de derechos fundamentales” y que no correspondía hacerlo a través de la vía constitucional, sino de un proceso ordinario con un juez especializado de tierras. Las comunidades impugnaron esa decisión para elevarla a una segunda instancia. Sin embargo, según cuentan varios líderes de los consejos comunitarios, la Unidad de Restitución de Tierras radicó antes y sin consultarles la demanda de restitución que venían preparando ante un juez especializado de tierras de Cali, dándole a conocer oficialmente los hechos de violencia que han sufrido los habitantes del consejo comunitario a manos de las guerrillas (incluyendo, pero sin que estuviese ligado con lo anterior, el conflicto actual por la propiedad de la tierra con Tángara Forest). 

Esa falla de comunicación significó que la demanda de restitución terminó primando en la justicia y deberá resolverse primero. “Esto nos creó un problema porque estamos reclamando el mismo derecho en dos vías. Por lo tanto, se retiró la que nosotros habíamos hecho y quedó la de la Unidad. La entidad radicó la demanda de manera inconsulta en octubre de 2022. Nosotros habíamos quedado en radicar después de solucionar la vía de la tutela”, dice Evangelista Aragón. 

La llegada del conflicto a la justicia parece haber tenido efectos del lado del proyecto. Consultada si estaba al tanto de los procesos de restitución de tierras, la estructuradora y comercializadora Biofix BIC dijo a esta alianza periodística que, aunque corresponde a un juez confirmar o descartar la existencia de un conflicto de tierras, “al ser conocidos estos eventos luego de una evaluación interna, Biofix tomó la decisión de no continuar con una siguiente verificación del proyecto”. La empresa no respondió qué ingresos le significó su relación con el proyecto Tángara, aduciendo que “los acuerdos de confidencialidad establecidos en nuestras relaciones comerciales (...) nos impiden divulgar información relacionada con los ingresos derivados”.

Todos los caminos conducen al juez de restitución

Al final, tanto Tángara Forest como los consejos comunitarios cuyo territorio traslapa con el proyecto Tángara coinciden en que hay un conflicto de tierras. 

En ausencia de una actuación de alguna de las siete entidades públicas que han sabido de ese conflicto, ni las comunidades ni la empresa atisban una solución distinta a que los dos juzgados civiles del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cali que ya tienen los casos definan en cabeza de quién está la titularidad de los terrenos que las comunidades afro defienden como parte de su territorio colectivo y que la empresa señala como parte de sus predios privados.

Carlos Eduardo Domínguez, gerente del proyecto de carbono de Tángara Forest, dice que esperan que el juez de restitución de tierras falle en derecho y puedan conservar los predios que defienden como propiedad privada desde el siglo XIX. “A nosotros ninguna autoridad nos ha dicho ‘ustedes tienen que salirse del territorio’. Ya llegará el momento en que veremos qué pasa. Por lo pronto hemos estado atendiendo el proceso, mostrando todas nuestras pruebas y las actuaciones, donde mostramos que no hemos vulnerado a las comunidades y que, por el contrario, hemos estado dispuestos a apoyar y aportarles para su beneficio económico”, dijo.

Los consejos comunitarios esperan que los jueces de restitución reconozcan el traslape, para ellos pensar por fin en su proyecto de carbono. “No tenemos nada que titubear, estamos plenamente convencidos [de nuestra posición]. Estamos interesados en sanear el territorio y en que haya una reparación económica por lo que se beneficiaron con nuestro territorio”, dice Evangelista Aragón de Mayorquín. “Tenemos la idea de conversar con otros [actores del mercado de carbono] y que nos expliquen bien cómo funciona”, de Germán Valencia, uno de los líderes de Raposo.

Entre tanto, un nuevo problema ha llegado a los esteros y ríos al sur de Buenaventura: como muestran las pancartas que cada tantos kilómetros se ven, la zona se convirtió una vez más en territorio reclamado por grupos armados ilegales. Amarradas a los troncos y ramas de mangle, algunas ya raídas y otras aún relucientes, anuncian la presencia de la Columna Móvil Jaime Martínez y del Bloque Occidental del Estado Mayor Central al que éste último pertenece. Se trata de dos estructuras de las disidencias de las antiguas Farc que no se acogieron al acuerdo de paz firmado en 2016 y que se mantuvieron en armas.

 

Banderas de estructuras de las antiguas FARC que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016 han aparecido en los últimos dos años en esta zona de Buenaventura. Foto: Andrés Bermúdez Liévano.

Su presencia subraya el deterioro de la seguridad allí, que ha tenido ya varias consecuencias. Para los desarrolladores del proyecto significa que, como señaló el gerente Domínguez, no han podido llevar un nuevo equipo de auditores para una nueva validación de bonos de carbono. Y para las comunidades, un regreso a las épocas de confinamiento y desplazamiento

Todo esto significa que no se atisba aún una solución para el conflicto que tiene el único proyecto privado de carbono activo en el Pacífico colombiano, cuyos predios teóricamente privados se sobreponen con los de varias comunidades afrocolombianas que hoy no se benefician directamente de éste.

Este reportaje contó con apoyo de la Fundación Heinrich Böll y de los Rainforest Reporting Grants del Centro Pulitzer

Actualizado el: Mar, 02/04/2025 - 08:56

 

Exjefes del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, que fueron claves en el proceso judicial en los Estados Unidos en contra de Chiquita Brand, han entregado declaraciones similares en diferentes instancias judiciales que señalan a otra multinacional de tener vínculos con los paramilitares. Se trata de la bananera estadounidense Dole Food, una empresa que tiene varias décadas de presencia en el país y que cuenta con socios comerciales de la costa Caribe colombiana, como varios miembros de la familia K’David, propietarios de una red de empresas relacionadas con el negocio de esta fruta en el departamento del Magdalena.

A diferencia de lo que ocurrió con Chiquita, los funcionarios de Dole y las empresas asociadas no fueron condenados en Estados Unidos. Rutas del Conflicto pudo verificar que en Colombia, a pesar de que en 2016 el Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla compulsó copias a la Fiscalía, no se ha abierto ninguna investigación para determinar la responsabilidad de los empresarios.

El exparamilitar José Gregorio Mangones, alias ‘Tijeras’, ha señalado en varias instancias judiciales en Colombia y Estados Unidos que, al igual que Chiquita Brand, Dole le pagaba al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para que le brindara seguridad en el entorno del cultivo de banano. Además, Mangones dijo en la versión libre que administradores de las fincas en la que se cultivaba el banano de las dos empresas “los buscaban regularmente para identificar a personas específicas como ‘problemas de seguridad’”, que luego eran asesinadas.

A partir de este testimonio y de denuncias hechas por las víctimas, el Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla en dos sentencias: una contra el paramilitar René Garavito Zapata, alias ‘Nicolás’ en 2016, y otra contra ‘Tijeras’ en 2018, le requirieron a la Fiscalía investigar la presunta responsabilidad de funcionarios de Dole y la empresa Agrícola Eufemia en el entorno de un caso de desplazamiento forzado. Se trata de la comunidad campesina de las fincas Las Franciscas en el municipio de Zona Bananera, en Magdalena, que tuvo que dejar esas tierras luego de amenazas y varios homicidios cometidos entre 2001 y 2005, en medio de una disputa por la propiedad de esas tierras con la bananera Dole y sus socios en Colombia.

El requerimiento a la Fiscalía por parte del Tribunal no tiene mayores detalles sobre los nombres de los directivos de las dos compañías, ni especifica en detalle la relación entre Dole y Agrícola Eufemia en Colombia. Este vínculo es clave para entender el complejo entramado empresarial alrededor del negocio de la multinacional e identificar quiénes son sus socios en el país.

Rutas del Conflicto pudo establecer que, a enero de 2025, la Fiscalía General de la Nación no tiene ninguna investigación abierta por estos hechos en contra Luis Fernando Díaz Díaz, representante legal y gerente de Agrícola Eufemia durante los años mencionados, ni contra Wilson Sotomonte Carrillo, un empleado de la misma empresa, mencionado por las víctimas dentro de la sentencia del Tribunal de Barranquilla. Para la fecha en la que ocurrieron los hechos, no existía en Colombia una sucursal directa de la multinacional Dole, por lo que resulta difícil identificar quiénes serían los directivos a los que se refiere el Tribunal de Barranquilla.

En la sentencia de 2018, el Tribunal le pidió a la Procuraduría General Nación que hiciera seguimiento al requerimiento hecho a la Fiscalía “en aras de satisfacer los derechos de las víctimas". Rutas del Conflicto obtuvo un documento del ente disciplinario con fecha de 2021 en el que la fiscal 99 especializada, Martha Ligia Bernal, señala que “consultó las bases de datos sobre las versiones libres rendidas por los postulados con relación a los hechos delictivos cometidos por estas empresas, sin haber encontrado ninguna información al respecto que justifique el requerimiento efectuado por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla frente a la compulsa de copias contra las empresas mencionadas”.

En el mismo documento, la Fiscalía explicó que, a pesar de no encontrar información, se remitió la orden para que se abriera una investigación a la Dirección Seccional de la Fiscalía en Magdalena, que a su vez la envió a la Fiscalía 5 Especializada de la Ley 600. Sin embargo, ante el seguimiento de la Procuraduría, ese despacho señaló que nunca le fue asignada esa investigación.

Es decir, el proceso se refundió entre las oficinas de la Fiscalía y, según el documento de la Procuraduría, no se abrió ninguna investigación. En ese mismo documento, la entidad disciplinaria le pidió a la Fiscalía que le pidiera un informe al Tribunal de Justicia y Paz, para que señalara cuáles fueron las razones para enviar esa compulsa de copias.

El Grupo Agrovid, que en la actualidad administra a Agrícola Eufemia y otras empresas en Colombia del entorno comercial que le vende el banano a Dole,  le dijo a Rutas del Conflicto en un correo electrónico que no tienen conocimiento de ningún proceso vigente ante ningúna autoridad en  virtud de la compulsa de copias por parte del Tribunal de Justicia y Paz, ni han sido notificados oficialmente. (Ver respuesta completa)

Las compulsas de copias que ordenó el Tribunal de Tierras fueron comunes dentro del proceso de Justicia y Paz, ya que ese sistema de justicia transicional no tenía facultades para investigar a agentes del Estado o terceros involucrados en los crímenes. Varios académicos han señalado que la gran cantidad de estos requerimientos y la poca gestión de la Fiscalía para adelantar estas investigaciones han dejado en el aire la verdad judicial sobre estos presuntos implicados.

El profesor de la Universidad de Los Andes, Daniel Marín López, que investiga desde hace años la relación de las empresas con el conflicto armado en Colombia y fue asesor de la Comisión de la Verdad, señala que en su texto Justicia Transicional Fragmentada: entender la complicidad corporativa con actores armados desde la construcción judicial en Colombia el volumen de compulsas de copias generaron una dispersión de procesos dentro del ente investigador. “Hasta el 23 de mayo de 2019 la Fiscalía contabilizó un total de 16.772 compulsas (...) Según datos de la misma Fiscalía, estas equivalen a 311 civiles, 835 agentes del Estado no combatientes y 417 agentes del Estado combatientes”, explica Marín en el documento.

Lo que la Fiscalía no encontró

Tanto en la sentencia de alias ‘Nicolás’, como en la de alias ‘Tijeras’, el Tribunal de Barranquilla señala que el desplazamiento de la comunidad de Las Franciscas y varios asesinatos ocurrieron en medio del conflicto por la tierra entre Agrícola Eufemia, como parte del entorno empresarial de Dole, y los campesinos que tenían la posesión de las fincas para el 2004.  Las dos sentencias señalan que la violencia paramilitar ocurre al mismo tiempo en el que empleados de Agrícola Eufemia presionaban a los labriegos para que les vendieran las mejoras que habían construido desde 1996 y se fueran de esas tierras.

Las conclusiones del Tribunal de Barranquilla en la sentencia de alias ‘Nicolás’ y las versiones libres de ‘Tijeras’ en Justicia y Paz  sirvieron para que, en 2018, el Tribunal de Tierras de Cartagena tomara la decisión de restituir las tierras a los campesinos que habían sido desplazados de Las Franciscas.

“Se presentó un fenómeno masivo de desplazamiento en el predio (sic) Las Franciscas I y II en el mes de marzo de 2004 (...) reconocido por algunos miembros de los grupos de autodefensa en sus versiones libres rendidas ante la Fiscalía General de la Nación, tal como se pudo evidenciar de los relatos de los postulados René Rolando Garavito y José Gregorio Mangones”, dice la sentencia de tierras.

Aunque la Fiscalía le haya dicho a la Procuraduría que no encontró información que sustentara la compulsa de copias para investigar a las empresas Dole y Agrícola Eufemia , estas versiones libres de alias ‘Tijeras’ fueron claves para que los magistrados del Tribunal de Tierras tomaran la decisión a favor de los campesinos. 

Según una publicación del medio de comunicación Verdad Abierta en 2018, ‘Tijeras’ declaró en el proceso de Justicia y Paz en 2009 que los paramilitares desplazaron a la comunidad para devolverle las tierras a las empresas.  “También devolvimos a Chiquita y Dole plantaciones que habían sido invadidas por grupos campesinos protegidos por las Farc. Por ejemplo, mientras que las Farc mantuvieron el control de la Zona Bananera, Dole abandonó una plantación, La Francisca. Los obreros y campesinos locales invadieron la plantación y comenzaron a ocuparla. Nosotros sacamos a esa gente y le devolvimos la posesión de la plantación a los propietarios, quienes trabajaban con Dole”, dijo ‘Tijeras’ según Verdad Abierta.

En la misma investigación, Verdad Abierta publicó otro fragmento de ‘Tijeras’ en el que explica que empleados de las bananeras le entregaban información de las víctimas a los paramilitares. “A mis hombres los buscaban regularmente los administradores de Chiquita y de Dole para identificar a personas específicas como ‘problemas de seguridad’ o simplemente como ‘problemas’. Todo el mundo sabía que teníamos que ejecutar a la persona identificada”, dijo el exparamilitar según cita del portal periodístico.

Las declaraciones de alias ‘Tijeras’, entregadas en Justicia y Paz también han servido para la construcción de informes de entidades del Estado como el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Comisión de la Verdad (CEV).

En el informe Mujeres y Guerra, de 2011, el Grupo de Memoria Histórica, entidad que precedió al CNMH señaló que alias ‘Tijeras’, en una versión libre entregada en 2009, dijo que las dos multinacionales bananeras habían financiado a las acciones de los paramilitares en esa región del país. “Dole y Chiquita nos prestaron apoyo financiero porque nosotros habíamos liberado la zona bananera de la guerrilla y la delincuencia. Les prestábamos servicios de seguridad, atendíamos sus reclamos y creamos una situación de tranquilidad que les permitía desarrollar sus operaciones comerciales sin ser extorsionados, secuestrados o asaltados”, cita el documento.

Otros informes del CNMH como Ese día la violencia llegó en canoa y Tierra y carbón en la vorágine del Gran Magdalena han documentado el desplazamiento y, en general, el actuar paramilitar en el Magdalena, citan lo dicho por ‘Tijeras’ en el proceso de Justicia y Paz. 

‘Tijeras’ no ha sido el único jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que ha mencionado a la multinacional bananera en sus testimonios. El mismo Salvatore Mancuso señaló en versiones libres de 2007, dentro del proceso de Justicia y Paz, que el empresario bananero y paramilitar Raúl Hasbum había llegado a un acuerdo con Chiquita Brand, Dole y otras empresas para el pago de un centavo de dólar por cada caja de banano exportada, a través de la Convivir Papagayo.

La Comisión de la Verdad, en el documento Hay futuro si hay verdad, que hace parte de la series de informes finales publicados en 2022, retomó otro de los testimonios, esta vez el del jefe paramilitar Hebert Veloza, alias ‘HH’. ”Los verdaderos ganadores de la guerra en el Urabá fueron los magnates de la industria bananera. Todas las fincas bananeras colaboraron: Uniban [sic], Banacol, Chiquita, Dole. Todas las empresas nos colaboraron”, cita el documento.

La historia de Las Franciscas, el centro del conflicto

Los predios conocidos como Las Franciscas se encuentran en todo el corazón bananero del Magdalena, centro de las disputas por la tierra desde hace casi un siglo entre campesinos y grandes empresas agroindustriales. En la zona, donde se perpetró la Masacre de las Bananeras en 1928, el gran actor económico era la United Fruit Company, que concentraba la producción de banano hasta la década de los sesenta, cuando dejó la región para concentrarse en el Urabá.

En 1987, el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) anunció que iniciaría un proceso para adquirir estas fincas para entregarlas a campesinos sin tierra. Con esta información, 52 familias ingresaron al predio con la esperanza de que fueran los beneficiarios de estas titulaciones. Sin embargo, en diciembre de ese mismo año los labriegos se desplazaron del predio luego de recibir presiones del empresario Antonio Riascos se presentó en las tierras como el propietario.

En 1991, Riascos le vendió las fincas a Agrícola Eufemia, una empresa que hace parte del entramado de negocios de la multinacional Dole y sus socios comerciales en Colombia. Eran años en los que se había recrudecido la violencia en la zona por la fuerte presencia de las Farc. En 1992, esta guerrilla secuestró y luego asesinó al estadounidense Peter Kessler representante legal de la empresa Bana, que aparecía como la propietaria de Agrícola Eufemia.  Kessler también era el gerente de producción de Técnicas Baltime Ltda, la compañía comercializadora del banano dentro del entorno de negocios de Dole.

En medio de la violencia y de los daños producidos por huracanes, el grupo empresarial dejó la zona, incluyendo las fincas Las Franciscas en 1994, para concentrar su actividad en las plantaciones del Urabá antioqueño. Dos años después, en 1996, los campesinos, que se habían organizado en la Asociación de Parceleros de La Iberia (Aucibe), ingresaron nuevamente a Las Franciscas y comenzaron una posesión de los predios que duró hasta 2004.

Rápidamente, luego del ingreso de los campesinos, aparecieron los paramilitares en 1996, que un para de años más tarde tomarían el nombre de Frente William Rivas del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia. Durante esos años, la empresa continuamente trató de convencer a las familias para que dejaran el predio, según cuenta uno de los labriegos que prefiere no publicar su nombre, por cuestiones de seguridad:“Siempre nos mandaban personal que trabajaba con Eufemia Ltda con algunos documentos para persuadirnos, pero nosotros nos resistimos”.

El campesino cuenta que la situación escaló en el año 2001 cuando los ‘paras’ masacraron a los hermanos Jorge Alberto, Gustavo Enrique y Miguel Ángel Teherán, campesinos de Las Franciscas. “Cuando pasó todo eso, estaba Agrícola Eufemia en la pelea con nosotros. Luego siguieron las amenazas. A la empresa le quemaron unas instalaciones y comenzaron a decir que eso era una actuación de nosotros apoyados por la guerrilla”, señaló el labriego.

La tensión entre la empresa y la comunidad, atravesada por la violencia paramilitar llegó al punto más alto en 2004, cuando, en marzo, fue asesinado el líder de Aucibe, José Concepción Kelsy, hecho que produjo el desplazamiento de los campesinos. Según documentó el Tribunal de Barranquilla en la sentencia de alias ‘Nicolás’, tres meses después del asesinato de Kelsy, en junio, dos empleados de Agrícola Eufemia citaron a los campesinos a una reunión en la que les pidieron que vendieran las parcelas y desocupar el predio.

Las dos personas que citaron la reunión fueron identificadas como Wilson Sotomonte Carrillo y Humberto Díaz Criollo, y según el grupo empresarial Agrovid, que en 2024 administra las empresas involucradas en el negocio del banano de Dole y sus socios en Colombia, los dos, en ese momento eran empleados de Técnicas Baltime de Colombia S.A., la comercializadora de la fruta. Agrovid señaló en un correo a Rutas del Conflicto que Sotomonte y Díaz Criollo “estuvieron a cargo de la negociación de los contratos relacionados con la compraventa de mejoras”.

Este medio de comunicación pudo verificar que Sotomonte Carrillo no tiene ninguna investigación abierta por este caso en la Fiscalía. En cuanto a Díaz Criollo no se encontró información para poder verificar si tiene procesos en el ente acusador.

Según los líderes de la comunidad, bajo las circunstancias de violencia que vivían, los campesinos cedieron y decidieron vender. Según la sentencia, “en una reunión en la que se suponía que les entregarían el dinero a los campesinos, tres hombres armados los encerraron con candado en una habitación y, a cada uno, les entregaron solo entre 160 mil y 650 mil pesos, les descontaron de a 50 mil pesos, les pidieron las cédulas y obligándolos a firmar unos documentos en blanco”.

Siete meses después, en enero de 2005, paramilitares asesinaron a Abel Antonio Bolaños, el campesino que había asumido el liderazgo de la comunidad, tras el homicidio de José Kesly. Después de la desmovilización paramilitar la violencia se redujo en la zona, pero las familias siguieron reclamando el predio, mientras que Agrícola Eufemia, en 2009, le vendió los dos predios a Las Franciscas SAS, a otra compañía del mismo grupo económico.

El Grupo Agrovid señaló, en la respuesta a la solicitud de información que hizo al respecto Rutas del Conflicto, que Agrícola Eufemia y otras unidades de negocio de Dole habían sido víctimas de varios hechos de violencia desde la década de los noventa, que incluyeron cuatro asesinatos de empleados y atentados terroristas contra la infraestructura de las compañías. “DOLE, en dos ocasiones, quiso abandonar sus negocios en Colombia, pero por su compromiso con los empleados y la región continuaron las operaciones en el Magdalena. Sin embargo, la presión armada del frente XIX de las FARC en contra de las unidades de negocio de DOLE se mantuvo vigente”, señaló la empresa en el correo electrónico. (Ver respuesta completa)

El pleito en Estados Unidos y la restitución de tierras

Luego de la desmovilización paramilitar,  desde 2007, en medio del proceso de Justicia y Paz, como se ha mencionado, varios jefes de las AUC comenzaron a mencionar a Dole y su entorno empresarial dentro de sus presuntos financiadores. En 2009, un grupo de 167 familiares de 51 víctimas asesinadas por los ‘paras’ interpusieron una demanda en una corte de Los Ángeles en los Estados Unidos, en contra de la multinacional Dole.

Después de siete años de proceso, en los cuales la multinacional señaló a los abogados de las víctimas de fabricar pruebas, la parte demandante desistió de la demanda en 2016, por lo que el tribunal de Los Ángeles dio por cerrado el caso y cerró la posibilidad de un nuevo juicio. Después de la decisión, Johan Linden, presidente y director de operaciones de Dole insistió en negar los presuntos vínculos de la compañía con los paramilitares.  “Dole no financió a las AUC y todas las afirmaciones en sentido contrario son completamente escandalosas”, se lee en un comunicado de prensa que permanece en el sitio web de la bananera.

Rutas del Conflicto hablo con Terrence Collinsgworth, uno de los abogados que representó a las víctimas en ese proceso y que también hizo parte del equipo que ganó el caso contra Chiquita Brand en Estados Unidos en junio de 2024, que condenó a la bananera por financiar el paramilitarismo en Colombia. Collinsgworth dice que en su momento desistieron de la demanda porque tuvieron algunos problemas con sus clientes, que no puede revelar públicamente debido a acuerdos de confidencialidad y con testigos, “en cuanto a su disposición para testificar en ese momento”.

El abogado señaló que varios jefes paramilitares han entregado información similar en los casos de Dole y Chiquita, relacionada con la presunta financiación de las AUC. “Todos los testigos desmovilizados en los casos de las dos empresas dijeron lo mismo, que las dos estaban haciendo exactamente lo mismo. Según ellos, ambas pagaban a los paramilitares en medio del negocio del banano, no había diferencia en lo que hicieron”, explica Terrence.

El jurista agregó que es casi imposible reabrir el caso en los Estados Unidos, ya que los hechos prescribieron dentro de ese sistema de justicia, pero insistió en que en Colombia sí se podría tener un proceso para investigar a la empresa porque en el país los crímenes de lesa humanidad no tienen esas restricciones temporales. “En Colombia algunos tribunales ya han condenado a directivos de empresas relacionados con hechos similares. Allí las cosas están más claras y el sistema judicial parece más accesible ahora”, señaló Collinsgworth.

Según Fabián León, director del Centro de Información de Empresas y Derechos Humanos, una ONG  internacional que hace seguimiento de la política y el desempeño en materia de derechos humanos de más de 10 000 empresas en más de 180 países, es clave que se investigue a los directivos de las empresas señaladas en Colombia, ya que si se toman decisiones judiciales en el país, estas pueden servir como prueba en Estados Unidos. “El caso de Chiquita también había prescrito, pero hay una diferencia con Dole, y es que en el primer caso las investigaciones siguieron en Colombia y se han tomado decisiones judiciales que sirvieron como prueba para continuar con el proceso en Estados Unidos, eso no ha pasado con Dole”, explica León.

Mientras las víctimas desistían del proceso en la Corte de Los Ángeles, en Colombia avanzaba una demanda de restitución de tierras interpuesta por los campesinos que pedían la propiedad de Las Franciscas, muchos de ellos también eran demandantes en el caso en Norteamérica.  Como se mencionó anteriormente, en 2018 el Tribunal de Tierras de Cartagena falló a favor de los reclamantes y declaró que la empresa Agrícola Eufemia no actuó de buena fe exenta de culpa cuando compraron las mejoras a los campesinos, a sabiendas de la situación de violencia que vivían. Es decir, que la empresa no hizo la debida diligencia para verificar que los vendedores de los bienes que adquirió, en este caso las mejoras de los predios, eran víctimas que podrían estar actuando condicionados por las circunstancias que sufrían en medio del conflicto.

El Grupo Agrovid dijo en la respuesta a la solicitud de información que le envió Rutas del Conflicto que está probada la calidad de víctima de Agrícola Eufemia en los hechos de violencia y “que no existió prueba alguna que indicara que la sociedad AGRICOLA EUFEMIA haya participado de un supuesto despojo a través de grupos al margen de la ley”

La empresa agrega que era en esos momentos la propietaria legítima de los predios LAS FRANCISCAS I y II, y que en medio del accionar violento del Frente XIX de las FARC, ocurrió la invasión de los predios, cometida por los habitantes del caserío de Orihueca, en donde se encuentran los predios. “La empresa adelantó las acciones legales ante las autoridades locales y la Fiscalía para recuperar los terrenos y judicializar los responsables del despojo, pero ante la incapacidad institucional para mantener el status quo y adelantar las  investigaciones del caso, se vio obligada a abandonarlos forzadamente como medida de protección para la vida e integridad física de sus trabajadores, sin perjuicio de continuar ejerciendo actos de señor y dueño”, señala Agrovid. (Ver la respuesta completa)

Luego de la sentencia de Justicia y Paz las tensiones han seguido. Según cuenta Ernesto Caicedo, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas, que representa a las víctimas en el proceso de restitución, la empresa presentó varias excusas para entregar el predio y solo lo hizo un año y medio después de la sentencia, en septiembre de 2019. 

Además, Caicedo cuenta que el grupo empresarial ha interpuesto más de 20 tutelas en diferentes instancias para tumbar la sentencia de restitución, ya que alega que no se le respetó el debido proceso y que sí actuaron de buena fe exenta de culpa. Una de estas tutelas llegó a la Corte Constitucional, que la estudia desde 2022, como lo investigó Rutas del Conflicto (Ver nota), sin que a febrero de 2025 tome una decisión.

¿Quiénes son los socios de Dole en Colombia y cómo es su vínculo empresarial?

Cuando el Tribunal de Barranquilla en las dos sentencias a ‘Nicolás’ y ‘Tijeras’ compulsó copias a la Fiscalía para investigar a los directivos de Dole y Agrícola Eufemia no aclaró quiénes eran las personas que ejercían estos cargos directivos en Colombia. Este es asunto es clave porque existe un entramado empresarial alrededor del negocio de producción de banano de la multinacional en el país, que hace muy complejo entender la real participación de Dole en las compañías colombianas como Agrícola Eufemia, señalada de presuntos vínculos con los paramilitares.

Según documentó Rutas del Conflicto, en una investigación publicada en 2021, en la que se evidenciaba que una compañía del grupo bananero había comprado un predio a familiares del paramilitar Miguel Arroyave, alias ‘Arcangel’ en el Magdalena, los principales accionistas de las empresas que producen y comercializan el banano para Dole en Colombia son los K’David, una poderosa familia del Magdalena. Para la fecha de la publicación, todas las empresas pertenecían a Servicios Administrativos Bananeros SAS, de propiedad del grupo K’David, en cabeza de Riad K`David, que aparecía como representante legal de Técnicas Baltime de Colombia (Tecbaco) S.A.

Según contó el mismo grupo empresarial en enero de 2025, Servicios Administrativos Bananeros ahora tiene el nombre de Grupo Agrovid y sigue administrando todas las empresas. Sin embargo, el apellido K’David desapareció de los registros de cámara de comercio. Rutas del Conflicto constató que la representación legal de las compañías está en manos de dos personas, Juan Camilo Roca Manzano y Javier Ernesto Pomares Medina. En cuanto a los accionistas, la mayoría son empresas que tienen sede en Panamá, todas son representadas por la misma persona, Tania Martínez Caballero.

Empresas en Colombia: Canali S.A.S, Inversiones La Lolita S.A.S, Técnicas Baltime de Colombia, Canali S.A.S, Bananera El Enano S.A, Banaeva S.A.S, Agropecuaria San Gabriel S.A.S, que pertenecen al grupo Agrovid.

Accionistas de las empresas en Colombia, registradas en Panamá: Adstone Management Corp., Block Investments Inc., Arrowhead Lake Inc., Bukoba Trading S.A, Arealto Financial Corp., Royal Exotic Fruits Inc., Bellovin Overseas S.A, Gran Plaza Overseas S.A, Lindale Properties Corp., Saleby Overseas S.A y Laguna Development S.A.S.

Según estos documentos, la multinacional Dole Food no aparece como propietaria o accionista de ninguna de estas empresas. Según respondió el Grupo Agrovid a un cuestionario enviado por Rutas del Conflicto, en el momento en el que sucedieron los hechos descritos en la sentencia, Agrícola Eufemia y otras compañía eran “unidades de negocio” de Dole. Señalaron que en la actualidad, Tecbaco exporta “fruta a los mercados internacionales bajo más de seis marcas comerciales entre las cuales se incluye la reconocida marca Dole”. 

No es claro a qué se refiere el término unidades de negocio, si Dole era directamente propietaria o socia de empresas como Agrícola Eufemia en el momento en el que ocurrieron los crímenes y ni tampoco en qué momento, se convirtieron simplemente en uno de los clientes de la producción de banano.

Según documentos de Cámara de Comercio, entre 2001 y 2004, años en los que ocurrieron la mayoría de crímenes relacionados en las sentencias, el representante legal de Agrícola Eufemia era Luis Fernando Díaz Díaz (de quién se explicó anteriormente, no tiene ninguna investigación en la Fiscalía). Para ese año, el principal accionista era la empresa Inversionistas Zarati con el 95% de las acciones y Sociedad Bana con el 5%. 

Inversionistas Zarati es una empresa que en la actualidad tiene sede en Panamá, al igual que las otras descritas anteriormente. Rutas del Conflicto encontró un documento con información de una demanda laboral interpuesta por Luis Fernando Díaz Díaz, representante legal para el 2004 de Agrícola Eufemia, contra Técnicas Baltime en la que señala que tuvo un contrato de trabajo con esa última compañía desde 1978 hasta 2006. En la misma demanda, Diaz Díaz explica que la mitad de su sueldo era consignado por la firma Dole International en Estados Unidos.

Para el profesor Marín, en estos casos es clave determinar el rol de las multinacionales en para señalar la responsabilidad en hechos relacionados con violaciones a derechos humanos. El profesor explica que aunque la empresa no sea directamente la dueña de las compañías locales involucradas, puede que tenga el control operativo del negocio, ya sea porque es un cliente único de los productos, o inclusive si tenga pleno control de la forma cómo se siembran los productos, en este caso el banano. “De cualquier manera, las compañías tienen la responsabilidad de verificar que en la cadena de suministros no se cometan violaciones a los derechos humanos”, explica Marín.

Rutas del Conflicto confirmó que la Fiscalía General de la Nación reunió las compulsas relacionadas con las bananeras a finales de 2024 para poder avanzar con las investigaciones. Por ahora, la justicia colombiana sigue sin abrir ninguna investigación formal para definir si estos terceros, relacionados con las empresas relacionadas con el negocio del banano de Dole en el país tuvieron o no alguna responsabilidad en la violencia que afectó a tantas personas en el Magdalena y el Urabá.

Actualizado el: Lun, 02/03/2025 - 17:10

Orlando, gracias por conceder esta entrevista. Para empezar, ¿cómo llegó al periodismo?

Llegué casi por casualidad. Un amigo, Gustavo Larrea, viéndome en todo tipo de oficios para alcanzar a duras penas la subsistencia, me recomendó con José Luis Restrepo, el dueño de LA PATRIA, el periódico más importante de la región. Entré a ese kínder con otros jovencitos. Comencé escribiendo columnas culturales. Pronto, sin darme cuenta, estaba enamorado de este oficio. Jorge Tobón, un amigo de infancia, recuerda que escribía hasta en mi ropa, y que redactaba sobre cualquier tema, lo que se me venía a la mente. 

Usted es conocido por su columna Punto de Encuentro. ¿Cómo surgió esa idea?  

Nació de la necesidad de hablar sobre lo que nadie más hablaba. Yo estaba en la sección de cultura, con mis notas, con mi doctorado informal de todo lo que había leído: antologías de Premios Pulitzer, del Nuevo Periodismo en Estados Unidos, de Gay Talese y todo eso que sostiene que el periodismo es el arte de contar, de muchas maneras, lo que otros callan, el arte de nombrar lo que otros ocultan, el arte de encontrarle a cada historia su pulso y un tono para ese pulso. Cuando me propusieron la columna, la vi como una extensión de lo que estaba haciendo en cultura, pero ahora aplicado a la ciudad, la región, la sociedad, la política. Yo quería dar voz a los que no tenían voz, a los humildes, a los olvidados. La columna se convirtió en un espacio para denunciar, pero también para reflexionar. 

Usted era muy crítico con los políticos locales. ¿No tenía miedo de las represalias?  

Claro que tenía miedo. Pero el miedo no puede paralizarnos. Tratar de silenciar los medios de comunicación es un acto doblemente terrorista, porque es infundirle el silencio al miedo. Siempre decía que me sentía valiente detrás de un teclado. Cuando escribía, sabía que estaba haciendo lo correcto. Escribiendo, soy inmune; pero cuando el texto se publica, me vuelvo frágil. Siento que nadie puede hacerme daño mientras las palabras fluyen, pero cuando salen al mundo, ahí sí comienzo a temblar. Es como si la libertad de las palabras escapara del cerco de la vida mundana. 

Usted era muy cercano a la gente, a las fuentes. ¿Cómo lograba ganarse su confianza?  

La clave es tratar a todos por igual. Yo recibía en mi oficina a todo el mundo: desde un campesino hasta un funcionario público. Escuchaba sus historias, sus preocupaciones. Y cuando escribía, siempre usaba nombres propios. No había medias tintas. Si alguien hacía algo mal, lo decía claramente. Eso generaba confianza, pero también enemigos. El periodismo es el arte de escuchar a los que no tienen voz y de callar a los que hablan demasiado. La verdad no necesita adornos, solo valentía para ser contada.

¿Qué opina del periodismo actual?  

El periodismo sigue siendo esencial para la democracia, pero ha cambiado mucho. Ahora hay redes sociales, internet y, con ello, más desinformación. Lo importante es no perder de vista la esencia: contar historias que importen, investigar con rigor y ser independientes. Y, sobre todo, no dejar que el miedo nos impida hacerlo. El periodismo es incómodo por naturaleza y debe seguir siéndolo. Un periodista que no incomoda no está haciendo su trabajo. El periodismo es un espejo que refleja las grietas de la sociedad, aunque a algunos les duela mirarse en él.

¿Y cómo ve la política hoy?

La política hoy es imagológica, es decir, depende más de la imagen que de las ideas. Por eso los periodistas son clave para inflar egos, engrandecer mediocres inteligencias, vender virtudes falsas y convertir la escoria en oro. Ese es todo el cuento. No soy de un partido ni del otro, critico por igual. La imagología busca lograr la aceptación de algo o alguien a través de la imagen, ya sea un político, un detergente, una cantante desafinada o una moda pasajera. Para que funcione, se necesitan medios y, dentro de estos, periodistas. Son ellos quienes construyen ídolos de barro, desenlodan reputaciones o hacen circular mentiras como si fueran moneda valiosa. Por eso, a veces tengo la vaga sensación de que mucho de lo que oímos, vemos y leemos no es del todo verdad. Que en el micrófono, la televisión o la prensa se cuela algo que no corresponde con los hechos y por lo que, tarde o temprano, alguien recibe su tajada. Al final, las mentiras que embellecen lo feo, limpian lo impuro y acallan lo perverso siempre tienen un precio.

Antes de continuar, ¿cómo es la vida de un periodista?  

Mi vida en Manizales era sencilla. Me levantaba temprano, leía los periódicos, revisaba las noticias, revisaba los marcadores de fútbol y luego me sentaba a escribir. Mi oficina en La Patria era un punto de encuentro, un lugar donde llegaba gente de todos los estratos a contarme sus historias. Yo creía en el poder de la palabra, en su capacidad para cambiar las cosas. Tal vez para muchas personas de la alta sociedad grecocaldense yo era percibido como un venido a más dentro de una élite provincial venida a menos. Aunque sabía que mis columnas podían generar reacciones violentas, nunca dejé que el miedo ni el sentirme menos me detuvieran. El periodismo es un acto de fe en la humanidad, a pesar de sus errores. A veces, salgo a caminar hacia el apartamento donde vivo con mi hija, cuando llego le cuento lo que oí por el camino. Si me monto en cualquier buseta, dejo que las historias que veo por la ventana o los relatos de la gente me lleven.

¿Cómo se ve como escritor?

Amigos me dicen que les sorprenden dos cosas de mi escritura: que fluye sin esfuerzo ni pretensiones, y que mi ortografía es un desastre. Cometo errores infantiles, lo admito. No puedo publicar nada sin que alguien lo revise. Pero escribir nunca ha sido para mí un asunto de vanidad, ni de querer verme publicado en letras de molde. Escribir es una necesidad, como respirar, como gritar en silencio. 

¿Por qué escribir?

Escribo porque es mi forma de comprender. Y es mi alarido también. En la redacción de La Patria dicen que mi presencia aún se siente. No me extraña. Pasé tantos años allí, entre libros, libretas de apuntes y noches de desvelo, que es natural que mi sombra siga rondando. Fernando Alonso Ramírez lo recuerda bien. Una vez entró a mi oficina y, sin mirarlo, levanté el brazo pidiéndole que se quedara quieto. Estaba escribiendo un verso. Aceptaba las interrupciones en cualquier momento, menos cuando escribía poesía. Podía estarse cayendo el mundo, pero si alguien me sacaba de ese trance, se metía en un problema. Porque la poesía, cuando llegaba, no admitía distracciones. Era sagrada. Puedo pasar horas en un poema, mientras que la columna la escribo a saltos durante la semana, o incluso en un embate de media hora.

¿Cómo era usted en la sala de redacción?

Una vez me pusieron a un periodista sin experiencia y, como su jefe en la redacción de La Patria, tuve que adiestrarlo. Mi frase de combate era: “No entiendo”. Todo tenía que explicármelo varias veces, hasta que se entendiera. El pobre terminaba corriendo para evitar ganarse un zapatazo. La sala era un constante hervidero, era divertido trabajar allí, menos para el que caía en desgracia. Una vez, un aprendiz me pidió ayuda con una entrevista que no encontraba justa para el entrevistado. La transformé y, cuando la leyó, me gritó: “¡Así no tiene gracia!”. Le respondí: “No entiendo”. Luego me dijo: “La entrevista quedó muy bien, pero no aprendí nada”. Con una entrevista a Vargas Llosa le pedí al aprendiz que desgrabara la entrevista y nos sentamos a trabajar, y aunque a ese escritor lo conocía bien, actué como si no supiera nada de él. Le pregunté cosas obvias y señalé detalles, gestos y emociones para que el lector los viera. Al final, mi aprendiz aprendió y luego fue colega, como tantos otros en la universidad involuntaria de periodismo que es La Patria. Lo importante ha sido no repetir como loros lo que dicen El Tiempo o El Espectador, sino lo que tiene que decir La Patria, lo que nadie más dice. 

Usted mencionó que tenía enemigos. ¿Quiénes eran esos enemigos y por qué lo veían como una amenaza?  

Mis enemigos eran aquellos a quienes les incomodaba la verdad. Políticos corruptos, empresarios sin escrúpulos, gente que abusaba de su poder. Yo no tenía miedo de nombrarlos, de exponer sus actos. Eso despertaba resentimientos. Pero yo siempre creí que mi deber era informar, aunque eso significara poner en riesgo mi vida. El periodismo es un acto de rebeldía contra la impunidad.  

El 30 de enero de 2002, usted fue atacado frente a las instalaciones de La Patria. ¿Qué recuerda de ese día?  

Ese día comenzó como cualquier otro. Terminé mi columna y salí para almorzar con mi hija. Acabábamos de comer, yo iba de vuelta a la oficina y ella a la universidad. Eran casi las dos de la tarde. Estuvimos hablando sobre algo que habíamos leído de Hannah Arendt y haciendo planes para el fin de semana: acampar en el Nevado, por ejemplo. La noche anterior, durmió conmigo como cuando era pequeña, me abrazó como si presintiera que era nuestro último día juntos. Recuerdo también que cuando ella llegó a La Patria a recogerme, la secretaria nos vio tan contentos que dijo: “Así deberían ser los padres con los hijos”. Un rato después, cuando regresábamos, escuché disparos en la esquina frente a la entrada del periódico. Caí al suelo, herido. Lo último que recuerdo es el rostro de un hombre en una moto. Luego, todo fue oscuridad. En el hospital se dieron cuenta de que las heridas eran demasiado graves. Dos días después, murió mi cuerpo, pero no mis ideas. Las balas pueden callar una voz, pero no alcanzan a silenciar la verdad.

Fue un asesinato que conmocionó al país. ¿Cómo fue el proceso judicial y qué papel jugó el político Ferney Tapasco?  

Yo presentía desde hacía tiempo que algo me iba a pasar. Vivíamos en un apartamento grande, muy contentos. Mi hija y yo nos trasnochábamos hasta la una de la mañana tomando café, explicándonos las materias de filosofía de sus cursos. Preparábamos el desayuno juntos. Pero siempre le dije: “Hija, si algún día me pasa algo, solo tengo un enemigo declarado. No soy de enemigos, pero hay uno que de verdad me odia y se llama Ferney Tapasco”. Le añadía: “Recuerda ese nombre. Si me pasa algo, fue Ferney Tapasco”. 

¿Usted conocía a ese político en persona?

No, pero lo conocí. Luego de esas denuncias, ocurrió un episodio en un bar de Manizales, en un claroscuro al fondo del local. De repente, una persona se me acercó por detrás, me quitó las gafas, las tiró al suelo, las pisó y me dijo, palabras más, palabras menos, que se llamaba Ferney Tapasco y que me iba a matar. Me asusté, pero sin perder el control, recogí las gafas y le dije que antes de matarme, tenía que pagar mis gafas. A los dos días, llegaron a La Patria unas gafas nuevas. Me las entregó Tapasco y me pidió disculpas. “La violencia es el arma del que no tiene la razón”, dijo Pascal. Le faltó agregar que también es una forma de prepotencia y soberbia. La investigación reveló, además, que algunos de los asistentes de Tapasco tenían vínculos con grupos criminales y una escuela sicarial en el corregimiento de Arauca, en Palestina. Al final, la justicia llegó. Fue un proceso largo y doloroso, con casi una docena de personas asesinadas en un intento por borrar el rastro que llevaba hasta el autor intelectual. Incluso un vendedor de dulces frente a La Patria, testigo que vio durante dos horas al sicario esperándome, fue suicidado en una quebrada. No fue un proceso fácil. El periódico La Patria y mi familia pidieron justicia por más de 15 años. Tras una primera absolución, la condena de Tapasco fue confirmada: 28 años de prisión. Su condena fue un mensaje claro: la impunidad no puede triunfar. La justicia tarda, pero llega, aunque el esclarecimiento de mi caso sea único en la larga lista de periodistas asesinados en este país.

¿Qué impacto tienen esas muertes en el periodismo colombiano?  

Muchos colegas siguieron mi ejemplo denunciando la corrupción y la injusticia. Aunque el camino es difícil, creo que el periodismo sigue siendo una herramienta poderosa para cambiar la sociedad. Cada palabra escrita es un acto de resistencia y de avanzada contra la barbarie. 

Usted fue asesinado en 2002. ¿Qué mensaje les dejaría a los periodistas de hoy?  

Les diría que no se callen, que investiguen, que pregunten, que no se conformen con la superficie. Que sigan escribiendo, denunciando, contando la verdad. Pero también que cuiden su vida, que no subestimen los riesgos. El periodismo es un oficio noble, pero peligroso. Y a la sociedad le diría que valore a sus periodistas, que los proteja. Porque cuando matan a un periodista, no solo silencian una voz, sino que le roban a la sociedad su derecho a saber. La palabra es el último refugio de la dignidad. Este es el gran mal de este país: la imposibilidad de utilizar la única arma decente de confrontación que existe, que es la palabra. El periodismo no es un trabajo, es una misión.

¿Cómo le gustaría ser recordado?  

(Sonríe) Como un hombre que amó las palabras. Un poeta que encontró en el periodismo una forma de luchar por la igualdad. Y, sobre todo, como alguien que creyó en el poder de la verdad. Si mi trabajo inspiró a otros a seguir este camino, entonces mi vida tuvo sentido. La vida no es más que un simulacro del paraíso, y nuestro deber es hacerla un poco menos imperfecta. Las palabras son semillas, y el periodismo, el campo donde germinan. La verdad no muere, se siembra. Hay que aprender a oír. Hay cosas que todo el mundo sabe, cosas obvias. Hay que decirlas aunque sean pocos los que escuchen. No soy un héroe, los héroes son de mármol; solo soy un hombre que decidió no callar. El domingo antes de que me mataran, apareció en el Papel Salmón, el suplemento cultural de La Patria, un poema mío. Los primeros versos decían:

Yo sé que te impacientas

muerte

con la osadía de los jóvenes 

que su temeridad te excita...

 

• Profesor de la Universidad de los Andes

 

Orlando Sierra Hernández 

(1959-2002). Fue un destacado periodista que llegó a ser subdirector del diario La Patria de Manizales. Su memoria se mantiene activa en el periódico y su ausencia todavía la reciente la ciudad. El suyo es el único caso de periodista asesinado en Colombia en el que se condenó a toda la cadena criminal involucrada en su asesinato.

El dato

En Colombia, desde 1977 hasta 2024, han sido asesinados 168 periodistas por realizar labores informativas. 

 

Ilustración | Santiago Guevara

La Sala de Redacción de Ausentes es un proyecto de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), del que se pueden informar más visitando www.memoriasdelperiodismo.co 

Actualizado el: Dom, 02/02/2025 - 09:27

Actualizado el: Mié, 01/29/2025 - 17:31

Por: Pilar Puentes

En medio de la selva amazónica colombiana viven pueblos indígenas en aislamiento del mundo occidental. En lo profundo de esta región, y lejos de las ciudades, habitan indígenas que se resisten a la llegada de la minería, la deforestación, los grupos armados, el narcotráfico y la religión. Oficialmente, Colombia tiene sólo dos pueblos en aislamiento con presencia confirmada y territorialidad identificada. Sin embargo, desde su descubrimiento y confirmación en 2010 continúan bajo amenaza. 

Las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades indígenas que viven cerca de los aislados han realizado grandes esfuerzos para proteger su territorio y mantenerlos alejados del contacto. La Unidad de Restitución de Tierras (URT) logró que en 2023 el juzgado de Cundinamarca emitiera una medida cautelar para los yurí y los passé, con el fin de protegerlos de la creciente minería en el río Puré, en frontera con Brasil. 

Imagen de una maloca rodeada de árboles de chontaduro. Recuperada del libro de Roberto Franco ‘Cariba malo: episodios de la resistencia de un pueblo aislado del Amazonas

Sin embargo, el avance en la protección de estos pueblos y la confirmación de otros grupos indígenas en aislamiento en la Amazonía colombiana siguen siendo lentos. Según miembros del equipo de Amazon Conservation Team (ACT), una organización que ha dedicado décadas a investigar y proteger a estos pueblos, hay indicios de otros 16 grupos en aislamiento, “pero es fundamental confirmar su existencia para garantizar su conservación y su protección”.

Sin embargo, el avance en la protección de estos pueblos y la confirmación de otros grupos indígenas en aislamiento en la Amazonía colombiana siguen siendo lentos. Según miembros del equipo de Amazon Conservation Team (ACT), una organización que ha dedicado décadas a investigar y proteger a estos pueblos, hay indicios de otros 16 grupos en aislamiento, “pero es fundamental confirmar su existencia para garantizar su conservación y su protección”.

Para expertos y comunidades indígenas que limitan con los aislados, esta situación es una carrera contra el tiempo. Temen que se repita la historia de los nukak, quienes al salir de su aislamiento enfrentaron una serie de amenazas devastadoras. En 1988, un pequeño grupo de nukak llegó al municipio de Calamar, en el departamento del Guaviare y después de ese primer acercamiento con el mundo occidental,  la mitad de su población murió a principios de la década del noventa por gripe y problemas respiratorios. Las presiones por la tierra en la que habitan, los llevó a dejar su vida nómada y concentrarse en un pequeño espacio en San José del Guaviare. La deforestación, el mercado de tierras ilegal, la ganadería, los cultivos de coca y la presencia de grupos armados no les permite retornar libremente al territorio del que fueron expulsados.

Roberto Franco, politólogo y quien era la principal autoridad en temas de pueblos indígenas en aislamiento de la Amazonia colombiana, fue el autor de Cariba Malo, la investigación que llevó a la confirmación de la existencia de los yurí y los passé. En su libro narró lo que hoy sigue siendo vigente: “Los indígenas aislados son un asunto que a pocos interesa, pues si acaso son percibidos como algo folclórico”. Desde su descubrimiento en 2010, el Estado colombiano no ha hecho otro reconocimiento de un pueblo en aislamiento. 

La mirada internacional 

En el mundo hay por lo menos 200 grupos de indígenas en aislamiento o en contacto inicial que desde hace siglos conservan sus culturas, su lengua y modos de vida en lo más profundo de la naturaleza. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que estos pueblos residen en países como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, India, Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Perú y Venezuela. En la región, el país que cuenta con el menor número de pueblos aislados confirmados por el Estado es Colombia, en contraste con Perú que tiene registros de la existencia de al menos 26 pueblos indígenas y otros dos por confirmar, mientras que Brasil con 28 pueblos confirmados y 86 por confirmar, es el país con más aislados.

La identificación, reconocimiento de los pueblos indígenas en aislamiento y su protección efectiva sigue siendo un desafío. Cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y este 2024 fue un llamado para la protección y el respeto al derecho de no contacto. 

La presiones y amenazas a los aislados en Colombia no son muy distintas a las de países vecinos. Por ejemplo, en Ecuador han sido amenazados por la exploración y explotación del petróleo en su territorio. Aunque en agosto del 2023 la ciudadanía ecuatoriana decidió en una consulta popular —con el 58.95 % de los votos— dejar bajo tierra el petróleo del Parque Nacional Yasuní, en el que viven las aislados Tagaeri y Taromenane, y expulsar a las empresas que operan allí, el cumplimiento no se ha hecho efectivo. 

Gráfica de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Reciente. Elaborada por: Observatorio Regional Amazónico.

Los peligros 

“Los pueblos no contactados de la Amazonía no tomaron la decisión de cortar con el resto de la humanidad de una manera voluntaria, lo hicieron obligados, hace cientos de años, por simple supervivencia”, manifestaron los voceros de ACT, que prefieren omitir sus nombres por la difícil situación de seguridad en la Amazonía, al referirse a las distintas amenazas que enfrentan estos pueblos indígenas. Huyeron de los peligros que el  ‘cariba malo’ —hombre blanco— les ofreció desde su llegada a la selva.

Con el tiempo los peligros han cambiado, ya los indígenas no huyen de las caucherías, que desde 1879, y por más de 30 años, esclavizó a los pueblos originarios de la Amazonía hasta diezmarlos. Ahora huyen de la minería ilegal, que no solo navega por los ríos que traspasan fronteras, sino que también les deja mercurio que consumen cada día sin saberlo. Los yurí y los passé habitan en lo más remoto de la Amazonía colombiana, moviéndose por el Parque Nacional Natural Río Puré, un área protegida de cerca de 470 mil hectáreas. Sin embargo, la cuenca del río Puré ha sido históricamente usada para la extracción minera, tanto del lado colombiano como del brasileño.

El Parque Nacional Natural Río Puré está dividido en dos zonas para respetar la determinación de las comunidades indígenas a no ser contactadas. Por: Amazon Conservation Team

Para la Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro —conformada por varias organizaciones sociales como Amazon Conservation Team, Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), la Fundación Gaia Amazonas, WWF y la Sociedad Zoológica de Frankfurt que investiga los impactos y los efectos de la contaminación por mercurio en la zona—, la minería que venía en aumento desde el 2019 se disparó con la salida, en 2020, de los guardaparques de 10 áreas protegidas como los parques Chiribiquete, Cahuinarí, Yaigojé Apaporis, Amacayacu y La Paya, además de la quema de la cabaña del Parque Río Puré en 2021. Estos eventos coincidieron con el incremento de la presencia de dragas en el río.

Como lo explicó uno del equipo de ACT, a partir de los sobrevuelos en la zona se han podido identificar dragas a lo largo del río Puré, tanto en el lado colombiano como brasileño. “Hemos hecho un registro del 2020 a 2023 de dragas y dragones [que aspiran los sedimentos del lecho de los ríos]. Vemos que inicialmente eran unas balsas muy pequeñas, pero ahora uno ve más de 150 dragas de unos 15 o 20 metros sobre el río”, dijo.

Para los investigadores de ACT es evidente el aumento de la minería ilegal. Existen lugares a lo largo del río que parecen “pueblos” donde los mineros se abastecen, se alimentan y duermen. “En imágenes satelitales y en los sobrevuelos tú ves que los mineros se parquean”, afirmó uno de los expertos. A orillas del río se ven las dragas y con ellas las remolcadoras y una tecnología que antes no existía en esta zona. “Por ejemplo, en 2022, de unos 130 kilómetros del río del lado brasilero, en promedio había una draga por cada kilómetro”, explicó.

Los puntos son dragas sobre el río. Por: Para la Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro

El dragado de los ríos que realizan los mineros para obtener el oro hace que aumente la cantidad de sedimentos, afectando a la pesca. Esto ocurre en dos momentos: cuando se remueve el material del suelo y es arrastrado por la corriente, y cuando el material extraído es lavado en tolvas, contenedores parecidos a un embudo, y el conjunto de partículas que queda en el fondo del contenedor se vierte en el agua. 

El incremento de la turbidez impide que el sol llegue a las plantas y microorganismos, afectando la vida bajo el agua. Por eso, a las comunidades se les dificulta encontrar grandes peces, y si lo hacen, es muy probable que presenten altos niveles de mercurio, se explica en la investigación del Instituto Sinchi ‘Minería: impactos sociales en la Amazonía’

Según un estudio hecho por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) en junio de 2023, más de mil personas están involucradas en la minería ilegal en el río Puré. 

Uno de los mayores riesgos para los pueblos indígenas, y aún más para los pueblos en aislamiento, es el mercurio. En 2018, un estudio hecho por Parques Nacionales Naturales, Ministerio de Salud y varias organizaciones sociales, mostró que, por lo menos, en la cuenca media del río Caquetá que desemboca en el río Puré, sus habitantes registraron hasta 100 microgramos de mercurio por litro de sangre, es decir, más de seis veces el máximo permitido. Según el Instituto Nacional de Salud (INS), una persona expuesta al mercurio no debería tener más de 15 microgramos del metal por litro en la sangre.

La FCDS en una investigación de 2023 en los ríos Puré y Cotuhé realizó análisis en peces y llegaron a un hallazgo alarmante. “Las altas concentraciones de mercurio se encuentran en el río Puré, por ejemplo siendo la única localidad de muestreo donde los omnívoros y detritívoros superaron el límite de los 0,5 ppm”, dijo un vocero de FCDS, que trabaja en la zona. Estos datos confirman que los aislados cada vez más están en peligro, no sólo por la presencia de extraños en zonas intangibles, sino por la soberanía alimentaria. Su dieta, que tiene un alto componente en la pesca, está en riesgo por la sedimentación y el mercurio. 

16 pueblos aislados por confirmar en Colombia

Más arriba del río Puré se encuentra el parque Nacional Natural la Serranía del Chiribiquete, el área protegida más grande a nivel continental en Colombia. Desde la confirmación de la presencia los aislados en el río Puré, hay fuertes indicios de otras comunidades en la misma condición en la parte sur del parque, cerca de resguardos indígenas como el Mirití Paraná. 

Roberto Franco ya había escrito que se tenían pistas de otros aislados: “un grupo carijona, entre los ríos Ajaju y Macaya, un grupo carijona o murui, entre los ríos Luisa y Yarí, un grupo Urumi en la parte alta de los ríos Mirití, Yavilla y Meta, y un grupo Murui, entre los ríos Cuemaní y Sainí”.

Dibujo de los indígenas yurí y passé tomada del libro de Roberto Franco ‘Cariba malo: episodios de la resistencia de un pueblo aislado del Amazonas

El parque Chiribiquete ha tenido varias expansiones en su área, que entre otras razones, ha buscado la inclusión de posibles grupos en aislamiento dentro de su zonificación. Como lo explicó Rodrigo Botero, director de FCDS, en una columna publicada en marzo de este año, “es una novedosa forma de reconocer una figura territorial para pueblos en aislamiento, que a diferencia de lo que ocurre en países como Brasil o Perú -donde se crean reservas específicas para aislados- [en las áreas protegidas] se conjugan con la protección a perpetuidad del suelo y subsuelo”.

En el plan de manejo especial del Parque Chiribiquete se advierte que su ampliación en 2018 se debió especialmente a la protección de los indígenas aislados, pues la presencia de colonos campesinos y la expansión de la frontera agrícola amenaza su determinación de no ser contactados. También se suma, como lo explica el documento,  “el posible traslape o cercanía de los territorios de los pueblos aislados con los resguardos constituidos del medio Caquetá y Yaguará II”, territorios indígenas en riesgo por la presencia de actores armados y deforestación. De hecho, los líderes del resguardo Yaguará II fueron exiliados en 2021 tras múltiples amenazas y continúan desplazados por la construcción de un camino ilegal que entra al Parque Chiribiquete.

El Estado intenta proteger a los pueblos indígenas en aislamiento al asegurar su territorio dentro de este parque nacional, mientras que comunidades indígenas como el resguardo Curare Los Ingleses, en la región del Bajo Río Caquetá, entre los parques nacionales naturales Río Puré y Cahuinarí, también intentan mantenerlos alejados de un posible contacto. En 2013 instalaron una cabaña de vigilancia en el sector de Puerto Caimán para controlar que nadie entre a la zona intangible desde el río. Además, los indígenas de Curare Los Ingleses se han propuesto ser el cordón de seguridad de los aislados para respetar su determinación de no ser contactados. 

La protección a pasos de tortuga 

Después del contacto de los indígenas nükak a finales de los ochenta, misioneros evangélicos entraron por el río Putumayo buscando a los yurí y los passé. Años más tarde, excursionistas en el Parque Chiribiquete que buscaban arte rupestre pusieron en peligro a estos grupos. Fue por eso que Colombia en 2013 decidió poner en marcha el primer decreto para la ‘Prevención y Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento’. Era el único país en la región amazónica sin medidas de protección para estos grupos. 

El trabajo de concertación para expedir el decreto 1232 de 2018 duró más de cinco años. Como lo explica Darío Silva, indígena del pueblo cubeo y líder indígena frente al tema, “Colombia nunca había pensado en la protección de los pueblos aislados antes del decreto. Se vuelve un mecanismo novedoso y una norma para proteger, sin embargo, a la fecha no hay una política pública clara de atención de pueblos en aislamiento o en contacto inicial”. 

Esa deuda sigue vigente. Para los indígenas colindantes a los pueblos aislados y a los pendientes por confirmar, la investigación y la protección de los que permanecen alejados de la cultura occidental se convirtió en una responsabilidad únicamente de ellos. 

“Le hemos dado una responsabilidad muy grande a los gobiernos indígenas, porque no sólo deben cuidarse ellos y tratar de hacer cosas para ellos, sino que también deben cuidar a los aislados. Ellos lo hacen desde su cultura, sus tradiciones espirituales y de sanación, pero hay cosas como la minería y el narcotráfico que no están en capacidad de solucionar”, enfatiza una de las voceras de ACT. 

De igual manera, Silva afirma que el decreto de 2018 es importante, pero es necesario una voluntad política de las entidades para cumplir con las tareas que se asignaron en el documento. Allí se fijaron tres etapas para concluir la confirmación de un pueblo en aislamiento: la primera es un estudio oficial, la segunda es un estudio avanzado que confirme su existencia y la tercera es la territorialidad identificada, es decir, establecer la zona geográfica en la que se mueven los aislados.

Mongabay Latam y Rutas del Conflicto enviaron al ministerio un derecho de petición (solicitud formal de información), un recurso de insistencia y un cuestionario al área de prensa para conocer el avance de la entidad en las investigaciones y en las acciones para la confirmación de los otros 16 pueblos en estudio. Hasta el momento de publicación de este reportaje el ministerio no respondió ninguna de las solicitudes. 

“Debería existir un sistema de información que tenga un indicio y  un riesgo identificado. El Ministerio del Interior, según el decreto, debería construir esa base para priorizar zonas de investigación y posterior confirmación”, explica un investigador de ACT. 

Como lo comentaron los expertos y el líder indígena Darío Silva, todo el proceso de protección ha funcionado de manera desordenada por parte del Estado y ha sido gestionado sólo por los indígenas que viven cerca del territorio de los aislados. 

Los resguardos Curare los Ingleses y Mirití Paraná han venido trabajando con ACT desde que Roberto Franco estaba en medio de su investigación. “Nosotros decidimos que nadie los moleste. Los aislados son la cultura natural de los indígenas yukuna. Estamos en el proceso de contingencia si en algún momento deciden salir”, afirma Kelly Johana Yunuca, secretaria de mujeres del Consejo Indígena del Mirití Paraná. Desde el 2012 llevan a cabo procesos de educación propia, acuerdos de manejo de recursos naturales, protección espiritual y monitoreo para la preservación de la fauna en los territorios que colindan con las zonas donde se cree que habitan los indígenas en aislamiento.

El sistema de protección que se estableció en el decreto de 2018 se compone de una Comisión Nacional, Comités Locales y Grupos Técnicos Interculturales encargados de la protección en el territorio. Sin embargo, “el gobierno llega a la Comisión sin nada que mostrar”, dice Silva. 

En seis años, la Comisión sólo ha sido convocada en 2020, 2021 y 2024.  “El país entiende la necesidad de proteger a los pueblos en estado natural [en aislamiento voluntario], pero no hay voluntad política, no hay presupuesto. En la región amazónica no se ha sesionado el comité local, mientras las amenazas a los territorios continúan y ponen en peligro a los indígenas”, afirma el líder.

Este panorama y los riesgos cada vez más latentes, llevaron a que la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentara una medida cautelar para la protección de los yurí passé en el 2023. En noviembre del año pasado fue aceptada por el Juzgado de Tierras de Cundinamarca y este ordenó a 21 entidades acelerar la protección de los pueblos aislados. En resumidas cuentas, la medida le exige al Ministerio del Interior cumplir con el Decreto de 2018, convocar la Comisión Nacional, así como desarrollar el protocolo de registro e identificación de los pueblos en aislamiento voluntario. 

El director de Asuntos Étnicos de la URT, Acxan Duque Gámez, le dice a Mongabay Latam y a Rutas del Conflicto que emplearon distintas fuentes de información para construir el caso y mostrar las amenazas ambientales dadas por la minería ilegal y la deforestación que enfrenta el territorio donde están los aislados. “Son medidas para mitigar los peligros desde afuera -comunidades colindantes- pero que impactan hacia adentro -pueblos aislados-. Son medidas que tienen que crear los ministerios, Corpoamazonia [autoridad ambiental regional] y el Ejército para  proteger los ríos de la minería”, afirma Duque. 

La medida cautelar fue un paso para acelerar la implementación del Decreto y aunque el Ministerio de Defensa ha realizado varios operativos en la zona para frenar la minería ilegal, como el de octubre de 2023 en los ríos Puré y Cotuhé, según informó en la respuesta del derecho de petición enviado por esta alianza periodística, para los expertos y los indígenas esto no es suficiente. “Se destruyen las balsas, las dragas y los dragones pero al otro día ya están funcionando sin problema. Cuando los mineros ven que llega el operativo, se llevan el motor y dejan el resto de la embarcación que es fácilmente construible”, manifestó una fuente que prefiere omitir su nombre. 

Durante el 2024, como asegura el director de Asuntos Étnicos de la URT, algunas entidades como la Unidad Nacional de Protección (UNP) se han acercado a su dirección en busca de entablar diálogos y mesas de concertación para avanzar en el cumplimiento de las medidas. “Hay entidades que nos han preguntado cómo proteger a los aislados, que no conocen del tema y entramos nosotros [URT]  para ayudarlos en el cumplimiento de las órdenes”, menciona Duque. 

Sin embargo, los indígenas de los resguardos colindantes, y las organizaciones no gubernamentales que trabajan con ellos, insisten en que poco se ha visto el avance y el cumpliento de las 21 entidades que tienen obligaciones dentro de lo que ordena la medida cautelar.  “Tenemos que hacer cosas como el cordón sanitario para los aislados. Ese y otros temas están sobre la mesa con las entidades, pero se quedan en el papel”, afirma Silva. 

Duque comenta que todavía queda mucho trabajo por hacer por los aislados. Las órdenes para cumplir con la medida cautelar son un trabajo arduo que no sólo requiere de las comunidades colindantes sino de entidades como el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores, al ser la minería un problema de frontera con Brasil. “Estamos mirando qué actuaciones hacer y cuáles priorizar para las audiencias de seguimiento”, afirma el director de asuntos étnicos de la URT. 

Ya se cumplió un año de un hito en la protección de los yuri y los passé con la medida cautelar, pero las entidades siguen caminando a pasos de tortuga en la confirmación y protección de los otros 16 pueblos aislados, mientras que la minería que recorre el río Puré continúa en aumento. El gobierno colombiano no tiene preparado un protocolo de contingencia en caso que algún pueblo aislado entre en contacto voluntario o involuntario con Occidente y el gran temor es que se repita la misma historia del pueblo nukak hace 36 años. 

 

 

 

 

 

Actualizado el: Jue, 01/23/2025 - 12:30

 

Ganado a orillas del río Caquetá, en el municipio de Solano. Foto: Juan Carlos Contreras.

Es finales de febrero de 2024 y desde la lancha que va selva adentro por el río Caquetá se ve una espesa niebla y se siente un fuerte olor a madera quemada. A medida que se avanza hacia el casco urbano del municipio de Solano, se pueden ver grupos de vacas pastando a la orilla del río y humaredas en el fondo del paisaje.

Como ha ocurrido durante los últimos años, entre enero y marzo, en la mitad de la temporada de menos lluvias en la Amazonía colombiana, aumentan los incendios forestales provocados para ampliar la frontera agrícola y ganadera a costa de la selva. Desde el río Caquetá, hacia el norte y el oriente, hasta los límites con los parque nacionales naturales Serranía de Chiribiquete, Sierra de la Macarena y Tinigua, las vacas pastan en terrenos que se convirtieron en sabanas hace décadas, pero que en otros casos, fueron deforestados en los últimos ocho años.

Parte de este ganado terminará en Bogotá, la capital colombiana, para el consumo humano. El problema es que seguir el rastro exacto de todo su recorrido, para determinar si proviene de zonas deforestadas, es prácticamente imposible. Una investigación de la organización ambiental francesa Envol Vert y expertos de la Universidad de Wisconsin, de los Estados Unidos, muestra que el 25 % de los animales que Bogotá recibió en plantas de sacrificio provenía de municipios en zonas con alta deforestación (ZAD), pero no hay información suficiente para verificar si los predios de los que provienen están vinculados con la destrucción del bosque.

La investigación titulada Lo que las guías de movilización cuentan: un análisis de las tendencias y comportamiento de la cadena de ganado bovino hizo un análisis de los movimientos de ganado registrados por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) durante los años 2018, 2019 y 2020. Dichas guías de movilización registran los municipios en los que se encuentran los predios a los que se llevan los animales, pero no contienen información puntual de la ubicación de las fincas ni los nombres de los dueños.

Daisy Tarrier, fundadora de Envol Vert y coautora de la investigación, señala que, en muchos casos, las empresas que comercializan la carne muestran información de sus proveedores para mostrar que el ganado no está relacionado con la deforestación, pero estos proveedores son sólo el último paso de un largo camino lleno de intermediarios.  “La idea era mostrar que la responsabilidad está esparcida en toda la cadena y que si no hay trazabilidad real, nunca se podrá decir si un ganado es o no sostenible”, explica Tarrier.

La trazabilidad de ganado en Colombia, registrada en estas guías, tiene varias limitaciones, entre ellas la falta de información exacta de los predios y la individualización de cada animal, ya que estos documentos registran únicamente el municipio y los lotes de vacas que se movilizan. “Con los datos que encontramos hemos podido caracterizar a los proveedores, ver que tantos son directos o indirectos y los municipios donde están. Vale la pena aclarar que dentro de las cifras puede haber proveedores en zonas de alta deforestación que no deforesten”, explica la fundadora de Envol Vert.

Solano, en Caquetá, es precisamente uno de estos municipios en la Amazonía en los que se registraron movilizaciones de origen y destino de vacas. Es el segundo municipio más grande de Colombia, tiene un poco más de la mitad de su superficie dentro del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete y extensas zonas de resguardos indígenas, además de otras áreas de protección ambiental. Entre 2011 y 2021 registró 43 664 hectáreas deforestadas.

Mongabay Latam y Rutas del Conflicto hablaron con un pequeño ganadero de Solano, que prefiere no publicar su nombre por la presencia de grupos armados en la zona, que señaló que existe un problema de fondo en el municipio relacionado con la legalidad en el uso de la tierra. “Prácticamente todo Solano es área protegida, entonces las fincas con papeles [títulos de propiedad] son muy pocas. En los últimos años hay deforestación para meter vacas, pero aquí también hay gente que tiene predios grandes que hace rato son sabana. Cuando se mueven las vacas a algunas fincas, todo se mezcla”, cuenta el ganadero.

La situación es más crítica en el vecino municipio de San Vicente del Caguán. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), fue el municipio más deforestado de Colombia entre 2021 y 2022 con 157 364 hectáreas (unas cinco veces el área urbana de Bogotá) y, al mismo tiempo, tuvo una movilización de animales cercana a 1.2 millones de vacas entre 2018 y 2020, la segunda movilización más grande del país.

El recorrido desde las zonas de deforestación hasta las plantas de sacrificio

Ganado dentro del Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena. Foto: Ana Rodríguez.

La investigadora Daisy Tarrier explica que aproximadamente la mitad de animales que se movilizan en las zonas de alta deforestación se mueven, dentro de estos municipios, de una finca a otra en la que los crían o engordan. La otra mitad sale de esas zonas para terminar en plantas de sacrificio en ciudades grandes del país como Bogotá. “Ahí es donde está la dificultad para ver completa la trazabilidad. Los pueden criar [a las vacas] en zonas de alta deforestación, para luego sacarlos de allí a lugares, por ejemplo, más cerca a las ciudades y finalmente venderlos como ganado sin riesgo de deforestación”, explica la fundadora de la organización Envol Vert.

El informe señala que el 8 % de los animales movilizados en el periodo estudiado, es decir, cerca de 4.7 millones, tuvieron como origen 25 municipios con altas cifras de deforestación. La mayoría de estos 25 municipios se encuentra en la Amazonía, pero también están ubicados en los Llanos Orientales, el Catatumbo, el nordeste de Antioquia y el Urabá chocoano y cordobés.

El estudio también concluyó que estos animales llegaron a 672 de los 1103 municipios que tiene el país. Es particular la situación de varios municipios de los departamentos de Valle del Cauca y Huila que reciben en plantas de sacrificio a un alto porcentaje de animales de municipios con alta deforestación. Los casos con mayores cifras son Yumbo y Candelaria, en la zona metropolitana de Cali, y Rivera, muy cerca de la ciudad de Neiva. Entre los tres municipios reciben más del 60 % de las vacas que provienen de zonas de alta deforestación.

Bogotá aparece como el mayor núcleo de concentración de animales para sacrificio, con 1.843.788 cabezas de ganado. El informe señala que un cuarto de ellos proviene de municipios con zonas de alta deforestación como El Retorno, en el Guaviare, muy cerca del parque Nacional Natural Chiribiquete.

Tarrier explicó que la investigación sólo incluye los movimientos de ganado registrados dentro de la legalidad, en las guías que entrega el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y explica que quedan por fuera otras posibles movilizaciones que se ocultan por estar relacionadas con zonas de protección ambiental. “Por ejemplo, si alguien ilegalmente mete durante unos meses unas vacas al parque Chiribiquete para que engorden y luego las vuelve a sacar, pues oficialmente nunca pasaron por ahí, eso no aparece en las guías, eso es invisible”, explica Tarrier.

Una investigadora de una organización ambiental que tiene presencia en esta zona de la Amazonía, y que prefiere mantener su nombre en el anonimato por cuestiones de seguridad, le dijo a Mongabay Latam y Rutas del Conflicto que quienes tienen ganado en zonas que no están permitidas, las mueven temporalmente para que se registren en las guías del ICA y así evadir el control estatal. “En estos días, aquí en el [departamento de] Guaviare, que hay vacunación, todos estos potreros están atestados [llenos], con una cantidad absurda de vacas. Hay una vereda [zona rural] que tiene 10 000 habitantes y registra 30 000 vacas. Uno se pregunta, ¿de dónde salen estos animales?”, dice la investigadora.

Mapa de los municipios de origen del ganado con alta deforestación. Fuente: Informe Envol Vert.

Los municipios de los departamentos del Meta, Caquetá y Guaviare, desde donde salen los animales, están en el centro del corredor que conforman varios parques nacionales y que conectan la cordillera Oriental con la selva amazónica: Tinigua, Cordillera de los Picachos, Sierra de la Macarena y Serranía de Chiribiquete. Especialmente en los tres primeros, y después de la firma del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Estado colombiano ha tenido un fuerte conflicto con comunidades campesinas que viven desde hace más de cincuenta años en el interior de estas áreas protegidas.  

Organizaciones campesinas han denunciado la persecución de actores estatales con operativos militares que buscan frenar la deforestación y la prohibición de la vacunación del ganado dentro de los parques nacionales naturales. Todo esto en medio del aumento de la presencia de grupos de disidencias de las FARC que se enfrentan entre sí y amenazan a las comunidades.

Mongabay Latam y Rutas del Conflicto hablaron con un pequeño ganadero del municipio de San Vicente del Caguán, líder de una de estas comunidades, quien señaló que campesinos dentro de los parques naturales crían ganado con buenas prácticas ambientales,que no están vinculadas a la deforestación, y que para vender sus vacas tienen que moverlas y registrarlas con intermediarios. “Muchos llegaron aquí antes de que estas tierras fueran declaradas parques nacionales y aprendieron a cuidar el monte. Aquí hay que darle matices a las cosas, porque hay pequeños ganaderos dentro de las zonas protegidas que cuidan más la selva que grandes ganaderos que están por fuera”, explica el líder, que prefiere mantener su nombre en el anonimato por cuestiones de seguridad.

A pesar de esto, el líder señaló que hay una ganadería a gran escala dentro de parques como Tinigua, que sí tiene un vínculo con la deforestación. En 2022, según Parques Nacionales Naturales, cerca del 30 % de la superficie de esa área protegida había sido deforestada. “Allá uno ve potreros hasta de 1000 hectáreas con ganado. Un campesino no tiene la capacidad para tumbar todo ese monte, entonces ahí hay gente que tiene mucho recurso económico. Y luego tienen que sacar las vacas de allá para venderlas”, dice el pequeño ganadero de San Vicente del Caguán.

Zona deforestada en el Guaviare, convertida en pastizal para ganado. Foto: fuente en el territorio.

Una cadena de intermediarios que hace difícil la trazabilidad

Otro hallazgo importante de la investigación de Envol Vert y la Universidad de Wisconsin es el gran número de intermediarios que constituyen la cadena de suministro. El estudio clasificó a los proveedores del ganado en directos, aquellos que venden directamente a las plantas de sacrificio y son el 13 %; indirectos, que están al principio de la cadena de producción pero luego venden a otros proveedores y que representan un 65 %; y mixtos, que pueden vender a otros proveedores o directamente a las plantas de sacrificio y que son el 22%.

El estudio encontró que quienes le venden ganado a los proveedores directos de las plantas de sacrificio son los que tienen una mayor relación con la deforestación. Por el contrario, los proveedores directos a las plantas de sacrificio efectivamente tienen una baja relación con la deforestación. Ese suele ser el argumento de las empresas comercializadores de carne que sostienen que el ganado no está relacionado con la deforestación. El problema, es que en esa explicación no se tienen en cuenta los intermediarios, es decir, los actores indirectos donde se pierde trazabilidad.

Además, la investigación también identificó que  el 1 % de los actores mueve el 33 % del ganado en el país. Esta concentración en la movilización se ve reflejada en ocho municipios por los que transita la cuarta parte de todos los bovinos en Colombia. Entre esos municipios destacan Montería en Córdoba, San Vicente del Caguán en Caquetá y Cimitarra en Santander.

Mapas que muestran las tasas de deforestación y la proporción de animales movilizados directa e indirectamente a plantas de sacrificio. Fuente: Informe Envol Vert

La investigadora señala que la información recogida en el estudio es valiosa para mejorar la trazabilidad, ya que identifica los lugares y los actores de la cadena en dónde el Estado podría poner el foco y mejorar el registro de información que permita determinar una relación más exacta entre la producción ganadera y la deforestación. “Esto lo hacemos para impulsar un sistema de trazabilidad del país. Era importante mostrar dónde están los problemas, pero también cómo los puedes resolver, en qué tipos de proveedor debes trabajar, en qué municipios se puede mejorar esa trazabilidad”, concluye Tarrier.

De hecho, los insumos del estudio aportan a una discusión que ha tenido como escenario el Congreso de la República, que en los últimos dos años ha debatido la propuesta de una ley que mejore los procesos de trazabilidad para el ganado en Colombia. Luego de que se hundiera un proyecto de ley en ese sentido en junio de 2024, los congresistas Julia Miranda y Carlos Losada volvieron a insistir y la Comisión Quinta del Senado aprobó en primer debate el proyecto a finales de 2024. 

La propuesta, que aún debe ser debatida y aprobada en una comisión de la Cámara de Representantes y en las plenarias de Cámara y Senado, incluye la integración de varios sistemas de datos del Estado: el actual sistema de trazabilidad del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; los sistemas de monitoreo de bosques y la información catastral. También incluye el fortalecimiento normativo para las certificaciones de producción ganadera libre de deforestación y la creación de zonas de ‘Alta Vigilancia’ en áreas de alta deforestación para controlar la actividad ganadera.

Este equipo periodístico consultó  a la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) por su postura sobre la propuesta de trazabilidad que se discute en el Congreso y en comunicación oficial señalaron que el gremio entiende la trazabilidad como un requisito necesario para el acceso a los mercados. “Cada día más se consolida como un requerimiento de los consumidores y su implementación es necesaria para que Colombia continúe con su proceso de internacionalización del sector cárnico colombiano al mundo”.

Fedegán indicó que el proceso en el país se está estructurando de manera que se logre la identificación y trazabilidad de la totalidad del hato colombiano, incluyendo la Amazonía y la Orinoquía. “Es un proceso que tomará varios años y se hace necesario hacer una priorización de los departamentos del país, en tanto lo complejo del proceso, así como la necesidad de recursos para el efecto”, se lee en la respuesta.

Además de construir un sistema más eficiente para reducir el impacto de la ganadería en los bosques, unas mejores prácticas de trazabilidad le permitirían a los proveedores colombianos tener mejores oportunidades para ingresar a nuevos mercados. 

Según el censo pecuario del ICA, en 2024, Colombia tiene cerca 29 millones de cabezas de ganado (29.194.104). Parte de ese total se exporta a varios países, pero no a la Unión Europea puesto que Colombia no cumple con los requisitos sanitarios del bloque. 

El estudio Colombia frente a la globalización y los tratados de libre comercio para la exportación de carne bovina, escrito por varios investigadores de la Universidad Cooperativa de Colombia en 2022, señala que el potencial del sector ganadero se ve limitado porque no se mejoran las condiciones sanitarias y la misma trazabilidad. “Por regla general los mercados de destino de la carne han sido los de más bajo precio, a consecuencia de la imposibilidad de acceder a mercados con pagos más elevados, como Estados Unidos o la Unión Europea”, dice el informe.

Además, las reglas de importación desde la UE se harán más estrictas cuando  entre en vigencia una normativa aprobada por el Parlamento Europeo en 2023.  Se trata del Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR por sus siglas en inglés), que exige a los proveedores certificaciones que garanticen que las importaciones de productos como cacao, café, aceite de palma —que sí son exportados desde Colombia a la UE—, soya, carne y sus derivados no estén relacionadas con áreas ilegalmente deforestadas desde 2020.

Erik Dhaenens, consejero de Medio Ambiente, Clima y Empleo de la Unión Europea en Colombia le dijo a Mongabay Latam y Rutas del Conflicto que la normativa exige un sistema de trazabilidad que vincule productos exportados con sus parcelas de origen para demostrar que en todo el proceso no hubo deforestación. “Cabe señalar que este requisito de debida diligencia es para los operadores (es decir, quienes introducen los productos en la UE), por lo que no constituye un requisito directo para que los gobiernos implementen un sistema de trazabilidad. Sin embargo, si existe un sistema de trazabilidad de calidad por parte del gobierno, esto podría ayudar”, aseguró el diplomático.

Dhaenens agregó que la Unión Europea tiene el compromiso de proteger y restaurar los bosques del mundo y, en particular, en países socios como Colombia. “La ganadería y el acaparamiento de tierras son, según publicaciones del IDEAM, factores significativos, si no los principales, que impulsan la deforestación en el país. La UE ha adelantado varias acciones de cooperación, para reconvertir los sistemas de producción de ganadería extensiva en sistemas de ganadería regenerativa”, señaló el consejero.

Aunque en un principio el Parlamento ordenó la entrada en vigencia del EUDR al finalizar el 2024, en octubre pasado se pospuso la fecha para grandes empresas hasta el 30 de diciembre de 2025. En el caso de las microempresas, la entrada en vigencia será el 30 de junio de 2026. 

 

Actualizado el: Mar, 12/31/2024 - 09:17

Visto desde el cielo, el terreno del que hablaremos puede parecer la silueta de un ave. O una hoja seca, con sus contornos y vetas. En cualquier caso, para el pasajero de una avioneta o para el nítido lente de un satélite, salta a la vista el particular cultivo de una especie invasora, que sintetiza los problemas del Guaviare en cuanto a ocupación ilegal de terrenos baldíos inadjudicables de alta relevancia ambiental.

Incluso si no fuera tan evidente este parche que aflora en la vereda Charrasquera, parte del complejo natural de Sabanas de La Fuga ubicado en el noreste del departamento, ninguna autoridad podría asegurar que no lo ha visto. En mayo de 2020 la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) reportó su incipiente crecimiento. Más de cuatro años después, crecen impávidas las 300 hectáreas de eucalipto que lo componen.

300 hectáreas son el equivalente a casi tres parques Simón Bolívar de Bogotá y 23 jardines botánicos de Medellín. Su existencia viola las disposiciones de ocupación de baldíos en Zonas de Reserva Forestal, pues el predio no puede ser titulado ni tiene permiso de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para ser explotado. También contraviene la reglamentación de la Ley Segunda de 1959, que regula el desarrollo de proyectos forestales semejantes en dichas zonas de reserva. Además, el eucalipto es una especie introducida y, contrario a buscar sostenibilidad, se trata de un monocultivo o sistema agrícola que consiste en sembrar un mismo tipo de planta en una zona. Esta práctica , según expertos, profundiza las problemáticas ambientales.

Con las coordenadas que halló FCDS, y a través de herramientas gratuitas como Google Earth Engine Timelapse, se aprecia el suelo limpio en 2019, la aparición de corredores en 2020 y la sucesiva deforestación en los alrededores del cultivo hasta 2022, especialmente hacia el sur de la plantación.

El siguiente gráfico compara dos fotos del sembradío tomadas con dos años de diferencia. Registradas por satélites de la plataforma Planet, las imágenes muestran cómo prospera tranquilamente el sembradío ilegal entre el 25 de mayo de 2022 y el 2 de noviembre de 2024.

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Pese a la plena identificación del sembradío de eucalipto, las autoridades estatales no han conseguido detenerlo o transformarlo. Fuentes en tres de las entidades consultadas en San José del Guaviare nos aseguraron que problemas de orden público o el control del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC (EMC), encabezado por Iván Mordisco, han entorpecido o impedido recientemente la vigilancia y la acción en zonas rurales.

Ante la presencia del EMC en el territorio, el Estado luce frágil, tardío e incluso vulnerable. La oficina de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en San José del Guaviare abrió hace poco más de un año. Además, aunque el propio presidente de la República, en un discurso de septiembre pasado calificó de extorsivas las amenazas del jefe guerrillero a las familias que trabajan por frenar la deforestación y lo instó a dejar los negocios ilícitos y a contribuir al desarrollo de la región, varias de las fuentes consultadas coincidieron en que esa guerrilla tiene control de la zona. Incluso, por razones de seguridad nos recomendaron no visitar el cultivo y tomar precauciones durante la reportería en el casco urbano de San José del Guaviare.

Sabanas de La Fuga hace parte del punto medio en el que se encuentran la Orinoquía y la selva amazónica. Lo que los estudiosos del suelo entrevistados para este reportaje denominan ‘corredor de transición’, importante para la circulación de animales y hogar de especies endémicas. ¿Qué impacto puede tener en este ecosistema el monocultivo de eucalipto, conocido por su altísima demanda de recursos, capaz de alterar drásticamente la hidrología de las zonas donde se siembra?

La alianza de Rutas del Conflicto Y CONNECTAS habló en San José del Guaviare con fuentes de cinco entidades públicas, además de líderes indígenas y organizaciones no gubernamentales para conocer la situación del cultivo y las razones de la falta de acción estatal. Varios de sus testimonios aparecen citados a continuación como anónimos, dado que podrían poner en riesgo su integridad.

Plantación e irregularidades

Casi por completo, el departamento Guaviare está dentro de la Zona de Reserva Forestal (ZRF) de la Amazonía, creada con La Ley Segunda de 1959. El monocultivo de eucalipto, una especie exótica introducida, opera sin los permisos necesarios, que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) está avalada para conceder dentro de dicha ZRF a través de figuras como contratos de derecho de uso, actos administrativos de regularización de ocupación y concesiones forestales campesinas. Así lo estipula el artículo 4 del Decreto Ley 2363 de 2015.

Estos permisos existen en tanto el Decreto 2811 de 1974 prohibió adjudicar baldíos cobijados por la Ley Segunda, de manera que el Estado puede ceder y revocar la explotación de dichos terrenos para garantizar que se conserven. A falta de autorización, el cultivo de eucalipto podría configurar una ocupación indebida de baldíos, descrita en el Acuerdo 58 de 2017, cuya investigación estaría hoy a cargo de la misma ANT, como manda la Ley 160 de 1994, tras la extinción del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) y del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder).

Este uso irregular del territorio es una generalidad en el departamento. El Acuerdo 21 de 1971, emitido por el hoy extinto Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (Inderena), sustrajo de la ZRF un área de 455 mil hectáreas en el noroeste del Guaviare para otorgar tierras a colonos y permitir la explotación agrícola. A excepción de esa área, en la que se pueden titular tierras, en los sitios poblados de los cuatro municipios del Guavire hay un latente conflicto de ocupación, en el que participa buena parte de sus 63.000 habitantes.

"Sabemos que estas personas que viven en Ley Segunda, de cierta manera, están infringiendo la ley, por así decirlo. Sin embargo, el Estado sabe que viven ahí y que están ahí", nos aseguró acerca del campesinado un funcionario del que reservamos su nombre por motivos de seguridad. Según él, este grupo de ocupantes busca acordar con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) un reconocimiento y regularización de su explotación agropecuaria, como se ha hecho en otros territorios durante el presente gobierno.

Sin embargo, este no es el caso del predio donde está instalado el eucalipto, pues según nos aseguró la Unidad de Gestión Territorial de Guaviare, “no se ha adelantado ningún proceso de regularización de la ocupación” en la vereda donde se encuentra la plantación.

Por otra parte, la FCDS ha registrado la dinámica de acaparamiento de tierras en Guaviare, en el que individuos no identificados utilizan vastas extensiones, principalmente, en proyectos de ganadería. "Ellos vienen y compran varias fincas. Así las fincas tengan solo documento de compraventa, ellos inician su proceso, y como no existe ni un título ni tampoco existe la regularización de la ocupación, no se puede identificar quiénes son los que realmente están ocupando ese espacio", explicó el funcionario.

Los mencionados proyectos de ganadería son muestra de cómo los ocupantes ilegales de predios baldíos irrespetan los principios de sostenibilidad y compatibilidad del suelo. Así mismo, como explicaremos a continuación, la plantación de eucalipto se encuentra en un territorio que no es apto para proyectos forestales como ese.

El mandato de la Ley Segunda fue generar un plan de ordenación forestal que, para la Reserva de la Amazonía, llegó apenas en 2013 con una resolución que dividió el territorio del Guaviare entre Zonas A y B. Esta reglamentación incluye un extenso listado de los propósitos de las áreas tipo B, entre los que está fomentar la producción forestal sostenible, propender a la regulación hídrica, la calidad del aire y el control de la erosión de suelos e, incluso, estimular las plantaciones forestales comerciales en áreas aptas, con una previa evaluación de riesgos.

El siguiente gráfico muestra la zonificación en el nororiente de Guaviare y la ubicación del cultivo de eucalipto dentro de dicho orden. También se ilustran áreas con previa decisión de ordenamiento, como resguardos indígenas y parques naturales.

Como se ve, la plantación de eucalipto se encuentra en una zona tipo B de la Reserva Forestal de la Amazonía. El predio donde está cultivado es originalmente un ecosistema de sabana, que no contaba con árboles antes de la siembra de eucalipto. Esto quiere decir que no había un recurso forestal que pudiera manejarse según los preceptos del plan de ordenación emitido en 2013. Sin embargo, este especifica que los proyectos instalados deben cumplir criterios de sostenibilidad y compatibilidad con la zona.

La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), dependencia ligada al Ministerio de Agricultura, ha elaborado 70 evaluaciones de tierras agropecuarias, que permiten saber para qué cultivos es apto un determinado territorio. Estas pesquisas consideran factores físicos, sociales, ambientales y económicos.

En la plataforma de datos abiertos de la entidad, encontramos que el predio en el que se encuentra el eucalipto, por ejemplo, tiene altas aptitudes para la siembra de plátano. Así mismo, es una tierra medianamente apta para producir yuca, piña, maíz, naranja, mandarina, limón Tahití o aguacate. Incluso, se señala una aptitud baja para producir chontaduro. Pero, en definitiva, esta tierra no es apta para sembrar el árbol del caucho, endémico de la región, ni otras especies maderables.

Según Diego Cardona Calle, ambientalista, investigador y magíster en ciencias de bosques tropicales, de manera preliminar se puede concluir que “si [el terreno] no es apto para proyectos forestales, pues ya no es apto para eucalipto, porque el eucalipto es un cultivo forestal”.

Pero, aun si el predio fuera apto, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi, entidad adscrita al Ministerio de Ambiente, encontró 21 especies nativas de árboles maderables que se usan y comercializan a buen ritmo en Guaviare. Por eso, varios entrevistados dicen que serían preferibles antes que una especie introducida por las alteraciones que puede ocasionar en el medioambiente.

Guaviare cuenta ya con ejemplos exitosos de sistemas forestales sostenibles, establecidos a partir de especies nativas en otras zonas del departamento. En la vereda El Capricho, en el suroeste del casco urbano de San José, se producen aceite y pulpa de seje, o palma milpesos. Otra finca, por su parte, apuesta por la explotación de caucho en la vereda Aguabonita.

"Si no hay sustracción, [el cultivo] está violando áreas de Ley Segunda. Allí lo que debería existir es el ecosistema forestal original”, concluye Diego Cardona, quien además apunta a la irregularidad del uso de eucalipto: “[el predio] debería estar dedicado a la cobertura original o alguno de los cultivos que están recomendados y que serían más acordes con la agricultura familiar”.

La amenaza del eucalipto

El Guaviare goza de una altísima biodiversidad, pues allí confluyen la fauna y la flora de las regiones andina y amazónica.

Allí, un sinnúmero de especies de árboles nativos puede aprovecharse para usos varios. Si se requiere alimento, la selva ofrece frutos del milpesos, asaí, almendro, tacay o cacao de monte. La palma cumare y el balso sirven para fabricar artesanías, mientras el guamo, el dinde y el caruto producen sustancias colorantes. Con el pepeloro y el yarumo se pueden fabricar combustibles, mientras el cabo de hacha y la palma barrigona proporcionan madera para la construcción. Un listado que incluye 82 especies medicinales y 132 maderables.

En ese contexto, no se justifica la aparición de especies foráneas como el eucalipto que, según nos explicó el doctor Miguel Lovera, “se implementa a gran escala, no tiene enemigos naturales y cuenta con características de autodefensa”, lo que la hace peligrosa para la biodiversidad y los ecosistemas y, por ende, para la vegetación nativa.

Lovera, ingeniero agrónomo que se ha opuesto a la siembra masiva de este tipo de árbol en los bosques de Paraguay, se refiere a las sustancias alelopáticas cuando habla de “autodefensa”. Se trata de secreciones con las que las raíces del eucalipto eliminan la competencia de otras especies de flora, con el potencial de afectar a alguna de las 36 especies de plantas endémicas identificadas por el Instituto Sinchi en las Sabanas del Guaviare, tales como la paja de sabana y el chaparro.

“Cualquier intervención sobre un ecosistema ecológico con unas funciones muy claras, implica un deterioro” sentenció un investigador que trabaja en el departamento con una institución gubernamental.

El ecosistema de Guaviare en el que se encuentra el sembradío en mención es un herbazal, y los suelos que lo componen son ácidos y retienen poca agua y nutrientes. Esto, sin embargo, poco importa en el interior del monocultivo porque allí se instala un entorno solo apto para el eucalipto, capaz de transformar el equilibrio de ese territorio, como explica el doctor Lovera:

“Es un árbol que extrae ingentes cantidades de agua. Se habla de que las especies más utilizadas en los monocultivos consumen hasta 20 litros de agua al día. Compactan el suelo y lo secan. Muchas veces se usa el eucalipto en estrategias de desecación de humedales”.

En terrenos ya propensos a la erosión, como es el caso del corredor entre Sabanas de La Fuga y Charras, el impacto del eucalipto podría generar daños irreversibles.

A propósito, Diego Cardona planteó los riesgos de la eventual degradación del suelo: “La degradación es cuando un ecosistema va perdiendo ciertas cualidades que hacen que ya no funcione como debería funcionar. ¿Cuál puede ser una afectación? Que vaya perdiendo la capacidad de absorción de humedad, erosionando el suelo, o que este ya no sea capaz de dejar expresar el banco de semillas, que son las semillas de todas las especies de árboles, plantas, herbáceas que hay ahí guardadas por muchos años. Si no se puede manifestar ahora por la alelopatía del eucalipto, el ecosistema se está degradando”.

Esta alerta se intensifica con la presunta popularización del eucalipto entre campesinos de la región, pues una fuente que pidió la reserva de su identidad nos aseguró: "En potreros abandonados se está estableciendo ahora eucalipto. Es lo que se viene estableciendo ahora por el buen crecimiento y el buen rendimiento”.

Daños asociados

La plantación de eucalipto se inscribe dentro de las dinámicas descontroladas de uso de la tierra en Guaviare, que generaron una pérdida de 425.000 hectáreas de cobertura arbórea entre 2001 y 2023, según datos de Global Forest Watch.

Durante la última década, dicha deforestación ha impactado especialmente el resguardo nukak, ubicado a 3.6 kilómetros del cultivo de eucalipto, según determinamos gracias a la herramienta de medición de ArcGIS MapViewer.

 

La silueta blanca muestra el cultivo de eucalipto sobre la sabana, en el límite con la selva en la que se evidencian sendos parches de deforestación, incluso en territorio del resguardo nukak, señalado con el sombreado verde a 3.6 kilómetros del cultivo de eucalipto. Fuente: Elaboración propia con capa geográfica de Resguardos Indígenas en el país, tomada de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

El resguardo Nukak, delimitado en 1993, enfrenta crecientes amenazas como la invasión de la ganadería extensiva, el asedio del monocultivo de palma y la construcción de carreteras ilegales en su interior, que han impactado el modo de vida de las comunidades originarias.

“En tierras del clan meomuno [gente de la coronilla] ya casi no se encuentra la pepa guapichona. Una uva que para nosotros es sagrada; pero el campesino no sabe qué es, y tumba el árbol". Así se lamenta Joaquín Nijbe, representante legal del resguardo nukak, sobre la incidencia de los colonos en el bosque. En sus palabras, “quieren seguir hacia nuestro territorio, como a tierras sin dueño”.

El Estado: un espectador limitado

Nuestra reportería no arrojó pistas sobre que la ANT, la Gobernación de Guaviare, el ICA o la CDA hayan concretado acciones para intervenir el terreno y frenar la operación ilegal del cultivo. La situación llega al punto de que varias de estas autoridades consultadas no cuentan siquiera con información sobre los responsables de la invasión al predio.

El funcionario antes mencionado, quien trabaja en una entidad de control, señala la normatividad como raíz de este problema:

“Desde 1974 se impidió la titulación en Ley Segunda. Eso en ningún momento ha limitado que las personas sigan expandiendo y deforestando. Eso quiere decir que la estrategia de no titular no funciona para detener la deforestación. Se sabe que el Guaviare es uno de los departamentos más afectados, pero si en este momento alguien deforesta un predio de Ley Segunda, ni la CDA ni la Agencia Nacional de Tierras ni ningún organismo de control va a tener herramientas o evidencias para señalar al responsable porque no hay propiedad por ningún lado. Yo puedo ver desde un satélite, o un dron, o un avión, un hueco grande. Pero no puedo decir quién fue”.

El 8 de octubre enviamos solicitudes de acceso a la información a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Gobernación del Guaviare para indagar acerca de cuánta información tienen sobre el cultivo de eucalipto y qué acciones han tomado al respecto. Hasta la fecha no recibimos respuestas.

En la misma fecha realizamos la misma consulta a la Corporación para el Desarrollo Amazónico (CDA), entidad encargada de la gestión ambiental de áreas protegidas en el departamento de Guaviare. Su respuesta fue que, al tratarse de una plantación forestal comercial, es el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) el encargado de emitir un registro al respecto.

El ICA nos confirmó que conoce el cultivo, pero como nos detalló una fuente que conoce de cerca el trabajo de la entidad en Guaviare, esta se limita al seguimiento sanitario, pues no está en capacidad de decir a los campesinos “'Establezcan esto', o 'esto no se puede establecer', porque son plantaciones forestales comerciales, establecidas por la mano del hombre y con recursos propios de los interesados”.

Al margen de estas posturas, la presencia estatal es escasa en el departamento, como prueba el hecho de que la mencionada CDA cuente con apenas cinco funcionarios de planta allí.

Jonatan Smith Granda, funcionario del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), por su parte, reconoció que no existe una cartografía del departamento del Guaviare y que, recién este año, se está desarrollando el diseño del área urbana. Esto, a través del mandato emitido hace ocho años por el Acuerdo de Paz acerca de construir un catastro multipropósito.

La debilidad del Estado también se evidencia en el control que ejerce en la zona el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, que, como reportó El País América, incluso adelanta un censo de población para crear su propio catastro de los predios rurales del oriente de Guaviare.

Como reportó el periodista César Molinares en julio de 2024, el EMC estimula y controla en el oriente de Guaviare la siembra de coca, que junto a la ganadería es una de las principales actividades responsables de la deforestación en el departamento.

Al respecto de la acción estatal sobre estos asuntos de orden público, consultamos a principios de noviembre al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa. Hasta la fecha no obtuvimos respuesta.

Ante la falta de acciones estatales efectivas y aprovechando debilidades como la dificultad para identificarar con facilidad a los ocupantes de terrenos baldíos, las 300 hectáreas de eucalipto siguen creciendo sin los permisos requeridos ante la mirada de las autoridades.

 

*Este trabajo se realizó con el apoyo de Earth Journalism Network.

Actualizado el: Vie, 12/13/2024 - 18:28