Hace 30 años, el municipio de Carepa en Antioquia fue testigo de un hecho doloroso que continúa presente en la memoria de sus testigos. En la mañana del 14 de febrero de 1996, Humberto Moreno se dirigía a su trabajo, ubicado en la finca bananera Osaka, junto a otros 44 compañeros, entre ellos, su pareja Myriam Padilla León. Como cualquier familia, con este trabajo aspiraban a mejorar su calidad de vida, Humberto recuerda: “Nosotros teníamos ilusiones por lo menos de conseguir una casita porque era muy difícil en ese tiempo, en su mayoría el personal vivía en las fincas. Había campamentos de la empresa, pero eran de las empresas y la gente vivía allí en esos campamentos.”

Sin embargo, esa rutina tranquila y esos sueños se interrumpieron cuando guerrilleros del Frente Quinto de la extinta guerrilla de las Farc interceptaron el vehículo en el que se movilizaban y obligaron a los ocupantes a bajarse y tenderse en el piso. En medio del pánico, algunas personas intentaron huir y la guerrilla comenzó a disparar. Allí fallecieron 11 trabajadores: Hernán Conde, Tomás Toscano, Segundo Muñoz, Luis Manuel Correa, Ignacio González, Alirio Maya, Darío Zaga, Arnulfo Higuita, José Cristino Hinestroza, Bernardo García y Myriam Padilla. 

Esta masacre, que hace parte de otras registradas en el Urabá entre 1994 y 1996, se llevó a cabo en el marco de una persecución emprendida por la guerrilla de las Farc contra desmovilizados del grupo Ejército de Liberación Popular (EPL), quienes en 1991 optaron por abandonar la guerra y conformaron el movimiento político Esperanza, Paz y Libertad. Algunos militantes de este movimiento formaban parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria en Colombia (Sintrainagro), lo que generó estigmatización por parte de las Farc contra todos sus miembros.

Los sobrevivientes pasaron años en completo silencio por temor y desconfianza, Humberto comenta “No hablabamos porque en la zona había muchos grupos armados a la vez. Entonces, a uno le daba miedo hablar de lo que había sucedido”. Hasta que en el 2012 se animaron a iniciar un minuto de silencio gracias a un compañero que llegó tiempo después al territorio y se enteró de lo ocurrido. Él propuso este sencillo pero valioso momento para recordar a quienes habían perdido la vida en ese lugar. En los siguientes años ese acto se iría transformando poco a poco, primero en una oración y luego de la implementación de la ley de víctimas (ley 1448) se incluirían actividades como talleres, cartillas, documentales y eucaristías acompañadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica, la alcaldía y la gobernación.

Todas estas acciones dieron paso a la creación de “Memorias que Renacen”, un colectivo conformado por 25 sobrevivientes, quienes buscan establecer un precedente para las futuras generaciones. En palabras de Humberto, actual líder de la iniciativa, explica que “Con eso logramos visibilizar, logramos hacer memoria. Logramos que jóvenes que no vivieron eso, que no saben, conozcan. Para mí es importante que los jóvenes que hoy en día están creciendo sepan qué fue lo que ocurrió aquí y que lo sepan por los que realmente lo vivimos.”

Sin embargo, a pesar de estas actividades y homenajes, las víctimas requieren de acciones reparadoras como el acompañamiento psicológico, la entrega de recursos económicos y el reconocimiento de la responsabilidad por parte de los perpetradores, las cuales no se han efectuado en los últimos años.

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en Urabá, entre 1994 y 1996, en medio de la guerra entre las FARC y los Comandos Populares (un grupo de desmovilizados del EPL que volvieron a tomar las armas) y la entrada de los paramilitares a la región de la mano del Ejército, se perpetraron 104 masacres que dejaron cerca de 700 muertos.

 

Actualizado el: Sáb, 02/14/2026 - 10:40

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) documentó para el 2025 un total de 469 agresiones contra 305 periodistas, lo que representó una reducción del 13% respecto al 2024. Sin embargo, estos hechos violentos tuvieron efectos más profundos a la hora de ejercer el derecho a informar. 

Se identificaron al menos nueve tipos de agresiones, entre ellas, las más recurrentes fueron las amenazas, con un total de 192 registros, seguidas por 61 casos de estigmatización y 39 de acoso. A este último tipo se suma una variante conocida como acoso judicial, una estrategia utilizada para obstaculizar investigaciones, además de desgastar económica y emocionalmente a las y los periodistas, con el objetivo de silenciar a quienes incomodan con su trabajo. De esta modalidad se registraron 26 casos.

La organización señala que estas situaciones crean condiciones adversas para un ejercicio libre y seguro. Según la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2025, elaborada por la organización Reporteros Sin Fronteras, Colombia ocupó el puesto 115 de 180 países, siendo considerada uno de los lugares más peligrosos del continente para ser periodista.

Según la FLIP, los lugares más críticos respecto a la cantidad de amenazas recibidas en todo el territorio nacional fueron Norte de Santander con 28, Bogotá con 22 y Arauca con 15. Aunque en departamentos como Córdoba y Nariño, se presentaron agresiones físicas directas a reporteros, las cuales fueron perpetradas por funcionarios públicos que no estaban de acuerdo con las investigaciones relacionadas con su gestión.

Pero estos no fueron casos aislados; el periodista Óscar Gómez Agudelo fue asesinado por un sicario cuando llegaba a la emisora comunitaria Rumba del Café en Armenia, Quindío. Su trabajo abordó temas como el microtráfico, la corrupción y la gestión pública que incluía las denuncias que realizaba la ciudadanía a través de las redes sociales de la emisora y la página Infórmate Quindio. 

A esta preocupante situación se le suma el intento de homicidio al periodista Gustavo Chicangana en el que su esposa también resultó herida, en San José del Guaviare. Además, la sede de RCN Radio, RCN Televisión y el diario La República en Cali fue atacada con artefactos explosivos, dejando en claro que la seguridad para la prensa carece de garantías reales.

Situaciones alarmantes como estas han obligado a los y las periodistas a tomar medidas más contundentes para salvaguardar su seguridad y la de sus familias. Al menos catorce reporteros debieron abandonar forzosamente sus ciudades de trabajo y siete optaron por el exilio. 

Esto no solo afecta su trabajo directamente ya que dificulta el acceso a la información al no estar presentes en los territorios, perdiendo contacto con las comunidades y los temas más relevantes, sino que también posee un alto costo emocional.

Estos escenarios plantean retos enormes para proteger a la prensa desde niveles locales hasta el panorama nacional, que no solo dependen de las acciones que emprendan los propios periodistas, sino que las autoridades deben priorizar en sus agendas de trabajo estrategias reales para garantizar condiciones seguras y óptimas en todo el ejercicio informativo.

Actualizado el: Lun, 02/09/2026 - 08:49

Por: Pilar Puentes Espinosa

El español de Fernando es escaso, pero suficiente para narrar cómo se escondió debajo de una mesa durante dos horas, mientras escuchaba los disparos pasar de un lado a otro en la vereda Caño Cumare, en el departamento del Guaviare, al norte de la Amazonía colombiana. Fernando es un indígena jiw del resguardo Barranco Colorado, vecino de la vereda Caño Cumare y del resguardo Nukak. Su verdadero nombre ha sido protegido por seguridad. El 2 de diciembre de 2024, al caer la noche, vio cómo hombres armados empezaron a disparar cerca de su comunidad.

“Yo solo escuchaba ¡pum! ¡pum! ¡pum! No sabía quién era quién. No distinguimos cuál guerrilla era”, afirma. Esa noche asesinaron a cuatro personas, entre ellas un menor de edad y un funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —entidad del Estado encargada de la protección de la primera infancia—. El hecho era confuso, nadie sabía qué estaba pasando. Algunas respuestas llegaron un mes después, cuando la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana que evidenciaba el inminente riesgo en la zona por una disputa territorial y de recursos entre dos disidencias de la extinta guerrilla de las FARC.

Seis meses después de aquel suceso, mientras el presidente Gustavo Petro visitaba el Guaviare para presentar un documental sobre el Parque Nacional Natural Chiribiquete, una de las disidencias de las FARC —el Estado Mayor Central (EMC), comandado por Néstor Vera Fernández, alias Iván Mordisco— convocaba un nuevo paro armado en el departamento.

Mordisco advirtió a los campesinos e indígenas que no podían movilizarse entre las seis de la tarde y las seis de la mañana, que los motociclistas debían circular sin casco y que las lanchas cubiertas quedaban prohibidas. Además, ordenó a los habitantes de las zonas cercanas a territorios controlados por otra de las disidencias de las FARC —Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), comandada por Alexander Díaz Mendoza, más conocido como Calarcá— abandonar de inmediato el área.

Fernando ha visto morir a sus familiares en medio de los enfrentamientos entre Calarcá y Mordisco. Como él, los campesinos e indígenas de la zona se pierden entre los distintos nombres y alias de quienes toman las decisiones en su territorio. El departamento del Guaviare es el escenario de disputa entre viejos conocidos de las disidencias de las FARC —el EMC y el EMBF— que decidieron distanciarse en medio de las conversaciones de paz con el gobierno de Petro.

Las disidencias de Calarcá y Mordisco se disputan el territorio entre el río Inírida y el río Guaviare, y con ello el tráfico de cocaína y armas por las vías y trochas ilegales que han abierto en el departamento. Una de esas vías, la que va desde el pueblo de Tomachipán hacia la vereda Cumare, aún está oculta bajo el bosque, pero se ha convertido en un corredor estratégico porque conecta justamente estos dos ríos —que corren paralelos— en una línea recta que atraviesa el resguardo Nukak.

Con las vías llegan otras problemáticas como la deforestación, la colonización y el avance de la ganadería y de los cultivos ilícitos a esos territorios. Estas actividades ponen en riesgo a pueblos indígenas como los nukak y los jiw. Sus comunidades ahora se enfrentan a desplazamientos forzados, reclutamiento de menores, asesinatos y una creciente imposibilidad de regresar a sus territorios ancestrales, de los que fueron expulsados hace más de dos décadas, según afirman las fuentes consultadas por Mongabay Latam para este reportaje.

Solo el pasado 5 de agosto, 64 indígenas nukak se desplazaron a San José del Guaviare, la capital del departamento, tras el asesinato de un joven nukak mientras jugaba con su celular. Aunque se desconoce qué grupo armado lo hizo, la comunidad indígena decidió movilizarse por temor a nuevos hechos de violencia. Cada tanto, núcleos de familias nukak intentan retornar a los asentamientos que hay dentro del resguardo Nukak, su territorio, pero se ven forzados a volver a San José por las escasas garantías de seguridad.

La vía Cumare: un camino para la ilegalidad

La vía atraviesa el resguardo Nukak de norte a sur. Es un tramo en línea recta de 47.5 kilómetros que conecta al río Inírida con el río Guaviare. Ese camino también se conecta con la “Trocha Ganadera”, otra carretera de más de 190 kilómetros que une el casco urbano de San José del Guaviare con el resguardo Nukak y con más de 20 veredas que se han formado dentro y alrededor del territorio indígena, convirtiéndose en un motor de la deforestación.

El corredor conocido como Tomachipán-Cumare, que en los años 90 fue utilizado por las FARC y ahora es controlado por las disidencias, era un sendero empleado tradicionalmente por los indígenas nukak para recoger medicinas, frutos y alimentos. Sin embargo, actualmente se ha convertido en una vía estratégica para el transporte de economías ilícitas y para que los grupos armados se desplacen rápidamente por el territorio.

Todos han caminado por estas tierras como si fueran sus dueños. La colonización campesina de los años 70, la guerrilla en los 90, los paramilitares a comienzos de los 2000 y ahora las disidencias. Sin embargo, el resguardo Nukak fue adjudicado a ese pueblo indígena en 1993 por el entonces Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), tras el reconocimiento oficial de los nukak por parte del Estado en 1988. En 1997, el Incora decidió ampliar el territorio de los nukak, pasando de 632 000 a 954 480 hectáreas.

Desde mucho antes de la conformación del territorio como resguardo, el camino de Tomachipán a Cumare ya existía. Como lo señala Danny Mahecha, profesora e investigadora de la Universidad Nacional y quien ha estudiado la cultura y situación de los nukak desde 1991, la guerrilla de las FARC fue llegando paulatinamente a la zona. Y amplió y terminó de construir esa vía, que se ha convertido en la carretera más extensa dentro del resguardo.

El camino es clave para las comunidades nukak porque atraviesa el caño Maku y el caño Cumare, dos cuerpos de agua en donde hay lagunetas, salados y sitios sagrados. De hecho, existían dos asentamientos nukak muy cerca de esa vía, pero la violencia los obligó a desplazarse en varias ocasiones. Muchas de las rutas tradicionales usadas por los nukak en sus recorridos fueron aprovechadas posteriormente para abrir ilegalmente caminos dentro del resguardo.

Una mujer nukak víctima del conflicto armado y que prefiere no ser identificada, a quien llamaremos Helena, recuerda que “antes [la vía] la podíamos usar para caminar, para ir hacia la pesca. Éramos libres… pero, después ya no. Tuvimos que desplazarnos, como en 2010, por el tema del conflicto y las armas. Ahora, para volver al territorio, hay que pedir permiso [a los grupos armados]”.

El mismo año en el que se adjudicó el resguardo Nukak, se consolidó en el Guaviare el Bloque Oriental de las FARC. Este bloque llegó a expandir su máquina de guerra sobre el 55 % del país. Como lo describe un informe de la Fundación Ideas para la Paz, se financiaban a través del secuestro, el cobro de impuestos a la minería ilegal y su participación en el narcotráfico. Estaban subdivididos: el Frente 1° tenía a su cargo el departamento del Guaviare; el Frente 44, la jurisdicción de los municipios de Mapiripán y Puerto Gaitán; y el Frente 16 operaba en el río Guaviare.

Estas divisiones fueron clave para el narcotráfico, pues buscaban comunicar las zonas productoras de coca en Guaviare con ríos y caminos que funcionaban como corredores para transportarla hacia Venezuela y Brasil. Un análisis realizado por Mongabay Latam a partir de los datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) evidenció que entre 1999 y 2023 el departamento de Guaviare (y sus cuatro municipios principales: Calamar, El Retorno, Miraflores y San José del Guaviare) ha sido una zona clave para el establecimiento de cultivos ilícitos.

 

A inicios de la década de los 2000, por ejemplo, Guaviare alcanzó el pico máximo en los cultivos de coca, con 27 380 hectáreas en 2002. Aunque posteriormente se registró una drástica reducción en las áreas cultivadas, desde 2016 —tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC— los cultivos empezaron a aumentar. Entre los territorios con mayor incremento está la Reserva Nacional Natural Nukak, que se ha convertido en la zona del departamento con mayor cantidad de cultivos ilícitos de coca, y el Resguardo Indígena Nukak, al que atraviesa la vía Tomachipán-Cumare.

Las cifras son alarmantes: mientras que a nivel departamental los cultivos de coca tuvieron una disminución acumulada del 82 % entre 1999 y 2023, en la Reserva Nukak y el resguardo Nukak las plantaciones han aumentado un 25 % y 82 % respectivamente en el mismo periodo de tiempo.

La profesora Mahecha comenta que desde 1994 ya tenían mapeada la vía Tomachipán-Cumare en sus investigaciones. Se cree que las FARC la ampliaron en 1993, tras consolidar el Bloque Oriental. Los mapas de sus estudios muestran la movilización de los nukak por el territorio y evidencian que por lo menos cuatro grupos indígenas se trasladaron voluntariamente por esa vía hasta el río Guaviare entre 1998 a 2002.

 

Mongabay Latam habló con un excombatiente del Bloque Oriental que caminó por esa vía en los años 90. Relata que, cuando llegaron a la zona, era un camino angosto en medio de la selva. “Nosotros recorrimos ese camino muchas veces. Lo que hicimos fue ampliarlo y conectar Tomachipán con la parte norte del resguardo. Queríamos buscar distintas vías de acceso para las comunidades que vivían allá adentro”. Se refiere a las comunidades campesinas que habían llegado desde los años 70 y que se quedaron asentadas en medio del resguardo, así como a otras que cercaron predios dentro del territorio ya adjudicado a los habitantes indígenas. Este fue el argumento que las FARC utilizaron para abrir o promover distintas vías dentro del resguardo Nukak y en la Amazonía colombiana.

El excombatiente también narra que esa trocha fue clave para reducir distancias al momento de sacar la pasta de cocaína que se encontraba en la Reserva Nacional Natural Nukak. “Es mucho más sencillo movilizarnos en línea recta desde Tomachipán al río Guaviare que irnos por el río Inírida y subir hasta San José del Guaviare”, afirma.

Ese camino entre Tomachipán y Cumare volvió a ser colonizado por la selva con la llegada de los paramilitares a la zona, en 1997, tras las masacres de Mapiripán y Caño Jabón. “Las FARC se robaban la maquinaria de la Alcaldía y la Gobernación para mantener la vía. Cuando llegaron los paramilitares del Urabá y se instalaron en Guaviare, no sabían cómo abrir los caminos ni levantar las raíces de los árboles cortados. Por eso, la trocha se fue perdiendo con el tiempo, aunque nunca desapareció. Lo usaban las comunidades indígenas y algunos campesinos”, afirma un funcionario de una entidad del Estado que pidió reserva sobre su nombre y cargo.

Es difícil observar la vía y su avance en el tiempo con imágenes satelitales, sobre todo porque su propósito, como explicaron varias fuentes expertas y locales consultadas para esta investigación, es que permanezca oculta bajo el bosque para que siga siendo utilizada por los actores armados.

“Cuando empezó el proceso de paz con las FARC sabíamos que había tramos que se estaban cerrando, pero escuchamos que estaban buscando hombres para arreglarla cuando Mordisco se salió del Acuerdo”, cuenta un campesino que vive cerca de la vereda Cumare y del resguardo Barranco Colorado.

Autoridades, campesinos y expertos entrevistados en territorio para esta investigación confirmaron que la vía se ha reactivado y que es utilizada por los hombres de Mordisco para movilizar insumos hacia los laboratorios de cocaína, que van desde el municipio de Mapiripán, en Meta, hasta la Reserva Natural Nukak, pasando por el resguardo Nukak. También se emplea para conectar con otros caminos dentro del resguardo y transportar hoja de coca y pasta base procesada dentro del área protegida.

El análisis satelital realizado por Mongabay Latam respalda estos testimonios. En 2002, en un radio de cinco kilómetros a partir de la vía, había más de 166 hectáreas de cultivos de coca. A 15 kilómetros, la cifra aumentaba a 837 hectáreas. El pico máximo de cultivos en el área de influencia de la vía se alcanzó en 2004, con 278 hectáreas a cinco kilómetros y 1210 a 15 kilómetros. Desde entonces, hubo una disminución en las hectáreas sembradas, pero en 2019 —cuando se alcanzó el mínimo de 30 y 430 hectáreas a cinco y 15 kilómetros de la vía, respectivamente—, los cultivos empezaron a crecer una vez más.

Desde aquel momento, los cultivos de coca en las inmediaciones de la trocha evidencian un aumento sostenido. En los últimos años, entre 2021 y 2023, los cultivos han alcanzado 63 hectáreas a cinco kilómetros y 692 hectáreas a 15 kilómetros. A solo cinco kilómetros de la vía, el incremento en los cultivos ha sido de un 58 % con respecto a 2019.

El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI también ha documentado cómo los cultivos de coca para uso ilícito se han propagado porque los actores armados ilegales y carteles de narcotráfico han promovido el asentamiento en la zona de población campesina. Y, paralelamente, han prohibido el retorno y movilización del pueblo nukak dentro del resguardo.​

La guerra y los impactos ambientales

“La vía Tomachipan-Cumare forma parte de un circuito de guerra y de negocios ilícitos”, explican desde la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), una organización que se dedica a estudiar el conflicto y sus impactos sobre ecosistemas estratégicos y territorios étnicos, con énfasis en la Amazonía. Otra investigación realizada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), titulada ‘Los Corredores de la muerte’, evidencia cómo estos caminos son utilizados para el reclutamiento forzado, asesinatos selectivos, desplazamientos y el movimiento de economías ilegales.

Según el informe, no se trata de simples rutas de tránsito, sino de “estructuras territoriales de poder violento, y su persistencia demuestra que, en muchas regiones del país, el postacuerdo no implicó una desmilitarización del territorio, sino una reconfiguración armada con nuevas lógicas y actores”.

Como explica el investigador y director de Indepaz, Leonardo González, la función que cumplen las vías en esta zona del país es estratégica en la disputa entre el Estado Mayor Central (EMC) y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), especialmente por el control de los enclaves cocaleros y su articulación con las rutas del narcotráfico del suroriente del país, una zona clave para los grupos armados por su facilidad de conectarse con otras regiones y sus fronteras marítimas.

Los efectos de esta disputa armada y territorial también se reflejan en el impacto ambiental. Los cultivos de coca, la deforestación y el acaparamiento de tierras para la ganadería son las principales causas de pérdida de bosque en la zona. Un ejemplo de ello es la situación en la Reserva Natural Nukak, un área natural protegida que colinda con el resguardo con el mismo nombre: entre 1990 y 2025 se han perdido 13 835 hectáreas de bosque, según cifras de la FCDS. Y el problema continúa, como lo evidencian las más de 91 000 alertas de deforestación generadas entre el 1° de enero y el 15 de octubre de 2025, según el monitoreo satelital de la plataforma Global Forest Watch.

En el resguardo, los datos de la FCDS indican que se han deforestado 36 510 hectáreas del territorio indígena entre 1990 y el primer semestre de 2025. “Esta deforestación está asociada a la ampliación de lotes para ganadería, siembra de cultivos de uso ilícito y la extensión de infraestructura vial”, explican desde la organización. Asimismo, entre el 1° de enero y el 15 de octubre de 2025, se han registrado en el resguardo más de 98 400 alertas de deforestación.

Según el monitoreo de la FCDS, en San José del Guaviare, en donde se encuentra el resguardo nukak, se han construido 3146 kilómetros de vías; de estos, la extensión dentro del resguardo indígena Nukak es de 504, kilómetros.

El Instituto SINCHI ha registrado por lo menos 20 vías con sus ramificaciones al interior del resguardo. Entre esas la de Tomachipán, de 47.5 kilómetros, y otra de 38 kilómetros, que son las que generan más preocupación porque en sus inmediaciones se ve actividad económica y el avance de deforestación y de cultivos de coca. Datos de la FCDS estiman que, al interior del resguardo Nukak hay más de 504 kilómetros de vías ilegales, entre los que sobresale la trocha bajo el bosque que comunica Tomachipan con Cumare. Sus datos también estiman que se han perdido 824 hectáreas de bosque al margen de esa vía.

Estudios realizados por la misma organización evidencian que el 73 % de los espacios abiertos por deforestación se encuentran a menos de dos kilómetros de las vías dentro del resguardo. “Las carreteras promueven el acceso al resguardo y hacen mucho más sencillo llegar, comprar una tierra para el ganado y, al mismo tiempo, cultivar coca”, manifiesta una investigadora de la región.

Como explicaron funcionarios en Guaviare e investigadores en terreno, los que promueven la colonización en el resguardo buscan que la vía Tomachipan-Cumare funcione como una especie de “frontera”. “[Eso permitiría que] el lado oriental de la vía, que es el que está menos deforestado, permanezca así. Mientras que en la parte occidental, que ya tiene ocupación campesina y vías de acceso, la deforestación siga avanzando”, afirmó una fuente en territorio de una organización ambiental.

La investigadora Mahecha es enfática en señalar que la justificación de la vía como “frontera” es una forma de legitimar la ocupación del resguardo. “El territorio de los nukak llegaba hasta Puerto Flores. Ellos utilizaban todo este territorio para sus sitios sagrados y se llegaron a extender hasta allá. Sin embargo, la colonización los fue arrinconando y ahora tienen que pedir permiso para pasar por su propio territorio en busca de agua”, explica.

A comienzos de 2025, la disidencia de Calarcá publicó un proyecto que tituló Iniciativa ambiental y agropecuaria para el desarrollo sostenible de la Amazonía. En 24 páginas establecía unos lineamientos para “frenar la deforestación, el uso inadecuado del suelo y prácticas no sostenibles en la agricultura y la ganadería”. Sin embargo, paradójicamente, entre las iniciativas está el mejoramiento genético en ganadería y de la infraestructura vial en la Amazonía. Según el documento, buscaban la “rehabilitación de 1000 kilómetros de carreteras terciarias en áreas rurales y la creación de brigadas locales que se encarguen del mantenimiento y la reparación constante de estas vías”.

Los nukak, en medio de la guerra

Los nukak son un pueblo indígena de cazadores y recolectores que viven en el noroeste amazónico colombiano. Son nómadas y se movilizaban por lo menos 69 veces al año. Como lo documentó la profesora Mahecha, podían estar apenas cinco días en cada sitio y recorrían cerca de 6.9 kilómetros entre cada desplazamiento. Mahecha y el profesor Carlos Eduardo Franky publicaron el informe Políticas de representación y presentación entre los nukak (Amazonía colombiana), transformaciones y continuidades, en el que señalan que los nukak se organizan en varios grupos locales compuestos por vínculos de consanguinidad o alianza matrimonial.

Cada grupo funcionaba como una unidad independiente de producción y consumo. Esta autonomía les permitía desplazarse temporalmente por el bosque de manera independiente, ya fuera para resolver conflictos internos, visitar a familiares o aprovechar recursos específicos en ciertas zonas del territorio. Su movilidad no solo responde a factores ecológicos, sino también a dinámicas sociales. Sin embargo, esa movilización se ha visto interrumpida y han tenido que reorganizarse territorialmente a raíz de los múltiples desplazamientos forzados por distintos actores armados, sostienen los expertos.

Entre 2002 y 2008, por ejemplo, se registraron ocho desplazamientos forzados en ocho grupos locales debido a la presencia de grupos armados en el territorio. En 2015 ningún grupo se encontraba en su propio territorio. La FCDS ha documentado que hay, a la fecha, 24 grupos locales que se movilizan con limitaciones sobre el resguardo Nukak. “Los nukak ahora deben pedir permiso a los trabajadores de los hatos ganaderos para pasar a recolectar semillas o ir a sitios estratégicos de caza”, afirmó una fuente que ha trabajado con ellos.

Para Fernando —cuya identidad se mantiene en reserva—, los nukak y los jiw han sido utilizados como piezas dentro del conflicto armado. “Nos toca pedirles permiso a ellos [los actores armados] para cualquier cosa o se llevan a los niños a trabajar”, afirma. Un excombatiente de las FARC lo confirma: “Se llevaban a los niños nukak porque conocen el territorio, saben los caminos y son muy buenos para caminar. Un nukak puede recorrer la vía Tomachipán-Cumare en la mitad del tiempo que le toma a otra persona”.

​​Sin embargo, existe un subregistro preocupante de niñas, niños y adolescentes nukak reclutados por grupos armados. El pueblo nukak, por temor o desconfianza, no suele denunciar estos hechos, según lo explica una funcionaria de una institución del Estado, que pide no ser mencionada por el creciente conflicto en el territorio.

En enero de 2025, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos verificó el caso de 22 menores reclutados en los departamentos del Meta y Guaviare. Entre las víctimas, siete habían fallecido en enfrentamientos entre las disidencias guerrilleras en Guaviare. Se trataba de menores indígenas nukak, nasa y cubeo.

Según el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, “la violencia contra los niños y las niñas de estos pueblos, muchos en riesgo de exterminio físico y cultural, tiene efectos diferenciados y desproporcionados, ya que puede llevar a la pérdida de sus tradiciones culturales, a la ruptura de su relación con sus territorios ancestrales y al debilitamiento del tejido social y organizativo de estos pueblos”.

“A nosotros nos avisan que no podemos salir de nuestras casas, y nos dicen que los nukak que están cerca —al resguardo del pueblo jiw— tampoco se pueden mover, ni los campesinos. Nos toca estar encerrados hasta que nos den otra orden”, relata Fernando.

El alcalde de San José del Guaviare, Willy Rodríguez Rojas, aseguró a Mongabay Latam que “los grupos irregulares los desplazaron a las cabeceras, donde conocieron nuestros malos comportamientos y consumos, y ahora están expuestos al licor y las sustancias psicoactivas; algunos, además, terminaron como raspachines y hoy son víctimas de reclutamiento forzado”.

Aunque Rodríguez insiste en que esta población requiere atención especial, asegura que “el Ministerio del Interior no llega al territorio y nosotros no tenemos la competencia, el alcance ni los recursos para atenderlos”. Mongabay Latam consultó al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa sobre la situación de los nukak, pero hasta el cierre de esta edición no recibió respuesta.

Desde hace décadas, los nukak ya no pueden movilizarse libremente por su territorio, como lo hacían antes de 1980. La guerra los ha afectado de múltiples maneras: mujeres víctimas de violencia sexual, menores reclutados, indígenas en situación de adicción, hombres convertidos en trabajadores de hatos ganaderos o en raspachines. “Tanto los nukak como nosotros solo queremos vivir tranquilos, cultivar nuestros alimentos, cazar y vivir de las manualidades y tejidos que hacemos”, insiste Fernando, bajando la voz con cada palabra.

Algunas familias nukak han querido retornar, pero la situación de orden público lo impide. Kelly Castañeda, Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente de la Gobernación de Guaviare, y quien actualmente se desempeña como Gobernadora encargada, confirmó a Mongabay Latam que “desde la Gobernación, las alcaldías y otras entidades e instituciones se ha identificado que algunas familias nukak quieren retornar, pero no se les ha podido brindar estos espacios”.

En sus palabras, a las autoridades locales les queda fuera de su alcance lograr estrategias que permitan su retorno, como el desminado del corredor ancestral. Tampoco pueden definir el plan de vida de este pueblo (un instrumento para definir de forma autónoma su visión de desarrollo, identidad y cultura) porque esto le compete al Ministerio del Interior. “Así quedamos sin herramientas para atender a estas familias y sus conflictos”, señala.

En la vereda Cumare quedan muy pocas personas. Algunas han cruzado el río para irse al departamento del Meta, otras se han desplazado por la Trocha Ganadera con rumbo a la capital de Guaviare. Los nukak que vivían cerca de la vía Tomachipán–Cumare se ven obligados a desplazarse a San José del Guaviare mientras deciden qué hacer.

Mientras tanto, la disputa entre los frentes de Calarcá e Iván Mordisco continúa. Fernando no sabe quién va ganando la guerra. Solo alcanza a contar cómo ha logrado sobrevivir, antes de pedir una última cosa: “Respeto para disfrutar el territorio. Vivir de frutas silvestres y ser reparados por el Estado”.

Imagen principal: el camino es clave para las comunidades nukak porque atraviesa el caño Maku y el caño Cumare, dos cuerpos de agua en donde hay lagunetas, salados y sitios sagrados. Foto: Juan Carlos Contreras 

Actualizado el: Jue, 01/22/2026 - 07:57

Cauca concentra la mayor cantidad de asesinatos de líderes sociales, seguido por Nariño y Putumayo. Allí confluyen distintos factores: la fuerte presencia de grupos armados ilegales, las economías del narcotráfico y una geografía estratégica que convierte estos territorios en zonas codiciadas.

El Cauca, por ejemplo, cuenta con costa Pacífica para la salida de cargamentos de cocaína, montañas que esconden cultivos ilícitos y laboratorios, y ríos y selvas que sirven como corredores de movilidad. Su ubicación lo conecta con Nariño —paso hacia Ecuador— y con el Valle del Cauca, donde Buenaventura se consolida como punto clave del comercio ilegal internacional.

El fiscal Albeiro Napoleón, delegado de Derechos Humanos en el Cauca afirma que esta región funciona como “un tablero de múltiples capas de conflicto”, donde cada actor armado busca no solo un corredor, sino la capacidad de controlar a la población.

“La violencia contra líderes sociales en Cauca no responde únicamente a disputas por narcotráfico. Tiene que ver con el control social, con la imposición de normas propias, con economías ilegales paralelas y con estructuras criminales que se adaptan rápido. Cuando un líder organiza, denuncia o impide el avance de estas estructuras, se convierte en un blanco directo”, explica.

Para el análisis de esta investigación se utilizó la base de datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en la que se rastrearon uno a uno los casos registrados. Cada punto del mapa contiene el nombre de la persona asesinada, el hecho que le costó la vida y un enlace para ampliar la noticia.

Las lideresas aparecen con un marcador especial en color rosado, evidenciando no solo la magnitud de la violencia en el Cauca, sino también una realidad diferenciada: las mujeres líderes y defensoras están expuestas a un doble riesgo, el de ser asesinadas y el de sufrir violencia sexual por su rol de liderazgo y su género.

“A las lideresas las atacan no solo por lo que representan frente al territorio, sino por lo que representan frente al poder patriarcal. Muchas reciben amenazas sexualizadas, acoso y violencia contra sus familias. Es una violencia con mensaje” - Fiscal Albeiro Napoleón. 

Una violencia que no se detiene

A pesar del discurso oficial de paz, la violencia contra quienes defienden los derechos humanos no cede. Según Indepaz, entre enero y octubre de 2025 han sido asesinados 155 líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, un 9 % más que en el mismo periodo del año anterior. Las regiones más afectadas son las mismas donde históricamente el Estado ha tenido menor presencia: Cauca (37 casos), Antioquia (25) y Valle del Cauca (13). En promedio, cada dos días un líder social es asesinado.

El gobierno insiste en su compromiso con la paz, pero los datos cuentan otra historia. El promedio mensual de homicidios aumentó de 14 en 2024 a 15 en 2025, lo que evidencia que las medidas de protección siguen siendo insuficientes.

El fiscal Napoleón explica por qué esas medidas fracasan:“Los esquemas están pensados para ciudades y para amenazas individuales. En Cauca, la amenaza es colectiva, comunitaria. No sirve poner escoltas en zonas donde los grupos armados controlan carreteras, veredas y horarios. La protección no se puede hacer sin una estrategia territorial integrada, y eso hoy no existe”.

La mayoría de las víctimas eran hombres (131), pero 26 eran mujeres —muchas lideresas comunales y ambientales asesinadas dentro de sus viviendas o frente a sus familias—. Su muerte evidencia que el liderazgo femenino comunitario se ha convertido en un blanco sistemático, especialmente en Cauca y Antioquia, donde las mujeres organizadas desafían las estructuras patriarcales y económicas del poder armado.

Los pueblos indígenas, entre la resistencia y la amenaza

Los pueblos indígenas son, una vez más, de los más golpeados por la violencia. En lo que va de 2025, al menos 26 líderes indígenas han sido asesinados, muchos de ellos pertenecientes a comunidades nasa, awa e inga.

En departamentos como Cauca, Nariño y Putumayo, la combinación de disidencias de las FARC, ELN y grupos narcotraficantes mantiene a las comunidades atrapadas entre amenazas cruzadas.

“Los territorios están copados por intereses armados que se lucran del narcotráfico y la minería ilegal. Mientras eso siga así, la vida de los líderes seguirá en riesgo”, afirma Chindoy. “En zonas indígenas, los grupos armados buscan imponer autoridad por encima de la jurisdicción propia. Cuando un líder indígena defiende el territorio, rechaza el reclutamiento o impide que se instalen laboratorios, está tocando intereses directos de las estructuras criminales. Y esas estructuras responden con homicidios selectivos”, afirma Albeiro Napoleòn. 

“No basta con tener soldados en la zona, dice Chindoy, si no hay educación, cultura y respeto por la autonomía de los pueblos. El país necesita aprender a convivir en la diversidad y no en la imposición.”

Una violencia estructural

La violencia contra líderes sociales no es un fenómeno aislado: es estructural y político. Las cifras y los testimonios muestran que ejercer liderazgo comunitario en Colombia equivale, muchas veces, a cargar una condena anticipada.

La desprotección estatal, la lenta respuesta judicial y la falta de estrategias de prevención hacen que los asesinatos se repitan año tras año.

El fiscal Napoleón reconoce que la justicia enfrenta obstáculos enormes:“En muchas zonas del Cauca no podemos entrar sin acompañamiento militar. Hay lugares donde un investigador no puede permanecer más de dos horas. Sin presencia judicial estable, la impunidad se convierte en norma. Y la impunidad alimenta la repetición.”

Una paz que no llega

Entre 2020 y 2025, Colombia experimentó una preocupante tendencia sostenida de violencia contra líderes sociales. Aunque la cifra más alta fue en 2020 con 245 víctimas, los años siguientes se mantuvieron estables entre 142 y 158 asesinatos.

Esta tendencia refleja un fracaso estatal en garantizar protección efectiva.

“Mientras no exista una política unificada entre fuerza pública, Fiscalía, alcaldías, UNP y comunidades, vamos a seguir llegando tarde. Y cuando el Estado llega tarde, llegan primero los grupos armados”, advierte el fiscal Napoleón.

Más allá de un problema de seguridad pública, esto revela una crisis profunda de gobernanza territorial. “El país tiene una riqueza inmensa, pero nos hicieron creer que somos pobres, y en ese vacío moral se metieron la violencia, el narcotráfico y la corrupción”, reflexiona Chindoy.

La verdadera seguridad —coinciden ambos— no se logra solo con armas, sino con educación, cultura, justicia y territorio protegido. Mientras no se transformen las causas que sostienen la desigualdad, la exclusión y la impunidad, los líderes seguirán cayendo. Y con ellos, la esperanza de un país que aún no logra vivir en paz.

Actualizado el: Mié, 12/31/2025 - 07:33

Por Ana Maria Saavedra

Imágenes creadas con Chat GPT

“Las mujeres de Buenaventura, unidas desde sus territorios y luchas cotidianas, han decidido alzar su voz de manera colectiva para exigir la firma de un acuerdo que elimine la violencia en su contra y garantice su derecho a vivir en paz, con dignidad y sin miedo”.

 

Fragmento del Acuerdo de Mujeres por la Vida y la Dignidad.

Marina* es una de esas mujeres. Está cansada de que mientras las autoridades celebran las treguas de las bandas criminales ‘Los Shottas’ y ‘Los Espartanos’, las violencias basadas en género se escondan bajo el tapete. Son ellas, mujeres como Marina, quienes las sufren en vivo y en directo en los barrios. 

“Ya sea porque te violen o porque te maten un hijo. Es a nosotras a quienes nos cobran la vacuna para no desaparecernos a nuestros hijos o para no reclutarlos, es a nuestras hijas a quienes acosan”, dice con una voz que tiene la cadencia de las olas que chocan contra las escaleras del malecón cuando sube la marea. De hecho Marina no es su nombre real, pues todas las mujeres que hablaron para este reportaje pidieron omitir sus identidades por seguridad. Tienen miedo.

En Buenaventura, una ciudad en la que la violencia se ha enquistado por décadas debido a las disputas de los grupos armados por el control de las economías ilegales –extorsiones, narcotráfico y narcomenudeo, entre otras-, los homicidios han disminuido en los últimos tres años tras el ‘Pacto por la Vida’, producto de las treguas pactadas por ambas bandas ilegales. 

Los acuerdos entre estas dos bandas iniciaron desde 2022, con la mediación de la Iglesia y de las autoridades locales. El propio presidente Petro, en diciembre de 2022, anunció que Buenaventura llevaba 85 días sin homicidios gracias a estos acuerdos. A lo largo de estos tres años y dos meses, la tregua ha tenido varias rupturas. Una de las más graves ocurrió en febrero de 2025: más de 50 asesinatos en pocas semanas y desplazamientos internos. En septiembre, con la mediación del obispo Ruben Dario Jaramillo, se anunció una nueva tregua. Y en octubre pasado, ‘Los Chiquillos’, otra de los grupos que delinquen en la ciudad, se sumó a la mesa.

Las treguas han reducido los disparos, pero no cambiaron las dinámicas de violencia que se ejercen barrios adentro. Los homicidios han descendido pero las violencias basadas en género han aumentado. Los feminicidios, por ejemplo, aumentaron de cero casos en 2022, un caso en 2023 a 3 en 2024,  de acuerdo con el Observatorio de Género de la Gobernación del Valle; hasta agosto de 2025, según la misma entidad, se han reportado 2.  El control sobre los cuerpos y vidas de las mujeres no ha entrado en las treguas.

Por eso, Marina, junto con otras lideresas de organizaciones sociales y el Proceso de Comunidades Negras, PCN, iniciaron unas reuniones con el apoyo de los delegados del gobierno en la mesa para redactar el Acuerdo de Mujeres por la Vida y la Dignidad, en el que reclamaron lo que hasta ahora no se había mencionado en los acuerdos de la mesa:  el fin de todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, la eliminación de las fronteras invisibles, la prohibición de la explotación sexual y un programa real de protección para las mujeres de Buenaventura.

Según el Observatorio Vigiafro, en Buenaventura, donde confluyen racismo estructural, patriarcado y la presencia permanente de actores armados, estos crímenes no son hechos aislados, sino parte de una violencia sistemática: la vida de las mujeres afro se devalúa, sus cuerpos son tratados como territorios disponibles para el dominio y la agresión, y la violencia sexual y letal se usa como forma de control en medio del conflicto urbano. 

Fabio Cardozo, quien lidera la mesa sociojurídica,  reconoce que esta violencia forma parte de los repertorios de la violencia y la gobernanza criminal de los grupos armados, además de estar anclada en una sociedad maltratadora y machista.

El miedo es silencio

La mujer camina por el malecón del parque Néstor Burbano mientras unos niños chapotean en el mar. Son las cinco de la tarde y la marea está alta. Tiene unos aretes dorados con el mapa de África. Ella, nacida en Chocó pero que ha pasado “toda su vida” en Buenaventura, es otra de las lideresas sociales que trabajó en la construcción del documento Acuerdo de Mujeres por la Vida y la Dignidad.

La llamaremos Rosa. “Si hablamos nos llaman las sapas y eso nos pone una lápida o nos amenazan”, dice. El miedo es silencio.

Y esa ley del silencio es la que impera en Buenaventura. Los grupos controlan hasta las voces de las mujeres. Ellas, quienes vencieron el miedo y contaron sus historias, son habitantes de barrios de las comunas 6, 10, 11 y 12, las zonas más impactadas por el conflicto. Una de ellas vive en una zona rural, donde estas bandas criminales, junto al ELN y a las disidencias de las Farc imponen el mismo silencio, el mismo control.

Las historias de horror que relataron se repiten en varios de los barrios de Buenaventura: violaciones, acoso sexual, explotación sexual, golpes… Los grupos armados, conformados en su mayoría por hombres jóvenes, ejercen el control en sus territorios que va desde el cobro de extorsiones hasta el control de la vida cotidiana, las fronteras invisibles y la decisión de con quienes pueden salir y a quienes pueden amar las mujeres de su territorio.  

Flor intentó romper ese silencio. Ella vive en uno de los barrios de la Comuna 12 y tiene dos hijas. Una de ellas regresaba del trabajo cuando un vecino, parado en una de las esquinas, la estaba esperando, acechándola. “La intentó agarrar por la fuerza, la toqueteó y le decía que estaba muy buena. Ella alcanzó a correr y llegó llorando a la casa”.

Esa noche, Flor caminó a la casa del agresor con la rabia y la valentía que da el amor de madre. Lo encaró y le gritó que eso que le había hecho a su hija era un intento de violación. Al día siguiente tomó un taxi hasta el centro para denunciar el caso en la Fiscalía. “Casi ni nos escucharon y nos dijeron que si ella era mayor de edad no pasaba nada. Al final decidimos no denunciar”.

El agresor acudió al jefe de la banda criminal de su barrio para quejarse porque lo habían denunciado. Este le mandó razón a Flor para que se quedara callada. “Como ellos hacen lo mismo con las muchachas y niñas de acá, pues la impunidad les permite seguir cometiendo sus fechorías. No les conviene que hablemos. Nos quieren calladas”.  

También callaron cuando ese hombre que intentó agredir a su hija violó a su hijastra, quien quedó embarazada. Y callaron cuando dos hombres violaron a una niña de 13 años. Flor recuerda que hace seis meses la adolescente regresaba una noche a su casa y se encontró con los jóvenes. Estaba oscuro, la golpearon y la metieron en una casa abandonada. “Me duele lo que le pasó a la muchacha, quisiera tener el poder y ayudarla, pero no puedo”.

Flor también calló porque el poder lo tienen los armados. Esos que, aunque vio crecer en su barrio, han sido reclutados por ‘Los Shottas’, ‘Los Espartanos’ y ‘Los Chiquillos’, tres de las bandas que delinquen en Buenaventura.  

La dificultad para denunciar las violencias basadas en género en la ciudad está muy relacionada con la impunidad estructural, el miedo a las represalias letales de los grupos armados y la cooptación de las instituciones, que permite el accionar de las bandas. Diversos informes han denunciado esta permisividad e ineficiencia al combatir a los actores armados, como el realizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica en su informe Buenaventura un puerto sin comunidad.

En dicho informe se explica que “la ubicación geoestratégica de Buenaventura como puerto internacional junto con la existencia de este tipo de Estado que no provee ni regula lo público, ha posibilitado el progreso de una creciente economía ilegal en el territorio. Los GAI (grupos armados ilegales) proveen de manera privada bienes públicos a agentes económicos, sociales e institucionales con los que establecen acuerdos y a la vez se nutren de las oportunidades financieras que ofrece una boyante economía criminal. La economía política de la guerra produce incentivos fuertes para que los GAI se interesen por desarrollar mecanismos que perpetúan la desinstitucionalización, lo cual conduce a que sus intencionalidades tengan que ver tanto con el control territorial como con el control poblacional, más que con un propósito antisubversivo o contraestatal”.

Una guerra de décadas: nacidas en el miedo

La génesis de Los Shottas y Los Espartanos inicia tras la desmovilización del Bloque Calima de las Autodefensas. Un informe del Sistema de Análisis de Grupos Armados, SAGA, muestra como los orígenes criminales de estas estructuras se relacionan con el conflicto armado que “históricamente ha afectado a Buenaventura, un puerto clave por su posición estratégica –con acceso al Océano Pacífico y cercanía con la capital departamental– para el control de economías ilícitas como el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas, las extorsiones y el contrabando. Esto ha generado que con el tiempo se creen, muten y perduren entramados criminales que generan grandes afectaciones a la comunidad”.

Según un reporte de la Defensoría del Pueblo de diciembre de 2023, ‘Los Shottas’,  ‘Los Espartanos’ y ‘Los Chiquillos’ tienen presencia en 112 de los 136 barrios de Buenaventura, donde “perpetúan un régimen de violencia cotidiana y reclutamiento de menores. Estos grupos rivales se estiman en aproximadamente 1,200 a 1,760 hombres armados”.

La violencia en Buenaventura también se extiende a la zona rural, donde estructuras como la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC-EP (específicamente la Columna Móvil Jaime Martínez, del Estado Mayor Central) disputan el control de corredores y economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal. Existen reportes de alianzas volátiles, como la asociación entre el Frente Jaime Martínez y Los Espartanos, o entre Los Shottas y el ELN.

Los actores de estos grupos heredaron los repertorios de violencia ejercidos contra las mujeres y niñas en Buenaventura, los cuales son sistemáticos y de extrema degradación, según el informe ‘Buenaventura, un puerto sin comunidad’. “Estos actos no solo buscan el control territorial, sino también la destrucción física, moral y psicológica de la población afrodescendiente, atacando intencionalmente a la mujer como núcleo de la estructura social y cultural”, indica el Centro de Memoria Histórica.

Como explica Rosa, “cuando nos atacan están golpeando el corazón de la familia y de la comunidad. Las mujeres negras somos las que impartimos y transferimos el conocimiento. Somos el equilibrio. Nuestra comunidad funciona con el matriarcado pero cruzado por el patriarcado”.

Los nombres que no deben olvidarse

Entre el 2022 –año en el que empezaron los acercamientos con los grupos armados y se inició una de las treguas- y octubre de 2025, 24 mujeres han sido asesinadas en el puerto vallecaucano. Mientras en 2024 las autoridades sacaban pecho por la disminución de los homicidios, los feminicidios aumentaron. 

En Colombia, desde 2018, la Ley Rosa Elvira Cely tipifica el feminicidio como el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, por su identidad de género u orientación sexual. La norma establece que el crimen se configura, entre otras circunstancias, cuando el agresor ha tenido una relación íntima, familiar, laboral o de convivencia con la víctima y en esa relación se ha ejercido un ciclo de violencias —física, psicológica, sexual o económica—; o cuando el perpetrador ejerce control sobre la vida, el cuerpo o la sexualidad de la mujer, la instrumentaliza o condiciona sus decisiones. 

Uno de esos casos fue el de Brenda Yasuri Ordóñez, quien estaba embarazada de tres meses. El cuerpo de la joven fue encontrado por el Gaula de la Armada enterrado en el patio de una casa, a una cuadra y media de la vía Alterna. La joven fue asesinada a golpes.

Los familiares relataron a medios de comunicación que el día de su desaparición ella había ido a visitar a su pareja en el barrio Los Angeles. Según ellos, este hombre, miembro de la banda Los Espartanos, fue el autor del crimen. 

Una fuente cercana a la mesa sociojurídica relató que cuando abordaron a los miembros de “Los Espartanos” para preguntarles por este crimen, su respuesta fue que "ella se había metido con otro hombre del otro grupo. Así lo justificaron porque históricamente a través de los cuerpos de las mujeres marcan su poder. Ellos son sus dueños". 

En julio pasado, alias Pepito, pareja de Brenda fue detenido. Los medios de comunicacion explicaron que su detencion no se presentó por el asesinato de su pareja. La Fiscalía lo detuvo por el secuestro de un comerciante. 

Así que el caso de Brenda, como muchos otros crímenes contra las mujeres en Buenaventura, sigue impune.

El control sobre los cuerpos 

La violencia contra las mujeres no solo se refleja en los casos de feminicidio, su forma más letal. Las denuncias por violencias sexuales (incluyendo los reportes de acceso carnal, abuso sexual y trata de personas), reportados en el sistema de vigilancia de Salud, han aumentado desde 2022, como se observa en el gráfico a continuación. En 2023, año en el que las negociaciones entre los dos grupos armados y el gobierno llevaron a varias treguas, los delitos sexuales y la violencia física contra las mujeres tuvieron su pico más alto.  

La mayor cantidad de víctimas de las violencias sexuales, de acuerdo con el SIVEGE, son mujeres afrocolombianas. De los casos reportados este 2025, el 67% de las mujeres agredidas eran afrodescendientes.  

El Observatorio VigiaAfro se dedica a documentar en territorio las violencias contra las mujeres afrodescendientes. En su informe de enero a junio de 2025, documentaron 14 casos en Buenaventura. “El uso de la violencia sexual contra las mujeres afrocolombianas constituye una estrategia sistemática de los grupos armados para ejercer el poder sobre las mujeres y su territorio”, indicaron. 

Sulma, otra de las lideresas entrevistadas que vive en uno de los barrios de la Comuna 10, explica que aunque las cifras son altas no reflejan la realidad de los barrios donde los grupos tienen el control. Varias de las mujeres entrevistadas para este reportaje coinciden en que la ruta de atención a víctimas de violencia de género no funciona: las pocas denuncias tienen una gran impunidad y no hay protección para quienes rompen el silencio.

“Aquí los jefes mandan razón: que la quieren ver, que necesitan hablar con ella. Si no va, la familia corre riesgo. Eso no cambió con la tregua, solo que ahora se hace callado”, dice Sulma. 

En los barrios más golpeados por la violencia, el control sobre las mujeres se mantiene como una forma de poder.

Marina, quien trabaja con adolescentes, resume lo que muchas repiten: “Si a un tipo le gusta una niña, así tenga doce o trece años, va donde el papá y le dice: ‘yo le ayudo con la comida, pero me quedo con su hija’. Si se niegan, los amenazan”. Las familias, sin respaldo institucional, optan por sacar a las niñas del barrio. En la mayoría de los casos, huyen de madrugada y dejan todo atrás.

Jazmín, otra de las lideresas, cuenta que en su barrio mandan Los Espartanos. Uno de ellos  tiene una relación con una joven. Tiene dos hijos y está embarazada. “Ella sigue con él, pese a todo el maltrato que le da. Le pega delante de todo el mundo, la insulta, la trata de perra, hace unos días casi la mata. Nadie puede decir nada porque se mete en un problema, ni los papás de ella porque los matan. Él no es el jefe pero sí anda armado”.

Seducidas y engañadas por el falso brillo 

La mujer desciende de una camioneta Toyota. Camina contoneando las curvas que el bisturí le dio. Pide una gaseosa en una de las tiendas de Loboguerrero, en la carretera de Buenaventura a Cali. Vuelve a subirse de pasajera. Rosa la observa de lejos, ella también está en la misma tienda, pero recorre el mismo camino en un carro de servicio público. La reconoce, es la proxeneta que le consigue jóvenes a los jefes de la banda Los Espartanos, aunque muchas de ellas no llegan a los 18 años.

Son del mismo barrio, aunque Lola, como llamaremos a la tratante con fines de explotación sexual, ahora tiene un apartamento en el centro, pagado por ellos y se pasea en camionetas lujosas. Así les muestra a esas niñas, que la observan con envidia, la vida que ellos, los de las armas, les pueden dar. “Ellos dicen: tráigame a la mejor del barrio. Y ella ya sabe cuáles son, porque las tiene fichadas, las deslumbra con dinero, celulares, cadenas de oro y paseos”.

Rosa recuerda que hace unos meses estaba en un pueblo de la región del Naya en el Valle del Cauca, una zona controlada y disputada por los grupos armados, cuando vio llegar un grupo de mujeres muy jóvenes a la fiesta de uno de “los duros” de la zona. Al día siguiente, abordó la lancha de regreso a Buenaventura, se encontró con una de ellas. “Era casi una niña, no tenía más de catorce años. Pregunté qué pueblo era ese y al pagar el pasaje abrió un canguro con un fajo de billetes, como dos o tres millones. Me contó que estaba escapada, le había dicho a su mamá que iba a una salida del colegio, pero había terminado en esa rumba. Le dije que como llegaba a un sitio que no conocía, que la podían matar”.

Unidas rompiendo el silencio

Laura Fuqueme, delegada del Gobierno en la mesa sociojurídica, ha mantenido un diálogo constante con las mujeres de los barrios. Ella ha insistido en la necesidad de hablar en la mesa de las violencias contra las mujeres. Es así como desde principios de este 2025 los representantes del gobierno en la mesa empezaron a reunirse con las lideresas.  

En las reuniones para construir el Acuerdo de Mujeres escuchó sus relatos de abuso, explotación y control armado. Casos como los de mamás que explotaban sexualmente a sus hijas, de adolescentes que desaparecen de sus casas por días y de jóvenes a las que obligaban a abandonar sus barrios por enamorarse de miembros de la banda rival. También escuchó a los jefes de las bandas delincuenciales justificar la violencia contra las mujeres, negar que la cometían.

Hasta ahora, el acuerdo ha sido firmado por el jefe de ”Los Chiquillos", agrupación que ingresó a la mesa socio jurídica el 30 de octubre pasado. Está pendiente que los delegados de “Los Shottas” y “Los Espartanos” lo firmen. Luego iniciaron un proceso pedagógico para que tanto los jefes como los “soldados” de estas tres agrupaciones entiendan qué son y qué daño hacen las violencias basadas en género. 

Para Fabio Cardozo, la experiencia que se está construyendo en Buenaventura —incluido el nuevo acuerdo con las mujeres— forma parte de un modelo inédito de paz urbana: un proceso que, según dice, debe quedar estructurado para que sirva como referencia en otros territorios.

Aunque a lo largo de estos tres años las conversaciones han tenido momentos duros. Y uno de ellos se dio con la llegada del propio Fabio como jefe del equipo del gobierno. En 2022 y 2023 los delegados del Gobierno estaban liderados por los congresistas Alexander López y Alejandro Ocampo, pero en diciembre de 2023, cuando Oty Patiño asumió como alto comisionado para la paz, renovó la delegación, lo que generó tensiones.

Cardozo ha criticado que las treguas sean el eje de  la negociación, pues en ocasiones han terminando siendo una “mampara para la consolidación de la gobernanza criminal”. 

Tanto para Fabio como Laura los acuerdos como el de reclutamiento de menores y el fin de las violencias contra las mujeres, por parte de los grupos, son el eje de las conversaciones. Para Laura Fúquene, este acuerdo con las mujeres marca un precedente: “es la primera vez que un proceso de paz urbana incorpora de manera real su participación, y lo que están construyendo —desde los módulos pedagógicos hasta el propio acuerdo— debe quedar institucionalizado como parte del plan de acción y servir de referente para otros territorios”.

Ellos esperan que este sea un primer paso para romper los ciclos de violencia de género que se han enquistado en Buenaventura.

Mientras tanto Marina, Rosa, Flor, Sulma…. seguirán vigilantes para que el lema “Ni una más, ni una menos” sea un hecho en Buenaventura.   

 

 Esta investigación periodística fue realizada gracias al apoyo de la Beca Relatos de Región: periodismo local que explica a Colombia del CEPER de la Universidad de los Andes. El acompañamiento editorial estuvo a cargo de Nathalia Guerrero.

 

Actualizado el: Jue, 11/27/2025 - 09:12

Por: María Paula Sierra

 

—¿Usted sabe armar una mina?, es que quiero aprender a construir una de esas, para que los que mataron a mi papá mueran igual que él.

La pregunta dejó pasmado a Angelmiro Dagua, capitán del resguardo indígena nasa Aguaditas, quien trabajó durante los últimos tres años como enlace social y facilitador del equipo de desminado humanitario de la Campaña Colombiana contra Minas (CCCM) en Puerto Guzmán, Putumayo. El interrogante provino de un joven de no más de 13 años que participaba en un taller en el que Dagua y su equipo buscaban dar herramientas a los niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas para prevenir accidentes con cualquier tipo de artefacto explosivo improvisado (AEI).

El joven era el hijo menor de un campesino de 34 años que falleció en enero de 2024 en la vereda La Torre, ubicada a tres horas del casco urbano, tras activar una mina antipersonal (MAP) cuando regresaba a su finca junto a su esposa y sus tres hijos, luego de celebrar por fuera del municipio las fiestas de Fin de año.

—No. Esta clase es para que ustedes puedan protegerse de las minas, no para hacerlas –le contestó Dagua.

Durante 2024, en La Torre se registraron tres incidentes con minas antipersonal, según la base de datos del Grupo de Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA) de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP).

En todo Puerto Guzmán solo 47 personas se han declarado víctimas de MAP, AEI y municiones sin explosionar (MUSE). Sin embargo, Aracely Hurtado, exconcejala y enlace local de la Fiscalía General de la Nación, asegura que puede haber subregistros debido a que, una vez ocurre el hecho, las personas prefieren abandonar el municipio y declarar en otros lugares o prefieren abstenerse de hacerlo, por temor a represalias de los grupos armados.      

Una particularidad de este municipio amazónico, ubicado sobre la margen derecha del río Caquetá, es la coexistencia de comunidades originarias. De 38.586 habitantes que tiene, cerca de 4.000 son indígenas. Según la exgobernadora Cristina Jamioy, alrededor de 178 viven en el resguardo inga Alpamanga, ubicado más o menos a una hora de la cabecera. Por su parte, Angelmiro Dagua anota que 335 personas viven en el resguardo nasa de Aguaditas, a solo 950 metros del pueblo. También hay una notoria presencia de comunidades afro, entre ellas la que conforma el consejo comunitario Palenque Amazónico, con 60 familias cuyas tierras abarcan más de 70 hectáreas en la vereda La Ilusión.

Para todas esas comunidades, las minas antipersonal siguen siendo uno de los principales vestigios de la violencia, con un factor adicional: el factor étnico que incide en la forma cómo estas personas viven la afectación causada por estos artefactos y en la relación con el territorio.

  La casa sucia

Deyanira y Cristina Jamioy son hermanas y ex gobernadoras del resguardo inga de Alpamanga; ambas recuerdan que fue en 2010 cuando los actores armados instalaron las primeras minas antipersonal en los campos y sitios sagrados de su territorio.

“Todos esos años nosotros vivimos como en confinamiento porque no podíamos salir a andar al territorio. Solamente por los caminos y la carretera y nadie venía más al monte ni nada. Había temor de que cualquier niño, cualquier anciano o joven fuera a pisar una mina y resultara lesionado”, explicó Cristina.

Espacios comunitarios como el cementerio, el lote de la casa cabildo, zonas destinadas a rituales sagrados, terrenos de conservación e incluso el patio trasero de la casa de Deyanira, fueron tomados por la silenciosa “plaga” de los artefactos explosivos improvisados. “No es solo tener cuidado, es la incertidumbre de vivir con el temor a morir”, enfatizó Ana María Santofimio, experta en tierras, socióloga y magíster en Derechos Humanos.

Fue ahí cuando algo cambió, según las Jamioy. La tierra se sentía distinta, los ancianos no pudieron volver a las chagras, que son las huertas o espacios destinados para la siembra por las comunidades, para compartir las enseñanzas ancestrales con los más jóvenes; incluso prácticas milenarias como la caza se restringieron.

“Donde más nos impactó fue en el tema cultural”, precisó Deyanira al advertir que, a diferencia del aprendizaje occidental, la transmisión de conocimiento en las comunidades indígenas se desarrolla en la práctica, a través de recorridos por el territorio.

La docente Luz Deny Buesaquillo, del mismo resguardo, explicó que allí las minas antipersonal cohibieron su ejercicio etnoeducativo y la transmisión de usos y costumbres propias. “El no salir a nuestro territorio trunca el aprendizaje propio. Ha afectado el diálogo con nuestros mayores en estos espacios. Ellos son los que nos transmiten los saberes ancestrales”, reiteró. 
En el resguardo Aguaditas —al que pertenece Angelmiro Dagua— la situación fue similar a la de Alpamanga, aunque con matices determinados por la cosmovisión nasa. 

Alguien podría decir que se trata de impresiones, supersticiones o creencias que colindan con lo mágico, pero para los nasa hay algunas señales que les indican el peligro de que un territorio está minado: desde una vibración en el pecho, una punzada en la pantorrilla o un calambre en la parte izquierda del cuerpo, hasta el canto del pájaro brujo, cuyo trinar es considerado una señal de alerta.

“Antes de eso (el desminado) nosotros ya hemos sentido que nuestros espíritus nos han hecho la advertencia de que no podíamos arrimar a esos sitios”, manifestó Francisco Dagua, sabedor y líder espiritual del resguardo de Aguaditas.

En la cultura nasa hay otras entidades, saberes y experiencias espirituales que sufren los efectos con la sola instalación de las minas, aún sin que exploten. Según Dagua, la tierra se divide en tres capas que incluyen la superficie, el suelo y el subsuelo, cada una habitada por los Ksxa'w (en español chaux), duendes y espíritus chamanes que protegen el territorio y sirven de guías espirituales. Cuando un artefacto se activa o “explota”, “automáticamente afecta los espíritus que están en el subterráneo y la superficie porque sale la onda”, explicó Dagua.

El líder espiritual nasa añadió que, en el momento de la explosión, los espíritus son violentados y expulsados, lo que genera una desarmonía que debe ser subsanada por los sabedores. Aclaró que hay casos en que la afectación ha sido tan grande que la conexión espiritual se pierde por completo, lo que conduce a la pérdida y abandono de un espacio ritual y sagrado.

Ana María Santofimio, experta en temas de tierras, explicó que en estos casos hay una pérdida cultural y de identidad de los pueblos, ya que el territorio es una parte de los mitos o tradiciones orales, una parte “viva” de su cultura: “Con estos artefactos se pierde una experiencia vital, ‘como un lugar que fue, pero ya no es’. Entonces tú ya no lo vives, no puedes acceder a él. Y esa ruptura intergeneracional sí que es una pérdida”, recalcó.

Aunque en de la base de datos de AICMA la mayoría de las operaciones de desminado humanitario en el resguardo de Aguaditas se reportan “finalizadas” y el área esté parcialmente libre de sospecha de contaminación por minas, Dagua menciona que muchos de estos espacios aún no han podido ser purificados espiritualmente y por eso los sabedores suelen quitarles la condición de sitios sagrados al considerar que es difícil reactivar la armonía.

La sensación de zozobra, de frustración por la imposición de límites al andar, el dolor e incertidumbre, son los “síntomas” que configuran una desarmonía que aún es difícil de sanar, de limpiar, pues no hay garantías de que todo el territorio esté libre de minas.

"Uno siente como si la casa estuviera sucia. Porque para nosotros el territorio es nuestro hogar, nuestro sitio de vida”, manifestaron las hermanas Jamioy.

Un peligro que no tiene fecha de caducidad

En Puerto Guzmán la erradicación definitiva de las minas antipersonal todavía es una meta lejana. Datos de la OACP y AICMA con corte al 30 de junio de 2025, indican que en el primer semestre del año, 32.057 metros cuadrados del área de este municipio fueron declarados “terreno cancelado” o libre de sospecha de minas, mediante estudios no técnicos (es decir, a partir de la recolección y análisis de información), mientras que el total para Putumayo fue de 978.213 metros cuadrados.

No obstante, la reconfiguración del conflicto en el municipio, estratégico por su ubicación limítrofe entre los departamentos del Cauca y Caquetá, ha llevado a un aumento en la disputa por el control de las rutas del narcotráfico entre los Comandos de Frontera de la Segunda Marquetalia, las disidencias al mando de Iván Mordisco y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), al mando de alias Calarcá Córdoba.

Solo en 2024, Puerto Guzmán fue el municipio del Putumayo con la mayor cantidad de incidentes de minas antipersonal con un total 58 casos, el mismo número de incidentes ocurridos entre los años 2015 y 2023. Estos incidentes no dejaron víctimas, pero sí son un indicativo del aumento de la presencia de actores armados.

Yury Quintero, integrante de la Red Departamental de Derechos Humanos, comentó que las minas antipersonal en esta zona limítrofe del país se usan para marcar territorios y como garantía para que otros actores armados no entren a ellos.

La situación ha llevado a la reaparición de artefactos en zonas donde ya se habían realizado despejes o que incluso se consideraban libres de minas, vulnerando el derecho de las víctimas a las garantías de no repetición y al restablecimiento de derechos como el acceso a la tierra, el bienestar y la seguridad a mediano y largo plazo.

De acuerdo con Robinson Yela, quien participó como enlace comunitario del equipo de desminado durante cinco años en Puerto Guzmán, el recrudecimiento de las confrontaciones en Putumayo significó un aumento en la instalación de minas y levantó nuevas sospechas de su presencia en varias zonas rurales.

“La guerra recrudeció y se instalaron 20 o 30 veces más de las que habíamos desinstalado en cinco años. Las instalaron en tres meses”, señaló refiriéndose a los casos de ciertas veredas consideradas “estratégicas” por la presencia de infraestructuras como torres de energía y de telecomunicaciones.

 

Un obstáculo para la economía afro

 

Angelmiro Dagua, quien también participó en el desminado, apuntó que algunas veredas habían sido declaradas libres de sospecha de minas, pero no fue posible entregar sus áreas a la comunidad ya que durante una operación el Ejército encontró nuevamente artefactos explosivos, lo que implicó no solo el retroceso de los esfuerzos de desminado, sino el retraso de proyectos productivos, entre otras oportunidades aplazadas o perdidas para quienes habitan esos territorios.

Precisamente esa es la situación que atraviesa la comunidad del consejo comunitario Palenque Amazónico, ubicado en la vereda La Ilusión. “Esta es la zona más templada (difícil) que existe en el municipio por las continuas guerras. No cesan. Existe la violencia y cuando existe la violencia, en donde se pasea el Ejército está la mina quiebrapata”, mencionó Ludivino Cortés, representante legal del consejo comunitario.

Allí, las tierras son aprovechadas de forma colectiva en lo que respecta a la actividad cultural y económica de la comunidad, pues el temor de encontrarse con una “barrera inesperada” ha llevado a que la comunidad no pueda presentarse a convocatorias de proyectos productivos.

“El progreso de nuestra comunidad está en nuestro territorio, pero si no tenemos acceso porque nos limita esta clase de estorbo, se van a perder una cantidad de proyectos productivos”, aseveró Cortés, al explicar que es imposible garantizar la seguridad de los equipos de trabajo que los visitan.  

A pesar de que no se han presentado accidentes dentro de la zona del consejo, los artefactos explosivos improvisados no tienen fecha de caducidad y una mina instalada hace diez años, hoy sigue siendo letal. Ante la sospecha, Cortés pidió que los equipos técnicos de desminado estudien el predio para que ellos puedan entrar “con más confianza” a su propia tierra.

Falta de garantías ante un peligro latente

Pese a que las comunidades ven en el desminado humanitario una esperanza para aliviar la situación que han vivido y mejorar su calidad de vida, los peligros de esa labor son numerosos y los retos altos. En torno al asunto se cuestiona qué tan práctico es desminar un territorio con el riesgo y la posibilidad de una reinstalación de nuevos artefactos; pues, mientras en la zona continúen existiendo conflictos armados en que distintos actores utilicen artefactos explosivos, difícilmente habrá garantías de seguridad para efectuar esta tarea.

“La gente me empezó a decir: No venga más. Los actores armados están diciendo que usted está haciendo inteligencia, que usted está llevando información. Mire que a ellos no les gusta que ustedes desinstalen las minas que ellos han instalado”, relató Yela.

Asimismo, en un contexto donde el conflicto no cesa, permitir la entrada de los equipos de desminado a las comunidades resulta una decisión difícil de tomar para los líderes comunitarios, por el temor a ser señalados como colaboradores del grupo adversario.

Este fue el caso del resguardo Alpamanga. Al comienzo, hubo recelo de la comunidad para admitir las operaciones de desminado en su territorio. “Nosotros primero le teníamos temor. Nosotros dijimos que no porque nos daba miedo. O sea, nos daba miedo de los dueños de las minas. De la guerrilla”, recordaron las hermanas Jamioy.

De acuerdo con la OTAN, el costo de fabricación de una sola mina antipersonal oscila entre los tres a los 75 dólares (es decir, entre los 12.300 y los 300.000 pesos), pero su eliminación oscila entre los 300 y los mil dólares (entre un millón doscientos a cuatro millones de pesos). Desminar en medio del conflicto, bajo circunstancias que limitan el control social y el acceso a las zonas más afectadas, supone altos costos económicos y humanos para las organizaciones encargadas del desminado humanitario.

Esas situaciones conducen a que algunos consideren necesario esperar a que se consolide un ambiente de paz para que la labor de estos equipos sea realmente efectiva. “No podemos hacer desminado mientras tengamos conflicto aquí en el municipio”, agregó Yela y añadió que, de lo contrario, pensar en el éxito del desminado sería una “utopía”.

La vida después de las minas: urge reparación individual y colectiva

Si bien la comunidad de Puerto Guzmán ha buscado formas de sanar las grietas provocadas por un peligro que se esconde bajo tierra, muchas de las vidas y comunidades que han sido afectadas no volverán a ser iguales, por lo que la reparación debe incluir no solo lo físico, sino lo colectivo, simbólico y cultural. 

En estos casos, el Estado y el gobierno local juegan un rol fundamental. Santofimio manifestó al respecto una necesidad: “Empezar a dimensionar lo colectivo dentro de las comunidades, no solo afro e indígena, sino también campesina; ese rol del Estado en la reconstrucción de lazos sociales, ver cómo eran antes y entonces, tratar de reconstruirlos”.

En el caso del menor de edad con el que comienza este relato, la pérdida del padre significó una ruptura y una marca emocional para toda la familia. Su madre, quien tuvo que desplazarse al casco urbano y asumir toda la responsabilidad como soporte emocional y proveedora del hogar, aseguró que, aunque una casa no podrá regresarle a su marido, su mayor anhelo es “tener un techo” para sus hijos. 

Mientras tanto, en Aguaditas, Francisco Dagua solicitó continuar con el desminado humanitario para realizar sus prácticas ancestrales en armonía espiritual y en Alpamanga, la profesora Luz Deny Buesaquillo hace lo que considera su deber al continuar con sus clases sobre tejido tradicional, lengua inga y plantas medicinales a nueve niños y jóvenes del resguardo, en una pequeña chagra en el patio de la escuela.

Por su parte, Cristina y Deyanira Jamioy piden la ampliación de Alpamanga como compensación por el territorio minado para poder retomar su cultura y acervo espiritual. “Hay que mirar a ver cómo podemos recuperar todo lo que hemos perdido”, expusieron.

Al igual que las minas, el conflicto parece no tener fecha de caducidad. Por ello, Puerto Guzmán, entendido como la “gran casa” de estas comunidades amazónicas, sigue a la espera de un nuevo capítulo: uno en el que pueda “limpiarse” de estos artefactos y donde sea posible reparar a sus víctimas y de esa forma cerrar una herida que lleva décadas a la espera de ser atendida.

Casi medio siglo conviviendo con las minas

De acuerdo con el informe anual Retos Humanitarios 2025 del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en 2024 se registraron en Colombia 719 personas heridas o fallecidas por minas antipersonal, restos explosivos de guerra, artefactos lanzados y con detonación controlada.

Según el Briefing Departamental de Putumayo de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y cifras de la base de datos de AICMA de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en 2024 Putumayo reportó 83 eventos relacionados con minas antipersonal (MAP) y municiones sin explosionar (MUSE), lo que convertía a este en el departamento de la Amazonía colombiana con más eventos registrados.

Cuando una mina antipersonal se activa, la probabilidad de fallecer es de una entre cinco, pero en el caso de las municiones sin explosionar el índice aumenta al 25 por ciento. En Colombia, desde 1990 hasta mayo de 2025 murieron 2.367 personas por efecto de artefactos explosivos usados en el marco del conflicto armado. Los principales afectados son hombres mayores de edad, según datos de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

*Esta historia fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción (CdR).

Actualizado el: Vie, 11/21/2025 - 06:55

Por Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio

Un auge de patrocinios para deportistas jóvenes, campeonatos de microfútbol, equipos de patinaje y eventos culturales se vive desde 2022 en Mocoa, la capital del Putumayo, ubicada entre ríos y montañas, en la confluencia de la Cordillera de los Andes y la cuenca amazónica. Ahí también abundan las fiestas populares para entregar premios a atletas y artistas. Todo se realiza con una fuerte promoción en redes sociales con figuras de la farándula nacional y personajes de algún renombre internacional, como Roberto de Assis Moreira, el hermano y mánager de la exestrella del fútbol brasileño, Ronaldinho Gaúcho. 

Los eventos tienen en común el patrocinio de entidades públicas y empresas privadas. Una destaca: Libero Cobre. Con el respaldo de gran capital financiero internacional, aspira a desarrollar la mayor explotación minera en la Amazonía colombiana. 

En las piezas publicitarias, junto a los logos de restaurantes, supermercados y otros comercios locales, aparece la imagen corporativa de Libero Cobre, propiedad de Copper Giant Resources Corp., registrada en Vancouver, Canadá. Según registros públicos, desde mayo de 2025 su principal accionista es el magnate canadiense Frank Guistra, inversionista en los estudios de cine Lionsgate y Thunderbirth, productores de películas como Los Juegos del Hambre y Blade Runner 2049. 

Giustra y sus empresas también han invertido en proyectos mineros y petroleros en distintos países, entre ellos, Pacific Rubiales, la mayor compañía privada de explotación de crudo en Colombia entre 2008 y 2016. La empresa fue señalada por presuntas irregularidades en el manejo accionario, apropiación de baldíos y precarias condiciones laborales para sus trabajadores. (Ver: “Pacific Rubiales, el coloso petrolero que cayó” y “El gobierno petrolero de la vereda Rubiales”).

En Putumayo, la inversión de Libero Cobre en la promoción de deportistas y eventos ha generado críticas de pobladores y organizaciones sociales, por considerarla una estrategia para ganarse la confianza de parte de la comunidad en medio de las protestas en contra de la presencia de la empresa. Estos sectores se oponen al proyecto minero —en fase de exploración actualmente— por la posible explotación de cobre en el futuro y los impactos que generaría en los ecosistemas de esta región rica en recursos hídricos y biodiversidad.

 MARCHA REALIZADA EN MAYO DE 2025 EN MOCOA, PUTUMAYO, CONTRA LOS PLANES DE EXPLOTACIÓN DE COBRE EN LA REGIÓN. DESDE 2018 SE HAN REALIZADO AL MENOS CUATRO GRANDES MARCHAS CON EL MISMO OBJETIVO. CRÉDITO: COLECTIVO YUYARIY.

La publicidad e inversiones de Libero Cobre en Mocoa han crecido. “Aquí todo lo pone la empresa. Desde la carretera, el puente, hasta los cascos para la competencia de patinaje”, dice una de las fuentes en el territorio consultadas para esta investigación y que pidió no ser identificada por los conflictos sociales en la zona. 

En medio de ese contexto, la empresa impulsa la idea de aprovechar el cobre “como mineral estratégico para hacer viable la transición energética”.

En los últimos años, en medio de las protestas de organizaciones indígenas y campesinas contra la minería y en defensa del agua y el territorio, Libero Cobre ha difundido los beneficios que traería la explotación de cobre mientras patrocina eventos como los “Premios Putumayo, energía del futuro en 2024”, una competencia de motociclismo y un campeonato de microfútbol en 2025, o apoya a deportistas en los Juegos Panamericanos de patinaje y a niños de colegio en vacaciones recreativas. 

Crédito: Facebook de Libero Cobre 

 

 

Actualizado el: Mié, 11/19/2025 - 08:04

Por Rutas del Conflicto, con apoyo de La Liga Contra el Silencio*

 

Ilustración: María Lucía Mage.

Luis Felipe Castillo Santos, exgerente de relaciones públicas de la petrolera francesa Perenco en Colombia, declaró en agosto de 2024, en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que los máximos directivos de esa multinacional en el país, a finales de los noventa y principios de los 2000, no solo sabían de la presunta financiación a grupos paramilitares por parte de la compañía, si no que crearon una estrategia para justificar internamente estos pagos. 

Castillo señaló, además, que directivos de Ecopetrol, el principal socio de Perenco en Casanare, también sabían de los dineros que supuestamente le entregaban al grupo ilegal a cambio de seguridad.

Rutas del Conflicto obtuvo más de cuatro horas de grabación de dos audiencias ante la JEP, donde Castillo describió en detalle la presunta participación de estos directivos en la financiación de paramilitares en Casanare. En su declaración, Castillo mencionó a los franceses Patric du Garó y Arthur de Fautereau, quienes tuvieron altos cargos en Perenco entre 1998 y 2008, como la gerencia financiera, la gerencia general y la misma representación legal de la empresa en Colombia. 

Castillo le dijo a la JEP que inclusive los dos directivos se reunieron con paramilitares y diseñaron una estrategia para registrar en la contabilidad de la empresa el dinero que presuntamente les entregaban al Bloque Centauros y a las autodenominadas Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC), también conocidas como ‘Los Buitragueños’, un grupo paramilitar al mando de Héctor Buitrago, alias ‘Martín Llanos’, que nació financiada por el narcotráfico en los ochenta y se consolidó en los noventa.

“Cuando yo llego, están Arthur (De Fautereau)  y Patrick Garó en la reunión. Nos explican cómo debe ser, cómo se debe sacar (el dinero), a qué cargo contable, como les mostré en la pantalla. Él mismo (Garó), con su puño y letra, escribiendo, direccionando los presupuestos, los valores y cuando deciden (dar el nombre de) ‘el horno’ es comprar una caja fuerte”, dijo el exgerente de relaciones públicas de la compañía, refiriéndose a la presunta estrategia para justificar los pagos internamente en la contabilidad de la empresa.

Este testimonio se suma a los entregados desde 2009 por al menos 13 antiguos integrantes del Bloque Centauros y de ‘Los Buitragueños’ en diferentes instancias judiciales que coinciden en señalar los pagos de Perenco a estos grupos armados por más de 4 000 millones de pesos de la época.

Los testimonios de los exparamilitares sirvieron para que la Fiscalía General de la Nación les imputara cargos, en 2024, en un proceso por concierto para delinquir por la presunta financiación de estos grupos ilegales, a dos exdirectivos de la multinacional francesa en Colombia: Antenor Sarmiento Delgado, gerente de distrito en Casanare durante esos años, y Ramiro Pinzón Suárez, supervisor de tierras. 

Inclusive, la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía, basada en esos mismos testimonios, ordenó el embargo de dos de las principales oficinas de la petrolera en un exclusivo sector del norte de Bogotá en julio de 2025.

Castillo también tenía un proceso en la Fiscalía por la presunta financiación de paramilitares, pero solicitó someterse a la JEP a cambio de entregar información que comprometía a otros directivos de Perenco. Su caso fue aceptado en ese sistema de justicia transicional en 2024.

Castillo dijo en la JEP que la financiación a los paramilitares no había sido una decisión que hubieran tomado únicamente los directivos que trabajaban en terreno, en Casanare, como Sarmiento y Pinzón. Señaló que él mismo, junto a altos cargos de la compañía, diseñaron una estrategia para entregar el dinero a los paramilitares a través de un proyecto fachada llamado “horno y panadería” que justificaba contablemente el pago a estos grupos ilegales.

Más allá de los procesos penales existentes contra algunos directivos de la empresa y del embargo de las oficinas, miembros de las comunidades víctimas del paramilitarismo en Casanare  y organizaciones sociales insisten en que los nuevos señalamientos de Castillo son claves para determinar la responsabilidad corporativa de Perenco. 

Varios entrevistados para esta investigación explican que las declaraciones del exgerente de relaciones públicas y de los exjefes ‘paras’ dejan preguntas sobre el rol de los máximos directivos de la compañía en Colombia en la presunta financiación del paramilitarismo.

Los señalamientos a Perenco: desde los campos del Casanare hasta Bogotá

Instalaciones de Perenco cerca a Yopal. Foto: Juan Carlos Contreras, 2025. 

Las comunidades que rodean la estación de bombeo petrolero Morichal en la vereda La Unión, de Yopal, en Casanare, son testigos de más de cuatro décadas de presencia de Perenco en el departamento. También lo son los vecinos de las estaciones de la empresa junto a la vía Pore-Trinidad y quienes han compartido la extensa sabana junto a varias instalaciones de Perenco en el municipio de Orocué.

Los miembros de estas comunidades, entrevistados para esta investigación, prefieren mantener sus identidades en reserva ante la presencia de grupos armados que ha vuelto a sentirse en Casanare, como lo muestra una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, de junio de 2024, relacionada con la disputa territorial entre la guerrilla del ELN y el Clan del Golfo. Esos testimonios dan cuenta de que la presencia de la explotación petrolera ha sido la causa de conflictos laborales, ambientales y sociales que han transcurrido en medio de hechos violentos.

“Yo tengo una finca pequeña y tuve la mala suerte de que dentro resultó un pozo (petrolero). Llevo toda la vida con problemas acá. Nos han afectado caños, nos han tumbado la naturaleza y, encima, me vinieron a decir que yo era guerrillero”, cuenta un vecino de una estación de bombeo de la empresa.

La historia de la explotación petrolera en gran parte de los pozos que hoy tiene Perenco se remonta a la década de los setenta con la empresa francesa Aquitaine Colombia que le vendió sus inversiones en el país, en 1993, a la también francesa Kelt Energy, que creó Kelt Colombia S.A. Tres años después, en 1996, cambió su nombre a Perenco, como consta en la escritura pública y en el acta de la junta directiva. 

“Al comienzo no hubo tantos problemas con ellos, pero la cosa cambió por allá para el 96, cuando la comunidad pedía más puestos de trabajo o mejorar las vías que estaban muy mal, porque apenas podían transitar los carros 4x4 de la empresa. Ahí iniciaron los roces y todo empeoró para el 98 porque ya llegaron unos señores armados a controlar todo”, cuenta el líder.

Los hombres armados que menciona el campesino eran de una facción de ‘Los Buitragueños’. “Era evidente que estaban en la vereda para cuidar todo lo de la empresa. Permanecían ahí, llegaban a las instalaciones de Perenco, ahí tanqueaban los carros con gasolina y se iban como si nada. Eran los que mandaban donde vivíamos”, dice el líder campesino.

Un miembro de otra comunidad cercana a instalaciones de la empresa explica que la llegada de los paramilitares agravó su situación. “Desde las juntas de acción comunal teníamos muchos problemas con la empresa, especialmente con Luis Felipe Castillo y Ramiro Pinzón por las cosas que les pedíamos. Después todo se agravó, porque con la llegada de los armados también llegaron las amenazas y los asesinatos”, cuenta el campesino.

El exgerente de relaciones públicas Luis Felipe Castillo —que como ya dijimos tenía una investigación en la Fiscalía por la financiación de paramilitares y, posteriormente, fue aceptado en la JEP— señaló en las audiencias ante este tribunal (a las que Rutas del Conflicto accedió) que la empresa le pagó a ‘Los Buitragueños’ cerca de 2 500 millones de pesos de la época a cambio de servicios de seguridad. 

Por estos mismos hechos, la Fiscalía llevó a juicio a Sarmiento, exgerente de distrito, y Pinzón Suárez, exsupervisor de tierras, como se explicó al inicio de esta publicación. Parte del testimonio de Castillo ante la JEP, publicado por Noticias UNO, a finales de agosto de 2025, señala los presuntos montos de dinero entregados a los grupos ilegales.

En el caso de De Fautereau, Castillo inclusive describió una reunión que presuntamente se realizó en una panadería cercana a las oficinas de Perenco en el norte de Bogotá el 12 de julio de 2002 con alias de ‘Chómpiras’, miembro de ‘Los Buitragueños’.  Castillo dijo al tribunal que el entonces gerente general de Perenco fue a negociar la tarifa de pago que hacía la empresa a los paramilitares, luego de unos acuerdos a los que habían llegado otros funcionarios. “En ese momento Arthur hace un acuerdo con ‘Chómpiras’ y le dice que le ayude a negociar y a bajar la tarifa”, dijo Castillo a la JEP. 

En la declaración ante la justicia transicional, el exgerente de relaciones públicas contó que alias ‘Chómpiras’ era una persona muy cercana a alias ‘Martín Llanos’, máximo jefe de ‘Los Buitragueños’. “‘Chómpiras’ dijo: ‘Listo, yo le colaboro. Voy a empezar a hablar con él (‘Martín Llanos’)’. Entonces, a partir de ese momento, Arthur habla con la casa matriz y se organiza, digamos, todo el engranaje: cómo van a hacer los pagos, de dónde salen, a dónde van cargados y demás. Ahí se activa el programa ‘horno y panadería’”, contó Castillo. Explicó que usaron ese nombre porque los directivos franceses compraron una caja fuerte para administrar el dinero en efectivo que llamaban el ‘horno’. 

Uno de los campesinos entrevistados para esta investigación le dijo a Rutas del Conflicto que alias ‘Chómpiras’ era un paramilitar muy cercano a ‘Martín Llanos’ y, prácticamente, controlaba la seguridad en torno a la estación Morichal, en la vereda La Unión. “Él era del corregimiento de Tilodirán, cerca a Yopal. Él era el que mandaba por los lados de La Unión, pero no recuerdo el nombre”, señaló el campesino.

Castillo mencionó también varias veces en la JEP que el entonces gerente financiero de Perenco en Colombia, Patrick Garó, había participado en la implementación de una estrategia, junto a Arthur de Fautereau, para formalizar los pagos a los paramilitares. Según el exdirectivo, usaban recibos por transporte o materiales de construcción con órdenes de servicio que cobraba un grupo de personas que colaboraba con los directivos y que luego iban a parar a ‘Los Buitragueños’.

Castillo incluso mostró en la audiencia documentos de órdenes de servicio pagas que habrían servido para desviar esos recursos. “Entonces dice así: ‘Perenco Colombia Limited le debe a (...) la suma de 15 millones de pesos. Concepto: suministro de transporte como apoyo personal de la Decimoctava Brigada del Ejército Nacional’. Buscaba, uno, cosas que tuvieran que ver, en eso me ayudó mucho Patric Garó”, explicó Castillo. 

Rutas del Conflicto contactó por correo electrónico a Arthur de Fautereau para conocer su versión de los hechos descritos por Castillo, pero no obtuvo respuesta. En la actualidad, De Fautereau es el jefe de operaciones de Savannah Energy, una empresa de generación de energía británica con inversiones en África. También se envió un mensaje a esa compañía para poder contactar al directivo por otra vía, pero tampoco se obtuvo respuesta hasta la publicación de este reportaje.

Además, se envió un correo electrónico a Patrick Garó, que a octubre de 2025 era el director ejecutivo de Visconti Partners, una empresa de consultoría y coaching francesa. Hasta la fecha de publicación de este reportaje tampoco se obtuvo respuesta.

La responsabilidad de la empresa más allá de los procesos penales a los empleados

Hasta octubre de 2025, la Fiscalía hizo públicos los procesos en contra de los exempleados de Perenco Sarmiento, Pinzón y Castillo, pero se desconoce si tiene investigaciones abiertas a otros directivos.  En Colombia solo las personas naturales pueden ser investigadas y juzgadas dentro del sistema penal, por lo que empresas no son sujeto de este tipo de justicia. 

Fabián León, director para Colombia del Centro de Información para Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), señala que aunque no exista una responsabilidad penal, los indicios muestran que la compañía probablemente no cumplió con compromisos vinculados a acuerdos internacionales. León señala que desde el año 2000, como un esfuerzo de gobiernos, empresas y organizaciones civiles se creó la iniciativa de los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos, de la cual Colombia forma parte. Ese instrumento establece que las empresas deben actuar con la debida diligencia para asegurarse que su operación no esté vinculada de ninguna manera con la violación de derechos humanos.

Infraestructura de Perenco cerca a Yopal. Foto: Juan Carlos Contreras, 2025.

El director del CIEDH  señala que, de acuerdo a lo contado por Castillo, la empresa no fue diligente a la hora de incluir un completo análisis de riesgo en derechos humanos en el contexto de conflicto armado que vivía para ese momento la zona donde operaba. “Durante esos años había una guerra entre grupos paramilitares que, a su vez, se enfrentaban con respaldo de la fuerza pública a unas guerrillas, todo en un escenario de fuerte protesta social”, recuerda León.

El experto explica que la presunta financiación que realizó la empresa a los paramilitares se dio en medio de una violencia sin precedentes en la zona, que incluyó asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados y restricción a las libertades civiles.

En ese sentido, otro campesino entrevistado por Rutas del Conflicto en Casanare contó que a finales de los noventa había hecho reclamos a Perenco por el entorno de seguridad y los daños ambientales en su finca, donde había infraestructura de la empresa, pero ante la violencia paramilitar tuvo que dejar sus tierras. “Prácticamente me montaron a una unidad del Ejército en la finca. Los militares nos estigmatizaban. Inclusive hubo combates y quedamos en medio de todo. Luego resultó que los ‘paras’ me estaban buscando y tuve que desplazarme para que no me mataran durante casi seis años. El predio quedó abandonado, a expensas de la petrolera”, contó el campesino.

Actualizado el: Jue, 11/13/2025 - 07:12

 

Katy Fuentes lleva 20 años buscando a su padre Wilson Humberto Fuentes Marimon, quien vivía con su familia en el corregimiento de Pueblo Bello, municipio de Turbo (Antioquia), donde se dedicaba a la compra y venta de ganado y a la exportación de plátano. Wilson desapareció un 14 de enero de 1990 cuando un grupo de aproximadamente 60 paramilitares conocidos como “Los Tangueros” irrumpió en el corregimiento y se llevó por la fuerza a 43 campesinos. Actualmente Katy es una lideresa social y defensora de derechos humanos, también apoyo a las comunidades por medio de las juntas de acción comunal  gestionando proyectos para el bienestar de todos. 

Fuentes tan sólo tenía 13 años cuando se llevaron a su padre, desde entonces se convirtió en líder social y  defensora de derechos humanos, quien actualmente hace parte del comité coordinador caso Pueblo Bello, es una organización de víctimas de desaparición forzada en Turbo, que surgió a raíz de la desaparición de los campesinos mencionada anteriormente. Katy Fuentes afirma que: “Me he convertido también en la voz de esas personas que no tienen voz porque les da miedo pronunciarse, les da miedo exigir los derechos que como víctimas les corresponde”.

El trabajo de Fuentes la llevó a luchar junto con Yanette Bautista, fundadora de la Fundación Nydia Erika Bautista, quien inició hace casi cuatro décadas la búsqueda de su hermana Nydia, desaparecida por agentes del Estado en 1987.  A partir de la iniciativa civil se abordan los diversos retos de la desaparición de personas en el país, las dificultades que atraviesan los familiares, la garantización de acompañamiento y escucha para las buscadoras. Esta ley fue fundamentalmente promovido por la Fundación Nidia Erika Bautista y otras 8 organizaciones que hacen parte de la red de la fundación donde buscaron concertar medidas para el respeto, garantía y protección de los derechos humanos de todas las mujeres buscadoras.

Con el trabajo en conjunto de las buscadoras y en compañía de Yanette Baustista, fundadora de la organización Nydia Érika Bautista, se logró la articulación para conmemorar a las mujeres que se han dedicado a la búsqueda de sus seres queridos dados por desaparecidos, dando como resultado la ley 2364 de 2024, en la cual se reconoce y protege a las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada en Colombia, reconociéndolas como sujetos de especial protección constitucional.

Entre lo que ordena esta Ley, que cumple su segundo aniversario, es conmemorar el 23 de octubre como el día nacional de reconocimiento a las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada. Juan David Villalba, director de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, expresó que: “Su labor ha sido esencial para mantener viva la esperanza de miles de familias,visibilizando una de las más grandes heridas del conflicto armado”.

Desde su labor como buscadora, Katy Fuentes también ha participado en los procesos de construcción de la Ley de Mujeres Buscadoras: “Nosotros pudimos aportar insumos para que esa ley se fortaleciera. Somos mujeres buscadoras que asumimos un riesgo, y buscamos ser visibilizadas, reconocidas y que se nos den garantías”. 

Este año es el primero en realizar una conmemoración para las mujeres buscadoras,este año es el primero en realizar una conmemoración para las mujeres buscadoras, el evento se realizó en la Universidad Nacional, sin embargo el decreto reglamentario de la ley no fue firmado por el Presidente Gustavo Petro y la ministra de agricultura, Martha Viviana Carvajalino Villegas.

Para las buscadoras, Luz Galeano, Katy Fuentes y las mujeres que se reunieron por la conmemoración de su día en la Universidad Nacional, esperan que la Ley de Mujeres Buscadoras signifique un reconocimiento real y efectivo del trabajo que realizan al buscar a sus familiares desaparecidos, garantizando su derecho a la búsqueda y la dignificación de su vida. Fuentes, espera que el Estado brinde educación, seguridad y remuneración, y que se reconozca su labor como un trabajo legítimo, mientra que Galeano piensa que debe servir para fortalecer la articulación entre entidades, garantizar la participación activa de las víctimas en la toma de decisiones

 

Homenaje a la buscadora fallecida Yanette Bautista

En diferentes regiones del país, lideresas y defensoras de derechos humanos han asumido la búsqueda de sus familiares desaparecidos, enfrentándose a la indiferencia estatal y a la revictimización: “Estas mujeres, muchas de ellas, madres, esposas, hermanas e hijas se han enfrentado con  el dolor causado por la desaparición forzada transformándolo en una fuerza colectiva que exige verdad y reparación”, afirmó Juan David Villalba, director de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia.

Mujeres buscadoras del Casanare

Desde Medellín, Luz Elena Galeano ha mantenido viva la exigencia de justicia por su esposo, desaparecido en la Comuna 13: “La ley de buscadoras exige ese reconocimiento, esperamos sirva para apoyar la búsqueda y la articulación entre las entidades que tienen la competencia el deber”, casos como el de Luz y Katy reflejan la persistencia de las mujeres que han asumido la búsqueda como una responsabilidad colectiva frente a la ausencia del Estado. Rutas del Conflicto, reportajes como el de la señora Darly  relatan estas historias de resistencia y memoria que siguen desenterrando la verdad en un país marcado por la desaparición forzada.

 

Actualizado el: Vie, 10/24/2025 - 10:15

Un caso de tierras en el municipio de Turbo, que hace parte del Urabá antioqueño, muestra cómo el Estado permitió que jefes del Clan del Golfo mantuvieran parte de la propiedad de más de mil hectáreas por casi tres décadas, en una zona en la ejercen un fuerte control territorial. Todo empezó con Carlos y Vicente Castaño.

A mediados de los años 90 un grupo disidente del Ejército Popular de Liberación (EPL), que se autodenominaba Comandos Populares, estaba librando una guerra contra las Farc en Urabá. En medio de esta confrontación, los jefes de los Comandos Populares y algunos integrantes de las Farc decidieron entregarse a las autodefensas y cambiar de brazalete. 

Los exguerrilleros pasaron a engrosar las filas de los paramilitares y hubo una ceremonia a la que asistieron altos funcionarios del gobierno Samper (1994-1998) en la que se “desmovilizaron” los nuevos reclutas de las autodefensas. Dos años después, les adjudicaron a 92 de estas personas más de 1.300 hectáreas que pertenecían a familias que fueron beneficiarias de la reforma agraria. Desde entonces, todos ellos aparecen como socios, dueños de los predios.

Entre los paramilitares que quedaron como dueños de esas tierras están Jose Gonzalo Sánchez Sánchez alias “Gonzalito” y Elkin Casarrubia Posada alias “El Cura”, dos máximos comandantes del Clan del Golfo que, a 2025, integran el Estado Mayor de esta organización. “Gonzalito” y “El Cura” están al mando de las actividades criminales del Clan en Chocó, Valle del Cauca, Antioquia, Córdoba y Sucre mientras son copropietarios de estas 1.342 hectáreas. Este grupo armado controla estas tierras en Urabá.  

En 2016 la Fiscalía intervinó varios bienes del Clan del Golfo. Entre los predios que el ente acusador encontró que esta organización tenía en su poder estaban las tierras que los Castaño les asignaron a los exguerrilleros del EPL y las Farc que pasaron a las autodefensas. Según el ente acusador, estas fincas fueron utilizadas como corredores para ejecutar actos delictivos  y no como unidades productivas. 

Para entender las razones por las que estos dos capos quedaron como dueños de tanta tierra es necesario remontarse a 1996, cuando la disidencia del EPL pasó a hacer parte de las autodefensas de los Castaño. 

Tierras para los nuevos paramilitares

Carlos Antonio Moreno Tuberquía alias “Nicolás” fue reclutado por los Comandos Populares, con 14 años, hizo parte de la falsa de desmovilización y años después fue uno de los máximos comandantes del Clan del Golfo. Moreno rindió testimonio ante la Comisión de la Verdad y afirmó que los Castaño le vendieron unas tierras al Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), la autoridad agraria de aquel momento (hoy Agencia Nacional de Tierras), para que se las repartiera a los exguerrilleros que ingresaron a las autodefensas.

El excomandante del Clan del Golfo relató que, como él era menor de edad, le dieron documentación falsa para hacerlo acreedor de las tierras. Además, contó que una vez los exguerrilleros fueron trasladados a la finca ‘La 35’, base paramilitar ubicada en San Pedro de Urabá, Carlos Castaño les dijo lo siguiente: “Muchachos, los tengo que entregar al Gobierno colombiano (...) voy a hacer con ustedes una negociación, un acuerdo para una desmovilización, porque el Gobierno me manda a decir que un grupo ilegal guerrillero no se le puede entregar a otro grupo ilegal”.

En un manuscrito de Vicente Castaño, en el que relata el surgimiento de las Autodefensas de Córdoba y Urabá (ACCU), afirmó que su hermano Carlos dirigió el proceso de desmovilización de con la colaboración “entusiasta y valiosa de los excelentes funcionarios: los doctores Tomás Concha, director nacional de reinserción y Carlos Rangel, secretario del Ministerio del Interior”. En la ceremonia de desmovilización estuvo el excandidato presidencial Horacio Serpa, quien en aquel momento era el ministro del interior del gobierno de Ernesto Samper. 

La JEP expresó lo siguiente respecto a los predios: “Los miembros del EPL y FARC que participaron en este proceso, ya siendo en su mayoría orgánicos de las ACCU, fueron beneficiados por políticas de asignación de tierras en calidad de reinsertados, condición que claramente no cumplían”.

Esta situación era de conocimiento público. Según pudo constatar la JEP, Rodrigo García Caicedo, quien fue expresidente del Fondo Ganadero de Córdoba, capturado en 2009 por sus presuntos nexos con los paramilitares y falleció en 2011, publicó una columna de opinión el 5 de octubre de 1996 en el periódico El Universal que se llamó “Concha es un mentiroso”, haciendo referencia a Tomás Concha, coordinador nacional de la Oficina Nacional de Reinserción en aquel momento. 

En el texto, García Caicedo expresó su enfado con Tomás Concha debido a que este último negó ante los medios de comunicación que los paramilitares estuvieran participando en la supuesta desmovilización. “Las autodefensas sí han intervenido, no se puede tapar el cielo con las manos. Ellos son los que están adelantando el proceso, es más, son los que van a donar miles de hectáreas de tierra para esa gente”, afirmó García. 

 

Línea de tiempo elaborada por la JEP donde describen el proceso de la falsa desmovilización. Fuente: JEP.

A pesar de estas declaraciones, el Incora terminó entregándoles a los paramilitares estas tierras. Se trata de cuatro predios en Turbo, tres ubicados en el corregimiento de Pueblo Bello y otro en San Vicente del Congo. Rutas del Conflicto adquirió tres de los cuatro certificados de tradición y libertad de las fincas que suman 1.206 hectáreas y averiguó que el último predio tiene 136 hectáreas, para un total de 1.342 hectáreas, una superficie que equivale a aproximadamente dos veces el área urbana de municipios como Chía en Cundinamarca, o Rionegro en Antioquia. 

En medio de la violencia que vivía la región, según los registros de propiedad de los documentos, apareció en la zona el empresario Carlos Fernando Serralde Plaza para comprar la mayoría de las fincas de los campesinos que habían recibido la tierra en los setenta y ochenta por parte del Incora. Serralde luego volvió a venderle a la entidad, que a su vez se las adjudicó a los paramilitares. 

Serralde Plaza fue extraditado a Estados Unidos en 2011 por narcotráfico y concierto para delinquir y fue condenado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. La Fiscalía señaló a Serralde de ser la mano derecha de Daniel “El Loco” Barrera, conocido narcotraficante colombiano capturado en 2012. Según notas de prensa Serralde era cercano a Vicente Castaño.

El predio más grande que les asignaron a los exguerrilleros fue la finca San Vicente, situada en el corregimiento de San Vicente del Congo, vereda Los Enamorados. Tiene una extensión de 812 hectáreas y lo componen 16 predios que fueron comprados individualmente y después los unieron en una sola matrícula inmobiliaria que dio como resultado la finca San Vicente. 

 

Imagen catastral de la finca San Vicente, en la vereda Los Enamorados, adquirida por Carlos Serralde Plaza.

El predio San Vicente tiene acceso a la única vía para ir a San Pedro de Urabá, la cual pasa por el lado del Batallón. Es decir, si los militares usaban esta carretera obligatoriamente debían transitar por los alrededores de la finca.

Serralde compró 14 de los predios que conforman la finca San Vicente entre marzo y septiembre de 1998. Otro de los 16 predios fue comprado por José René Zapata Vanegas, quien fue sindicado en 2001 de ser financiador de las autodefensas. El último de los 16 predios fue comprado por María Yaneth Muñeton Zea, de quién no se encontró ningún tipo de registro. El resto de las 500 hectáreas fueron adquiridas por la Agropecuaria Serro, una empresa también propiedad de Sarralde.

Esta compañía fue fundada en 1984 por Serralde Plaza y Martha Inés Rodríguez Romero de Serralde, tenía activos de más de mil millones de pesos y se dedicaba a la ganadería. Ya en los años 2000 el representante legal pasó a ser Carlos Hernán Serralde Rodríguez, que por sus apellidos se puede inferir que es hijo de los fundadores. 

Tanto Martha Rodríguez como Carlos Hernán Serralde estuvieron dentro de la Lista Clinton, medida del Departamento de Tesoro de Estados Unidos que sanciona económicamente a personas y empresas vinculadas con el narcotráfico, pero fueron removidos en 2013. Por medio de la Agropecuaria Serro adquirieron todos los predios del lote Campo Bello 1 y los del lote Campo Bello 2, ubicado en el corregimiento Pueblo Bello, vereda La Bonga.

Todas las fincas compradas por la Agropecuaria Serro anteriormente fueron adjudicadas a familias campesinas en los años 70 y 80 por el Incora que nuevamente volvió a comprar la tierra. La transacción quedó registrada con la escritura 6234 del 14 de diciembre de 1998 a nombre de los desmovilizados de la guerrilla, de los cuales Rutas del Conflicto pudo verificar que al menos 18 hicieron parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En la escritura queda claro que el Incora le pagó a Sarralde con bonos agrarios. 

En todo este proceso irregular es crucial mencionar a María Inés Cadavid Restrepo, quien en 1998 era funcionaria del Incora y fue condenada a 13 años por asociarse con los paramilitares para legalizar el despojo de tierras en Urabá. En la sentencia de segunda instancia del Tribunal Superior de Antioquia sobre el caso del Fondo Ganadero de Córdoba, compañía con la que los Castaño realizaron un despojo masivo de tierras, se relata que Cadavid Restrepo, en su rol de funcionaria del Incora, “intervino en el macroproyecto paramilitar y su cooperación se enmarcó en la legalización de las tierras de campesinos desplazados”. 

En la sentencia del Tribunal se detalla que Sor Teresa Gómez Álvarez, cuñada de los Castaño y pieza clave en el despojo paramilitar, recomendó a Cadavid Restrepo para agilizar la titulación de bienes porque ya había trabajado para las autodefensas: “Desde antes había intervenido en el trámite de legalización de unas tierras que fueron entregadas a desmovilizados del EPL”, se lee en la decisión judicial. 

Según la sentencia, Sor Teresa Gómez en una audiencia pública dijo que las tierras para los desmovilizados fueron vendidas por los hermanos Castaño al Incora, lo que corrobora los testimonios de los exmiembros de las AUC y del ganadero Rodrigo García. En la sentencia también se dice que Jesús Ignacio Roldán Pérez alias “Monoleche”, quien fue lugarteniente de los Castaño, manifestó que la exfuncionaria Cadavid Restrepo trabajó para los paramilitares en la legalización de tierras. 

“El Cura” en Justicia y Paz afirmó que estas tierras que les adjudicaron a los  paramilitares en 1998 eran controladas por “Monoleche” como parte de los bienes de las AUC. Actualmente la Fiscalía de Justicia y Paz adelanta la investigación en contra de los sectores de estos predios que no están sujetos a medidas cautelares dentro de procesos de restitución de tierras.

La Unidad de Restitución de Tierras (URT) le respondió un derecho de petición a Rutas del Conflicto que muestra que sobre los cuatro predios hay en total 55 solicitudes de restitución, de las cuales 22 se encuentran en etapa de demanda. Sobre la finca San Vicente de 812 hectáreas reposan 35 de las 55 solicitudes. 

De los 18 paramilitares a los que les adjudicaron las tierras, seis continuaron en armas tras la desmovilización de las AUC y se convirtieron en los jefes del Clan del Golfo. Según el informe “Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo y las disputas con los denominados Caparros”, elaborado por la Comisión de la Verdad, los antiguos comandantes de los Comandos Populares estuvieron al frente de la creación del Clan del Golfo en 2008.

Los antiguos jefes de los Comandos Populares que fundaron el Clan de Golfo fueron: Francisco José Morelo Peñata alias “Negro Sarley”, Dairo Antonio Úsuga David alias “Otoniel”, Juan de Dios Úsuga alias “Giovanni”, Jairo de Jesús Durango Restrepo alias “Guagua” y Roberto Vargas Gutiérrez alias “Gavilán”. Todos fueron hombres de confianza de los Castaño en estructuras paramilitares como el Bloque Élmer Cárdenas, Bloque Centauros o Bloque Mineros. 

Los copropietarios que pasaron de las AUC al Clan del Golfo

Jairo de Jesús Durango Restrepo alias “Guagua” es uno de los nombres que figuran como adjudicatarios de las fincas. Fue el segundo del frente Pedro León Arboleda que estaba bajo el mando de alias “Giovanni” de los Comandos Populares. Tras pasar a las autodefensas hizo parte del Bloque Mineros de las AUC, se volvió a desmovilizar con los ‘paras’, pero después fue uno de los fundadores del Clan del Golfo. 

Durango Restrepo era el encargado de los negocios del Clan del Golfo en la Costa Pacífica, desde Chocó hasta Nariño. Según la Policía, Durango controlaba rutas de narcotráfico hacia Panamá y Centroamérica. En 2016 Durango murió tras combates contra la Policía en zona rural del municipio de Medio Baudó, en Chocó. 

Otro miembro de la organización criminal que fue beneficiario del Incora fue Jose Gonzalo Sánchez Sánchez alias “Gonzalito”, el segundo máximo comandante del Clan del Golfo en 2025. Según investigaciones periodísticas “Gonzalito” hizo parte del Bloque Catatumbo de las AUC y actualmente es el comandante de la estructura “Roberto Vargas Gutiérrez” con injerencia en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Sucre.

 

El que está a la derecha es alias “Gonzalito”, segundo al mando del Clan del Golfo según el Ministerio de Defensa. 

“Gonzalito” tiene órdenes de captura por concierto para delinquir, tráfico de armas, homicidio y secuestro. En 2023 la Fiscalía denunció que “Gonzalito” secuestró a tres fiscales y una funcionaria de un juzgado en Tarazá (Antioquia). En julio de 2025 año la Corte Suprema de Justicia autorizó la extradición de “Gonzalito” a los Estados Unidos, pero a la fecha de esta publicación este capo sigue prófugo. 

Elkin Casarrubia Posada alias “El Cura” es el cuarto comandante del Clan del Golfo en la actualidad y también aparece en la lista de copropietarios de las 1.342 hectáreas. “El Cura” ingresó al EPL siendo menor de edad y después fue comandante del frente Bernardo Franco. Tras esto, pasó a integrar las autodefensas, donde participó en la masacre de Mapiripán, cometida en julio de 1997, en la que los paramilitares asesinaron alrededor de 50 personas. 

 

El hombre de la foto es Elkin Casarrubia Posada alias “El Cura”. Foto tomada de Revista RAYA.

“El Cura” hizo parte del Bloque Centauros de las AUC, que delinquió en los Llanos Orientales, y más adelante fue designado jefe militar del Bloque Calima, en la región del Pacífico. Allí participó en la masacre del Naya, cometida en el 2001 en territorios ubicados entre los límites del Cauca y el Valle del Cauca, donde la comunidad denunció que los paramilitares asesinaron más de 100 personas. 

“El Cura” hizo parte del proceso de desmovilización de las AUC y fue bastante activo en sus declaraciones ante la justicia. Sin embargo, en 2023 apareció en un video de nuevo en armas, esta vez con el Clan del Golfo. Lo llamativo del caso es que el “El Cura” tenía un esquema de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) desde 2021 por solicitud de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). 

Rutas del Conflicto envió un derecho de petición en 2024 a la ARN preguntando acerca de las razones por las que esta entidad pidió el esquema de protección para “El Cura”. La ARN respondió lo siguiente: “Esta Agencia considera que la información privada de los desmovilizados, desvinculados y acreditados constituye dato sensible y de carácter reservado, toda vez que toca aspectos de seguridad personal o afecta la defensa y la seguridad pública y nacional”. 

La ARN no respondió la pregunta planteada por este medio, pero es importante determinar si cuando la ARN solicitó el esquema de protección para “El Cura” este ya tenía participación en el Clan del Golfo. Según un informe de la Fiscalía de Justicia y Paz de 2024, “El Cura” comanda el Bloque Jairo de Jesús Durango, tiene más de 500 hombres bajo su mando y opera en Baudó (Chocó), en el suroeste antioqueño y está penetrando en el Valle del Cauca por Buenaventura. A octubre de 2025 “El Cura” está prófugo.

Carlos Antonio Moreno Tuberquía alias “Nicolás”, quien le contó a la Comisión de la Verdad sobre el entramado que se tejió con las tierras de los desmovilizados, es otro de los excomandantes del Clan del Golfo que aparece en la lista de copropietarios de los predios. Moreno Tuberquía hizo parte del proceso de desmovilización de las AUC en 2006 con el Bloque Centauros, pero después volvió a las armas con el Clan del Golfo.

 

Foto: Comisión de la Verdad

Desde agosto de 2017 Moreno Tuberquía fue nombrado jefe militar de la organización. Este capo se encargaba de la producción, transporte y comercialización de cocaína del Clan del Golfo, en especial en el puerto de Urabá, y tenía alianzas con carteles mexicanos. Moreno tenía bajo su mando estructuras criminales en Antioquia, Chocó y Meta y fue capturado en 2018 en San Rafael (Antioquia). Una corte en Florida y otra en Nueva York lo solicitaban en extradición por narcotráfico y en 2022 finalmente fue enviado a Estados Unidos. 

Los otros dos excomandantes del Clan del Golfo a los que les adjudicaron las tierras fueron Jose Daniel Moreno Urrutia alias “Tiquisiano” y Melquisedec Henao Ciro alias “Belisario”. Moreno Urrutia fue capturado en 2015 y era un importante miembro del grupo criminal en el Sur de Bolívar, señalado de extorsionar y cometer homicidios contra comerciantes de la región. 

Henao Ciro era un guerrillero del frente 58 de las Farc que desertó y se unió a las autodefensas. Fue el comandante del Clan del Golfo en el Caribe hasta su captura en 2012. Este paramilitar fue sindicado por las autoridades de ser uno de los grandes enemigos de la restitución de tierras en el Caribe, amenazando campesinos e indígenas para que no reclamaran y denunciaran el despojo sufrido.

El Clan del Golfo sigue dominando la vida rural y los predios de Urabá. Esta organización criminal tiene una fuerte presencia y ejerce un fuerte control territorial en municipios como Turbo, donde están ubicados los predios que están a nombre de los máximos jefes de este grupo armado.

El poder del Clan en Urabá

Juan Pablo Guerrero, subdirector del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), organización que ha documentado las dinámicas de violencia en Colombia desde hace 50 años, explica que el Clan del Golfo recogió parte de las conexiones que tenían las AUC para establecer una gobernanza criminal silenciosa con poderes locales y regionales.

Un investigador que conoce el poder del Clan del Golfo sobre las tierras en Urabá, que prefiere mantener su nombre en el anonimato por cuestiones de seguridad, le dijo a Rutas del Conflicto que en zonas como San Vicente del Congo y Pueblo Bello este grupo armado es el absoluto dominador. “En las áreas rurales donde no hay presencia del Estado ellos son el gobierno”, asegura. 

Por su parte, el subdirector del Cinep afirma que en Urabá sí existe un despojo de tierras asociados al Clan del Golfo, pero es distinto al que realizaron las AUC. “Administran tierras que ya habían sido despojadas, impiden retornos de comunidades, presionan a campesinos a vender barato y regulan cómo se usan las parcelas. Aunque muchas familias conservan títulos formales, no tienen autonomía sobre sus tierras”, sostiene Guerrero.

El subdirector del Cinep menciona que el despojo actual de este grupo armado no se produce por la expulsión masiva de campesinos, sino por el control económico y social del uso de la tierra. “Lo anterior está promoviendo un nuevo ciclo de despojo con mecanismos como el arriendo forzoso de tierras y la compraventa irregular, que terminan siendo una expropiación de hecho. El lento avance de la restitución de tierras ha consolidado su poder, controlando predios despojados y decidiendo qué se hace en ellos”, agrega Guerrero.

El investigador que conoce la manera de operar del Clan relata que entre las estrategias de este grupo para controlar las tierras está poner las fincas a nombres de terceros. “En el corregimiento de San José de Apartadó hablan con las personas y les ofrecen ganado. Las van enamorando, después les empiezan a cobrar y al final ellos son los dueños de las tierras”, cuenta. Agrega que en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó las mujeres están siendo hostigadas por medio de amenazas de violencia sexual, por lo que las propietarias prefieren irse y poner en venta las tierras a precios bajos.

Queda claro que el despojo de tierras sigue vigente en Urabá, y que lo ocurrido hace 30 años con los hermanos Castaño dejó como resultado el dominio del Clan del Golfo en la actualidad. Por eso, no sólo es grave que dos máximos capos de este grupo armado figuren como dueños de las tierras de las que trata esta historia, sino que esta organización criminal es la que controla la zona donde están ubicadas las fincas.

*Esta investigación se realizó con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll

Actualizado el: Lun, 10/20/2025 - 13:48