Por: Juan Carlos Granados T

Casi todo el departamento amazónico de Guaviare, ubicado al suroriente de Colombia, está amparado por medidas de protección ambiental desde hace más de 60 años. Aun así, extensas trochas atraviesan su territorio. Se observan desde el cielo con facilidad, como si hubieran sido trazadas a pulso con un lápiz.

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Entre parches de deforestación y bosques frondosos se abren paso diversas vías que cargan consigo una historia de necesidades, colonización, grupos armados ilegales, deterioro ambiental e inoperancia estatal.

Sin embargo, una de ellas ha pasado totalmente desapercibida. En el municipio de El Retorno hay una carretera de 57 kilómetros, sin nombre definido, que tiene un tramo importante de su extensión dentro del área de Reserva Forestal de la Amazonía —una figura de protección creada en 1959—. Comunica a los centros poblados de La Libertad y La Paz, dos de los más importantes del municipio. La Paz colinda con la Reserva Nacional Natural Nukak, un área natural protegida, y la frontera entre ambas comunidades la traza el río Inírida.

A finales de 2020, el Ministerio de Transporte aprobó el Plan Vial Departamental del Guaviare en el que se incluyó la vía que conecta a La Libertad con La Paz, la cual se estima que existe desde los años ochenta. Aproximadamente cuatro décadas después, la Gobernación del Guaviare decidió que esta trocha, abierta por las comunidades veredales ante la necesidad de movilizarse, debía ser parte de la planificación del departamento. No obstante, aún no ha habido avances en la formalización de la carretera y sigue siendo considerada una carretera ilegal, ya que no cuenta con licencia ambiental.

Enrique Caballero, consultor de apoyo en temas de infraestructura de transporte de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente de la Amazonía (CDA), autoridad ambiental en el Guaviare, explica que la actual gobernación (que inició el 1 de enero de 2024) está evaluando si continúa o modifica el proceso de formalización de la carretera La Libertad – La Paz que viene desde 2020, durante la administración anterior.

“Para formalizar la vía y mitigar el daño es necesario que la Gobernación adelante el proceso de licencia ambiental con la CDA y solicite la sustracción del tramo de la carretera que se encuentra dentro de la Reserva Forestal ante la Dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente, pero aún no lo ha hecho”, dice Caballero. Mientras eso se discute, un silencioso pero fuerte acaparamiento de tierras avanza en los sectores por los que pasa esta trocha.

Una vía abandonada a su suerte

La Ley 99 de 1993 creó el Ministerio de Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales y desde ese momento se estableció que “todo proyecto que genere un impacto ambiental debe realizar los trámites correspondientes para vigilar y mitigar el daño”. La CDA explicó en la respuesta al derecho de petición que envió esta alianza periodística que la vía La Libertad – La Paz cuenta con una “restricción absoluta” debido a que fue abierta antes de 1993 sin ningún tipo de proceso administrativo ambiental, por lo que no tiene licencia. Si a esto se le suma el traslape con la Reserva Forestal, se hace aún más compleja la situación.

Heriberto Tarazona, quien fue coordinador territorial del Guaviare para la Comisión de la Verdad —entidad estatal creada para conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado y contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas— relata que conoció la trocha en 1992 y que para ese momento el campesinado ya había llegado y colonizado hasta el río Inírida, en el límite con la Reserva Nacional Natural Nukak.

Tarazona explica que las familias se establecieron, hubo praderización y creación de nuevos centros poblados ante los ojos de todo el mundo y en medio de la presencia y control de las FARC. “La ley y el ordenamiento ambiental elaborado desde el centro del país llegó tarde y no correspondía a la realidad del territorio, condicionando a la gente que se asentó en medio de la Reserva Forestal e hizo carreteras como la de La Libertad – La Paz, que fueron tachadas de ilegales”, sostiene.

Paola Marín, investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), comenta que las FARC participaron en mayor o menor medida en la apertura de vías como La Libertad – La Paz porque también era una necesidad para ellos. “Buscaban capacidad de movilización para transportar pasta base de coca, por ejemplo, y en medio de eso la gente también ansiaba formas de trasladarse”, señala.

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En 2016, el Ministerio de Transporte expidió una resolución que la clasificó como una vía de tercer orden, denominación que se le da a los caminos sin pavimentar que conectan cabeceras municipales con veredas. Una lideresa de El Retorno relata que ella nació a la orilla de esta trocha, que pasa por las veredas La Tabla, Alto Cachamo, El Porvenir, Puerto Florida, El Recreo, Caño Barroso, Caño Azul, Villa Linda, la Nueva Barranquillita, Kuwait, Panguana II y finalmente La Paz.

“Es un corredor donde transitan muchas familias. Actualmente se encuentra en buen estado porque las comunidades la han arreglado por sus propios medios”, explica la lideresa. Al estar dentro de Reserva Forestal, las intervenciones de terceros no están permitidas, pero campesinos como Pinilla crecieron allí y aseguran que ha sido una solución a su necesidad de movilizarse.

La lideresa cuenta que las Juntas de Acción Comunal (JAC) organizan el mantenimiento de la trocha a través de la creación de peajes en los cuales se le cobra a la comunidad que utiliza la carretera y con ese dinero se realizan las reparaciones y arreglos. Sin embargo, en todo momento deben pedirle permiso al Frente Primero de las disidencias de la antigua guerrilla de las FARC, porque ellos dominan el territorio.

A la falta de licencia ambiental y a la restricción vigente por estar dentro de Reserva Forestal, se le suma una medida cautelar que prohíbe la entrada de toda maquinaria amarilla en un tramo de la carretera. El 3 de diciembre de 2019, Edwin Andrés Piñeros Andrade, juez primero promiscuo municipal de San José del Guaviare, accedió a la solicitud hecha por Madeleyne Pérez Ojeda, fiscal 8 especializada, para imponer medidas de protección desde La Libertad hasta la vereda Barranquillita y de ahí hasta Miraflores.

La determinación incluyó la prohibición de maquinaria oficial, pública o privada, el retiro de cualquier artefacto para arreglar ese tramo y la suspensión de inversión pública. La lideresa comenta que la medida cautelar comprende parte de la vereda conocida como Caño Azul, lo que complica la situación para las comunidades porque allí hay un Núcleo de Desarrollo Forestal, proyecto ambiental implementado por el Estado en zonas que han sido focos de deforestación, para que la población local realice un trabajo de conservación del bosque.

En junio del año pasado, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) publicó el informe “Ganadería como motor de deforestación: Condiciones habilitantes y dinámicas territoriales en el Guaviare” en el que señala que “la falta de homogeneización de nombres y denominaciones viales en las distintas fuentes de información, así como las discrepancias entre la descripción de las vías y la información espacial de estas, no permiten hacer un seguimiento certero a estos proyectos ni a sus impactos territoriales”. Por ejemplo, en este reportaje se hace  referencia a la carretera como La Libertad – La Paz porque de esta manera la llaman las organizaciones del territorio y la CDA, pero en la categorización del Ministerio de Transporte de 2016 la denominan Pueblo Nuevo – Caño Barroso o como El Progreso – Caño Azul. En otros documentos la nombran de otras formas, como vía vereda La Paz – Reserva Nukak, lo que genera inconvenientes al momento de investigarla.

Un investigador de la FCDS que pidió la reserva de su nombre comenta que mucha de la información que hay acerca de esta carretera es vaga o inexacta, por lo que no solo es una vía compleja en términos de acceso por cuestiones de seguridad, sino también a la hora de realizar un análisis documental. “No tiene un nombre unificado, inicia o termina desde distintos tramos dependiendo del archivo, por lo que se hace complejo establecer lo que la Gobernación adelanta [para legalizarla]”, afirma.

Mientras tanto, la devastación se mantiene. Mongabay Latam realizó un análisis geográfico y satelital de las vías, las cifras de deforestación, los cultivos ilícitos de coca y la ganadería alrededor. Lo que se obtuvo fue que a un kilómetro de esta vía se deforestaron 3 560 hectáreas, es decir, 31 veces el tamaño del Parque Simón Bolívar de Bogotá. Esta es una cifra que se triplica cuando el estudio se extiende a un radio de cinco kilómetros. Además, pudimos determinar que esta deforestación continúa hasta la fecha, ya que entre enero y mayo de este 2025 se han detectado 34 350 alertas de deforestación en la plataforma Global Forest Watch (GFW) a cinco kilómetros de La Libertad-La Paz.

Deforestación, coca y mercado de tierras

A pesar de los trámites, la vía sigue siendo clasificada como ilegal debido a la falta de licencia ambiental. Esta trocha, sobre todo el tramo que se encuentra dentro de la Reserva Forestal, es controlado por las disidencias de las FARC, quienes determinan si se deforesta o no.

Luego de que algunos sectores de la guerrilla decidieron no dejar las armas después de la firma del Acuerdo de Paz, el Frente Primero Armando Ríos se agrupó en la zona y actualmente tiene al municipio de El Retorno como su fortín. Este grupo está bajo el mando de Iván Mordisco, quien también lidera otras estructuras armadas criminales que operan en el país.

“Hubo un incremento de la tala de árboles después de 2016 como respuesta de la población a las transformaciones sociales que se prometieron. La gente empezó a abrir más selva para acceder a tierra, trabajar en la ganadería y para contar con alternativas económicas distintas a la siembra de cultivos de coca”, explica Paola Marín, investigadora de Pares.

Los datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) muestran el aumento de la tala de árboles en El Retorno. El municipio pasó de tener una pérdida de bosque de 3082 hectáreas en 2016 a 7512 en 2017, es decir, un incremento del 144 %.

Heriberto Tarazona, ex investigador de la Comisión de la Verdad, dice que este incremento en la deforestación ocurrió porque “por primera vez hubo un interés de inversionistas en el mercado de tierras en zonas como El Retorno, debido a que disminuyó el riesgo de ser secuestrado o pagar grandes sumas de dinero en extorsión”.

Esta alianza periodística le solicitó al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) el número de cabezas de ganado en los centros poblados de El Retorno y la entidad respondió que no había registro de animales en estos sitios. Sin embargo, compartió la base de datos de la cantidad de animales vacunados (bovinos y bubalinos) contra la fiebre aftosa en el segundo semestre de 2023 en El Retorno. Los sitios en los que hay mayor cantidad de animales vacunados, en su mayoría vacas, coinciden con los puntos de concentración de la deforestación. A pesar de  que la ganadería no está permitida dentro de áreas de Reserva Forestal, la realidad es otra, pues el ICA debe vacunar a todos los animales para evitar epidemias.

La CDA relató en su respuesta al derecho de petición enviado que desde el 2017 hay procesos sancionatorios por actividades de deforestación en áreas de influencia de esta vía, pero no especificó cuántos. Archivos de la entidad muestran que en las veredas de mayor ganado y deforestación también hay investigaciones y sanciones. Por ejemplo, en 2017, la CDA formuló cargos contra Jimi Armando Cano por afectaciones ambientales, sobre todo en el sector de La Panguana, donde taló más de 100 hectáreas.

También hay cuatro expedientes de 2024. En uno de ellos se afectaron siete hectáreas de bosque y se impuso una multa de casi ocho millones de pesos (cerca de 2000 dólares). En el segundo se inició un proceso por deforestar 12 hectáreas, en el tercero se investiga la tala de 36 hectáreas y en el cuarto la deforestación de 48 hectáreas.

La FCDS en su informe señala que tras el fracaso del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, en El Retorno hubo una migración por parte de los campesinos para volver a sembrar coca, lo que “fomentó la deforestación en zonas sin ocupación previa y abrió la primera puerta para la llegada de inversores externos en tierras”.

El documento explica que los actores económicos que entraron a la zona tenían capacidad suficiente para “transformar inmensas porciones de selva en praderas, con la intención de expandir negocios de ganadería”. Además que la mayoría de estos terratenientes no frecuentan las fincas y contratan mano de obra local para deforestar y cuidar las tierras.

 

 

El investigador de la FCDS señala que el acaparamiento de tierras “puede que esté pasando desapercibido por la falta de información y posibilidad de acceso a este sector”. El experto agrega que este territorio es muy hermético y sólo es posible transitarlo si se tiene autorización del Frente Primero de las disidencias de las FARC.

La Reserva Natural Nacional Nukak también se ha visto afectada por el desborde de la especulación y mercado de tierras, ya que el centro poblado de La Paz colinda con esta área natural protegida. Este sitio, comenta la lideresa Mayerli Pinilla, alberga aproximadamente 140 casas, tiene polideportivo, comercio, puesto de salud y es la puerta de entrada al río Inírida y a la Reserva Nukak. La economía en La Paz gira alrededor de la pasta base de coca, que es usada como moneda de cambio para comercializar distintos bienes y servicios.

En 2o22, el Guaviare registró 4935 hectáreas de coca sembradas y El Retorno concentró el 44 %. Al año siguiente se pudo determinar que 221 hectáreas de coca se encontraban a cinco kilómetros de la carretera La Libertad – La Paz. Como lo mencionó Paola Marín de Pares, vías como esta son usadas como corredores para transportar pasta base de coca.

Parte de la siembra que se hace en la Reserva Nacional Natural Nukak ha entrado por la vía La Libertad – La Paz, así como lo ha hecho la praderización para acaparamiento de tierras. En el boletín 34 del IDEAM sobre el primer trimestre de 2023, última alerta temprana que habla directamente de esta trocha y sus dinámicas, se menciona que las detecciones de deforestación en veredas como Panguana y La Paz, en el municipio de El Retorno, afectan a la Reserva Nukak. La entidad señaló que las principales causas eran la praderización para acaparamiento de tierras, prácticas no sostenibles de ganadería extensiva, infraestructura de transporte no planificada y cultivos ilícitos.

El control de los armados sobre la deforestación

Las dinámicas ambientales en municipios amazónicos como El Retorno son volátiles. Entre 2021 y 2022 hubo una disminución en las hectáreas deforestadas, pasando de 5 130 a 2 410. Paola Marín señala que el crecimiento de las disidencias de las FARC generó una disminución en la pérdida de bosques debido a regulaciones y restricciones que le impusieron a la población.

En los diálogos de paz a inicios del 2024 entre el Gobierno de Gustavo Petro y lo que se conocía como el Estado Mayor Central (EMC) de las FARC —un conjunto de frentes, columnas y bloques de disidentes y desertores del Acuerdo de Paz de 2016, más nuevos reclutas— se estableció un punto acerca de proyectos comunitarios para el cuidado de los departamentos amazónicos. Iván Mordisco, quien era el máximo comandante del EMC en ese momento, presentaba a esta organización ilegal como la protectora de la selva.

De hecho, el experto de la FCDS asegura que si el Frente Primero quisiera detener la deforestación, praderización y negocios con la tierra en veredas como Kuwait o Nueva Barranquillita, sectores atravesados la vía La Libertad – La Paz, no habrían reducciones sino que sencillamente se erradicaría, porque ellos son los que tienen el control del territorio por medio de las armas. “Incluso impusieron una especie de ‘impuesto predial’ a las fincas”, indica el investigador.

Un líder del Guaviare que pidió el anonimato por seguridad, dice que el EMC vendía la imagen ante la opinión pública de que ellos protegían el medio ambiente, pero manifiesta que la realidad es otra. “Los lugares con más hectáreas tumbadas son donde ellos tienen más presencia, son un actor más del negocio”, sostiene el líder.

En el primer trimestre de 2024, la ministra de ambiente Susana Muhamad comunicó que hubo un aumento en la tala del 40 % para ese periodo, en parte, como estrategia de presión por parte del EMC en la mesa de negociación con el Gobierno. La expansión armada de los grupos ilegales ha puesto en riesgo a los defensores de derechos humanos y líderes ambientales.

Tras la fractura y división entre la gente de Iván Mordisco y la de alias Calarcá —el otro comandante de la facción del EMC que aún continúa en diálogo con el Gobierno de Gustavo Petro— se expulsó a Mordisco y su gente de la negociación por asesinar y hostigar a la población indígena del departamento del Cauca. “Los hombres de Mordisco, quizás por estrategia política de cara al Gobierno, y preparándose para la guerra que viene contra los de Calarcá, quieren estar en buenos términos con la población, por lo que ellos ahora sí permiten la entrada de dinero al territorio [deforestación y acaparamiento]”, agrega el líder.

En medio de las dinámicas de acaparamiento de tierras en una Reserva Forestal que cada vez es más borrosa, las comunidades quedan atrapadas entre la violencia de los grupos armados y la incapacidad del Estado de tener un control efectivo del territorio. El pasado 11 de junio, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento sobre la “inminente confrontación armada” en el Guaviare, especialmente en el caserío de La Paz, donde la comunidad podría quedar en medio del fuego cruzado y de desplazamientos por los enfrentamientos entre las estructuras disidentes de las extintas FARC. La entidad declaró la situación como “alarmante” y pidió la activación de un corredor humanitario para la evacuación segura de la población civil.

En el último informe de Global Witness sobre homicidios de líderes ambientales, la ONG señala que Colombia, en 2023, fue el país con mayor cantidad de defensores asesinados en el mundo con 79, lo que representa el 40 % de las víctimas que ejercían este liderazgo en el planeta. En zonas como las que comprende la vía La Libertad – La Paz, el riesgo de muerte está latente para todo aquel que alce la voz en contra de los actores ilegales y económicos y sus dinámicas en contra de la naturaleza.

Imagen destacada: Imagen satelital de un tramo de la vía de La Libertad-La Paz, donde se puede observar la deforestación causada por la carretera, así como pozos de agua, corrales y demás infraestructura para la cría de ganado. Crédito: Google Earth – Mongabay Latam

 

Según las cifras del instituto, cuatro de las seis veredas de El Retorno donde hay mayor cantidad de animales vacunados están cerca a la vía La Libertad – La Paz. Kuwait (8248) y Caño Azul (7288) están en el segundo y tercer puesto respectivamente y La Panguana (7213) y Nueva Barranquillita (6422) en el quinto y sexto. Es más, el Retorno pasó de tener 103 mil cabezas de ganado en 2016 a 188 094 en 2023, lo que representa un aumento del 82 %. Y no sólo esto, esta alianza periodística pudo determinar que, hasta el 2023, a 1 kilómetro de la vía La Libertad – La Paz había 14 892 reses.

El informe previamente citado de la FCDS muestra que las veredas mencionadas lideran la deforestación no sólo en El Retorno, sino también en todo el Guaviare. Entre 2016 y 2022, tanto en Kuwait como en Nueva Barranquillita se tumbaron más de 3100 hectáreas de bosques, de acuerdo con cifras del IDEAM. La situación en estas dos zonas, detalla el documento, es de las más graves en el departamento. Por otra parte, en La Paz y La Panguana se han deforestado 1700 y 1500 hectáreas respectivamente.

 

Actualizado el: Lun, 06/16/2025 - 10:37

Por: Pilar Puentes Espinosa 

La historia se repite una vez más. En la vereda Los Cedros del corregimiento de Belén de Bajirá, en el municipio de Mutatá, en el Urabá antioqueño, campesinos señalan que fueron amenazados en abril de 2025, en medio de la entrega material de predios en restitución de tierras. Según señalan las víctimas, la representante legal de la empresa Todo Tiempo SAS, María Teresa Moreno, llegó acompañada de dos hombres armados que se identificaron como miembros de la ‘organización’. Intimidaron a los solicitantes y les prohibieron usar sus celulares y quienes lo intentaron les pidieron borrar cualquier registro de lo que estaba pasando.  

Esta compañía, que se dedica a la ganadería y al cultivo de palma, concentra el 70% de los predios que ha sido solicitada en restitución de tierras en el municipio de Mutatá, según datos de la Unidad de Restitución de Tierras. De acuerdo a las sentencias, durante la década de los noventa, mientras arreciaba la violencia paramilitar, acumuló cerca de mil hectáreas, de varios predios que habían pertenecido a víctimas que salieron desplazados. Varias de ellas le vendieron sus fincas al empresario Gabriel Jaime Sierra que, a su vez, se las vendió a Todo Tempo.

 

Mutatá hace parte de la región del Urabá antioqueño. Se han expedido cinco sentencias de restitución de tierras a favor de los campesinos desplazados en la década de los noventa

 

Las intimidaciones denunciadas por los campesinos en abril de 2025 no son las primeras que sufren. Hechos similares han ocurrido desde 2015, cuando alrededor de 14 familias campesinas decidieron retornar a las fincas que están reclamando por restitución y que se encuentran dentro de un terreno más grande conocido como la hacienda Monteverde. Ese año entraron a la tierra sin acompañamiento institucional y fueron agredidos por un grupo de aproximadamente 80 hombres, algunos encapuchados, que destruyeron las viviendas de madera e intimidaron a las personas con palos y machetes. La organización Forjando Futuro, abogados de los solicitantes de tierra, denunciaron la situación ante la justicia. 

Dos meses después de este  hecho, un grupo de reclamantes de la Asociación Tierra y Paz adelantaron una protesta en Monteverde. Los trabajadores de la finca atacaron a los labriegos con  rifles de paintball, gases pimienta y tábanos eléctricos, causando lesiones a cinco campesinos.

 

Hombres usando armas de paintball impidieron el ingreso a los solicitantes. Por: Forjando Futuro

También, como fue denunciado y documentado por el Instituto Capacitación Popular (IPC), una organización de la sociedad civil que ha acompañado a estos campesinos en sus reclamaciones,   el 28 de octubre de 2014, un grupo de hombres que trabajaba en Todo Tiempo impidió el ingreso de una comisión de topógrafos de Forjando Futuro. Dicha comisión adelantaba un levantamiento topográfico de 28 predios para la solicitud de restitución de tierras. 

Como lo afirma Gerardo Vega, representante de las víctimas y abogado de Forjando Futuro, la familia Moreno ha obstaculizado la entrega material de los predios en varias ocasiones. No solo lo han hecho al impedir el ingreso a la tierra sino también modificando los linderos, es decir, cambiando el tamaño de las parcelas entregadas a las víctimas.

En 2015, alrededor de 14 familias decidieron retornar a las fincas dentro de la hacienda Monteverde, pero fueron agredidas por un grupo armado de unos 80 hombres, destruyeron sus viviendas y les impidieron acceder a sus tierras. La organización Forjando Futuro denunció el ataque ante la justicia. Dos meses después, campesinos de la Asociación Tierra y Paz protestaron en Monteverde, donde fueron atacados por trabajadores de la finca con rifles de paintball, gases pimienta y tábanos eléctricos.

Carlos Zapata, investigador del IPC narró que los problemas persisten desde el 2015. “Siguen modificando los linderos y los altercados con la empresa opositora. Sin embargo, los campesinos continúan construyendo sus casas”, contó Zapata.  

Varios de los campesinos han interpuesto, al menos, tres denuncias en la Fiscalía General por amenazas de muerte. También el caso fue llevado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entidad a la que solicitaron protección.

Todo Tiempo es una empresa de la familia Moreno Pérez, dedicada a la ganadería y cultivos de palma creada el 6 de diciembre de 1996 en Medellín. Tenía aproximadamente mil hectáreas, que cubrían las veredas Los Cedros, Palmichal y Nueva Esperanza, en Belén de Bajirá. El periodista Juan Diego Restrepo y María Elena Florez contaron en su libro Mutatá: conflicto, despojo y resistencia,  que desde 2008 la empresa mantuvo relaciones comerciales con la Sociedad Aceites, una planta extractora afiliada a la Asociación de Ganaderos del Urabá Grande. Esta asociación ha tenido en sus cargos directos a varios ganaderos vinculados con el paramilitarismo, especialmente con el bloque Bananero, comandado por Raúl Emilio Hasbum, alias ‘Pedro Bonito’.  

Acta de accionistas de la empresa Todo Tiempo para 2015.

El principal accionista de Todo Tiempo es Luis Fabio Moreno Ruíz, quien adquirió  predios que componen la hacienda Monteverde y fue denunciado en 2018 por la Fundación Forjando Futuro, el Instituto Popular de Capacitación y la Asociación de Reclamantes Tierra y Paz de hacer parte de un plan criminal que tenían como objetivo silenciar a los líderes comunitarios que luchan por la restitución de tierras en el Urabá.  Las organizaciones denunciaron las amenazas a la Fiscalía en julio de ese mismo año. Esta denuncia no ha avanzado en el ente investigador.

El despojo 

La de la hacienda Monteverde es la historia de desplazamiento y despojo del Urabá antioqueño. El Tribunal Superior de Antioquia en 2015 ordenó la restitución de cuatro familias campesinas y una indígena, de la etnia emberá. Los predios Mi Bohio, La Esperanza, Nutibara I, Nutibara II y Los Popocho se encontraban dentro de la hacienda Monteverde. 

Una de las solicitantes es Alicia Domicó, quien narró cómo tuvo que vender su predio por los hechos de violencia en la región. “Yo me vi obligada a vender por el terror que nos causó tanta violencia , al ser testigo de tanta muerte que causó las autodefensas. Los amigos nos decían que éramos blanco de los paramilitares por ser indígenas y nos culpaban de ser colaboradores de la guerrilla”,afirmó Domicó al juez de tierras. 

Las víctimas realizaron una manifestación pacífica exigiendo entrar a los predios restituidos o en proceso ante el Tribunal de Tierras

Alicia Domicó era la dueña de Mi Bohío. En  1993 el extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) se lo adjudicó. Al igual que varios de los solicitantes,  en medio de la violencia, Domicó le vendió por bajos precios a Luis Fabio Moreno Ruíz, el 3 de julio de 1997, después fue transferido el 5 de febrero de 2009 a la empresa Todo Tiempo. 

En otros casos, los campesinos tras el desplazamiento forzado a manos de las autodefensas fueron contactados por comisionistas. Les insistieron en vender sus tierras para no tener problemas con los paramilitares en la zona. Luego de ser adquiridas, las parcelas fueron transferidas a Todo Tiempo. Este es el caso de  Rosa Villadiego, a quien le restituyeron la tierra en 2020 cuando le contó al Tribunal de Tierras que su padre adquirió los predios ‘Dios me Guía’ y ‘La Defensa’ entre 1985 y 1994. Cuando ingresaron los paramilitares en 1996, secuestraron a los hermanos de Rosa y posteriormente los asesinaron en el corregimiento de Nuevo Oriente, lo que causó el desplazamiento de la familia a Monteria, Córdoba. En 1997, el padre de Rosa se vio obligado a vender los predios a Fabio Moreno y Gabriel Jaime Sierra.  

Sierra fue comerciante de Medellín, Antioquia y representante legal de la empresa Palmas de Curvaradó, involucrada en el desplazamiento y despojo del Consejo Comunitario Curvaradó y representante legal suplente de Asociación Ganaderos de Urabá Grande, que como se mencionó anteriormente, ha tenido directivos condenados por paramilitarismo. En 2014, Jaime Sierra fue condenado a prisión por los delitos de desplazamiento forzado, invasión de áreas de especial importancia ecológica y concierto para delinquir agravado.

No demostraron la buena fe

Las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (Aucc) cometieron varios crímenes y desplazamientos que prácticamente vaciaron grandes territorios a comienzos de 1997, y luego se dirigieron a Mutatá. Este municipio era el último que conservaba, a mediados de los noventa, la tradición agrícola, cultivos de pancoger y habitantes sujetos de reforma agraria, como lo muestra el Centro Nacional de Memoria Histórica. A diferencia de los demás municipios del Urabá antioqueño, donde se centraba la economía, principalmente en la cría de ganado, el banano y la palma.

Los comandantes paramilitares Raúl Hasbún y Fredy Rendón Herrera se asentaron en Mutatá para ensañarse contra la población civil bajo un discurso contrainsurgente porque el Frente 5 de las Farc había estado en la zona. Asesinaron y desplazaron familias campesinas e indígenas y cambiaron la concentración de la tierra, como lo muestra una sentencia de 2023. 

Dada la arremetida paramilitar, se registró la Declaratoria de Zona de Inminencia de Riesgo de Desplazamiento en 2008, por parte del Comité de Población Desplazada de Mutatá y se profirió medida cautelar de prevención registral. 

El desplazamiento de la vereda Los Cedros, como lo explican las cinco sentencias de restitución hasta la fecha, sucedió durante el despliegue de la guerrilla y la consolidación del paramilitarismo, que se capitalizó a finales de la década de 1990,  “cuando arrebato miles de hectáreas a través de ventas forzadas y a bajo precio”. En la investigación Mutatá: conflicto, despojo y resistencia, Juan Diego Restrepo y María Elena Floréz revisaron los estudios registrales y los títulos de propiedad y encontró la mayoría de los predios reclamados en restitución hacían parte de un englobe de tierra llamado ‘hacienda Monteverde’, de la propiedad de Todo Tiempo.

Y es que el Tribunal de Tierras afirma que a pesar del conocimiento directo de la situación de violencia del Urabá antioqueño, especialmente en los  corregimientos de Belén de Bajirá y Nuevo Oriente, Todo Tiempo a través de Luis Fabio Moreno, adquirió vastas extensiones de tierra para formar un gran proyecto ganadero, negoció que logró consolidarse a través de comisionistas como Jaime Sierra.

La familia Moreno se ha opuesto a todos los procesos de restitución. En las cinco sentencias han declarado que actuó de buena fe exenta de culpa y que había libertad para negociar en el proceso de compra. Es decir, que los labriegos no fueron acosados por los factores de violencia ni presionados a vender los predios. Por el contrario, según los empresarios,  compraron al precio justo del mercado, se lee en la sentencia.

Es por ello, que la justicia determinó que Todo Tiempo se aprovechó del contexto generalizado de violencia para realizar las compras de la tierra. “Definir el despojo lo relaciona con un aprovechamiento directo de la situación de violencia, la que se encuentra sustentada probatoriamente, que conllevó a una privación arbitraria de la propiedad, posesión u ocupación de predios, y suele ocurrir a través de negocios jurídicos, como aconteció en el presente caso”, señaló el Tribunal.

En todos los procesos fallados de restitución de tierras, Todo Tiempo no ha logrado demostrar la buena fe exenta de culpa. La empresa no hizo todo lo posible para conocer qué estaba pasando en el territorio y tampoco para no aprovecharse de ello.  Rutas del Conflicto intentó contactar en varias ocasiones a la empresa o sus directivos pero no obtuvo respuesta. 

 

*Esta investigación fue realizada con el apoyo de la Heinrich Böll Stiftung en Colombia

 

 

 

Actualizado el: Mar, 05/27/2025 - 21:19

Desde septiembre de 2022 y hasta mayo de 2024, la filial colombiana de la petrolera estadounidense Chevron compró 3 millones de créditos de carbono a una comunidad indígena en la Amazonia colombiana. 

Esos créditos le permitieron a la petrolera compensar parte de su huella ambiental en Colombia. Usó el mecanismo de mercado llamado Redd+, que le da valor a los resultados positivos de conservación del resguardo indígena Cotuhé Putumayo, y redujo así el impuesto al carbono que debía pagar al Estado colombiano, por ser la suya una actividad económica altamente contaminante. Cada bono o crédito usado equivale a una tonelada de dióxido de carbono —uno de los gases de efecto invernadero que propician el cambio climático— que en teoría ya no sube a la atmósfera producto de ese esfuerzo ambiental.

Esta sería una buena noticia, salvo por el hecho de que miembros de la comunidad indígena que alberga el proyecto dice no conocerlo. Seis líderes del resguardo Ríos Cotuhé y Putumayo, en el trapecio amazónico en el extremo sur del país, dijeron a esta alianza periodística no tener ninguna información relativa a los documentos, las actividades o los recursos generados por la iniciativa llamada ‘Conservando la Vida del Mundo, Mowíchina arü Maü, Ríos Cotuhé y Putumayo’ que actualmente se lleva a cabo dentro de su territorio colectivo.

Esta es la segunda vez que Chevron usa los resultados ambientales de una comunidad indígena que argumenta no saber siquiera de la iniciativa en cuestión.

Ilustración: Miguel Méndez

Entre octubre de 2022 y junio de 2024, la petrolera estadounidense compró y usó 1,1 millones de créditos de carbono provenientes del proyecto Pachamama Cumbal, ubicado en los páramos y bosques nublados cuidados por un resguardo indígena en Nariño, en las montañas del suroccidente de Colombia. Entonces surgieron reclamos de indígenas pasto del resguardo del Gran Cumbal. Aseguraron que no estaban enterados de la existencia de esa iniciativa, como reveló una investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) de junio de 2023. Un grupo de ellos llevó el proyecto a los tribunales. Jueces de primera y segunda instancia les dieron la razón. Fallaron que sus derechos fundamentales habían sido violados.

Chevron se defendió en esa ocasión diciendo que confiaba en que dicho proyecto contaba “con los permisos y aprobaciones de la respectiva autoridad de gobierno indígena y también (…) los procesos de socialización respectivos”. La petrolera dijo tener un robusto proceso de debida diligencia para garantizar que invertía en iniciativas de alta calidad, asegurando que “nuestras compensaciones tienen un grado de cumplimiento aceptadas por los gobiernos en las regiones donde operamos”.

Ambos proyectos, el de Cumbal y el de la Amazonia, fueron desarrollados por la misma empresa mexicana, Global Consulting and Assessment Services S.A. de C.V., evaluados por la misma firma auditora, Deutsche Certification Body S.A.S., y autorizados para llegar al mercado de carbono por la misma certificadora, ColCX. A eso se suma que, pese a que la relación entre desarrolladores y auditores debe ser independiente e imparcial, la directora general de Global Consulting fue socia fundadora de Deutsche Certification Body, según reveló la investigación periodística de 2023. Es decir, la empresa donde hoy trabaja contrató a su antigua firma para que auditara su proyecto, creando un potencial conflicto de interés para ambas compañías.

Pese a esos antecedentes de las empresas involucradas, Chevron Petroleum Company –filial de Chevron Global Energy Inc. en Colombia y propietaria de 460 estaciones de gasolina de marca Texaco en el país- volvió a comprar créditos de una iniciativa en que éstas participaban. Al menos 1,3 millones de los bonos comprados por Chevron al proyecto en Cotuhé Putumayo fueron usados después de que dos jueces ordenaran la suspensión del otro proyecto en Nariño. Este es el hallazgo principal de esta nueva investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Mongabay Latam, con apoyo del Centro Pulitzer y publicada en alianza con Drilled, como parte de la alianza periodística Carbono Opaco que reúne a 13 medios de ocho países para indagar cómo está funcionando el mercado de carbono en América Latina.

Chevron usó casi un millón de esos bonos provenientes de la Amazonia después de que la entidad que vigila a todos los auditores en Colombia suspendió la acreditación de Deutsche Certification Body. En total, la petrolera compró 1,8 millones tras las revelaciones periodísticas sobre el caso Cumbal.

La petrolera argumenta que el proyecto en el resguardo Cotuhé Putumayo en ningún momento reportó problemas y que Global Consulting le dijo que las autoridades indígenas negaban que hubiese un conflicto en el resguardo, aunque aclaró que ya no tiene ninguna relación comercial con la empresa desarrolladora.

Esos hechos levantan preguntas serias sobre los estándares de debida diligencia de una de las mayores empresas de combustibles fósiles del mundo. El mecanismo llamado Redd+ promete ser una innovadora solución financiera que enlaza a empresas que quieren pagar para compensar su huella de carbono con comunidades locales que cuidan bosques estratégicos para mitigar la crisis climática global. No obstante, en algunos casos estas comunidades podrían no estar siquiera beneficiándose del trato.

 

El resguardo indígena Ríos Cotuhé y Putumayo, atravesado por el río Cotuhé acá visible, alberga 2.450 kilómetros cuadrados de selva amazónica en altísimo estado de conservación. Foto: cortesía de Rodrigo Botero / Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

Un proyecto a 100 años en el trapecio amazónico

En septiembre de 2022, la certificadora colombiana ColCX aprobó el proyecto Redd+ Conservando la Vida del Mundo, Mowíchina arü Maü, Ríos Cotuhé y Putumayo, que describe en su registro público como “una iniciativa de los pobladores indígenas tikuna del resguardo de los Ríos Cotuhé y Putumayo, representados por el Cabildo Indígena Mayor de Tarapacá (Cimtar), su organismo de gobernanza” a lo largo de un periodo de 100 años.

El centro del proyecto -que significa ‘vida de la diosa de los ríos Cotuhé y Putumayo’ en lengua tikuna o poguta- es ese territorio indígena de 2.450 kilómetros cuadrados (o el tamaño de Luxemburgo), que atraviesa la parte norte del trapecio amazónico colombiano desde la frontera con Perú hasta casi la de Brasil. Lleva el nombre de los dos ríos que lo atraviesan: el Cotuhé que fluye hacia el norte desde el Parque Nacional Amacayacu hasta encontrarse con el poderoso Putumayo o Içá, afluente del Amazonas, justo antes del pueblo de Tarapacá. En su interior viven doce aldeas indígenas que suman 2024 personas, en su mayoría del pueblo tikuna, aunque también hay indígenas okaina, bora y uitoto. La selva allí está en buen estado de conservación, aunque en años recientes se han detectado dragas de minería ilegal de oro en los dos ríos.

La Asociación Cabildo Indígena Mayor de Tarapacá (Cimtar), la autoridad indígena que históricamente ha gobernado en el resguardo, figura como propietaria del proyecto, mientras la empresa mexicana Global Consulting and Assessment Services S.A. de C.V. aparece como desarrolladora.

Varios líderes del resguardo, sin embargo, dicen no conocer la iniciativa que debería traerles ingresos para respaldar su trabajo de cuidado de una porción del mayor bosque tropical húmedo del mundo y cubrir sus necesidades básicas. La mayoría de aldeas del resguardo presentan un nivel entre regular y crítico de acceso a servicios públicos como energía eléctrica, alcantarillado, tratamiento de basuras y agua potable, según la matriz de Indicadores de Bienestar Humano Indígena (IBHI) que construyó el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi de la mano de las comunidades.

“Cero en todos los aspectos: cero información, cero participación, cero beneficios. No tenemos ningún documento, no sabemos qué se vendió, ni conocemos en qué se invirtió”, dijo Pepe Cham García, un líder indígena tikuna y actual representante legal de Cimtar, a esta alianza periodística.

“La gente no tiene conocimiento de si se avanzó o no, y eso genera preocupación. No sabemos si hubo algún desembolso, nada concreto. Ninguna información hubo de las personas responsables”, dijo por su parte José Herlinton Pérez, quien fue autoridad de la aldea de Puerto Nuevo.

Que dos líderes de esa comunidad digan que no les han dado información ni participación  del proyecto significa que éste podría estar incumpliendo varias de las salvaguardas sociales y ambientales contempladas para este tipo de iniciativas en Colombia. Esto incluye obligaciones de ser transparente en la información, de contar con el consentimiento libre, previo e informado de la comunidad, de asegurar la participación plena y efectiva de sus beneficiarios, y de rendirles cuentas de sus resultados económicos.

Los indígenas de Cotuhé Putumayo no conocen mayores detalles del proyecto porque la certificadora ColCX no publica en su plataforma el documento de diseño de proyecto (PDD, en la jerga del sector) que sustenta cualquier iniciativa ni el informe del auditor, Deutsche Certification Body, que precede su aprobación y autorización para vender créditos en el mercado voluntario de carbono. Algo similar ocurrió en el caso Cumbal en Nariño.

Esta alianza periodística ha solicitado a ColCX acceso a los documentos del proyecto desde diciembre de 2022, en el marco de un mapeo de proyectos y actores del mercado de carbono que esta alianza periodística publicará pronto. A diferencia de sus competidoras, la estadounidense Verra y las colombianas Cercarbono y BioCarbon Registry (antes llamada ProClima), ColCX es la única certificadora que opera en Colombia que no los hace públicos para todos sus proyectos.

La respuesta de la certificadora - cuya empresa matriz Canal Clima forma parte de Valorem, el holding empresarial de la familia Santo Domingo, una de las más ricas y poderosas del país - ha sido negativa en todas las ocasiones. 

En enero de 2023, su gerente técnica Catalina Fandiño dijo por correo electrónico a CLIP que “el documento de diseño de cada uno de los proyectos es de carácter confidencial y es propiedad de la comunidad y/o desarrollador”, pero que los solicitaría al desarrollador. Dos meses después, añadió que “no obtuvimos aprobación para compartir la información solicitada”. En abril de 2024, ante una nueva petición, su director Mario Cuasquén dijo no poder hacerlo debido a “una cláusula de confidencialidad que obliga a las partes a abstenerse de divulgar más información”. En septiembre de 2024, Cuasquén explicó que el caso Cumbal suscitó un proceso de autocrítica en la empresa del grupo Santo Domingo y que hicieron cambios significativos a su política interna, que ahora sí permite publicar dichos documentos. Pero advirtió que no podían hacerlo para los casos de Global Consulting por dicha cláusula.

Los indígenas del Cimtar, que son teóricamente los propietarios del proyecto, no han tenido mejor suerte encontrando esa información.

Derechos de petición sin responder

Poco después de asumir la representación legal de Cimtar, Pepe Cham decidió escribir a los responsables de la iniciativa. El 25 de octubre de 2022, envió una carta a ColCX presentándose y solicitando información sobre el proyecto dado que, en sus palabras, “presume estar ubicado en nuestro territorio”. 

“Ni yo como representante legal ni los otros miembros del Comité Ejecutivo de Cimtar tienen conocimiento del contenido, condiciones y acuerdos que sustentan este proyecto y no hemos tenido contacto con la empresa Global Consulting And Assessment Services S.A de C.V.”, les dijo, según evidencian los correos electrónicos que Cham mostró a esta alianza periodística.

Dos semanas después, el director de ColCX, Mario Cuasquén, le respondió que desde su perspectiva como certificador, el proyecto “se ha venido ejecutando en debida forma, bajo el amparo del Contrato de Mandato No. 008-2019 celebrado entre Global Consulting and Assessment Services S.A. de C.V. y la Asociación Cabildo Indígena Mayor de Tarapacá Cimtar”. 

La certificadora le remitió a Cham una carta en la que Bárbara Lara de Global Consulting expresó a ColCX que “todas las actividades relacionadas con el diseño, implementación y ejecución del proyecto que a la fecha ha realizado Global Consulting se encuentran autorizadas por (…) Cimtar y cobijadas bajo el contrato de Mandato No. 008 de 2019 suscrito entre Global Consulting y el Resguardo Cotuhé Putumayo – Cimtar”. Explicó que el antecesor de Cham en el cargo de representante legal, Marcelino Sánchez Noé, firmó ese contrato y que luego, el 21 de marzo de 2022, envió una carta autorizando el inicio del proyecto.

La empresaria mexicana dijo también que se habían enterado del cambio de representante legal en el resguardo, pero señaló que sabía que Sánchez había interpuesto un recurso de reposición contra la resolución del Ministerio del Interior confirmando dicho cambio. La empresa, dijo, se abstendría de intervenir hasta que esa situación se resolviese. “Global ha decidido mantenerse imparcial y a la espera a que el recurso de apelación (…) sea resuelto por el despacho del Viceministro, toda vez que hasta que aquello no ocurra, no podrá celebrar actos con el Sr. Pepe Cham García relacionados con el proyecto”, escribió Lara.

Dos meses después, el penúltimo día del 2022, la viceministra Lilia Solano confirmó la decisión original del Ministerio del Interior y ratificó a Pepe Cham como representante legal de Cimtar.

El líder indígena reconocido oficialmente por el Estado colombiano, sin embargo, no recibió respuesta de Global Consulting a su solicitud.

Año y medio después, a mediados de 2024, Pepe Cham inició una nueva ronda de cartas buscando información sobre el proyecto de carbono activo en su territorio.

En un derecho de petición enviado a Global Consulting el 9 de agosto, Cham una vez más enfatizó a la empresa que “la comunidad y los actuales líderes no tenemos conocimiento pleno del proyecto y sus condiciones, situación que afecta a ambas partes considerando las mencionadas salvaguardas” y que su predecesor Marcelino Sánchez no tenía dicha información.

“La comunidad de Cimtar tiene el derecho, en cumplimiento de la normativa nacional e internacional, de tener información y conocimiento pleno de este proceso”, añadió, solicitando los documentos que se refieran a “el objetivo, la duración, el área, las condiciones de implementación, las condiciones de financiación y las condiciones administrativas” de la iniciativa. Además, pidió documentos probando la socialización del proyecto con los habitantes del resguardo y “en especial (…) información sobre los beneficios económicos obtenidos por el proyecto y la forma como han sido distribuidos en la comunidad de Cimtar, especificando montos, personas beneficiadas, proyectos beneficiados, así como las condiciones de modo, tiempo y lugar del desembolso de los recursos”.

Cham dijo a esta alianza periodística que, más de seis meses después, no ha recibido respuesta de la empresa mexicana.

Ese mismo 9 de agosto, Cham mandó un derecho de petición similar a ColCX, reiterando los mismos puntos. El 3 de septiembre, Mario Cuasquén le respondió aunque no lo hizo de fondo. Argumentó que el derecho de petición era improcedente, volvió a decirle al representante legal de Cimtar que no estaba autorizado para entregarle la información solicitada “en atención a los acuerdos contractuales de confidencialidad vigentes” y explicó que desconocía parte de esos datos, sobre todo los financieros. Cerró diciéndole que “el proyecto (…) puede consultarse públicamente en la página web de ColCX”, pese a que justamente esa plataforma no incluye documentos básicos como el PDD ni el informe de auditoría.

Frustrado por esta falta de respuesta, Cham pidió ayuda a tres entidades públicas. El Ministerio de Ambiente, que supervisa el mercado de carbono, respondió que “no ha obtenido respuesta por parte de la empresa Global Consulting”, mientras que el Ministerio del Interior, que vela por los derechos de las minorías étnicas, y la Defensoría del Pueblo no dieron respuesta.

Esta alianza periodística solicitó entrevistas con Bárbara Lara de Global Consulting desde marzo de 2025, pero no obtuvo respuesta.

 

El resguardo Ríos Cotuhé y Putumayo está integrado por unos 2000 indígenas, mayoritariamente del pueblo tikuna, repartidos en doce aldeas, como la de Buenos Aires acá visible. Foto: cortesía de Rodrigo Botero / Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

Una historia de dos Cimtar

El 18 de marzo de 2025, Marcelino Sánchez, el líder indígena que firmó el contrato que sustenta el proyecto, envió a esta alianza periodística un correo electrónico presentándose como representante legal del Consejo Indígena Mayor de Tarapacá Amazonas Cimtar y adjuntando una carta cuyo contenido nos abstenemos de revelar por solicitud expresa del remitente, en la que exigió no hacer reportería sobre el tema.

Tres días después, Sánchez escribió un nuevo email, copiando a Bárbara Lara de Global Consulting, adjuntando de nuevo dicha carta y subrayando su trayectoria en liderazgo indígena de 15 años. “En estos momentos la prioridad que tenemos es la formalización de nuestra Entidad Territorial Indigena y posterior liquidación de la Asociación [Cimtar]”, escribió en el texto del correo electrónico. Hasta la fecha de publicación, Marcelino Sánchez no ha respondido a solicitudes de entrevista ni a preguntas específicas sobre el proyecto de carbono.

El título que usa Sánchez en sus comunicaciones subraya una de las complejidades del caso: hay dos instancias de gobernanza que coexisten en Cotuhé Putumayo. Por un lado está el Cabildo Indígena Mayor de Tarapacá que lidera Pepe Cham desde enero de 2022 (y reconocido por el Ministerio del Interior en abril de 2022) y, por el otro, el Consejo Indígena Mayor de Tarapacá Amazonas que lidera Marcelino Sánchez desde marzo de 2022.

Esto ocurre porque el resguardo está en proceso de cumplir el viejo sueño de convertirse en una entidad territorial indígena (ETI) con funciones político-administrativas. Se trata de una promesa que viene desde la Constitución de 1991 que declaró a Colombia un país pluritétnico, pero que se ha venido implementando por partes. En 2018, el gobierno de Juan Manuel Santos plasmó en un decreto la ruta para que los territorios indígenas en las áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés sean incorporados al ordenamiento nacional con una categoría similar a la de los municipios. A partir de ese momento, los territorios empezaron a crear y formalizar sus consejos indígenas, que son la figura de gobierno local –como el alcalde para los municipios- que les asignó la Constitución. Mientras se lleva a cabo esa transición, y una sustituye a la otra como órgano de gobierno interno que eventualmente administrará y ejecutará recursos públicos de forma directa, las dos conviven.

Según los líderes del cabildo, el acuerdo al que llegaron en Cotuhé Putumayo en 2019 era que crearían el consejo indígena, pero que éste sólo asumiría las responsabilidades del cabildo cuando ya esté funcionando plenamente la nueva figura de ordenamiento territorial. “Todo el mundo sabe que la asociación está hasta el punto final en que nos convertimos en entidad territorial indígena”, dice Rafael Ahuanary, otro líder indígena local.

Las cosas se vuelven aún más confusas dado que ambas instancias de gobierno en el resguardo -cabildo y consejo- usan la misma sigla de Cimtar.

ColCX no quiso responder a las preguntas de esta alianza sobre el proyecto aduciendo haber recibido el 18 de marzo una “solicitud de no difusión de información”. Según la certificadora, esa comunicación le instruyó que “como órgano de representación y autoridad en nuestra comunidad, el Consejo Indígena Mayor de Tarapacá es el único ente facultado para tomar decisiones sobre la divulgación y manejo de la información relacionada con nuestro resguardo indígena”, razón por la cual ColCX tomó la decisión de que “debe abstenerse de entregar información escrita o verbal sobre el proyecto”. Por último, la certificadora invitó a consultar la información pública de la iniciativa en su plataforma, que -como se mencionó anteriormente- no incluye ni el PDD ni el informe de auditoría.

A pesar de que ColCX aceptó el pedido de no difusión de información solicitado por el Consejo Indígena Mayor de Tarapacá, hay un punto crucial, la plataforma de la certificadora no menciona en ningún momento a esa organización, sino que lista públicamente al Cabildo Indígena Mayor de Tarapacá (Cimtar) como “propietario” del proyecto y “organismo de gobernanza” del resguardo. La declaración de validación del proyecto también indica que quien “obra en representación de la comunidad del resguardo de los ríos Cotuhé y Putumayo” es el Cabildo Indígena.

La plataforma del certificador ColCX muestra que el propietario del proyecto es el Cabildo Indígena Mayor de Tarapacá y no, como dicen ahora varios de los actores involucrados, el Consejo Indígena Mayor de Tarapacá que comparte las mismas siglas. Fuente: Plataforma de ColCX.

Esta alianza periodística le preguntó a ColCX con cuál de las dos instancias -cabildo o consejo- interactúa, con qué fundamento tomaba partido por una de ellas y por qué no ha respondido las solicitudes de hace meses de Pepe Cham de acceso a los documentos del proyecto, pero la certificadora no respondió. Tampoco respondió quién le envió el oficio pidiéndole no hablar de la iniciativa Redd+.

Más allá de quién tiene la razón sobre cuál es la máxima instancia de gobernanza en el resguardo, un problema de fondo persiste: ¿por qué los habitantes del resguardo Cotuhé Putumayo no tienen acceso a la información detallada sobre el proyecto de bonos de carbono en su territorio?

Los vínculos entre desarrolladora y auditora

¿Cómo pudo un proyecto Redd+, desconocido por indígenas que supuestamente participan en su desarrollo, ser aprobado y recibir permiso para vender bonos en el mercado voluntario de carbono?¿Cómo pudo la 29ª empresa más grande del mundo por ingresos comprar los resultados ambientales de una comunidad indígena sin que quienes los produjeron hubieran recibido algo a cambio? La respuesta a estas preguntas parece tener, al igual que en Cumbal (Nariño), dos patas: una maraña de posibles conflictos de interés por un lado y una falta de debida diligencia por otra.

Dentro de la cadena de valor del carbono, un proyecto solo llega a la fase de certificación y emisión de bonos tras haber pasado una evaluación por parte de un auditor externo, un tercero contratado por el desarrollador, pero que debe ser independiente e imparcial frente a éste. Aunque el informe de auditoría de Cotuhé Putumayo sigue sin ser público y la certificadora ColCX se niega a publicarlo, de entrada ya hay un problema de fondo: los múltiples vasos comunicantes entre la empresa desarrolladora y la auditora ponen en duda esa distancia.

El vínculo más claro y quizás problemático es que Bárbara Lara Escoto, la gerente de Global Consulting, fue socia fundadora y accionista de la Deutsche Certification Body, según consta en documentos corporativos registrados en la cámara de comercio, algo que la investigación periodística original sobre el caso Cumbal ya había mostrado. Eso significa que la firma mexicana contrató a los antiguos socios de negocios de su gerente para que evaluaran su proyecto.

Hay también vínculos en la dirección contraria. Óscar Gaspar Negrete, el presidente y accionista único de Deutsche Certification Body a junio de 2022 y quien firmó los certificados de validación y verificación del proyecto Cotuhé Putumayo, aparece también en dos documentos corporativos de Global Consulting and Assessment Services S.A. de C.V. disponibles en el Registro Público de Comercio de México. En uno de 2016 figuraba como comisario de su órgano de vigilancia, un rol que suele ser escogido por la asamblea de socios, y en otro de 2019 aparecía como “representante y/o delegado de la asamblea de socios”.

En otras palabras, Gaspar Negrete no solo fue socio accionista de Bárbara Lara en la auditora colombiana, sino que también estuvo vinculado a la empresa mexicana que ella gerencia y que desarrolló el proyecto con Cimtar. Ambos hechos sugieren que las empresas podían tener un doble conflicto de interés, dado que un auditor de proyectos de carbono debe “permanecer imparcial con respecto a la actividad validada o verificada, así como libre de sesgos y conflictos de intereses”, según señala una de las normas internacionales ISO que regulan su trabajo y rige en Colombia.

Ni Deutsche Certification Body ni Global Consulting respondieron a solicitudes de entrevista desde marzo de 2025.

En octubre de 2023, dos meses después del fallo de un juez de segunda instancia contra el proyecto Pachamama Cumbal, la auditora Deutsche Certification Body perdió su acreditación. El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) decidió retirarle la acreditación que tenía desde 2021 para evaluar proyectos de reducción de gases de efecto invernadero, incluidos los Redd+ como el de Cotuhé Putumayo. Un mes después, el comité de apelaciones de ONAC confirmó y dejó en firme esa decisión. Esto significa que puede continuar auditando proyectos en Colombia pero, en palabras de la ONAC, “ya no está autorizado para emitir informes ni certificados bajo la condición de acreditado, ni utilizar el símbolo de acreditado, ni hacer referencia a la condición de acreditado”.

Las razones por las cuales la auditora fue sancionada son menos claras. La ONAC denegó una solicitud de esta alianza periodística de acceder a las actas o al expediente que soportaron la decisión, señalando que “solo podemos compartir información que haya sido publicada oficialmente”, debido a normas internacionales y cláusulas de confidencialidad firmadas con sus acreditados. Su decisión fue tomada cinco meses después de la publicación del CLIP detallando posibles conflictos de interés de Deutsche Certification Body y Global Consulting.

Hay otros puntos adicionales que preocupan a los indígenas de Cotuhé Putumayo. Primero, dicen no entender cómo el proyecto terminó siendo desarrollado por Global Consulting dado que, según el relato de los seis líderes consultados, hubo una reunión inicial de socialización en la aldea de Puerto Huila hacia 2019 en donde discutieron un posible proyecto con una empresa distinta llamada Taita Samay S.A.S. Un líder dice recordar que Taita Samay lideraba la propuesta, con Global Consulting figurando como un apoyo para preparar los documentos del proyecto y hacer el trabajo social. Dicen no saber aún cuándo ni con cuál empresa fue firmado el contrato que dio pie al proyecto.

En cualquier caso, los seis líderes insisten en que en esa primera reunión no se firmó un contrato, sino que su propósito era esbozar la ruta hacia un eventual proyecto. “Llegamos a unos acuerdos para comenzar a trabajar, planear cómo sería para adelante. Quedó el compromiso de volvernos a reunir para [recorrer] el camino planificado de trabajo, pero eso nunca se dio”, dice Jhovanny Carvajal, quien es autoridad tradicional de la aldea de Puerto Huila y estuvo en esa reunión. “Hasta la fecha todos nos hemos preguntado en qué está, porque no hay información clara y veraz sobre la situación”, coincide Antonio Supelano, líder de la aldea Ventura que también asistió ese día.

También entre esas dos empresas hay vasos comunicantes. Como probó el CLIP en otra investigación, Global Consulting y Taita Samay comparten figura visible: Bárbara Lara Escoto, la directora general de Global Consulting es la representante legal de Taita Samay (cuyo nombre significa ‘descanso del padre’ en quechua) desde 2019.

Los seis líderes indígenas tampoco se enteraron cuándo el proyecto de Global Consulting entró al mercado de carbono. Al punto que tres años después, en noviembre de 2022, se reunieron en la aldea de Buenos Aires con otra empresa distinta del mercado de carbono llamada Allcot para explorar la posibilidad de hacer un proyecto juntos. No pasaron de esa primera reunión porque en ese momento se percataron de la existencia de la otra iniciativa. “Lo detectamos allí, pedimos información, no la obtuvimos y vimos que tenía mucho riesgo entrar en un proyecto”, confirmó a esta alianza periodística Mercedes García Madero, directora técnica de Allcot. Aunque los indígenas de Cimtar ignoraran la existencia del otro proyecto activo y no hubiesen visto jamás sus documentos, el riesgo de iniciar un segundo proyecto en el mismo lugar era que todos terminaran vendiendo el mismo resultado ambiental dos veces – algo conocido en el mercado de carbono como doble contabilidad.

Para complejizar aún más la situación, una de las aldeas que forma parte del resguardo, los tikuna o magutá del caño Pupuña en la frontera con Perú, son considerados un pueblo indígena en contacto inicial (también conocido como PICI) y, por tanto, requieren protección adicional a raíz de su vulnerabilidad. El resguardo también colinda con el área donde viven dos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario (o PIA) que aún alberga la selva amazónica: los yuri - passé. En noviembre de 2024, el Ministerio del Interior colombiano estableció una zona intangible en inmediaciones del Parque Nacional Río Puré y una zona amortiguadora al lado para protegerlos. La existencia de los yuri - passé fue probada gracias a la investigación del fallecido experto Roberto Franco en su célebre libro Cariba malo en 2012 y al conocimiento de los indígenas vecinos.

Pese al buen estado de conservación de la selva en Cotuhé Putumayo, en los últimos dos años se han detectado dragas de minería ilegal de oro en los dos ríos que lo atraviesan. Foto: cortesía de Rodrigo Botero / Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

La petrolera compradora

Al igual que ocurrió con la iniciativa hecha de espaldas a los indígenas pasto en los bosques andinos y páramos de Nariño, el mejor cliente del proyecto en Cotuhé y Putumayo ha sido la petrolera estadounidense Chevron.

Entre septiembre de 2022 y mayo de 2024, Chevron Petroleum Company –la principal filial en Colombia de Chevron Global Energy Inc.– usó 2,98 millones de créditos del proyecto para reducir la carga tributaria por el impuesto al carbono en Colombia, según los registros públicos de la plataforma de transacciones de la certificadora ColCX. Una segunda filial llamada CI Chevron Export S.A.S. usó otros 21.427 bonos. Otras empresas que también usaron los bonos de los indígenas tikuna incluyen a la distribuidora de gasolina Zeuss S.A.S. con 387.000, la empresa Alberto Ochoa y Cia S.A.S. con 2730 y OZ EDS S.A.S. con 500.

Una parte significativa de esos créditos fueron usados por Chevron posteriormente a que se conocieran los problemas que involucraban a la desarrolladora Global Consulting y a la auditora Deutsche Certification Body en el proyecto en Nariño. Desde que la iniciativa Pachamama Cumbal fue suspendida por un juez en julio de 2023, la petrolera usó 1,3 millones de créditos del proyecto que los indígenas de Cimtar dicen desconocer. Y desde que la ONAC retiró la acreditación de Deutsche Certification Body, Chevron usó un millón de bonos.

Chevron confirmó que compró créditos del proyecto en Cotuhé Putumayo a través de Global Consulting, con la que -en sus palabras- “en su momento tuvimos un acuerdo comercial” pero que “hoy Chevron Colombia no tiene vinculación contractual con el desarrollador de ese proyecto ni tampoco canjea bonos de los proyectos mencionados ni de otros proyectos”. (Ver la respuesta completa de Chevron acá).

Según la petrolera, “Global Consulting en ningún momento reportó inconvenientes sociales ni ambientales en el resguardo de Cotuhé y Putumayo, ni en ningún otro proyecto [y] sus informes resaltaban que todos los parámetros legales y normativos se estaban cumpliendo”. La empresa añadió que de la desarrolladora “recientemente nos hicieron saber que las autoridades indígenas del resguardo han negado conflictos sociales causados por este proyecto”. No respondió qué autoridades lo afirmaron ni quién se los preguntó. Tampoco dijo cuánto pagó por los bonos de Cotuhé Putumayo, ni listó los proyectos a los que ha comprado créditos en los últimos cinco años.

Sobre los problemas legales del proyecto de Global Consulting en Nariño, Chevron dijo que “estuvo al tanto de la situación jurídica alrededor del proyecto Pachamama Cumbal, razón por la cual, una vez se conoció la tutela radicada por algunos miembros del resguardo, le solicitamos a nuestro proveedor suspender el canje y retiro de certificados de ese proyecto”. No respondió a la pregunta de por qué usó 1,5 millones de bonos de otro proyecto desarrollado, auditado y certificado por las mismas empresas involucradas en el de Cumbal después de los fallos en su contra. La petrolera tampoco mencionó que, como reveló otra investigación del CLIP, canjeó casi 289.000 créditos de Pachamama Cumbal después de la suspensión por orden judicial (algo que en su momento atribuyó a que su “proveedor adquirió sin previo aviso bonos de dicho proyecto para Chevron Colombia, los cuales no fueron advertidos oportunamente en nuestros procesos internos y por error terminaron haciendo parte del proceso de compensación de dicho periodo”).

Chevron no respondió a preguntas sobre qué procedimiento de debida diligencia lleva a cabo para evaluar la calidad de los créditos de carbono que compra ni quién toma las decisiones de esas compras en la empresa.

A la pregunta de si los problemas de Cumbal les generaron alguna autocrítica, la empresa dijo que “después de analizar la información periodística alrededor del proyecto en Nariño, pusimos en marcha una estrategia para mejorar los procedimientos y salvaguardas internas” e “iniciamos una revisión para garantizar la viabilidad de los proyectos en los cuales se invierte, que incluye la participación de actores internacionales de la corporación para evaluar los proyectos futuros”. No detalló esos procedimientos.

La suma de peculiaridades —un proyecto desconocido por sus beneficiarios, documentos que no son públicos, vínculos no declarados entre desarrollador y auditor, un certificador que niega información a la comunidad y un comprador que desconoce la realidad del proyecto en el terreno— han sembrado dudas sobre la legitimidad de la iniciativa ambiental.

Por estos motivos, el pasado 24 de abril Pepe Cham interpuso una acción de tutela en nombre del cabildo solicitando que se proteja el derecho fundamental de petición que, a su juicio, les ha violado Global Consulting. Cham escribió en su acción judicial que “al tener el control total de la información relacionada con el desarrollo del proyecto y negar el acceso efectivo a la misma a la Asociación Cimtar mediante la abstención a responder el derecho de petición”, la empresa desarrolladora “evidencia su posición dominante así como la indefensión y subordinación en la cual queda Cimtar, al serle negado el acceso a la información y documentación contractual donde se supone la misma Asociación es parte y frente a un proyecto Redd+ que se adelanta presuntamente en su territorio”.

El 8 de mayo, el juez Henry Geovanny Ramírez dio la razón a Cham, ordenando a Global Consulting y a una empresa filial suya en Colombia llamada SPV Business S.A.S. “emitir una respuesta de fondo, clara, concreta y congruente a la petición” en un lapso de dos días hábiles tras la notificación judicial. Según el juez, a Global Consulting “no le asiste razón (...) al negarse a responder” las solicitudes de información de Cimtar. La empresa puede apelar el fallo.

Cuatro días después, Global Consulting denegó la solicitud de información del cabildo Cimtar, argumentando que una respuesta a un derecho de petición puede ser negativa si explica las razones para ello. En su respuesta este lunes, Bárbara Lara señaló que la información solicitada "reúne las condiciones para ser considerada un secreto empresarial" y que "tiene un valor comercial derivado de su confidencialidad". Lara también argumentó que el contrato no se firmó con el cabildo sino con el resguardo, a través del consejo representado por Marcelino Sánchez, y que por tanto "no existe fundamento jurídico ni contractual para acceder a lo solicitado" por Pepe Cham.

Aún así, los líderes de Cotuhé Putumayo confían en lograr que el dinero que ya generó el proyecto de bonos de carbono pueda llegar a su territorio, para financiar necesidades como salud o educación de sus habitantes. “Estamos en busca de una buena salida, del beneficio colectivo”, dice Jhovanny Carvajal. “Si todo se hubiera hecho bien planificado y organizado, no tendríamos tantas carencias”, dice José Herlinton Pérez.

Como le dijo el líder indígena Pepe Cham al Ministerio de Ambiente en otra carta de enero de 2025, “se trataría de un proyecto Redd+ que nos pertenece y del que somos dueños, pero del que no tenemos información alguna, ni un solo documento contractual”.

 

Este reportaje contó con apoyo de los Rainforest Reporting Grants del Centro Pulitzer.

 

Actualizado el: Mié, 05/14/2025 - 10:52

La Procuraduría General de la Nación sancionó a nueve militares por “falta disciplinaria grave” debido a la recolección, sin sustento, de la información de periodistas en medio de una operación de inteligencia del Ejército con fuentes abiertas (OSINT). La decisión fue tomada en primera instancia, cinco años después de que una investigación de la Revista Semana señalara que una unidad militar había construido las ‘carpetas secretas’ con información de 130 personas, incluyendo líderes sociales y periodistas, entre ellos la totalidad del equipo de Rutas del Conflicto.

Rutas del Conflicto valora la decisión de la Procuraduría, que señala que los militares se extralimitaron en sus funciones a la hora de seleccionar a los líderes sociales y a los reporteros. La sanción incluye a militares de alto rango, como un brigadier general. Tras conocer algunos detalles del ‘perfilamiento’, en el que fuimos vinculados injustificadamente a un grupo al margen de la ley, consideramos que la recolección de información por parte de esa unidad de inteligencia tenía fines incriminatorios en contra de nosotros y del resto de víctimas. 

Reiteramos que ninguno de los miembros de Rutas del Conflicto ha tenido ningún tipo de vínculo con ningún grupo ilegal. Nos parece una gran irresponsabilidad que el Ejercito use herramientas de inteligencia con base en fuentes abiertas (OSINT) y softwares de monitoreo, basado en interacciones de redes sociales, para hacer ese tipo de señalamientos sin ningún fundamento, que estigmatizan la labor periodística y ponen en riesgo a la libertad de prensa, a los reporteros y a sus fuentes. 

La Procuraduría es la primera entidad del Estado en señalar la responsabilidad de estas acciones cometidas por miembros del Ejército colombiano, y este es un paso importante para que el Estado asuma la gravedad de estos hechos. Por eso, pedimos que, en segunda instancia, la entidad considere que la falta disciplinaria fue “gravísima”, y no “grave” como fue decidido en primera instancia. Además, aún tenemos muchas preguntas sin respuesta en relación al actuar de los militares: ¿Por qué decidieron incluirnos en una operación de inteligencia contra grupos ilegales? ¿Qué iban a hacer con esta información? ¿Puede el Estado garantizar que los seguimientos digitales cesaron en ese momento? 

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) afirma que la decisión de la Procuraduría, a pesar de ser un avance en el esclarecimiento de los hechos, aún “desconoce la gravedad de la conducta al ignorar, en primer lugar, el contexto de sistematicidad de estas violaciones por parte de los organismos de inteligencia del Estado; en segundo lugar, las afectaciones a los derechos fundamentales de las y los periodistas; y, finalmente, la necesidad de imponer sanciones proporcionales frente a la gravedad de los hechos” (haz clic para acceder al comunicado de la FLIP sobre el tema). El reconocimiento de la vigilancia digital a los periodistas como una falta “gravísima”, según la FLIP, “no solo sentaría un precedente claro de rechazo frente a las prácticas de vigilancia ilegal contra periodistas, sino que también sería fundamental para garantizar el derecho a la justicia, asegurar una sanción proporcional a la gravedad de los hechos y consolidar una medida efectiva de no repetición frente a violaciones graves de derechos humanos.”

Como aún faltan esclarecimientos, también instamos a la Fiscalía General de la Nación, que cuenta con las pruebas desde hace cinco años, a avanzar con el proceso, y al Estado colombiano que garantice que este tipo de violaciones a la libertad de prensa cesen en su totalidad.

En el caso del equipo de Rutas del Conflicto, hay claros indicios que muestran que la vigilancia digital empezó a partir de una investigación que desarrollamos durante el primer semestre de 2019 junto a la Liga Contra el Silencio, una iniciativa creada por la FLIP, precisamente para enfrentar la censura. Creemos que nos ‘perfilaron’ por preguntar y exigir información pública al Ejército sobre convenios que habían firmado con empresas petroleras y minero-energéticas. Ante la falta de respuestas, solicitamos judicialmente el acceso a la información. Además, estábamos trabajando en investigaciones que mostraban posibles casos de corrupción vinculados a estos dineros que llegaban al Ejército por medio de los convenios (más información en el comunicado que publicamos en mayo de 2020: “Así responde el Ejército a quienes lo cuestionan”).  

Somos un medio de comunicación digital que desde hace once años ha cubierto la reconstrucción de las memorias de la guerra y la resiliencia de centenares de comunidades en todo el país. Tras la vigilancia del Ejército, el miedo se disparó entre los jóvenes integrantes del equipo periodístico y en las fuentes que solíamos consultar, especialmente desde las organizaciones sociales. 

Varias personas dejaron de contestarnos telefónicamente y nos expresaban el temor de que nuestras comunicaciones estuvieran interceptadas. Solo aceptaban hablar con nosotros personalmente, lo que representó un enorme reto y un costo emocional y económico. La incertidumbre y el temor se extendieron a los familiares de los periodistas, e impactó nuestro cubrimiento periodístico. En ese momento, incluso, tomamos la decisión de suspender temporalmente las investigaciones y publicaciones que involucraran a militares dentro de nuestro trabajo periodístico. El impacto en nuestra libertad de prensa fue evidente y grave. Las consecuencias de la vigilancia militar a los otros periodistas perfilados en las ‘carpetas secretas’ también incluyen “afectaciones emocionales y a su salud mental y una de las comunicadoras se vio obligada a salir del país como mecanismo de autoprotección”, según el comunicado de la FLIP.

Consideramos fundamental y urgente que las herramientas de inteligencia con base en fuentes abiertas y los softwares de monitoreo no sean utilizados por unidades militares para vigilar a periodistas en el ejercicio legítimo de su trabajo. La libertad de prensa y los derechos a la privacidad y a la reserva de fuentes periodísticas deben ser respetados. 

 

Actualizado el: Mar, 05/13/2025 - 07:57

Por: Daniela Quintero Díaz

A principios de febrero, en el centro de Bogotá, Luis Alfredo Acosta —coordinador nacional de la guardia indígena en la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)— recitaba de memoria la frase de un libro mientras se tomaba un café cultivado por sus paisanos: “Soy de la selva porque huelo a selva, huelo a monte. Y cuando yo huelo a monte y huelo a árbol, soy capaz de tocarle la frente al venado arisco en la tarde”.

Es indígena nasa del departamento del Cauca y desde hace 35 años forma parte de la guardia indígena de su pueblo. Como coordinador nacional, ha acompañado múltiples procesos en la Amazonía, donde —al igual que en otros lugares distantes de la capital colombiana— las guardias indígenas cumplen, día tras día, una tarea silenciosa pero vital: cuidar el territorio pese a la violencia y la presencia de actores armados. 

Lo hacen aun cuando Bogotá no es amable con ellos: 15 mil indígenas llegaron para participar de las marchas del pasado 1° de mayo, y exigir el cumplimiento de las promesas hechas por el Gobierno, pero se encontraron con varios discursos de odio. “¿Qué hace esta indiamenta acá?”, dijo una mujer desde El Nogal, un exclusivo club de la ciudad, en un video que se viralizó en redes sociales. También los llamaron “secuestradores” y “milicia”. Pero en sus territorios, guiados por los abuelos y siguiendo el mandato de sus comunidades, cientos de hombres y mujeres indígenas de la Amazonía se organizan para proteger la selva. 

Más de 120 guardias de 41 comunidades del trapecio amazónico se reunieron a finales de marzo en Puerto Nariño, Amazonas, para fortalecer sus habilidades de defensa territorial. Foto: César Giraldo Z 

Para ellos la selva es un territorio vivo. Allí no solo está su alimento, su farmacia y los materiales para sus artesanías. También se encuentran sus tradiciones, conocimientos y lugares sagrados. Conservarla es proteger su existencia, su cultura y los derechos de todos los que la habitan. No solo se benefician ellos, es un aporte que hacen a todo el planeta.

“Nuestros mayores nos cuentan que hemos cuidado el territorio milenariamente”, afirma Mario Erazo Yaiguaje, exgobernador del Resguardo Siona de Buenavista, en Putumayo, y cuiracua (guardia indígena) de su comunidad. Su defensa ha sido sin armas, pacíficamente, amparada en el gobierno propio. 

A pesar de que la Constitución y varios convenios internacionales reconocen la labor de las guardias indígenas, durante décadas han tenido que ejercerla en medio de la ausencia estatal y la violencia. “Históricamente hemos vivido muchos atropellos. Desde la época de las caucherías hasta la extracción de quinoa y, luego, de otros productos”, recuerda Yaiguaje. “Cuando yo nací, empezaron a aparecer las guerrillas, llegó el apogeo de la coca, el narcotráfico y, después, de las empresas extractivistas que se instalaron en los territorios violentando la consulta previa. De alguna u otra forma, nos han sometido a perder nuestros derechos”, agrega. 

En abril de 2024, el Ejército incautó más de mil minas antipersonal en la zona rural de Puerto Garzón, Putumayo, territorio habitado por los indígenas siona. Foto: cortesía Comunidad Indígena Siona

Según el Programa Somos Defensores, en los últimos 10 años han sido asesinados al menos 70 guardias indígenas en el país a manos de guerrillas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), paramilitares, disidencias de las FARC (que no se acogieron al Acuerdo de Paz), la fuerza pública y otras alianzas criminales. Eso ha provocado, en palabras de los indígenas, una “desarmonización” del territorio. Es decir, la ruptura del equilibrio espiritual, ecológico y social del que dependen. 

Las amenazas son, además, cada vez más difíciles de contener. Como explica la abogada y defensora de derechos humanos Lina María Espinosa, los territorios indígenas están atravesados por diversos actores e intereses: grupos armados, cultivos ilícitos, minería ilegal, proyectos de extracción de hidrocarburos o minerales y monocultivos. “Si uno sobrepone todas esas capas, entiende que se trata de territorios habitados por personas expuestas a múltiples presiones y riesgos, con un denominador común: el abandono y la ausencia estructural de un Estado que no da garantías ni protege los derechos esenciales”, afirma.  

Para conocer de cerca estos procesos y las amenazas que enfrentan, una alianza periodística coordinada por Mongabay Latam —en la que participaron Baudó Agencia Pública, Vorágine, La Silla Vacía, Rutas del Conflicto y El Espectador— rastreó cinco casos en los departamentos de Amazonas, Putumayo y Guainía. Allí, las guardias indígenas resisten combinando saberes ancestrales con nuevas herramientas tecnológicas y conocimientos científicos. No todos se identifican como guardias ni portan chalecos o bastones de mando, pero todos, de una u otra forma, protegen y “guardanean” su territorio. 

 

Isla de Puerto Caimán, en la zona de conservación del resguardo Curare Los Ingleses, por el bajo río Caquetá. Foto: Victor Galeano

El cuerpo de la resistencia

Luis Alfredo Acosta, coordinador nacional de la guardia indígena, suele ilustrar las diferentes formas de proteger el territorio con lo que llamó “el cuerpo de la resistencia”. “Aunque todos somos guardianes porque protegemos la vida, cada pueblo ha desarrollado su forma de resistir, de cuidar, de ‘guardar’”, explica. Entre ellas, hay cuatro elementos que aparecen con mayor o menor fuerza.

El primero, afirma, es la “resistencia de pies y manos”. “Para nosotros, como indígenas, es muy importante recorrer el territorio. Y estamos entrenados para eso, sabemos cómo hacerlo. Pero tenemos una particularidad: no caminamos solitarios. Nuestra fuerza está en lo colectivo”. 

 

Siembra de plántulas por parte de la guardia indígena de la comunidad de Atacuari, al occidente del trapecio amazónico, cerca de la frontera entre Colombia y Perú. Foto: cortesía Fundación FUCAI

Recorriendo el extremo sur de Colombia, a lo largo de la frontera con Perú y Brasil, se han formado más de 400 guardias socioambientales que pertenecen a 40 comunidades indígenas del trapecio amazónico, en el departamento de Amazonas. Mientras hacen control de su territorio, han apoyado la siembra de más de 430 mil plántulas de especies maderables y 650 mil de especies frutales en los últimos 14 años. No tienen viveros, pero han adaptado bancos de semillas bajo los “árboles madre” con los que han reforestado 500 hectáreas. Al monitorear las plantas, una a una, han observado que su trabajo de reforestación tiene una efectividad de casi el 75 %. 

Hacia el noroccidente de la Amazonía, en el departamento de Putumayo (fronterizo con Ecuador), la guardia indígena siona ha apoyado la protección de 57 000 hectáreas de selva, ha defendido su territorio de proyectos extractivistas y ha impulsado labores de desminado que les permiten volver a caminar sus tierras. Con sus bastones de palma de chonta (símbolos de autoridad y resistencia), han sido el escudo de protección de sus comunidades ante los actores armados, por lo que hoy muchos de sus miembros y líderes están amenazados y han sido desplazados. 

 

Las mujeres indígenas del Valle de Sibundoy protegen el territorio resguardando las semillas y los alimentos tradicionales. Foto: cortesía Laura Niño - La Silla Vacía

Además de la fuerza física, necesitan comida para resistir. El segundo elemento —continúa Acosta— es la resistencia del estómago. “Cuando hablamos de nuestra fuerte relación con la naturaleza, el estómago es fundamental, porque en el estómago está la semilla. Nosotros somos protectores de la semilla, de la cosecha de los alimentos propios”, dice. 

En el corazón del Valle de Sibundoy, donde la Amazonía se conecta con los Andes, las mujeres de los pueblos inga y kamëntšá resguardan su cultura, su lengua, sus conocimientos tradicionales y su territorio a través de la protección de las chagras, su sistema de cultivo tradicional. 

La chagra de María Concepción Juajibioy, más conocida como “mamá Conchita”, es un ejemplo vivo de la resistencia del estómago. Mientras que las montañas que la rodean están llenas de monocultivos de papa, aguacate y fríjol, en su patio ella cuenta con 217 especies de plantas medicinales, ornamentales, maderables y de alimento. Junto a otras mujeres retoman prácticas de cultivo más amigables con el medio ambiente. 

 

María Concepción Juajibioy, indígena kamëntšá de 58 años, es una de las lideresas que promueve las chagras en el Valle de Sibundoy. Foto: cortesía Laura Niño - La Silla Vacía

“Eso también es defensa”, asegura Sofía Díaz, investigadora de la Asociación Ambiente y Sociedad. “Las mujeres del Sibundoy son una muestra muy importante de que, desde lo cotidiano, también se puede hacer un ejercicio de guardia: proteger quiénes son, cuidar y seguir el consejo histórico, cultural y ancestral del vínculo con el territorio”. 

Para quienes dependen de los ríos, conservar la diversidad de peces también hace parte de su resistencia. En la Estrella Fluvial del Inírida, un humedal Ramsar de importancia internacional ubicado en el departamento de Guainía, fronterizo con Venezuela, Fredy Yavinipabe y sus paisanos llevan más de una década convirtiendo las faenas de pesca y los peces en su “objeto de estudio”. Navegan tomando datos y las cocinas se convierten en un laboratorio donde miden, pesan y organizan la información de los peces. 

 

Pescador en la Estrella Fluvial del Inírida con una mojarra negra (Astronotus ocellatus). Foto: cortesía Camilo Díaz - WWF Colombia

Revisan, por ejemplo, su contenido estomacal para ver con qué se alimentan y definir qué plantas pueden usar para reforestar las orillas de los cuerpos de agua. También miran si son adultos o juveniles, en qué tallas alcanzan la madurez sexual y dónde se reproducen. 

Como explica Jaime Cabrera, coordinador de monitoreo del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), el conocimiento ancestral de las comunidades y los datos que recogen en sus jornadas de pesca han sido cruciales para que la ciencia entienda cómo se comportan las especies de agua dulce en la zona. Gracias a su trabajo, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) ha emitido dos resoluciones corrigiendo los tiempos de veda y tallas de pesca de especies ornamentales y de consumo en la zona. 

Los indígenas anotan datos como el peso y la talla de los ejemplares que capturan. Foto: cortesía Camilo Díaz - WWF Colombia

Resistir con la cabeza y el corazón

Todas estas experiencias, aunque distantes, comparten un punto de partida: la decisión de organizarse para conservar. Eso, retoma el coordinador nacional de la guardia, hace parte de la tercera resistencia: la de “la cabeza”, las ideas. “En la cabeza están muchas cosas importantísimas: la educación propia, el saber ancestral, el plan de vida. Aunque partimos de ahí, no protegemos solo para nosotros, o para un resguardo o una comunidad, sino para toda la sociedad, indígena o no indígena”, afirma. 

En la parte sur del río Caquetá, antes de llegar a Brasil, hay unos pueblos indígenas que desde hace más de una década decidieron declarar una porción de su territorio como “zona intangible”, es decir, dedicarla únicamente a la conservación. Unas huellas en el suelo y una fogata a orillas del río les dieron los primeros indicios para confirmar que, en el territorio que les había otorgado el Estado, habría también otros pueblos indígenas no contactados que decidieron permanecer aislados, los yuri y los passé. 

La Comunidad de Manacaro recorre 12 kilómetros para registrar amenazas a su territorio ancestral y proteger a los indígenas no contactados. Foto: cortesía Comunidad de Manacaro

Respetando su decisión y su autonomía, los habitantes del Resguardo Curare Los Ingleses y de la comunidad Manacaro decidieron unirse y convertirse en una barrera ante las amenazas del mundo occidental: los misioneros que buscaban contactarlos, los actores armados y el avance de la minería ilegal. Guiados por la espiritualidad han implementado también otras herramientas de cartografía, geologalización e imágenes satelitales para proteger el territorio y a sus vecinos. 

Para la mayoría de pueblos indígenas amazónicos, la espiritualidad es la que permite la conexión con todo. A través del remedio (yagé o ayahuasca) se mantiene la conexión espiritual y el diálogo con el territorio. Esta, según Acosta, es la cuarta resistencia. La “resistencia del corazón”, porque ahí está el ser, la identidad, la cultura. “Aquí está la Ley de Origen, la ancestralidad. El yagé es un abuelo que te da la sabiduría, que te permite volverte selva para entender qué pasa y qué puedes hacer para armonizarla”, afirma. Los chamanes, taitas y sabedoras son un eje central de la resistencia indígena. 

 

Miembros de la guardia indígena del trapecio amazónico en la maloca de la comunidad de Villa Andrea, Puerto Nariño. Foto: cortesía César Giraldo Z

En palabras de Judy Jacanmejoy, indígena kamëntšá de 38 años, si las personas no están en equilibrio y no despiertan primero su sensibilidad con la tierra, “no pueden proteger luego el territorio”. 

Acosta lanza una reflexión final: “Aunque parecen cosas aisladas, y algunos pueblos pueden ser más fuertes en la resistencia de pies y manos, y otros en el estómago, la cabeza o el corazón, realmente es una resistencia integral. ¿Por qué? Porque, en el centro, todo esto funciona solo si hay tierra”.

Cuando proteger se convierte en una amenaza

De las 107 000 hectáreas que se deforestaron en Colombia en 2024, según el Ministerio de Ambiente, 68 000 fueron taladas en la Amazonía. Allí se encuentran 22 de los 28 núcleos de deforestación del país y se ha concentrado históricamente más del 50 % de la deforestación nacional. Sin embargo, los territorios indígenas y las áreas protegidas han tenido un papel indiscutible en la conservación del bosque en pie. Han sido una contención. 

De las más de 50 millones de hectáreas que ocupa esta región en el país, los 64 pueblos indígenas que habitan la Amazonía poseen cerca de 25 millones de hectáreas. Según un estudio del Ideam en 2019, la cobertura forestal en sus territorios es de casi el 98 %, lo que se traduce en que están muy bien conservados. 

Comunidades indígenas ubicadas al oriente del Amazonas colombiano se movilizan por el río Caquetá para llegar a sus resguardos. Foto: cortesía Víctor Galeano

Pero no se quedan solo ahí. Los pueblos indígenas son, incluso, quienes resguardan las áreas protegidas a las que la institucionalidad ya no puede ingresar. Según informó Parques Nacionales Naturales a Mongabay Latam, hay once áreas protegidas de la Amazonía colombiana en donde los actores armados han restringido el acceso y la movilidad de funcionarios y guardaparques de la entidad. “Las restricciones —dicen— dificultan las acciones de investigación y monitoreo de la biodiversidad. Y limitan la posibilidad de realizar recorridos de prevención, vigilancia y control, poniendo en riesgo una mejor identificación y caracterización de las presiones”.

Las labores de conservación de las guardias indígenas han sido reconocidas por organismos como la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que destacó su "ejercicio cultural de defensa territorial y de derechos humanos (...) como guardianes protectores de los territorios ancestrales y, en esa vía, de la propia existencia de los pueblos que los habitan". Además, al estar en territorios atravesados por la violencia, también se han destacado sus acciones humanitarias, como la liberación de secuestrados, prevenir el reclutamiento de menores, ayudar en la búsqueda de desaparecidos y la protección y prevención frente a las minas antipersonal.

Miembros de la guardia indígena aprenden a realizar la evacuación de compañeros heridos o enfermos. Foto: cortesía César Giraldo Z

En palabras de la abogada Lina María Espinosa, quien actualmente coordina el Equipo de Defensores de la organización Amazon Frontlines, eso tiene sus riesgos. “La guardia es el actor que disputa, es el escudo humano que se pone en frente de los actores armados y no armados y que afecta sus intereses. Es el que confronta a los petroleros y a los ilegales”. Entonces, insiste, es el primer actor que termina “siendo estigmatizado, señalado, perseguido e impedido en el ejercicio de su labor”.

Según datos del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos (SIADDHH) del Programa Somos Defensores, entregados a Mongabay Latam, de los 1411 asesinatos registrados entre 2014 y 2024, 241 fueron dirigidos a líderes indígenas y 70, específicamente, a líderes que además se desempeñaban como guardias indígenas. La cifra, sin embargo, es conservadora, asegura Juan Manuel Quinche, responsable del SIADDHH, pues no en todos los años se pudo identificar cuáles de los liderazgos eran guardias indígenas y cuáles no. Además, en estas cuentas no se incluyen otras agresiones como amenazas o atentados. 

“Nosotros quedamos en una situación bastante compleja. Con reclutamientos, amenazas, señalamientos y desplazamientos. Teníamos que defendernos, pero también empezamos a sufrir las consecuencias”, señala Mario Yaiguaje, del pueblo siona en el Putumayo. La necesidad de huir a las ciudades y pueblos debido al conflicto redujo drásticamente a los siona en su territorio ancestral. 

Censos realizados entre 2009 y 2012 estimaban una población aproximada de 2578 personas en su territorio, distribuidas en seis resguardos y seis cabildos. Para 2017, Yaiguaje contabilizaba sólo 171 familias representadas en 633 habitantes. Además, sus comunidades han perdido la posibilidad de movilizarse por la presencia de minas antipersonal sembradas por los actores armados. Se quedaron sin acceso a las zonas de cacería, pesca, recolección de plantas medicinales y a sus sitios sagrados. 

“Hoy ese proceso y proyecto colectivo, que habían construido con autonomía y valentía, está profundamente amenazado y tiene a varios de sus líderes en condiciones de desplazamiento y exilio”, insiste Espinosa. La escena se repite a lo largo y ancho de la Amazonía, afectando diferentes pueblos que, como declaró la Corte Constitucional en 2009, están en peligro de ser exterminados cultural o físicamente. 

Indígenas de la Estrella Fluvial del Inírida realizan sus monitoreos de pesca. Foto: cortesía Camilo Díaz - WWF Colombia

Las promesas incumplidas 

Cuando el presidente Gustavo Petro presentó su Plan Nacional de Desarrollo (PND), la hoja de ruta que direccionaría sus cuatro años de gobierno, los pueblos indígenas y el ambiente tuvieron un papel central. En uno de sus puntos se aseguró que se avanzaría en el “empoderamiento” de las guardias indígenas para fortalecer la estrategia de protección territorial y la autonomía de estos pueblos. Incluso, estableció que se “promocionarían” dichas figuras como mecanismos de protección colectiva y que se destinarían recursos financieros y humanos para asegurar su fortalecimiento. 

La noticia emocionó a los cuidadores indígenas que, en mayo de 2023, mientras el Congreso discutía el PND, también se movilizaron hasta Bogotá pidiendo su aprobación. Sin embargo, dos años después se desconoce cuántos recursos se han destinado específicamente para el fortalecimiento y consolidación de las guardias indígenas en el país y qué proyectos para la protección de los territorios se han visto beneficiados —si los hay—. Aunque Mongabay Latam envió al Ministerio del Interior una solicitud de información sobre este tema el pasado 17 de marzo, aún no ha recibido respuesta. 

Según Acosta, coordinador nacional de la guardia indígena en la ONIC, “al menos se ha visto que hay voluntad del Gobierno”. La última vez que vieron algo parecido fue con el Capítulo Étnico incluido en el Acuerdo de Paz con las FARC. Sin embargo, hasta ahora, las promesas se han quedado en el papel. Por eso, en los últimos meses los esfuerzos indígenas se han centrado en construir una política pública sobre mecanismos de protección que contemple un presupuesto para las guardias indígenas. 

Pese a las amenazas, las guardias indígenas de la Amazonía continúan con la formación de nuevas generaciones que protejan el territorio. Foto: cortesía Comunidad Indígena Siona

“Históricamente ha habido un abandono y un desconocimiento de lo que son los gobiernos propios. Nosotros, como guardias, hemos trabajado para que haya menos deforestación, hemos apoyado en situaciones de la guerra, hemos evitado que se recluten menores. Hemos cumplido nuestro papel y lo hemos hecho de corazón, pero el Estado no lo ha tenido en cuenta”, dice Acosta. 

Quienes resguardan los bosques, ríos y humedales de la Amazonía sufren las consecuencias. Olegario Sánchez, uno de los guardias más veteranos de San Martín de Amacayacu, una comunidad del pueblo tikuna al sur del departamento de Amazonas, ha visto cómo decenas de sus compañeros abandonan la guardia indígena por falta de ingresos. Sin canoas, dotación o radios para comunicarse, es muy difícil cumplir con su función. 

“Nosotros no creemos que las comunidades indígenas, que ahora llamamos las guardianas de la selva, tengan que trabajar gratis, sino que hay que pagarles por cuidar este bioma”, asegura Sergio Martínez, coordinador de proyectos de la Fundación Caminos de Identidad (Fucai), una organización que trabaja por el respeto y protección de los pueblos indígenas. El servicio que están prestando, insiste, “no es cualquier cosa”.

Proteger las chagras es también una forma de resistir al modelo agrícola de los monocultivos en el Putumayo. Foto: cortesía Laura Niño - La Silla Vacía

Lograr este reconocimiento económico sería un respaldo para que los guardias socioambientales del trapecio amazónico continúen midiendo árbol por árbol el impacto de su reforestación. Para que las mujeres de Sibundoy puedan multiplicar las chagras y proteger las fuentes de agua de su pueblo. Para que desde la Estrella Fluvial del Inírida se mantengan las relaciones entre la selva y los humedales, protegiendo la enorme diversidad de peces de agua dulce. 

También para que los siona puedan volver a recorrer los caminos que habían logrado desminar y que ahora, con el recrudecimiento del conflicto, denuncian nuevamente contaminados. O para que los indígenas vecinos de los Pueblos en Aislamiento puedan ayudarlos a permanecer sin contacto con el mundo occidental. Pero, sobre todo, como afirma Mario Yaiguaje, para permanecer. “Si salimos del territorio, tendemos a morir. Si la raíz muere, la esencia muere. Y muere el principio de un pueblo”, dice.

 

*Este especial periodístico fue coordinado por Mongabay Latam y realizado en alianza con Vorágine, Baudó Agencia Pública, La Silla Vacía, El Espectador y Rutas del Conflicto. Coordinación: Antonio Paz Cardona, Daniela Quintero Díaz. Edición: Daniela Quintero Díaz, Antonio Paz Cardona. Ilustraciones: Sara Arredondo - Baudó Agencia Pública. Investigación: Daniela Quintero Díaz. Periodistas: José Guarnizo, Camilo Alzate, Natalia Arbeláez, Pilar Puentes, Daniela Quintero Díaz y César Giraldo. Diseño gráfico y video: Richard Romero. Audiencias y redes sociales: María Isabel Torres, Dalia Medina Albarracín.

 

Actualizado el: Mar, 05/06/2025 - 08:12

 

Por: Pilar Puentes

En la Amazonía colombiana viven dos comunidades que han trabajado por más de una década en la protección del territorio y el derecho de otros pueblos indígenas a permanecer aislados. La comunidad de Manacaro y el resguardo Curare Los Ingleses, que habitan la región del Bajo Río Caquetá (al suroriente del país, cerca de la frontera con Brasil), fueron fundamentales para que el Estado reconociera formalmente que existen dos pueblos en aislamiento voluntario en Colombia: los yuri y los passé.

Desde finales del siglo XIX, se han reportado testimonios de al menos 18 comunidades indígenas que nunca han tenido contacto con el mundo occidental, o que, tras la colonización, la fiebre del caucho y el tráfico de pieles de animales amazónicos, decidieron huir y permanecer aisladas. Pero fue solo hasta octubre de 2024, tras 15 años de los primeros indicios (unas pisadas y semillas esparcidas sobre la tierra), que el Ministerio del Interior expidió una resolución confirmando la presencia de dos de esas 18 comunidades. Ese documento no hubiera sido posible sin el trabajo de monitoreo de los indígenas vecinos. 

El territorio que habitan los Pueblos Indígenas en Aislamiento (PIA) está rodeado de amenazas que ponen en riesgo sus formas de vida: misioneros que buscan contactarlos, actores armados en disputa, narcotráfico y avance de la minería ilegal. La Defensoría del Pueblo ha emitido varias alertas sobre estos temas. La más reciente, de febrero de este año, señala el alto riesgo que generan las nuevas disputas territoriales entre los antiguos comandantes de las Farc que no se acogieron al Acuerdo de Paz de 2016: las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y el grupo de alias ‘Calarca’. 

Como aseguró Parques Nacionales Naturales a Mongabay Latam, desde marzo de 2020 sus guardaparques y funcionarios no pueden ingresar a las áreas protegidas de la zona –Cahuinarí, Río Puré y la zona norte del Parque Nacional Amacayacu– por amenazas de los actores armados. Las actividades de control las deben hacer desde la sede de Leticia, Amazonas, lo que “dificulta llevar a cabo acciones de investigación y monitoreo de la biodiversidad, limita la posibilidad de realizar recorridos de prevención, vigilancia y control, y obstruye una mejor identificación de las presiones", insistió la entidad.

Pese a las amenazas, los habitantes de Manacaro y Curare Los Ingleses han logrado crear un cordón de defensa a partir de sus conocimientos tradicionales, espirituales y culturales; pero también, recientemente, apoyados en la cartografía, el análisis de datos, los programas de georreferenciación y el uso de tecnología avanzada. Su trabajo —aunque silencioso, como una medida de protección por lo que sucede en el territorio— se mantiene hasta hoy. 

 

El río Caquetá es el medio de transporte obligado para las comunidades ubicadas en el oriente del Amazonas colombiano. Foto: Víctor Galeano.

Un trabajo colectivo 

La protección de los PIA ha significado la unión de esfuerzos entre el mundo occidental y los pueblos indígenas amazónicos. Para ello, fue clave la estrategia coordinada entre las comunidades, la Asociación de Autoridades Indígenas de la Pedrera-Amazonas (AIPEA), la Asociación de Autoridades Indígenas del Pueblo Miraña y Bora del Medio Amazonas (PANI) y la organización Amazon Conservation Team (ACT), que lidera estrategias en la defensa de los pueblos en aislamiento.  

La comunidad de Manacaro, que hace parte de la Asociación Indígena PANI, tiene un acuerdo con Curare Los Ingleses, su vecino hacia el sur, sobre el uso de 2 338 hectáreas para actividades de pesca, caza y aprovechamiento de recursos. Según Camila Gonzalez Coca, investigadora de ACT, esta franja funciona como la zona de amortiguamiento del área de conservación y protección de los PIA.

Cada mes, las comunidades se reúnen para socializar cuáles fueron los recursos naturales extraídos de la que llamaron la ‘Franja de Acuerdos’. Los encuentros son una forma de tener un control sobre el territorio, conocer el uso que le están dando y tomar decisiones que permitan que las prácticas de subsistencia y comercio de la comunidad continúen. Pero también permitieron que la población de Manacaro conociera el trabajo de monitoreo y vigilancia que hace el Resguardo Curare Los Ingleses, con el apoyo de ACT, para proteger a los PIA. 

En 2014 Manacaro decidió sumarse a esta labor de protección. Se establecieron recorridos sobre la franja compartida y se acordó realizar cada dos años una reunión para definir si era necesario modificar los límites geográficos. Hasta entonces, los recorridos de Curare Los Ingleses llegaban hasta la comunidad de Manacaro, por lo que ahora, con el apoyo de ellos, pueden monitorear un área mucho más extensa.  

“Tras la franja de acuerdos que tenemos, nos unimos en la ayuda para proteger a los hermanos aislados, porque el territorio es muy grande y la expansión geográfica no nos permite cuidar todos los frentes por donde se mueven ellos”, afirma Ezequiel Cubeo, máxima autoridad del resguardo Curare.

Los indígenas de Manacaro se ubican, además, en una zona clave. Su territorio ancestral está compuesto por el Parque Nacional Natural (PNN) Cahuinarí, el gran resguardo indígena del Predio Putumayo, así como el de Mirití Paraná y una pequeña zona de Curare Los Ingleses. Las tierras en las que habitan see conocen como Bora Miraña y están, específicamente, entre un puesto de control de Parques Nacionales en Cahuinarí (creado por la entidad en 2016 para controlar el acceso a varios ríos), y la cabaña de Puerto Caimán, el punto de vigilancia que construyó el resguardo Curare Los Ingleses en 2014.

“La propuesta de nosotros fue continuar desde el quebradón Vilsoda, por 12 kilómetros, hasta la bocana del río Bernardo”, afirma Heriberto Martínez, coordinador de Manacaro.

Los habitantes de Curare Los Ingleses, que han liderado el proceso de conservación, no viven en su territorio ancestral, sino que provienen de distintas regiones de la Amazonia. Muchos llegaron huyendo o fueron esclavizados durante las distintas bonanzas económicas (desde el caucho a inicios del siglo XX, hasta la coca a partir de 1970), por lo que comprenden profundamente lo que significa aislarse para sobrevivir.

Tradiciones espirituales y nuevas herramientas

El trabajo de monitoreo de Curare Los Ingleses y Manacaro empezó de forma análoga con la construcción de mapas a partir de su conocimiento y experiencia en el territorio (lo que los investigadores llaman cartografía social). Luego, pasó a emplear otras tecnologías digitales, como el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), que permite incluir las coordenadas precisas de los recorridos en los registros de sus libretas. Ahora, están en la etapa de familiarizarse con tablets para registrar la información en menos pasos y que esta pueda guardarse en un repositorio y enviarse a las entidades que la requieran. 

Quienes se han interesado en este tipo de herramientas digitales, también han aprendido a manejar programas complejos como QGIS y ArcGIS, y a visualizar imágenes satelitales que les ayudan a planear de manera más sencilla sus recorridos. Pueden conocer, por ejemplo, la ubicación de cuerpos de agua o las rutas que tomarán para hacer los avistamientos.

El resguardo Curare Los Ingleses se esfuerza para que desde la escuela se enseñe a los niños, con actividades pedagógicas de campo, cómo es su territorio y las actividades de conservación que se realizan. Foto: Víctor Galeano

Pero llegar a ese punto ha sido un esfuerzo de muchos años. Como recuerda Camila González, de ACT, en 2014 empezaron una serie de conversaciones con los pobladores de Curare Los Ingleses para presentarles las investigaciones que existían, desde el conocimiento occidental, sobre los aislados. “Les contamos que sabíamos quiénes eran, más o menos dónde estaban y cuáles eran esos relatos que habían recopilado los antropólogos”, afirma. 

Aunque los habitantes del resguardo ya tenían experiencia en monitoreos de fauna y habían trabajado con otras organizaciones, fue gracias a ese acercamiento que decidieron abrir la puerta para hablar de los PIA con mayor confianza y cercanía, y para trabajar juntos.

“Antes de hablar de los PIA, nosotros designamos una zona de protección y de conservación estratégica de los lagos y los salados (zonas naturales ricas en sales y minerales que se encuentran en medio de la selva) para la reproducción de especies”, asegura Darío Silva Cubeo, un líder histórico de la zona y uno de los promotores de la zonificación. En 2008, de las 212 000 hectáreas que conforman el resguardo Curare, destinaron una parte (129 408 hectáreas) como zona de conservación y otra (82 592 hectáreas) como zona de aprovechamiento.

En la zona de conservación tenían, por ejemplo, un proyecto para monitorear y proteger al caimán negro (Melanosuchus niger). Aunque en ese entonces desconocían el estado de conservación de la especie, sabían que su población era escasa debido a las sucesivas fiebres por la caza de pieles que ocurrieron mucho antes de que les adjudicaran el territorio indígena en 1995.

Allí construyeron una cabaña, Puerto Caimán, su puesto de control en uno de los brazos del río Caquetá. Desde ese lugar podían hacer recorridos hacia los saladeros, a donde llegan las dantas (Tapirus terrestris) y otros animales para alimentarse, o hacia las enormes concentraciones de cedros (Cedrela odorata) que en los años 90 fueron ampliamente explotados por colonos. “Todo empezó por recuperar el territorio”, dice Silva. 

Tras confirmar la presencia de pueblos en aislamiento, el puesto de control también se convirtió en una oportunidad para resguardar a sus vecinos.

“Nosotros llegamos a abonar su trabajo [de Curare Los Ingleses y Manacaro] con más infraestructura, logística y personal, para que pudieran fortalecerlo. No solo para las especies y los lugares que ellos ya venían vigilando, sino también para los PIA y el monitoreo de amenazas al río Caquetá”, asegura la investigadora de ACT. 

Además de las nuevas tecnologías, las comunidades han logrado proteger a sus ecosistemas, especies y vecinos en aislamiento desde los procesos de educación propia. Durante los recorridos, las mujeres de Manacaro educan a sus hijos sobre el territorio. En el  resguardo Curare, a los más pequeños les enseñan la historia del lugar que habitan, hacen excursiones al río Caquetá y, además, les muestran los sitios más importantes para la protección de los vecinos aislados y de los animales en peligro. 

En la escuela de Curare los niños reciben formación primaria por parte de profesores locales, además de la educación ambiental que ha sido incluida en los programas por decisión del resguardo. Foto: Víctor Galeano

Antes de los recorridos, un abuelo —autoridad tradicional de la comunidad— viaja hasta Puerto Caimán y realiza varios rituales en la maloca para proteger a la familia que irá, durante ese mes, a hacer los recorridos de vigilancia. El abuelo, desde lo espiritual, también se comunica con los aislados para conocer cómo se encuentran y si deben atender algún sitio en particular. 

Como afirma Ezequiel Cubeo, es indispensable que “el abuelo haga la prevención, desde la parte cultural, para que los vigías lleguen al sector. En el caso de que el abuelo encuentre en su pensamiento que la familia no puede ir, se respeta ese mandato”.

Redes que llegan más lejos

Las alianzas fortalecieron las capacidades de los indígenas para registrar las amenazas en su territorio. Ahora, desde Curare, pueden realizar trayectos más amplios en lanchas con motores de baja potencia. ​​Al principio solo registraban animales grandes, como los micos maiceros, los puercos, las dantas, los paujiles, tucanes, nutrias y lobos. “Ahora se incorporaron otros sentidos. Por ejemplo, qué animales escuchan”, dice Camila González de ACT. 

Con el paso de los años, el registro de amenazas y observaciones ha aumentado y se ha vuelto más detallado. Ya no solo se escribe el animal que se ve o se escucha, sino que también se incluye cuántos individuos hay y qué están haciendo. Además, se notifica la presencia de cualquier embarcación, huella humana, cazador o pescador que no pertenezca a las comunidades. Gracias a ese detalle, desde que empezó la vigilancia se han detectado dos situaciones que estarían relacionadas con los aislados: la primera, una fogata a orillas del río; la segunda, humo selva adentro. 

Los indígenas de Manacaro, a diferencia de los de Curare, no deben desplazarse un mes a la cabaña. Por la disposición del territorio, quienes se encargan del trabajo que empezó en 2017 con ACT son, en su mayoría, mujeres que navegan por el río haciendo avistamientos de animales y registro de amenazas. Salen de sus casas en la mañana y pueden regresar en la tarde.

La Comunidad de Manacaro recorre 12 kilómetros para registrar amenazas al territorio. Foto: Cortesía Comunidad de Manacaro.

La iniciativa, que empezó como una forma de monitorear los peligros que amenazan a los PIA, llevó a que las mujeres tomaran roles que no eran tradicionalmente de ellas. Como señala la investigadora de ACT, las indígenas son indispensables para consolidar la iniciativa de protección. “Se convirtió en la oportunidad de mostrarles a sus hijos el territorio y de que los hombres se dedicaran a sacar madera, pescar y realizar otras actividades de aprovechamiento. Ellas, desde su lugar de protección, podían ganarse un sustento económico y aportar a sus comunidades”, afirma. 

Recientemente, las mujeres han empezado a trabajar en Excel y han aprendido a organizar datos. “La idea es facilitar el análisis. Es importante que ellos tengan esa información, no solo porque es suya, sino porque también les sirve para tomar decisiones”, reitera Camila González.

Aportes para la toma de decisiones

En 2018, ante las peticiones de organizaciones indígenas y de la sociedad civil para reconocer la presencia y garantizar la protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento, el Ministerio del Interior publicó un decreto con una serie de medidas para resguardarlos. Entre esas, estaba la creación de la Comisión Nacional de Prevención y Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento (CNPIA). 

Como explica David Novoa, coordinador territorial de los PIA en ACT, el comité es también “la instancia para tomar decisiones y conocer cómo está la protección territorial de estos pueblos. Además, permite llevar lo comunitario a un espacio de toma de decisiones interinstitucional e intergubernamental”. 

Isla de Puerto Caimán en la zona de conservación del resguardo Curare Los Ingleses. Foto: Victor Galeano.

 

Por eso, el líder indígena Darío Silva espera que los resultados de estos procesos de monitoreo sean tenidos en cuenta en el CNPIA. “Queremos que la información recolectada contribuya a la proyección del territorio, de los pueblos yuri-passé y de los otros 16 pueblos en estado natural de los que se tiene indicios de su existencia”. 

Según la investigadora González, están armando la estrategia de articulación para que la información local se sume a lo que se hace a nivel departamental y nacional y aporte a la toma de decisiones. 

Esa articulación es la que permite tomar acciones, como la medida cautelar que gestionó la Unidad de Restitución de Tierras —entidad que protege los derechos territoriales de víctimas del conflicto armado y busca devolverles las tierras que fueron despojadas y abandonadas— en 2023 y que ordenó mecanismos de protección para los yuri-passé y sus comunidades colindantes, tras el aumento de la minería sobre el río Puré.

Como lo explica la asesora territorial de ACT, Juana Hoffman, “los monitores comunitarios están en mejores condiciones de rastrear la biodiversidad y las presiones ambientales, pues son quienes están permanentemente en el territorio. Estos datos ayudan a las comunidades asociadas a actuar rápidamente ante las crisis, como las incursiones de mineros ilegales, e informar las decisiones internas sobre la gestión territorial”.

Por eso, mientras la violencia y las disputas territoriales entre actores armados aumentan en la zona, los habitantes de Curare Los Ingleses y Manacaro continúan trabajando por respetar el derecho de otros pueblos indígenas de permanecer aislados. El ejercicio que han hecho, con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, podría servir de ejemplo y replicarse en otras comunidades colindantes con estos pueblos, como en el territorio de Arica, al sur del Putumayo, en la frontera con Perú y Brasil.

*Este reportaje es una alianza periodística entre Rutas del Conflicto y Mongabay Latam.

 

 

 

 

 

Actualizado el: Mar, 05/06/2025 - 08:13

¿Pueden los Ejércitos y sus estructuras dedicadas a la inteligencia militar violar mujeres y torturarlas impunemente? En Colombia sí. Bajo la idea del enemigo interno se persiguió a mujeres sistemáticamente y se les torturó hasta la muerte. La familia de Nydia Érika Bautista —mi madre— denunció este hecho durante años, ante todas las instancias judiciales nacionales e internacionales. Los responsables de las investigaciones no han hecho justicia para Nydia en 38 años. El año pasado, el 21 de junio de 2024, un ex agente de inteligencia denunció en la prensa un plan de exterminio a opositores del gobierno entre los que se mencionó a Nydia Érika. El pasado 4 de abril, el mismo medio de comunicación publicó un video de Bernardo Alfonso Garzón Garzón en el que detalla la detención “ilegal”, la tortura y el asesinato de Nydia Érika. El video es parte de la audiencia como compareciente ante la jurisdicción Especial de Paz.

Este fragmento fue obtenido por una emisora y publicado en sus redes sociales y en su página web. Lo mismo había sucedido con la declaración de José Dorado. Los periodistas del medio tienen acceso a información que hace parte del proceso cerrado de justicia que adelanta la JEP. Mis preguntas son: ¿cómo obtienen esa información que debe ser custodiada y protegida  por la JEP? ¿Quiénes y con cuáles intereses comparten esta información con esos periodistas? ¿Tiene esa emisora algún interés en hacer pública las declaraciones de agentes de inteligencia que involucran no solo a los comparecientes sino a militares que llegaron a Generales de la República? ¿Se ha planteado el medio de comunicación el impacto que tienen estas declaraciones en la familia de la víctima o solo les mueve el morbo y la necesidad de ‘me gustas’? ¿Es esto periodismo responsable para la construcción de paz y los derechos de las víctimas? ¿Qué papel tiene la JEP a la hora de proteger a las víctimas en procesos que deberían ser cuidados por la crudeza y gravedad de las confesiones? ¿Aceptarán los otros comparecientes las implicaciones del testimonio de los ex agentes José Dorado y Bernardo Garzón Garzón? ¿En cuántos años lograremos una verdad completa? Y, por último, ¿de qué nos sirve a las víctimas la verdad sin hechos de justicia?

Cuando hablamos de derechos humanos se pide verdad, justicia, reparación y garantias de no repetición. Garzón Garzón ya lleva 7 años como compareciente ante la JEP. En la Justicia ordinaria el caso no avanza y el Consejo de Estado calla desde hace más de una década. Así una verdad sin justicia, filtrada y fragmentada, es publicada en las noticias. No puedo ni referirme a la reparación que, según las leyes y los discursos de paz, es imprescindible. A una familia como la mía por marcharse al exilio después de las amenazas y los atentados contra nuestras vidas le han entregado como reparación una cantidad cercana a los 1.000 dólares. Las garantías de no repetición nunca se han dado y, de hecho, como confesó José Dorado, el plan de exterminio que jamás ha concluido incluía a toda la familia Bautista.

En otro plano está la reacción de la sociedad que hace eco de la narración del declarante. Personas que replican la noticia y no comentan nada, simplemente comparten el mensaje del compareciente. Conocidos que me mandan la filtración como si no la llevara clavada en alguna parte invisible de mi alma. Yo me pregunto si este contenido debe compartirse así, sin un comentario, sin una toma de posición, sin una expresión ante lo que es publicado por el medio de comunicación. En otro nivel están los que justifican los hechos, los que toman posiciones ofensivas y permeadas por el odio ¿No es esto amplificar el horror y la perspectiva de los criminales?

El consumo de cadáveres sistemático en medios masivos de comunicación normaliza la muerte violenta y se naturalizan los hechos de violencia que les preceden, de tal manera que una muerta más no afecta al colectivo, no hay referencia a la humanidad perdida. Sólo se amplifica la magnitud del hecho victimizante. No aparecen tampoco los cuestionamientos que nos llevan a pensar en las otras víctimas a las que la violación de varios derechos humanos se les infringieron con total impunidad. La impunidad alienta a los perpetradores de crímenes a seguir en sus prácticas de tratos crueles bajo la doctrina de la Seguridad Nacional.

Estos niveles de guerra psicológica han traspasado generaciones y el nombre de Nydia Érika Bautista se ha asociado en distintos lugares de Bogotá y del mundo a la figura de la víctima de Estado.

La desaparición forzada de Nydia Érika ha motivado a cientos de personas en el mundo a pronunciarse contra el crimen. En Alemania existió un asociación que lleva su nombre, en las oficinas de Pan para el Mundo en Berlín hay una sala de conferencias que conserva su memoria. En Colombia ha sido objeto de estudio en derechos humanos en distintas facultades. Una fundación que busca a personas desaparecidas lleva su nombre y ha impulsado una ley para que sean reconocidos los derechos de las mujeres que buscan a personas desaparecidas. Artistas de la ciudad han pintado su nombre y rostros en distintas oraciones en las paredes de la ciudad en los últimos 15 años.  Poetas del mundo han escrito alrededor de 300 poemas en su memoria en el concurso La Luz de Mirada. Algunos grupos musicales, como Desarme Rock social y Resgestae y el Sistema Sonoro Skartel en Bogotá, le han dedicado canciones y las mencionan en sus álbumes. Una decena de documentales y audiovisuales han contado lo que sucedió con ella. Hace parte de la memoria colectiva de la ciudad de Bogotá como parte de la Cartografía de la memoria de la ciudad.

En vida Nydia fue una amante de la literatura, estudió sociología en la Universidad Nacional de Colombia y Economía en la Universidad Central, fue tesorera de la Lotería de Bogotá y del Instituto Nacional de Radio y Televisión, donde hizo parte del Sindicato. Al vincularse la M-19 promovió los diálogos de paz entre el Gobierno y el movimiento insurgente. En mayo de 1986 sufrió torturas tras una detención en Cali. Allí le hicieron firmar una confesión de su vinculación y conocimientos sobre el M-19. Cerraba el documento con una constancia de buen trato y colaboración. Los militares se sintieron burlados por Nydia Erika, por eso la persiguieron para castigarla nuevamente. Una docena de hombres vinculados al Batallón de Inteligencia y Contra Inteligencia del Ejército participó del operativo. En su detención, tortura, violación sexual, asesinato y ocultamiento del cadáver. Parte de ellos buscan evitar la cárcel aportando una parte de verdad 38 años después de ocurridos los hechos dicen con sangre fría qué fue lo que hicieron con Nydia Erika. Trocitos de verdad que no sirven para nada, que sólo duplican el crimen de lesa humanidad. Lo sucedido es la metáfora de la normalización de la revictimización que en Colombia se ha convertido en rutina. También cuando se celebra —en teoría— el día de las víctimas.

Actualizado el: Vie, 04/11/2025 - 16:55

“Una noche por teléfono Andrès (Narvaez) me confesó que tenía dos sueños, uno de ellos era hacer una película sobre su historia”, recuerda Jorge Pérez Aldana, el director del documental La Europa. Desde 2021, este líder campesino del departamento de Sucre y este antropólogo de formación se hablaron regularmente sobre la posibilidad de hacer de la vida de Andrés, un documental. Cuatro años después, nació este proyecto casi autofinanciado que se presentó en el Festival de Cina de Cartagena

Con una voz rápida pero precisa, Andrès Narvaez declara: “Es cierto que tenía este sueño, el de hacer una película, simplemente para inmortalizar y mantener una especie de herencia de todo esto”. A pesar de la llegada del conflicto armado a su región, a mediados de los años 80, Andrès siempre se negó a abandonar sus tierras, y todavía lucha por la restitución de las 1.321 hectáreas de terreno de la hacienda La Europa. Allí fue víctima de un intento de asesinato en 2014 y fue obligado a exiliarse durante unos meses en España, en Asturias.

Es lejos de Colombia, de la hacienda La Europa, en las montañas nevadas de la otra Europa, la de Asturias, donde Jorge Pérez Aldana filma sus primeras imágenes. Va a donde estaba Andrès Narvaez durante estos pocos meses de exilio. “Es en este momento que se convirtió en un gran compositor, se alimentó de esta nostalgia como para su canción Me voy para la Europa, que es una de las canciones más famosas”, dice Jorge Pérez Aldana.

Andrés dice que este gusto por la música lo “heredó” de su familia y más particularmente de sus tíos, también cantantes y a los que considera “poetas”. “Les traía ron y los emborrachaba para oírlos cantar”, recuerda. Así es como comienzó a componer su música. Después del intento de asesinato del que fue víctima en 2014, su arte se conviertióen un canto de resistencia, unna lucha por la tierra

Esta resistencia tiene su origen en el conflicto armado colombiano, bien arraigado en esta región de Colombia. En 1969, el entonces presidente Carlos Lleras Restrepo, compró 1.321 hectáreas de tierra en los Montes de María y se las dio a 114 familias, que formaban la Asociación de Campesinos y Campesinas de la Finca La Europa. Estas  familias vivieron pacíficamente hasta los años 80.

La presencia de guerrillas aumentó en la región para la época y muchos campesinos que trabajaban la tierra, desde entonces, fueron desplazados por los enfrentamientos entre las FARC, los paramilitares y las fuerzas del orden. Andrés Narváez fue uno de los muchos que huyeron de la violencia. En diez años, 15 campesinos de Europa fueron asesinados. La proporción de desplazamientos forzados era tal que en 2005 sólo cinco familias vivían en la propiedad.

Tras las desmovilizaciones de los ‘paras’, ocurrida entre 2004 y 2006, algunos habitantes de La Europa regresaron al predio. En los dos años siguientes, la hacienda volvía  a tener familias que habían regresado y  nuevos campesinos. En la misma época, representantes de una empresa que se hacía llamar Arepas Don Juancho, aparecieron en la zona comprando predios de algunos ocupantes, muy por debajo del valor comercial de la tierra.

Andrès nunca cedió a las amenazas que comenzó a recibir en ese momento. “Siempre me aseguré de defender los derechos de los campesinos, mataban a inocentes, había que hacer algo”, dice Andrés. Nunca aceptó vender sus tierras a esos empresarios a pesar de las intimidaciones,s. Hoy en día, Andrès se desplaza todavía con un guardia para garantizar su seguridad.

La música como lucha

“Vivimos en una época en la que aumenta el odio, el sectarismo y las divisiones, quería que esta película pudiera reunir a un uribista y a un petrista”, subraya Jorge Pérez Aldana. A través de su música, Andrés ilustra bien este deseo del director de reunirse. “A menudo digo que mejor cantar que señalar”, dice Andrés Arvaez.

Últimamente, la lucha de Andrés y otros líderes de la región ha dado sus frutos. En el marco de un comité de justicia transicional celebrado el pasado mes de diciembre en la Alcaldía de Ovejas, el Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC) de las 114 familias que forman parte de la comunidad campesina de la Finca La Europa, establecida en los Montes de María como Sujeto de Reparación Colectiva fue aprobado por unanimidad por los actores institucionales y comunitarios convocados. El importe de la compensación asciende a más de 5.000 millones de pesos.

Es el amor por esta historia, y el apego de Jorge Pérez Aldana a su país lo que le ha llevado a embarcarse en este lproyecto, casi totalmente autofinanciado. Originario de Bucaramanga, Jorge escribió su tesis en Antropología sobre el conflicto armado en el Catatumbo. “Mi padre, mis abuelos todos son de Catatumbo, y también quería hacer esta película que pudiera llegar a estas regiones que las personas afectadas por este conflicto pudieran intercambiar con Andrés”, subraya. “Yo siempre he querido hacer cine para que mi mamá lo entienda”, añade.

Actualizado el: Mar, 04/08/2025 - 18:44