Es uno de los hijos de Enilce López, ‘La Gata’, exempresaria del chance que fue condenada por homicidio agravado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. López se involucró en la política de la Costa Caribe desempeñándose como alcalde de Magangué, Bolívar, en el 2003. 

En 2004, fue procesado por el homicidio de Yamil Kasser Alí, un empresario conocido de la zona que fue asesinado en la puerta de su negocio. A este hecho se le sumaron los asesinatos del periodista Enrique Prins Velázquez, en 2005, quien también se desempeñaba como edil en el municipio y Édgar Carrasquilla, representante legal de Unicat, casa de apuestas de propiedad de ‘La Gata’. Los tres homicidios ocurrieron en Magangué. José y Héctor, hermanos de Jorge, también fueron investigados por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, pero ambos fueron dejados en libertad por vencimiento de términos. 

Jorge, junto con su hermano Héctor intentaron acogerse a la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) por estos crímenes. Al primero, se le sumaron  los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, una acción de extinción de dominio y concierto para delinquir en 2018. Sin embargo, ambos fueron rechazados por esta instancia. La JEP fundamentó su decisión de rechazar a Jorge Luis al señalarlo de no aportar la verdad de manera precisa y negar los vínculos que él y su madre tienen con el paramilitarismo. 

Aunque había sido condenado a 39 años de prisión en 2015, pena rebajada a 29 años en 2017, había recibido casa por cárcel desde el 14 de octubre de 2021 por supuestas enfermedades de gravedad que le impedía estar recluido en la cárcel de mediana seguridad de Sabanalarga, Atlántico. En una inspección que se realizó a su celda en 2019 se encontraron elementos de lujo como televisores, decodificadores, relojes inteligentes, entre otros.

Al día de hoy, todavía aparecen 25 propiedades a su nombre. Entre él, sus dos hermanos y su madre tienen 79 propiedades. La mayoría de estas están ubicadas en Sincelejo, Magangué, Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. 

Jorge Luis Alfonso López tiene 25 propiedades a su nombre y La Gata tiene 15. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) dijo que dentro de los 8 mil bienes perdidos de la mafia hay 8 de la gata. Héctor Julio Alfonso López (fue senador por Bolívar) tiene 20 propiedades a su nombre y José Alfonso López tiene 19. 

El caso de Prins 

Rafael Enrique Prins Velásquez fue asesinado por dos sicarios en el ‘Parque de la Energía’, en Magangué, Bolívar. Estos fueron luego reconocidos como guardaespaldas de ́La Gata ́. Prins tenía un periódico llamado ‘El Apocalipsis’, en el que investigaba las acciones de la administración del municipio. En este medio que circulaba de manera clandestina criticó fuertemente la alcaldía de Alfonso López, lo que desencadenó diferencias entre el periodista y el entonces alcalde. 

La FLIP, en una nota de conmemoración de la muerte de Prins, afirmó que Magangué se encontraba llenó de personas armadas durante la alcaldía López. “El temor y el silencio comenzaron a apoderarse de la población y los medios de comunicación se silenciaron frente a las sospechas de corrupción de la administración”, se detalló en la nota. Sin embargo, el único que denunció tales irregularidades, a pesar de la precariedad de la situación, fue ‘El Apocalipsis’.

En 2014, el Fiscal 25 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH solicitó condenar a Jorge Luis Alfonso López por el asesinato de Prins. Durante esta audiencia, el fiscal recordó que uno de los testigos presentados en el proceso, quien afirmaba haber hecho parte de las Autodefensas de la región, tuvo conocimiento de la orden que habría dado Alfonso López para asesinar al periodista.

 

Actualizado el: Jue, 02/09/2023 - 16:31

Este miércoles, 23 de noviembre, hacemos un día de apoyo al periodismo independiente. En Rutas del Conflicto queremos seguir investigando y para ello, necesitamos tu apoyo: puedes donar en vaki.co/diaxrutas y aportar para nuestro trabajo. Durante estos siete años nos hemos convertido en una biblioteca de información sobre el conflicto armado, construida desde las voces de las víctimas en un ejercicio que aporta desde el periodismo a la creación de una memoria más incluyente sobre la violencia y la resiliencia.

 

vaki.co/diaxrutas

Actualizado el: Mié, 11/23/2022 - 12:15

Desde el 22 hasta el 31 de octubre de 1997, un grupo de aproximadamente 150 paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) entre ellos tropas del das n, todos bajo el mando de Isaías Montes Hernández, alias ‘Yunior’ y respaldados con un anillo de seguridad del Bloque Mineros del Bajo Cauca, comenzaron una serie de asesinatos desde los corregimientos de Puerto Valdivia hasta El Aro, en Ituango, Antioquia. Con lista en mano acusaron a pobladores de ser colaboradores de grupos guerrilleros, posteriormente asesinaron y torturaron a 12 personas, desplazaron a otras 1472 hacia el resto del departamento, quemaron 42 de las 60 casas del pueblo, hurtaron 1200 reses y secuestraron a quienes les ayudaron a llevarlas. 

Rubén Dario Pinilla, quien para entonces era presidente de la Sala Penal de Justicia, aseguró en una entrevista para Consejo de Redacción, que el alcalde de Ituango, José Milagros López advirtió sobre la masacre a la Gobernación de Antioquia y a la IV Brigada del Ejército.  Sin embargo, no se tomaron acciones para evitarla. Además, la población denunció que durante y después de la masacre estuvo totalmente desprotegida por la Fuerza Pública. “La alianza que hubo entre paramilitares, militares y autoridades civiles es una cuestión que está fuera de toda duda, eso fue un acto coordinado con Estado y ejecutado en asociación con autoridades civiles, fuerza pública y paramilitares”, afirmó Pinilla.

El ex paramilitar de mando medio, Francisco Enrique Villalba Hernández, alias ‘Cristian Barreto’, quien participó en la masacre de El Aro y se entregó a la justicia tres meses después, afirmó en 2008 que los exjefes paramilitares Salvatore Mancuso, Carlos Castaño Gil y el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez le otorgaron una condecoración por la masacre. “Hubo un discurso de Carlos Castaño, y él después me llamó y me dijo: ‘él es el gobernador de Antioquia, el doctor Álvaro Uribe, usted fue exitoso para la operación, siempre por eso le he tenido confianza para las operaciones delicadas.’ (…) Hizo el discurso Álvaro Uribe y dijo que la operación había sido un éxito, nos daba las gracias (…) Carlos Castaño sacó una medalla de oro que tiene el mapa de Colombia con un campesino parado en el centro con una bandera y dice AUC y me la dió como condecoración, ahí terminó la reunión”, declaró Villalba. 

Sin embargo, unas semanas después, Francisco Villalba se retractó de sus declaraciones en una carta que llegó a la Casa de Nariño y que iba dirigida abiertamente a Álvaro Uribe, presidente de Colombia para ese momento. “Quiero pedirle perdón a usted, por haber mancillado su nombre y ponerlo en la palestra pública” escribió Villalba. Pero el 12 de noviembre de 2008 en la Secretaría de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, el ex paramilitar aseguró que había sido engañado para firmar un papel en blanco y allí mismo advirtió que podría se asesinado por las declaraciones que entregó sobre la presunta participación de Uribe Vélez en las masacres de Ituango. Cinco meses después, Villalba fue asesinado por sicarios en La Estrella, zona al sur de Medellín. En ese momento el ex paramilitar  pagó su condena de 33 años de prisión con el beneficio de casa por cárcel, que recibió al haberse acogido a la Ley de Justicia y Paz. 

Dentro de las personas que se vieron involucradas por las declaraciones de Villalba, también estuvo el secretario de gobierno de Álvaro Uribe, Pedro Juan Moreno, quien presuntamente tuvo conocimiento previo sobre la toma del corregimiento. Moreno también fue acusado por Pinilla de ser  uno de los integrantes de la comisión de “Los Notables”, un grupo de seis destacados políticos e industriales de Colombia, que funcionó como el cerebro del paramilitarismo durante los años noventa. Esto lo confirmó el exjefe paramilitar, Diego Fernando Murillo Bejarano,  alias ‘Don Berna’ en 2012 frente a fiscales de Justicia y Paz.  “Esta acción fue una petición del doctor (Pedro Juan) Moreno, ya que él (Valle) estaba haciendo una investigación sobre los hechos que ocurrieron en El Aro, Ituango”, afirmó Murillo Bejarano. 

Pedro Moreno murió en un accidente aéreo en 2006. Sin embargo, en declaraciones que entregó el ex paramilitar Daniel Rendón Herrera alias “Don Mario” a la Fiscalía,  se asegura que Vicente Castaño planteó que la muerte de Moreno no hubiese sido un accidente, sino una forma de eliminarlo por ser la piedra del zapato de Uribe Vélez, debido a una posible vinculación con nexos paramilitares.  

Por este caso, la justicia colombiana condenó en su  ausencia a 40 años de prisión a Carlos Castaño y a Salvatore Mancuso, por considerarlos como los determinadores o autores materiales ya que planearon la masacre en una finca ubicada en zona rural del municipio de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño. Sin embargo, debido a la desmovilización negociada con el gobierno de Uribe entre 2004 y 2008, su sentencia actual es de ocho años.

En 2008, Mancuso fue extraditado a Estados Unidos por narcotráfico, en donde pagó 15 años de condena. Según BBC News, actualmente la Interpol tiene vigente una circular roja para detenerlo antes de que logre ser deportado a Italia, no sólo para pagar los crímenes de los que aún es acusado sino para esclarecer la verdad que aún esperan las víctimas en Colombia. Una decisión judicial y administrativa definirá su permanencia o traslado a Italia, ya que dice temer por su vida en Colombia al haber denunciado a más de un elemento del poder en el país. "Quienes no quieren que la verdad se sepa son hoy poderosos o, incluso, más poderosos de lo que fueron en aquellos aciagos tiempos" dice Mancuso.

Por este caso también se abrió investigación penal al teniente Everardo Bolaños Galindo, al prófugo cabo primero, Germán Alzáte Cardona alias “Rambo” y en 2001, la Procuraduría archivó la investigación disciplinaria de Carlos Alberto Ospina Ovalle, ex comandante de la Brigada del Ejército.

En 2014, El Tribunal Superior de Medellín abrió una investigación penal contra Álvaro Uribe Vélez por posibles vínculos con el paramilitarismo pero el caso no tuvo ningún avance. El 31 de mayo de 2018, en el curso de la indagación previa contra Uribe, la Corte Suprema de Justicia declaró de lesa humanidad el asesinato de Jesús Maria Valle y las masacres de La Granja, El Aro y San Roque en el municipio de Ituango. Esto significa que los hechos punibles no tienen caducidad de tiempo para ser investigados y juzgados. 

Finalmente, en agosto de este año, según la W Radio, la Corte Suprema de Justicia ordenó pruebas en el proceso que recoge dos masacres, el crimen de Jesús María Valle y nexos con grupos de Autodefensas. La Corte solicitó a diferentes instituciones trasladar copias de documentos, denuncias y procesos que se han abierto desde la fecha de las masacres en Ituango. 

Entre algunos de los documentos, por ejemplo, están de las denuncias hechas por Jesús María Ovalle a la Defensoría del Pueblo en los años 96, 97 y 98 del municipio de Ituango; al Senado y a la Cámara de Representantes una copia de los periodos legislativos del ex senador Uribe; a la Procuraduría, una copia de la investigación penal que se le abrió a algunos ex militares por la masacre del Aro, y a todos quienes llevan procesos relacionados a esta, vínculos con el paramilitarismo y el ingreso irregular de bienes y propiedades de Uribe. Así como los testimonios de varios ex paramilitares como Ramiro Vanoy, alias ‘Cuco Vanoy’ y por otro lado, de el exfiscal Jorge Perdomo. La Fiscalía es quien tiene hoy el proceso en sus manos y a quien le corresponde avanzar con él. 

La sentencia de la Corte

En julio de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado Colombiano por omisión y participación en la masacre de el Aro. “La  responsabilidad del Estado por dichos actos, los cuales se enmarcan dentro de un patrón de masacres semejantes, se deriva de los actos de omisión, aquiescencia y colaboración por parte de miembros de la Fuerza Pública  apostados en dicho municipio.” se lee en la ficha técnica de la CIDH. 

En la sentencia se le ordenó al Estado colombiano proveer justicia; reparar a las víctimas psicológica, económica y socialmente; garantizar su seguro retorno al corregimiento si así lo desean y así mismo, las condiciones necesarias para su estadía allí; reconocer públicamente la responsabilidad internacional del Estado; conmemorar con una placa los actos cometidos e implementar programas de educación en derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario permanentes dentro de las fuerzas armadas colombianas. Por último, lo condenó a pagar 15,000 dólares al Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos y la cantidad de  8,000 dólares a la Comisión Colombiana de Juristas por concepto de costos y gastos. 

Hasta hoy, los hechos ocurridos en El Aro, han quedado en la impunidad y de las exigencias que la CIDH le hizo al Estado para resarcir el daño ocurrido por las masacres, se han cumplido sólo unas cuantas. “Hay personas que, hoy en día, no han regresado desde que pasó y ni piensan ni quieren ir porque las huellas y el daño psicológico que dejó la masacre es impresionante”, aseguró la integrante del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos, María Victoria Fallon para El Espectador en 2020. Sólo hasta 2017, se firmó un acuerdo parcial con el gobierno de Santos para la atención en salud física y mental que el Estado debía proveer a las víctimas por el tiempo necesario y de manera gratuita, pero según la postura oficial no se podían cambiar las cuotas moderadoras o copagos para recibir esta atención sin ningún cargo económico. 

“La percepción que tienen las víctimas en general de Ituango es que no se ha hecho justicia. Ellas siguen sintiendo que no se ha dicho lo que se tiene que decir porque la gente quiere saber la responsabilidad que hubo de los grandes empresarios, del gobernador de Antioquia y de su gabinete, de la comandante de la IV Brigada” afirmó Fallon. 

Actualizado el: Mar, 11/01/2022 - 14:45

POR: Por Pilar Puentes Espinosa, María Mónica Acuña Berrío, Pablo Navarrete, Oscar Felipe Agudelo, Andrés Felipe Carmona y Nicolás Sánchez *especial para Colombiacheck 

Un total de 273 páginas contiene el documento revelado por la formación política, opositora al Acuerdo de Paz firmado con las Farc en el 2016, y que desde que se reveló el informe final elaborado por la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, CEV, el pasado 28 de junio, centró sus esfuerzos en cuestionar, desacreditar los hallazgos de la entidad y señalar las omisiones, que a su juicio, cometieron.

La cartilla ¿Cuál Verdad? que se propone como una “primera aproximación alternativa al informe de la Comisión de la verdad”, contiene un total de 15 capítulos escritos por varias figuras de ese partido como las senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, así como el ex ministro de Defensa, Diego Molano; el ex director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Darío Acevedo y el ex fiscal Néstor Humberto Martínez.

Otros autores que firman capítulos en dicha cartilla son el abogado Miller Soto; el representante a la Cámara, José Jaime Uscátegui; la ex representante, Margarita Restrepo; el ex superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez; la ex ministra, Nancy Patricia Gutiérrez y la directora del Centro Democrático, Nubia Stella Martínez.

Sin embargo, hay un capítulo titulado: “Informe de la Comisión: para que los victimarios del ayer sean los héroes hoy”, cuyo autor no se revela y aparece bajo la figura de “autor reservado”.  

Para Uribe, el descrédito del informe final es la oportunidad de reagrupar las fuerzas del partido, tal como lo reseñó en este informe de Noticias Uno, el pasado 16 de agosto, que reveló las directrices dadas por el expresidente en una reunión virtual con sus alfiles.

Días antes Uribe ya había revelado sus intenciones, cuando en este tuit, del 10 de agosto, precisó que “Por pedido de muchas personas el Centro Democrático publicará una Cartilla Alternativa(¡Cuál Verdad!, en cuya elaboración participan organizaciones de víctimas, ONGs y personas de otras tendencias políticas”.

Por pedido de muchas personas el Centro Democrático publicará una Cartilla Alternativa(¡Cuál Verdad!, en cuya elaboración participan organizaciones de víctimas, ONGs y personas de otras tendencias políticas

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 10, 2022

 

Así que en Colombiacheck, en el marco del proyecto ‘Memorias del Conflicto, mentiras y verdades acerca del informe final’, nos dimos a la tarea de leer la cartilla en mención y encontramos nueve frases verificables en cinco de sus capítulos.

En términos generales, ¿Cuál verdad? refuerza la narrativa de este sector político que el Acuerdo de paz con las Farc es ilegítimo y por tanto todas las instituciones creadas a partir del mismo lo son. Así lo ratifica en las primeras frases, el principal ideólogo de la cartilla en su capítulo, “¿Cuál Verdad? Séptimo Borrador, seguimos en construcción”, Álvaro Uribe Vélez.

Allí, el expresidente afirma, “Debe recordarse que la Comisión de la Verdad nació del anti democrático procedimiento de enmendar un plebiscito con una proposición del Congreso. Esto es, el pronunciamiento popular que dijo No al Plebiscito sobre el acuerdo de La Habana fue desconocido por el Gobierno de la época, que hizo unos ajustes superficiales y consiguió que el Congreso lo aprobara con una proposición, no hubo proyecto de ley ni de Reforma Constitucional, una mera proposición”.

Por su parte, en el capítulo 2 de la cartilla, su autor, el ex director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Darío Acevedo, señaló a la entidad de omitir algunos hechos de la historia del conflicto, pero estos quedaron consignados en informes que Acevedo no leyó, lo que nos admitió en Colombiacheck.

Así es que las frases seleccionadas como objeto de este chequeo son:

Álvaro Uribe Vélez

Capítulo 1: ¿Cuál verdad? Séptimo Borrador, seguimos en construcción

“El Gobierno Nacional, apoyado por sus mayorías en el Congreso de la República, modificó las condiciones vigentes sobre plebiscitos, redujo el porcentaje de participación de la ciudadanía al 13 por ciento” 

En Colombiacheck verificamos si para el plebiscito por la paz se “modificó las condiciones vigentes sobre plebiscitos” y se “redujo el porcentaje de participación de la ciudadanía al 13 por ciento”.  Esta afirmación se puede corroborar según la sentencia C-379 de 2016 de la Corte Constitucional (Tribunal de Cierre) y lo referido en el informe de observación “Plebiscito de Refrendación de los acuerdos de paz” de la Misión de Observación Electoral, MOE. 

Para facilitar la aprobación del plebiscito, el Congreso aprobó la Ley 1806 de 2016: “Por medio de la cual se regula el plebiscito para la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la  construcción de una paz estable y duradera”. 

Así quedó establecido en el artículo 2 párrafo tercero de la mencionada ley: 

“Se entenderá que la ciudadanía aprueba este plebiscito en caso de que la votación por el sí obtenga una cantidad de votos mayor al 13% del censo electoral vigente y supere los votos depositados por el no”. 

La Ley pasó a control de constitucionalidad por parte del Tribunal de Cierre y éste aprobó la reducción del umbral.
 

Luego de las modificaciones del umbral originadas desde el Congreso de la República y avaladas por la Corte Constitucional, la MOE hizo un análisis de todo lo que se hizo para lograr la refrendación de los acuerdos de paz y en su informe explicó: 

“Sobre este asunto la MOE plantea como postura organizacional el que la eliminación del umbral de participación e implementación de un umbral de aprobación incentiva la participación además de generar un mayor equilibrio entre las posturas en contienda. Así mismo se plantea que este mismo criterio debería replicarse para los otros mecanismos de participación ciudadana directa, salvo el caso de la revocatoria de mandato”.

Danilo Sepúlveda, subcoordinador de justicia electoral de la MOE le dijo a Colombiacheck que “lo que hizo la Ley 1806 de 2016 fue establecer una forma diferente de calcular el umbral necesario para la refrendación popular mediante el plebiscito como mecanismo de participación, al pasarse de un umbral de participación a uno de elección”.

Y añade: “Para el plebiscito, la Ley 134 de 1994 y 1757 de 2015 establecen un umbral de participación del 50% del censo electoral. Esto quiere decir que un plebiscito ordinario será válido siempre que al menos la mitad de las personas inscritas en el censo electoral efectivamente voten, sin importar el sentido en que lo hagan. Como lo dijo la Corte Constitucional, para el umbral de participación del 50%, se cuentan tanto los votos del ‘sí’ como los votos del ‘no’, con lo cual, el umbral de aprobación sería la mayoría simple de los votos depositados. En cambio, lo que se dispuso para el denominado Plebiscito por la Paz fue un umbral de participación, según el cual, se entendería aprobado el plebiscito siempre que el “si” tuviera una cantidad de votos mayor al 13% del censo electoral y superara los votos del no”. 

Sepúlveda agregó que lo modificado (el umbral) “solo aplicó para el Plebiscito por la Paz, de manera que siguen vigentes las reglas del umbral de participación del 50% del censo electoral para cualquier plebiscito que se promueva”.

Por todo lo anterior, calificamos como verdadero lo dicho por el expresidente Uribe en relación con la reducción del umbral y la modificación de las condiciones vigentes sobre plebiscitos. 

Darío Acevedo

Capítulo 2:  La Verdad o una compilación de lugares comunes” 

“No hay una sola referencia al papel y la influencia de las teorías marxistas y comunistas en el CAI (conflicto armado interno), siendo como han sido, determinantes en el surgimiento de grupos guerrilleros, como también de agrupaciones legales que justifican el accionar de aquellos. No se hace referencia, en particular, al rol del partido comunista colombiano (sic) en el surgimiento y apoyo de las FARC-EP y en la aplicación de la combinación de todas las formas de lucha que dejó graves traumas en la sociedad y afectó el desarrollo de organizaciones legales de izquierda”.

El exdirector del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), Darío Acevedo,  cuestiona a la Comisión por supuestamente omitir asuntos neurálgicos relacionados con el conflicto armado. Sin embargo, solo se basa en el documento más corto que publicó la entidad. Los puntos señalados por él sí están incluidos en el informe final ‘Hay futuro si hay verdad’.

Sin embargo, el informe final está compuesto por 13 capítulos. Acevedo nos explicó en Colombiacheck que centró su análisis en la Declaración de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, a la cual catalogó como “el documento síntesis de los llamados hallazgos de la CEV”.

En Colombiacheck buscamos entre los informes de esa entidad para verificar si hay referencias a los temas que reclama el exdirector del CNMH. 

En la Declaración para el Esclarecimiento de la Verdad no se encuentra referencia a lo que menciona Acevedo. Sin embargo, en el informe ‘No matarás’ hay varias menciones a la influencia que las teorías marxistas tuvieron en la formación y el accionar de varias guerrillas.

En la página 107 de ese volumen del informe final, la Comisión hizo una crítica sobre las corrientes ideológicas que asumieron algunas guerrillas:

“Si bien Colombia tenía una democracia restringida no solo por el Frente Nacional sino por las instituciones y normas que emanaban de la Constitución de 1886, las guerrillas también carecían de sustrato democrático, ya que se inspiraban en modelos de sociedad autoritarios, como el de la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) o el de la revolución cultural de China, que también cercenaron libertades y derechos. En regiones como el Magdalena Medio, Córdoba y Urabá, estos autoritarismos despertaron, en los años posteriores, reacciones en contra de estas guerrillas y alimentaron los argumentos de la extrema derecha armada”.

Otra referencia al mismo tema se centró en la doctrina del Ejército Popular de Liberación. “El EPL fue maoísta y su estrategia era la guerra popular prolongada, en teoría iba del campo a la ciudad a partir de ir «liberando» territorios e instaurando gobiernos revolucionarios a través de las denominadas juntas patrióticas, como estructuras para el «trabajo de masas»”, se lee en la página 88 del informe ya citado.

Otro de los apartados en los que la Comisión señaló las bases doctrinarias de las guerrillas se encuentra en la página 491 del mismo documento:

“Al comienzo, la guerra consistió en el enfrentamiento de grupos marxistas o revolucionarios alzados en armas que iban por el poder del Estado de manera paulatina (acumulando fuerzas) o súbita (insurrección) contra un Estado en formación, dominado por sectores políticos y élites tradicionales que, a pesar de sus contradicciones internas, defendieron el statu quo. Paradójicamente, la decisión de aquellos sectores de las izquierdas de emprender la lucha armada y de combinar votos y protestas con armas, lejos de producir las transformaciones que esperaban, terminó en el largo plazo reforzando las estructuras de poder existentes y pospuso o ralentizó los cambios sociales, políticos, económicos y culturales que demandaron distintos sectores de la sociedad colombiana”.

Hay más menciones sobre las teorías marxistas y la naturaleza comunista de algunas guerrillas en el mismo informe. Por lo tanto, es cuestionable afirmar que la Comisión no hizo referencia al tema.

En cuanto a la cercanía del Partido Comunista Colombiano (PCC) con las FARC y la adopción de la combinación de todas las formas de lucha, la Comisión también hizo varias referencias (ver: Falso: Comisión de la Verdad no omitió la farcpolítica, como dijo Uribe). Por ejemplo, en la página 81 de ‘No matarás’ dice: “El PCC en su Décimo Congreso definió que entre la lucha de masas y la lucha guerrillera no había contraposición alguna. La decisión de asumir la combinación de las formas de lucha permitió al PCC conciliar sus dos líneas: la que privilegiaba la lucha electoral y de masas, y la que optaba por la lucha armada. Al calor de la pacificación del Frente Nacional se había engendrado una nueva guerra”.

“En 1961 el IX Congreso del PCC aprobó la combinación de formas de lucha como estrategia. Las armas ya no eran solo para la autodefensa, sino para acceder al poder, en combinación con la lucha social, electoral y armada”, dice en otro apartado de No Matarás.

Pero no es el único informe que aborda esa relación, en ‘Hasta la guerra tiene límites’ se lee: “En 1964, las FARC nacieron producto de ese levantamiento en armas de los sectores campesinos. Durante casi tres décadas, tuvieron una relación estrecha con el Partido Comunista”. Incluso, la entidad señaló que durante años hubo un “ambiente de indiferenciación” entre la estructura armada, el PCC y la Juventud Comunista. La Comisión de la Verdad recordó que esas relaciones entre el PCC y las Farc se romperían tiempo después.

En Colombiacheck llamamos a Acevedo y le dijimos que hay diferentes alusiones a los fenómenos que él afirmó que la Comisión había omitido y admitió: “Hay referencias, pero son aisladas porque el grueso de las conclusiones apunta a que el principal responsable es el Estado colombiano, la misma sociedad colombiana, la ausencia de democracia, la ausencia de oportunidades". 

También le preguntamos si había leído el informe No matarás y reconoció: “No, ese informe no lo leí”. “Esperaría conocer los 9 tomos, me gustaría mucho tener a la mano todo el informe completo (...) Hasta ahora no los conozco, porque como el padre de Roux dijo que eso iba a salir periódicamente", aseguró Acevedo. 

Sin embargo, todos los tomos completos están publicados en la página de la Comisión de la Verdad desde el pasado 8 de agosto, es decir casi dos meses antes de la publicación del artículo escrito por el exdirector del Centro Nacional de Memoria Histórica. ‘No matarás’ fue publicado el 4 de agosto de 2022.

"Lo que yo escribo tampoco es una cuestión definitiva, lo digo en el artículo es una cuestión centrada en ese folleto azul que fue el que tuve en mis manos y en la experiencia que viví en el teatro Jorge Eliécer Gaitán", insistió Acevedo. Se refería al lanzamiento del informe final que se dio el 28 de junio de 2022.

“No se alude a la influencia de la revolución cubana, a la política de impulso a la revolución continental y antiimperialista pregonada por el castro-guevarismo y por el partido comunista cubano que creó el Departamento América en su Comité Central para concretar y apoyar a las guerrillas en América Latina. Tampoco se dice algo sobre cómo se formó, armó y entrenó en Cuba el ELN (1964) y años después al M-19” 

Otro de los señalamientos de Acevedo es que la Comisión no se refirió a la influencia de la revolución cubana ni al papel que desempeñó ese país con respecto al conflicto armado. Si bien no se encuentra en la Declaración, en otros informes hay varios apartes con información relacionada.

Por ejemplo, refiriéndose a las conclusiones de las autodefensas campesinas en las que acordaron que el Partido Comunista y la Juventud Comunista enviarían instructores políticos desde las ciudades, la Comisión concluyó: “Si a eso se suma el entusiasmo que produjo el triunfo de la Revolución cubana, puede explicarse por qué en 1961 el IX Congreso del PCC aprobó la combinación de formas de lucha como estrategia”.

“Cuba desempeñó un papel de apoyo político y militar para las guerrillas colombianas hasta los años ochenta. En diversos testimonios para la Comisión de la Verdad, miembros de los grupos armados (FARC-EP, ELN, EPL y M-19) admitieron que recibieron entrenamiento militar en la isla y en otros países del eje socialista, así como apoyo logístico y protección humanitaria cuando la necesitaron”, señaló la Comisión en la página 59 de ‘No matarás’. Eso da cuenta de que la entidad sí expuso el papel de ese país en algunos pasajes del conflicto colombiano.

Incluso, el reclamo de Acevedo sobre la omisión del entrenamiento recibido por algunas personas en Cuba también carece de sustento. “Para finales de 1962 un nutrido grupo de jóvenes colombianos, casi todos estudiantes menores de 25 años, estaba en Cuba recibiendo entrenamiento militar y político mientras la Guerra Fría entraba en uno de sus capítulos más tensionantes: la crisis de los misiles instalados por la Unión Soviética en la isla. Al regresar se darían a la tarea de fundar nuevas guerrillas, entre ellas el ELN y el EPL, aupados por un intenso movimiento universitario, por algunos sindicatos y el activo movimiento campesino”, se lee en la página 75 de ‘No matarás’.

“Los fundadores del ELN fueron instruidos en Cuba y copiaron la teoría del foco guerrillero que había funcionado de manera excepcional en la isla”, recalcó la entidad en la página 83 de dicho documento.

Es así que la Comisión de la Verdad sí investigó y analizó el papel que jugó el país centroamericano en diversas etapas del conflicto armado colombiano, así como también se refirió a la influencia del marxismo en las guerrillas. Por lo tanto, es necesario hacer la claridad que estos temas no están en el único documento que leyó Acevedo, pero sí se encuentran en otros capítulos del informe final, por lo que concluimos que las afirmaciones de Acevedo son cuestionables.

María Fernanda Cabal

Capítulo 3: La Omisión de la verdad, una injusticia más

“Esa Comisión, que yo llamo la Omisión de la Verdad, no ha hecho más que recoger informes de colectivos de abogados de izquierda”: María Fernanda Cabal

 

Desde que se publicó el Informe Final de la Comisión de la Verdad el pasado 28 de junio, la senadora María Fernanda Cabal ha sido una de las mayores detractoras del trabajo hecho por la entidad y lo consignado en dicho documento. No se quedó atrás en la publicación de la cartilla ‘Cuál Verdad’ que sacó su partido, el Centro Democrático, y escribió el capítulo ‘La omisión de la verdad, una injusticia más’. 

En esta oportunidad, y a lo largo de dos páginas, cuestiona el trabajo de la Comisión de la Verdad y afirma: “Esa Comisión, que yo llamo la Omisión de la Verdad, no ha hecho más que recoger informes de colectivos de abogados de izquierda, de la ONG Justicia y Paz, que también es del cura Javier Giraldo”. En Colombiacheck revisamos esa afirmación y la calificamos como falsa. Aquí las razones:

Desde la creación de la Comisión de la Verdad hasta diciembre de 2021 la entidad recibió 962 informes y 635 casos sobre el conflicto. Muchos de los textos que llegaron para el esclarecimiento fueron producto de organizaciones sociales, medios de comunicación, universidades, personas que han brindado información sobre hechos que describen violaciones de derechos humanos e instituciones del Estado como el Centro de Memoria Histórica y agentes del estado. 

Por ejemplo, el 10 de septiembre de 2020 la Fuerza Aérea entregó  el segundo informe colectivo de miembros de la Fuerza Aérea, víctimas del conflicto armado interno. Un documento que aborda las afectaciones individuales y conflictivas de los militares, sus familias y la institución. Según datos proporcionados por la Comisión, en total recibieron 158 documentos entregados por la Fuerza Pública. De estos, el Comando General de las Fuerzas Militares entregó 14, el Ejército Nacional de Colombia presentó 107, la Fuerza Aérea Colombiana 6, la Armada de Colombia entregó 12 y la Policía Nacional de Colombia 19. 

Como ya contamos en Colombiacheck  en este explicador, el Informe Final en el capítulo de hallazgos y recomendaciones explica en la página 136 que utilizaron 112 bases de datos de análisis cuantitativo de fundaciones y entidades que ya desarrollaban procesos de escucha y metodologías investigativas con víctimas del conflicto armado. Esto es lo que dice:

“El Centro Nacional de Memoria Histórica, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización; el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; Jurisdicción Especial para la Paz; la Procuraduría General de la Nación (PGN); la Policía Nacional; el Registro Único de Víctimas; entre otras; y 25 de organizaciones de la sociedad civil, como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos; el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz; la Organización Nacional Indígena de Colombia; y País Libre, entre otras”.

También se ha explicado porque organizaciones como ‘Rosa Blanca’ no fueron partícipes en la entrega de información ni en los espacios de escucha. Como se publicó , la Comisión y la corporación tuvieron un desacuerdo en la forma de acompañamiento psicosocial, en la que la entidad exige para poder llevar a cabo estos encuentros. 

Esto también ya lo detallamos en el explicador titulado ¿Por qué los testimonios de Rosa Blanca no salieron en el informe de la Comisión de la Verdad? en el que explicamos que hubo desacuerdo entre ambas partes por el proceso de “acompañamiento psicosocial” que debía realizar la Comisión. La corporación no estuvo de acuerdo con este tipo de acompañamiento mientras que para la Comisión era “uno de los criterios éticos dispuestos” en la metodología de la entidad.

ColombiaCheck se contactó con el equipo de prensa de la senadora Cabal para conocer las fuentes y detalles de su afirmación, pero no ha contestado. 

Así que tras estas evidencias, calificamos como falso por la senadora Cabal, que los únicos que entregaron información a la Comisión hayan sido organizaciones de izquierda, pues está claro que las fuentes y bases de datos consultadas incluyen a organizaciones de todo tipo y tendencia.

Paloma Valencia

Capítulo 6: La Comisión de la Verdad y el narcotráfico

“Sorprende que la Comisión no haya hecho un ejercicio preciso sobre el narcotráfico como el motor de la violencia en Colombia”.

Para la construcción del componente de narcotráfico, incluido en el capítulo de “Hallazgos y recomendaciones” del informe final, la CEV contó con el grupo de trabajo ‘Narcotráfico, economía de drogas ilegalizadas y conflicto armado’, coordinado por Estefanía Ciro, doctora del Programa de Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, Unam, e investigadora del colectivo “A la Orilla del Río”

La investigadora, en diálogo con Colombiacheck, explicó que los ejes centrales del componente de narcotráfico, están basados en entender cuáles han sido todos los vasos comunicantes del narcotráfico con el conflicto armado.  Las preguntas que sirvieron como hoja de ruta de la investigación, cuenta Ciro, respondieron a tres interrogantes principales: ¿cómo es violento el narcotráfico en lo político?, ¿cómo es violento en tanto a la economía y el funcionamiento ilegal? y ¿cómo es violento en tanto es un ejercicio de poder?

¿De dónde surgió la información del componente de narcotráfico?

De acuerdo con información consignada en el informe final y explicaciones dadas por Estefanía Ciro, las fuentes citadas a continuación fueron varias de las consultadas por la CEV para la construcción de los textos sobre narcotráfico que están en el informe final presentando al país el 28 de junio pasado:

• Entrevistas colectivas e individuales con líderes de las marchas campesinas de 1996, también con campesinos cultivadores de coca en Córdoba, Nariño, Bolívar.

• Entrevistas con “Víctimas de la política antidrogas y de la guerrilla en los Parques Nacionales durante el conflicto y que siguen siendo violentadas en el posacuerdo”.

• Espacios de escucha con organizaciones que representan a las mujeres que están en cárceles del país acusadas de tráfico de drogas.

• Entrevistas con funcionarios públicos que han trabajado en el tema antinarcóticos, de desarrollo alternativo y del Plan Colombia-Plan Patriota-Plan Consolidación, así como con funcionarios y partícipes de la implementación del Acuerdo de Paz.

• Se realizaron entrevistas colectivas e individuales a participantes de pueblos étnicos.

• Entrevistas a algunas personas de las Fuerzas Militares y policías que quisieron colaborar con su experiencia.

• Pilotos y personas involucradas con el tráfico de cocaína.

• Presos en los Estados Unidos por tráfico de drogas

• Entrevistas con extrabajadores o personas relacionadas con los carteles de cocaína en los años ochenta. 

• Entrevistas con actores extranjeros que formaron parte de estas políticas, con excombatientes y exparamilitares. 

Además de todo lo anterior, la Comisión recolectó testimonios de políticos, jueces, abogados, víctimas o críticos del narcotráfico, la política antidrogas y las economías de la cocaína. 

“También se hizo una revisión documental de archivos –algunos inéditos en el país– como el Proyecto Colombia del National Security Archive, archivos del Ministerio de Defensa y de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, entrevistas a excombatientes de la Agencia de Reincorporación Nacional, actas de la Aerocivil, sentencias de Justicia y Paz-Sala de Casación Penal, actas del Consejo Nacional de Estupefacientes, actas del Consejo de Ministros, actas del Ministerio del Medio Ambiente, correos de Vicente Castaño y Salvatore Mancuso, casos de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF), archivos de la Dirección Federal de Seguridad (México), bases de datos del Observatorio de la Escuela de las Américas (SOWA), School of Americas Watch y los tomos del Informe Génesis del Ministerio de Defensa”, según información citada por la Comisión de la Verdad en su informe final. 

Una mirada histórica al narcotráfico

En el tomo “Hallazgos y recomendaciones”, la Comisión de la Verdad publicó un apartado dedicado a explicar cómo el narcotráfico tuvo una relación directa con el conflicto armado colombiano y fue elemento clave para su permanencia en el tiempo de la violencia en el país. El intertítulo de esta sección del documento es “relación con el narcotráfico: el motor”.  

Por ejemplo, se indica: “El entramado no podría haber alcanzado las dimensiones que ha tenido sin la participación de los dineros del narcotráfico. En los años ochenta el paramilitarismo dio un giro fundamental para convertirse en un ejército impulsado por las economías de la droga, que estuvo en múltiples ocasiones al servicio del narcotráfico. Este punto de inflexión en el paramilitarismo significó la entrada del narcotráfico al conflicto armado por vía contrainsurgente”. 

En este apartado la CEV también hace un recuento histórico del narcotráfico desde la creación de la Asociación ganadera del Magdalena Medio Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio (Acdegam), a comienzos de los años 80, pasando después en 1984 con Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, y Pablo Escobar, a quienes referencia la Comisión como dos narcotraficantes que en los años ochenta hicieron una alianza con el paramilitarismo que estaba en cabeza de Gonzalo Pérez (de Acdegam), esto tras un “ataque de las Farc a los laboratorios de ‘el Mexicano’ en llanos del Yarí (entre Caquetá y Meta), el robo de 200 kilos de cocaína y el incumplimiento de pactos sobre la construcción y uso de otros laboratorios”.

La CEV lo que ha planteado en su informe final es que las “economías ligadas al narcotráfico siguen siendo un motor central” para los grupos armados posdesmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, pese a las diversas iniciativas y esfuerzos de diferentes actores por desarticular esta industria de los estupefacientes. 

“Narcotráfico como protagonista del conflicto armado”

En el informe final, la Comisión de la Verdad ha dicho que el narcotráfico debe verse como un “protagonista y un factor de persistencia del conflicto armado colombiano, pero también como una fuerte influencia sobre la política y la economía del país”, esto para explicar que usa la violencia para reproducir cada vez más un modo mafioso de acumulación de riqueza y poder por medio de economías ilegales que luego legaliza a través del sistema económico nacional e internacional.

En “Narcotráfico como protagonista del conflicto armado y factor de su persistencia”, que hace parte del documento de “Hallazgos y recomendaciones” del informe final, la Comisión de la Verdad expone varias conclusiones que permiten explicar la relación entre el narcotráfico y la violencia, esto como “motor” de la misma. 

Hasta el cierre de este chequeo no se había recibido respuesta alguna de la senadora Paloma Valencia a las preguntas hechas desde Colombiachek sobre qué insumos o documentos utilizó la senadora para hacer tal afirmación y para escribir el capítulo “la Comisión de la Verdad y el narcotráfico” del documento del Centro Democrático, texto donde hizo la aseveración que decidimos verificar. 

Teniendo en cuenta todo lo explicado anteriormente, calificamos como  Falso lo afirmado por la senadora Paloma Valencia Laserna.

“La solución al problema del narcotráfico según la Comisión de la Verdad es la regularización. La misma propuesta de Pablo Escobar”

 

En la misma cartilla, la senadora Paloma Valencia afirma que “La solución al problema del narcotráfico según la Comisión de la Verdad es la regularización. La misma propuesta de Pablo Escobar”.

En Colombiacheck, al aplicar nuestra metodología de verificación, calificamos la afirmación de la senadora Valencia como falsa.

Para empezar, nos comunicamos con el equipo de prensa de la senadora Valencia para preguntarle cuáles fueron los insumos y fuentes en los que ella basó su frase. El jefe de prensa de Valencia nos envió cuatro enlaces a cuatro artículos en los que, según él, la senadora basó su afirmación:
1. Los diálogos con el narcotrafico: historia de la transformacion fallida de un delincuente comun en un delincuente politico.

2.  ‘Colombia y la política de drogas: del policy-taking al policymaking a través de una aproximación desde la geopolítica crítica y el constructivismo en la política exterior’.

3. La entrevista a Pablo Escobar que nunca se escuchó

4. Poder, política y guerra. 

Así que nos dimos a la tarea de revisar los artículos y encontramos que en el primero de ellos  se habla de la propuesta que  Pablo Escobar tenía de “legalizar sus dineros por medio de una vía política”. En el texto: Poder, política y guerra, en el  que la senadora basa su afirmación, se recuerda que en algún momento el entonces líder del cartel de Medellín ofreció “pagar la deuda externa del país si se legalizaba el comercio de drogas psicotrópicas”.  

El tercer documento que usó la senadora Valencia, es esta entrevista de Revista Semana y allí, Escobar insiste en la legalización de sustancias psicoactivas: “Sí, yo pienso que el problema de la legalización o el problema de la represión en la lucha contra el narcotráfico no es tan importante, yo considero que es mucho más importante el problema de la educación y de la disciplina”. 

Por último, la senadora Valencia utiliza un artículo de la Universidad del Rosario en el que se afirma lo siguiente: “En 1982, los comicios presidenciales dieron como ganador a Belisario Betancourt. Durante su gobierno, la violencia alcanzó niveles insospechados y el narcotráfico consolidó su fuerza contra el estado. Para contrarrestar la situación, Betancourt planteó en su reforma tributaria la alternativa de legalizar los dineros del narcotráfico dentro de la economía colombiana”. A pesar de que buscamos por distintos canales el mencionado documento del expresidente Belisario Betancur (1982-1986), no logramos encontrar un dato o un documento que respaldara lo señalado por el artículo. 

Ahora bien, los documentos de la senadora Valencia hablan constantemente de las iniciativas que el capo tenía para la legalización de sustancias psicoactivas, pero eso no es lo que propone la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV). Lo que la CEV propone en su capítulo de ‘Hallazgos y recomendaciones’ es la regulación: 

“Se debe separar la política del narcotráfico y el modelo de Estado que ha construido nuestro país. Se necesita superar la visión de la guerra que lleva a buscar soluciones militares desde hace décadas y que ha llevado a considerar a los campesinos cocaleros como enemigos y no ciudadanos. Se necesita una regulación pacífica donde los ingresos de este negocio vayan al Estado y no a la conformación y el fortalecimiento de ejércitos o grupos armados, dentro o fuera de la ley. La Comisión invita a reconocer y replantear el problema del narcotráfico y a encontrar los caminos políticos, económicos, éticos y jurídicos de salida en debates de fondo y procesos de concertación que permitan la comprensión, regulación e integración económica, social y política del narcotráfico”. (página 462) 

En términos conceptuales legalización y regulación no es lo mismo ni tampoco en términos prácticos, a diferencia de lo que sugiere la senadora Valencia. De acuerdo con la Real Academia de la lengua Española, legalizar es “Dar estado legal a algo”. Y regular es “Determinar las reglas o normas a que debe ajustarse alguien o algo”.

De ahí que Luis Felipe Cruz, coordinador de política de drogas de Dejusticia, “legalizar las drogas implica eliminar el uso de la producción como un delito”. Es decir, implicaría sacar del código penal la producción de marihuana, por ejemplo, y eliminar el artículo 378. en el que se advierte que “cualquier forma estimule o propague el uso ilícito de drogas o medicamentos que produzcan dependencia incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años y multa de cien (100) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. 

Cruz señala que la “legalización simplemente habla de que la actividad deje de ser un delito. En cambio la regulación habla de que la actividad deja de ser un delito pero el Estado debe regular su producción, establecer unos criterios para las buenas prácticas del cultivo. Luego, establecer licencias para la producción, por ejemplo, de la marihuana en aceites. Establecer reglas con todo lo que tiene que ver con la dispensación y, a su vez, el desarrollo de medidas para la reducción de daños y con la estructuración de toda una política pública alrededor de la conducta”. 

De acuerdo con Cruz, en la década de los años 80, el debate giraba en torno a la  “legalización, porque en esa época incluso la dosis personal implicaba un tipo de sanciones para los usuarios, pero nunca se abordó el debate como ahora. Hoy el debate es la regulación, que es un grupo de normativas sociales que nos permiten abordar y estandarizar procesos de cultivo, de transformación, dispensación y, por supuesto de uso, bajo ciertas restricciones y principios de salud pública. Pablo Escobar nunca habló de eso”. 

Según el investigador, generar una política de regulación alrededor de la droga, “permitiría reducir la violencia sobre ciertas poblaciones que han resultado más afectadas por la guerra, como las poblaciones cocaleras”.

En este informe de la Transform Drug Policy Foundation se señala que “La regulación no significa la eliminación de los controles sociales; significa pasar del intento de erradicación del mercado mediante la prohibición general a controles basados en sistemas de concesión de licencias, impuestos, y otros. Lograr una regulación correcta se trata de establecer los detalles correctamente. Sin embargo, en un nivel más amplio, se trata de apuntar a un marco de políticas que tenga más probabilidades de lograr los resultados sociales deseados”.

Así que Pablo Escobar no habló de regularización sino de legalizar las drogas, mientras las recomendaciones del Informe Final se enfocan en la regularización, por lo que calificamos la afirmación de la senadora Paloma Valencia como cuestionable. 

Margarita Restrepo

Capítulo 13: Presente y futuro

“La JEP continúa investigando a un ritmo paquidérmico el caso N° 07, no es admisible que este delito sea tratado como una especie de delito conexo o menor, que no merece mayor investigación o castigo”. 

 

Por: Pilar Puentes 

En Colombiacheck calificamos esta afirmación como falsa por las siguientes razones: 

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se enfoca en los delitos más graves y representativos del conflicto armado. Hasta la fecha tiene siete macro casos abiertos en los que se investiga y se juzga varios delitos. El caso 7 titulado ‘Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado’  estudia la utilización de los menores en la guerra. La decisión se tomó en marzo del 2019 tras la presentación de varios informes de la Fiscalía, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Organización Coalico. 

 

El Tribunal cruzó 31 bases de datos que nacieron de 45 informes presentados por parte de las organizaciones de víctimas, del Estado y de instituciones universitarias y pudo determinar una cifra aproximada que trazó el camino a seguir con el caso 7. En agosto de 2021, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas – SRVR – encontró 18.677 víctimas únicas sobre el reclutamiento y utilización presuntamente cometido por las extintas Farc. 

Tras datos aproximados y 457 víctimas acreditadas por este caso, la Sala prioriza la investigación sobre el reclutamiento ocurrido entre el 01 de enero de 1996 y el 01 de diciembre de 2016 para determinar patrones y responsabilidades individuales.  La JEP no solo investiga el reclutamiento sino también cómo los menores fueron víctimas de torturas, tratos crueles, humillantes y degradantes, violencias basadas en género y violencia sexual. 

Durante el 2020, la Sala de Reconocimiento de Verdad llamó a rendir versiones voluntarias a 26 personas, entre ellas varios comandantes de los bloques Oriental, identificado como el frente con el mayor número de victimizaciones, seguido del Sur y  Noroccidental.  

Durante este tiempo la Sala de Reconocimiento concentró la investigación por cada uno de los bloques, sus dinámicas, el mando de cada estructura y cómo operó en el territorio, para así determinar responsabilidades. 

En diciembre de 2021, la JEP a través del auto 269 llamó a rendir versión a 47 exintegrantes de la guerrilla de las Farc, que anteriormente habían priorizado para determinar cómo fue el reclutamiento y el trato de menores en sus filas. Entre los comparecientes se encontraban Rodrigo Granda, los actuales congresistas Victoria Sandino y Jairo Reinaldo Cala, y Guillermo Enrique Torres, actual alcalde de Turbaco, Bolívar.

Al comienzo de las audiencias de responsabilidad varios ex comandantes negaron que dentro de la guerrilla hubiera sido sistemático el reclutamiento forzado. Sin embargo, el discurso cambió con el pasar del tiempo hasta que en el primer semestre de 2022, por ejemplo Victoria Sandino afirmó ante la magistratura que “negarlo a estas alturas es algo irreal, pues así ocurría. Sí llegaron menores, sí se reclutaron menores”

El Sistema Integral para la Paz, compuesto por la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz,  tiene en centro a las víctimas y su participación en los procesos de cada entidad. La Sala determinó la participación de las víctimas en las declaraciones voluntarias de los ex comandantes de las Farc. La primera, por vía de demandas de verdad que llegan a la institución; la segunda, por su participación en las versiones colectivas por bloques y, la tercera, por las observaciones que las víctimas hacen en las versiones voluntarias. 

 

Grafica que relaciona víctimas por Bloque de la guerrilla de las Farc. Por : JEP

La Sala tuvo en cuenta una nueva línea de investigación en la que realizó una diligencia específica con personas con orientación sexual, identidad y expresión de género diversas que vivieron el reclutamiento infantil. A la fecha el despacho del Caso 07 ha realizado cuatro diligencias de ampliación de información sobre las versiones y las observaciones de las víctimas. 

La JEP desde que abrió el caso en 2019 viene determinando las cifras de reclutamiento infantil, y ha logrado determinar más de 8000 casos, responsabilidad del Bloque Oriental  y 18.000 casos en total de las Farc. Además de identificar 122 casos de niños y niñas que se encuentran desaparecidos y fueron reclutados por el Bloque Oriental. En este momento continúan las audiencias voluntarias para determinar patrones y responsabilidades. 

El Informe Final de la Comisión de la Verdad en su tomo ‘No es un  mal menor’     advierte que las violencias contra los niños, niñas y adolescentes se han justificado o se han minimizado al decir que son “daños colaterales” o “daños operacionales, lo que hace que las responsabilidades muchas veces no sean reconocidas. “Pero lo que muestra la forma y la frecuencia con la que la violencia se presentó es que fueron objetivo específico de la guerra, lo cual se evidencia por el lugar en el que ocurrieron muchos de los hechos documentados por la Comisión de la Verdad: parques y colegios o sus alrededores, lugares propios de la niñez y la adolescencia. Espacios que fueron escenario de hostigamientos y reclutamientos y que, además, fueron sembrados de minas antipersona pese a que deberían estar al margen de la guerra, ya que son bienes civiles protegidos a la luz del DIH”, se lee en la página 11 del documento. 

Como lo afirma la Comisión, el  reclutamiento de menores no fue una práctica aleatoria sino que obedeció a una práctica sistemática de todos los actores armados.  Tanto paramilitares como guerrilleros se aprovecharon del estado de vulneraciones de los niños, niñas y adolescentes para reclutarlas y fortalecer la capacidad militar con “con individuos ágiles, obedientes y de quienes se espera una mayor adaptabilidad a las necesidades de la guerra”.

    Número de reclutamientos registrados de niñas y niños menores de quince años (1990-2017) 

Colombiacheck le preguntó a Restrepo por su afirmación, objeto de este chequeo, en la cartilla ‘Cuál Verdad’ al decir, “…no es admisible que este delito sea tratado como una especie de delito conexo o menor…”, la respuesta de ex representante a la Cámara fue que su frase se refirió que no hay ninguna condena todavía contra los ex comandantes de las Farc. 

Es importante aclarar que la JEP no ha dado su primera sentencia porque todavía se encuentra el caso en la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, determinando patrones y responsabilidades. 

Así que por lo anterior, calificamos como falsa la afirmación de  Restrepo, pues para la Jurisdicción Especial para la Paz, el reclutamiento y demás delitos sufridos por niños y niñas en las filas de las Farc es prioritario y no es tratado como un delito menor. 

“Según información de FEVCOL, las FARC reclutaron aproximadamente 40.000 niños en los últimos años, más aterrador que estas cifras, es pensar que este crimen es uno de los delitos que más subregistro tiene”.

Por María Mónica Acuña Berrio

La Comunicadora Social y Ex-Representante a la Cámara por Antioquía Margarita Restrepo, señaló en el capítulo de su autoría “Presente y futuro”, que las cifra de menores víctimas del delito de reclutamiento forzado  a manos de la guerrilla de las FARC, según Fevcol es superior a 40.000.

Sin embargo, en Colombiacheck hicimos seguimiento a esa afirmación y encontramos en múltiples informes de instituciones del estado, academía e incluso centros de investigación que lo dicho por Fevcol no coincide con las cifras de otras organizaciones  y que  además, esa organización no entregó esas cifras cuando la JEP se las solicitó.   

En Colombiacheck verificamos todo lo relacionado a la afirmación de Restrepo, sin embargo, queremos aclarar que la frase objeto de nuestro chequeo es solamente la relacionada con la cifra en concreto de menores reclutados por las Farc, que según afirma la ex-representante es de 40.000. La segunda frase en donde detalla la información del subregistro, no es verificable.

El reclutamiento es cualquier modalidad de vinculación o involucramiento de niños, niñas y adolescentes en actividades de los grupos armados tanto legales (Fuerzas Militares) como ilegales (guerrillas y paramilitares) en el conflicto armado interno, ya sea que dicha participación sea directa o indirecta en las hostilidades. 

En Colombiacheck revisamos las cifras dadas por diversas entidades como el Centro Nacional de Memoria Histórica, organizaciones de víctimas, la Fiscalía General de la Nación y  la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero ninguna de ellas coincide con la citada por la ex congresista.

El Centro Nacional de Memoria Histórica, en su investigación “Una Guerra sin Edad” de 2017, afirma que este tipo de práctica se convirtió en una tendencia en los grupos armados del país.  En ese informe se afirmaba que los mayores reclutadores han sido las guerrillas (con un 8.701 casos), seguidos de los grupos paramilitares (con 2.960 casos) y grupos armados post-desmovilización, con 839. La Fuerza Pública, con 3 casos de reclutamiento forzado. 

Las cifras del CNMH son el  resultado de un análisis de una base de datos que recopiló los reportes hasta junio de 2016 entregados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Agencia Colombiana para la Reintegración, la Unidad para Víctimas y en menor grado, algunos casos reportados por organizaciones de la sociedad civil y en otros, por los medios de comunicación. 

Luego de firmado el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mediante el Auto N.o 029 del 1.ro de marzo del 2019, dió apertura del Caso N.o 07.

EL CASO 07 en la JEP 

La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) de la JEP abrió el Caso No. 07, denominado “Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado”, que establece una estrategia para abordar el caso en dos partes: el subcaso FARC y el subcaso Fuerza Pública. Este caso se organizó de ese modo porque la Sala obtuvo información que indicaba que ambos grupos incurrieron en algunos de los fenómenos cobijados por el caso.

Para ese momento, el registro inicial de documentación de la JEP indicaba que eran 6.230 víctimas reclutadas a nivel nacional entre 1971 y 2016 (Página 24), un número producto del cruce de datos de la  la Fiscalía General de la Nación y el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoría Histórica. 

Sin embargo en abril del 2020 la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (Fevcol), una organización con presencia nacional que busca se reconozca y visibilicen los derechos de estas víctimas, divulgó una cifra distinta. Fevcol afirmaban que desde 1991 hasta la firma del acuerdo de paz en 2016, más de 40 mil niños habían sido víctimas de reclutamiento forzado por ese grupo armado. 

El 20 de agosto del 2020 Fevcol dijo a RCN Radio que eran 40.000 las víctimas de reclutamiento a manos de las FARC. Siete días después indicaron en La FM que 39.000 niños reclutados por las Farc habían sido asesinados. 

Semanas después, el 10 de agosto de 2020 el presidente de Fevcol, el periodista Herbin Hoyos, fue citado por la JEP, a rendir declaración juramentada en el Caso 07 y según detalló en entrevista el 8 de septiembre de 2020 con Mañanas Blu, ellos le entregaron tres informes a la JEP.

Sin embargo, durante esa entrevista no se refirió a la cifra de niños reclutados, solo afirmó portar informes periodísticos con testimonios de víctimas reclutadas por este delito de lesa humanidad, sin especificar el número concreto de menores reclutados por las FARC. Ese mismo día, durante la rueda de prensa, moderada por el mismo Hoyos, acerca del primer informe, no se hizo mención en relación a esa cifra, luego durante la exposición del segundo y el tercer informe tampoco ofreció una mención de la cifra o de la metodología de cómo llegaron a ella. 

El 1 de octubre de ese mismo año, esa organización junto a la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO) expusieron en Comunicado Público que en su calidad de organizaciones de víctimas en el Caso 07 instaban a los comparecientes de las FARC a hacer un reconocimiento pleno de sus responsabilidades dentro del proceso judicial. En el comunicado tampoco hablaron de la cifra de 40.000 menores reclutados por las Farc.

Luego de ello, el 14 de octubre del 2020 la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, Fevcol y la organización de la Corporación Rosa Blanca, afirmaron no sentirse representadas en estos espacios de comparecencia por considerar que sus derechos no se encontraban debidamente garantizados en la JEP e incluso interpusieron una denuncia ante la Corte Penal Internacional para que ese alto tribunal fuera derogado.

La investigación de la JEP

Esta investigación fue priorizada por el Alto Tribunal en el Auto 159 de 2021 y estableció la importancia del caso y llamó a los ex-comandantes de este grupo a comparecer a versiones voluntarias para establecer todos los detalles del Caso 07, para ello JEP adelantó un análisis y contrastación de 31 bases de datos, obtenidas por medio de 36 informes que presentaron organizaciones de víctimas, instituciones estatales y la academia, de la mano de testimonios que hicieron 274 víctimas acreditadas, que siendo hoy adultas, entregaron a la Sala detalles acerca de su reclutamiento. 

Según los informes aportados a la Sala de Reconocimiento, el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado hacía parte de las políticas y prácticas de las Farc y, en consecuencia, su responsabilidad deberá imputarse sin concesiones de ningún tipo.

Los informes que recibió la JEP

La decisión de abrir el caso caso No. 007 fue tomada por el Alto Tribunal luego de conocer  tres informes presentados por la Fiscalía General de la Nación: (1) Inventario del conflicto armado interno (y su base de datos anexa); (2) Vinculación y utilización de Niños, Niñas y Adolescentes por parte de las Farc y (3) el informe Violencia basada en género cometida por las Farc.

Otro de los informes que sirvieron como argumento para abrir el caso son el de Una Guerra sin Edad, del CNMH, e Infancia transgredida: niñas, niños y adolescentes en la guerra, de la Coalición Coalico. También estudiaron la bases de datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, el Sistema de Información de las Afectaciones a los Pueblos Indígenas de Colombia, de la ONIC,  la base de datos entregada por el Centro de Cooperación Indígena, sumado a los informes presentados por la Corporación Humanas, la Mesa Nacional de Víctimas, la Red de Mujeres Víctimas, la Campaña No es Hora de Callar y la Ruta Pacífica de Mujeres.

Los hallazgos del CASO  07 

 

Luego de todo lo anterior, la sala logró identificar que, entre el 1 de enero de 1971 y el 1 de diciembre de 2016, las Farc reclutó a 18.677 menores de edad. La JEP logró determinar que la mayoría de estas víctimas sufrieron conductas asociadas al reclutamiento, es decir, violencia sexual- violencias basada en género, desaparición forzada, homicidio, tortura, tratos crueles, humillantes y degradantes y otros actos inhumanos, lo que podrían constituirse como crímenes de guerra ante tribunales internacionales.

 

Esta cifra, que puede ser provisional, se obtuvo tras cruzar 31 bases de datos aportadas a través de 36 informes presentados por parte de las organizaciones de víctimas, del Estado y de instituciones universitarias.

 

 

Las víctimas 

La Sala de Reconocimiento de Verdad, con corte al 8 de julio de 2022,  ha acreditado a 470 víctimas que participaron en todas las etapas del caso 07, aportando sus relatos y nutriendo con sus experiencias la investigación y la contrastación esa investigación. Del grupo de víctimas acreditadas por la Sala, 255 fueron reclutadas o utilizadas siendo niñas y niños y 215 son familiares de niños y niñas que fueron reclutados. Algunos de ellos todavía se encuentran desaparecidos. 

La Comisión en su informe cita  la cifra de 18.677 víctimas  de este flagelo  al interior de las FARC, una cifra provisional, establecida por la JEP en el Caso 007 que investiga el reclutamiento y la utilización de niñas y niños en el conflicto armado.  

Esa misma cifra fue confirmada durante la presentación de la investigación Infancia Reclutada y el documental se sostuvo un diálogo sobre los hallazgos recabados a partir de información incautada a las antiguas FARC-EP, archivos de la justicia ordinaria, investigaciones de oenegés, universidades, y juntaron los testimonios de 1.000 víctimas que padecieron múltiples vejámenes al interior de las filas de este grupo armado. De esas 1000 víctimas el 89% fueron reclutadas antes de los 15 años.  Aunque la Comisión estima que el subregistro de víctimas podría oscilar entre 20.227 y 31.322 menores. 

En Colombiacheck contactamos a la ex representante, Restrepo, para conocer el sustento de su afirmación, pero hasta el cierre de este contenido no habíamos obtenido su respuesta. 

Con las anteriores evidencias, en Colombiacheck calificamos como cuestionable la afirmación de la ex congresista, ya que ello no coincide con las cifras divulgadas en múltiples informes de instituciones del estado, academía e incluso centros de investigación, ante  la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mismo tribunal que solicitó información detallada a Fevcol acerca de esa cifra y que no la recibió. La JEP luego de cruzar los hallazgos de los distintos informes pudo establecer la cifra  de 18.677 menores fueron víctimas de ese crimen entre 1996 y el 2016, además la Comisión de la Verdad afirma que la cifra estimada de menores reclutados por todos los grupos armados entre 1990 y 2017, fue de  40.828.

“En el gobierno del presidente Uribe, cuando se negoció la desmovilización de los grupos de autodefensa, la primera exigencia fue la de desvincular a los niños, niñas y adolescentes de las estructuras armadas ilegales” 

 

En Colombiacheck verificamos esta frase y encontramos que la afirmación de Restrepo es inchequeable. Aquí contamos por qué: 

Primero, nos contactamos con la exrepresentante Restrepo para saber cuál es la fuente en la que ella basó su afirmación. La respuesta que la exrepresentante nos dio, a través de su jefe de prensa, fue esta: “De Luis Carlos Restrepo. Para empezar el complex de reclutamiento del Gobierno Uribe”. Le solicitamos el documento que menciona, así como la explicación respecto a su contenido y significado del nombre del documento, pero no obtivimos una respuesta distinta a que Luis Carlos Restrepo era quien tenía el mencionado archivo. Por nuestra parte, también buscamos dicho informe, pero no encontramos nada relacionado con lo señalado por Restrepo. 

Así que vamos por partes, lo primero que hay que precisar es la figura de Luis Carlos Restrepo, la única fuente que cita la representante antioqueña.

Hay que recordar que Luis Carlos Restrepo fue alto comisionado para la paz y la convivencia (2002-2009) durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Al exfuncionario de la administración Uribe se le imputaron cargos por la falsa desmovilización del Frente Cacica La Gaitana de la extinta guerrilla de las Farc. Actualmente, Restrepo está prófugo luego de que la Fiscalía le imputara cargos por peculado por apropiación en favor de terceros, fraude procesal, prevaricato por acción, tráfico, fabricación y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares agravado. 

Pero eso no es todo, en relación al tema de reclutamiento infantil, vale la pena recordar que en el año 2013, revista Semana publicó esta carta en la que Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’; Javier Zuluaga Lindo, alias ‘Gordo Lindo’, y Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, tres de los jefes paramilitares con más poder dentro de la estructura de las AUC, señalan a Luis Carlos Restrepo, como alto comisionado para la paz, de lo siguiente: 

“Los jefes paramilitares advierten que, en medio de las negociaciones, Restrepo les solicitó que si las AUC tenían menores de edad en las filas, fueran licenciados y enviados a sus casas en el “más absoluto secreto”. Según ellos, no se les dio oportunidad a los menores combatientes de hacer parte de un programa de rehabilitación y quedaron “expuestos a ser reclutados por otros actores del conflicto”.

Más adelante, el artículo que cita la carta, señala: “Restrepo aprovechó el proceso de desmovilización para, entre otras cosas, consentir ‘eliminar’ a jefes guerrilleros y ‘neutralizar’ a los ‘paras’ que estaban en desacuerdo con el proceso, así como esconder a los menores que estuvieran en las filas de las AUC”. 

Ahora bien, para entender con mayor claridad cómo funcionó el proceso de desmovilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes durante las negociaciones de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia, es necesario entender cómo se creó la normatividad para la desvinculación de niños y niñas durante el surgimiento de la política de la Seguridad Democrática.  

El 22 de enero de 2003 se expidió el Decreto 128 de 2003, pivote jurídico que reglamentó la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 548 de 1999 y la 782 de 2002. Según este documento del Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración, de la Universidad Nacional de Colombia, esto “constituye el vértice normativo para el programa y el proceso de desmovilización colectiva e individual desde el 2003 a cargo del Gobierno del presidente Álvaro Uribe. En esta ley se establecen disposiciones en materia de la desvinculación y atención de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes vinculados a Organizaciones Armadas Ilegales”.

Lo anterior estableció como mandato legal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) la recepción de niños y niñas en proceso de desvinculación de organizaciones armadas ilegales.  Por lo que en la ley 128 de 2003 se lee:

“Artículo 22. Entrega de los menores. Los menores de edad que se desvinculen de organizaciones armadas al margen de la ley de conformidad con las disposiciones legales vigentes, deberán ser entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, por la autoridad civil, militar o judicial que constate su desvinculación del grupo armado respectivo, a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas ordinarias siguientes a su desvinculación o en el término de la distancia, para que reciba la protección y atención integral especializada pertinente. (Presidencia de la República. 2003, Cap.5)”

Por otro lado, el  Centro Nacional de Memoria Histórica , CNMH, en su informe ‘Una guerra sin edad’ advierte que “el importante papel que tuvo el reclutamiento de personas menores de edad en las AUC ha sido invisibilizado. Sin embargo, las versiones libres y otros procesos judiciales le han dado luz al fenómeno. En ese sentido, la sentencia contra alias El Alemán, por 309 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes de entre trece y diecisiete años, aporta al necesario entendimiento de este complejo fenómeno. Sin embargo, estamos lejos de conocer su real magnitud, pues de acuerdo con los registros del Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) y teniendo en cuenta el subregistro existente, son 1.459 niños, niñas y adolescentes que fueron reclutados por los paramilitares, principalmente hombres”. El mismo informe señala que de cara al proceso de desvinculación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la estructura de las AUC hay un vacío.

De acuerdo con Hilda  Molano, coordinadora de la Secretaría Técnica de la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO), hay 3 hipótesis que podrían dar razón del vacío de información frente a la desvinculación de menores de las AUC: “1. que eran asesinados para no ser entregados; 2. Devueltos a sus familias por fuera del proceso. Y 3, que habían sido reubicados en la reorganización de las estructuras paramilitares que siguieron operando en el país”. De ahí, que en este informe de la COALICO se afirme que: 

“La cifra de atención a NNA (Niños, niñas y Adolescentes) desmovilizados de los grupos paramilitares puede seguir aumentando “debido a que todavía hay menores que se presentan al ICBF para ingresar al programa y que aparentemente fueron enviados a sus casas por los comandantes, días antes de la desmovilización. Esta situación demuestra que aún no se tiene claro cuál es la cifra real de los menores reclutados por las AUC durante los años que ejercieron su actividad armada. Si no hay certezas sobre el número de NNA que fueron vinculados a estos grupos y si además resulta altamente factible que la cantidad superara con creces la cifra consolidada en materia de atención estatal ¿cuál ha sido entonces el paradero de los niños y niñas que conformaban estos frentes?”.

Más adelante, el mismo informe advierte que en su momento, Luis Carlos Restrepo “le respondió a la Procuraduría General de la Nación que “no tuvo conocimiento de un estudio claro sobre el número de niños vinculados a las Auc”. 

También vale la pena ponerle la lupa a este informe del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózoga  y la Comisión de la Verdad titulado ‘Infancia Reclutada’ en el que se señala lo siguiente sobre la entrega de los Niños, niñas y adolescentes por parte de las AUC: 

“El director de Acuerdos para la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica en el año 2016, en declaraciones entregadas a medios de comunicación, señaló que en la desmovilización de las AUC dejaron las armas 913 menores de 18 años, de los cuales 130 serían menores de 15 años, pero se cree que estos sólo representaban un 10% del total de niños en las filas paramilitares, “Hay apreciaciones que indican que podrían ser tres mil o cuatro mil, pero la cifra exacta nunca se podrá saber en tanto que no se legalizaron, no se registraron listados, no se identificaron a tiempo y tampoco se hizo un censo aproximado con los jefes paramilitares, mucho menos se tomaron datos antropomórficos que permitieran determinar la edad real de quienes dejaron los grupos en su momento”. Esta diferencia en las cifras, y la inquietud de ante la incertidumbre frente a los NNA, llevó a que en el 2009 un grupo de entidades gubernamentales y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) crearán un programa que se conoció como “Buscando a Nemo”, para encontrar a los menores que se habrían quedado por fuera de la desmovilización de las AUC”. 

Además, en el informe final de la Comisión de la Verdad, en el capítulo ‘No es un mal menor’,  no hay datos que reflejen en qué circunstancias se desarrolló el proceso de desmovilización de niños y niñas durante el proceso de negociación con las autodefensas. 

Por todo lo anterior, calificamos la afirmación de la exrepresentante Restrepo como inchequeable, ya que no hay datos sobre los que se pueda precisar cómo se negoció la desvinculación de niños, niñas y adolescentes de la estructura armada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualizado el: Vie, 10/28/2022 - 10:15

“Han comprado nueva tierra y cortan madera donde estaban nuestros ancestros”, narra una fuente desde el Meta en Colombia. “Los mbya vivimos de lo que nos da los bosques, pero acá ya no queda casi nada», dice un poblador indígena de una comunidad asentada en medio del Bosque Atlántico Alto Paraná (BAAPA), en Paraguay. “Ellos talan miles de hectáreas”, dice un integrante de Kabi Habin, cooperativa de apicultores de Quintana Roo, en México. Estos testimonios tienen algo común: señalan a las colonias menonitas como responsables de la deforestación en sus territorios o municipios. Muchos de quienes hablan con nosotros temen hacerlo públicamente por miedo a represalias.

Las denuncias de parte de comunidades indígenas, campesinas, ejidos y población local señalan que grandes extensiones de terrenos han sido deforestados para introducir soya, maíz y sorgo en cinco países de Latinoamérica: Bolivia, Colombia, México, Paraguay y Perú. Un equipo de Mongabay Latam, Rutas del Conflicto de Colombia y El Deber de Bolivia investigó estos casos, primero con imágenes satelitales para detectar las alertas de deforestación recientes, y luego con reportería en territorio.

Las más de 500 mil alertas de deforestación, generadas entre enero y octubre de este año, llevaron a los periodistas a cinco puntos críticos donde hallaron bosques talados sin autorización, ocupación de territorios de comunidades originarias, tráfico de tierras, amenazas y varias denuncias que datan de años atrás.

La expansión de la agricultura mecanizada que desarrollan los menonitas ya viene siendo fiscalizada por distintas autoridades en Latinoamérica.  El director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de Bolivia, Eulogio Núñez, confirmó,  en un evento público, que algunas colonias han violado los límites de sus propiedades para ampliar sus campos de cultivo. Citó el caso puntual de la colonia Valle Verde, en el municipio de San José de Chiquitos, donde “intentaron extenderse más allá de lo legal y eso no está permitido. Incluso, donde querían extenderse es una tierra fiscal”, detalló Núñez.

¿Cuál es la magnitud de la presencia de los menonitas en la región? Un estudio científico reciente, Pioneros piadosos: la expansión de las colonias menonitas en América Latina, analiza la ocupación de este grupo religioso que emigró de Europa. El mapa de la presencia menonita elaborado para el estudio calcula que en América Latina hay alrededor de 214 colonias menonitas que “cubren una superficie total de unos 3,9 millones de hectáreas”, más que la superficie total de Holanda, se lee en la publicación. Los tres países que albergan la mayor cantidad de colonias son Bolivia con 90, México con 65 y Paraguay donde se han contabilizado 25. El primer país al que llegaron fue México en 1922.

Resumen de las colonias menonitas por país. Crédito: Extraído de la publicación Pious pioneers: the expansion of Mennonite colonies in Latin America.

El autor principal del estudio, Yann le Polain de Waroux, quien es investigador del Departamento de Geología de la Universidad McGill de Canadá, le dijo a Mongabay Latam que la expansión continuará, si se tiene en cuenta que “mientras haya colonias donde el valor de tener familias grandes es importante y al mismo tiempo el valor de ser agricultoras es importante también, entonces estas personas van a necesitar tierras y potencialmente tener que crecer y hacer nuevas colonias. Todavía hay impulsos para buscar nuevas tierras dentro de Latinoamérica y fuera de Latinoamérica también”.

 

Menonitas en el municipio de Bacalar, en Quintana Roo. Foto: Robín Canul.

En la mira de las autoridades ambientales

Reconocer la presencia de una colonia menonita en una imagen satelital no es complicado cuando se observa su presencia en los mapas. Usualmente tienen patrones de ocupación marcados por la aparición de líneas rectas o vías, a partir de las cuales se van abriendo cuadrantes destinados a tierras agrícolas. La especialista en Sistemas de Información Geográfica de la organización ambiental ProPurús, Carla Limas, que ha analizado la ocupación menonita en la región Ucayali, en la Amazonía de Perú, se refiere a las líneas trazadas por los menonitas como ejes agrícolas, “porque son las líneas de las cuales nacen las parcelas”. Cuando se observan esos patrones desde lo alto se asemejan a grandes cicatrices en medio del bosque.

Patrones de uso de la tierra de algunas colonias menonitas en América Latina. Crédito: Extraído de la publicación Pious pioneers: the expansion of Mennonite colonies in Latin America.

La pérdida de cobertura forestal en los territorios de estas colonias ha llamado la atención de las autoridades ambientales. En la Amazonía de Perú, por ejemplo, las colonias instaladas en las regiones de Loreto y Ucayali enfrentan investigaciones fiscales. En Padre Márquez (entre Loreto y Ucayali), la fiscalía investiga la deforestación de 338 hectáreas; en Masisea (Ucayali) el caso gira en torno a la pérdida de 894 hectáreas y 1400 hectáreas en la colonia de Tierra Blanca (Loreto). Un punto en común une a estos tres casos: los antecedentes de tráfico de tierras detrás de la adquisición de los terrenos.

El caso de Tiruntán, que es una de las historias investigadas para este especial, se enfoca precisamente en el tráfico de tierras detrás de la adquisición de las propiedades y en la investigación por cambio de uso de suelo sin autorización. Además, se revelan las reuniones que están sosteniendo los líderes de las colonias menonitas y sus abogados en las más altas esferas políticas para conseguir legalizar su ocupación.

En Paraguay, la fiscalía atendió una demanda presentada por un poblador que denunció cómo maquinarias de una colonia menonita derribaron por lo menos tres hectáreas de bosques y destruyeron un estero en plena reserva de la comunidad Pindo’i. Mientras aguardan por una sentencia, las más de 600 alertas de deforestación indican que la pérdida de bosque continúa.

Uno de los desvíos que conduce a la comunidad indígena Pindo’i del pueblo Mbya, es una calle empedrada perfecta. Foto: Mario Silvero

 

En Colombia, los reclamos de las comunidades indígenas sikuani del Meta por las tierras ancestrales ocupadas por colonias menonitas fueron también atendidas por Cormacarena, la autoridad ambiental. Hay tres procesos sancionatorios registrados por la tala de bosques de galería y la contaminación en nacederos de agua. Y aunque los menonitas asumieron ante la autoridad compromisos para la recuperación de los bosques afectados, las comunidades denuncian que la deforestación no se ha detenido.

“Deforestaron lo que yo creo que es casi una hectárea de árboles cerca de Itwitsulibo. Incluso la madera todavía sigue ahí, no la han recogido”, dice el Gobernador Alexander Álvarez del Territorio Ancestral Itwitsulibo.

En México y Bolivia, colonias menonitas se han instalado y han comprado tierras de la selva maya y de la Amazonía que han dejado de ser rápidamente bosques para convertirse en campos agrícolas. En Quintana Roo, en México, se denuncia que algunos menonitas se están convirtiendo en ejidatarios para lograr su cometido y en Bolivia organizaciones ambientales indican que en algunos casos se hacen pasar por campesinos para obtener títulos de tierras y luego explotarlas. Solo en México, en 2018, la autoridad ambiental determinó que se realizó un cambio de uso de suelo en al menos 1316 hectáreas forestales sin contar con autorización.

Las denuncias y patrones de ocupación del territorio se repiten en varios de los países incluidos en este especial. De hecho, las colonias menonitas se han movido de un punto a otro dentro de la región. Así lo explica Yann le Polain de Waroux con dos ejemplos: “Veo como dos movidas. Una es de menonitas mexicanos, de las viejas colonias de Chihuahua, por ejemplo, que se encuentran con condiciones cambiantes de inseguridad, problemas de agua y sequía que están buscando una salida. Ellos son los que se ven en Colombia y también ahora en nuevas colonias en Argentina. La otra son las colonias bolivianas, con un crecimiento impresionante, que algunos están en Perú y están buscando nuevas tierras dentro de Bolivia pero también afuera”. ¿Cuál será el impacto de estas colonias menonitas en las tierras de Latinoamérica?
 

* Esta investigación transfronteriza es coordinada por Mongabay Latam en alianza con Rutas del Conflicto de Colombia y El Deber de Bolivia. 

Edición general: Alexa Vélez. Editores: Thelma Gómez, Michelle Carrere y María Isabel Torres. Coordinación: Vanessa Romo. Equipo periodístico: Yvette Sierra, Vanessa Romo y Alexa Vélez de Mongabay Latam; Natalia Brito y Pilar Puentes de Rutas del Conflicto de Colombia; Iván Paredes de El Deber de Bolivia; Aldo Benitez de Paraguay, y Valeria y Robin Canul de México. Producción audiovisual: Richard Romero. Foto y video: Ana María Guzmán, Hugo Alejos, Robin Canul, Juan González, Mario Silvero y Edwin Caballero. Audiencias y redes: Dalia Medina y Richard Romero.

 

 

 

Actualizado el: Mié, 10/19/2022 - 11:40

* Por: Natalia Brito. Esta publicación es parte de una alianza periodística entre Rutas del Conflicto y Mongabay Latam.

Los pueblos indígenas latinoamericanos no son ajenos a la presencia de las colonias Menonitas. Aunque son de origen europeo, esta comunidad religiosa ha ocupado amplias zonas en países como México, Argentina, Paraguay, Perú y Bolivia. En el 2015, tres colonias llegaron a Colombia, donde rápidamente provocaron revuelo por la deforestación causada en territorios indígenas ancestrales del departamento del Meta y por la acumulación de tierras con pasado turbio.

A raíz de las denuncias de las comunidades indígenas sikuani, que se han organizado para reclamar las tierras ocupadas por los ‘gringos’ -como ellos mismos los llaman- en los predios de Puerto Gaitán, en Meta, la autoridad ambiental Cormacarena ha registrado tres procesos sancionatorios en relación a las afectaciones ambientales provocadas por tala de bosques de galería y la contaminación en nacederos de agua. Dichos expedientes obran dentro de un proceso judicial radicado en la Fiscalía General de la Nación como parte de la Ley 1333 de 2009.

Según Cormacarena, durante el 2022 no se han presentado nuevas actividades de tala masiva, sino que por el contrario, se han realizado acciones para la recuperación del área afectada, tal como se acordó en los compromisos legales adquiridos entre la entidad y los menonitas. Incluso indican que, tras las investigaciones de la entidad ambiental y el seguimiento por parte de las comunidades indígenas, el 4 de octubre de 2021 Cormacarena sobrevoló con drones las hectáreas de los menonitas para verificar desde el aire si “se habían suspendido actividades de tala y quema de árboles en la zona, además la recopilación de información sobre la construcción ilegal de infraestructura vial, la ocupación de cauces y los efectos que estas acciones generaron en el ecosistema”, se lee en el informe que la entidad entregó a Rutas del Conflicto y Mongabay Latam como respuesta a un derecho de petición.

Durante tres días Cormacarena y la Fiscalía realizaron las visitas y determinaron que no había actuaciones ilegales y que todo contaba con los permisos necesarios, por lo menos en lo que va del año. Sin embargo, en los temas territoriales, la situación sigue siendo preocupante. Desde marzo del presente año, organizaciones como la Corporación Claretiana y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) han disminuido su presencia en los territorios por la situación de violencia. En enero de este año fue asesinada la lideresa ambiental y de tierras, Luz Marina Arteaga en el municipio vecino, Puerto Lopéz. Algunos abogados que asesoraban a los pobladores indígenas lo siguen haciendo sin el respaldo de las organizaciones. Mientras los menonitas siguen adquiriendo propiedades. Se estima que al momento van por las 38 mil hectáreas, según los certificados de tradición y libertad de predios que estaban en proceso de compra cuando Rutas del Conflicto y Mongabay Latam realizaron la primera investigación sobre el pasado de las tierras que ocupa esta comunidad religiosa.

En el análisis que esta alianza periodística pudo realizar a través de la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch, encontró que sí existen nuevas evidencias de cambio de uso de suelo en los espacios ocupados por los menonitas y que forman parte del territorio que reclaman las comunidades. Entre enero y la primera semana de octubre de este año, se detectaron 505 alertas de deforestación.

Si tomamos en cuenta que entre agosto y diciembre del 2021 – cuando se denunciaron los problemas de deforestación ante Cormacarena- se generaron 459 alertas en la misma zona, la herramienta nos indica que el problema de desbosque seguiría en el área. En el rastreo de las alertas, podemos observar que las últimas se generaron entre abril y junio de este año.

Los gobernadores de los territorios ancestrales Barrulia, Tsabilonia e Iwitsulibu han denunciado constantemente amenazas e intimidaciones por parte de miembros de las colonias y de actores armados que presionan para desalojarlos de los predios e impedir la reclamación de tierras. Algunos de los gobernadores hablaron con temor con Mongabay Latam y Rutas del Conflicto, pues señalan que hay una situación de seguridad peligrosa incluso para ellos mismos.

Varios testimonios recopilados durante la investigación le narraron a Rutas del Conflicto y a Mongabay Latam que los menonitas siguen talando los bosques de galería. “Han comprado nueva tierra y cortan madera donde estaban nuestros ancestros”, narra una fuente que prefiere omitir su nombre por las tensiones territoriales entre las comunidades indígenas y las colonias menonitas.

A esta voz se suma la del Gobernador Alexander Álvarez del Territorio Ancestral Itwitsulibo, que narra que en el mes de mayo “deforestaron lo que yo creo que es casi una hectárea de árboles cerca de Itwitsulibo. Incluso la madera todavía sigue ahí, no la han recogido”. Las voces consultadas alertan sobre la actividad de los menonitas aunque las autoridades locales insisten en que todo está en regla.

Amenazas, intimidaciones y desalojo a la comunidad indígena sikuani

“Ellos envían personas estratégicamente para escuchar lo que nosotros hablamos”, asegura con recelo Álvarez. Dice que se siente inseguro y desconfiado debido a las constantes amenazas en su contra y de la comunidad.

La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, organización acompañante en calidad de defensora de los derechos de los pueblos y los Derechos Humanos, ha registrado más de 10 denuncias entre enero de 2021 y junio de 2022 relacionadas con las comunidades indígenas y las colonias menonitas de Puerto Gaitán.

Esta organización es de las pocas que se ha mantenido constante en el acompañamiento a las violaciones de derechos humanos y hechos de conflicto armado que acechan a los sikuanis. Las organizaciones sociales que anteriormente los apoyaban con abogados y llevaban los procesos jurídicos de restitución de tierras se han ido de los territorios a causa de la creciente violencia.

Los claretianos señalan que en dos ocasiones han recibido ofrecimientos de dinero a cambio de irse de los territorios. En todos estas amenazas se menciona constantemente el nombre de Ernesto Martínez, alías “Cajuche”, persona a quien los indígenas señalan como intermediario de los menonitas y que ha amenazado a la comunidad deI Itwitsulibo (ver investigación). Recientemente, Martínez le reenvió un audio a través de Whatsapp a uno de los claretianos, en este se escucha una persona con acento extranjero diciendo que “a los abogados que defienden a los indígenas hay que ofrecerles plata, tú sabes que contra la plata nadie puede”.

En medio del desamparo y las presiones, los pobladores indígenas abogan por el derecho legítimo de su ancestralidad y su cosmovisión. Mientras intentan fortalecerse como resguardo y colectividad, su gobierno independiente llamado Cabildo busca la forma de protegerse legalmente contra las colonias menonitas que hoy construyen ciudadelas, vías, puentes y cultivos en medio los bosques que un día fueron su hogar.

La lideresa y gobernadora Alba Rubiela de la comunidad indígena Barrulia solicitó la protección del territorio en 2017 a la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Dos años después, la entidad visitó los predios que suman más de 44 mil hectáreas y que se traslapan con los predios adquiridos por los menonitas. La ANT no ha vuelto al territorio para realizar una visita técnica, pero la comunidad en enero y abril de 2021 decidió retornar y ocupar predios que al momento le pertenecen a particulares. La llegada de los sikuani a esos predios ha generado enfrentamientos con los menonitas. Por un lado, los menonitas denuncian extorsiones y robos por parte de las comunidades indígenas, y por el otro, los sikuani hablan de amenazas de muerte y daños al territorio y ecosistemas.

A principios de enero del 2021, gracias a la Medida de Protección otorgada por la ANT en 2018, los sikuanis de Iwitsulibo y Tsawilonia Weewelianai -otras comunidades sikuani- retornaron a sus territorios con la intención de reconstruir sus vidas en comunidad y plantar sus tradicionales cultivos. Sin embargo, no pasó ni un día cuando la Policía Nacional de Puerto Gaitán llegó para decirles que no podían estar ahí. Ante esto, el Cabildo mostró la medida en donde se indica la suspensión de los procesos policiales.

Por ahora, es aquel documento de la ANT el que ampara a los pueblos sikuani ante los múltiples intentos de desalojo y desplazamiento. El Cabildo en cabeza de sus gobernadores y gobernadoras trabajan por el reconocimiento ante la Unidad de Restitución de Tierras en calidad de víctimas de la violencia en Colombia. En marzo de 2022, las autoridades sikuani de Puerto Gaitán y Mapiripán presentaron un informe a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el que relatan las huellas del conflicto armado a través de su historia como pueblo.

Los problemas ambientales y territoriales que tienen con los menonitas los denominan en este informe como ‘La Quinta Guerra’ refiriéndose a que, aún después de la firma del Acuerdo de Paz, la guerra sigue estando presente a través de la agroindustria, de escrituras y licencias ambientales.

“En el presente, aún después de la firma del Acuerdo de Paz, se desarrolla otra guerra “que no se hace con fusil” sino a través de escrituras y Licencias Ambientales, pero que sí les quita las tierras, esta vez para extraer petróleo y producir aceite de palma y caucho, también para conceder espacio a comunidades foráneas como los menonitas. Aseguran que esta última violencia no proviene de ningún grupo armado sino directamente del Gobierno”, dice el informe de la JEP.

A este panorama se unen las denuncias públicas de la Corporación Claretiana que relatan día a día los sucesos de conflicto. Según la denuncia 45, el miércoles 8 de septiembre de 2021, el gobernador Alexander Álvarez se encontró con uno de los dirigentes de la comunidad menonita, Abraham Wolle Frosse, en la finca Liviney de la vereda Cristalinas. Frosse al reconocerlo le dice que “no siguiera molestando o trayendo más gente al territorio de Iwitsulibo, porque si no lo iban a mandar a matar y a dar una plata a los paramilitares para que lo mataran”, indican los testimonios.

Esta misma denuncia relata que, el 12 de septiembre de 2021, Frosse se presentó en la comunidad indígena junto a dos personas encapuchadas bajo la amenaza de matar al gobernador del cabildo, quien no se encontraba en ese momento en la comunidad. El lunes 13 de septiembre, uno de los hijos del gobernador Ávarez recibe una llamada en la que una persona -que ellos identifican como ‘el jefe de los paramilitares’- le dice que “a la familia le daba tres horas para que desocuparan el territorio… o de lo contrario los mataban”

A esto se le suman los antecedentes del 30 de junio de 2021, donde ocho hombres armados ingresaron a Itwitsulibo amenazando a los sikuanis por un supuesto robo de chatarra en las fincas adyacentes.

Las comunidades hablan con temor con Mongabay Latam: hace dos meses – a mediados de agosto – narran que particulares entraron a caballo nuevamente al territorio y aseguraron “que los van a acabar uno por uno”.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) señala que los compromisos entre los menonitas y los sikuanis se limitan a temas ambientales y que aún no hay una vinculación real en el proceso de tierras. Herney Zuluaga, técnico acompañante de la ONIC, se niega a hablar de la situación por razones de seguridad, pues asegura que su Alto Consejero vive en la altillanura y cualquier información podría resultar peligrosa para su integridad. Además, la ONIC asegura estar en proceso de cambio de personal reciente y de empalme, por lo tanto, no hay un acompañamiento certero hacia los sikuani.

Doble realidad: procesos sancionatorios y compromisos de reforestación

Los tres procesos sancionatorios relacionados a los expedientes de Cormacarena para las colonias Menonitas debido a sus actividades deforestación y siembra de cultivos de soya y maíz en una zona ambiental protegida (bosques de galería y nacederos de agua), crearon una serie de compromisos legales de compensación ambiental.

Hasta el momento, la entidad ha referenciado la siembra de 200 individuos de palmas de moriche en una de las áreas mencionadas en los procesos. Asimismo, integrantes de la comunidad Menonita se vincularon a proyectos de reforestación como parte de la campaña de restauración Meta Verde en alianza con la Gobernación departamental que pretende restaurar las franjas protegidas.

imágenes satelitales del cambio del uso del suelo: en 2015, un año antes  de la llegada de los menonitas y  en 2021. Se estima que han deforestado 135 hectáreas según Cormacarena.

La Secretaria de Ambiente de Puerto Gaitán afirma que durante el presente año no han recibido nuevas denuncias ni han identificado nuevas quemas. A finales de julio, funcionarios de la secretaría visitaron los predios menonitas e informaron que no se han evidenciado nuevas afectaciones.

“Entre enero y febrero se les inmovilizaron unas máquinas amarillas a unos terceros que estaban extrayendo material de arrecife para venderselo a los menonitas, quienes están construyendo vías… Esto lo hizo la policía porque ellos no tenían los permisos pertinentes” informó la funcionaria de la alcaldía Ninfa Novoa, quien también alegó desconocer a cabalidad el cumplimiento de los compromisos con Cormacarena.

Rutas del Conflicto y Mongabay Latam intentaron hablar con la abogada de las colonias Menonitas, Jeny Azucena Díaz, con el objetivo de conocer las acciones de reforestación y compensación. Sin embargo, pese a tener una primera conversación en la que se manifestó que “ellos sí han cumplido y están a la espera de reunirse con la Unidad de Víctimas para ser orientados”, la entrevista nunca llegó a realizarse. La abogada nuevamente reiteró que ellos no tienen cultivos ni han deforestado, solamente cumplen con los compromisos por evitar tener problemas, pero que “todo eso son inventos de los indígenas… ellos mismos son los que han deforestado”.

Estas afirmaciones se dan incluso frente a los procesos sancionatorios indicados por Cormacarena, las investigaciones periodísticas, las imágenes satelitales y las denuncias constantes contra los menonitas, no sólo en Colombia sino en Latinoamérica. Los gobernadores Alexander Álvarez y Alba Rubiela dicen con seguridad que tanto la secretaría de Ambiente de la alcaldía como la abogado Jeny Azucena tienen pleno conocimiento de las reiteradas talas de árboles y la contaminación del agua.

Mientras que los menonitas siguen expandiendo sus colonias, sus cultivos y su presencia en la Altillanura, las comunidades indígenas esperan la respuesta del Estado.

*Imagen principal: La colonia menonita llegó en 2015 a la Altillanura colombiana. Foto: Ana María Guzmán.

Actualizado el: Mié, 10/19/2022 - 11:29

Por: Sebastián Muñoz López

 

Los símbolos, el diálogo y la construcción colectiva están íntimamente vinculados a la sanación por el arte. Las personas se visten de colores para representar sentimientos: “La estrategia de pintar sus cuerpos es muy bella, porque algunas pueden grabar en el cuerpo de otra persona imágenes que les han marcado. Han dibujado con pintura pistolas y cuchillos, otras dibujan flores, arcoíris, que representan su nuevo renacer, mientras cuentan lo que les pasó”, afirma la socióloga Juliana Gil, quien ha enfocado su trabajo ayudando a víctimas a sanar a través del arte.

 

Sin embargo, no todos los lenguajes son sanadores. Integrantes de los colectivos mencionaron reportajes de prensa que estigmatizan a las víctimas o se apropian de sus voces de forma errónea, intentando hablar por ellas. También ha sido un equívoco considerar a las personas afectadas por el conflicto como un todo homogéneo: cada experiencia es específica y tiene sus particularidades. Es por eso que este reportaje prioriza los relatos de las personas afectadas, pues sus voces permiten entender las estrategias de sanación por medio del arte a partir de sus propias experiencias.
 

Son más de nueve millones las personas que han sido víctimas en el marco del conflicto armado interno, según números del registro único de víctimas (RUV), de la Unidad para la Atención y Reparación Integral las Víctimas. El uso del arte como herramienta de transformación del dolor se da en un contexto de escasez en la atención psicosocial brindada por el Estado. El Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del Conflicto Armado (PAPSIVI), la entidad encargada de crear e implementar estrategias para la atención psicosocial de víctimas del conflicto armado, solo atendió a 444.062 víctimas en todo el país en el período de 2014 a 2017, según datos del Ministerio de Salud. Según testimonios de las personas afectadas por el conflicto, la atención a la salud mental ofrecida por las entidades estatales no fue suficiente, por lo que surgieron nuevas propuestas de sanación. 

 

Haz clic para acceder al reportaje completo, aprobado como trabajo de grado del programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario.

Actualizado el: Mié, 09/28/2022 - 20:02

Por: Ricardo Sánchez

En la madrugada del 4 de marzo de 1988, cerca de 30 paramilitares al servicio de la casa Castaño irrumpieron en las fincas bananeras de Honduras y La Negra, en Turbo, Antioquia. 17 obreros en Honduras, y 3 más en La Negra, la mayoría del Sindicato de Trabajadores Agrarios y militantes de la Unión Patriótica, fueron apartados y fusilados. Tras la masacre, esas tierras fueron despojadas y los suelos donde existieron los hogares de las comunidades fueron reemplazados con filas del monocultivo de banano. 

Según la investigación “Despojo y memoria de la tierra”, de la Comisión de la Verdad, lo que ocurrió después de esas masacres demostró cómo multinacionales bananeras, bancos, fiducias, instituciones del Estado y paramilitares, interactuaron en un entramado que resultó en el despojo masivo de tierras campesinas. La investigación explica que la tierra se utilizó como activo financiero, donde hipotecas y movimientos demostraron la mediación de los bancos sin importar que se tratara de predios despojados. 

Esa intermediación del sistema financiero no solo ocurrió en esa zona del Urabá antioqueño, también pasó en varios lugares del país. Aunque la responsabilidad de las entidades financieras ha comenzado a quedar en evidencia con las sentencias de restitución de tierras, todavía está por esclarecerse qué tanto participaron en la cadena de despojo y la acaparación de tierra en Colombia. 

Las sentencias demuestran que en Colombia existió un entramado de actores y estrategias para despojar la tierra de comunidades rurales. Los fallos de restitución de tierras concluyen que hubo inversionistas y empresas que se beneficiaron del conflicto armado y se lucraron con las fincas que quedaron abandonadas por la violencia. 

En esos casos, el sistema financiero contribuyó para que las tierras terminaran en manos de empresarios, políticos y otros grupos de poder. Para Fabián León, investigador de la ONG,  Centro de Información Sobre Empresas y Derechos Humanos, las entidades financieras “participaron directamente en este entramado en el lavado del despojo de tierras”, es decir que sirvieron para legalizar las ventas de esas hectáreas. 

El coordinador jurídico de Forjando Futuros, Julio Cuastumal, explica que había un modus operandi para que las empresas se enriquecieran a costa de las tierras de las comunidades ruralres. Cuastumal se refiere a la sistematicidad de la que hablan muchas sentencias de restitución. 

En los casos de despojo hay características que son comunes: los grupos paramilitares llegaron a las regiones causando terror con masacres y amenazas, lo que ocasionó desplazamientos. Entonces, los campesinos llegaron a los cascos urbanos con hambre y con deudas, por lo que no pudieron seguir respondiendo a sus compromisos financieros que estaban respaldados con sus tierras, fue ahí donde llegaron bancos, inversionistas y empresas que se aprovecharon de la vulnerabilidad de las comunidades. 

Los compradores de esas fincas llegaron después de las arremetidas paramilitares. “Lo extraño es que las víctimas no podían entrar a esas zonas, pero ellos sí. Entonces adquirieron las tierras y comenzaron a aprovecharlas”, explica Cuastumal.

En medio del desplazamiento y la adquisición de tierras, se crearon fiducias e hipotecas que formaron un entramado que permitió que las fincas fueran compradas por empresas para desarrollar proyectos agropecuarios o minero energéticos. 

Hipotecas para el despojo

Para Fabián León está claro que las entidades financieras tuvieron modelos establecidos en proceso que terminó en el despojo. El modelo más evidente fue en el que tuvieron que ver las hipotecas. En las sentencias proferidas por los tribunales de restitución de tierras se han anulado al menos 248 hipotecas sobre predios reclamados. 

Según el Informe Especial “Los bancos y el despojo de tierras” de la Fundación Forjando Futuros, existieron dos patrones de conducta en el que los bancos participaron del despojo con hipotecas. En el primero, despojaron a las víctimas con cobros prejurídicos o procesos de cobro coactivo, pues muchos campesinos tenían hipotecadas sus parcelas y al salir desplazados no pudieron cumplir con el pago. Hasta junio de 2020, 87 predios fueron restituidos a los reclamantes por magistrados que anularon las hipotecas cobradas por los bancos, según Forjando Futuros. 

El exdirector de Unidad de Restitución de Tierras (URT), Ricardo Sabogal, explica que las víctimas de desplazamiento no pudieron seguir cumpliendo con sus obligaciones financieras porque se quedaron sin la principal fuente de sustento que eran sus fincas. Esa situación también se prestó para que los desplazados vendieran sus parcelas a precios irrisorios debido a su frágil economía. 

El segundo patrón de despojo demuestra que los bancos otorgaron préstamos respaldados con hipotecas a quienes se quedaron con la tierra de las víctimas recibiendo como garantía las mismas hectáreas despojadas. Forjando Futuros rastreó 161 predios sobre los cuales los magistrados anularon las hipotecas y las devolvieron a los reclamantes donde los bienes inmuebles fueron hipotecados por terceros. 

En estos casos de restitución, los bancos pidieron que se les reconociera una compensación económica y que los reclamantes continuaran con las obligaciones financieras de las hipotecas, pero los magistrados de los tribunales de tierras no lo aceptaron. “Se presentaban hechos de violencia notorios y públicos, lo que causó el despojo de los inmuebles”, explica el informe de Forjando Futuros. 

En las sentencias proferidas, se cuestiona la actuación de los bancos por su falta de diligencia en el estudio de los títulos y por su permisividad frente a los negocios que se desarrollaron sobre zonas azotadas por la violencia.  

Según Forjando Futuros, las sentencias demuestran que las entidades financieras favorecieron el despojo de tierras con conductas “sistemáticas y recurrentes” y que debieron actuar con diligencia a la hora de hipotecar o rematar los predios. 

Uno de los casos que ejemplifica esa situación es el de la sentencia proferida el 15 de marzo de 2018 por el Tribunal Superior Especializado en Restitución de Tierras de Cartagena, que restituye un predio ubicado en Curumaní, Cesar. En ella los magistrados exponen que el Banco Agrario de Colombia “debió mediar mayor diligencia y cuidado (...) máxime cuando esta entidad cuenta y puede acceder a profesionales calificados para adelantar todas las averiguaciones pertinentes antes de aprobar y desembolsar dineros”, concluye la sentencia.

Fue tan poca la diligencia y el cuidado que tuvieron las entidades financieras al aprobar las hipotecas, que incluso habían predios que contaban con características que impedían que se hipotecaran.  Ese fue el caso de Damasco Parcela No 2, un predio ubicado en Ovejas, Sucre, que fue restituido a la familia reclamante por el Tribunal Superior de Tierras de Cartagena en una sentencia proferida el 14 de octubre de 2017. 

En esa ocasión actuó como opositor el banco BBVA, que aceptó una hipoteca sobre esa parcela que tenía una restricción vigente para su enajenación o para el establecimiento de cualquier gravamen. Los magistrados señalaron que BBVA “debió percatarse de la restricción y abstenerse de aceptar la hipoteca constituida a su favor”, por lo que declararon la nulidad absoluta de la hipoteca constituida.

Otro banco que estuvo involucrado en estas sentencias es Bancolombia, que otorgó créditos hipotecarios a terceros que se quedaron con los predios . Uno de los casos se presentó en el corregimiento de Villanueva, en Valencia, Córdoba, aunque Bancolombia no se presentó como la opositora principal a la restitución de tierras, pretendió que dos familias restituidas continuaran pagando los gravámenes que negociaron con quienes desplazaron a esas familias. Al argumentar que la entidad negoció la hipoteca con quienes se aprovecharon de las víctimas y que no hubo diligencia ni buena fe exenta de culpa, los Tribunales rechazaron esa solicitud.

Fabián León explica que “lo que ocurrió con las hipotecas fue que los bancos agilizaron los cobros prejurídicos, las moras y demás, lo que incidió en que los campesinos se quedaran sin tierra”. 

La palma y la banca en Urabá

Rutas del conflicto entrevistó a un economista, cuyo nombre se mantiene anónimo por cuestiones de seguridad, contratado para hacer la evaluación financiera de proyectos de palma, banano y plátano sobre suelos que les pertenecieron a comunidades desplazadas en la subregión de Urabá. Asegura que “la banca pública tuvo una incidencia enorme en la descomposición social que convivió con todos esos proyectos”.

El economista trabajó en empresas como Urapalma, que fue constituída el 30 de diciembre de 1999, dirigida inicialmente por Luis Donaciano Riascos y luego por Javier Daza Pretelt. Tiempo después, la justicia logró demostrar los vínculos entre este proyecto agroindustrial y el jefe paramilitar Vicente Castaño. 

El financiero de este proyecto señala que indudablemente las entidades bancarias debían conocer el “contubernio enorme” que existía sobre las tierras de los desplazados. “Ellos lo debían haber sabido. Es imposible que no lo supieran”, enfatiza. Pero el sistema financiero apoyó a los despojadores y participó de la financiación de esos proyectos agroindustriales. “En ese sentido, fue el Banco Agrario el que más financió los proyectos de la palma aceitera en Urabá”, explica. 

La entidad financiera más recurrente en las situaciones de despojo es el Banco Agrario. Forjando Futuros encontró por lo menos 107 predios con problemas en los que esa empresa constituyó hipotecas. Para Fabián León, esa entidad es la más común porque era la que tenía más presencia en la zona rural y se dedicaba precisamente a temas agrarios.

Según el portal Tierra en Disputa, una alianza de Rutas del Conflicto y Verdad Abierta, la Superintendencia de Notariado y Registro demostró que 17.720 hectáreas que pertenecían a los consejos comunitarios que ocupan el área de Curvaradó y Jiguamiandó, en Chocó,  fueron adquiridas de manera ilegal con el visto bueno de la Oficina de Registro de Quibdó para ejecutar proyectos productivos. 

En medio de ese despojo, Urapalma recibió incentivos del Estado para sacar adelante proyectos de siembra de Palma y además les fueron otorgados créditos por más de 5 mil millones de pesos aportados por el Banco Agrario. 

“Las transacciones del Banco Agrario fueron sobre hipotecas y garantías reales que no son donde se sembró la palma”, explica el economista que trabajó para Urapalma, quien añade que las hipotecas se hicieron sobre otras garantías mucho más efectivas. “La empresa hipotecó unos predios que tenía en Santa Marta, en Pozos Colorados, que sí tenían un valor muy importante en el mercado”,señala el extrabajador de Urapalma, que añade que las tierras en Urabá no tenían valor en el mercado porque ”tenían muchos líos judiciales”.

El Banco Agrario fue un instrumento para que se implementara cultivos de palma y se hablara de proyectos productivos que beneficiarían al país, “pero el desplazamiento era un hecho y los monocultivos afectaron la ecología de la región” añade. “Ninguna institución colombiana, salvo la Defensoría del Pueblo, actuó a favor de la comunidad”, denuncia el economista. 

Las fiducias del despojo

El exdirector de la URT, Ricardo Sabogal, afirma que en Colombia, “no es necesario ponerle un fusil a una persona para despojarle de sus tierras”, Por lo que la responsabilidad de las empresas que se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad de las familias desplazadas ha quedado en evidencia.

El coordinador jurídico de Forjando Futuros, Julio Cuastumal, argumenta que, en las zonas de conflicto armado, a parte de revisar las escrituras y los certificados de tradición y libertad, los compradores y entidades financieras que participaron de los negocios, tenían la obligación de verificar la situación de violencia. “Tenían que revisar si una persona que está vendiendo, no es ni le compró a alguien que fue desplazada o que es víctima del conflicto armado, y eso no lo hicieron las empresas”, concluye.

Según las sentencias,  existió un modus operandi que se evidenció con el entramado jurídico que antecedió la compra de hectáreas en todo el país. Hubo un aparataje legal en el que primero intervinieron comisionistas que sirvieron de puente entre los campesinos y los primeros inversionistas. Después, por medio de empresas filiales y fiducias mercantiles para la constitución de patrimonios autónomos, empresas como el Grupo Argos se hicieron con la propiedad de las miles de hectáreas que les habían pertenecido a campesinos que las trabajaron durante décadas y que salieron desplazados por la violencia.  “Es una práctica que usan las empresas para restarle visibilidad a su presencia  en zonas que fueron o son conocidas por los problemas de orden público”, explica Sabogal 

Para Cuastumal el hecho de que las empresas adquieran terrenos en donde hubo violencia a través de fiducias, muchas veces administradas por bancos, para tapar su nombre, no está del todo claro. “No sabemos si esa era la intención, pero pareciera. El hecho de que no quisieran figurar como los dueños de las hectáreas es una situación lógica, pero una que también los responsabiliza de saber en qué se estaban metiendo las empresas” afirma.

En las sentencias de restitución de tierras es ya recurrente que entidades fiduciarias como la creada por Argos, Fiducor, aparezcan como opositoras a estos procesos de restitución de tierras. 

En Colombia la fiducia mercantil que se crea para estos fines corresponde a un negocio jurídico en el que una persona, que hace las veces de fiduciante o fideicomitente, le transfiere bienes a otra persona jurídica, que recibe el nombre de fiduciario, quien se encarga de administrar y ejecutar el propósito comercial sobre esos bienes. 

Una particularidad de esta figura mercantil es que se puede ser al mismo tiempo fiduciante y fiduciario. Esto se puede evidenciar en la fiduciaria constituida por el grupo Argos, donde el mismo grupo empresarial, pero a través de distintas filiales, hace las veces de fiduciante y beneficiario. Por esa razón las fiducias ayudaron a que fuera difícil encontrar quienes eran los verdaderos dueños de las hectáreas despojadas. 

Las sentencias de restitución de tierras que comprometen en la cadena de despojo a las empresas en Colombia develan la complejidad legal que se construye alrededor de la tenencia, acumulación y uso de la tierra. Cada es más claro el rol de los bancos y entidades financieras en esta cadena.

 

Actualizado el: Jue, 09/22/2022 - 17:07

Por: Carol Sanchez 

En agosto de 2021, el entonces presidente de Colombia Iván Duque aprobó que la Agencia Nacional de Tierras le entregara a Ecopetrol la administración de más de 9.000 hectáreas –es decir, casi dos veces la isla San Andrés– de tierras baldías en Puerto Gaitán, Meta. La figura que se utilizó para hacerlo fue la de “reserva especial”, que solo pueden ser otorgadas a favor de entidades estatales, con el objetivo exclusivo de ejecutar actividades de interés nacional, tales cómo la explotación minera o de hidrocarburos. En este caso, la reserva se conformó “con destino exclusivo al desarrollo y a la continuidad de todas las actividades que sean requeridas o necesarias en el proyecto Campo Rubiales”.

Sin embargo, los predios reservados tienen larga historia de ocupación por parte Pacific Rubiales, hoy Frontera Energy, en donde además hay sembradas más de 3.500 hectáreas de palma aceitera que sirven a privados.

Los Arrayanes y La Morelia, los baldíos reservados para Ecopetrol, están ubicados en la vereda Rubiales, que desde los 90 empezó a ser uno de los ejes petroleros del país. A su alrededor hay al menos 20 terrenos de origen también baldío que fueron adjudicados a supuestos sujetos de reforma agraria que luego los vendieron a Pacific Rubiales y sus filiales. El resultado: más de 55.000 hectáreas de tierra adjudicable a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente que terminaron en manos de la que fue la petrolera más grande del país. 

Mientras tanto, con la creación de la reserva a favor de Ecopetrol, campesinos que reclaman desde hace al menos 10 años lotes dentro de La Morelia y Los Arrayanes quedan con posibilidades nulas de acceder a las tierras que han ocupado y hecho productivas desde antes que la industria petrolera llegara a la zona. Es el caso de Esneyder Lozano quien, luego de ser desplazado por la violencia en el 2007, ocupó un predio cerca a La Morelia que hoy Ecopetrol considera en “conflicto” y al que a pesar de haber ocupado por más de 15 años no puede llamar suyo.

Ya en 2017, Rutas del Conflicto había expuesto la forma en la que Pacific Rubiales se adueñó de estos 20 predios y empezó a incentivar el cultivo de palma en La Morelia a pesar de no ser su dueño. Hoy, seis años después de que Ecopetrol tomara el control de Campo Rubiales, la creación de esta reserva implica que todos los baldíos alrededor del campo petrolero –tierra suficiente para albergar la ciudad de Cali entera– están en manos de la industria petrolera. El procedimiento para aceptar la creación de esta reserva, además, deja muchos interrogantes.

Los cuestionamientos al Acuerdo que crea una reserva de 9.000 hectáreas a favor de Ecopetrol

El objetivo con el que la ANT le entregó a Ecopetrol la administración de Los Arrayanes y La Morelia, de una extensión de más de 9.000 hectáreas, fue el de desarrollar actividades exclusivas del proyecto Campo Rubiales. Sin embargo, la investigación que Rutas del Conflicto hizo en 2017 apunta a que en esos predios hay miles de hectáreas sembradas por la entonces Pacific Rubiales, quien ya no debería ejercer ni la posesión ni la ocupación de esas tierras.

Además, en 2019 Rutas del Conflicto y Mongabay Latam lograron identificar que las empresas que siembran palma en áreas cercanas al río Tillavá, en la vereda de Rubiales, son la Operadora agroindustrial del Meta y Promotora Agrícola de los Llanos Sucursal Colombia (Proagrollanos). Ambas empresas privadas. No es claro cómo estos cultivos particulares se alinean con el propósito de la reserva, que solo debería servir a intereses de la Nación.

Según el abogado experto en tierras Uber Alfonso Díaz, abogado experto en tierras, la creación de la reserva por sí sola se hizo bajo todo el reglamento jurídico colombiano. No obstante, señala que es difícil justificar que se le entregue la administración de una extensión de tierra tan grande a una empresa petrolera, pues, en su opinión, la infraestructura extractiva no necesita de tantas hectáreas. Después de todo, es cantidad suficiente para albergar un municipio mediano de Colombia.

Ana Jimena Bautista, abogada en tierras e investigadora de Dejusticia, ve otra preocupación en el proceso. En su concepto, la figura de reserva especial es una muy particular y con poco uso en el país. Además, asegura que ensu misma concepción deja desprotegidos a campesinos, que también son sujetos de derechos, mientras sí tiene en cuenta colectividades especiales como las indígenas.

Que esta reserva se haya dado en predios que iban a ser recuperados a favor de la Nación por estar siendo indebidamente ocupados por empresas petroleras que los estaban explotando, para luego ser dada en tenencia a Ecopetrol, otra petrolera, también genera preguntas.

Ahora, la tradición de posesión y ocupación de estos dos baldíos también genera interrogantes. Ambos estuvieron durante años en manos de Pacific Rubiales o sus filiales, en lugar de en sujetos de reforma agraria. Incluso, cuando la ANT continúo con el proceso de recuperación de los Arrayanes, Meta Petroleum, filial de Pacific, presentó un recurso de reposición tendiente a desestimar la actuación. Para el momento, Los Arrayanes ni siquiera tenía folio de matrícula, pero estaba siendo ocupado por la petrolera.

La historia de ambos predios tiene que contarse por partes. La siguiente línea del tiempo explica en detalle cómo el proceso de recuperación de baldíos indebidamente ocupados se vio interferido por la petición de la reserva. Hay tres cosas importantes a resaltar.

La primera es que, en el 2017, la ANT ordena vincular a Ecopetrol y a Major International Oil, otra filial de Pacific, al proceso de recuperación de baldíos indebidamente ocupados de Los Arrayanes. Tan solo dos meses después, Ecopetrol le pide a la Agencia la creación de la reserva especial, lo que lleva a que ese proceso de recuperación sea archivado.

Para ese momento, Major International todavía aparecía en papeles como el poseedor de La Morelia, a pesar de que desde el 2016 era Ecopetrol quien operaba Campo Rubiales, y de que la tenencia de esa tierra se basaba en las actividades de explotación del campo. 

Lo segundo es que, si bien los Arrayanes era reconocido como un baldío en tenencia de Meta Petroleum por la ANT, éste sólo tuvo folio de matrícula hasta el 2019. Es decir que, mientras campesinos pedían la tierra sin obtener mayor respuesta por parte de las entidades públicas, solo bastó que Ecopetrol abriera un proceso para que la recuperación del baldío parara y se plasmara la tradición del predio en papeles.

La Morelia y Los Arrayanes: baldíos que ya nunca serán para campesinos

Como parte de la creación de la ANT, a la entidad se le asignó una tarea fundamental para la política agraria del país: adelantar y decidir sobre los procesos de recuperación de los baldíos indebidamente ocupados que ya el extinto INCODER había iniciado. Entre la lista de estos predios a recuperar se encontraban La Morelia y Los Arrayanes, con un total de 10.009 hectáreas. 

La historia en papeles de La Morelia empieza en 1990, cuando era ocupada por colonos que declararon bajo escritura pública las mejoras que hicieron sobre el terreno. Cuatro años después el primer operador de Campo Rubiales, Coplex International, compró esas mejoras y pasó a ocupar las 12.500 hectáreas que en ese entonces el terreno abarcaba. Ahí empieza la ocupación indebida por parte de empresas petroleras de este baldío de la Nación.

Ya en 2005, cuando Pacific Rubiales llegó a operar este campo petrolero, La Morelia–reducida a 7.526 hectáreas en 2004– pasó a manos de una de sus filiales, Meta Petroleum. Sin embargo, en 2014 su posesión fue vendida a otra empresa brazo de Pacific, llamada Major International Oil, por tan solo 150 millones de pesos. Al día de hoy, el “Fideicomiso Parqueo Major International” es el dueño de 5 predios más en esa misma zona.

Rutas del Conflicto le preguntó a la Agencia Nacional de tierras en agosto de 2022 si había identificado opositores o reclamantes de tierras en La Morelia antes de admitir la creación de la reserva a favor de Ecopetrol. Su respuesta: “Los ocupantes identificados dentro de los trámites recuperación de baldíos indebidamente ocupados en el predio “La Morelia 1” fueron dos (2)”. No obstante, en el Acuerdo 168 de 2021, el cual aprueba la creación de la reserva, la misma Agencia asegura que corroboró la “inexistencia de posibles ocupantes”. Una más de las irregularidades del proceso.

En el caso de Los Arrayanes, la situación es similar, sino más inconsistente. La ANT le dijo a Rutas del Conflicto que durante el proceso de recuperación de ese baldío había identificado seis ocupantes. Sin embargo, de nuevo, en el Acuerdo no se habla de la existencia de ocupantes y apenas se mencionan dos “colindantes”: Esneyder Lozano y Marta Lucía Restrepo, campesinos de la región.

Rutas del Conflicto habló con Esneyder Lozano, quien asegura que en 2007 llegó a Rubiales desplazado de la violencia y ocupó 522 hectáreas de tierra en un predio al que él y su esposa bautizaron “La Paloma”. Ya en el 2013 solicitaron la adjudicación de esas tierras sin que el INCODER les diera respuesta alguna.

Según Lozano, hoy Ecopetrol le dice que su tierra es una en “conflicto” por hacer parte de la reserva y afirma que cada vez que intenta hacer una mejora la empresa se lo dificulta. “Voy a hacer cualquier trabajo y entonces ellos salen con que no, que esta es una tierra en conflicto, llaman a la Policía, pero ellos sí pueden hacer sus actividades normales, y uno no les puede decir nada. O sea que, sinceramente, uno de campesino en este país no tiene ninguna ventaja”, dice. Incluso, en el 2021, un abogado de Frontera Energy –que ya no opera el campo– acompañado de la Policía y de funcionarios públicos, removieron una de las cercas que Lozano tenía en el terreno.

La Paloma, para Esneyder, no hace parte ni de Los Arrayanes, ni de La Morelia, y bajo ese supuesto basó la solicitud sin respuesta de adjudicación de baldíos. Sin embargo, así esa disputa se resolviera a su favor, Esneyder y su familia nunca van a poder tener la propiedad de la tierra que ocupan de buena fe hace 15 años. La Ley 1728 de 2014 hace inadjudicables terrenos que estén a menos de 2.5 kms de distancia de infraestructura petrolera, y este caso. “Cuando llegamos no había nada aquí, yo sabía que era un baldío, que era tierra que se la pueden dar a campesinos. Sabía que la petrolera estaba en la zona, pero cerca de la finca no había nada de la empresa”, afirma. Lo que significaría que el impedimento de poseer La Paloma fue puesto después y no antes de su llegada.

Rutas del Conflicto también tuvo acceso a un documento que Marta Lucía Restrepo, la otra oponente a la creación de la reserva, envió a la ANT en el 2017. En él solicita que se excluya su lote, al que llama “El Rincón de los Conucos”, de Los Arrayanes y que éste sea titulado a su nombre. 

Restrepo también afirma que en el 2014 solicitó al INCODER la adjudicación del predio que lo engloba, llamado “La Esperanza” y que la extinta entidad ordenó el inicio del proceso de titulación. Sin embargo, la ANT afirma en el Acuerdo 168 que el proceso de adjudicación fue cancelado para dar inicio a la recuperación de un baldío indebidamente ocupado. En este caso, Restrepo no solo nunca podrá tener la adjudicación sino que, además, con la constitución de la reserva, ya ni siquiera podrá recibir préstamos de La Caja de Crédito Agrario para desarrollar proyectos productivos en ese terreno.

La historia de acumulación por parte de petroleras de predios de origen baldío en Rubiales ha hecho que terrenos que debían ser para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, hoy no cumplan esa función. Las esperanzas de los campesinos de la zona de tener una sola de las más de 65.000 hectáreas de origen baldío que rodean a Campo Rubiales son nulas, mientras empresas privadas las explotan y Ecopetrol reserva 10.000 de ellas para su operación.

*Rutas del Conflicto envió el 17 de agosto de 2022 un derecho de petición a Ecopetrol solicitando que respondiera preguntas sobre: los argumentos que tuvieron para solicitar las más de 9.000 hectáreas como reserva, información acerca de las contingencias ambientales que la actividad petrolera ha causado en la zona, y sobre la forma en la que se ha visto involucrada la empresa estatal en los procesos de reclamación de tierras en La Morelia y Los Arrayanes. Sin embargo, a la fecha de publicación no se recibió respuesta.

 

 

Actualizado el: Vie, 09/16/2022 - 14:05