Llenos de pánico y miedo, quince personas, incluyendo menores de edad, se refugiaron en un pequeño cuarto, sin tener alguna forma de defenderse y rogando la llegada pronta de ayuda. Pasaron alrededor de 15 minutos entre los estallidos de las balas y el terror, hasta que la policía llegó y los puso a salvo. Canticus, como consejero secretario general de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA), buscó a la familia para ayudarlos y atender la situación violenta de desplazamiento forzado que también enfrentaban en ese momento.

Como líder indígena de la Organización UNIPA, Canticus se ha dedicado a acompañar a las familias Awá que atraviesan una crisis humanitaria en Nariño. Según cifras de la misma organización, desde el 2022 hasta la fecha, el pueblo Awá ha sufrido nueve confinamientos, cinco casos de desaparición forzada, nueve desplazamientos forzados individuales, once desplazamientos masivos y veintiséis asesinatos. “O sea, aquí ya hemos registrado más de 30 compañeros asesinados. Eso solamente en un año”, señaló Floriberto.

Por toda esta situación, las Defensorías del Pueblo de Colombia y Ecuador lanzaron por primera vez una alerta temprana binacional con el fin de hacer un llamado a proteger la vida y los derechos del pueblo Awá. Las dos instituciones destacaron que la violencia contra las familias indígenas proviene de la presión y el auge de las actividades ilícitas que ejercen las disidencias de las FARC, el ELN y los grupos de crimen organizado. 

En el documento presentado el pasado 7 de marzo se indica que los grupos armados amenazan en ambas zonas de la frontera. “Usan a su favor hechos como el aislamiento geográfico, la posición estratégica binacional, la poca o nula presencia estatal y la condición diferencial de estas comunidades, para instalarse dentro o cerca de los territorios Awá”, se señaló en el informe. 

El territorio en disputa

Para los Awá, el territorio lo es todo: significa armonía y vida. Como Rastreador de su comunidad, Canticus trabaja por la protección de la cultura y las memorias de su pueblo. Con este objetivo ha recorrido sus territorios ancestrales que están ubicados en el suroccidente de Colombia, en los departamentos de Nariño y Putumayo y en algunas provincias del Ecuador. Sin embargo, durante los últimos años su trabajo se ha resumido en atender y registrar las violencias de las que han sido víctimas muchas comunidades indígenas por el conflicto armado en el pacífico nariñense. 

UNIPA, una de las cuatro organizaciones que conforman la Gran Familia Awá Binacional (GFAB), representa a más de 25.000 habitantes de los territorios ancestrales colectivos ubicados en los municipios de Tumaco, Barbacoas, Ricaurte, Samaniego y Roberto Payá. Según cifras de esta organización, desde el año pasado, se han registrado 10.743 víctimas por desplazamiento forzado, confinamiento, homicidio, desaparición forzada y hasta por minas antipersona. Un poco menos de la mitad de los habitantes Awá de esta zona del país. 

Según un informe de la Comisión de la Verdad, los Awá son una de las comunidades más afectadas por la confrontación entre guerrillas, Ejército y paramilitares en Colombia. “Por su ubicación estratégica, entre Pasto y Tumaco, hoy es una región asediada por los cultivos de coca que presionan a los territorios y las comunidades para expandirse”, se señaló en el informe Colombia Adentro, en el capítulo de Nariño y sur del Cauca.

De acuerdo con Diego Alejandro Restrepo, analista de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, la situación en la costa pacífica nariñense es compleja. “Lo que hemos visto recientemente, más o menos desde el 2021, es la consolidación de la Segunda Marquetalia en la costa pacífica nariñense”, explicó Restrepo. Según el investigador, en 2018 se observó una proliferación de estructuras armadas organizadas. Pares alcanzó a identificar unos 17 grupos armados dedicados al narcotráfico y a la extorsión. Sin embargo, durante los últimos dos años se ha alertado sobre una toma violenta de esta zona del país por parte de los grupos exFarc, exactamente por la Segunda Marquetalia. 

Restrepo afirma que, si bien todavía hay una presencia del Clan del Golfo en el territorio, esa presencia se ha vuelto cada vez más marginal por cuenta del fortalecimiento de la Segunda Marquetalia. “Es una consolidación armada violenta y esto es principalmente lo que ha generado ese nivel de intimidación que vemos en la región”, afirmó Restrepo. Además, agrega que las organizaciones como UNIPA pueden representar una amenaza para los intereses territoriales y de control de estos grupos. “De allí que surjan todas las agresiones contra los líderes y contra la comunidad”, detalló el integrante de Pares.

Toda esta violencia en contra de las organizaciones indígenas y sus resguardos ya ha tenido unas repercusiones sobre sus pobladores, sobre todo por el desplazamiento forzado que obliga a las familias a separarse de sus comunidades. “Se han evidenciado graves problemas en la convivencia y en el buen vivir de nosotros. Han intentado debilitar los procesos comunitarios, organizativos, de política propia y los procesos de liderazgo”, denunció Floriberto Canticus. 

Pisando el riesgo 

Francisco Marín, integrante de la Plataforma de Organizaciones sociales de Víctimas y defensoras de derechos humanos en Nariño, manifiesta que la respuesta por parte del Gobierno Nacional no ha sido adecuada. Según Marín, han intentado organizar una mesa territorial de garantías, pero no han recibido respuesta desde el año pasado. “Necesitamos medidas concertadas entre la sociedad civil y las instituciones para que realmente se empiece a frenar la violencia contra los líderes sociales y los defensores de derechos humanos, tanto ambientales, como étnicos y sociales”, manifestó Francisco.

Otra preocupación de las organizaciones es la atención de primeros auxilios a las víctimas. Una de las agresiones que más preocupa a los habitantes de Nariño y que ha afectado fuertemente a la población Awá son las minas antipersona. El último hecho ocurrió a principios de febrero. Dos integrantes de la comunidad, entre ellos un menor de 17 años, fueron víctimas de la activación de una mina antipersona mientras transitaban por el sector de Yarumal, en Ipiales, Nariño. UNIPA, en un comunicado sacado dos días después de la agresión, denunció que el menor seguía en el resguardo necesitando atención urgente.  

Marín le explicó a Rutas del Conflicto que en muchas de estas situaciones las comunidades suelen dirigirse a los programas y a las organizaciones humanitarias internacionales que hacen presencia en el lugar y muy pocas veces se dirigen directamente a las instituciones estatales por su tardía respuesta. “Inclusive, a veces han tenido que pasar la frontera para acceder a una atención temprana porque no encuentran ayuda oportuna de este lado”, añadió. 

Las minas antipersona han afectado a la comunidad Awá de manera significativa. Desde el año pasado se han registrado nueve víctimas por estos aparatos explosivos. “Nuestras familias Awá no pueden caminar tranquilamente a la cacería porque ya nuestros caminos están supremamente minados. No pueden salir a pescar, ni irse a las siembras o hacia las huertas de dónde sacan para el sustento diario de la familia”, señaló Canticus.

Los cultivos de coca amenazan la población

Tumaco ha sido uno de los municipios con más cultivos de coca en todo el país. En este municipio se encuentra toda la cadena de producción y procesamiento del clorhidrato de cocaína. Es un puerto importante para la salida del producto hacia Norteamérica, Panamá, México y hasta para Europa. “Es una dinámica muy compleja porque hoy en día se pueden encontrar narco cultivos, extensiones grandes, hectáreas dedicadas al procesamiento del clorhidrato de cocaína”, señaló Diego Restrepo.

Una de las razones por las que esta situación persiste, según Restrepo, es la falta de voluntad política para continuar con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, PNIS. También agrega que la falta de implementación integral del acuerdo de paz se presenta como un obstáculo para la sustitución. “El narcotraficante fácilmente llega a su finca o a los lugares de cultivos y entrega el producto puerta a puerta; mientras que el campesino que cultiva cacao le es complicado distribuir su producto por las vías en mal estado que se traducen en más costos de transporte”, explicó el investigador. 

Las fallas en el proceso de sustitución han llevado a que el negocio de la droga se siga fortaleciendo. “El debilitamiento de los programas de restitución llevaron a una desilusión y un rompimiento de las expectativas de los campesinos y las comunidades involucradas; permitiendo que los narcotraficantes vuelvan a tener el control sobre la zona”, advirtió Restrepo.  

“Se deben adelantar diálogos entre los grupos armados y el Gobierno Nacional. Se necesitan mejores condiciones humanitarias para quienes se encuentran en medio del conflicto”, manifestó Marín como parte del llamado que hacen varias organizaciones sociales de Nariño. Además, desde UNIPA también se exige un diálogo. “Se debe activar la Mesa de Concertación del pueblo Awá, la MCAWA, para que puedan conversar el Gobierno nacional y las autoridades del pueblo Awá, con el fin de efectuar o plantear estrategias que nos permitan minimizar todo el riesgo que vivimos a diario”, afirmó Floriberto Canticus. 

Cabe mencionar que la Corte Constitucional en 2011 decretó que el pueblo Awá se encontraba en riesgo de exterminio debido al conflicto armado. Para ese momento se presentaban casos de desplazamiento y de integración a la fuerza a miembros de la comunidad a las guerras. Ahora, 12 años después, la comunidad continúa encontrándose en un momento de grave vulnerabilidad y de riesgo contra la preservación de su cultura y de su pueblo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualizado el: Mié, 03/22/2023 - 10:41

Rutas del Conflicto habló con el equipo de la subdirección nacional de tierras de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) encabezado por Luis Higuera sobre este tema y el futuro de las ZRC en Colombia.

Las Zonas de Reserva Campesina son una forma de ordenamiento creada por la Ley 160 de 1994 que permite delimitar el territorio, prohíbe la acumulación de tierra y otorga un carácter preferencial al momento de ser objeto de políticas agrarias por parte de las entidades gubernamentales. 

El 30 de diciembre del año pasado la ANT declaró como ZRC al Páramo de Sumapaz. Este se encuentra entre los departamentos de Cundinamarca, Meta, Huila y el sur de Bogotá. Es la Localidad 20 de la capital del país y ocupa el 40% del distrito.

El conflicto armado en Sumapaz

La Comisión de la Verdad en su informe final realizó un capítulo sobre esta zona titulado “Estigmatización y violencia política en Sumapaz”, en el que explican que las Farc tuvo control e injerencia en el páramo porque esto les permitía ir de los llanos orientales a Bogotá en su estrategia de cercar a la capital. Las Farc asesinó alcaldes, funcionarios públicos, candidatos a puestos políticos, hizo tomas a distintos municipios y secuestró a gente de Sumapaz. 

La Comisión en este capítulo también cuenta que el Ejército y los paramilitares se aliaron para atacar a la población civil. “Se encargaron de perseguir y actuar en contra de personas señaladas de ser auxiliadores de la guerrilla, comunidades campesinas de territorios ocupados por las Farc”, dice el informe. 

El conflicto armado agudizó las necesidades y dificultades de la vida campesina en Sumapaz. La Comisión señala que con la Operación Colombia llevada a cabo por las Fuerzas Militares se produjeron desplazamientos masivos, así como endeudamiento por parte de los campesinos debido a que perdían sus cosechas en medio de la violencia. El informe señala que esto dificultó el desarrollo humano y productivo del campesinado en esta zona. 

En el momento en que este capítulo fue publicado aún no se había anunciado que Sumapaz sería una ZRC, pero la Comisión hizo alusión a los señalamientos que ha sufrido esta figura legal. “La estigmatización hacia las Zonas de Reserva Campesina, a pesar de estar en la ley 160 de 1994, ha sido un impedimento para su constitución”, explica el informe.

¿Por qué la constitución del Páramo de Sumapaz como ZRC tardó 11 años?

La solicitud para que Sumapaz se convirtiera en ZRC llegó al INCODER (entidad liquidada en 2015 que se encargaba del desarrollo rural) en 2011, pero las administraciones pasadas dijeron que había condiciones que complicaron el proceso. Lo primero que mencionaron es que la situación de que fuera una zona de páramo era un problema. Lo otro en lo que se reiteraban era en que Sumapaz tenía minas antipersonas, por lo que con base en esto había una negativa para hacer trabajo de campo. 

Después, en 2017 las comunidades radicaron el Plan de Desarrollo Sostenible (PDS), que es lo más importante que deben realizar las comunidades para formalizar el ZRC. La ANT en ese momento dijo que era necesario hacerle algunos ajustes al PDS, pero los líderes campesinos rechazaron los cambios propuestos por diferencias técnicas, por lo que el proceso quedó paralizado.

En 2021, el Juzgado Octavo de Ejecución de Penas de Bogotá falló a favor de las comunidades campesinas de Sumapaz que interpusieron una tutela por la vulneración a la igualdad material. El juzgado le dio seis meses a la entidad para definir el PDS. Las comunidades reformularon algunos puntos tras una nueva reunión con la ANT. Este nuevo Plan de Desarrollo fue presentado al consejo directivo de la ANT y este lo rechazó a finales de octubre de 2021.  

El consejo directivo decidió negar la constitución de la reserva campesina porque dijo que el PDS incumplía con varios requerimientos técnicos, sobre todo lo concerniente a la zonificación del páramo, que hoy aún no está formalizada. Sin embargo, no hay un documento que diga que la condición de páramo es una limitante para establecer una ZRC. 

Por eso, cuando cambia la administración con la llegada del presidente Petro, se evalúa nuevamente la decisión y nos damos cuenta que la negativa de la anterior administración se podía revertir con la modificación de algunos puntos del PDS presentado en 2021. Le contamos esto a las comunidades, ellos hicieron las modificaciones y el consejo directivo aprobó que Sumapaz fuera una ZRC. 

¿Qué cambios hubo con la nueva administración?

Antes había menos presupuesto para la ANT. Esto generaba mayores demoras, y si a eso le sumamos la falta de entendimiento entre la entidad y las comunidades de Sumapaz en años anteriores pues esto explica los retrasos. Hoy somos un grupo más robusto, antes los equipos estaban conformados por tres o cuatro personas. 

El presupuesto el año pasado fue de 300 millones, entonces eso no era suficiente para atender todas las peticiones de las comunidades y mucho menos para invertir y ajustar un Plan de Desarrollo Sostenible. Con la nueva inversión podemos ir a las regiones y trabajar con más facilidad con las comunidades. 

¿Qué dificultades implica que el 77% de las hectáreas de Sumapaz estén dentro del páramo?

Lo más complicado es que desde el inicio cuando se vayan a realizar ofertas de adjudicación y formalización hay unas limitantes de orden ambiental que se deben respetar.

¿Qué relación tiene la ANT con las otras instituciones que se enfocan en el tema de las tierras?

Somos un puente entre la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), entidad encargada de llevar los proyectos productivos a las comunidades, y las comunidades campesinas. A través de nosotros el campesinado puede tener mayor acercamiento y facilidades para entablar diálogos con esta institución. Además, es importante recalcar que parte del favorecimiento de las ZRC es que desde la ANT se hace un llamado a las distintas entidades para que ofrezcan y prioricen estas zonas. 

Hay otras instituciones con las que debemos comunicarnos para no tropezar con los errores del pasado. Tenemos diálogos con la Agencia de Renovación Territorial (ART), con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y con la Unidad de Restitución de Tierras, entre otras entidades. Una de las mayores falencias históricas es la falta de articulación porque si una institución no está involucrada esto limita las acciones de las demás.

¿Qué dificultades enfrenta el campesinado a diferencia de otros grupos sociales?

Uno de los mayores problemas es que la Constitución de 1991 borró la palabra campesino de la Carta Magna. Se le dio reconocimiento a los indígenas y a las negros, pero al campesino no, por lo que se generó una desigualdad constitucional. Entonces los negros consiguieron consejos comunitarios, los indígenas obtuvieron los resguardos, pero el campesino quedó por fuera de este tipo de reconocimientos que van más allá de la tierra. La declaración de un territorio propio significa una identidad y un sitio en donde pueden desarrollar sus proyectos de vida.

Por eso, tras este cambio que hubo por la Constitución, el campesinado luchó por unas zonas similares que son las ZRC, pero desde su nacimiento fueron estigmatizadas por los distintos gobiernos que señalaron a la población de ser partidaria y colaboradora de la guerrilla. Esa es una de las razones por las que en 25 años solo se constituyeron siete ZRC, mientras que nosotros hemos aprobado cuatro en cinco meses. 

¿Ha habido problemas entre campesinos, negros e indígenas por la propiedad de la tierra?

Sí, casi todas las solicitudes de Zonas de Reserva Campesina son muy importantes porque permiten delimitar la propiedad de cada grupo y así darle salida a este conflicto. En ocasiones cuando se evalúa si un territorio puede convertirse en ZRC este se encuentra muy cerca de un resguardo indígena. Esto provoca una lucha legal por determinar a quién le pertenece la tierra. 

Sucede lo mismo entre el campesinado y los consejos comunitarios de las negritudes, por lo que delimitar los territorios de los campesinos permite que estos conflictos encuentren una solución más rápida en donde cada uno obtenga beneficios y entienda las razones. 

También sucede que cuando se evalúa la constitución de una ZRC casi siempre hay solicitudes para declarar la zona que se está examinando como resguardo indígena o consejo comunitario, por lo que las tensiones entre los grupos es constante. Incluso, solo hay dos Zonas de Reserva Campesina que están en estudio donde no hay solicitud ni de indígenas ni de negros. Se trata de Tarazá, Antioquia y Togüí, Boyacá. 

 ¿Cuál es la meta del Gobierno con las ZRC?

Esperamos crear entre 20 y 25 Zonas de Reserva Campesina cuando finalice el mandato del presidente Petro, ese es el objetivo principal.

¿Qué zonas están estudiando para que sean ZRC?

Tenemos un total de 28 zonas que están en solicitud y estamos trabajando en 16 en simultáneo. Esperamos que este año declaremos cinco nuevas ZRC, pero no quiere decir que solo estamos enfocándonos en esas cinco. Estamos estudiando Orteguaza (Caquetá), Apartadó (Antioquia), Tarazá (Antioquia), Chaparral (Tolima), Togüí (Boyacá), Pradera (Valle del Cauca), los Montes de María, el Catatumbo (Norte de Santander) y Tuluá (Valle del Cauca), por mencionar algunas.

 

Actualizado el: Vie, 03/03/2023 - 08:47

 

Actualizado el: Mar, 02/14/2023 - 17:52

Por: Juan Carlos Granados

La Corte IDH en su condena al Estado colombiano por el genocidio de la Unión Patriótica afirmó que, comentarios como que la UP era el “brazo político de las FARC”, “colaboradores de las FARC”, o “aliados de la guerrilla”, produjeron aún más victimización. La Corte sentenció que estos señalamientos afectaron “tanto la honra como la reputación individual de las presuntas víctimas, así como la imagen de la organización política y restringió la proyección individual y colectiva de las presuntas víctimas en el ámbito social.”

Rutas del Conflicto realizó una aproximación a la reconstrucción de declaraciones estigmatizantes en contra de la Unión Patriótica de políticos, militares y medios de comunicación desde 1983 hasta hoy. 

Los señalamientos de la política colombiana contra la UP

En 1987, el presidente Virgilio Barco declaró en la revista South que la Unión Patriótica era el partido de las guerrillas. La UP hizo un comunicado rechazando esta afirmación y señalamientos del mandatario. 

Archivo de El Espectador del 7 de abril de 1987

Otra de las declaraciones que más eco tuvo en su momento fue la del ministro de Gobierno en 1990, Carlos Lemos Simmonds. El funcionario dijo en una entrevista con Colprensa que "el país ya está cansado y una prueba de ese cansancio es que en estas elecciones votó contra la violencia y derrotó al brazo político de las Farc que es la Unión Patriótica . Se van a enojar porque les estoy diciendo esto, pero ellos saben que es así".

 

Nota de El Tiempo del 22 de marzo de 1990

Cinco días después de ese comentario, el 22 de marzo de 1990, fue asesinado Bernardo Jaramillo, máximo representante de la UP. Según Revista Semana, Jaramillo en la última entrevista que dio ante los medios dijo que "por el hecho de que no le guste al ministro la forma como nosotros decimos las cosas, no le da derecho a condenarnos a muerte con sus declaraciones, tal como lo está haciendo".

Jaramillo era el candidato presidencial por la UP para las elecciones de 1990.Tras el homicidio de Jaime Pardo Leal en 1987, quien fue el candidato de la UP para las elecciones presidenciales de 1986, Bernardo asumió el liderazgo del partido.

 

Jaime Pardo ocupó el tercer puesto en las elecciones presidenciales de 1986/Archivo El Espectador

El procurador de la época, Alfonso Gómez Méndez, quien después sería Fiscal General, dijo que las declaraciones de Simmonds fueron una opinión política y que no tenían la intención que se le quería dar. Aun así, Simmonds renunciaría a su cargo por cuenta de la presión popular y mediática. El informe de la Comisión de la Verdad concluye que a pesar de que Bernardo Jaramillo hizo grandes esfuerzos por una salida negociada del conflicto, fue asesinado bajo la justificación de que era parte del brazo político de las Farc. 

Otro expresidente que hizo comentarios en el que responsabilizaba a las Farc del genocidio de la UP fue Ernesto Samper. En 2008, El Espectador propició un encuentro entre José Antequera, hijo del líder asesinado de la UP José de Jesús Antequera, y Samper.  Este último dijo en la reunión que en el libro ‘Armas y urnas’, se explora que hubo alguna complicidad del Gobierno, pero que las Farc tampoco estaban interesadas en proteger a los miembros de la UP y que la guerrilla también fue culpable del exterminio por omisión. Antequera le respondió que la responsabilidad de velar por la vida de los militantes de la UP era del Estado, no de las Farc. En 1995, la Unión Patriótica demandó al Gobierno de Samper para que reconociera los asesinatos de los militantes de la UP como un genocidio.

En el Gobierno de Álvaro Uribe la estigmatización contra la UP estuvo presente. En un comunicado de prensa del 24 de noviembre de 2007, la presidencia afirmó que “el Gobierno no puede permitir que los terroristas de las FARC continúen con la práctica de “combinar las formas de lucha””, lo que para el gobierno de Uribe contribuyó “a los asesinatos de integrantes de la Unión Patriótica y de líderes sindicales en Colombia”. 

El vicepresidente de Uribe, Francisco Santos, fue denunciado por injuria y calumnia por la Unión Patriótica luego de que en 2013 colocara un tweet que decía “(…) La historia de la UP es terrible. Pero esa es una sola cara, la otra es la de la combinación de las fuerzas de lucha”. Cuando Revista semana le preguntó sobre esa declaración dijo que “(...) la combinación de las fuerzas de lucha sí fue uno de los elementos del asesinato de los integrantes de la UP”.

Incluso la Corte Constitucional obligó a rectificar a Fabio Echeverry Correa, gerente de la campaña de reelección de Uribe en 2006, por una cuña publicitaria que fue transmitida en las cadenas RCN Radio, Caracol Radio y la Organización Radial Olímpica. El mensaje era un supuesto testimonio de un ex militante de la UP que decía “Señor Presidente: Yo pertenecía a la U.P., me parecía un buen movimiento, pero nos fuimos torciendo matar por matar, hacer daño a los demás, matar civiles, eso está mal hecho. Está bien que usted los esté combatiendo, por eso hoy día lo apoyamos a usted con todo lo que tenemos. Adelante, Presidente”. La Corte determinó que la falta de verificación del mensaje afectó el buen nombre y la honra de los familiares y sobrevivientes del partido político.

Además, cuando Uribe era senador en 2016, dijo en un conversatorio en Madrid que “en el asesinato de la UP intervino las mismas Farc. Ellos provocaron reacciones criminales por su combinación de formas de lucha”. 

El exministro de Defensa Fernando Landazabal Reyes y la UP

Landazabal Reyes fue general y ministro de Defensa entre 1982 y 1983. En este último año, anticipando el inicio un acuerdo entre el Gobierno de Belisario Betancur y las Farc para negociar una salida al conflicto, Landazábal escribió en la revista del Ejército: “Las Fuerzas Armadas deben disponer su ánimo para una contienda de proporciones incalculables e imprevisibles que llevaría al país a una nueva fase de violencia”. Betancur pidió la renuncia de Landazabal en enero de 1984 por sus críticas a los diálogos de paz. 

El 18 de enero de 1984, el general Landazabal renunció a su cargo de ministro de Defensa por solicitud del presidente Belisario Betancur por la reiteración del militar a no negociar con las Farc/ Archivo Colprensa

Fabiola Posada, sobrina de Leonardo Posada, uno de los líderes de la UP más importantes en Barrancabermeja y en el Magdalena Medio, asesinado el 30 de agosto de 1986, comenta que Landazbal Reyes era uno de los militares que más atizaba en contra de la UP. Posada dice que en Barrancabermeja era frecuente la estigmatización contra los líderes de la Unión Patriótica, y que antes del homicidio de su tío había apareció un graffiti en un mural del municipio que decía “fuera comunistas de BCA, fuera Leonardo Posada”. 

Mural en Barrancabermeja contra Leonardo Posada en 1986/ Cortesía de Fabiola Posada

Ya como general retirado, Landazabal siguió declarando en contra de la UP. En 1986, el  exministro de Defensa dijo en una entrevista con Revista Semana que la UP no debería reclamar la posibilidad de tener un brazo armado. “Y usted sabe muy bien que las FARC eran el brazo armado del Partido Comunista, y que el Partido Comunista se llama hoy UP (...)”, afirmó Landazabal.

En 1989, el ex ministro de Defensa Landazabal Reyes dio una entrevista con Resumen Gráfico, medio apoyado por el Movimiento de Renovación Nacional (MORENA) que fue creado por paramilitares del Magdalena Medio. En la conversación, Landazabal afirmó que las autodefensas eran legítimas y que no había que plantear la diferencia entre Ejército y pueblo. El ex ministro fue asesinado en Bogotá en 1998 por un sicario que le disparó en cinco ocasiones. 

Militares y paramilitares contra la UP 

Rafael Samudio, ministro de Defensa entre 1986 y 1988, también mostró su aceptación por los paramilitares y su aversión por la UP. En 1987, en medio de un debate en la Cámara de Representantes sobre los paramilitares, Samudio dijo que las autodefensas eran legítimas y que era cierto que las Fuerzas Militares le proporcionaban armas a los ‘paras’. Un año después, tras el atentado a la sede de la Unión Patriótica en Apartadó, Antioquia, Samudio declaró que “pues sería que tenían explosivos en su sede”.

La Corporación Reiniciar le permitió a Rutas del Conflicto acceder al informe ¡Venga esa mano, país!. Memoria de una vergüenza nacional. En el documento se muestran distintas declaraciones de militares contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista (PC). Entre esos comentarios estigmatizantes se encuentra el del comandante de las Fuerzas Militares en 1993, Ramón Gil, donde afirma que el PC depende de lo que le proporcione las Farc. 

Fotografía de El Tiempo del 19 de septiembre de 1993

El anexo IV de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de la UP, dice que el 10 de marzo de 1993 el Comandante del Batallón 21 Vargas con sede en Granada, Meta, afirmó que la administración del municipio de El Castillo, que era dirigida por la UP, era colaboradora de la guerrilla. “El Estado reconoció la existencia de denuncias públicas ante diferentes autoridades del orden nacional, departamental y local por los presuntos señalamientos hechos por el Comandante del Batallón 21 Vargas con sede en Granada, Meta”, explica el documento de la CIDH. 

Ever Velosa, alias “H.H”, comandante del Bloque Bananero de los paramilitares, dijo que durante el exterminio de la UP asesinaron a personas que no eran destacados líderes solo por hacer parte del partido. “Entonces sí, muchas de esas personas murieron por el hecho de pertenecer a la UP”; contó Velosa en 2008 ante el despacho 17 de la unidad de Justicia y Paz en Medellín. 

Las editoriales de los medios también son responsables  

En las peticiones que le hicieron las familias a la CIDH está la de “adoptar todas las acciones posibles para que los medios de comunicación que en su momento propiciaron la estigmatización de la Unión Patriótica rectifiquen”. Dos casos que muestran la reiteración de frases y estigmatización contra la UP son el del diario El Colombiano en 1987 y el de Enrique Santos Calderón.  El 20 de marzo de 1987, el diario El Colombiano en su editorial “Por los Caminos de Urabá”, dijo que “una cosa es que las guerrillas pasen por Jamundí y otra que elijan ahora a los alcaldes”. 

Por su parte, El Tiempo en su editorial del 18 de octubre de 1992, escrito por Enrique Santos Calderón, afirmó que “una vez más han salido a relucir las estrechas vinculaciones del Partido Comunista y la Unión Patriótica, esas dos caras de la misma moneda con la actividad guerrillera de las Farc”. El 5 de febrero del presente año, Santos escribió en Los Danieles que la cúpula de las Fuerzas Militares querían impedir el surgimiento de la Unión Patriótica y que este grupo político estaba vinculado las Farc que “continuaba su estrategia de “combinación de formas de lucha”, que incluía extorsión, secuestros y atentados. 

Además, Santos en esta columna sostuvo que “al PC le costó mucho sus vínculos con las Farc. En su XV Congreso de 1988, cuando por doquier eran asesinados los miembros de la UP, insistió inexplicablemente en su estrategia de combinar todas las formas de lucha (sindical, social, electoral y armada)”. 

 

Actualizado el: Lun, 02/13/2023 - 17:41

Por: Sabrina Bastidas y Ana María Rodríguez

Tomada por: Cesar García

Érika Antequera había llegado del colegio junto con su hermano. Era el 3 de marzo de 1989, la radio de su casa, como era costumbre, llenaba los rincones con música. Su padre, José Antequera, un reconocido líder y activista de la Unión Patriótica (UP), había salido rumbo al Aeropuerto Internacional El Dorado en un viaje con destino a Barranquilla, su ciudad natal. Su madre se dirigía a la oficina en la que siempre había trabajado, era un día como cualquier otro para la familia.  

De repente, la música se paró. Se hablaba de un atentado en contra de Antequera. Érika, de apenas diez años, comenzaba a escuchar las primeras noticias de la muerte de su padre. El hecho se había convertido en noticia nacional en tan solo pocos minutos. Su madre, quien tuvo que regresar de urgencia, atravesó la puerta de la casa a toda prisa y tomó a sus dos hijos de las manos y, mirándolos a los ojos, les dijo “a su papá lo mataron”, contó Érika.  

Pasarían cerca de 34 años hasta que llegara el día en el que las preguntas de su hijo, un niño de 13 años intrigado sobre la figura de su abuelo materno, de quien poco había conocido, podrían contestarse mientras, juntos, veían la audiencia en la que la historia volvería a contarse. Érika había tomado la decisión de que su hijo “no padeciera la historia, sino que la comprendiera y entendiera, que fuera eso: historia”, explicó.

El pasado 30 de enero, en una audiencia transmitida desde Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano como responsable por el exterminio de la Unión Patriótica. Se declaró al Estado culpable por la violación de derechos humanos de alrededor de 6.000 víctimas pertenecientes a este partido político. Se declaró, además, que los hechos se dieron de manera repetitiva y sistemática en un periodo que comenzó cerca de 1984 y que duró más de 20 años.  

Con la firma del Acuerdo de Paz de La Uribe (Meta) en 1984, en el que el presidente de ese entonces Belisario Betancur firmó el cese al fuego con el grupo armado Farc-EP y comenzó     la Unión Patriótica como grupo político. Para 1986, con Virgilio Barco en la presidencia del país, se da el asesinato de Jaime Pardo Leal, líder de este partido recien creado.Este hecho marcó la persecución constante y violenta contra los militantes del partido en lo que se dice que fue una alianza entre el gobierno, grupos paramilitares y grupos al margen de la ley.  

“Ahora y siempre nuestra bandera es y será de la paz”, José de Jesús Antequera Antequera. 

 Mientras la Corte leía la condena al Estado por el exterminio de la UP, María Eugenia Guzmán y José Darío Antequera, madre y hermano de Erika, compartían con otras víctimas y abogados la felicidad de aquella noticia en el simbólico centro de la ciudad de Bogotá. Érika, por su parte, desde la lejanía, compartía con su hijo al que no le había podido contar el final que merecía la historia de su abuelo, José Antequera.  

 A pesar del ajetreo de vivir con un político importante, recuerda Érika, su día a día transcurría con normalidad. Si bien su padre era un personaje bastante ocupado, cuando llegaban las vacaciones, salían a disfrutar unos días en la playa. “Terminamos el colegio y nos íbamos a Barranquilla", contó. Eran dos semanas de vacaciones con escoltas incluidos, “pero ahí estaba él de todas formas en la celebración del cumpleaños de su abuela y en algunas otras reuniones,” añadió.  Pasaban celebraciones como en cualquier familia.  

 Según Érika, fueron escenas muy puntuales las que recuerda con su padre, pues él viajaba muchísimo y tenía muchas reuniones. Además, solía estar rodeado de mucha gente, siempre con buena música. Cada uno de sus recuerdos está acompañado de una canción, “tengo una que me recuerda al 3 de marzo y otras a las tardes en las que quizá yo loestaba esperando", explicó. En los libros, cuenta Érika, también lo encuentra. 

El asesinato de José de Jesús Antequera fue, como muchas muertes de la Unión Patriótica, prevista. Varios integrantes del partido venían denunciando las intenciones de exterminio que tenían los paramilitares en contra de la UP. De hecho, días antes de su asesinato, Antequera señaló a Fidel Castaño de ser parte de este plan. La angustia y las amenazas lo llevaron a alejarse, a querer salir de Bogotá y tomarse unos días en Barranquilla con su madre, pero tan sólo alcanzó a llegar al aeropuerto donde fue acribillado por un sicario.  

  El dolor se esparció por la ciudad. El alcalde de ese entonces, Andrés Pastrana, prohibió que se hicieran las honras fúnebres por temor a protestas. Cientos de personas salieron a marchar por el asesinato de Antequera, al igual que por la imposibilidad que impuso el alcalde para su velorio. De los encuentros resultaron varios heridos y un muerto. Al final, tuvieron que esperar cinco días para poder sepultarlo. 

La gente lloraba y gritaba de impotencia. Pero como ocurría con el resto de los asesinatos, al día siguiente tenían que continuar con su vida, llevando el dolor a su cotidianidad. “No nos dieron opción de vivirlo de otra manera. Mi mamá siguió trabajando en el mismo lugar, nosotros tuvimos que volver al colegio dos semanas después, como si nada hubiera pasado”, recordó  Erika Antequera. 

Erika rememoró el esfuerzo que hacía su madre por mantener la vida de ella y su hermano en una cierta normalidad. Lo logró en cierta medida, pero era casi imposible ocultar las ausencias que se iban sumando día a día y las huellas que cada partida dejaba. “Vivimos periodos de frustración porque no solamente mataron a mi papá, sino también mataron a muchos de sus amigos. Los recuerdo estando en la casa, celebrando alguna fiesta, una comida y, de repente, nunca más volvieron”. 

En los velorios se vivió el sufrimiento por quienes asesinaban, al igual que la angustia de que alguno de sus asistentes pudiese ser el siguiente en la lista. “Para mi mamá fue muy difícil ir de entierro en entierro durante años. Llegó un día en el que dijo no voy más o sino la siguiente voy a ser yo. No puedo más”, relató Antequera.  

A pesar de la tensa situación, la familia Antequera buscó hacer justicia por la muerte de José de Jesús. Guzmán, tocó varias puertas, pero era imposible cuando el silencio era dictadura. “En el momento que algún abogado quiso hacer algo, no corrió con buena suerte. No sé si al hombre lo mataron o le desaparecieron la familia, cualquiera de estas cosas atroces”, detalla Érika. Después de intentarlo por varios medios, llegó un momento en que su madre dijo, “yo no busco más, yo le entrego todo a Reiniciar y que la justicia me diga lo que tengo que hacer”.  

Estado y silencio

Con el fin de investigar y llegar a reclamar justicia por parte de las familias de las víctimas del genocidio, la Corporación Reiniciar surge en 1992. Este tiene como fin funcionar como una organización peticionaria ante el sistema interamericano. La demanda del caso de la Unión Patriótica se da en 1993, pero solo hasta mayo de 1997 fue aceptada ante la comisión. En este momento, se comienza a dar el proceso de búsqueda de las personas desaparecidas.  

Aunque inicialmente se recopilaron los casos de 1,200 hechos de violaciones de derechos humanos, a través de talleres por parte de la corporación, se fueron encontrando más víctimas y familiares. “Fuimos documentando los casos y se terminó entregando a la comisión y a la corte más de 6.500 víctimas de genocidio, aunque sabemos que no pudimos documentar todos los casos,” describió Pablo Arenales coordinador nacional de las víctimas y familiares del genocidio contra la Unión Patriótica. Dentro de esta investigación estaba el caso de José Antequera. Su familia entregó todo, fotografías, documentos y toda la historia que fue pedida por la corporación. 

Mientras la investigación corría, la familia Antequera intentó seguir el ritmo de la vida. Erika se fue para Madrid a estudiar periodismo en la Complutense. Se fue con el sueño de convertirse en periodista de guerra para luego volver a Colombia y cubrir el conflicto. Pero al llegar, la ciudad la conquistó, aparecieron nuevas oportunidades y entonces se cuestionó si cubrir violencia realmente era su sueño. Por esto, desde hace más de 20 años, está radicada en España.  

“Mi madre hizo lo que pudo para que tuviéramos una vida lo más normal posible y creo que la tuvimos, aunque con marcas para siempre. Eso luego determina tu forma de relacionarte, tu forma de ver el país, de percibir la política, de muchas cosas.”, recordó Erika.

Reiniciar ha sido una de las principales encargadas de combatir contra el silencio estatal. Como explica Arenales, el Estado colombiano nunca reconoció los hechos, “aun conociendo que había personas involucradas como agentes del estado, miembros del DAS y de la fuerza pública”. Los militantes del partido muchas veces denunciaron amenazas, planes de exterminio y de asesinatos de muchos dirigentes y “el Estado nunca tomó las medidas necesarias para protegerlos,” añadió Arenales. 

Por su parte, Érika también menciona que, en Colombia, este caso se caracterizó por la impunidad. “No hubo investigaciones y si las hubo, quien quiso investigar acabó también dentro del listado de las víctimas", señaló. De hecho, el silencio, la espera y las dificultades para la investigación han dificultado el proceso de señalar a un culpable específico. Esto es descrito por Érika como un proceso “difícil, es bien difícil establecer ese tipo de cosas y más cuando ha pasado tanto tiempo”.   

 

Actualizado el: Mié, 02/08/2023 - 20:26

Es uno de los hijos de Enilce López, ‘La Gata’, exempresaria del chance que fue condenada por homicidio agravado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. López se involucró en la política de la Costa Caribe desempeñándose como alcalde de Magangué, Bolívar, en el 2003. 

En 2004, fue procesado por el homicidio de Yamil Kasser Alí, un empresario conocido de la zona que fue asesinado en la puerta de su negocio. A este hecho se le sumaron los asesinatos del periodista Enrique Prins Velázquez, en 2005, quien también se desempeñaba como edil en el municipio y Édgar Carrasquilla, representante legal de Unicat, casa de apuestas de propiedad de ‘La Gata’. Los tres homicidios ocurrieron en Magangué. José y Héctor, hermanos de Jorge, también fueron investigados por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, pero ambos fueron dejados en libertad por vencimiento de términos. 

Jorge, junto con su hermano Héctor intentaron acogerse a la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) por estos crímenes. Al primero, se le sumaron  los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, una acción de extinción de dominio y concierto para delinquir en 2018. Sin embargo, ambos fueron rechazados por esta instancia. La JEP fundamentó su decisión de rechazar a Jorge Luis al señalarlo de no aportar la verdad de manera precisa y negar los vínculos que él y su madre tienen con el paramilitarismo. 

Aunque había sido condenado a 39 años de prisión en 2015, pena rebajada a 29 años en 2017, había recibido casa por cárcel desde el 14 de octubre de 2021 por supuestas enfermedades de gravedad que le impedía estar recluido en la cárcel de mediana seguridad de Sabanalarga, Atlántico. En una inspección que se realizó a su celda en 2019 se encontraron elementos de lujo como televisores, decodificadores, relojes inteligentes, entre otros.

Al día de hoy, todavía aparecen 25 propiedades a su nombre. Entre él, sus dos hermanos y su madre tienen 79 propiedades. La mayoría de estas están ubicadas en Sincelejo, Magangué, Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. 

Jorge Luis Alfonso López tiene 25 propiedades a su nombre y La Gata tiene 15. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) dijo que dentro de los 8 mil bienes perdidos de la mafia hay 8 de la gata. Héctor Julio Alfonso López (fue senador por Bolívar) tiene 20 propiedades a su nombre y José Alfonso López tiene 19. 

El caso de Prins 

Rafael Enrique Prins Velásquez fue asesinado por dos sicarios en el ‘Parque de la Energía’, en Magangué, Bolívar. Estos fueron luego reconocidos como guardaespaldas de ́La Gata ́. Prins tenía un periódico llamado ‘El Apocalipsis’, en el que investigaba las acciones de la administración del municipio. En este medio que circulaba de manera clandestina criticó fuertemente la alcaldía de Alfonso López, lo que desencadenó diferencias entre el periodista y el entonces alcalde. 

La FLIP, en una nota de conmemoración de la muerte de Prins, afirmó que Magangué se encontraba llenó de personas armadas durante la alcaldía López. “El temor y el silencio comenzaron a apoderarse de la población y los medios de comunicación se silenciaron frente a las sospechas de corrupción de la administración”, se detalló en la nota. Sin embargo, el único que denunció tales irregularidades, a pesar de la precariedad de la situación, fue ‘El Apocalipsis’.

En 2014, el Fiscal 25 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH solicitó condenar a Jorge Luis Alfonso López por el asesinato de Prins. Durante esta audiencia, el fiscal recordó que uno de los testigos presentados en el proceso, quien afirmaba haber hecho parte de las Autodefensas de la región, tuvo conocimiento de la orden que habría dado Alfonso López para asesinar al periodista.

 

Actualizado el: Jue, 02/09/2023 - 16:31

Este miércoles, 23 de noviembre, hacemos un día de apoyo al periodismo independiente. En Rutas del Conflicto queremos seguir investigando y para ello, necesitamos tu apoyo: puedes donar en vaki.co/diaxrutas y aportar para nuestro trabajo. Durante estos siete años nos hemos convertido en una biblioteca de información sobre el conflicto armado, construida desde las voces de las víctimas en un ejercicio que aporta desde el periodismo a la creación de una memoria más incluyente sobre la violencia y la resiliencia.

 

vaki.co/diaxrutas

Actualizado el: Mié, 11/23/2022 - 12:15

Desde el 22 hasta el 31 de octubre de 1997, un grupo de aproximadamente 150 paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) entre ellos tropas del das n, todos bajo el mando de Isaías Montes Hernández, alias ‘Yunior’ y respaldados con un anillo de seguridad del Bloque Mineros del Bajo Cauca, comenzaron una serie de asesinatos desde los corregimientos de Puerto Valdivia hasta El Aro, en Ituango, Antioquia. Con lista en mano acusaron a pobladores de ser colaboradores de grupos guerrilleros, posteriormente asesinaron y torturaron a 12 personas, desplazaron a otras 1472 hacia el resto del departamento, quemaron 42 de las 60 casas del pueblo, hurtaron 1200 reses y secuestraron a quienes les ayudaron a llevarlas. 

Rubén Dario Pinilla, quien para entonces era presidente de la Sala Penal de Justicia, aseguró en una entrevista para Consejo de Redacción, que el alcalde de Ituango, José Milagros López advirtió sobre la masacre a la Gobernación de Antioquia y a la IV Brigada del Ejército.  Sin embargo, no se tomaron acciones para evitarla. Además, la población denunció que durante y después de la masacre estuvo totalmente desprotegida por la Fuerza Pública. “La alianza que hubo entre paramilitares, militares y autoridades civiles es una cuestión que está fuera de toda duda, eso fue un acto coordinado con Estado y ejecutado en asociación con autoridades civiles, fuerza pública y paramilitares”, afirmó Pinilla.

El ex paramilitar de mando medio, Francisco Enrique Villalba Hernández, alias ‘Cristian Barreto’, quien participó en la masacre de El Aro y se entregó a la justicia tres meses después, afirmó en 2008 que los exjefes paramilitares Salvatore Mancuso, Carlos Castaño Gil y el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez le otorgaron una condecoración por la masacre. “Hubo un discurso de Carlos Castaño, y él después me llamó y me dijo: ‘él es el gobernador de Antioquia, el doctor Álvaro Uribe, usted fue exitoso para la operación, siempre por eso le he tenido confianza para las operaciones delicadas.’ (…) Hizo el discurso Álvaro Uribe y dijo que la operación había sido un éxito, nos daba las gracias (…) Carlos Castaño sacó una medalla de oro que tiene el mapa de Colombia con un campesino parado en el centro con una bandera y dice AUC y me la dió como condecoración, ahí terminó la reunión”, declaró Villalba. 

Sin embargo, unas semanas después, Francisco Villalba se retractó de sus declaraciones en una carta que llegó a la Casa de Nariño y que iba dirigida abiertamente a Álvaro Uribe, presidente de Colombia para ese momento. “Quiero pedirle perdón a usted, por haber mancillado su nombre y ponerlo en la palestra pública” escribió Villalba. Pero el 12 de noviembre de 2008 en la Secretaría de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, el ex paramilitar aseguró que había sido engañado para firmar un papel en blanco y allí mismo advirtió que podría se asesinado por las declaraciones que entregó sobre la presunta participación de Uribe Vélez en las masacres de Ituango. Cinco meses después, Villalba fue asesinado por sicarios en La Estrella, zona al sur de Medellín. En ese momento el ex paramilitar  pagó su condena de 33 años de prisión con el beneficio de casa por cárcel, que recibió al haberse acogido a la Ley de Justicia y Paz. 

Dentro de las personas que se vieron involucradas por las declaraciones de Villalba, también estuvo el secretario de gobierno de Álvaro Uribe, Pedro Juan Moreno, quien presuntamente tuvo conocimiento previo sobre la toma del corregimiento. Moreno también fue acusado por Pinilla de ser  uno de los integrantes de la comisión de “Los Notables”, un grupo de seis destacados políticos e industriales de Colombia, que funcionó como el cerebro del paramilitarismo durante los años noventa. Esto lo confirmó el exjefe paramilitar, Diego Fernando Murillo Bejarano,  alias ‘Don Berna’ en 2012 frente a fiscales de Justicia y Paz.  “Esta acción fue una petición del doctor (Pedro Juan) Moreno, ya que él (Valle) estaba haciendo una investigación sobre los hechos que ocurrieron en El Aro, Ituango”, afirmó Murillo Bejarano. 

Pedro Moreno murió en un accidente aéreo en 2006. Sin embargo, en declaraciones que entregó el ex paramilitar Daniel Rendón Herrera alias “Don Mario” a la Fiscalía,  se asegura que Vicente Castaño planteó que la muerte de Moreno no hubiese sido un accidente, sino una forma de eliminarlo por ser la piedra del zapato de Uribe Vélez, debido a una posible vinculación con nexos paramilitares.  

Por este caso, la justicia colombiana condenó en su  ausencia a 40 años de prisión a Carlos Castaño y a Salvatore Mancuso, por considerarlos como los determinadores o autores materiales ya que planearon la masacre en una finca ubicada en zona rural del municipio de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño. Sin embargo, debido a la desmovilización negociada con el gobierno de Uribe entre 2004 y 2008, su sentencia actual es de ocho años.

En 2008, Mancuso fue extraditado a Estados Unidos por narcotráfico, en donde pagó 15 años de condena. Según BBC News, actualmente la Interpol tiene vigente una circular roja para detenerlo antes de que logre ser deportado a Italia, no sólo para pagar los crímenes de los que aún es acusado sino para esclarecer la verdad que aún esperan las víctimas en Colombia. Una decisión judicial y administrativa definirá su permanencia o traslado a Italia, ya que dice temer por su vida en Colombia al haber denunciado a más de un elemento del poder en el país. "Quienes no quieren que la verdad se sepa son hoy poderosos o, incluso, más poderosos de lo que fueron en aquellos aciagos tiempos" dice Mancuso.

Por este caso también se abrió investigación penal al teniente Everardo Bolaños Galindo, al prófugo cabo primero, Germán Alzáte Cardona alias “Rambo” y en 2001, la Procuraduría archivó la investigación disciplinaria de Carlos Alberto Ospina Ovalle, ex comandante de la Brigada del Ejército.

En 2014, El Tribunal Superior de Medellín abrió una investigación penal contra Álvaro Uribe Vélez por posibles vínculos con el paramilitarismo pero el caso no tuvo ningún avance. El 31 de mayo de 2018, en el curso de la indagación previa contra Uribe, la Corte Suprema de Justicia declaró de lesa humanidad el asesinato de Jesús Maria Valle y las masacres de La Granja, El Aro y San Roque en el municipio de Ituango. Esto significa que los hechos punibles no tienen caducidad de tiempo para ser investigados y juzgados. 

Finalmente, en agosto de este año, según la W Radio, la Corte Suprema de Justicia ordenó pruebas en el proceso que recoge dos masacres, el crimen de Jesús María Valle y nexos con grupos de Autodefensas. La Corte solicitó a diferentes instituciones trasladar copias de documentos, denuncias y procesos que se han abierto desde la fecha de las masacres en Ituango. 

Entre algunos de los documentos, por ejemplo, están de las denuncias hechas por Jesús María Ovalle a la Defensoría del Pueblo en los años 96, 97 y 98 del municipio de Ituango; al Senado y a la Cámara de Representantes una copia de los periodos legislativos del ex senador Uribe; a la Procuraduría, una copia de la investigación penal que se le abrió a algunos ex militares por la masacre del Aro, y a todos quienes llevan procesos relacionados a esta, vínculos con el paramilitarismo y el ingreso irregular de bienes y propiedades de Uribe. Así como los testimonios de varios ex paramilitares como Ramiro Vanoy, alias ‘Cuco Vanoy’ y por otro lado, de el exfiscal Jorge Perdomo. La Fiscalía es quien tiene hoy el proceso en sus manos y a quien le corresponde avanzar con él. 

La sentencia de la Corte

En julio de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado Colombiano por omisión y participación en la masacre de el Aro. “La  responsabilidad del Estado por dichos actos, los cuales se enmarcan dentro de un patrón de masacres semejantes, se deriva de los actos de omisión, aquiescencia y colaboración por parte de miembros de la Fuerza Pública  apostados en dicho municipio.” se lee en la ficha técnica de la CIDH. 

En la sentencia se le ordenó al Estado colombiano proveer justicia; reparar a las víctimas psicológica, económica y socialmente; garantizar su seguro retorno al corregimiento si así lo desean y así mismo, las condiciones necesarias para su estadía allí; reconocer públicamente la responsabilidad internacional del Estado; conmemorar con una placa los actos cometidos e implementar programas de educación en derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario permanentes dentro de las fuerzas armadas colombianas. Por último, lo condenó a pagar 15,000 dólares al Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos y la cantidad de  8,000 dólares a la Comisión Colombiana de Juristas por concepto de costos y gastos. 

Hasta hoy, los hechos ocurridos en El Aro, han quedado en la impunidad y de las exigencias que la CIDH le hizo al Estado para resarcir el daño ocurrido por las masacres, se han cumplido sólo unas cuantas. “Hay personas que, hoy en día, no han regresado desde que pasó y ni piensan ni quieren ir porque las huellas y el daño psicológico que dejó la masacre es impresionante”, aseguró la integrante del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos, María Victoria Fallon para El Espectador en 2020. Sólo hasta 2017, se firmó un acuerdo parcial con el gobierno de Santos para la atención en salud física y mental que el Estado debía proveer a las víctimas por el tiempo necesario y de manera gratuita, pero según la postura oficial no se podían cambiar las cuotas moderadoras o copagos para recibir esta atención sin ningún cargo económico. 

“La percepción que tienen las víctimas en general de Ituango es que no se ha hecho justicia. Ellas siguen sintiendo que no se ha dicho lo que se tiene que decir porque la gente quiere saber la responsabilidad que hubo de los grandes empresarios, del gobernador de Antioquia y de su gabinete, de la comandante de la IV Brigada” afirmó Fallon. 

Actualizado el: Mar, 11/01/2022 - 14:45

POR: Por Pilar Puentes Espinosa, María Mónica Acuña Berrío, Pablo Navarrete, Oscar Felipe Agudelo, Andrés Felipe Carmona y Nicolás Sánchez *especial para Colombiacheck 

Un total de 273 páginas contiene el documento revelado por la formación política, opositora al Acuerdo de Paz firmado con las Farc en el 2016, y que desde que se reveló el informe final elaborado por la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, CEV, el pasado 28 de junio, centró sus esfuerzos en cuestionar, desacreditar los hallazgos de la entidad y señalar las omisiones, que a su juicio, cometieron.

La cartilla ¿Cuál Verdad? que se propone como una “primera aproximación alternativa al informe de la Comisión de la verdad”, contiene un total de 15 capítulos escritos por varias figuras de ese partido como las senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, así como el ex ministro de Defensa, Diego Molano; el ex director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Darío Acevedo y el ex fiscal Néstor Humberto Martínez.

Otros autores que firman capítulos en dicha cartilla son el abogado Miller Soto; el representante a la Cámara, José Jaime Uscátegui; la ex representante, Margarita Restrepo; el ex superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez; la ex ministra, Nancy Patricia Gutiérrez y la directora del Centro Democrático, Nubia Stella Martínez.

Sin embargo, hay un capítulo titulado: “Informe de la Comisión: para que los victimarios del ayer sean los héroes hoy”, cuyo autor no se revela y aparece bajo la figura de “autor reservado”.  

Para Uribe, el descrédito del informe final es la oportunidad de reagrupar las fuerzas del partido, tal como lo reseñó en este informe de Noticias Uno, el pasado 16 de agosto, que reveló las directrices dadas por el expresidente en una reunión virtual con sus alfiles.

Días antes Uribe ya había revelado sus intenciones, cuando en este tuit, del 10 de agosto, precisó que “Por pedido de muchas personas el Centro Democrático publicará una Cartilla Alternativa(¡Cuál Verdad!, en cuya elaboración participan organizaciones de víctimas, ONGs y personas de otras tendencias políticas”.

Por pedido de muchas personas el Centro Democrático publicará una Cartilla Alternativa(¡Cuál Verdad!, en cuya elaboración participan organizaciones de víctimas, ONGs y personas de otras tendencias políticas

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 10, 2022

 

Así que en Colombiacheck, en el marco del proyecto ‘Memorias del Conflicto, mentiras y verdades acerca del informe final’, nos dimos a la tarea de leer la cartilla en mención y encontramos nueve frases verificables en cinco de sus capítulos.

En términos generales, ¿Cuál verdad? refuerza la narrativa de este sector político que el Acuerdo de paz con las Farc es ilegítimo y por tanto todas las instituciones creadas a partir del mismo lo son. Así lo ratifica en las primeras frases, el principal ideólogo de la cartilla en su capítulo, “¿Cuál Verdad? Séptimo Borrador, seguimos en construcción”, Álvaro Uribe Vélez.

Allí, el expresidente afirma, “Debe recordarse que la Comisión de la Verdad nació del anti democrático procedimiento de enmendar un plebiscito con una proposición del Congreso. Esto es, el pronunciamiento popular que dijo No al Plebiscito sobre el acuerdo de La Habana fue desconocido por el Gobierno de la época, que hizo unos ajustes superficiales y consiguió que el Congreso lo aprobara con una proposición, no hubo proyecto de ley ni de Reforma Constitucional, una mera proposición”.

Por su parte, en el capítulo 2 de la cartilla, su autor, el ex director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Darío Acevedo, señaló a la entidad de omitir algunos hechos de la historia del conflicto, pero estos quedaron consignados en informes que Acevedo no leyó, lo que nos admitió en Colombiacheck.

Así es que las frases seleccionadas como objeto de este chequeo son:

Álvaro Uribe Vélez

Capítulo 1: ¿Cuál verdad? Séptimo Borrador, seguimos en construcción

“El Gobierno Nacional, apoyado por sus mayorías en el Congreso de la República, modificó las condiciones vigentes sobre plebiscitos, redujo el porcentaje de participación de la ciudadanía al 13 por ciento” 

En Colombiacheck verificamos si para el plebiscito por la paz se “modificó las condiciones vigentes sobre plebiscitos” y se “redujo el porcentaje de participación de la ciudadanía al 13 por ciento”.  Esta afirmación se puede corroborar según la sentencia C-379 de 2016 de la Corte Constitucional (Tribunal de Cierre) y lo referido en el informe de observación “Plebiscito de Refrendación de los acuerdos de paz” de la Misión de Observación Electoral, MOE. 

Para facilitar la aprobación del plebiscito, el Congreso aprobó la Ley 1806 de 2016: “Por medio de la cual se regula el plebiscito para la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la  construcción de una paz estable y duradera”. 

Así quedó establecido en el artículo 2 párrafo tercero de la mencionada ley: 

“Se entenderá que la ciudadanía aprueba este plebiscito en caso de que la votación por el sí obtenga una cantidad de votos mayor al 13% del censo electoral vigente y supere los votos depositados por el no”. 

La Ley pasó a control de constitucionalidad por parte del Tribunal de Cierre y éste aprobó la reducción del umbral.
 

Luego de las modificaciones del umbral originadas desde el Congreso de la República y avaladas por la Corte Constitucional, la MOE hizo un análisis de todo lo que se hizo para lograr la refrendación de los acuerdos de paz y en su informe explicó: 

“Sobre este asunto la MOE plantea como postura organizacional el que la eliminación del umbral de participación e implementación de un umbral de aprobación incentiva la participación además de generar un mayor equilibrio entre las posturas en contienda. Así mismo se plantea que este mismo criterio debería replicarse para los otros mecanismos de participación ciudadana directa, salvo el caso de la revocatoria de mandato”.

Danilo Sepúlveda, subcoordinador de justicia electoral de la MOE le dijo a Colombiacheck que “lo que hizo la Ley 1806 de 2016 fue establecer una forma diferente de calcular el umbral necesario para la refrendación popular mediante el plebiscito como mecanismo de participación, al pasarse de un umbral de participación a uno de elección”.

Y añade: “Para el plebiscito, la Ley 134 de 1994 y 1757 de 2015 establecen un umbral de participación del 50% del censo electoral. Esto quiere decir que un plebiscito ordinario será válido siempre que al menos la mitad de las personas inscritas en el censo electoral efectivamente voten, sin importar el sentido en que lo hagan. Como lo dijo la Corte Constitucional, para el umbral de participación del 50%, se cuentan tanto los votos del ‘sí’ como los votos del ‘no’, con lo cual, el umbral de aprobación sería la mayoría simple de los votos depositados. En cambio, lo que se dispuso para el denominado Plebiscito por la Paz fue un umbral de participación, según el cual, se entendería aprobado el plebiscito siempre que el “si” tuviera una cantidad de votos mayor al 13% del censo electoral y superara los votos del no”. 

Sepúlveda agregó que lo modificado (el umbral) “solo aplicó para el Plebiscito por la Paz, de manera que siguen vigentes las reglas del umbral de participación del 50% del censo electoral para cualquier plebiscito que se promueva”.

Por todo lo anterior, calificamos como verdadero lo dicho por el expresidente Uribe en relación con la reducción del umbral y la modificación de las condiciones vigentes sobre plebiscitos. 

Darío Acevedo

Capítulo 2:  La Verdad o una compilación de lugares comunes” 

“No hay una sola referencia al papel y la influencia de las teorías marxistas y comunistas en el CAI (conflicto armado interno), siendo como han sido, determinantes en el surgimiento de grupos guerrilleros, como también de agrupaciones legales que justifican el accionar de aquellos. No se hace referencia, en particular, al rol del partido comunista colombiano (sic) en el surgimiento y apoyo de las FARC-EP y en la aplicación de la combinación de todas las formas de lucha que dejó graves traumas en la sociedad y afectó el desarrollo de organizaciones legales de izquierda”.

El exdirector del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), Darío Acevedo,  cuestiona a la Comisión por supuestamente omitir asuntos neurálgicos relacionados con el conflicto armado. Sin embargo, solo se basa en el documento más corto que publicó la entidad. Los puntos señalados por él sí están incluidos en el informe final ‘Hay futuro si hay verdad’.

Sin embargo, el informe final está compuesto por 13 capítulos. Acevedo nos explicó en Colombiacheck que centró su análisis en la Declaración de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, a la cual catalogó como “el documento síntesis de los llamados hallazgos de la CEV”.

En Colombiacheck buscamos entre los informes de esa entidad para verificar si hay referencias a los temas que reclama el exdirector del CNMH. 

En la Declaración para el Esclarecimiento de la Verdad no se encuentra referencia a lo que menciona Acevedo. Sin embargo, en el informe ‘No matarás’ hay varias menciones a la influencia que las teorías marxistas tuvieron en la formación y el accionar de varias guerrillas.

En la página 107 de ese volumen del informe final, la Comisión hizo una crítica sobre las corrientes ideológicas que asumieron algunas guerrillas:

“Si bien Colombia tenía una democracia restringida no solo por el Frente Nacional sino por las instituciones y normas que emanaban de la Constitución de 1886, las guerrillas también carecían de sustrato democrático, ya que se inspiraban en modelos de sociedad autoritarios, como el de la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) o el de la revolución cultural de China, que también cercenaron libertades y derechos. En regiones como el Magdalena Medio, Córdoba y Urabá, estos autoritarismos despertaron, en los años posteriores, reacciones en contra de estas guerrillas y alimentaron los argumentos de la extrema derecha armada”.

Otra referencia al mismo tema se centró en la doctrina del Ejército Popular de Liberación. “El EPL fue maoísta y su estrategia era la guerra popular prolongada, en teoría iba del campo a la ciudad a partir de ir «liberando» territorios e instaurando gobiernos revolucionarios a través de las denominadas juntas patrióticas, como estructuras para el «trabajo de masas»”, se lee en la página 88 del informe ya citado.

Otro de los apartados en los que la Comisión señaló las bases doctrinarias de las guerrillas se encuentra en la página 491 del mismo documento:

“Al comienzo, la guerra consistió en el enfrentamiento de grupos marxistas o revolucionarios alzados en armas que iban por el poder del Estado de manera paulatina (acumulando fuerzas) o súbita (insurrección) contra un Estado en formación, dominado por sectores políticos y élites tradicionales que, a pesar de sus contradicciones internas, defendieron el statu quo. Paradójicamente, la decisión de aquellos sectores de las izquierdas de emprender la lucha armada y de combinar votos y protestas con armas, lejos de producir las transformaciones que esperaban, terminó en el largo plazo reforzando las estructuras de poder existentes y pospuso o ralentizó los cambios sociales, políticos, económicos y culturales que demandaron distintos sectores de la sociedad colombiana”.

Hay más menciones sobre las teorías marxistas y la naturaleza comunista de algunas guerrillas en el mismo informe. Por lo tanto, es cuestionable afirmar que la Comisión no hizo referencia al tema.

En cuanto a la cercanía del Partido Comunista Colombiano (PCC) con las FARC y la adopción de la combinación de todas las formas de lucha, la Comisión también hizo varias referencias (ver: Falso: Comisión de la Verdad no omitió la farcpolítica, como dijo Uribe). Por ejemplo, en la página 81 de ‘No matarás’ dice: “El PCC en su Décimo Congreso definió que entre la lucha de masas y la lucha guerrillera no había contraposición alguna. La decisión de asumir la combinación de las formas de lucha permitió al PCC conciliar sus dos líneas: la que privilegiaba la lucha electoral y de masas, y la que optaba por la lucha armada. Al calor de la pacificación del Frente Nacional se había engendrado una nueva guerra”.

“En 1961 el IX Congreso del PCC aprobó la combinación de formas de lucha como estrategia. Las armas ya no eran solo para la autodefensa, sino para acceder al poder, en combinación con la lucha social, electoral y armada”, dice en otro apartado de No Matarás.

Pero no es el único informe que aborda esa relación, en ‘Hasta la guerra tiene límites’ se lee: “En 1964, las FARC nacieron producto de ese levantamiento en armas de los sectores campesinos. Durante casi tres décadas, tuvieron una relación estrecha con el Partido Comunista”. Incluso, la entidad señaló que durante años hubo un “ambiente de indiferenciación” entre la estructura armada, el PCC y la Juventud Comunista. La Comisión de la Verdad recordó que esas relaciones entre el PCC y las Farc se romperían tiempo después.

En Colombiacheck llamamos a Acevedo y le dijimos que hay diferentes alusiones a los fenómenos que él afirmó que la Comisión había omitido y admitió: “Hay referencias, pero son aisladas porque el grueso de las conclusiones apunta a que el principal responsable es el Estado colombiano, la misma sociedad colombiana, la ausencia de democracia, la ausencia de oportunidades". 

También le preguntamos si había leído el informe No matarás y reconoció: “No, ese informe no lo leí”. “Esperaría conocer los 9 tomos, me gustaría mucho tener a la mano todo el informe completo (...) Hasta ahora no los conozco, porque como el padre de Roux dijo que eso iba a salir periódicamente", aseguró Acevedo. 

Sin embargo, todos los tomos completos están publicados en la página de la Comisión de la Verdad desde el pasado 8 de agosto, es decir casi dos meses antes de la publicación del artículo escrito por el exdirector del Centro Nacional de Memoria Histórica. ‘No matarás’ fue publicado el 4 de agosto de 2022.

"Lo que yo escribo tampoco es una cuestión definitiva, lo digo en el artículo es una cuestión centrada en ese folleto azul que fue el que tuve en mis manos y en la experiencia que viví en el teatro Jorge Eliécer Gaitán", insistió Acevedo. Se refería al lanzamiento del informe final que se dio el 28 de junio de 2022.

“No se alude a la influencia de la revolución cubana, a la política de impulso a la revolución continental y antiimperialista pregonada por el castro-guevarismo y por el partido comunista cubano que creó el Departamento América en su Comité Central para concretar y apoyar a las guerrillas en América Latina. Tampoco se dice algo sobre cómo se formó, armó y entrenó en Cuba el ELN (1964) y años después al M-19” 

Otro de los señalamientos de Acevedo es que la Comisión no se refirió a la influencia de la revolución cubana ni al papel que desempeñó ese país con respecto al conflicto armado. Si bien no se encuentra en la Declaración, en otros informes hay varios apartes con información relacionada.

Por ejemplo, refiriéndose a las conclusiones de las autodefensas campesinas en las que acordaron que el Partido Comunista y la Juventud Comunista enviarían instructores políticos desde las ciudades, la Comisión concluyó: “Si a eso se suma el entusiasmo que produjo el triunfo de la Revolución cubana, puede explicarse por qué en 1961 el IX Congreso del PCC aprobó la combinación de formas de lucha como estrategia”.

“Cuba desempeñó un papel de apoyo político y militar para las guerrillas colombianas hasta los años ochenta. En diversos testimonios para la Comisión de la Verdad, miembros de los grupos armados (FARC-EP, ELN, EPL y M-19) admitieron que recibieron entrenamiento militar en la isla y en otros países del eje socialista, así como apoyo logístico y protección humanitaria cuando la necesitaron”, señaló la Comisión en la página 59 de ‘No matarás’. Eso da cuenta de que la entidad sí expuso el papel de ese país en algunos pasajes del conflicto colombiano.

Incluso, el reclamo de Acevedo sobre la omisión del entrenamiento recibido por algunas personas en Cuba también carece de sustento. “Para finales de 1962 un nutrido grupo de jóvenes colombianos, casi todos estudiantes menores de 25 años, estaba en Cuba recibiendo entrenamiento militar y político mientras la Guerra Fría entraba en uno de sus capítulos más tensionantes: la crisis de los misiles instalados por la Unión Soviética en la isla. Al regresar se darían a la tarea de fundar nuevas guerrillas, entre ellas el ELN y el EPL, aupados por un intenso movimiento universitario, por algunos sindicatos y el activo movimiento campesino”, se lee en la página 75 de ‘No matarás’.

“Los fundadores del ELN fueron instruidos en Cuba y copiaron la teoría del foco guerrillero que había funcionado de manera excepcional en la isla”, recalcó la entidad en la página 83 de dicho documento.

Es así que la Comisión de la Verdad sí investigó y analizó el papel que jugó el país centroamericano en diversas etapas del conflicto armado colombiano, así como también se refirió a la influencia del marxismo en las guerrillas. Por lo tanto, es necesario hacer la claridad que estos temas no están en el único documento que leyó Acevedo, pero sí se encuentran en otros capítulos del informe final, por lo que concluimos que las afirmaciones de Acevedo son cuestionables.

María Fernanda Cabal

Capítulo 3: La Omisión de la verdad, una injusticia más

“Esa Comisión, que yo llamo la Omisión de la Verdad, no ha hecho más que recoger informes de colectivos de abogados de izquierda”: María Fernanda Cabal

 

Desde que se publicó el Informe Final de la Comisión de la Verdad el pasado 28 de junio, la senadora María Fernanda Cabal ha sido una de las mayores detractoras del trabajo hecho por la entidad y lo consignado en dicho documento. No se quedó atrás en la publicación de la cartilla ‘Cuál Verdad’ que sacó su partido, el Centro Democrático, y escribió el capítulo ‘La omisión de la verdad, una injusticia más’. 

En esta oportunidad, y a lo largo de dos páginas, cuestiona el trabajo de la Comisión de la Verdad y afirma: “Esa Comisión, que yo llamo la Omisión de la Verdad, no ha hecho más que recoger informes de colectivos de abogados de izquierda, de la ONG Justicia y Paz, que también es del cura Javier Giraldo”. En Colombiacheck revisamos esa afirmación y la calificamos como falsa. Aquí las razones:

Desde la creación de la Comisión de la Verdad hasta diciembre de 2021 la entidad recibió 962 informes y 635 casos sobre el conflicto. Muchos de los textos que llegaron para el esclarecimiento fueron producto de organizaciones sociales, medios de comunicación, universidades, personas que han brindado información sobre hechos que describen violaciones de derechos humanos e instituciones del Estado como el Centro de Memoria Histórica y agentes del estado. 

Por ejemplo, el 10 de septiembre de 2020 la Fuerza Aérea entregó  el segundo informe colectivo de miembros de la Fuerza Aérea, víctimas del conflicto armado interno. Un documento que aborda las afectaciones individuales y conflictivas de los militares, sus familias y la institución. Según datos proporcionados por la Comisión, en total recibieron 158 documentos entregados por la Fuerza Pública. De estos, el Comando General de las Fuerzas Militares entregó 14, el Ejército Nacional de Colombia presentó 107, la Fuerza Aérea Colombiana 6, la Armada de Colombia entregó 12 y la Policía Nacional de Colombia 19. 

Como ya contamos en Colombiacheck  en este explicador, el Informe Final en el capítulo de hallazgos y recomendaciones explica en la página 136 que utilizaron 112 bases de datos de análisis cuantitativo de fundaciones y entidades que ya desarrollaban procesos de escucha y metodologías investigativas con víctimas del conflicto armado. Esto es lo que dice:

“El Centro Nacional de Memoria Histórica, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización; el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; Jurisdicción Especial para la Paz; la Procuraduría General de la Nación (PGN); la Policía Nacional; el Registro Único de Víctimas; entre otras; y 25 de organizaciones de la sociedad civil, como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos; el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz; la Organización Nacional Indígena de Colombia; y País Libre, entre otras”.

También se ha explicado porque organizaciones como ‘Rosa Blanca’ no fueron partícipes en la entrega de información ni en los espacios de escucha. Como se publicó , la Comisión y la corporación tuvieron un desacuerdo en la forma de acompañamiento psicosocial, en la que la entidad exige para poder llevar a cabo estos encuentros. 

Esto también ya lo detallamos en el explicador titulado ¿Por qué los testimonios de Rosa Blanca no salieron en el informe de la Comisión de la Verdad? en el que explicamos que hubo desacuerdo entre ambas partes por el proceso de “acompañamiento psicosocial” que debía realizar la Comisión. La corporación no estuvo de acuerdo con este tipo de acompañamiento mientras que para la Comisión era “uno de los criterios éticos dispuestos” en la metodología de la entidad.

ColombiaCheck se contactó con el equipo de prensa de la senadora Cabal para conocer las fuentes y detalles de su afirmación, pero no ha contestado. 

Así que tras estas evidencias, calificamos como falso por la senadora Cabal, que los únicos que entregaron información a la Comisión hayan sido organizaciones de izquierda, pues está claro que las fuentes y bases de datos consultadas incluyen a organizaciones de todo tipo y tendencia.

Paloma Valencia

Capítulo 6: La Comisión de la Verdad y el narcotráfico

“Sorprende que la Comisión no haya hecho un ejercicio preciso sobre el narcotráfico como el motor de la violencia en Colombia”.

Para la construcción del componente de narcotráfico, incluido en el capítulo de “Hallazgos y recomendaciones” del informe final, la CEV contó con el grupo de trabajo ‘Narcotráfico, economía de drogas ilegalizadas y conflicto armado’, coordinado por Estefanía Ciro, doctora del Programa de Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, Unam, e investigadora del colectivo “A la Orilla del Río”

La investigadora, en diálogo con Colombiacheck, explicó que los ejes centrales del componente de narcotráfico, están basados en entender cuáles han sido todos los vasos comunicantes del narcotráfico con el conflicto armado.  Las preguntas que sirvieron como hoja de ruta de la investigación, cuenta Ciro, respondieron a tres interrogantes principales: ¿cómo es violento el narcotráfico en lo político?, ¿cómo es violento en tanto a la economía y el funcionamiento ilegal? y ¿cómo es violento en tanto es un ejercicio de poder?

¿De dónde surgió la información del componente de narcotráfico?

De acuerdo con información consignada en el informe final y explicaciones dadas por Estefanía Ciro, las fuentes citadas a continuación fueron varias de las consultadas por la CEV para la construcción de los textos sobre narcotráfico que están en el informe final presentando al país el 28 de junio pasado:

• Entrevistas colectivas e individuales con líderes de las marchas campesinas de 1996, también con campesinos cultivadores de coca en Córdoba, Nariño, Bolívar.

• Entrevistas con “Víctimas de la política antidrogas y de la guerrilla en los Parques Nacionales durante el conflicto y que siguen siendo violentadas en el posacuerdo”.

• Espacios de escucha con organizaciones que representan a las mujeres que están en cárceles del país acusadas de tráfico de drogas.

• Entrevistas con funcionarios públicos que han trabajado en el tema antinarcóticos, de desarrollo alternativo y del Plan Colombia-Plan Patriota-Plan Consolidación, así como con funcionarios y partícipes de la implementación del Acuerdo de Paz.

• Se realizaron entrevistas colectivas e individuales a participantes de pueblos étnicos.

• Entrevistas a algunas personas de las Fuerzas Militares y policías que quisieron colaborar con su experiencia.

• Pilotos y personas involucradas con el tráfico de cocaína.

• Presos en los Estados Unidos por tráfico de drogas

• Entrevistas con extrabajadores o personas relacionadas con los carteles de cocaína en los años ochenta. 

• Entrevistas con actores extranjeros que formaron parte de estas políticas, con excombatientes y exparamilitares. 

Además de todo lo anterior, la Comisión recolectó testimonios de políticos, jueces, abogados, víctimas o críticos del narcotráfico, la política antidrogas y las economías de la cocaína. 

“También se hizo una revisión documental de archivos –algunos inéditos en el país– como el Proyecto Colombia del National Security Archive, archivos del Ministerio de Defensa y de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, entrevistas a excombatientes de la Agencia de Reincorporación Nacional, actas de la Aerocivil, sentencias de Justicia y Paz-Sala de Casación Penal, actas del Consejo Nacional de Estupefacientes, actas del Consejo de Ministros, actas del Ministerio del Medio Ambiente, correos de Vicente Castaño y Salvatore Mancuso, casos de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF), archivos de la Dirección Federal de Seguridad (México), bases de datos del Observatorio de la Escuela de las Américas (SOWA), School of Americas Watch y los tomos del Informe Génesis del Ministerio de Defensa”, según información citada por la Comisión de la Verdad en su informe final. 

Una mirada histórica al narcotráfico

En el tomo “Hallazgos y recomendaciones”, la Comisión de la Verdad publicó un apartado dedicado a explicar cómo el narcotráfico tuvo una relación directa con el conflicto armado colombiano y fue elemento clave para su permanencia en el tiempo de la violencia en el país. El intertítulo de esta sección del documento es “relación con el narcotráfico: el motor”.  

Por ejemplo, se indica: “El entramado no podría haber alcanzado las dimensiones que ha tenido sin la participación de los dineros del narcotráfico. En los años ochenta el paramilitarismo dio un giro fundamental para convertirse en un ejército impulsado por las economías de la droga, que estuvo en múltiples ocasiones al servicio del narcotráfico. Este punto de inflexión en el paramilitarismo significó la entrada del narcotráfico al conflicto armado por vía contrainsurgente”. 

En este apartado la CEV también hace un recuento histórico del narcotráfico desde la creación de la Asociación ganadera del Magdalena Medio Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio (Acdegam), a comienzos de los años 80, pasando después en 1984 con Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, y Pablo Escobar, a quienes referencia la Comisión como dos narcotraficantes que en los años ochenta hicieron una alianza con el paramilitarismo que estaba en cabeza de Gonzalo Pérez (de Acdegam), esto tras un “ataque de las Farc a los laboratorios de ‘el Mexicano’ en llanos del Yarí (entre Caquetá y Meta), el robo de 200 kilos de cocaína y el incumplimiento de pactos sobre la construcción y uso de otros laboratorios”.

La CEV lo que ha planteado en su informe final es que las “economías ligadas al narcotráfico siguen siendo un motor central” para los grupos armados posdesmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, pese a las diversas iniciativas y esfuerzos de diferentes actores por desarticular esta industria de los estupefacientes. 

“Narcotráfico como protagonista del conflicto armado”

En el informe final, la Comisión de la Verdad ha dicho que el narcotráfico debe verse como un “protagonista y un factor de persistencia del conflicto armado colombiano, pero también como una fuerte influencia sobre la política y la economía del país”, esto para explicar que usa la violencia para reproducir cada vez más un modo mafioso de acumulación de riqueza y poder por medio de economías ilegales que luego legaliza a través del sistema económico nacional e internacional.

En “Narcotráfico como protagonista del conflicto armado y factor de su persistencia”, que hace parte del documento de “Hallazgos y recomendaciones” del informe final, la Comisión de la Verdad expone varias conclusiones que permiten explicar la relación entre el narcotráfico y la violencia, esto como “motor” de la misma. 

Hasta el cierre de este chequeo no se había recibido respuesta alguna de la senadora Paloma Valencia a las preguntas hechas desde Colombiachek sobre qué insumos o documentos utilizó la senadora para hacer tal afirmación y para escribir el capítulo “la Comisión de la Verdad y el narcotráfico” del documento del Centro Democrático, texto donde hizo la aseveración que decidimos verificar. 

Teniendo en cuenta todo lo explicado anteriormente, calificamos como  Falso lo afirmado por la senadora Paloma Valencia Laserna.

“La solución al problema del narcotráfico según la Comisión de la Verdad es la regularización. La misma propuesta de Pablo Escobar”

 

En la misma cartilla, la senadora Paloma Valencia afirma que “La solución al problema del narcotráfico según la Comisión de la Verdad es la regularización. La misma propuesta de Pablo Escobar”.

En Colombiacheck, al aplicar nuestra metodología de verificación, calificamos la afirmación de la senadora Valencia como falsa.

Para empezar, nos comunicamos con el equipo de prensa de la senadora Valencia para preguntarle cuáles fueron los insumos y fuentes en los que ella basó su frase. El jefe de prensa de Valencia nos envió cuatro enlaces a cuatro artículos en los que, según él, la senadora basó su afirmación:
1. Los diálogos con el narcotrafico: historia de la transformacion fallida de un delincuente comun en un delincuente politico.

2.  ‘Colombia y la política de drogas: del policy-taking al policymaking a través de una aproximación desde la geopolítica crítica y el constructivismo en la política exterior’.

3. La entrevista a Pablo Escobar que nunca se escuchó

4. Poder, política y guerra. 

Así que nos dimos a la tarea de revisar los artículos y encontramos que en el primero de ellos  se habla de la propuesta que  Pablo Escobar tenía de “legalizar sus dineros por medio de una vía política”. En el texto: Poder, política y guerra, en el  que la senadora basa su afirmación, se recuerda que en algún momento el entonces líder del cartel de Medellín ofreció “pagar la deuda externa del país si se legalizaba el comercio de drogas psicotrópicas”.  

El tercer documento que usó la senadora Valencia, es esta entrevista de Revista Semana y allí, Escobar insiste en la legalización de sustancias psicoactivas: “Sí, yo pienso que el problema de la legalización o el problema de la represión en la lucha contra el narcotráfico no es tan importante, yo considero que es mucho más importante el problema de la educación y de la disciplina”. 

Por último, la senadora Valencia utiliza un artículo de la Universidad del Rosario en el que se afirma lo siguiente: “En 1982, los comicios presidenciales dieron como ganador a Belisario Betancourt. Durante su gobierno, la violencia alcanzó niveles insospechados y el narcotráfico consolidó su fuerza contra el estado. Para contrarrestar la situación, Betancourt planteó en su reforma tributaria la alternativa de legalizar los dineros del narcotráfico dentro de la economía colombiana”. A pesar de que buscamos por distintos canales el mencionado documento del expresidente Belisario Betancur (1982-1986), no logramos encontrar un dato o un documento que respaldara lo señalado por el artículo. 

Ahora bien, los documentos de la senadora Valencia hablan constantemente de las iniciativas que el capo tenía para la legalización de sustancias psicoactivas, pero eso no es lo que propone la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV). Lo que la CEV propone en su capítulo de ‘Hallazgos y recomendaciones’ es la regulación: 

“Se debe separar la política del narcotráfico y el modelo de Estado que ha construido nuestro país. Se necesita superar la visión de la guerra que lleva a buscar soluciones militares desde hace décadas y que ha llevado a considerar a los campesinos cocaleros como enemigos y no ciudadanos. Se necesita una regulación pacífica donde los ingresos de este negocio vayan al Estado y no a la conformación y el fortalecimiento de ejércitos o grupos armados, dentro o fuera de la ley. La Comisión invita a reconocer y replantear el problema del narcotráfico y a encontrar los caminos políticos, económicos, éticos y jurídicos de salida en debates de fondo y procesos de concertación que permitan la comprensión, regulación e integración económica, social y política del narcotráfico”. (página 462) 

En términos conceptuales legalización y regulación no es lo mismo ni tampoco en términos prácticos, a diferencia de lo que sugiere la senadora Valencia. De acuerdo con la Real Academia de la lengua Española, legalizar es “Dar estado legal a algo”. Y regular es “Determinar las reglas o normas a que debe ajustarse alguien o algo”.

De ahí que Luis Felipe Cruz, coordinador de política de drogas de Dejusticia, “legalizar las drogas implica eliminar el uso de la producción como un delito”. Es decir, implicaría sacar del código penal la producción de marihuana, por ejemplo, y eliminar el artículo 378. en el que se advierte que “cualquier forma estimule o propague el uso ilícito de drogas o medicamentos que produzcan dependencia incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años y multa de cien (100) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. 

Cruz señala que la “legalización simplemente habla de que la actividad deje de ser un delito. En cambio la regulación habla de que la actividad deja de ser un delito pero el Estado debe regular su producción, establecer unos criterios para las buenas prácticas del cultivo. Luego, establecer licencias para la producción, por ejemplo, de la marihuana en aceites. Establecer reglas con todo lo que tiene que ver con la dispensación y, a su vez, el desarrollo de medidas para la reducción de daños y con la estructuración de toda una política pública alrededor de la conducta”. 

De acuerdo con Cruz, en la década de los años 80, el debate giraba en torno a la  “legalización, porque en esa época incluso la dosis personal implicaba un tipo de sanciones para los usuarios, pero nunca se abordó el debate como ahora. Hoy el debate es la regulación, que es un grupo de normativas sociales que nos permiten abordar y estandarizar procesos de cultivo, de transformación, dispensación y, por supuesto de uso, bajo ciertas restricciones y principios de salud pública. Pablo Escobar nunca habló de eso”. 

Según el investigador, generar una política de regulación alrededor de la droga, “permitiría reducir la violencia sobre ciertas poblaciones que han resultado más afectadas por la guerra, como las poblaciones cocaleras”.

En este informe de la Transform Drug Policy Foundation se señala que “La regulación no significa la eliminación de los controles sociales; significa pasar del intento de erradicación del mercado mediante la prohibición general a controles basados en sistemas de concesión de licencias, impuestos, y otros. Lograr una regulación correcta se trata de establecer los detalles correctamente. Sin embargo, en un nivel más amplio, se trata de apuntar a un marco de políticas que tenga más probabilidades de lograr los resultados sociales deseados”.

Así que Pablo Escobar no habló de regularización sino de legalizar las drogas, mientras las recomendaciones del Informe Final se enfocan en la regularización, por lo que calificamos la afirmación de la senadora Paloma Valencia como cuestionable. 

Margarita Restrepo

Capítulo 13: Presente y futuro

“La JEP continúa investigando a un ritmo paquidérmico el caso N° 07, no es admisible que este delito sea tratado como una especie de delito conexo o menor, que no merece mayor investigación o castigo”. 

 

Por: Pilar Puentes 

En Colombiacheck calificamos esta afirmación como falsa por las siguientes razones: 

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se enfoca en los delitos más graves y representativos del conflicto armado. Hasta la fecha tiene siete macro casos abiertos en los que se investiga y se juzga varios delitos. El caso 7 titulado ‘Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado’  estudia la utilización de los menores en la guerra. La decisión se tomó en marzo del 2019 tras la presentación de varios informes de la Fiscalía, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Organización Coalico. 

 

El Tribunal cruzó 31 bases de datos que nacieron de 45 informes presentados por parte de las organizaciones de víctimas, del Estado y de instituciones universitarias y pudo determinar una cifra aproximada que trazó el camino a seguir con el caso 7. En agosto de 2021, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas – SRVR – encontró 18.677 víctimas únicas sobre el reclutamiento y utilización presuntamente cometido por las extintas Farc. 

Tras datos aproximados y 457 víctimas acreditadas por este caso, la Sala prioriza la investigación sobre el reclutamiento ocurrido entre el 01 de enero de 1996 y el 01 de diciembre de 2016 para determinar patrones y responsabilidades individuales.  La JEP no solo investiga el reclutamiento sino también cómo los menores fueron víctimas de torturas, tratos crueles, humillantes y degradantes, violencias basadas en género y violencia sexual. 

Durante el 2020, la Sala de Reconocimiento de Verdad llamó a rendir versiones voluntarias a 26 personas, entre ellas varios comandantes de los bloques Oriental, identificado como el frente con el mayor número de victimizaciones, seguido del Sur y  Noroccidental.  

Durante este tiempo la Sala de Reconocimiento concentró la investigación por cada uno de los bloques, sus dinámicas, el mando de cada estructura y cómo operó en el territorio, para así determinar responsabilidades. 

En diciembre de 2021, la JEP a través del auto 269 llamó a rendir versión a 47 exintegrantes de la guerrilla de las Farc, que anteriormente habían priorizado para determinar cómo fue el reclutamiento y el trato de menores en sus filas. Entre los comparecientes se encontraban Rodrigo Granda, los actuales congresistas Victoria Sandino y Jairo Reinaldo Cala, y Guillermo Enrique Torres, actual alcalde de Turbaco, Bolívar.

Al comienzo de las audiencias de responsabilidad varios ex comandantes negaron que dentro de la guerrilla hubiera sido sistemático el reclutamiento forzado. Sin embargo, el discurso cambió con el pasar del tiempo hasta que en el primer semestre de 2022, por ejemplo Victoria Sandino afirmó ante la magistratura que “negarlo a estas alturas es algo irreal, pues así ocurría. Sí llegaron menores, sí se reclutaron menores”

El Sistema Integral para la Paz, compuesto por la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz,  tiene en centro a las víctimas y su participación en los procesos de cada entidad. La Sala determinó la participación de las víctimas en las declaraciones voluntarias de los ex comandantes de las Farc. La primera, por vía de demandas de verdad que llegan a la institución; la segunda, por su participación en las versiones colectivas por bloques y, la tercera, por las observaciones que las víctimas hacen en las versiones voluntarias. 

 

Grafica que relaciona víctimas por Bloque de la guerrilla de las Farc. Por : JEP

La Sala tuvo en cuenta una nueva línea de investigación en la que realizó una diligencia específica con personas con orientación sexual, identidad y expresión de género diversas que vivieron el reclutamiento infantil. A la fecha el despacho del Caso 07 ha realizado cuatro diligencias de ampliación de información sobre las versiones y las observaciones de las víctimas. 

La JEP desde que abrió el caso en 2019 viene determinando las cifras de reclutamiento infantil, y ha logrado determinar más de 8000 casos, responsabilidad del Bloque Oriental  y 18.000 casos en total de las Farc. Además de identificar 122 casos de niños y niñas que se encuentran desaparecidos y fueron reclutados por el Bloque Oriental. En este momento continúan las audiencias voluntarias para determinar patrones y responsabilidades. 

El Informe Final de la Comisión de la Verdad en su tomo ‘No es un  mal menor’     advierte que las violencias contra los niños, niñas y adolescentes se han justificado o se han minimizado al decir que son “daños colaterales” o “daños operacionales, lo que hace que las responsabilidades muchas veces no sean reconocidas. “Pero lo que muestra la forma y la frecuencia con la que la violencia se presentó es que fueron objetivo específico de la guerra, lo cual se evidencia por el lugar en el que ocurrieron muchos de los hechos documentados por la Comisión de la Verdad: parques y colegios o sus alrededores, lugares propios de la niñez y la adolescencia. Espacios que fueron escenario de hostigamientos y reclutamientos y que, además, fueron sembrados de minas antipersona pese a que deberían estar al margen de la guerra, ya que son bienes civiles protegidos a la luz del DIH”, se lee en la página 11 del documento. 

Como lo afirma la Comisión, el  reclutamiento de menores no fue una práctica aleatoria sino que obedeció a una práctica sistemática de todos los actores armados.  Tanto paramilitares como guerrilleros se aprovecharon del estado de vulneraciones de los niños, niñas y adolescentes para reclutarlas y fortalecer la capacidad militar con “con individuos ágiles, obedientes y de quienes se espera una mayor adaptabilidad a las necesidades de la guerra”.

    Número de reclutamientos registrados de niñas y niños menores de quince años (1990-2017) 

Colombiacheck le preguntó a Restrepo por su afirmación, objeto de este chequeo, en la cartilla ‘Cuál Verdad’ al decir, “…no es admisible que este delito sea tratado como una especie de delito conexo o menor…”, la respuesta de ex representante a la Cámara fue que su frase se refirió que no hay ninguna condena todavía contra los ex comandantes de las Farc. 

Es importante aclarar que la JEP no ha dado su primera sentencia porque todavía se encuentra el caso en la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, determinando patrones y responsabilidades. 

Así que por lo anterior, calificamos como falsa la afirmación de  Restrepo, pues para la Jurisdicción Especial para la Paz, el reclutamiento y demás delitos sufridos por niños y niñas en las filas de las Farc es prioritario y no es tratado como un delito menor. 

“Según información de FEVCOL, las FARC reclutaron aproximadamente 40.000 niños en los últimos años, más aterrador que estas cifras, es pensar que este crimen es uno de los delitos que más subregistro tiene”.

Por María Mónica Acuña Berrio

La Comunicadora Social y Ex-Representante a la Cámara por Antioquía Margarita Restrepo, señaló en el capítulo de su autoría “Presente y futuro”, que las cifra de menores víctimas del delito de reclutamiento forzado  a manos de la guerrilla de las FARC, según Fevcol es superior a 40.000.

Sin embargo, en Colombiacheck hicimos seguimiento a esa afirmación y encontramos en múltiples informes de instituciones del estado, academía e incluso centros de investigación que lo dicho por Fevcol no coincide con las cifras de otras organizaciones  y que  además, esa organización no entregó esas cifras cuando la JEP se las solicitó.   

En Colombiacheck verificamos todo lo relacionado a la afirmación de Restrepo, sin embargo, queremos aclarar que la frase objeto de nuestro chequeo es solamente la relacionada con la cifra en concreto de menores reclutados por las Farc, que según afirma la ex-representante es de 40.000. La segunda frase en donde detalla la información del subregistro, no es verificable.

El reclutamiento es cualquier modalidad de vinculación o involucramiento de niños, niñas y adolescentes en actividades de los grupos armados tanto legales (Fuerzas Militares) como ilegales (guerrillas y paramilitares) en el conflicto armado interno, ya sea que dicha participación sea directa o indirecta en las hostilidades. 

En Colombiacheck revisamos las cifras dadas por diversas entidades como el Centro Nacional de Memoria Histórica, organizaciones de víctimas, la Fiscalía General de la Nación y  la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero ninguna de ellas coincide con la citada por la ex congresista.

El Centro Nacional de Memoria Histórica, en su investigación “Una Guerra sin Edad” de 2017, afirma que este tipo de práctica se convirtió en una tendencia en los grupos armados del país.  En ese informe se afirmaba que los mayores reclutadores han sido las guerrillas (con un 8.701 casos), seguidos de los grupos paramilitares (con 2.960 casos) y grupos armados post-desmovilización, con 839. La Fuerza Pública, con 3 casos de reclutamiento forzado. 

Las cifras del CNMH son el  resultado de un análisis de una base de datos que recopiló los reportes hasta junio de 2016 entregados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Agencia Colombiana para la Reintegración, la Unidad para Víctimas y en menor grado, algunos casos reportados por organizaciones de la sociedad civil y en otros, por los medios de comunicación. 

Luego de firmado el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mediante el Auto N.o 029 del 1.ro de marzo del 2019, dió apertura del Caso N.o 07.

EL CASO 07 en la JEP 

La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) de la JEP abrió el Caso No. 07, denominado “Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado”, que establece una estrategia para abordar el caso en dos partes: el subcaso FARC y el subcaso Fuerza Pública. Este caso se organizó de ese modo porque la Sala obtuvo información que indicaba que ambos grupos incurrieron en algunos de los fenómenos cobijados por el caso.

Para ese momento, el registro inicial de documentación de la JEP indicaba que eran 6.230 víctimas reclutadas a nivel nacional entre 1971 y 2016 (Página 24), un número producto del cruce de datos de la  la Fiscalía General de la Nación y el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoría Histórica. 

Sin embargo en abril del 2020 la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (Fevcol), una organización con presencia nacional que busca se reconozca y visibilicen los derechos de estas víctimas, divulgó una cifra distinta. Fevcol afirmaban que desde 1991 hasta la firma del acuerdo de paz en 2016, más de 40 mil niños habían sido víctimas de reclutamiento forzado por ese grupo armado. 

El 20 de agosto del 2020 Fevcol dijo a RCN Radio que eran 40.000 las víctimas de reclutamiento a manos de las FARC. Siete días después indicaron en La FM que 39.000 niños reclutados por las Farc habían sido asesinados. 

Semanas después, el 10 de agosto de 2020 el presidente de Fevcol, el periodista Herbin Hoyos, fue citado por la JEP, a rendir declaración juramentada en el Caso 07 y según detalló en entrevista el 8 de septiembre de 2020 con Mañanas Blu, ellos le entregaron tres informes a la JEP.

Sin embargo, durante esa entrevista no se refirió a la cifra de niños reclutados, solo afirmó portar informes periodísticos con testimonios de víctimas reclutadas por este delito de lesa humanidad, sin especificar el número concreto de menores reclutados por las FARC. Ese mismo día, durante la rueda de prensa, moderada por el mismo Hoyos, acerca del primer informe, no se hizo mención en relación a esa cifra, luego durante la exposición del segundo y el tercer informe tampoco ofreció una mención de la cifra o de la metodología de cómo llegaron a ella. 

El 1 de octubre de ese mismo año, esa organización junto a la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO) expusieron en Comunicado Público que en su calidad de organizaciones de víctimas en el Caso 07 instaban a los comparecientes de las FARC a hacer un reconocimiento pleno de sus responsabilidades dentro del proceso judicial. En el comunicado tampoco hablaron de la cifra de 40.000 menores reclutados por las Farc.

Luego de ello, el 14 de octubre del 2020 la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, Fevcol y la organización de la Corporación Rosa Blanca, afirmaron no sentirse representadas en estos espacios de comparecencia por considerar que sus derechos no se encontraban debidamente garantizados en la JEP e incluso interpusieron una denuncia ante la Corte Penal Internacional para que ese alto tribunal fuera derogado.

La investigación de la JEP

Esta investigación fue priorizada por el Alto Tribunal en el Auto 159 de 2021 y estableció la importancia del caso y llamó a los ex-comandantes de este grupo a comparecer a versiones voluntarias para establecer todos los detalles del Caso 07, para ello JEP adelantó un análisis y contrastación de 31 bases de datos, obtenidas por medio de 36 informes que presentaron organizaciones de víctimas, instituciones estatales y la academia, de la mano de testimonios que hicieron 274 víctimas acreditadas, que siendo hoy adultas, entregaron a la Sala detalles acerca de su reclutamiento. 

Según los informes aportados a la Sala de Reconocimiento, el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado hacía parte de las políticas y prácticas de las Farc y, en consecuencia, su responsabilidad deberá imputarse sin concesiones de ningún tipo.

Los informes que recibió la JEP

La decisión de abrir el caso caso No. 007 fue tomada por el Alto Tribunal luego de conocer  tres informes presentados por la Fiscalía General de la Nación: (1) Inventario del conflicto armado interno (y su base de datos anexa); (2) Vinculación y utilización de Niños, Niñas y Adolescentes por parte de las Farc y (3) el informe Violencia basada en género cometida por las Farc.

Otro de los informes que sirvieron como argumento para abrir el caso son el de Una Guerra sin Edad, del CNMH, e Infancia transgredida: niñas, niños y adolescentes en la guerra, de la Coalición Coalico. También estudiaron la bases de datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, el Sistema de Información de las Afectaciones a los Pueblos Indígenas de Colombia, de la ONIC,  la base de datos entregada por el Centro de Cooperación Indígena, sumado a los informes presentados por la Corporación Humanas, la Mesa Nacional de Víctimas, la Red de Mujeres Víctimas, la Campaña No es Hora de Callar y la Ruta Pacífica de Mujeres.

Los hallazgos del CASO  07 

 

Luego de todo lo anterior, la sala logró identificar que, entre el 1 de enero de 1971 y el 1 de diciembre de 2016, las Farc reclutó a 18.677 menores de edad. La JEP logró determinar que la mayoría de estas víctimas sufrieron conductas asociadas al reclutamiento, es decir, violencia sexual- violencias basada en género, desaparición forzada, homicidio, tortura, tratos crueles, humillantes y degradantes y otros actos inhumanos, lo que podrían constituirse como crímenes de guerra ante tribunales internacionales.

 

Esta cifra, que puede ser provisional, se obtuvo tras cruzar 31 bases de datos aportadas a través de 36 informes presentados por parte de las organizaciones de víctimas, del Estado y de instituciones universitarias.

 

 

Las víctimas 

La Sala de Reconocimiento de Verdad, con corte al 8 de julio de 2022,  ha acreditado a 470 víctimas que participaron en todas las etapas del caso 07, aportando sus relatos y nutriendo con sus experiencias la investigación y la contrastación esa investigación. Del grupo de víctimas acreditadas por la Sala, 255 fueron reclutadas o utilizadas siendo niñas y niños y 215 son familiares de niños y niñas que fueron reclutados. Algunos de ellos todavía se encuentran desaparecidos. 

La Comisión en su informe cita  la cifra de 18.677 víctimas  de este flagelo  al interior de las FARC, una cifra provisional, establecida por la JEP en el Caso 007 que investiga el reclutamiento y la utilización de niñas y niños en el conflicto armado.  

Esa misma cifra fue confirmada durante la presentación de la investigación Infancia Reclutada y el documental se sostuvo un diálogo sobre los hallazgos recabados a partir de información incautada a las antiguas FARC-EP, archivos de la justicia ordinaria, investigaciones de oenegés, universidades, y juntaron los testimonios de 1.000 víctimas que padecieron múltiples vejámenes al interior de las filas de este grupo armado. De esas 1000 víctimas el 89% fueron reclutadas antes de los 15 años.  Aunque la Comisión estima que el subregistro de víctimas podría oscilar entre 20.227 y 31.322 menores. 

En Colombiacheck contactamos a la ex representante, Restrepo, para conocer el sustento de su afirmación, pero hasta el cierre de este contenido no habíamos obtenido su respuesta. 

Con las anteriores evidencias, en Colombiacheck calificamos como cuestionable la afirmación de la ex congresista, ya que ello no coincide con las cifras divulgadas en múltiples informes de instituciones del estado, academía e incluso centros de investigación, ante  la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mismo tribunal que solicitó información detallada a Fevcol acerca de esa cifra y que no la recibió. La JEP luego de cruzar los hallazgos de los distintos informes pudo establecer la cifra  de 18.677 menores fueron víctimas de ese crimen entre 1996 y el 2016, además la Comisión de la Verdad afirma que la cifra estimada de menores reclutados por todos los grupos armados entre 1990 y 2017, fue de  40.828.

“En el gobierno del presidente Uribe, cuando se negoció la desmovilización de los grupos de autodefensa, la primera exigencia fue la de desvincular a los niños, niñas y adolescentes de las estructuras armadas ilegales” 

 

En Colombiacheck verificamos esta frase y encontramos que la afirmación de Restrepo es inchequeable. Aquí contamos por qué: 

Primero, nos contactamos con la exrepresentante Restrepo para saber cuál es la fuente en la que ella basó su afirmación. La respuesta que la exrepresentante nos dio, a través de su jefe de prensa, fue esta: “De Luis Carlos Restrepo. Para empezar el complex de reclutamiento del Gobierno Uribe”. Le solicitamos el documento que menciona, así como la explicación respecto a su contenido y significado del nombre del documento, pero no obtivimos una respuesta distinta a que Luis Carlos Restrepo era quien tenía el mencionado archivo. Por nuestra parte, también buscamos dicho informe, pero no encontramos nada relacionado con lo señalado por Restrepo. 

Así que vamos por partes, lo primero que hay que precisar es la figura de Luis Carlos Restrepo, la única fuente que cita la representante antioqueña.

Hay que recordar que Luis Carlos Restrepo fue alto comisionado para la paz y la convivencia (2002-2009) durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Al exfuncionario de la administración Uribe se le imputaron cargos por la falsa desmovilización del Frente Cacica La Gaitana de la extinta guerrilla de las Farc. Actualmente, Restrepo está prófugo luego de que la Fiscalía le imputara cargos por peculado por apropiación en favor de terceros, fraude procesal, prevaricato por acción, tráfico, fabricación y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares agravado. 

Pero eso no es todo, en relación al tema de reclutamiento infantil, vale la pena recordar que en el año 2013, revista Semana publicó esta carta en la que Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’; Javier Zuluaga Lindo, alias ‘Gordo Lindo’, y Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, tres de los jefes paramilitares con más poder dentro de la estructura de las AUC, señalan a Luis Carlos Restrepo, como alto comisionado para la paz, de lo siguiente: 

“Los jefes paramilitares advierten que, en medio de las negociaciones, Restrepo les solicitó que si las AUC tenían menores de edad en las filas, fueran licenciados y enviados a sus casas en el “más absoluto secreto”. Según ellos, no se les dio oportunidad a los menores combatientes de hacer parte de un programa de rehabilitación y quedaron “expuestos a ser reclutados por otros actores del conflicto”.

Más adelante, el artículo que cita la carta, señala: “Restrepo aprovechó el proceso de desmovilización para, entre otras cosas, consentir ‘eliminar’ a jefes guerrilleros y ‘neutralizar’ a los ‘paras’ que estaban en desacuerdo con el proceso, así como esconder a los menores que estuvieran en las filas de las AUC”. 

Ahora bien, para entender con mayor claridad cómo funcionó el proceso de desmovilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes durante las negociaciones de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia, es necesario entender cómo se creó la normatividad para la desvinculación de niños y niñas durante el surgimiento de la política de la Seguridad Democrática.  

El 22 de enero de 2003 se expidió el Decreto 128 de 2003, pivote jurídico que reglamentó la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 548 de 1999 y la 782 de 2002. Según este documento del Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración, de la Universidad Nacional de Colombia, esto “constituye el vértice normativo para el programa y el proceso de desmovilización colectiva e individual desde el 2003 a cargo del Gobierno del presidente Álvaro Uribe. En esta ley se establecen disposiciones en materia de la desvinculación y atención de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes vinculados a Organizaciones Armadas Ilegales”.

Lo anterior estableció como mandato legal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) la recepción de niños y niñas en proceso de desvinculación de organizaciones armadas ilegales.  Por lo que en la ley 128 de 2003 se lee:

“Artículo 22. Entrega de los menores. Los menores de edad que se desvinculen de organizaciones armadas al margen de la ley de conformidad con las disposiciones legales vigentes, deberán ser entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, por la autoridad civil, militar o judicial que constate su desvinculación del grupo armado respectivo, a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas ordinarias siguientes a su desvinculación o en el término de la distancia, para que reciba la protección y atención integral especializada pertinente. (Presidencia de la República. 2003, Cap.5)”

Por otro lado, el  Centro Nacional de Memoria Histórica , CNMH, en su informe ‘Una guerra sin edad’ advierte que “el importante papel que tuvo el reclutamiento de personas menores de edad en las AUC ha sido invisibilizado. Sin embargo, las versiones libres y otros procesos judiciales le han dado luz al fenómeno. En ese sentido, la sentencia contra alias El Alemán, por 309 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes de entre trece y diecisiete años, aporta al necesario entendimiento de este complejo fenómeno. Sin embargo, estamos lejos de conocer su real magnitud, pues de acuerdo con los registros del Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) y teniendo en cuenta el subregistro existente, son 1.459 niños, niñas y adolescentes que fueron reclutados por los paramilitares, principalmente hombres”. El mismo informe señala que de cara al proceso de desvinculación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la estructura de las AUC hay un vacío.

De acuerdo con Hilda  Molano, coordinadora de la Secretaría Técnica de la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO), hay 3 hipótesis que podrían dar razón del vacío de información frente a la desvinculación de menores de las AUC: “1. que eran asesinados para no ser entregados; 2. Devueltos a sus familias por fuera del proceso. Y 3, que habían sido reubicados en la reorganización de las estructuras paramilitares que siguieron operando en el país”. De ahí, que en este informe de la COALICO se afirme que: 

“La cifra de atención a NNA (Niños, niñas y Adolescentes) desmovilizados de los grupos paramilitares puede seguir aumentando “debido a que todavía hay menores que se presentan al ICBF para ingresar al programa y que aparentemente fueron enviados a sus casas por los comandantes, días antes de la desmovilización. Esta situación demuestra que aún no se tiene claro cuál es la cifra real de los menores reclutados por las AUC durante los años que ejercieron su actividad armada. Si no hay certezas sobre el número de NNA que fueron vinculados a estos grupos y si además resulta altamente factible que la cantidad superara con creces la cifra consolidada en materia de atención estatal ¿cuál ha sido entonces el paradero de los niños y niñas que conformaban estos frentes?”.

Más adelante, el mismo informe advierte que en su momento, Luis Carlos Restrepo “le respondió a la Procuraduría General de la Nación que “no tuvo conocimiento de un estudio claro sobre el número de niños vinculados a las Auc”. 

También vale la pena ponerle la lupa a este informe del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózoga  y la Comisión de la Verdad titulado ‘Infancia Reclutada’ en el que se señala lo siguiente sobre la entrega de los Niños, niñas y adolescentes por parte de las AUC: 

“El director de Acuerdos para la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica en el año 2016, en declaraciones entregadas a medios de comunicación, señaló que en la desmovilización de las AUC dejaron las armas 913 menores de 18 años, de los cuales 130 serían menores de 15 años, pero se cree que estos sólo representaban un 10% del total de niños en las filas paramilitares, “Hay apreciaciones que indican que podrían ser tres mil o cuatro mil, pero la cifra exacta nunca se podrá saber en tanto que no se legalizaron, no se registraron listados, no se identificaron a tiempo y tampoco se hizo un censo aproximado con los jefes paramilitares, mucho menos se tomaron datos antropomórficos que permitieran determinar la edad real de quienes dejaron los grupos en su momento”. Esta diferencia en las cifras, y la inquietud de ante la incertidumbre frente a los NNA, llevó a que en el 2009 un grupo de entidades gubernamentales y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) crearán un programa que se conoció como “Buscando a Nemo”, para encontrar a los menores que se habrían quedado por fuera de la desmovilización de las AUC”. 

Además, en el informe final de la Comisión de la Verdad, en el capítulo ‘No es un mal menor’,  no hay datos que reflejen en qué circunstancias se desarrolló el proceso de desmovilización de niños y niñas durante el proceso de negociación con las autodefensas. 

Por todo lo anterior, calificamos la afirmación de la exrepresentante Restrepo como inchequeable, ya que no hay datos sobre los que se pueda precisar cómo se negoció la desvinculación de niños, niñas y adolescentes de la estructura armada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualizado el: Vie, 10/28/2022 - 10:15